Lunes, 09 Noviembre 2020 06:17

Caja vacía

Caja vacía

En un bello ensayo, por su brevedad, contenido y forma, Rafael Sánchez Ferlosio trata sobre el individuo que profesa el orden liberal y, desde ahí, plantea la tendencia progresiva del capitalismo a sustituir el "individualismo posesivo" por el "individualismo adquisitivo".

Imagina, respecto del segundo enunciado, un algo y un qué; una noción que puede expresarse como la existencia de un continente que justifique al objeto que lo llene. Esto lleva a la idea de una caja que precede a la naturaleza específica de las cosas que vayan llenándola. De ahí la denominación de caja vacía.

La caja ferlosiana no está ligada a la existencia o, incluso, a la prefiguración de algo concreto que la llene, es el punto de partida que promueve los elementos que la llenen y su justificación es, precisamente, la demanda de saciarla. "Vivimos en un mundo en que no son las cosas las que necesitan cajas, sino las cajas las que se anticipan a urgir la producción de cosas que las llenan".

En un ejercicio de alargamiento, esta noción podría aplicarse aquí a contenidos que no sean de índole material, por ejemplo, a una cuestión eminentemente política. Así, podría pensarse en las recientes elecciones en Estados Unidos que ofrecen un caso asimilable a la caja: el de la democracia; un asunto colectivo por naturaleza, pero que, finalmente, tiene por necesidad una expresión particular para los individuos.

Cuáles son hoy los elementos que exige la población, o los subconjuntos de ella, para llenar la caja de lo que todavía se llama como democracia y sobre la que al parecer se desvanece un consenso funcional.

Las circunstancias político electorales en Estados Unidos permiten formular un abanico de argumentos, obligadamente preliminares. La democracia en este caso (y otros también) puede calificarse con un adjetivo: democracia de mercado, por las enormes cantidades de dinero que exige ponerla en marcha para encontrar, primero, un candidato y luego al presidente y a los centenares de congresistas; proceso que se replica a su manera a escala estatal y municipal.

Así, la caja se va llenando. Las fuentes de ese dinero sesgan el funcionamiento del sistema político formalmente democrático. Hay personas y grupos, bien identificados, que literalmente invierten de modo abierto en la configuración de la democracia: los quienes, los qué y los cómo, incluyendo a los poderosos cabilderos de Washington. Esto no es ningún secreto, menos una conspiración, así está diseñado el sistema.

De la presidencia de Trump hay suficiente información disponible y cada uno la evaluará como prefiera. El caso es que, según los resultados de la elección, el voto mayoritario de los ciudadanos lo obtuvo Biden. Pero es una mayoría que exhibe un fenómeno social que seguirá ahí aun sin Trump. Lo relevante es que ahora podría atenderse esa situación sin un presidente manipulador, estridente, engañador y tuitero. Ésa será una condición relevante, sin duda.

Biden tiene hasta ahora una mayoría de alrededor de 4 millones del voto popular, 74 millones en total. Es obvio que el país está dividido. El triunfo es suficiente para ocupar la Casa Blanca, con obstáculos esperables para legislar y con una parte sustancial del mapa político pintado de rojo (color del Partido Republicano). Un mapa que muestra una configuración, llamémosla "translitoral", es decir, los demócratas con dominio de la costa oeste y del noreste.

Detrás de esa imagen hay un cúmulo de consideraciones, sociológicas, geográficas, religiosas, económicas, culturales y raciales. Al respecto puede verse el libro de J. D. Vance, Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Un mapa que indica que si sólo hubiese votado la población blanca, Trump habría ganado con una gran mayoría y si se tratará de la población de hombres blancos el triunfo sería completo. Esos no son datos menores en un país donde el conflicto racial sigue a flor de piel.

El triunfo de Biden no borra esas condiciones. Trump provocó al final un hartazgo en el que incidieron asuntos como la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica asociada con ella, la permanente confrontación social; las fuertes fricciones raciales, el apoyo finalmente inequívoco al supremacismo blanco, el desdén por las repercusiones del cambio climático, las dificultades del sistema de salud, etcétera. Aun así, la mitad de los votantes lo eligieron.

En términos políticos, de los sistemas o modos de gobierno, de estilos de quienes lideran, cabe insistir en el cuestionamiento: ¿De qué se llena hoy la caja de la democracia? Una cosa parece clara y es que el contenido ha cambiado de modo significativo y por razones diversas, pero finalmente convergentes hacia un mayor tinte nacionalista, autoritario y populista. En algunas partes se aprecia todavía un mayor aguante, pero eso no conforma un dique tal que resista la marea. Habrá que ver el efecto que tenga la reciente elección estadunidense. Ésa es una gran incógnita.

El tema que desata la elección de Biden, crucial me parece, se verá con distintos ojos y con diversos ánimos en cada sociedad. Abre puertas para advertir lo que ocurre en conjuntos complejos de demografías, geografías y estructuras sociales.

1 "Las cajas vacías" en El alma y la vergüenza, Destino, Barcelona, 2000.

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Bolivia: la descolonización de la política

El triunfo electoral obtenido el 18 de octubre pasado por la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca, postulados por el Movimiento al Socialismo (MAS), constituyó una hazaña de la otrora nación clandestina. Se trata de una victoria con un enorme significado para América Latina: derrotó el golpe en las urnas y pacíficamente, restauró la democracia, llamó a la reconciliación e implicó una autocrítica a los errores cometidos al final de la gestión de Evo Morales y Álvaro García Linera. Además, infligió una derrota a Donald Trump y al ex director de la CIA Mike Pompeo y restauró el ímpetu de independencia e integración latinoamericana.

El movimiento social en Bolivia está retomando un proceso de descolonización de la política. La colonia, la república, el neoliberalismo y el reciente golpe persiguieron y reprimieron el pensamiento, la ética y las prácticas comunitarias de la población indígena. Como acertadamente ha planteado Rafael Bautista ( La descolonización de la política. Introducción a una política comunitaria) el capitalismo y la sociedad occidental moderna colonizaron al Estado republicano. En la actualidad, como señala el filósofo paceño, la descolonización implica repensar los conceptos capitalistas europeos y analizar críticamente la hegemonía de una tradición filosófica que ha negado el valor de otras tradiciones filosóficas y políticas. El ren­cuentro con la riqueza de otras tradiciones intelectuales permitirá postular otra forma de polis latinoamericana construida a partir de perspectivas comunitarias y de liberación.

La movilización "desde abajo" que permitió el triunfo de la fórmula Arce-Choquehuanca se reconstruyó mediante una juiciosa reflexión colectiva que implicó una profunda autocrítica y la recuperación de los valores originales. El golpe, sin duda condenable –reflexionaron muchas asambleas indígenas, campesinas y de trabajadores–, fue posible en el contexto de un proceso de debilitamiento del último gobierno de Evo Morales provocado por el surgimiento de fenómenos como: el personalismo, el intento de relección, el tráfico de influencias, la corrupción, cierta tolerancia al acoso laboral a las compañeras, las concesiones a las élites económicas y el paulatino desplazamiento de los cuadros indígenas en las áreas de gobierno. La irrupción de las desviaciones mencionadas crearon condiciones de vulnerabilidad política y nutrieron una oposición heterogénea y desorganizada que en principio incluía desde fuerzas realmente de izquierda desgajadas del gobierno hasta fuerzas de ultraderecha. En algún momento la extrema derecha apoyada desde el exterior se apoderó de la oposición y la condujo al golpismo. El ejército forzó la renuncia de Evo Morales. Una vez en el poder, esa ultraderecha recurrió numerosas veces a la violencia contra protestas pacíficas. Quemó la Wiphala. Impuso la Biblia. Armó listas negras de militantes. Incendió casas de gobernadores. Vapuleó a alcaldes. Solapó a un grupo paramilitar que golpeó a las bartolinas en Cochabamba. Acechó a las personas en las redes. La corrupción se generalizó escandalosamente. El gobierno de facto infligió mucho sufrimiento al pueblo y destruyó vertiginosamente las conquistas sociales y económicas alcanzadas desde 2006. Actualmente hay 43 procesos abiertos por fenómenos como el robo del dinero destinado a la pandemia o la compra de respiradores artificiales a sobreprecio.

La reacción al golpe fue lenta y confusa. Quienes respondieron rápido y contundentemente fueron masacrados en Senkata y Sacaba. El MAS y otros movimientos comenzaron una intensa discusión interna, una reflexión sobre la forma en que se fue desvirtuando el proceso original y plantearon la necesidad de renovar cuadros.

Como ha planteado Orietta E. Hernández Bermúdez, en "El camino a la recuperación de la democracia en Bolivia es un campo minado" ( América Latina en Movimiento, 29/10/20) la victoria del pasado 18 de octubre fue una hazaña del pueblo boliviano, en medio de obs­táculos que parecían insalvables: la existencia de un activo y racista gobierno de facto, las injustificables acusaciones de terrorismo contra Evo Morales y la postergación de las elecciones en tres ocasiones. La presidenta de facto Jeanine Áñez, aún en su puesto, calificó recientemente a los masistas "de indios y bestias salvajes".

Luis H. Antezana nos recuerda en "Dos conceptos en la obra de René Zavaleta: formación abigarrada y democracia como autodeterminación" (en el libro Pluralismo epistemológico) que René Zavaleta afirmó que en Bolivia existía un desfase entre el Estado y la sociedad civil, "una reducción histórica, oligárquica, señorial, ciega y ajena" a las cualidades sociales reales de la sociedad boliviana, marcadamente indígena. De acuerdo con el sociólogo boliviano, en 1952 “las impolutas hordas de los ‘que no se lavan’ [como los llamaban las élites] entraron en la historia cantando siempre”. Podemos agregar que volvieron a irrumpir en 2005 y se hicieron presentes una vez más en 2020 reinventándose a "sí mismas". Aunque obviamente el camino está lleno de retos y tentaciones, la puesta en juego de una política comunitaria será importante en un nivel local, pero muy probablemente relanzará la diplomacia del buen vivir y contribuirá a la lucha del sur global en la búsqueda de soluciones a las múltiples crisis empalmadas que estremecen al mundo.

Por Alberto Betancourt Posada*

*Doctor en historia por la UNAM. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad

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Asumió Luis Arce y Bolivia deja atrás una página oscura

Esperamos ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento, y la justicia social” dijo el economista en su discurso de investidura como presidente. 

 

 “Esperamos ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento, y la justicia social” afirmó Luis Arce en su discurso presidencial, desde el recinto de la Asamblea Legislativa. A su lado estaba el vicepresidente, David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani respectivamente.

A esa hora el centro de La Paz era una celebración en la cual movimientos sociales, indígenas, mineros, sindicales, militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), venidos de diferentes partes del país rodeaban la Plaza Murillo. El festejo había comenzado la noche anterior, en la vigilia de las organizaciones realizada en cercanía de dónde tendría lugar el acto.

La presencia temprana de los movimientos se debió a la permanencia de las amenazas de un sector de la derecha hasta las últimas horas. La noche del sábado tuvo lugar en La Paz una nueva concentración y marcha bajo la consigna de pedido de auditoría y suspensión de toma de posesión. Si bien a esa hora resultaba claro que la transmisión de mando tendría lugar y que las fuerzas sociales de la derecha estaban mayoritariamente agotadas, las alertas ante posibles acontecimientos imprevistos se mantuvieron hasta último momento.

El escenario político fue uno de los puntos centrales del discurso del nuevo presidente. Se refirió a lo sucedido a partir del golpe de Estado como “una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes (…) se sembró muerte, miedo y discriminación, recrudeció el racismo (…) la persecución contra dirigentes del MAS y de los movimientos sociales, hubo muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados”.

La mención a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas a pocos días del golpe en noviembre del año pasado, fue permanente y se realizó un minuto de silencio por quienes fueron asesinados. El nuevo presidente se refirió a las mismas como “símbolo de dignidad y resistencia”, homenajeó “a los caídos, a los héroes del pueblo que han recuperado la democracia”.

En la toma de posesión estuvieron presentes varias representaciones internacionales, como la del gobierno de Argentina, Paraguay, Colombia, España, Venezuela, Uruguay, Venezuela, Irán, Chile, Emiratos Árabes, así como delegaciones de partidos políticos de diferentes países, así como parlamentarios y movimientos bolivianos.

Quien no estuvo presente, como se preveía, fue Jeanine Añez, que había anunciado días antes su partida a la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, desmintiendo una posible fuga del país. Quien sí estuvo por parte de la oposición fue el dirigente Carlos Mesa, segundo lugar en las elecciones de octubre, quien reconoció la victoria de Arce desde el inicio. Sin embargo, tanto él como su grupo parlamentario, abandonaron el recinto antes de los discursos.

“Debemos superar la división, el odio, el racismo y la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, y ya no judicialización de la política, ya no más abuso de poder (…) ya no más impunidad, justicia hermanos, pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente”, afirmó Choquehuanca, en un mensaje de diálogo, unidad presente en ambos discursos.

El nuevo gobierno asume en un contexto de inestabilidad. Si, por un lado, quienes integraban el gobierno de facto están en retirada y posible escape del país para no tener que rendir cuentas, y por el otro Carlos Mesa busca conformarse como principal opositor, existe un sector, conducido en parte por Luis Fernando Camacho, tercero en las elecciones, quien encarna el ala más radical de la derecha. Ese mismo sector no reconoce la validez de los resultados ni la toma de posesión. ¿Qué harán a partir de ahora? Es una de las principales preguntas.

“Estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene, y cuando no recurren a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder”, afirmó Arce, quien hizo referencia a la utilización que esos sectores hicieron de “grupos paramilitares”, que realizaron acciones hasta el día viernes, en Cochabamba o Santa Cruz.

El gobierno se enfrenta a una triple crisis, mencionada por Arce: democrática, producto de lo vivido con el golpe y el gobierno de facto; sanitaria por la pandemia, y económica. La gestión de Añez dejó números en rojo, con una caída del 11,1% del PIB, un déficit fiscal de 12,1%, un déficit de 8,7% del Tesoro Federal, y una deuda de 4 mil 200 millones de dólares contraída en los once meses pasados. “Día que pasa sin tomar acción día que se complica la situación”, afirmó el mandatario.

La expectativa social con el nuevo gobierno es grande. Tanto por parte de quienes se movilizaron hasta la Plaza Murillo, como las 36 nacionalidades indígenas, la organización de los Ponchos Rojos que fue parte de la seguridad presidencial, o la Central Obrera Boliviana, sino por amplias capas de la población que en menos de un año enfrentaron los impactos de una recesión, la pandemia, y un gobierno de facto que amenazó, persiguió y no dio respuesta a ninguna de sus promesas.

El nuevo mandatario se refirió a la cuestión internacional y afirmó, como ya había anticipado, que centrará esfuerzos en construir la “unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe” a través de la Celac, y mediante la Unasur en el terreno sudamericano, “como espacio de integración y mecanismo de concertación de políticas, donde nos encontremos todos independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos”. El nuevo gobierno boliviano aparece como un posible factor que permita acercar y trabajar junto a diferentes partes del progresismo latinoamericano.

La toma de posesión abre un nuevo momento dentro del proceso de cambio boliviano: “nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y profundizar lo que estuvo bien”, afirmó Arce. Dentro de esta nueva etapa aparecen desafíos del orden interno, como pedidos de movimientos de que exista un recambio de cargos de dirección, como las amenazas de las fuerzas desestabilizadoras que ya anticiparon que no regresarán -o así parece- a las vías democráticas.

El domingo fue una fiesta en La Paz, ya Evo Morales se encuentra cerca del país, Bolivia deja atrás una de las páginas más oscuras de su historia reciente con una victoria democrática y un nuevo gobierno popular. 


Opinión

El desafío para Arce: aislar a los ultras envalentonados

Por Oscar Guisoni

No hay antecedente en la historia reciente de Bolivia de un presidente que asuma el mando luego de haber obtenido un apabullante triunfo en las urnas sin que ese espaldarazo le sirva demasiado para ordenar el caos que deja tras de sí el desastroso y breve gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez. “Súper Luchito”, como le dicen sus allegados a Luis Arce, no la tiene fácil.

Entre los múltiples frentes que se encuentra abiertos, hay algunos que producen gran inquietud entre los dirigentes del MAS y el nuevo presidente boliviano. El más complejo es la cerrada resistencia, por parte de los grupos ultraderechistas que giran en torno al Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra y al golpista Luis Camacho, que  recibieron su asunción con bloqueos y movilizaciones y que se niegan a reconocer el resultado electoral, denunciando un supuesto fraude al más puro estilo Trump: sin prueba alguna.

La relación del MAS con el Oriente, la zona más rica del país, ha sido conflictiva durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. La llamada “Media Luna” protagonizó una intentona golpista que fue frenada por la Unasur en 2008 y fue central en el derrocamiento del líder indígena en 2019. La asunción de Arce encuentra a estos sectores envalentonados y movilizados. Aislarlos, estableciendo un cordón democrático con acuerdos de gobierno con los sectores opositores más moderados, será su primer desafío. El rol que juegue la embajada norteamericana, que en golpe contra Evo movió fuerte sus fichas, será importante. El cambio de gobierno en Washington no cambiará demasiado las estrategias de fondo aunque sí las formas de la nueva hostilidad.

El otro frente complejo es el militar. Las Fuerzas Armadas jugaron un rol definitivo en el golpe contra Evo cuando decidieron “sugerir” la renuncia del presidente, en medio de las movilizaciones de protestas de los policías y las clases medias urbanas que precedieron al golpe. Evo había logrado subordinar a los militares sin inconvenientes cuando asumió en 2005, pero esa relación se fue desgastando hasta llegar a un punto de no retorno en 2019. Arce tiene que despejar la bomba de tiempo pasando a retiro a los altos mandos más comprometidos con el gobierno de Añez, al mismo tiempo que se inician en los tribunales del país las demandas para que los responsables de las masacres ordenadas por la presidenta de facto paguen por sus delitos.

Otro escenario conflictivo lo espera en el frente económico. Marxista y keynesiano, el exministro de Economía de Evo tiene que volver a mostrar sus dotes como economista en un contexto que no es tan favorable como el que se encontró en 2005. Los precios de las materias primas que Bolivia exportan ya no son lo que eran y las reservas de gas, que fueron fundamentales para impulsar el desarrollo y la distribución de la riqueza durante el gobierno de Evo, están dando muestras de agotamiento.

Por si esto fuera poco, la pandemia tuvo también su correlato en la profundización de la recesión económica. La gestión de Añez en este terreno fue desastrosa. La compra de respiradores estuvo salpicada de denuncias de corrupción y el país no contaba con recursos ni infraestructura adecuada para enfrentar la emergencia sanitaria. Se sospecha que ni siquiera se han podido registrar todos los casos de contagios y hasta hay quien ha denunciado que el gobierno de Añez modificó a su gusto las cifras de fallecidos, intentando disimular el desmadre. Con la pandemia todavía en acción, el nuevo presidente deberá poner orden en un sistema sanitario desquiciado mientras que la oposición tratará de politizar el tema negándose a cumplir con las medidas de prevención y aislamiento.

Por último, “Super Luchito” deberá lidiar con un problema que tiene nombre y apellido: su predecesor, Evo Morales, quien no parece muy dispuesto a ceder protagonismo, por más que en sus declaraciones recientes ha tratado de demostrar que no está entre sus intenciones entorpecer el trabajo de su sucesor. Evo tiene un enorme peso político, equiparable al que ostenta en Argentina Cristina Kirchner. Sólo que, a diferencia de la actual vicepresidenta, es poco amigo del silencio y menos aún de delegar poder. La elección de Arce y Choquehuanca como fórmula ganadora fue una jugada magistral del expresidente que le permitió reconquistar el voto de las clases medias bajas y de otros sectores que el MAS había perdido en los últimos años, pero Evo ha sido criticado por los movimientos sociales que lo llevaron al poder por su empecinamiento en seguir en el cargo luego de haber perdido el referéndum que habilitaba su reelección. Entre los opositores su figura despierta odios enconados. Si prima su astucia política, debería pasar a un discreto segundo plano para poder respaldar a su delfín cuando éste lo necesite, sin debilitarlo en el camino.

En las fronteras, el Brasil radicalizado de Jair Bolsonaro aparece como el último fantasma con el que el nuevo presidente deberá lidiar. Lula jugó fuerte para frenar los intentos separatistas del Oriente en 2008, Bolsonaro movió ficha para precipitar la caída de Evo en 2019. En una región convulsionada por la crisis económica que generó la pandemia y hostigada por el auge de los movimientos de extrema derecha que se han hecho fuerte en todo Occidente, “Super Luchito” deberá demostrar que, además de buen economista, también es buen capitán de tormentas subiéndose a un barco en plena tempestad y con pocos salvavidas disponibles. 

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 ▲ En Pensilvania y otras ciudades de EU festejaron el virtual triunfo de Joe Biden.Foto Afp

China, Irán y palestinos degustan el "triunfo" pírrico de Joe Biden a sus casi 78 años –cuando a los demócratas, la católica Nancy Pelosi en la Cámara y el israelí-neoyorquino Schumer, no les fue muy bien que se diga–, mientras Edward Luce, corresponsal clintoniano del rotativo globalista Financial Times –vinculado a los intereses de los banqueros Rothschild/Soros– en un muy lúcido artículo, a tres días del resultado "oficial", había diluido la victoria de Biden, pese a su hazaña de haber recibido el mayor número de votos en la historia presidencial ( FT 04/11/20).

A juicio de Edward Luce, el "voto fue ardientemente cuestionado" cuando "EU se encuentra amarga, energética y casi equitativamente dividido (sic)". Con un "mandato equívoco" en el mejor de los casos, será magro lo que pueda conseguir el centrista Biden: "el más moderado de los contendientes del Partido Demócrata".

A lo sumo, "Biden será suertudo en empujar aún las partes incrementales (sic) de su agenda": amplias inversiones en la tecnología verde, las colegiaturas gratuitas para los estudiantes universitarios de clase media, y la opción pública (sic) para el seguro médico.

No se escenificarán "las esperanzas de cambios de época" de los progresistas que "han sido hechas añicos".

Considera Edward Luce que Biden no tendrá opción para abolir el filibusterismo en el Senado ni agregar nuevos estados como Puerto Rico y el distrito de Columbia ni expandir el tamaño de la Suprema Corte con el famoso “ package (empaquetado)” con el fin de diluir la mayoría de los republicanos que cuentan con seis de los nueve magistrados. Tan simple como que el líder senatorial triunfador Mitch McConnell "bloquee cualquier nominación de Biden".

Salvo un descalabro, cuando faltan tres senadurías por resolverse, los republicanos retendrán el control del Senado.

Lo mejor que puede aspirar Biden –quien, por cierto, mantiene una óptima relación con McConnell– es conseguir un "modesto (sic) estímulo" financiero para paliar el marasmo económico producto de los estragos pandémicos.

Luce predice el obstruccionismo jurídico de Trump quien difícilmente compartirá los estudios en sus manos sobre la vacuna contra el coronavirus y quien, en el mejor de los casos, hará desaparecer miles de documentos de la Casa Blanca.

Tampoco Biden podrá elevar el salario mínimo ni imponer mayores impuestos a la plutocracia de EU.

Así las cosas, "la presidencia de Biden corre el riesgo de ser atrapada entre dos fuerzas irreconciliables (sic): una derecha trumpiana empecinadamente atrincherada y una izquierda amargada (sic) de los d emócratas"–pese a que el combativo grupo SQUAD, que encabeza Alexandria Ocasio-Cortez, obtuvo tres escaños más en la Cámara que dificultarán la tarea de Nancy Pelosi que sufrió fuertes descalabros.

Edward Luce vislumbra correctamente el panorama tanto en el Senado, con probable mayoría de los republicanos, como en la Cámara donde los "demócratas perdieron varios asientos", cuando los "nuevos republicanos elegidos son todavía más trumpianos que Trump".

A mi juicio, puede suceder que se asiente un "trumpismo sin Trump" que enarbole el supremacismo blanco de los WASP (white anglosaxon protestant: blancos protestantes anglosajones; https://bit.ly/2I88Hsm), hoy a la defensiva reactiva que impugna su "derrota".

Biden sólo tendrá "libertad de maniobra" en su política exterior.

Edward Luce concluye que "el fantasma de Trump acosaría a Biden".

Guste o disguste, con o sin Trump, el trumpismo es una realidad en EU fracturado que vive su acelerada delicuescencia y el reflejo de su "democracia bananera" (https://bit.ly/3ldNICA).

Pobres ilusos a-históricos y anti-históricos que alucinan que a México le irá mejor con los demócratas que con los republicanos o con los republicanos que con los demócratas.

Sugiero consulten el Museo de las Intervenciones, en Churubusco, Ciudad de México (https://bit.ly/36ectbp).

La historia de México NO empezó con la imposición neoliberal de Daddy Bush a Salinas con su TLCAN.

México es un país milenario con varias civilizaciones y culturas en su seno de las que carece Estados Unidos.

http://alfredojalife.com

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En Detroit, Michigan, cientos marcharon para celebrar la victoria de Joe Biden; Black Lives Matter también se movilizó para denunciar la violencia policial.Foto Afp

Nuevo York., Joseph Biden es presidente electo, pero la noticia que la mayoría festeja es que Donald Trump fue derrotado en una elección que fue, sobre todo, un referendo de su presidencia.

Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, junto con gran parte de la cúpula política y económica del país, así como casi todos los medios y decenas de mandatarios que enviaron sus felicitaciones alrededor del mundo, de inmediato empezaron a preparar la transición, ignorando por completo la insistencia de Trump en que esto no ha acabado.

Trump rehusó reconocer el resultado, por ahora. Esta mañana escribió en un tuit: "Yo gané en grande", y se fue a jugar golf, donde recibió la noticia de que su contrincante fue declarado victorioso por los principales medios. Poco después agregó que "el hecho es que esta elección está lejos de acabarse", y mientras repite que la contienda "fue robada", informó que a partir del lunes su equipo la estará disputando en tribunales.

A la vez, rompiendo con la tradición, el alto liderazgo republicano guardó silencio sobre el triunfo de Biden, provocando aún más tensión sobre el conflicto que busca detonar el presidente. Pero la atención ya no giraba en torno a él, sino en el inicio de la era posTrump.

Biden ofreció su primer discurso como presidente electo esta noche cerca de su casa en Wilmington, Delaware, y nunca mencionó el nombre del actual mandatario. Declaró: "Me comprometo a ser un presidente que no busca dividir, sino unificar", y resaltó su mensaje de campaña, de buscar la presidencia "para restaurar el alma de Estados Unidos" y que ésta "es la hora para sanar".

Afirmó que el mandato de esta contienda es "promover las fuerzas de la decencia", la ciencia y la esperanza para "la batalla contra la pandemia, por la justicia racial y para salvar al mundo al controlar el cambio climático".

Aseguró que esta elección "fue una victoria por nosotros, el pueblo" (primera frase del preámbulo a la Constitución) y que se ganó con la mayor cantidad de votos (74 millones) en la historia. Indicó que su campaña fue impulsada por una coalición multirracial amplia y de identidades, incluyendo republicanos, y que como presidente gobernará para todos.

"Esta noche todo el mundo está viendo a Estados Unidos", al cual llamó "un faro para el mundo, pero no sólo por nuestro poder, sino por nuestro ejemplo", y con ello subrayó que trabajará para recuperar el respeto internacional por este país.

Ofreció una apasionada defensa del mito del "sueño americano", y aseguró que su país ofrece una oportunidad igual a todos. Insistió en que “somos un pueblo bueno… Somos Estados Unidos de América, no hay nada que no podamos hacer”. Y concluyó: "Seamos la nación que sabemos que podemos ser".

Harris, quien hace historia como la primera mujer, persona de color e hija de migrantes (su madre es de India y su padre de Jamaica) en ocupar la vicepresidencia, declaró al presentar a Biden en el acto de victoria: “Por cuatro años ustedes marcharon y se organizaron por la igualdad y la justicia, por nuestras vidas y nuestro planeta y después votaron… Optaron por la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia, y sí, la verdad”.

Resaltó el papel de las mujeres, sobre todo las de color, que han rescatado esta democracia constantemente. En cuanto al momento histórico de su próximo papel, dijo: "Yo seré la primera mujer en este puesto, pero no la última". Ahora empieza la tarea más difícil: combatir la pandemia, el racismo, la crisis económica. Estados Unidos "está listo, y también Joe y yo".

El festejo concluyó con fuegos artificiales, configuraciones aéreas con el número 46 y otras realizadas por drones guiados por computadora.

Después de cuatro años de ser considerado por una amplia gama como "el presidente más peligroso de la historia" de Estados Unidos, caracterizado por la persecución de migrantes, incluyendo el enjaulamiento de niños, el abierto endoso de agrupaciones supremacistas blancas y neonazis, el desmantelamiento de normas ambientales, el deterioro de los derechos civiles y el manejo irresponsable de la pandemia, Trump es ahora también el primer presidente desde 1992 en no ser relegido.

Biden será el presidente de Estados Unidos número 46. Ganó su tercera candidatura con el mensaje de restaurar la unidad y la "normalidad" política, así como su empatía personal en un país agotado debido al manejo errático de un mandatario distinguido por haber mentido y engañado más de 20 mil veces, incluso sobre su manejo de la pandemia, que fue probablemente el factor principal de su derrota.

Biden, quien cumplirá 78 años este mes, será el presidente de mayor edad al iniciar su mandato. También será el segundo católico, después de John F. Kennedy.

Pero estos comicios no fueron entre candidatos de dos partidos, sino, como repetía el senador Bernie Sanders, "entre la democracia y Donald Trump". El presidente electo, cuya carrera de 48 años en Washington lo distinguió como político centrista del Partido Demócrata y campeón de esfuerzos y negociaciones bipartidistas, nunca generó entusiasmo masivo entre el electorado.

Por lo tanto, su tarea de reparación de daños y restauración de normas también tendrá que responder a las diversas corrientes dentro y fuera del Partido Demócrata, un abanico amplio de sectores e intereses que se unieron en su objetivo de derrotar a Trump, pero que no tienen un consenso más allá de eso.

El triunfo electoral no fue de las dimensiones que deseaban los demócratas, quienes esperaban una "ola" suficientemente masiva como para ahogar la era Trump y proclamar que fue un desvío anormal de esta democracia. Pero aunque Biden obtuvo 4 millones más votos que Trump, su contrincante llegó a más de 70 millones, incrementando la cifra con que ganó en 2016. Por lo tanto, la amenaza del populismo derechista con tintes neofascistas no se ha aniquilado, sino estará más que presente al iniciar la era posTrump.

Pero aun con gran parte de Washington, Wall Street y el mundo reconociendo el resultado, Trump rehúsa ingresar a su postera y procederá a disputar la legitimidad de esta elección, tanto ante tribunales como con sus bases ultraderechistas en las calles, como empezó a suceder hoy en varias entidades, donde coreaban el lema "Alto al robo".

El nuevo presidente tiene cita el 20 de enero de 2021 para asumir su puesto. Entre hoy y esa fecha, Trump sigue como residente de la Casa Blanca y todos saben que es capaz de hacer mucho daño en lo que deben ser sus días finales.

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Miércoles, 04 Noviembre 2020 05:31

Por un New Deal sanitario

Por un New Deal sanitario

Propuestas para la pospandemia

 

La pandemia puede implicar una oportunidad para construir un nuevo sendero de reformas en salud que nos lleve hacia sistemas de cuidados más eficaces y eficientes. Los modelos de escape individual basados en el mercado mostraron sus límites. Por eso es necesario discutir cómo construir nuevos acuerdos que ayuden a conseguir mejores cuidados en salud en América Latina.

 

Hasta que se desató la pandemia de covid-19, los sistemas de salud de América Latina habían venido desempeñado un rol similar al de un bajo en una banda de rock: eran imprescindibles pero ignotos. La salud, de hecho, figuraba entre las últimas preocupaciones en los sondeos de opinión, a tal punto que, en diversos momentos de este siglo, cuatro países de la región consideraron que el área sanitaria ni siquiera merecía el rango de ministerio (y en dos países, México y Honduras, continúa sin tenerlo).

Esto no significa que las personas en América Latina sean insensibles ante al riesgo de enfermar o morir. Cuando son interrogadas respecto al nivel de importancia que otorgan a su propia salud, en general las respuestas registran una alta valoración. Pero hemos dejado de conjugar el verbo «cuidar» en plural para concebirlo solo en singular. De forma similar a lo registrado en otras áreas, en América Latina, las personas, ya sea por adaptación o por preferencia, han buscado garantizar sus cuidados de salud a través de respuestas individuales más que colectivas.

Esa «salida individual», que tan bien identificó Albert O. Hirschman, se operó con la intensidad de un gran movimiento migratorio en el sector salud en América Latina durante los últimos 30 años. En los estratos sociales de mayores recursos la salida individual consistió en contratar seguros prepagos que minimizan las restricciones de acceso a las prestaciones. En los sectores medios, y siempre que el sistema lo permitiera, se buscó complementar los aportes y contribuciones salariales con pagos voluntarios para lograr un upgrade en la cobertura. Y cuando eso no fue posible, se recurrió a duplicar e incluso triplicar la cobertura, combinando el usufructo de diferentes protecciones. En los estratos sociales de menores recursos esas soluciones individuales pasaron por trazar «corredores» sanitarios, generalmente desde la periferia hacia el centro, salteando jurisdicciones en busca de servicios médicos de mayor resolutividad. En ocasiones, también se han buscado contactos informales que faciliten acceso a turnos con especialistas, dado que gran parte de los servicios públicos de salud en la región todavía funcionan sin turnos programados y los pacientes que recurren a consulta deben ir de madrugada y enfrentar largas filas de varias horas para recibir atención.

La aparición del covid-19 demostró, sin embargo, que las soluciones individuales no alcanzan para enfrentar pandemias. Y la situación comenzó a cambiar. Incluso entre los predicadores más fundamentalistas del mercado, empezó a hacerse visible un reclamo sostenido por un «Estado que nos cuide». Maristella Svampa advirtió tempranamente este cambio, señalando la aparición de un «Leviatán sanitario transitorio que tiene dos rostros»: el primero, que aboga por una intervención en el ámbito social, y el segundo, que proclama un estado de excepción.

Durante 2020, las autoridades sanitarias de América Latina tuvieron más minutos de aire televisivo, más centímetros cuadrados en medios gráficos y más posteos en redes sociales que durante todo lo que va del siglo XXI. Antes que la fiebre, la pérdida del olfato y del gusto, se registró un síntoma social que no se advertía desde el higienismo clásico: una omnipresencia sanitaria interviniendo en las instancias más recónditas de la vida cotidiana. Las autoridades de salud pasaron a definir quién y cómo trabaja, estudia y se recrea, quién circula o permanece recluido.

La intención de este escrito no es discutir si esa intervención fue adecuada o sobreactuada. No estamos debatiendo cuál de los dos rostros del «Leviatán sanitario» prevaleció. O, en otras palabras, si se priorizó la vida por sobre el oikos o si hemos caído en «infectaduras». Ya Joan Manuel Serrat nos enseñó que «no hay otro tiempo que el que nos ha tocado». La cuestión que nos preocupa es cómo aprovechar ese cuarto de hora para activar un cambio que permita que, cuando se retire la pandemia (y ojalá alguna vez lo haga), cuidar de la salud se aproxime más a un logro colectivo que a un consumo individual.

Como el brote se registró primero en el hemisferio norte, los países de América Latina tuvieron unos meses de anticipación para organizar sus respuestas sanitarias. A ello se agregó, en algunos casos, un tiempo ganado a la propagación del virus a través de medidas de confinamiento. Ese tiempo se utilizó, en la mayoría de los casos, para expandir la capacidad instalada en camas de internación, en camas de cuidados intensivos y en la disponibilidad de respiradores mecánicos. Sin embargo, a pesar de ese refuerzo de la oferta, también en casi todos los países hubo momentos y jurisdicciones en los que el sistema de salud se encontró saturado o en riesgo de estarlo.

Es interesante destacar que las camas hospitalarias –en particular, las de cuidados intensivos–, solo fueron utilizadas con pacientes covid-19 positivos en una fracción relativamente menor de las internaciones. Esto se debe a que alrededor de 80% de las camas de cuidados intensivos en nuestros países están siendo ocupadas en forma permanente. Podemos afirmar que al menos la mitad de esas internaciones en cuidados intensivos podrían ser evitadas con modelos de cuidados adecuados.

Mirémoslo de otra manera. Si necesitamos atravesar un gran trayecto en una carretera en la que no encontraremos estaciones para cargar combustible durante varios kilómetros, podríamos optar por dos estrategias alternativas. La primera sería usar un vehículo con bastante potencia y ampliar su tanque de combustible o cargar bidones adicionales con combustible para nuestro trayecto. La estrategia alternativa consistiría en reemplazar nuestro vehículo por uno más eficiente, que pueda recorrer más kilómetros con menor consumo.

Las autoridades sanitarias de la región optaron por la primera estrategia para enfrentar la pandemia. Lo que aquí proponemos es aprovechar esta crisis (que nos está dejando cada vez con menos recursos) para optar por la segunda estrategia. Esto significaría incorporar modelos de cuidados proactivos, continuos y en red que permitan captar al paciente antes de que llegue al servicio de salud descompensado y requiriendo cuidados de complejidad y por más tiempo y que lo acompañen hasta después del alta.

Para hacer de la crisis sanitaria actual una oportunidad de mejora sanitaria, proponemos considerar que los cuidados de salud resultan de un pacto o contrato tácito entre las partes. Aprendimos que hay cuatro grandes determinantes de la salud: estilos de vida, biología, ambiente y sistemas sanitarios. Para conseguir resultados hay que intervenir sobre todos ellos, pero fundamentalmente sobre los primeros. Es preciso conciliar los estilos de vida con los sistemas de salud, alineando los incentivos a la ciudadanía, a los prestadores de salud y a las entidades financiadoras o aseguradoras, para que asuman conductas que optimicen los cuidados y sus resultados.

La pandemia agravó la agonía del modelo vigente de producción en salud. El pacto existente privilegió la salud como una responsabilidad individual y planteó a los sistemas del área como un entorno de «respaldo» al que las personas recurren cuando lo necesitan. Mucho más que intervenir en los estilos de vida, los servicios de salud se constituyeron en «proveedores» que respondieron a una «demanda». La organización de los servicios de salud para satisfacer a una «demanda espontánea» se constituyó en un dogma y hasta en un sinónimo de calidad. Cuanto más premium resultaba la cobertura obtenida, mayores eran las libertades del beneficiario para atenderse donde y cuando quisiera. Los sistemas de salud se han venido construyendo, de este modo, a imagen y semejanza del mercado. En ese esquema, un sistema de salud resulta saludable en la medida en que permite la libre circulación de flujos financieros que responden a flujos de prestaciones.

Este modelo de producción de salud se encuentra, sin embargo, en crisis. Demanda cada vez más recursos y más prestaciones sin que ello signifique maximizar los resultados en términos de salud de la población. Que cada uno se atienda cuando quiera, con quien quiera y donde quiera no maximiza la detección precoz, no contribuye a promover conductas y estilos de vida saludables y, lo que es aún peor, diluye las responsabilidades por los resultados. Se duplican prestaciones, se desaprovechan los contactos con el sistema de salud para asumir prácticas preventivas e incluso se promueve iatrogenia. Cada vez son requeridas más prestaciones, más establecimientos, más tecnología, más profesionales y más insumos. Pero esto no redunda en mejores resultados.

La crisis se agravó con la pandemia. En primer lugar, no se alteró el modelo de producción en salud. Frente a un mayor estrés del sistema, se buscó solamente fortalecer la oferta, ampliando las camas hospitalarias, en especial las de cuidados intensivos y, entre ellas, las que tienen respiradores mecánicos. En segundo lugar, la libre demanda por parte de los pacientes se vio alterada, ya sea por restricciones de la oferta (discontinuidad de los servicios) o por una reducción en la demanda producida por el temor al contagio o a dificultades de transporte y movilidad. En tercer lugar, comenzó a producirse una purga de prestadores de salud, ya que aquellos que no brindan servicios directamente relacionados con el covid-19 vieron mermada su actividad y, por supuesto, sus ingresos. En cuarto lugar, aquellos servicios que consigan sobrevivir también enfrentarán dificultades para construir una «nueva normalidad». La prevención primaria (evitar la enfermedad) y la prevención secundaria (detección precoz de las situaciones de enfermedad) están retrocediendo debido a la discontinuidad de los servicios ambulatorios (y también al miedo a consultar por temor a contagios). Lo mismo ocurre con la prevención terciaria, que busca minimizar el agravamiento de los casos ya diagnosticados.

El contrato social sobre el que se construyen los cuidados de salud quedó convaleciente con el desarrollo del covid-19. Como en la obra de Luigi Pirandello, quedamos con los personajes en busca de su autor. Los profesionales de salud están exhaustos, desmotivados, enfermos y en muchos casos, empobrecidos. Los servicios ambulatorios están vaciados, abandonados y desfinanciados. Las clínicas y hospitales privados, quebrados o en riesgo de estarlo. Los aseguradores están al borde del ataque de pánico. Y los pacientes viven con la desconfianza de recurrir al sistema de salud por miedo al contagio.

La pandemia representa también una oportunidad inédita para cambiar nuestra forma de producir salud. Aunque es mucho lo que haría falta cambiar, no se puede (o no se debe) operar todos los órganos al mismo tiempo. Primum non nocere [lo primero es no hacer daño].

Mi propuesta consiste en seleccionar un conjunto de cuidados en función del ciclo de vida, definir responsabilidades para todos los actores (el Estado como rector, los financiadores, los prestadores, pero también los pacientes) e incorporar incentivos que alineen las conductas de todos ellos para completar líneas de cuidados estratégicos. Para cada edad y sexo se priorizaría un conjunto de cuidados que requerirían un abordaje proactivo y que sería definido a través de esquemas de diagnóstico y tratamiento. Todos los ciudadanos deberían tener una historia clínica digital que permita verificar que hayan recibido las prácticas de diagnóstico y tratamiento, pero también verificar su adherencia a los cuidados. Además, todos los ciudadanos (o mejor aún, todos los grupos familiares) tendrían un profesional o un equipo de profesionales designado como responsable del cumplimiento y del seguimiento de esos cuidados.

Esos profesionales y/o equipos serían evaluados y remunerados no en función de las prestaciones que brinden, sino en función del cumplimiento de las líneas de cuidados constatado a través de las historias clínicas. También los financiadores (públicos, sociales o privados) serían evaluados (desde el Estado) por su contribución epidemiológica logrando resultados de salud definidos (trazadores) sobre la población a su cargo. En ese caso, los incentivos serían financieros, en el mejor de los casos, o al menos sería la publicación periódica de un ranking de entidades en función de su desempeño epidemiológico. Por ejemplo, habría incentivos concretos para que los niños tengan su calendario de vacunación al día, para que las embarazadas cumplan con un piso de controles gestacionales, con ecografías trimestrales y con suplementación preventiva de hierro y ácido fólico. También los habría para que todos los ciudadanos tengan un control de glicemia y para que todos los casos diagnosticados de diabetes mellitus estén bajo el esquema de tratamiento correspondiente, utilizando hipoglucemiantes y/o con dieta y ejercicio y con al menos una hemoglobina glicosilada semestral. Algo similar con los pacientes hipertensos, los asmáticos, etc.

Para los ciudadanos también habría incentivos. Las atenciones y la medicación correspondientes a las líneas de cuidados priorizadas deberían ser totalmente gratuitas y podrían programarse, minimizando así las filas y las listas de espera. Además, los ciudadanos que hayan dado cumplimiento a los cuidados priorizados correspondientes a su target serían beneficiados en las primas (en los casos de seguros privados), en los copagos (en los casos en que estos existen) o en las listas de espera y la provisión de medicación (en los casos en que los servicios se entregan libre de costos a la población). El propósito es concretar los derechos en salud, pero también definir y hacer cumplir las obligaciones del paciente.

Aunque lo ideal sería que todos los cuidados de salud funcionaran de esta forma, lograr que un grupo limitado de cuidados se organicen alineando incentivos para todos los actores que intervienen en la producción de salud, ya sería una conquista importante. Nada impide que luego de que se evalúen resultados (al año o a los dos años) se decida expandir las líneas de cuidados. Mientras tanto, el resto de las atenciones podrían continuar funcionando como hasta ahora.

Es posible que se requieran recursos adicionales para incorporar líneas de cuidados con incentivos a todos los actores, para implementar una historia clínica digital para todos los ciudadanos y para desplegar la capacidad rectora del Estado para evaluar el desempeño de prestadores y financiadores en función de los logros sanitarios. Pero cabe destacar que es muy probable que implementar reformas de este tipo demande mínimas inversiones en infraestructura y en equipamiento, lo que permitiría dirigir esos recursos adicionales hacia donde generen mayor impacto sanitario.

Las agencias de financiamiento multilateral, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, podrían poner a disposición líneas crediticias para los países que se decidan a aprovechar el contexto pospandemia y recorrer ese sendero que proponemos para las reformas en salud. De hecho, replicando el esquema que busca alinear los incentivos, lo ideal sería que la financiación internacional y los intereses de los préstamos también resulten corregidos por el desempeño sanitario de las reformas implementadas.

Los bombardeos que soportó la población británica durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron para concretar la primera versión del Estado de Bienestar en salud, el Servicio Nacional de Salud de cobertura universal y prestación gratuita. Siguiendo esa inspiración, tal vez podamos ilusionarnos con que la pandemia de covid-19 que castiga a América Latina más que a otras regiones sirva para que encontremos un nuevo sendero de reformas que nos lleve hacia mejores modelos de protección en salud, o una suerte de New Deal sanitario, apelando a una expresión de moda por estos tiempos.

Publicado enSociedad
Sábado, 31 Octubre 2020 06:20

Noticias desde la izquierda

Noticias desde la izquierda

En un mundo tan fragmentado como el actual, se antoja como algo impensable trazar cualquier tipo de generalización sobre las actitudes y posturas que han adoptado las diversas –y a veces contrapuestas– franjas de la izquierda frente a la crisis que ya lleva el signo inevitable de la pandemia del coronavirus. Enumero tan sólo algunos casos ostensibles.

En Chile, no obstante el largo estado de emergencia decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, la cuantiosa coalición social y política que se conformó durante las movilizaciones previas al estallido de la emergencia sanitaria, logró finalmente su cometido: imponer el referéndum por una nueva Constitución y, sobre todo, ganarlo. Por lo pronto, Chile deja atrás el capítulo más oscuro y ominoso de su historia: no sólo la herencia amarga del pasado fraguado por Augusto Pinochet, sino el relato caníbal que hacía del pinochetismo la piedra de toque de la modernización del país. Cuando en realidad esa modernización, incluídas sus víctimas y desigualdades, fue obra de las fuerzas reunidas por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Cae con el referéndum no sólo es el manto que vindicaba a la dictadura, sino la legitimidad del modelo más supuestamente exitoso que el neoliberalismo encontró en América Latina. Lo esencial es que la izquierda chilena, con todas las diferencias que separan a sus agrupamientos, enfrentó a uno de los regímenes más represivos de los últimos años con la movilización social y la salida democrática.

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo no cedió ante las tentaciones del golpismo de arrastrar a la nación hacia una espiral de violencia y polarización. Por más que Evo Morales Ayma cometió la pifia de pretender relegirse por cuarta vez, trece años de una administración que hizo crecer económicamente a Bolivia a un ritmo mayor que el de Chile, que consolidó organizaciones sociales, comunidades y gobiernos indígenas autónomos, que impulsó la educación y los sistemas de salud social, lograron sostener la cohesión de una resistencia civil y pacífica al golpe. El inobjetable triunfo electoral del MAS convalida la máxima de que una izquierda comprometida efectivamente con las prácticas democráticas es capaz de allanar un camino alternativo para el conjunto de la sociedad.

En la península ibérica, las noticias son disímbolas. En Portugal, la alianza gobernante desplegó una estrategia masiva de apoyo y protección a la tercera edad durante la pandemia, que redundó en un reducido número de defunciones y una política de efectivos estímulos a la economía. (Cabe señalar que en Uruguay una coalición de derecha logró resultados aún más espectaculares). En España, por el contrario, la coalición entre el PSOE y Podemos nunca logró emprender iniciativas equivalentes. Después de décadas de privatización de los sistemas de salud, las opciones públicas sanitarias están desechas. En Grecia, en cambio, las redes sociales del anarquismo, y en parte de Tziriza, que gobiernan la vida cotidiana de la mayor parte de sus ciudades, muestran que la sociedad puede erigirse como la protectora de la sociedad misma de una manera más eficiente que el Estado.

Por más que haya dañado la legitimidad de la izquierda en su conjunto, el socialismo burocrático (Zizek dixit) –China, Vietnam, Cuba y, cada vez más cerca, Venezuela– se reveló como el sistema social con la mayor capacidad para enfrentar un colapso económico y sanitario como el impuesto por el Covid-19. Uno podría fácilmente aducir el argumento de que se trata de órdenes tan coherentes y unísonamente autoritarias que el control de sus poblaciones resulta simplemente un corolario. Pero se requiere mucho más que un régimen autoritario para hacer frente a un desafío de esta envergadura: sistemas públicos de salud, formas horizontales de solidaridad, destinar recursos especiales para mantener la economía en marcha, adecuar al conjunto de la sociedad para evitar la desmovilización.

Siempre queda pendiente de revisión la formulación del filósofo Byung-Chul Han sobre la "hipótesis oriental". Las sociedades del Lejano Oriente contendrían formas de civilidad, cuidado mutuo y cooperación que simplemente no existen en Occidente. En rigor, el número de defunciones en Europa (si se toma como parámetro a la Comunidad Europea y no el sofisma de nación por nación) son ya mayores que en Estados Unidos. Ni hablar de América Latina. Lo que ya es evidente es que el Covid-19 es un virus occidental, es decir, un virus que prospera con mucha más facilidad en las formas de vida de Occidente. Todo el espectáculo actual de los estados de emergencia en las naciones europeas no hace más que afirmar la tesis de que se trata de un nuevo tipo de estado de excepción que poco tiene que ver con la pandemia.

Queda por último el kirchnerismo y su homólogo en México, el gobierno de Morena.

No se trata evidentemente de fuerzas de izquierda y, sin embargo, son coaliciones nacionales que parecerían adoptar algunas de sus políticas y, sobre todo, sus gestos. Ambas formaciones parecen haber empantanado a sus países guiadas por una visión del Estado y la sociedad simplemente inadecuada a las condiciones actuales. Basta con decir que el neopopulismo social y la izquierda resultan cada vez más incompatibles.

Publicado enPolítica
Viernes, 30 Octubre 2020 05:44

Recién comienza

Recién comienza

CHILE TRAS EL ROTUNDO TRIUNFO DEL APRUEBO

 

Con la luz verde a la redacción de una nueva constitución y en un plazo de apenas dos meses, deberán presentarse las candidaturas para la convención que se encargará de esa tarea. Sujetado por los amarres del pacto partidario, el proceso impone varios obstáculos a los postulantes surgidos de los movimientos sociales. Antiguos rostros de una política deslegitimada podrían retornar con bríos renovados.

El apabullante triunfo del apruebo (78,27 por ciento) en el plebiscito del domingo 25 abrió de inmediato el apetito de los partidos políticos tradicionales para perfilar sus candidaturas a la Convención Constitucional, órgano que la ciudadanía eligió, también por abrumadora mayoría (78,99 por ciento), para que escriba la nueva carta magna que reemplazará a la de 1980. El histórico referéndum convocó a las urnas a más de 7.500.000 electores (50,9 por ciento del padrón), la participación más alta desde que existe el voto voluntario en Chile.

Tras los festejos en la Plaza de la Dignidad y en las calles del país, arranca una carrera contra el tiempo. El 11 de enero de 2021 –en poco más de dos meses– expira el plazo para presentar candidaturas a la Convención. El 11 de abril del próximo año se celebrarán nuevos comicios para elegir a los 155 constituyentes, número que podría variar si el Congreso aprueba una normativa que otorga escaños reservados a representantes de pueblos originarios.

El problema para los más de 5.800.000 electores que el domingo marcaron apruebo con un lápiz azul es que sus preferencias no necesariamente se verán reflejadas en la votación de abril. Según Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Talca, «el domingo la gente votó por opciones de futuro, mientras que en abril de 2021 lo hará por candidatos que se desplegarán territorialmente para conseguir los votos. Las campañas serán mucho más personalizadas y en eso la derecha chilena es fuerte. Tanto es así que históricamente ha bordeado el 40 por ciento de los votos. No veo por dónde la izquierda pueda arrasar en esos comicios, ya que irá dividida en varias listas y, en un sistema de representación proporcional, las listas unidas de varios partidos tienden a cosechar más votos».

Morales refiere al método D’Hondt, el sistema de representación proporcional que se aplicará en Chile para escoger a los constituyentes, según estableció el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, celebrado a un mes del inicio del estallido social. Lucía Dammert, doctora en Ciencia Política e investigadora de la Universidad de Santiago, alerta que «puede suceder algo bastante paradójico: si la oposición se divide en muchas listas, es posible que el rechazo tenga más representación en la Constituyente que el apruebo».

¿Los marginales a la Constituyente?

Quienes ven contratiempos en este escenario son aquellos posibles candidatos con una trayectoria reconocida en organizaciones de base, pero que no militan en un partido político. Aunque la ley 21.216 –promulgada en marzo de 2020 y que aseguró la paridad de género de la Convención– consigna que las candidaturas independientes pueden conformar listas propias, ciertamente estas no compiten en igualdad de condiciones con aquellas postulaciones provenientes del establishment partidista.

En este momento, y en atención al contexto de pandemia, en el Congreso existe un proyecto de reforma constitucional que, entre otras medidas adicionales, permitiría a los independientes reunir las firmas requeridas para su postulación a través de un trámite online –la norma establece que para registrar una candidatura independiente deben presentarse las firmas del 0,4 por ciento de los votantes del distrito electoral en cuestión (véase «De nuevo en primavera», Brecha, 24-IX-20­)–. «Lo sucedido en el plebiscito fue un triunfo ciudadano y de las mayorías silenciadas. Por lo tanto, uno de los puntos en que se juega la legitimidad de la Constituyente pasa por que los partidos establezcan mecanismos efectivos de participación de los independientes», asegura Dammert. De hecho, una opción alternativa para los candidatos surgidos del movimiento social que irrumpió el 18 de octubre de 2019 es registrarse dentro de los cupos que entregarán las formaciones partidistas.

Pero por ahora, quienes más despuntan para candidatos a la Convención son caras conocidas de la política de la posdictadura. Por ejemplo, la exministra de Educación Mariana Aylwin (hija del expresidente Patricio Aylwin) ya anunció su postulación. Aunque históricamente militó en la Democracia Cristiana, figura ahora como independiente. Esta semana declaró a Televisión Nacional que hoy se siente más afín a Evópoli, un partido autodefinido como de centroderecha y que el domingo dividió sus votos entre el apruebo y el rechazo.

n contraposición a estas reconversiones de última hora, aparecen nuevas voces en los territorios más precarizados del país. Sol Danor es activista, feminista, líder territorial y poeta de la población La Legua, en la comuna santiaguina de San Joaquín, perteneciente al distrito 10. Desde ese sector emblemático por su extraordinario nivel de articulación social, Sol pretende levantar una candidatura a la Constituyente sin aliarse con ningún partido político: lo hará a través de una lista con otras postulaciones independientes.

«Los marginales tenemos que pintar de colores esta Convención. Peleamos contra una maquinaria gigantesca encarnada en rostros de famosos. Me interesa participar de este proceso, pero si no soy elegida, intentaré incidir de todos modos. Así como está planteada la elección, la Convención no tendrá legitimidad, ya que los mismos partidos políticos deslegitimados tienen todo amarrado. Proponemos desde La Legua que quienes pertenecemos a organizaciones de base trabajemos por un proyecto común, a través de una vocería que nos apoye en los territorios para escribir la Constitución», explica Danor.

Giovanna Grandón, quien se hizo conocida por bailar vestida con un traje del personaje Pikachu en la Plaza de la Dignidad, también piensa postularse a la Constituyente sin la anuencia de un partido político. La Tía Pikachu, como graciosamente la apodan, lleva toda una vida en la población Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y durante la pandemia ha apoyado a las ollas comunes que se han organizado en todo Santiago (véase «Las ollas de la dignidad», Brecha,19-VI-20). Revela que nunca figuró entre sus planes postularse a un cargo político, pero que sus mismos vecinos la convencieron.

«La gente me empezó a decir: “Tía, usted tiene calle, sabe lo que son las necesidades”. Y ahí decidí postular. Necesitamos personas que sepan la realidad de las poblaciones y los campamentos. Si participan los mismos de siempre –la gente letrada– no sirve de nada cambiar la Constitución. Mi idea es formar una lista de independientes. Ya tengo un staff, aunque sabemos que es difícil: no tenemos la plata para campañas. Yo tengo la ventaja de que soy un poco más conocida por mi personaje», cuenta Grandón, cuya prioridad es inscribirse en el distrito 11 al que pertenece Peñalolén. Aún vacila, porque ese distrito también incluye a La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Estas tres últimas fueron las únicas comunas de Santiago donde ganó el rechazo y en ellas viven personas de altos ingresos.

Ilustración: Ombú

Para mejorar las condiciones de quienes no militan en un partido, apunta el politólogo Mauricio Morales, la estrategia de la ciudadanía pasa por continuar la senda de la protesta y manifestación en las calles. «Es la presión que más ha rendido frutos», dice el experto, para quien «el casi 80 por ciento obtenido por el apruebo deberá ser considerado por los partidos, tanto al momento de conformar sus listas electorales como al de ofertar su plan programático». En eso concuerda Danor, para quien es clave «no soltar la calle» y «reactivar las asambleas y cabildos territoriales» que florecieron al calor del 18-O.

La estrategia de las Elites

Tanto la ex-Nueva Mayoría (heredera de la Concertación que gobernó durante cinco de los siete períodos presidenciales de la transición posdictadura) como Chile Vamos (coalición de partidos de derecha) han sido ambiguas respecto de los cupos que cederían a candidaturas de la esfera social sin militancia partidista. En respuesta a la aparición de algunos nombres que ya ocuparon cargos públicos, un grupo de diputados de oposición presentó el 28 de setiembre un proyecto de ley que busca impedir que parlamentarios, ministros, subsecretarios o intendentes en ejercicio compitan por un escaño en la Constituyente.

Por el lado de la ex-Nueva Mayoría, el senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes no se pronuncia sobre si su colectividad abrirá o no un porcentaje de cupos para candidaturas independientes del espectro social. Por el contrario, acota Montes, «no soy de aquellos que creen que todas las virtudes están en no ser militante de un partido». La propuesta del PS es la «diversidad» de sus candidaturas y ahí entran a tallar tanto dirigentes de base como militantes socialistas con experiencia. Tampoco Montes detecta oportunismo en que su sector se haya plegado a las celebraciones por la rotunda victoria del apruebo, a pesar de que los socialistas fueron una pieza clave de los gobiernos posdictadura que se sucedieron bajo la Constitución de 1980.

Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional y cara visible de la campaña del rechazo, Sebastián Torrealba, descarta que haya habido una derrota de su sector en el plebiscito. «Es absolutamente irracional pensar que detrás de la votación del apruebo hubo sólo personas de izquierda, de manera que no hay que dramatizar el resultado. Fue la ciudadanía pidiendo cambios y eso no se lo puede adjudicar la derecha ni la izquierda», afirma Torrealba, quien también se cuadra con la diversidad en las inscripciones para la elección del 11 de abril: «Llevaremos nuevos rostros y personas que tienen participación histórica en la política. Yo no concibo la democracia sin partidos políticos».

Mauricio Morales no tiene dudas respecto de la estrategia diseñada por los partidos para incluir a los independientes en sus listas: «No lo harán por convicción, sino por obligación y oportunismo. Seguramente serán independientes conocidos que simularán una renovación en las elites, pero esta solución es de corto plazo». De igual modo, aunque existe cierto consenso en rebajar las barreras de entrada para que los independientes formen listas propias, «los partidos comenzarán a abrir cupos a fin de disuadir a esos independientes de que compitan por sus propios medios».

Para Dammert, «cuando uno ha tenido el poder durante tantos años, es muy difícil dejarlo. Los partidos políticos sólo conocen ciertas prácticas y están tratando de repetirlas para ver si les funcionan». Morales, en tanto, opina que, incluso en el acuerdo de noviembre que encauzó el plebiscito, los líderes políticos supieron «traducir hábilmente ese malestar ciudadano y canalizarlo hacia la Constitución en circunstancias en que la rabia era contra ellos y también contra la clase empresarial. El texto constitucional fue un cortafuegos para evitar una crisis mayor y salvarse del descabezamiento total […]. Sin embargo, la rabia sigue latente», indica.

A juicio del politólogo, la contundente victoria del apruebo «es ciudadana y ningún segmento ideológico se la puede atribuir». Pero también añade que el proceso «ha implicado la derrota absoluta e histórica del pinochetismo y de la derecha más radical». Dammert apunta que el resultado del referéndum sepulta la idea de la polarización del país en dos mitades, ya que «la diferencia es de 80 a 20 por ciento». Lo que sucede, dice, es que «ese 20 por ciento tiene lobby, empresarios, medios de comunicación, pesa el doble».

Pör Cristian González Farfándesde Santiago 


30 octubre, 2020

Publicado enInternacional
Chile votó por enterrar la Constitución de Pinochet

La opción "Apruebo" arrasó en el histórico plebiscito

La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.  

 

Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.

Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.

Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.

Piñera: “Ha triunfado la democracia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.

Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.

Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.

Parecía el final, pero es solo el principio

Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. 

El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a [email protected] constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.

El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.

El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.

El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.

La calle fue decisiva

Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa'qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.

Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos

 “La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.

“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.

Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.

Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero "in extremis". Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.

Una Constitución al servicio del pinochetismo

La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.

Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.

Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.

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En El Alto, Bolivia, mujeres participan en los festejos por la victoria con mayoría absoluta del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 18 de octubre.Foto Xinhua

La Paz., Vestidos de azul, con banderas indígenas wiphala, danzas y música de pueblos originarios, decenas de miles de personas celebraron ayer en Bolivia la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzada en las elecciones del pasado domingo.

El presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, participaron en la gran festividad en la ciudad de El Alto, adonde llegaron también habitantes de los más lejanos territorios del país andino-amazónico.

Arce y Choquehuanca fueron recibidos en medio de un ritual andino en el que chamanes aymaras –ataviados con tradicionales ponchos y gorros de lana de alpaca– les colgaron coronas de flores al cuello, y en una mesa con palos de madera quemaron una pequeña llama para pedirle a la Pachamama (Madre Tierra) que los acompañe en su gobierno.

"El pueblo conquistó con su lucha la alegría de la victoria. Unidos, al ritmo de moseñadas, bandas musicales y grupos autóctonos, celebramos la recuperación de la esperanza para todas y todos los bolivianos. Con la fuerza del pueblo #VamosASalirAdelante", escribió el presidente electo en su cuenta en Twitter.

Asimismo, Choquehuanca, ex canciller y ex secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aseguró que el MAS, junto a los distintos pueblos ancestrales que conforman el país, organizaciones sindicales, estudiantiles y otras, logró recuperar la democracia.

Luego de casi un año de un gobierno de facto instalado en el poder vía un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, gran parte de los bolivianos celebra la derrota del golpismo.

Las autoridades transitorias (de acuerdo con numerosas denuncias), además de cometer matanzas, perseguir a los dirigentes y simpatizantes del MAS, incurrir en delitos de corrupción y desmantelar los programas sociales y económicos a favor de las mayorías, consumó actos de racismo.

Uno de los primeros fue desconocer la bandera wiphala que ondeaba en el palacio de gobierno, símbolo de la pluriculturalidad de este país, y además, llamar "salvajes" a los indígenas.

El gobierno encabezado por la saliente mandataria de facto, Jeanine Áñez, fue incapaz de atender con eficiencia la pandemia de Covid-19, la cual sirvió de pretexto a su régimen para cometer ilícitos, como la compra de respiradores artificiales a sobreprecio, entre otros.

“¡Un jallalla para todos! Esto es una demostración cultural por la recuperación de la democracia; el pueblo ha recuperado su ajayu y su coraje, el pueblo perdió el miedo”, expresó Choquehuanca en medio de la música, los vítores y la alegría.

El pasado domingo, con una participación superior a 80 por ciento, el binomio del MAS ganó en primera vuelta y de manera rotunda los comicios en Bolivia.

Arce y Choquehuanca obtuvieron 55.09 por ciento de los sufragios, 27.10 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 41.9 sobre Fernando Camacho, de Creemos.

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