Un bombardeo con gas tóxico en la localidad de Jan Sheijun, provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, provocó decenas de muertos y más de 300 heridos, reportó el OSDH. En la imagen, proporcionada por el grupo activista opositor al gobierno sirio Edlib Media Center, atención a uno de los 11 niños que están entre los lesionados

 

Jan Sheijun, Siria.

Un bombardeo con gas tóxico en Jan Sheijun, en la provincia de Idlib, noroeste de Siria, provocó 58 muertos, entre ellos 11 niños, y más de 300 heridos aquejados por convulsiones y problemas respiratorios, reportó este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH, grupo activista con sede en Londres), en un ataque atribuido por opositores al gobierno de Bashar al Assad, que rechazó las acusaciones.

Horas después el hospital donde se recuperaban los heridos del ataque químico fue bombardeado.

Estas acciones ocurrían mientras se realizaba una conferencia en Bruselas para acabar con el conflicto sirio.

A las 6:30 (hora local), aviones de guerra atacaron Jan Sheijun con lo que se cree eran gases sarín y cloro, confirmó Mounzer Jalil, jefe de la oficina de salud de Idlib. El ataque causó la muerte de más de 50 personas e hirió a unas 300.

“Oímos bombardeos... corrimos hacia las casas y en el camino ya había familias muertas. Vimos niños, mujeres y hombres en las calles”, contó a la agencia Afp Abú Mustafá.

El ataque provocó asfixia a muchas personas; otras se desmayaron e incluso algunas arrojaron espuma por la boca, denunció el OSDH, que aseguró que el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que muchas se encuentran en condición crítica.

Videos de militantes antirrégimen mostraron cuerpos sin vida sobre las calles y otras personas aquejadas por espasmos y episodios de asfixia. Las víctimas tienen las pupilas dilatadas y convulsiones, explicó Hazem Shahwane, socorrista entrevistado en uno de los hospitales de la ciudad. Al menos 11 niños fallecieron, según el OSDH, que se alimenta de reportes de opositores en el terreno.

Se trata del segundo ataque químico más mortífero del conflicto en Siria, después del efectuado el 21 de agosto de 2013 que causó más de mil 400 muertos, dijo la organización, que no pudo precisar qué tipo de gas tóxico se había utilizado.

Pero las cifras sobre las víctimas difieren. La Unión de Organizaciones de Atención Médica, coalición de agencias de ayuda internacional que financia hospitales en Siria, aseguró que al menos 100 personas perdieron la vida y 400 presentaban problemas respiratorios.

Rami Abdulrahman, director del OSDH, declaró a la agencia Reuters que consideraba responsables a los aviones de combate del gobierno por una serie de factores, como el tipo de aeronave utilizado en la embestida, el jet Sukhoi 22.

Tras la agresión con gases tóxicos se realizaron bombardeos en Jan Sheijun, zona donde se ubican las instalaciones médicas, informó el OSDH.

Un reportero de la agencia Afp indicó que un ataque ocurrió en el principal hospital de Jan Sheijun. En un video aparece el periodista hablando con un doctor cuando se escucha una explosión y el comunicador cae al suelo por el estallido.

El ejército sirio negó estar implicado en el ataque químico tras ser señalado como responsable, mientras la oposición exhortó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a abrir una investigación inmediata.

Negamos completamente el uso de material tóxico o químico en la localidad de Jan Sheijun. El ejército no ha usado ni usará armas químicas en ningún lugar ni en el pasado ni en el futuro, sostuvo el comandante de las fuerzas armadas sirias.

El ejército ruso, principal aliado del gobierno sirio, afirmó que tampoco había llevado a cabo ningún bombardeo en la zona afectada.

La Coalición Nacional Siria, uno de los principales grupos de oposición, acusó al gobierno de Al Assad de haber perpetrado la masacre con un gas similar al sarín.

En tanto, la alianza de combatientes rebeldes sirios Tahrir al Sham, dominada por Fateh al Sham, ex rama siria de Al Qaeda, prometió este martes vengar la muerte de decenas de personas en el presunto ataque químico. Llamamos a todos los combatientes de Sha (Siria) a encender los frentes, indicó en un comunicado publicado en Internet.

Países occidentales dijeron que el gobierno sirio es responsable del ataque, mientras Damasco culpó a los rebeldes.

El gobierno sirio, que ratificó la Convención sobre la prohibición de armas químicas en 2013, ha desmentido en muchas ocasiones el uso de este tipo de armas, pero las acusaciones se suceden. Una serie de investigaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas determinó que en la guerra siria se ha usado gas sarín, gas cloro, gas mostaza y otras sustancias prohibidas.

Por otra parte, el año pasado organizaciones de caridad que sustentan hospitales en Siria han recibido quejas de por lo menos 71 ataques a 32 instalaciones médicas.

 

 

Publicado enInternacional
Una familia huía de los combates en Mosul, Irak, el pasado 12 de marzo.

 

Tres edificios donde los civiles se habían escondido en sus sótanos quedaron completamente destruidos

 

Cuando llegaron los equipos de rescate, no quedaba nadie vivo. Durante casi una semana, los desesperados habitantes del barrio habían buscado entre los escombros, buscando a unas 130 personas ( la última actualización en The Guardian habla de al menos 150 personas) que habían quedado enterradas después de que tres casas de un suburbio de la zona occidental de Mosul fueran destruidas por ataques aéreos de la coalición (dirigida por EEUU contra ISIS).

La imagen completa de la carnicería comenzó a quedar clara el viernes, cuando se recuperaron 20 cadáveres. Se cree que decenas más continúan enterrados en lo que podría ser el incidente más trágico para los civiles en la guerra contra Estado Islámico (ISIS).

Los equipos de emergencia en Yadida, suburbio de Mosul, llegaron desde Bagdad pero no pudieron entrar en la zona hasta el miércoles, cinco días después de que los ataques aéreos alcanzaran a las casas donde los residentes se habían refugiado para protegerse de los combates entre ISIS y las fuerzas iraquíes.

Los vecinos dicen que se recuperaron al menos 80 cadáveres de una sola casa, donde los responsables del barrio habían recomendado a la gente que se refugiara. Los trabajos continúan entre las ruinas de la casa y de otros dos edificios cercanos, que quedaron pulverizados en unos ataques descritos como "constantes y terribles".

 

C7wAUy4WkAA1cJR

Los entierros de víctimas de ataques aéreos se llevaron a cabo en grandes fosas comunes en el oeste de Mosul.

 

Los militares norteamericanos afirman que han iniciado una investigación. El coronel Joseph Scrocca, del mando militar dirigido por EEUU en Bagdad, dice que "la coalición ha iniciado una valoración de la credibilidad de la denuncia de bajas civiles en Mosul".

La destrucción se produjo en un distrito que la pasada semana se había convertido en la línea del frente en la batalla de Mosul. Los habitantes afirman que los miembros del ISIS habían colocado un francotirador en la azotea del edificio en el que se había escondido el mayor número de personas. Esto suscita interrogantes sobre las reglas de combate en la guerra contra el grupo terrorista, después de que dos recientes ataques aéreos norteamericanos en Siria se saldaran con la muerte de al menos 90 personas, casi todas ellas civiles.

 

Mapa Mosul producido ultimos combates EDIIMA20170325 0169 19

Mapa de Mosul con las zonas donde se han producido los últimos combates. THE GUARDIAN

 

Los habitantes de Yadida en Mosul afirman que no había miembros del ISIS escondidos entre los civiles, aunque decenas de sus combatientes habían estado intentado defender la zona en un ataque de las fuerzas especiales iraquíes.

"Todos nos conocemos y estamos emparentados", dice Mayid al-Nayim, de 65 años, junto al cuerpo de su sobrino en un cementerio local. Los sepultureros preparan la tumba mientras la gente llora en torno al cadáver. "Y todas las familias estaban en una de las casas. Somos las familias Yabur, Dulaim y Tai. Ese día, los ataques comenzaron en torno a las ocho de la mañana. Al principio, nos escondimos en esa casa, pero nos fuimos antes de que volvieran los aviones. Hubo tres horas entre nosotros y la muerte".

"Estos días han sido horribles. Había niños gritando entre los escombros. Nadie vino a ayudarles. La policía nos dijo ayer que no podía hacer nada".

Otro hombre, Thanom Hander, que ve cómo varias personas retiran piedras y metal, dice que su hijo y su nuera eran los únicos a los que se había podido rescatar. Los dos hijos de la pareja murieron en el ataque. La nuera había perdido ambas piernas.

"Pensaban que el sótano era seguro", dice. "Esa mañana, oí las bombas y corrí hacia la casa. Había civiles gritando. No pude hacer nada".

"Caían muchas bombas sobre nosotros, y de repente vi que todo se venía abajo sobre nosotros", dice en la clínica en la que le están atendiendo, el hijo de ese hombre, Alí Hander. "Quedamos enterrados durante diez horas hasta que nos sacaron los vecinos. Perdí a mis hijos".

 

Refugiados en los sótanos

 

ISIS ha sido acusado en muchas ocasiones de utilizar a civiles como escudos humanos colocando armas y combatientes en la parte superior de las casas. La mayoría de los residentes de la zona afirma que aunque había miembros del grupo en la azotea de al menos una de las casas, los que se refugiaron en el sótano lo hicieron de forma voluntaria.

Mustafá Aluán, un comerciante local, no está de acuerdo. "Mi primo y mi hermana fueron a esa casa", dice mientras señala las ruinas en las que hay gente trabajando. "ISIS les obligó a ir allí. Les apuntaron con armas y les hicieron entrar. Los perdí a los dos".

Otro hombre, Subán Ismaíl Ibrahim, dice que su esposa y tres hijos murieron en la misma casa. "Un niño tenía cuatro años; el otro, uno; y el tercero, menos de tres meses". Hablando con mucha calma, añade: "Los he perdido a todos, y el mundo deber saber lo que les ocurrió".

Los oficiales iraquíes suelen ser los responsables de solicitar los ataques aéreos, que luego son coordinados con los centros operativos dirigidos por EEUU después de que reciban la aprobación de mandos militares. Sobre el terreno, fuerzas de la coalición guían las bombas a los objetivos designados.

Donald Trump ordenó una revisión de las normas de combate marcadas por su antecesor, que había insistido en que se tuviera una seguridad "casi total" de que no habría bajas civiles antes de aprobar los ataques aéreos. Aunque aún no ha sido finalizada, existe una creciente preocupación de que el hecho de que se haya ordenado esa revisión ha hecho que el nivel de exigencia haya bajado.

En respuesta a una pregunta anterior sobre un ataque aéreo sobre Raqqa que causó un alto número de víctimas esta semana, el mando militar norteamericano en Irak negó que haya habido "cambios recientes en los procedimientos para aprobar ataques aéreos en la anterior o actual Administración". Pero dijo que en diciembre el jefe de las operaciones, el general Stephen Townsend, "delegó la autoridad para aprobar ciertos ataques en los mandos militares sobre el terreno" con el fin de agilizar la ayuda a las fuerzas iraquíes en sus difíciles combates en Mosul. Esos ataques "aún están sujetos al mismo escrutinio y control que antes", dijo el mando militar.

 
"Esto es un crimen enorme"

 

"¿Es suficiente que haya un francotirador del ISIS en la azotea para enviar un avión a que destruya una casa con una bomba?", se pregunta Mayid al-Nayim en el cementerio. "La bombardearon muchas veces. Querían destruir todo lo que hubiera dentro".

"Después de eso, necesitábamos material para rescatar a la gente. Aunque fuera sólo un bulldozer. Cualquier cosa. Los corruptos del Gobierno no podían ayudarnos y no lo habrían hecho si hubieran podido. Esto es un crimen enorme".

En una cercana base iraquí, un comandante de las fuerzas especiales se muestra incómodo cuando se le comunican los hechos sobre el desastre: "Esa no es nuestra zona y no sabemos nada. Nosotros también hemos perdido gente, unos 20 compañeros luchando contra un enemigo de todo el pueblo". Un rato después, se encoge de hombros y dice: "¿Qué podemos hacer? Es la guerra".

 

 

Publicado enInternacional
Miembros de Hamás llevan el cuerpo de Mazen Fuqaha durante su funeral

 

El movimiento islamista Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, insistió hoy en responsabilizar a Israel de la muerte ayer de uno de sus líderes en el enclave costero y aseguró que “su sangre no será en vano”.

”Hamás y sus brigadas militares atribuyen a la ocupación (Israel) y a sus colaboradores la total responsabilidad de este crimen”, declaró el grupo en un comunicado.

En la tarde del viernes, hombres armados dispararon cuatro tiros en la cabeza a Mazen Fuqaha, uno de los líderes del movimiento islamista y un destacado militante que estuvo encarcelado en Israel, según el portavoz del Ministerio del Interior, Eyad al-Bozom.

El asesinato se produjo en la entrada de su casa y se llevó a cabo con un arma con silenciador colocada directamente sobre su cabeza, explicó a los periodistas Ashraf al Qedra, portavoz del Ministerio de Sanidad.

Fuqaha, casado y con dos niños, era natural del pueblo de Tubas, cerca de la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania.

El hecho está siendo investigado, dijo la policía, mientras Hamás declaró que “sabe cómo actuar con este tipo de crímenes”.

Poco después del suceso, el líder de Hamás, Ismail Haniye, y el recién elegido jefe del grupo en el enclave, Yehya Senwar, se desplazaron hasta el hospital donde fue traslado el cadáver de Fuqaha.

”Es un héroe de las Brigadas de Ezedín al Qasam (brazo armado de Hamás) en Cisjordania y uno de los muyahidines (combatiente islámico liberados en 2011 de una prisión de la ocupación israelí”, mencionó el movimiento en un comunicado oficial.

Fuqaha estuvo preso en Israel hasta su excarcelación con el acuerdo, logrado gracias a la mediación de Egipto, por el que 1.028 prisioneros palestinos fueron liberados a cambio del soldado israelí Guilad Shalit, capturado cinco años antes.

”No he visto a mi hijo desde 2002 e Israel había amenazado repetidamente con asesinarle”, dijo el padre de Fuqaha, que reside en la ciudad cisjordana de Qalquilia, a la televisión al Aqsa.

Facciones palestinas y varios grupos milicianos llamaron hoy a la resistencia armada en todos los territorios “en venganza por la muerte” de Fuqaha.

”Su asesinato es un crimen y muestra la futura agenda de la ocupación para luchar contra la resistencia armada palestina”, manifestó Dawood Shihab, portavoz de la Yihad Islámica, que apuntó a Israel como culpable.

”Los colaboracionistas con Israel deberían ser perseguidos”, añadió.

El movimiento Al Fatah, del presidente palestino Mahmud Abás, y el Frente para la Liberación de Palestina (FPLP) condenaron también el asesinato de Fuqaha, en dos comunicados separados, y este último llamó a la resistencia armada como represalia.

Israel ha declinado hacer comentarios sobre el suceso.

 

 

Publicado enInternacional
Viernes, 03 Marzo 2017 06:30

De tú a tú

De tú a tú


Con el comienzo en la tarde del 7 de febrero de la fase pública de la exploración y negociación entre Gobierno y Eln en Quito-Ecuador, arrancó la exploración de las condiciones para un “cese bilateral de fuegos”, que podría cerrar el círculo del conflicto armado que afecta una parte de los campos de Colombia y tiene alguna repercusión urbana. Liberaciones de parte y parte sucedieron como si de un episodio de la “Guerra Fría” se tratara. Fueron casi de manera simultánea, el 2 de febrero de 2017, y de esta forma, por fin, quedó despejado el camino para iniciar las negociaciones de paz.

 

Con sorpresa para los voceros gubernamentales y de los medios de comunicación, ha quedado a la vista la capacidad de actuación política del Eln, su visión sobre el país y su maniobra en los entretelones negociadores. Hasta ahora logró hacer respetar el texto acordado el 31 de marzo de 2016, sin incumplir a su palabra, abriendo una puerta para airear el método negociador que determinó el rumbo del Acuerdo final entre Gobierno y Farc.

Diez meses separan al cuarto mes de 2016 y el segundo de 2017, casi 300 días perdidos para avanzar en el camino de una paz negociada. Entre el 30 de marzo de 2016, cuando los delegados oficiales del gobierno y del Eln firmaron la agenda que guiará su negociación para acordar un posible silenciamiento de los fusiles, y el 7 de febrero de 2017, cuando por fin las partes dieron inicio a la primera ronda de negociación, a partir de la agenda que habían firmado en marzo, transcurrió algo más que unos meses. Algo más..., permite deducirlo el rastrillar de tires y aflojes que hay entre las partes.

Al acercarse abril de 2016 a su final de mes, cuando todo indicaba que la Mesa de Quito sería instalada, Juan Manuel Santos sorprendió a propios y extraños: rompió el acuerdo de pocas semanas atrás con el Eln. Por su cuenta, decidió exigir como condición para arrancar en firme las negociaciones, que el Eln renunciara públicamente al secuestro. A su vez, que dejara en libertad al exgobernador del Chocó, Odín Sánchez. Dijo el Presidente: “...no se iniciará la fase pública de negociación... hasta tanto ese grupo no renuncie al secuestro...”. Por supuesto, la respuesta de su contraparte no tardó en llegar. Una y otra vez resaltaron que ese punto no estaba acordado en la agenda última de marzo. Y esto no fue todo.

La tensión que llevó a prolongar por casi un año la instalación de la fase pública de la Mesa, se extendió con respecto a los llamados “gestos de buena voluntad”. Gestos que sólo debían provenir –según la parte gubernamental– de la insurgencia. En forma inmediata, dejar en libertad al exgobernador chocoano, sería una evidencia con respecto a la “paz” por parte del Eln.

Tal vez, tomando en cuenta que una vez el Gobierno apoltrona su silla se siente dueño de la Mesa –experiencia vivida por las Farc–, y visto que los gestos de buena voluntad del lado de la guerrilla sin contraprestación alguna terminaron desequilibrando la Mesa de La Habana, los elenos optaron por exigir igualdad de condiciones: soltar al demandado por el Gobierno y que éste, al mismo tiempo dejará en libertad, bajo la fórmula de gestores de paz, a dos guerrilleros presos. Con incumplimiento en noviembre 3, finalmente este reclamo, ya sellado por las firmas de las partes, fue respetado, y Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez fueron dejados en libertad gajo la fórmula ya anotada. Asimismo, otros dos guerrilleros en precarias condiciones de salud, fueron indultados –Nixón Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo. Pero llegar a este acuerdo no fue fácil.

Una y otra vez el Gobierno insistió en que no podía dejar en libertad a las personas que demandaba el Eln. Según sus argumentos, la “ley no lo permitía”. Todo un eufemismo que con el tiempo pasaría al congelador. Y toda una forma de dilatar –a la espera, de resultados y blancos “positivos” de la Fuerzas Militares– que aplazó la instalación de La Mesa, prevista para el 3 de noviembre de 2016.

Dado este paso de la Mesa en Quito, así persistan pequeños núcleos guerrilleros en diversas regiones del país, junto con algunos comandos urbanos, un levantamiento armado con posibilidades de victoria estratégica es una quimera del pasado.

 

Ganar tiempo


Aunque nadie lo dice, todo parece indicar que esta prolongación y ‘pérdida de tiempo’ no fue gratuita. Su razón de peso fue la misión asignada a las Fuerzas Armadas, para que mediante “golpes de mano” cambiaran la correlación de fuerzas en la Mesa; imponiendo en la opinión el acertijo de un Eln derrotado y sin capacidad guerrillera alguna, obligado a una ‘firma rápida’. Para el gobierno, los golpes asestados a la línea de mando de las Farc, y otrora al M-19, hacen parte del manual operativo para la paz. En el caso del Eln, había y hay un agravante: la agenda firmada entre las dos partes no fue de la complacencia de Santos. Incluso, cuando fue entregada, provocó la renuncia de Frank Pearl como cabeza de la delegación oficial de esta negociación.

Tras estos 300 días –más intenso en la última etapa, tras revelarse por distintos conductos la existencia de acuerdos entre Gobierno y Eln en el tema de Odín Sánchez– es obvio, toda la inteligencia militar y de la policía rastrearon comunicaciones, caminos y parajes, tras el lugar de retención de Sánchez –comandos selva, estuvieron a cinco minutos según declaró el mando del Frente Cimarrones– y tras las huellas de la comandancia central y la dirección nacional del Eln, así como, en el seguimiento y acumulación de información acerca de los líderes sociales cercanos a esa fuerza insurgente. Diez meses seguramente, de intensa labor sin resultado contundente alguno.

Meses que con respecto a los gestos de buena voluntad revelaban, una y otra vez, el incumplimiento del gobierno Santos a la palabra empeñada– obligaron a la parte oficial a dar su brazo a torcer y aceptar una nueva fecha para iniciar las negociaciones.

 

La Mesa

 

Arranca esta primera fase de negociación pública, con un aire de tú a tú para la insurgencia. Un cara a cara, a pesar de ser tratada por la oficialidad gubernamental como “hermana menor de las Farc”, y por los medios de comunicación, como una agrupación insurgente sin mando único. Pese a esto, el corrido de la negociación, tanto secreta como pública (ver cronología), demuestra que ni lo uno ni lo otro es verdad ni tampoco es determinante. Simplemente, es una insurgencia diferente a las Farc. No son un ejército, sino una organización político-militar en la cual el poder de fuego, aunque es importante, no es el factor determinante en el acumulado del proyecto. Así lo deja entrever su afán por la participación en la misma negociación de la llamada sociedad civil, por su consideración de no negociar a su nombre.

Pero también... por la reiteración de que están dispuestos a responder por sus hechos, con demanda a la dirigencia del país oficial haga lo propio, por su insistencia en que no firmarán el marco ya acordado en La Habana –reiterando que cada punto, así trate igual aspecto, deberá ser negociado de nuevo.

Aspectos, todos y cada uno de los cuales no dejan dudas de que estamos ante una negociación de nuevo tipo. Proceso con diferencias en el cual sorprende que, ni los tiempos de la política tradicional –elecciones–, ni la presión internacional de diferentes matices, ni las imposiciones oficiales de tiempo, con el eco de los medios de información, ni las cartas de la intelectualidad inclinadas por una negociación rápida, serán determinantes.

El pulso, de tú a tú, apenas empieza, y cualquier suceso puede inclinarlo para un lado o para otro.

 



Cronología

 

2014
Enero 27. Gobierno y Eln inician conversaciones secretas.

2016
Marzo 30. Gobierno y Eln firman en Caracas-Venezuela agenda que guiará la negociación de paz entre las partes.
Octubre 11, Caracas. Gobierno y Eln anuncian que instalarán la fase pública de negociación el 27 de octubre en Quito-Ecuador.
Octubre 27. Cancelada por parte de Santos la instalación de la fase pública de negociación Gobierno-Eln en Quito. El argumento: primero deben liberar a Odin.

2017
Enero 19. Gobierno y Eln anuncian en Quito-Ecuador que la fase pública de negociación arrancará el 7 de febrero.
Febrero 7. Las partes instalan en Quito la fase pública de la negociación.
Febrero 8. Arranca la negociación a puerta cerrada.

Publicado enEdición Nº232
18 meses de prisión es el precio por matar a un palestino a sangre fría

 

Elor Azaria levantó su fusil y disparó a la cabeza a un palestino herido e inmóvil en el suelo en Hebrón. Sus compañeros estaban cerca, ya tranquilos, después de haber matado a un joven y herido a otro que les habían atacado con cuchillos minutos antes. Fue un asesinato a sangre fría en una situación ya controlada por otros militares. Nadie estaba en peligro cuando Azaria –que resulta ser un médico militar con rango de sargento– decidió tomarse la justicia por su mano.

El militar fue declarado culpable de homicidio en un consejo de guerra y el martes escuchó la pena que le correspondía: 18 meses, de los que probablemente sólo cumpla la mitad. El fiscal había pedido una pena de tres a cinco años de prisión. Azaria nunca mostró ningún arrepentimiento por sus actos.

Un periodista que siguió varios sesiones de la vista recuerda ahora que el desenlace era previsible. Los periodistas que cubrieron el juicio daban por hecho el resultado. “Azaria sería declarado culpable pero recibiría una pena relativamente menor. Había también rumores entre los periodistas que decían que los abogados de ambas partes eran parte de la solución. Después de todo, ese resultado era lo que convenía al sistema”.

El Ejército recibió duras críticas por llevar a juicio al sargento. Algunos ministros del Gobierno de Netanyahu consideraban a Azaria un héroe. Los militares no tenían otra alternativa. De lo contrario, cualquier soldado en el futuro habría hecho lo mismo saltándose las órdenes de sus superiores. Netanyahu apoyó en público la decisión de la cúpula militar, pero se apresuró a llamar a los familiares del acusado para mostrarles su solidaridad.

En realidad, Azaria fue procesado porque un vídeo rodado desde una casa cercana revelaba exactamente lo ocurrido. No había manera de dar otra versión ni de alegar que el sargento había disparado en defensa propia o para proteger a sus compañeros. Sin el vídeo, no habría habido juicio.

Después de la comunicación de la pena, un ministro del Likud pidió que el militar sea indultado. Pueden hacerlo el jefe de las FFAA o el presidente del país. Las encuestas indican que esa sería la opción correcta para la población judía de Israel.

Cualquier palestino que hubiera disparado a un israelí moribundo en el suelo habría recibido una condena de muchos años de cárcel. A finales de 2015, el Parlamento israelí reformó la ley para que los palestinos detenidos por lanzar piedras a vehículos o personas sean castigados por una pena mínima de tres años, que será superior si provocan daños físicos en las víctimas.

Disparar a matar cuando no hay ninguna razón que lo justifique tiene castigos diferentes en Israel en función de la identidad del autor. No ya según lo que pueda pensar la opinión pública, sino según los tribunales de justicia.

 

 

Publicado enInternacional
Socios de Trump median para un plan de paz en Ucrania favorable a Rusia

 

 

Conspiradores prorrusos proponen al entorno del presidente derribar a Poroshenko

 

Hombres de la máxima confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prestaron a ejercer de intermediarios y hacer llegar a la Casa Blanca un presunto plan de paz para Ucrania, totalmente favorable a Rusia, elaborado por conspiradores al servicio de Moscú que pretenden derribar al actual presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

Michael Cohen, abogado personal de Trump, y Felix Sater, un hombre de negocios ruso-estadounidense vinculado durante muchos años a la organización empresarial Trump, se reunieron a finales de enero con Andréi Artemenko, un miembro prorruso del Parlamento de Kíev que ambiciona hacerse con el poder. La reunión se celebró en el Loews Regency, un hotel de lujo de Park Avenue, en Manhattan.

Artemenko, en cuyo currículum figura una condena a prisión por malversación de fondos, explicó a sus interlocutores que pretende derribar a Poroshenko con la conocida técnica de publicitar presuntos casos de corrupción que afectan al presidente.

Esta historia, destapada en primer lugar por The New York Times y luego complementada por otros medios, surge en el momento en que la relación del presidente de Estados Unidos y de su entorno con Rusia ha obligado a dimitir a varios a asesores del presidente a medida que las investigaciones del FBI y los servicios de inteligencia descubren actuaciones ilícitas que convierten en sospechoso tanto empeño del presidente Trump por llevarse bien con el líder ruso, Vladímir Putin, a pesar de los conflictos que permanecen abiertos entre ambos países. Asimismo, la existencia de una diplomacia paralela ejercida por personas de confianza del presidente sin responsabilidad política amenaza con convertirse en una fuente de problemas para la nueva Administración. En la reunión de Nueva York se abordó el derribo de un presidente aliado de Estados Unidos.

La caída de Poroshenko sería la condición necesaria para luego establecer el plan de paz, que consistiría en someter a referéndum del pueblo ucraniano la cesión de Crimea a Rusia por 50 o 100 años a cambio de un alquiler, la retirada de las tropas rusas del este de Ucrania y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Moscú por parte de EE.UU. y la Unión Europea. Artemenko garantizó a sus interlocutores que el plan contaba con el apoyo del Kremlin.

Michael Cohen, que ha confirmado la reunión, sostiene que su intervención en el asunto tenía como único objetivo contribuir a la paz. “El conflicto dura tres años y ha costado 10.000 vidas... ¿Quién no quiere ayudar a la paz?”, declaró Cohen.

La propuesta, en un sobre cerrado, se hizo llegar nada más y nada menos que a Michael Flynn, el consejero de seguridad nacional nombrado por Donald Trump, que tuvo que dimitir de su cargo una semana después, precisamente por haber engañado a las fuerzas de seguridad y al propio vicepresidente sobre sus contactos ilícitos con las autoridades rusas.

Por supuesto, la noticia de la reunión conspirativa de Nueva York ha irritado a las autoridades ucranianas. El embajador en Washington, Valeri Chali, negó autoridad a Artemenko para hacer propuesta alguna y rechazó por “inconstitucional” la idea de alquilar Crimea a Rusia, “que sólo puede ser defendida por un representante de los intere­ses rusos”. Con todo, John Herbst, exembajador de EE.UU. en Ucrania, expresó a The New York Times su temor a que Trump mejore la relación con Rusia a expensas de Ucrania, “posiblemente con un plan como el de Artemenko”.

 

 

Publicado enInternacional
Confllicto Social y Paz COCCAM: Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

El tema de la Paz no es un trofeo con la insurgencia, ni de fotografías mediáticas. La Paz es un reconocimiento y respeto de diálogo entre las partes, es el valor humano, la confianza, una esperanza en acción que aspira una sociedad.

 

El 23 de enero en el corregimiento de la Liberia , municipio de Jamundí –Departamento del Valle del Cauca, se reunieron en Asamblea más de 100 personas de las comunidades campesinas, indígenas y Afro-descendientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional del movimiento COCCAM, ( Campesinos Cultivadores de coca , Amapola y Marihuana) para debatir sobre el contexto de los cultivadores y la participación sobre la erradicación y la sustitución de cultivos de uso ilícito pactado en el Acuerdo Final de la mesa de la Habana entre el gobierno y las FARC, punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. En esta reunión del 23 de enero se generaron temas transversales sobre los territorios en los siguientes puntos: (ver gráfico)


1 El lanzamiento del Movimiento Cocalero, Amapola y Marihuana, el día 28 de enero en la ciudad de Popayán, con presencia territorial de 22 departamentos, pertenecientes a diversos municipios donde se halla la población campesina, indígena, afro-descendiente cultivadores y recolectores de hoja de coca, amapola y marihuana.

2 La constitución de la Comunidad Inter-cultural, la cual obedeció a un cambio de noción inter-étnica por un concepto de interculturalidad, comprendiendo las comunidades: campesinas, indígenas y afro-descendientes. Esta modificación genera factores incluyentes territoriales, contemplados mediante el acuerdo de Paz, el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

3 La conformación del censo de población en los territorios cocaleros para viabilizar con la comunidad, la erradicación de cultivos bajo la programación de unidades agrarias que se reviertan hacia los planes de vida de las comunidades interculturales.

4 La importancia en curso de las Zonas de implementación para poder iniciar el punto 1 reforma integral y agraria, y el 4 punto: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, para cumplir con lo acordado en la firma del proceso de Paz.

 

El presidente Juan Manuel Santos y sus instituciones deben dar continuidad y celeridad a los acuerdos de Paz en forma seria y a la implementación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización ZVTN,- se preguntan muchos- ¿Sí este es el inicio de la implementación en este proceso de Paz ? ¿Cómo será la implementación de los puntos acordados, entre ellos el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas? El proceso de Paz no arranca en su verdadera forma, es una verdad a medias que brilla por encima como el nenúfar: flor bella por fuera, pero que se alimenta de aguas detenidas hasta que se pudren. Una verdad pegada como espumajo, donde se identifica un cúmulo de aplazamientos y acciones paquidérmicas. En el proceso de Paz, Juan Manuel Santos y sus instituciones han dado una gran resonancia internacional, muchos aplausos, fotografías, eventos diplomáticos, idas y venidas pero de la realidad nada; eso sí como dijo alguien: ¿Será una post-verdad, es decir una verdad que tiene más de mentira que argumentos reales? No se sabe si estamos ante el comienzo de un insulto o un atropello histórico por parte del Estado de Juan Manuel Santos y sus instituciones.

Es necesario que las instituciones del gobierno de Juan Manuel Santos pongan la cara con seriedad ante los acuerdos, es hora de dejar tanta fotografía mediática, post-alianzas electoreras, encuentros dulzones como noviazgo en primavera y vamos al grueso del tema: implementar el acuerdo y cumplir. Aquí entra la COCCAM:

1 Cumplimiento por parte del gobierno: para que se implemente el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, este punto para que sea efectivo es imprescindible que vaya de la mano el punto 1: reforma integral y agraria, tema relevante hacia las iniciativas con respecto a los reclamos de la comunidad intercultural. La COCCAM, exige en sus diversos espacios geográficos, donde habitan las comunidades un requerimiento por parte del estado; la atención de cada trayectoria cultural y el sentido de identidad bajo los planes de vida de la población que pertenecen a la COCCAM: proyectos que versen sobre la salud, la educación, la cultura, la economía local, el medioambiente, la seguridad alimentaria , los proyectos productivos, proyectos nunca vistos en esto territorios donde la comunidad se ha visto forzadamente a sembrar la hoja de coca, la amapola y la marihuana ante el hambre y la extrema pobreza, las cuales no son un fenómeno cultural, es el resultado del abandono de un estado, en la implementación de monopolios transnacionalistas, de sectores económicos, demanda de una economía emergente, bajo el aire de familias y políticos que someten a miles de ciudadanos a la más ignominiosa barbarie a ser sembradores y recolectores de la CAM ( coca, amapola y marihuana), situándolos en una pobreza y abandono, esta comunidad intercultural no son narcotraficantes, son pobladores abandonados por una política de Estado en Colombia. Los territorios geográficos de la COCCAM, exigen ante el gobierno espacios multi-escalares de cumplimento de los puntos acordados y no es erradicar de manera forzada, sino que el estado cumpla con los planes de vida pactados y de manera incluyente y concertada bajo el acuerdo de Paz con las FARC-EP.

2 Resistencia territorial: se construye una gran resistencia organizativa y colectiva por parte de la COCCAM: Coordinadora Nacional de los cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana, fortaleciéndose cada día, mientras el gobierno no cumpla con lo pactado. El 28 de enero en Popayán, será un gran acontecimiento histórico en Colombia para los cultivadores y recolectores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana. El Estado debe priorizar el punto 1, para que se genere el punto 4 pactado en el acuerdo, en invertir en los territorios de producción de hoja de coca amapola y marihuana (1). La comunidad viabiliza un NO a la erradicación forzosa, mientras no exista el diseño y el desarrollo de proyectos productivos contemplados en el acuerdo de paz y legitimados por la comunidad intercultural: campesinos, indígenas y afros. El gobierno debe respetar los derechos de los productores y recolectores de la COCCAM y priorizar los proyectos productivos alternativos. El tema de la agresión hacia la COCCAM se deja evidenciar en las declaraciones del señor Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien irresponsablemente trata a los cultivadores de narcotraficantes (2), estigmatizando la organización gremial COCCAM. El estado colombiano debe cumplirle a los campesinos, pero no a través de una erradicación, ni implementar el uso del glifosato, el cual es un herbicida tóxico y nocivo para la salud teniendo consecuencias graves en la piel y órganos internos del cuerpo, todo bajo las redes económicas de la transnacional norteamericana MONSANTO, quien es la que suministra el glifosato. El trayecto requerido es viabilizar una política pública de estado a través de los proyectos productivos que requieren las comunidades, pero esto no debe volverse bajo un retoricismo vulgar como lo que propone el señor Eduardo Díaz que de manera tendenciosa, temeraria y amenazante ubica el problema y lo focaliza institucionalmente bajo una sola mano: la brevedad del estado- erradicar forzadamente- desconociendo las voces organizadas de la COCCAM en los territorios.

3. Desmantelamiento de las fuerzas paramilitares de manera seria y responsable como parte del gobierno de Juan Manuel Santos - los paramilitares se están expandiendo en las vertientes de los territorios, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Clan Usuga obliga a pensar sobre la seguridad de los territorio de la CCOCAM, en donde el gobierno se comprometa a desestructurar a los paramilitares e implique una ruta sobre la protección de la vida de las comunidades, la seguridad territorial en los municipios (3).

Conclusiones

Es imprescindible que el presidente no de más vueltas de imágenes fotográficas y sea serio, responsable con la implementación del proceso de Paz.

El tema de la Paz no es un trofeo con la insurgencia, ni de fotografías mediáticas. La Paz es un reconocimiento y respeto de diálogo entre las partes, es el valor humano, la confianza, una esperanza en acción que aspira una sociedad.

No hay que despreciar la vida del otro en su más justa y efectiva reivindicación a ser libre, a vivir bien y en tranquilidad.

Que Juan Manuel Santos acelere la implementación de lo acordado y no asuma el premio noble de paz como trofeo de cancha, que se concientice del premio que tanto lo trabajó y que la Paz antes de salir del escenario de su mandato sea efectiva, para que no pase la historia como uno de los más grandes leguleyos y traidores en Colombia - Me pregunto:

-¿ Será que el proceso de Paz, deambula como una pluma en la atmósfera de lo inanimado ?

– ¿¡Usted qué cree señor lector ¡?

Notas.

1. Ver sobre este punto señor lector el análisis del economista Felipe Tascón en este tema: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222045 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214312

2. Ver entrevista, en al cual Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos individualiza a la comunidad del Catatumbo : http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-con-el-director-de-la-agencia-para-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos/16796510

3. Ver sobre este punto las declaraciones del 17 de enero -2017, del ministro de Defensa- Luis Carlos Villegas aduciendo que en Colombia no hay paramilitarismo : http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-no-hay-paramilitarismo-dice-ministro-de-defensa-luis-carlos-villegas-IX5734390 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-470223

Publicado enColombia
Viernes, 23 Diciembre 2016 21:46

Colombia, una dolida encrucijada histórica

Colombia, una dolida encrucijada histórica

La guerra ha dado para todo en este país de paradojas. De un lado ligeras aseveraciones gubernamentales tasando en 52 años la duración del cruento conflicto –la guerrilla no parece desmentirlo– olvidando precedentes de similar perfil. Y si la tragedia emergió con el asesinato de Gaitán o con el surgimiento guerrillero de los sesenta, es curioso ver víctimas solo a partir de 1985. El país es tan incomprensible como la contienda misma.

La historia es un leccionario que une al presente con el pretérito. Asentado sobre la invasión torva que en el siglo XVI rompió con brutalidad inusitada a las comunidades aborígenes de la mano de las Ordenanzas de Burgos de 1512, se construyó un orden de justificación colonial. El teocrático principio que predicaba a América como un don concedido por Dios a la Corona Hispana a reciprocidad de la entrega de las almas paganas, devino en el genocidio de cerca de 20 millones de aborígenes (1). Ayer el motivo anunciado de la intolerancia genocida fue la evangelización, recientemente ha sido la ‘democracia’, la gran propiedad de la tierra y ‘la confianza inversionista’.

Luego vinieron los bárbaros escenarios propiciados durante la emancipación bolivariana, la guerra preventiva, los juicios sin debido proceso, las torturas y las ejecuciones, hechos sobrevivientes al paso de los siglos con otros actores y herramientas, apropiado para el inventario de guerras civiles nacionales registradas en la contabilidad de sobrios historiadores y otras 55 de orden regional y provincial, que nos desagregaron el siglo XIX y nos incomunicaron como en el testimonial texto de Gabo, Cien años de Soledad.

Aquello fue el preaviso a la trágica navidad obrera del Caribe, en 1928 adelantada con la mentalidad de Burgos, en el marco de la llamada ‘Ley Heroica’, que asimilaba el sindicalismo a la subversión y a sus dirigentes como los guerrilleros y terroristas de la época. Con esa matanza cayó el régimen conservador catapultado por la garganta de Gaitán, expresión de un movimiento social que gestaría la violencia estatal cuando su minoritario candidato, aprovechando la división del adversario se hizo al poder ejecutivo, lo que generó expresiones de resistencia popular. El clímax de lo que vendría lo advirtió Gaitán en la histórica Marcha del silencio y en la sentida Oración por la Paz: “Señor presidente: en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización!” (2).

Gaitán, ‘caudillo eterno’ de los olvidados, ponía “voz a reclamaciones atávicas que históricamente habían caído en el vacío”. Como se negó a ser ‘algodón entre dos vidrios’, a este hombre de calle la oligarquía lo asesinó en la calle; la Operación Pantomima se había puesto en marcha. El alma de los murciélagos, evocado de esta manera por Víctor Hugo, finiquitó su espeluznante labor. La Novena Conferencia Panamericana, de la cual se lo había excluido, fue testigo cipayo de una nueva época de terror y de una marcha levantisca de los humillados de Colombia (3). La masacre no fue aceptada por los inactivos obreros, como se pretende hacer creer; los que escaparon de ese acto de traición a la patria y de lesa humanidad, resistieron en pequeños grupos, atacaron la línea ferroviaria por donde se movía la mercancía de exportación, quemaron plantaciones de la multinacional y dañaron comunicaciones telegráficas. Era el elemental derecho a resistir al tirano expuesto por un hombre de los tiempos coloniales, el jesuita Juan de Mariana.

Ese fue el marco en que se desenvolvió el tsunami violento que arrasó al país entre 1948 a 1954. El gaitanismo fue extirpado a sangre y fuego, genocidio político precedente al martirio de la Unión Patriótica. Literatura desde la provincial del historiador Johny Delgado (4) hasta la central vertida en la obra de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán Campos escrutan el horror; Lo indecible fue dicho, medio millón de muertos, millones de desplazados, mujeres violentadas, torturas a granel, odios cimentados y la patria arrebatada.

Los que desataron esa apocalíptica confrontación pactaron su término. Derrocaron al gobierno de Rojas Pinilla, cuyo golpe de cuartel la mayoría había auspiciado, pero el Teniente General, cumplida la función encomendada, oficiaba ahora de verdad incómoda pretendiendo el monopolio del poder para su más cercano círculo pretoriano. En el contorno de la España franquista, tan cercana a Laureano Gómez, se adelantó el nuevo acuerdo. Para la caída de Rojas se movieron la huelga patronal, los púlpitos clericales, el romanticismo universitario y la cúpula bancaria, y el gobierno se desplomó en mayo de 1957. Procedió la implantación del proyecto frentenacionalista, que debe ser enseñado para evitar que el Basilisco se repita.

Los gestores del Frente Nacional, hacedores de esa guerra, no fueron investigados, ni resarcieron a las víctimas. Fueron más allá, secuestraron el país durante 16 años, alternaron en la Presidencia de la República y se repartieron paritariamente los cuerpos colegiados; lo propio hicieron con el poder judicial a cuya corte cimera llegaron los allegados a las poderosas maquinarias electorales. El proyecto excluyente no paró ahí. Cualquier disidencia mediática fue asolada, como lo demuestra la persecución a La Calle y a Nueva Prensa. “Se elaboraron listas negras de las personas que eran o se suponían desafectas al Frente Nacional, listas que estaban destinadas a distribuirse, como se hizo, entre los bancos y las empresas industriales, a fin de que les fuera negado el crédito o el empleo a quienes figuraban con la calidad de sospechosos en tales listas” (5).

La Segunda República Oligárquica mutó la ley y la justicia “en alumbrado de garantías exclusivas para los factores de poder” (6). Mutilaron al pueblo el derecho de reunión expidiendo el decreto 0631 que daba poder a los alcaldes para establecer los sitios de reunión y la duración de las manifestaciones. La tenencia de la tierra, motivo de la guerra, permaneció intacta y, al contrario, se acrecentó su monopolio y con ello el número de campesinos despojados de lo refrendado por el tesón de sus callosas manos. El plan excluyente abolió derechos políticos de los colombianos disidentes del inaceptable nuevo modelo. Fue el Frente Nacional una real Ley de Punto Final, copada por la impunidad de los perpetradores de la guerra bipartidista, beneficiándose del poder al que asaltaron con la aprobación de un pueblo ignaro, llevado engañosamente al plebiscito de 1957.

Varias conclusiones pudieran presentarse aquí. De un lado, que esta guerra lleva cerca de 70 años y el número de sus víctimas se acerca al millón, con lo que si bien Colombia está lejos del número de víctimas de las guerras de Corea, Vietnam, Cambodia y Sudán, reporta entre los 10 países donde la cruenta colisión ha dejado el máximo número de tragedias y de inmolados.

Una posterior conclusión nos remite a la connotación política de los plebiscitos, sugeridos para vocación de las mayorías pero igualmente instrumento de los tiranos para legitimar sus oprobios. Un solo ejemplo es el realizado el 13 de marzo de 1938 ordenado sibilinamente por Adolfo Hitler para legitimar la anexión de una Austria invadida por su ejército, donde le favoreció el 91 por ciento del electorado. Limitarse al mero resultado votante es una trampa que la democracia no puede permitirse. Hosmi Mubarak, el sátrapa egipcio, logró en los comicios de 2005 un apoyó superior al 88 por ciento, con apenas el 23 por ciento de la población apta para votar. Algo similar ocurría en el llamado Socialismo Establecido e incluso después de su caída, como lo demuestra el sospechoso triunfo de Boris Yeltsin en las elecciones presidenciales de 1966 frente a su émulo comunista Guennadi Ziugánov. Sobran ejemplos vergonzosos en Colombia donde toda elección está jalonada por redes de clientela, la suciedad del mercado electoral, los chantajes burocráticos, los dineros de contratistas y, cuando no, el soborno en algunas Registradurías.

De otro lado no puede soslayarse el sustrato político de los confrontantes violentos del Estado. Colombia es el país de América Latina con la gama más extensa de expresiones insurgentes, exteriorizando motivos mayúsculos: la desigual tenencia de la tierra, la inequidad, la injusticia asentada, la economía de sobre-explotación y un modelo político antidemocrático; pero acudiendo cada una a su respectivo florero de Llorente para la toma de las armas: la guerra liberal-conservadora finiquitada mediante el golpe frentenacionalista, el entusiasta impacto de la Revolución Cubana, la división del campo socialista, el soslayo étnico y el fraude electoral a manos de los propietarios del Estado.

Así surgió el Movimiento obrero estudiantil y campesino (Moec) de Antonio Larrota y ciertos de sus derivados, ñas Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) de Mario Giraldo Vélez y Arturo Pinzón Sarmiento en la región chocoano-antioqueña, el grupo guerrillero del médico Tulio Bayer en el Vichada, el de Federico Arango Fonnegra en Territorio Vásquez; la manifestación insurgente de Pedro Brincos con el Ejército Revolucionario de Colombia (ERC) en Turbo, y los primeros ensayos que devendrían en el Manuel Quintín Lame sobre el suroccidente colombiano. Las zonas cuestionadas estarían en el Cauca, en Urabá, en el Magdalena Medio, en los antiguos Territorios Nacionales, pavimentando el sendero para las Farc, el Eln, el Epl y el M-19, como organizaciones de mayor calado, a las que el decurso de la batalla cruenta se irían a sumar otras, como la Corriente de Renovación Socialista, el grupo Jaime Bateman Cayón, Patria Libre y la Autodefensa obrera (Ado).

Luego de procesos de aniquilamiento y/o desbandada, como sucedió con la guerrilla de Bayer en el Vichada, el Moec de Larrota en el Cauca, y el grupo armado Jorge Eliécer Gaitán (Jega) en tiempos más recientes, o de avenencias para terminar la contienda, acaeció con los pactantes del 90, Epl –sector mayoritario– M19, Quintín Lame, Patria Libre, Partdo revolucionario de los Trabajadores (Prt), el territorio bélico asomó estrecharse al Eln y a las Farc, que han prolongado su lucha militar por cinco lustro.

La indecisión de la victoria –ni las guerrillas fueron aniquiladas ni éstas tomaron el poder por asalto– degradó el enfrentamiento y tornó residual la ética de la guerra, justificando los medios por razón de los fines. En consecuencia creció la audiencia demandando la terminación de las operaciones de combate, el acuerdo humanitario y el cese de los fusiles, y todo ello condujo, luego de fracasos –La Uribe, Cravo Norte, Tlaxcala, Maguncia, San Vicente del Caguán–, al encuentro de Oslo y a la Mesa de La Habana, cuyo resultado es el llamado “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Pero el gobierno cometió un yerro inmenso jugando al utilitarismo político, amarrando la imagen presidencial a la reiterada ilusión de los colombianos por la paz. Al error primitivo le amarró otro derivado, nombrando director de la Campaña del Sí al expresidente César Gaviria, impopular tras la rememoración de su administración aperturista que solazó la entronización del capitalismo salvaje. La equivocación se extendió a cada capital o región donde hubo un Gaviria en miniatura escogido entre los políticos de oficio, cuya credibilidad en este país está lacerada por sus inadmisibles comportamientos.

El resultado del plebiscito del 2 de octubre, inesperado por la soberbia del poder, y aún para los que se pasaron 8 años negando la existencia en Colombia de un conflicto militar interno, aunque tenían Oficina de Alta Comisión de Paz, generó inicialmente un galimatías, luego pendencias verbales, incertidumbre, ilusiones, chantajes, mientras el actor armado ilegal esperaba que los otros consensuaran lo que han debido hacer antes.

Lo razonable en este proceso es que cada parte adelantara simultáneamente dos concertaciones. La insurgencia al tiempo que dialogaba con el Gobierno, lo hacía con sus estructuras de distinto mando y con sectores de apoyo, y a fe que lo logró. En tanto el Gobierno no pareció haber hecho la adecuada tarea, pues negociaba con la guerrilla pero no lo hacía con su propio entorno, que incluía a sectores de la economía empresarial y a las redes políticas, amigas o disidentes, pero defensoras del actual estado constitucional y económico. La lucha interna por el poder del Régimen se lo impidió y esa es la explicación a la gazapera plebiscitaria que le devino.

¿Qué hacer? La vieja pregunta de comienzos del siglo pasado se renueva. En principio mesura, la sabiduría por encima de la ira, la política en sustitución de las armas para resolver las tensiones entre justicia y paz, comprendiendo el origen y naturaleza de la transición; ella no es resultado de la caída del Régimen pero tampoco de la derrota militar de los rebeldes políticos, sino fruto de una negociación convenida, que a una salida no impuesta o producto de tenaza excluyente alguna, como lo pretenden nostálgicos frentenacionalistas.

El excluyente Frente Nacional es responsable del segundo episodio de esta guerra. Reeditar semejante tenaza con actores y siglas diferentes, condenará al país en poco tiempo a nuevos ciclos de guerra y de barbarie. Colombia desborda los límites del eje Santos-Uribe y ello lo demuestran las movilizaciones por el fin de la guerra, solo convocadas por sectores y movimientos sociales.

Quizá el menor de los impases sea el vinculado con la terminación de la guerra. El diferendo decisivo estará en torno a la construcción de paz, que conlleva una nueva cultura de aprehensión del contrario, una dimensión horizontal del poder y una estima integral de la democracia que atienda los derechos económicos y sociales, para hacerla deseable. Cuando la discusión se centre en la democratización y calidad de la educación, en la salud hurtada por los corruptos inescrupulosos y la intermediación de EPS, en el rediseño de la propiedad de la tierra; en los límites a la avaricia financiera, en el respeto a la diversidad e identidad cultural de grupos y etnias, en el rescate de la administración de justicia en manos de abusadores de toda laya, en la sustitución del modelo político que limita a la mitad el derecho cívico de elegir y ser elegido, veremos un fuerte realinderamiento político y desplazamientos hacia las orillas opuestas, que no habíamos presupuestado.

Ahora mismo hay obstáculos de no fácil vencimiento. El uno, se remonta al Acto Legislativo 03 de 2011, conocido como de ‘sostenibilidad fiscal’, que pone la ‘razón económica’, igualada a ‘razón de Estado’, por encima de los derechos de las víctimas, legalmente protegidas por la Sentencia de la Corte Constitucional T 025 de 2004, con la ponencia del magistrado Manuel José Cepeda. El segundo se advierte con el levantamiento a inicios de noviembre, del Campamento de la Paz en Montería, adelantado por jóvenes y sectores sociales presionando la rúbrica final de los Acuerdos de La Habana, acto obligado en virtud de claras amenazas de muerte contra sus impulsores, y signo de cómo todavía persiste la guerra sucia.

Los enemigos agazapados de la paz mediatizan, sobre todo después del 2 de octubre, su mentalidad de exterminio, reviviendo entre nosotros la figura del terrible ‘pacificador’ Pablo Morillo; en las redes sus fanáticos seguidores les replican llamando al crimen en lenguaje tan desabrido como su mente. Los recientes homicidios en los últimos días de líderes sociales, Erley Monroy en San Vicente del Caguán, Caquetá, Didier Lozada en La Macarena, Meta y José Antonio Velasco en Caloto, Cauca, todos integrantes de la organización Marcha Patriótica, denotan que lo previsto en la V Cumbre Nacional por la Paz realizada en marzo de 2016 en cerca de 100 ciudades de Colombia, empieza lamentablemente a cumplirse, el desarrollo de una criminal Operación Pistola cuya finalidad es echar por la borda el proceso de La Habana.

La paz es el espacio determinante, el fin de la guerra apenas una estación necesaria. Esto se definirá cuando las partes destapen sus cartas en medio de la civilidad política, para ver si queremos o no un país con un mínimo civilizatorio –Bobbio–, una sociedad decente –Cardozo– o una nación camino a edificar nuevas relaciones de uso y propiedad, de poder y de comunidad, que nos enseñen que, a pesar de todo el dolor causado, los años de la dura confrontación con su final incorporado no fueron un desperdicio ignorado por las generaciones que lo vivieron.

1 Orejuela Díaz, Libardo, Los grandes señores de la noche, Editorial Pacífico, 1985.
2 Gaitán, Jorge Eliécer, La Oración por la Paz, 1948.
3 Orejuela Díaz, Libardo. Gaitán o la rebelión de los olvidados. Universidad Libre, 2008.
4 Delgado Madroñero, Johnny, Como el ave Fénix/ La violencia política colombiana (1946-1966). Editorial Carvajal Soluciones de Comunicación SAS, Bogotá, 2014.
5 Liévano Aguirre, Indalecio. Premonición sobre las horas actuales/La mascarada del Frente Nacional. Grijalbo, Bogotá, 2007.
6. Ibídem.

* Docente universitario.

Publicado enColombia
Las FARC se niegan a replegarse a las zonas de desarme si hay riesgo de captura

Su traslado tendría que haber empezado ya. La Ley de Amnistía permanece bloqueada en el Constitucional

El martes 6 de diciembre, los cerca de 7.000 miembros que se calcula que tienen las FARC debían haber abandonado sus campamentos ocultos en la Colombia profunda camino a las zonas veredales transitorias para, posteriormente, comenzar con la entrega de armas a la ONU e iniciar la creación de un movimiento político legal. Así se contempla en el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder insurgente Rodrigo Londoño, Timochenko. Casi una semana después, el traslado no se ha producido. Los guerrilleros esperan en unos lugares de preagrupamiento, pactados según un protocolo de seguridad alternativo, a que “estén despejados los caminos de obstrucciones jurídicas”, en palabras del comandante Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC.


La hoja de ruta que la guerrilla debe seguir desde el 1 de diciembre, el denominado día D, cuando el Congreso colombiano refrendó el acuerdo, está vigente, pero no se cumple al milímetro. Durante el final del proceso de negociación, los máximos dirigentes de las FARC les recordaron una y otra vez a los representantes del Gobierno que no se moverían de sus campamentos hasta que no estuviera aprobada la Ley de Amnistía, que sacará de las cárceles a unos 300 guerrilleros, según los cálculos de la insurgencia. Para que se cumpla esta primera condición lo más pronto posible, la Corte Constitucional debe aprobar un mecanismo extraordinario, conocido como fast track, que permita tramitar con rapidez esta y otras leyes recogidas en el pacto. El alto tribunal, por el momento, ha postergado su decisión al 12 de diciembre.


Sin ley de Amnistía vigente, ni indultos aprobados, las FARC no se moverán. Y tampoco lo harán si no se suspenden las órdenes de captura que pesan sobre algunos de sus integrantes. “Es comprensible que nadie emprenda movimientos hacia las zonas veredales si se corre el riesgo de ser detenido”, explica Márquez. “No permitamos que la paz quede enredada en una telaraña jurídica tejida por la insensatez, que puede atrapar por años nuestra esperanza y nuestro futuro. No es justo. Que nadie nos arrebate el derecho a vivir en paz”.


Cuando todo el capítulo jurídico esté cerrado, las FARC comenzarán un camino hacia las 20 zonas veredales transitorias y los siete campamentos en los que oficialmente transitarán a la vida civil. En todo este proceso estarán acompañados por el mecanismo tripartito compuesto por el Gobierno colombiano, la ONU y representantes del ya ex grupo armado. El problema en este momento es que estos lugares, repartidos por todo el territorio colombiano y ubicados cerca de donde tradicionalmente las FARC operaban, no están preparados. “No podemos ser irresponsables y entrar donde no hay dónde dormir y resolver las necesidades básicas”, asegura Jesús Santrich, otro de los negociadores del Gobierno en La Habana.


La guerrilla tiene 30 días, desde el denominado día D, para instalarse en estos lugares. Este margen, que vencerá el 31 de diciembre, es al que se aferran todos los integrantes del mecanismo para asegurar que cumplirán con el calendario. El Gobierno es el responsable de financiar el avituallamiento de las zonas, desde el material para construir las camas, a la comida, hasta proveer de atención médica a los guerrilleros a través del Ministerio de Salud. Pero debido al retraso, han solicitado a la Misión de la ONU en Colombia ayuda para la puesta en marcha. Las FARC, tras varias visitas al terreno, también han ofrecido su colaboración con mano de obra.


Una vez que se termine de construir la infraestructura de las zonas veredales y los servicios básicos estén garantizados, los guerrilleros ingresarán con sus armas. Cada fusil será identificado con un código de barras que incluirá información sobre su tipología y el dueño al que pertenece. Hasta estos lugares también llegarán otros materiales de guerra como lanzacohetes o ametralladoras. Este inventario se comparará con el que ya han entregado las FARC a la ONU y que no ha trascendido por seguridad. Por tanto, durante un período de tiempo, hasta que se lleve a cabo el almacenamiento en contenedores ubicados en los propios campamentos, los guerrilleros irán armados para su autodefensa en caso de que se produzca algún tipo de incidente con grupos ajenos al proceso de paz.


De manera paralela, se destruirá armamento inestable -como bombas o granadas- fuera de estas zonas. Antes de la celebración del plebiscito del 2 de octubre, en el que los colombianos rechazaron el primer acuerdo de paz, la guerrilla destruyó una pequeña parte de su arsenal como gesto simbólico. Guerrilleros especializados en explosivos y funcionarios de Naciones Unidos viajarán hasta las caletas donde está escondido este tipo de material bélico. Cuando hayan pasado 180 días, que empezaron a contar el 1 de diciembre, las FARC deberían haber entregado todas las armas y pasado por un proceso de formación para reincorporarse a la vida civil.


Al día siguiente, el Gobierno y la guerrilla se encargarán, ya sin el acompañamiento del mecanismo tripartito, de trasladar todo ese material, considerado chatarra, a una ubicación para crear tres esculturas que rememoren el final de más de medio siglo de conflicto armado. Una de ellas se instalará en Nueva York, sede de la ONU. Otra en La Habana, ciudad de las negociaciones durante los últimos cuatro años. Y la tercera, en algún lugar de Colombia, territorio ya de paz, siempre que la otra guerrilla, el ELN, comience su tránsito hacia el final de la violencia y el repunte del paramilitarismo no impida el anhelo del país los últimos 52 años.

Publicado enColombia
Lunes, 12 Diciembre 2016 09:03

Cuando los hechos cambian

Cuando los hechos cambian

El historiador Tony Judt escribió una serie de ensayos entre 1995 y 2010 que se publicaron el año pasado bajo el título de Cuando los hechos cambian. Esta frase es reminiscente de aquella que supuestamente habría usado Keynes y que remataba añadiendo “...cambio mi parecer. ¿Usted qué hace, señor?”.

 

Esta expresión puede denotar arrogancia, al aludir a la incapacidad del interlocutor para adaptarse a las nuevas condiciones, tal y como correspondería a una persona razonable y de talante práctico. Pero me parece que esta interpretación admite una mayor y necesaria sutileza.

La modificación de los hechos políticos, por ejemplo, exige un ajuste de nuestros pareceres, es necio pretender que las condiciones no se alteran y negar que surgen nuevas relaciones, problemas y conflictos que tienen que enfrentarse.

Uno de los asuntos más controvertidos hoy gira en torno a la elección de Trump, que ha propiciado desde frustración hasta acomodos convenientes. A eso ha seguido la conformación de su gobierno, que representa un claro mensaje de intenciones. Desde nuestro horizonte, conlleva un análisis de las posibles repercusiones que tendrá en esta sociedad.

Una perspectiva del ajuste de los pareceres tiene que ver con la situación económica. Trump se encuentra con que la actividad productiva del país que va a gobernar se halla en una fase de recuperación, junto con el empleo y los ingresos.

Estos hechos ocurren luego de ocho años del comienzo de la crisis financiera que significó una fuerte recesión, el ajuste severo de la política monetaria –tasas de interés cercanas a cero–, y de la política fiscal –un fuerte endeudamiento público, primero para rescatar al sistema financiero y luego para impulsar la recuperación. Los costos de la crisis fueron muy grandes y desiguales y eso no debería echarse bajo el tapete, en aras de acomodar los pareceres.

Las medidas anunciadas por Trump en cuanto a la rebaja de los impuestos, el aumento del gasto público en sectores como la infraestructura y la conservación de los empleos en su territorio, caen en un terreno más favorable para el crecimiento.

Pero hay más. El compromiso de derogar la legislación sobre el acceso a los servicios de la salud (la llamada Obamacare), el ajuste de las leyes laborales y medioambientales son medidas bien recibidas por las empresas que pueden, entonces, incrementar las inversiones. Esto, por supuesto, no es equivalente a la consecución de un mayor nivel de bienestar de las familias y, en cambio, significa un replanteamiento de los enfrentamientos sociales en diversos frentes.

Las regulaciones de todo tipo aplicadas en el gobierno de Obama podrían tender a desbaratarse. Especialmente en el campo financiero, donde fueron significativas aunque inconclusas y con grandes fricciones luego de la crisis. En 2010 se aprobó la ley Dodd-Frank para la reforma de Wall Street y la protección de los consumidores. Ahora estas medidas dirigidas a contener los riesgos sistémicos de las actividades de financiamiento, agravados por la fuerte especulación, pueden revocarse con la mayoría republicana en el Congreso.

De la carga reglamentaria, Wall Street pasará a un nuevo periodo de euforia. Dos personajes ligados con la gigante empresa financiera Goldman Sachs han sido nominados para sendos puestos clave en la gestión económica. Steven Mnuchin ex alto ejecutivo, en el Departamento del Tesoro, y Gary Cohn, actual segundo de abordo, en el Consejo Económico Nacional.

Ese banco es simbiótico con el poder. En la administración de Bill Clinton cuando Rubin estuvo en el Tesoro y luego Paulson con Bush II. Ahora, Steve Bannon, ideólogo de la extrema derecha, jefe de la campaña electoral de Trump y uno de sus asesores principales, trabajó en aquel banco. Estos son los más notorios. La influencia es global. Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y Draghi, que preside el Banco Central Europeo, estuvieron empleados ahí. Y José Manuel Barroso, ex presidente de la Comisión Europea, está hoy empleado ahí.

La elección de Trump llevó a algunos analistas a prever un desplome del mercado accionario, pero repuntó notablemente, reforzando el valor del dólar. Las presiones sobre empresas que planeaban mover operaciones a México no han desatado grandes oposiciones.

Acomodar los pareceres a los hechos es un elemento imprescindible. Cómo hacerlo es el factor más relevante. El mundo no es como uno quiere, aunque cueste un gran esfuerzo admitirlo. Y, sin embargo, eso no implica un sometimiento o fatalidad.

Una cosa es lo que todo esto representa en Estados Unidos y otra, muy distinta, lo que significa en México. Los efectos adversos ya se han manifestado, no han menguado y seguirán por muchos meses. No hay siquiera una buena estimación de los costos y los ajustes que habrá que hacer.

Pensar que puede fincarse en el mercado interno el impulso de un nuevo crecimiento económico es muy distinto a hacerlo. Entretanto, gobierno y partidos se escapan en tratar de ganar elecciones a como dé lugar. Extremadamente miope para la sociedad, pero potencialmente rentable para muchos en la política y los negocios.

Publicado enInternacional