Sábado, 11 Enero 2020 06:47

"El modelo es de abuso y de desigualdad"

La explosión popular en Chile originó una violenta represión y una apertura posible.  Imagen: AFP

Entrevista a Víctor Osorio Reyes académico y periodista chileno

El debate por la nueva constitución, la primera escrita y votada en democracia, es también por el modelo de Chile, más igualdad y más derechos.

 

Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

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Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

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El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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La oposición chilena rechaza plan de Piñera para nueva Constitución

Santiago. La oposición chilena rechazó ayer el anuncio del gobierno para un Congreso constituyente que formule una nueva Carta Magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días.

Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que en general tienen muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó ayer: "nuestro camino no es la asamblea constituyente... pero debe ser con participación activa", en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva Carta Magna para luego disolverse.

El anuncio fue hecho la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos ministros y parlamentarios de su coalición Chile Vamos. Agregó que el proceso tendrá "amplia participación" ciudadana.

El gobierno hizo ayer nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó de un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar el financiamento a los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada. La rebaja para los ancianos y la revisión de las deudas con la banca eran uno de varios puntos exigidos por años por la oposición.

La Constitución chilena se convirtió en el segundo texto más comprado la última semana, según el informe semanal del periódico El Mercurio.

La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Carta Magna vigente dice que una reforma de su texto debe ser aprobada por los dos tercios de los congresistas.

Al atardecer, unas 2 mil personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1.2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron con la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del Metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva Constitución.

En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11 mil dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.

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El presidente de Perú plantea un referéndum para adelantar un año las elecciones

Para Vizcarra, el Parlamento desvirtuó las leyes de la reforma política y denegó la cuestión de confianza

 

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, usó el mensaje anual de Fiestas Patrias para encarar al Legislativo, que lidera la oposición fujimorista, luego de que la noche del jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente. El mandatario ha planteado como salida a la "crisis institucional" un referendum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio. Los comicios en Perú se realizan cada cinco años y estaban previstos para marzo o abril de 2021.

De acuerdo a una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de ciudadanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño.

La sociedad civil peruana ve, en particular desde julio de 2018, con mayor desconfianza el sistema de justicia y el Legislativo luego de las revelaciones de corrupción de una red llamada los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por jueces, fiscales, empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos del partido fujimorista Fuerza Popular, que posee la mayoría en el Legislativo.

La primera semana de junio, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar a que ponga en debate proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

El jefe de Estado reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y durante el período de PPK, el Congreso había rechazado la confianza en una ocasión. De acuerdo a la Constitución, si por segunda vez el Parlamento la denegaba a este Gobierno, el presidente podría cerrarlo y convocar unas nuevas elecciones legislativas.

El fujimorismo bloqueó en particular una ley que planteaba que un órgano autónomo decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Un congresista sentenciado a prisión este año por delitos cometidos cuando era comandante general del Ejército está prófugo por la demora del Parlamento en el levantamiento del fuero.

Asimismo, Fuerza Popular rechazó que en las elecciones de 2021 se aplicaran los criterios de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, y solo aprobó un 40% de candidatas mujeres en las listas para 2021, y 50% dentro de diez años.

"El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", cuestionó el presidente peruano en el hemiciclo al final de un mensaje de más de hora y media de duración.

"No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'presidente, cierre el Congreso'", expresó, mientras los congresistas protestaban y sonaba la chicharra para intentar poner orden.

"Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado", reclamó el mandatario.

"El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", manifestó.

Por Jacqueline Fowks

Lima 29 JUL 2019 - 01:56 CO

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Ecuador de Lenín Moreno es una tierra sin ley

Es casi inexplicable lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Faltando apenas cuatro días para las elecciones, el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano decidió que cada voto en blanco debería ser contado como si fueran tres votos y así aumentar exponencialmente las posibilidades de anular la inminente victoria de los candidatos de izquierda para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de los concursos de mérito y oposición para todas las autoridades de control como fiscales, jueces, contralor, etcétera.

Lenín Moreno convocó un referendo en abril de 2018 con el objetivo de destituir y nombrar a dedo a las más altas autoridades del país, incluyendo jueces y fiscales. Ese procedimiento es una violación al Estado de derecho, ya que está explícito en la Constitución vigente que esos cargos deben ser ocupados mediante concurso público de méritos y oposición. El objetivo era nombrar un personal próximo a Moreno que iniciara una persecución política al presidente Rafael Correa y a importantes miembros de su gabinete con el objetivo de matar políticamente la Revolución Ciudadana. La misión de observadores de la OEA indicó que ese referendo fue realizado sin el dictamen de la Corte Constitucional, lo que reafirma su inconstitucionalidad. Para estos gobiernos neoconservadores, que llegaron a las presidencias de los países liderados por proyectos de cuño popular, la implementación de un proyecto neoliberal sólo se puede lograr a partir del atropello a la legalidad con el apoyo de las empresas privadas de comunicación. Y eso se explicita en Ecuador de manera exageradamente vergonzosa.


Parte del plan de Moreno era convocar elecciones para que fuera la sociedad quien eligiera a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que Moreno no se esperaba era que con una inmensa ventaja los candidatos de la izquierda estuvieran para ser electos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función del Estado que permitirá frenar en cierta forma la persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana. Y lo que todo indica es que usarán cualquier subterfugio ilegal, amoral e inconstitucional para no permitir que la voluntad de la gente sea una amenaza para sus planes.


Fue así que Moreno entregó la sede de Unasur, que es un edificio público y no es propiedad del Ecuador, a una universidad privada de sus aliados políticos, pisoteando acuerdos y leyes internacionales, con la certeza de que no enfrentarán a la justicia nacional ni internacional. Moreno ha entrado a la historia de la región con acciones reprochables. Así como desapareció Unasur, un organismo de integración regional indispensable para enfrentar el poder político y económico del Norte. Moreno también atropelló las negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el proceso que avanzaba en firme, por obedecer órdenes de Estados Unidos suspendió la mesa y expulsó a los equipos negociadores. Jamás se había visto que un país garante y sede de las negociaciones para un acuerdo de paz actuara de esa manera. A partir de la suspensión se generó una grave crisis que ha postergado indefinidamente el fin del conflicto con los elenos.


Y qué decir del caso Julian Assange, en el que Moreno ha dicho públicamente que lo quiere entregar. Ha suspendido durante meses todos los derechos de que Assange gozaba como refugiado del Ecuador. Prohibió la visitas, acceso vía telefónica, al Internet, a libros, revistas etcétera. Assange está en una condición que emula a los detenidos ilegales por Estados Unidos en la base de Guantánamo. Su objetivo es forzar a que Assange se quiebre y salga de la embajada para ser detenido por el Reino Unido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el Ecuador no puede entregarlo y debe resguardar su integridad física.


En Ecuador no hay un Estado de Derecho y se ha transformado en una tierra sin ley.

Por Amauri Chamorro. Comunicólogo .

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Cuba: ¿Iguales de qué? La carta magna, el racismo y la no discriminación

El Anteproyecto de nueva Constitución que hoy se debate en Cuba a nivel popular, amplía la formulación legal del principio de igualdad. Este es un hecho de gran importancia.

El texto de 1976 proscribió la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. La reforma de 1992 prohibió además discriminar por creencias religiosas o “por cualquier otra razón lesiva a la dignidad humana”.


El nuevo proyecto recoge las anteriores y agrega “la no discriminación por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad.”


En este artículo comentaré solo un tema relacionado con la igualdad: discriminación racial. La razón es la siguiente: la forma de interpretar una discriminación, y de imaginar sus soluciones, ofrece luz sobre las causas y remedios de otras discriminaciones.


Existen varias estrategias para oponerse al racismo, pero quizás la primera de ellas sea reconocer su existencia e identificar sus mecanismos de reproducción.


En Cuba existen señales contradictorias sobre el tema.


La Revolución de 1959 combatió a fondo el racismo estructural e institucional. Sus principales líderes han tenido el antirracismo como tema recurrente. En su proceso proscribió la segregación, la discriminación y logró movilidad social, aumento de estándares de vida y acceso universal a bienes y servicios. Sin distinciones, los no blancos fueron beneficiados. Un activista negro lo ha dicho de este modo: “Fue entonces que para mí la Revolución cobró un sentido”.


No obstante, dos enfoques conflictivos han estado presentes en el discurso oficial.


Primero, la presentación del racismo como “vestigio”, que el presente contribuye a erradicar y que no reproduce.


Esa postura no comprende la base material de la reproducción del racismo, ni deja ver sus usos diferenciadores en la Cuba de hoy en el acceso a la propiedad, el recibo de remesas, o la preferencia en zonas pujantes de la economía, o cómo predisponen las tasas de deserción escolar y población carcelaria.


Segundo, el mestizaje es presentado como la negación de toda desigualdad con origen en la “raza”.


Según esa idea, somos mestizos: ni blancos ni negros. Cuba es un país donde “todo está mezclado”, en el que quien no tiene de congo tiene de carabalí; pero que también experimenta las diferencias entre blancos, mestizos y negros presentes en países con formación histórica similar, como Brasil o Colombia.


En Cuba existe mezcla, y “cubano” es una palabra comprehensiva de lo que somos, pero el mestizaje no es salvoconducto para negar diferencias y desigualdades racializadas. Incluso porque ellas son, también, resultado del propio racismo. En su proceso, este siempre acumula diferencias: establece fronteras de exclusión entre blancos y negros y fomenta divisiones entre la misma “raza”, que han demostrado tener gran persistencia.


El más reciente informe cubano al comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial reprodujo ambos lugares comunes. El texto asegura que el término “afrodescendiente” –con consenso en el movimiento global antirracista, más aún después de Durban– “es ajeno a nuestra realidad”.


El criterio aparece también en los servicios de estadísticas nacionales. Tal actitud ignora la producción intelectual cubana sobre el tema, y no apoya la causa antirracista, en lo que supone reconocer legitimidad al autorreconocimiento.


La posibilidad que la libertad ofrece de crear el carácter y la identidad propia de los sujetos ha sido siempre uno de sus contenidos más deseables. La identidad solo puede crearse a través de la participación. El autorreconocimiento supone participar políticamente, asumir identidades y expresar opiniones políticas en consecuencia.


La opinión política es protegida frente a la discriminación por el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada –aunque aún no ratificada– por Cuba. Lamentablemente, el artículo 40 del Anteproyecto no incluye a la opinión política entre las materias que prohíbe discriminar. Tampoco pone en plural el concepto “identidad”, que limita las identidades a la nacional y a la de género. Esas ausencias no facilitan participar con demandas legítimas de identidad en el espacio público cubano.


En Cuba está prohibida la discriminación, pero sus canales procesales no han sido muy efectivos. El informe citado reconoció, junto a estadísticas de avance igualitario y casos “aislados” de discriminación en empleos y programas de televisión, un solo caso en 2017 de acto tipificable como Delito contra el Derecho de Igualdad.


En consecuencia, es útil sugerir la incorporación de acciones de protección, tutela o amparo constitucional frente a la violación de derechos, cuya forma y alcances no aparecen especificados en el Anteproyecto.


El instrumento de protección permite reclamar derechos con procedimientos sencillos, que propicien inmediatez en el resultado, pero también tutelar resultados jurídicos que abarcan al grupo de personas amparadas por el mismo derecho.


Otra cuestión útil es potenciar el uso directo de la Constitución en tribunales, en reclamo del principio constitucional de igualdad, ante la ausencia de una ley específica contra las discriminaciones.


En la misma dirección, sería conveniente habilitar al Estado, desde el texto constitucional, para desplegar una institucionalidad especializada en el tema.


Podría tratarse de un órgano para la Promoción de la Igualdad, con obligación de rendir informes públicos, alertar sobre comportamientos estatales y privados sospechosos de discriminación, contribuir a perfilar la variable racial en los métodos de recolección de datos en censos y encuestas de hogar, y elaborar políticas públicas en conjunto con las instancias estatales encargadas y el movimiento antirracista desde la sociedad civil.


En Cuba no parece existir consenso en torno a la acción afirmativa, otra de las maneras de combatir la discriminación. Desde el Estado, el propio Raúl Castro ha defendido la promoción de personas negras y mestizas a cargos decisorios, pero sin asignar cuotas ni inscribir tal intención en normas. El Anteproyecto no menciona dicha posibilidad.


Popularmente se dice “que me lo den por mis méritos, no por ser negro” como si la frase solo pudiese ser virtuosa. Sin embargo, es parte de un sentido común que confía a la meritocracia la clave del ascenso social. Considerar el mérito personal como único requisito de entrada, por ejemplo, a puestos de trabajo, es una virtud cuando se exige dentro de una cultura igualitaria muy potente, con muchas garantías sociales e institucionales, y con muy altos niveles de igualdad social y cultural. En otros casos, la meritocracia es la justificación razonada de la exclusión, un pretexto para legar desigualdades entre generaciones.


Según Naciones Unidas, la acción afirmativa “es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad”.


No se concede tal política por ser “negro”, sino por pertenecer a un grupo social que ha sido históricamente discriminado, y porque tal hecho ha arrojado consecuencias no elegidas por sus miembros sobre su presente.


En el mundo actual, informes internacionales registran acciones afirmativas con resultados positivos en salud, educación, trabajo y cultura.


En Brasil un número importante de universidades públicas prevén reserva de plazas para afrodescendientes, e instituciones privadas de educación superior conceden becas totales y parciales. Asimismo, se ha legislado activamente el tema en empleo, servicio público, cultura y acceso a la justicia.


En Colombia, el asesinato selectivo de líderes sociales afrodescendientes pretende destruir la histórica movilización política en el Pacífico colombiano, y violar sus derechos de tierra, territorio, identidad y propiedad colectiva, que habían conseguido inscribir como políticas de acción afirmativa en leyes como la 70 de 1993, llamada “de negritudes”.


Cuba cuenta con historial de acciones afirmativas: las leyes de nacionalización del trabajo que garantizaron a partir de los años 30 el 50 por ciento del empleo para cubanos, o el artículo 74 de la Constitución de 1940, para el acceso al trabajo de negros y mestizos. La primera tuvo un éxito incomparable respecto a la segunda.


Pero si la ley no es suficiente para combatir la discriminación, tampoco lo es la acción afirmativa por sí sola. Otro recurso puede contribuir: la educación. La ley inhibe y reprime, la acción afirmativa redistribuye oportunidades y recursos, y la educación puede prevenir conductas discriminatorias y promover saberes que razonen la tolerancia.


La escuela, si se enfoca en ello, puede contribuir a revalorizar identidades discriminadas, promover el cambio cultural, socavar estereotipos raciales y sexuales, e impulsar la aceptación de las diferencias.


Un mandato a la política educacional, con enfoque étnico-racial, plasmado en la Constitución, sería una ganancia. Por ejemplo, señalando la necesidad de incluir en los currículos materias de Historia General de África y de sus procesos actuales, y la historia del negro cubano, cuya enseñanza actual es muy deficitaria.


Existen otras estrategias para combatir la discriminación, pero estas son útiles. Por supuesto, no carecen de problemas. El principio a seguir puede ser este: mientras más recursos estén disponibles contra la discriminación, mejor. Se trata de conseguir igualdad no solo ante la ley ni solo de oportunidades, sino también igualdad en los resultados que podamos alcanzar con esfuerzo y con libertad. Nada que ver con imponer ser “idénticos”.


La defensa de la igualdad es la verdadera celebración de la diversidad. La Constitución puede contribuir mucho a ese empeño.
Julio César Guanche


es un jurista y filósofo político cubano, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.

Por Julio César Guanche
26/08/2018

 

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Siete veces SÍ. Pero no hubo suficiente gente que lo dijera

Era un ejemplo de lo que debe ser la democracia participativa, una oportunidad para darle la voz de los votos a la ciudadanía en un tema tan importante como la lucha contra la corrupción.


El domingo 26 de agosto Colombia ha vivido una jornada especial, más de treinta y seis millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos estaban convocados a votar en contra de la corrupción. Pero solamente lo hicieron algo más de once millones y medio de personas, apenas el treinta y dos por ciento. La desidia, la indiferencia, la poca confianza en las instituciones y las dudas sobre la validez de la consulta pueden haber sido algunas de las causas para que la democracia haya perdido el tren en el país con la democracia más antigua de América Latina.


Después de este día no servirá de nada quejarse, ahora tocará “tragar entero” todo lo que nos caiga encima. La tuvieron ahí, como el penalti para ganar la copa del mundo de la participación democrática, y Colombia ni siquiera saltó al campo. Se quedó en los vestuarios esperando que otras y otros hicieran las cosas, y así no habrá manera.


Tal vez pueda parecer un sinsentido que haya que promover una consulta popular para decir NO a la corrupción, que debería estar asumido que la corrupción no puede formar parte de una sociedad democrática, pero no es tan así y por eso se emplazó a la población a decir radicalmente en las urnas que no se acepta la podredumbre de lo público a manos de unos gobernantes que llevan décadas acostumbrados a hacer de la política su cortijo particular para el enriquecimiento ilícito.


Pero visto lo visto, a mucha gente (más de veinticuatro millones de personas que no han acudido a las urnas) le importa un carajo que la estafen, que la roben, que le exijan sacrificios mientras unos cuantos se lucran a su costa. Ha sido un fiasco en toda regla. La ciudadanía no ha ejercido como tal, ha agachado la cabeza, ha metido el rabo entre las piernas y ha dicho adiós a la transparencia, a la honestidad y por ende a la democracia.

En este mundo de memes y de imaginación digital, que parece difícil de llevar a la realidad para que se concreten las acciones, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”.


Eso parece este país, un cuento. Una tragicomedia alrededor de una farsa en la que se culpa a la política y a los políticos de un guion del que tal vez sea más culpable el pueblo por su dejadez, su pasotismo, su “qué más da”. Un pueblo que se flagela para purgar las culpas pero sigue pecando y bajando a los infiernos por su pobreza de espíritu y su falta de compromiso social y político. Colombia parece una fábula escrita para seguir repitiendo los desastres, para mantener la violencia por encima de la paz, la corrupción antes que la honradez, la indiferencia por encima de la solidaridad o la sospecha por delante de la confianza.


Hasta el actual presidente, del que no queremos imaginar qué marcó en el tarjetón, pedía, al momento de ejercer su derecho al voto, unidad a la ciudadanía para combatir la corrupción porque ésta “no es una causa de color político”. Pero la población no le ha hecho caso.


Esta diatriba no va contra aquellas personas que han participado, independientemente de lo que hayan marcado en la papeleta, sino contra la ignorancia y la estulticia de quienes no han sabido ver la importancia de una consulta como la que ha tenido lugar hoy. Porque once millones y medio de colombianas y colombianos, más de los que votaron a favor del actual presidente, sí han creído que era posible combatir la corrupción y defender, de una u otra manera, la paz, la democracia y la posibilidad de cambio.


La llamada consulta anticorrupción nació de una propuesta de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes presentaron la iniciativa tras haber recogido más de cuatro millones y medio de firmas ciudadanas entre enero y julio de 2017. La propuesta había sido sancionada mediante decreto presidencial, después de ser aprobada unánimemente por la plenaria del Senado con ochenta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. ¿Cómo puede ser que haya habido más compromiso entre la clase política, con todas sus falencias y corruptelas, que entre la ciudadanía?


Esta convocatoria ha supuesto la primera ocasión en que se realiza a nivel nacional una consulta popular desde que quedara legislada en la Constitución Política de 1991. Eran necesarios un mínimo de 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, para que tuviera validez. Y cada una de las siete propuestas planteadas requería de seis millones ciento treinta mil papeletas con el “sí” para ser aprobada y convertirse en norma.


La consulta tenía siete preguntas en el tarjetón de votación que había que marcar con un “sí” o un “no” en cada una de ellas. Una era reducir el salario de congresistas de cuarenta a veinticinco salarios mínimos vigentes al mes (en 2018 es de $781.242,- pesos). Es decir, que se pide dejar a estos políticos con un salario mensual de “tan solo” diecinueve millones y medio de pesos.


En días anteriores a la votación, las redes virtuales se habían llenado de falsedades alrededor de la consulta buscando minar la participación y evitar su aprobación. Mentiras como que por cada voto las personas convocantes se llevarán cinco mil pesos, algo que no se da al ser una consulta llevada a cabo sin recursos del Estado, lo que no implica devolución de dinero.


A la legislación colombiana le faltan normas que permitan claramente, por ejemplo, que el Estado pueda dar por terminado un contrato de forma unilateral. Tampoco cuenta con mecanismos de control y sanción a la labor de las y los legisladores. No hay leyes estrictas que condenen a penas de cárcel a corruptos y que se les prohíba seguir contratando con el Estado.


Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el país perdió por la corrupción, en el período 1991-2011, el 4 % del PIB. Eso supone un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual).


Una vez más ha vuelto a ganar la abstención. Los siete mandatos, que en caso de haberse aprobado hubiesen sido de obligado cumplimiento por parte del Estado estableciendo su aplicación en el plazo máximo de un año, quedarán en los anales de la historia política, y tal vez jocosa, de este país.


De momento, ninguna de esas siete propuestas en forma de preguntas podrán cumplirse. La población no ha aprovechado la ocasión y la corrupción podrá seguir campando a sus anchas. Pero ojalá sea, como ha publicado Daniel Samper Ospina, el comienzo de un “silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie”. La maquinaría sigue siendo la gente, así que seguiremos apostándole a otra Colombia posible.

26AGO2018

J. Ignacio *"Iñaki" *Chaves G.

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Camino al matrimonio igualitario en Cuba

La Carta Magna modificará su artículo 68 en el que especifica el matrimonio entre un hombre y una mujer. El nuevo texto aprobado por los diputados reconoce la propiedad privada y saca la palabra “comunismo”.

 

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó ayer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, saca la palabra “comunismo” de la Carta Magna y acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto será sometido ahora a consulta popular entre los próximos 13 de agosto y 15 de noviembre y, finalmente, tendrá que ser apoyado por un referéndum para el que aún no hay fecha.


Con el reconocimiento de la propiedad privada como una de las formas de propiedad y la promoción de la inversión extranjera, el nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas por Raúl Castro desde 2006. Estas medidas legalizaron negocios al margen del Estado en ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otros servicios, a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz Canel tras asumir el poder en abril de este año.


Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz Canel animó a la participación popular para que exprese libremente sus opiniones para, según dijo, que el texto refleje el hoy y el futuro de Cuba.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde, a pesar de quitar la palabra “comunismo”, explicita que se mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” bajo el mando del Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”.


La Constitución también modificará su artículo 68, en el que se especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). “Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos”, expresó la diputada Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.


La medida no encontró rechazo en los legisladores, pero en la reunión de ayer la diputada Castro quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, lo que generó un arduo debate de un par de horas. La parlamentaria propuso suprimir los párrafos en los cuales queda explícita la condición reproductiva del matrimonio. “Si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines”, afirmó Castro. “El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos”, señaló la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).


“No hay razón alguna para negar el matrimonio a personas homosexuales, no hay razón alguna para limitar la felicidad de estas personas”, dijo, por su parte, la diputada Yolanda Ferrer. La legisladora Teresa Amarelle, presidenta de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a su turno, afirmó: “Que se quite que la unión del matrimonio sea exclusiva entre hombres y mujeres es un avance. Sobre el tema de la adopción, será un tema para el Código de Familia”. Finalmente, el acuerdo de los diputados fue aprobar el matrimonio igualitario y dejar el tema de las adopciones para la redacción del nuevo Código de Familia.


Al examinar los artículos que tratan sobre la protección de la familia, se hizo hincapié sobre la responsabilidad en el cuidado y atención a las personas de la tercera edad en Cuba, donde se ha producido un progresivo envejecimiento poblacional, uno de los grandes desafíos de la sociedad y el sistema estatal de salud.


En el ámbito institucional existen algunas modificaciones estructurales como la institución de la figura del presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década (dos períodos de cinco años). Además, se creará el puesto de primer ministro -que se había eliminado con la aprobación de la Carta magna de 1976- para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.


Otro de los cambios propuestos vino de mano de la diputada Daicar Saladrigas, del municipio de Camagüey (este), quien propuso cambiar el término “libertad de palabra” que figura en el anteproyecto por “libertad de expresión” al considerar éste más amplio, acorde con la realidad actual y reconocido por organismos internacionales. Los representantes de la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto aceptaron la propuesta de la diputada, por lo que el cambio podría plasmarse en el documento final del ordenamiento supremo del país.


El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el ex presidente cubano, Fidel Castro, en 1926. Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abrirá un período de un año para modificar los Códigos Penal, de Familia y Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.

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China inaugura el cónclave que extenderá el poder de Xi Jinping

Por una vez, los números eran casi lo que menos importaba. Estaban allí: un objetivo de crecimiento del PIB en torno al 6,5% para este año y un aumento del presupuesto de Defensa superior al de 2017 y que ahora subirá un 8,1%, el mayor incremento en tres años. Pero en la inauguración este lunes de la sesión legislativa de la Asamblea Nacional Popular, la gran reunión anual de la jerarquía china, en el Gran Palacio del Pueblo, las protagonistas no eran las cifras que pronunciaba el primer ministro chino, Li Keqiang, al presentar los objetivos económicos del año. La atención se concentraba en el presidente Xi Jinping, para quien esta semana desaparecerán oficialmente los límites temporales a su mandato.


Sobre el inmenso podio en el escenario del Gran Salón, decorado con pancartas y banderas rojas, la importancia del líder más poderoso en China desde los tiempos de Mao podía apreciarse en todo tipo de detalles. Desde el estruendoso aplauso con el que fue recibido por los 2.980 diputados al cuidadoso recambio de su taza usada cada vez que se acababa su té (al resto de los líderes solo se les rellenaba con más agua caliente la taza que ya tenían).


Al menos catorce veces Li Keqiang invocó el nombre de Xi, su “pensamiento para una nueva era socialista con características chinas” o su título honorífico de “núcleo” del Partido. Un Li que a simple vista parece haber perdido peso, tanto física como figurativamente en el Ejecutivo, a medida que el que fuera su compañero de dupla gubernamental hace cinco años lo ha ido ganando.


Aunque normalmente el trabajo de la ANP se limita a aprobar sin especial debate y con abrumadoras mayorías las leyes que se les ponen delante, este año sus diputados tienen una misión especialmente importante: aprobar, en una votación el día 11, la reforma de la Constitución que eliminará el límite de dos mandatos de cinco años para el presidente. Un cambio al que el portavoz de la Asamblea Nacional, Zhang Yesui, restaba importancia este domingo en una rueda de prensa para afirmar que, simplemente, pretende armonizar el tiempo de permanencia en los tres cargos principales del máximo líder chino: jefe de Estado, presidente de la Comisión Militar Central y secretario general del Partido


Esa medida abre el camino para que Xi Jinping -tan seguro en el cargo, o tan aburrido, que a diferencia del resto de diputados no iba leyendo palabra por palabra el texto del discurso de su primer ministro- pueda quedarse en el poder más allá de 2023, cuando expirará su segundo mandato.


La reforma constitucional también incluye una serie de cláusulas que permitirán la creación de una nueva Comisión Nacional de Supervisión que, con el argumento de luchar contra la corrupción, tendrá amplios poderes de vigilancia sobre los ciudadanos. Este nuevo organismo, que tendrá competencias superiores a las de los propios fiscales, se desarrollará a partir de un proyecto de ley que se aprobará el martes 13.


Además de los cambios en la Constitución, los parlamentarios dedicarán también la segunda parte de la sesión, antes de que concluya el día 20, a aprobar una serie de nombramientos y reorganización en los cargos del gobierno.


Entre ellos se espera que se nombre como vicepresidente a Wang Qishan, el hombre que ha sido la mano derecha de Xi durante los últimos cinco años y que ha conducido con mano de hierro la Comisión Central para la Disciplina, el organismo que ha cesado o encarcelado a más de un millón y medio de funcionarios por cargos de corrupción.


Otro hombre de confianza de Xi, Liu He, podría quedar nombrado como viceprimer ministro con responsabilidad sobre la marcha de la economía, o presidente del Banco Central. Liu ha viajado a Washington la semana pasada para reunirse con las autoridades económicas de la Administración Trump y tratar de evitar un choque de trenes que pueda llevar a una guerra comercial, después de que la Casa Blanca haya anunciado nuevos aranceles al aluminio y al acero. Este domingo Zhang Yesui, advertía que “China no quiere una guerra comercial, pero si nuestros intereses se ven perjudicados, China no se quedará de brazos cruzados”.


En su discurso, Li no hizo ninguna referencia a ninguna de estas cuestiones, ni el inminente cambio constitucional ni la reorganización en el Gobierno. Tampoco hubo alusiones a la situación internacional, ni a sus roces con Estados Unidos en lo comercial, sobre Corea del Norte o sobre Taiwán. En su lugar, repitió los temas principales, sobre todo los económicos, que ya había expuesto Xi Jinping en su discurso de renovación de mandato durante el XIX Congreso del Partido Comunista de China el pasado octubre.


Además de aludir en varias ocasiones al “pensamiento de Xi Jinping para una Nueva Era de Socialismo con Características Chinas”, el primer ministro aludió a las “tres batallas críticas” de su Gobierno contra “los riesgos potenciales, la pobreza y la contaminación”.


En un sistema donde la importancia del Partido se encuentra por encima del Estado, y donde la estabilidad es el gran objetivo del gobierno, Li aseguró que Pekín continuará aplicando “el principio general de lograr el progreso mientras se garantiza la estabilidad, y considerar la estabilidad y el progreso como algo indivisible”. La lucha contra la pobreza, que el Gobierno se ha prometido eliminar en las áreas rurales para 2020, conseguirá sacar este año al menos a diez millones de personas de esta lacra.


En cuanto a la Defensa, el presupuesto de este año alcanzará 1.11 billones de yuanes, o 175.000 millones de dólares. Esto representa un aumento del 8,1% con respecto al año anterior, y un nuevo crecimiento del ritmo de gasto después de que el año pasado el alza se redujera al 7% . Este año se ha reducido el personal militar en 300.000 personas, parte de la reforma emprendida durante el mandato de Xi y que prevé reducir estas fuerzas para modernizarlas.

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 5 MAR 2018 - 15:58 COT

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