Jair Bolsonaro amenaza con una represión militar

Dijo que tiene un plan para "sacar las FF.AA. a la calle" en Brasil

Ante las restricciones al movimiento y el comercio impuestas localmente por estados y ciudades para frenar la pandemia.

 

El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que "se seguirá la orden" si decide decirle a las fuerzas armadas del país que tomen las calles.  Dado que algunos ya temen que el ex capitán del ejército, que está bajo fuego en múltiples frentes, podría estar preparando el terreno para interrumpir un traspaso pacífico del poder durante las elecciones presidenciales del próximo año, Bolsonaro , dio este viernes la señal más clara de que estaba dispuesto a desplegar los militares en las calles del país.

Con la crisis del coronavirus creciendo en Brasil, su presidente ha desestimado tanto el virus en sí como las medidas para contenerlo, advirtiendo en las últimas semanas sobre el supuesto caos social y los disturbios que él atribuye a las restricciones al movimiento y el comercio impuestas localmente por estados y ciudades individuales. Hablando durante una entrevista televisiva, Bolsonaro dijo que "no entraría en detalles sobre lo que estoy preparando", pero advirtió que "si tuviéramos problemas, tenemos un plan de cómo entrar al campo. Las fuerzas algún día podrían salir a la calle ”.

Según Bolsonaro tal movimiento, sería para "restablecer el artículo 5 de la Constitución", que hace referencia a los derechos individuales de la población brasileña, informó O Globo. Los comentarios de Bolsonaro, quien durante mucho tiempo ha elogiado la dictadura militar de dos décadas de Brasil, harán poco para calmar a los críticos que están preocupados por su politización del ejército. A otros les preocupa su compromiso con un traspaso pacífico del poder en caso de un resultado ajustado en las elecciones presidenciales del próximo año.

Tras haber apoyado las conspiraciones de Donald Trump de una elección robada el año pasado, que culminó con el asalto fatal de los partidarios del expresidente de Estados Unidos al Capitolio en Washington DC, Bolsonaro también ha hecho acusaciones infundadas de futuro fraude electoral en Brasil desde su elección en 2018. Si bien no es ajeno a las críticas, Bolsonaro actualmente se encuentra cada vez más bajo fuego, con el Senado recientemente lanzando una investigación sobre su manejo de la pandemia y hablando cada vez más de su posible juicio político.

Mientras tanto, las estrellas parecen estar alineándose para que su rival político más peligroso, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compita con el presidente en 2022., La Corte Suprema de Brasil confirmó esta semana la decisión del mes pasado de que el controvertido juez Sergio Moro, quien fue posteriormente nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro, había sido parcial al condenar a Lula da Silva por cargos de corrupción en 2017. La condena, que impidió al político de izquierda desafiar a Bolsonaro en 2018, fue anulada por el tribunal por motivos de procedimiento en marzo, y un juez de la Corte Suprema calificó la investigación por corrupción de Lula da Silva como "el mayor escándalo judicial en la historia del país".

Días después, cuando una encuesta de opinión sugirió que Lula da Silva podría atraer  la mitad de los votos brasileños, y 12 puntos más que Bolsonaro, el expresidente criticó el enfoque de su actual sucesor sobre la pandemia como "idiota", afirmando: "este país no tiene ningún gobierno ”, y ridiculizando la falta de vacunas disponibles, que Bolsonaro ahora está tratando de conseguir con urgencia.

Con frecuencia enfrentando a sus partidarios contra la corte suprema y el senado, Bolsonaro ha tratado de afirmar un control cada vez mayor sobre las fuerzas armadas de Brasil durante su mandato, designando a varios oficiales militares para puestos en el gabinete y muchos más en todo el gobierno.

“Si también consideramos algunos puestos burocráticos de segundo y tercer nivel, estamos hablando de miles, o tal vez decenas de miles de militares, activos o retirados, que hoy están en el gobierno brasileño”, dijo Guilherme Casaroes, politólogo y profesor en la escuela de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas. “Esto es muy, muy diferente de lo que hemos tenido en los últimos 35 años. Una de las piedras angulares de nuestra democracia civil fue precisamente mantener a los militares fuera de la política. Entonces, al, traerlos de vuelta a la política, el propio Bolsonaro que es un ex capitán del ejército, creo que está tratando de enviar un mensaje a todos sus oponentes políticos,” precisó.

Pero las fuerzas armadas de Brasil están en crisis y los comandantes de su ejército, fuerza aérea y marina renunciaron el mes pasado, después de que Bolsonaro despidiera a su ministro de Defensa y aliado durante mucho tiempo, el general Fernando Azevedo e Silva. "Lo más probable es que lo que ordenó Bolsonaro fue poner a los militares en las calles en los estados o ciudades en que los gobernadores o los alcaldes decidieron sobre algún tipo de restricciones sociales locales", dijo el profesor Rezende.

25 de abril de 2021

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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La Cuba que viene después de Raúl Castro

El VIII Congreso del Partido Comunista avala los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional, encarnada en el presidente Miguel Díaz-Canel, elegido primer secretario del PCC. Entre los nuevos integrantes figuran el primer ministro, Manuel Marrero, y el exyerno de Castro, Luis Alberto Rodríguez

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba este lunes, en el cuarto y último día del VIII Congreso de la formación política, cuyos delegados han avalado los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional.

Junto con Raúl Castro, de 89 años, salieron de la cúpula del PCC otros dirigentes históricos como el actual número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90), y el comandante Ramiro Valdés (88), además de Marino Murillo, considerado el zar de las reformas económicas iniciadas hace una década.

Por el momento los medios estatales cubanos, únicos con acceso a la cobertura del cónclave, no han precisado quién ha sido designado como segundo secretario del PCC en sustitución de Machado-Ventura.

Entre los nuevos integrantes del órgano más poderoso del PCC y por tanto de Cuba están el primer ministro del país, Manuel Marrero, y Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y jefe del conglomerado cubano de propiedad militar GAESA que controla los activos económicos más valiosos del país.

Se mantienen en el máximo órgano de dirección del PCC, además de Díaz-Canel, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo; el vicemandatario, Salvador Valdés; el viceprimer ministro, Roberto Morales y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, entre otros.

En total, el nuevo órgano lo integran catorce dirigentes, tres menos que en el anterior. Entre ellos hay tres veteranos mayores de setenta años y tres mujeres: la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle; la científica y directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala, y la primera secretaria del PC en Artemisa, Gladys Martínez.

Los militares están representados por el recién designado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Álvaro López Miera; el general de División Lázaro Álvarez Casas y por Rodríguez López-Callejas, quien tiene el grado de general de Brigada.

El nuevo Buró Político fue designado por el Comité Central electo la víspera por los 300 delegados que asisten a la cita en representación de los más de 700.000 militantes, y cuya composición aún no se ha difundido.

El Comité Central "tiene a su cargo la aplicación de resoluciones, políticas y programas aprobados por el congreso que lo eligió", de acuerdo a la información oficial divulgada.

El VIII Congreso del PCC finalizará este lunes, en la misma fecha en que se conmemora el 60 aniversario de Victoria de Playa Girón, como se llama en Cuba a la fallida invasión anticastrista de Bahía de Cochinos en 1961.

La renovación generacional, entre los objetivos del PCC

Los delegados al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobaron este domingo cinco resoluciones, entre ellas la del informe central, el último emitido por Raúl Castro antes de traspasar el cargo al presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La resolución ratifica las evaluaciones y críticas expuestas en el informe sobre el trabajo del PCC en el pasado lustro.

Los trescientos delegados presentes en la reunión avalaron el planteamiento del informe que coloca al desarrollo de la economía nacional, junto a la firmeza ideológica, entre las principales misiones del partido único cubano, según reportaron medios estatales.

Asimismo, apoyan sus señalamientos críticos sobre la burocracia, inercia y resistencia al cambio, así como los relativos a la falta de firmeza, exigencia y de control frente a los retos en el escenario sociopolítico de la nación caribeña.

Los participantes en la cita para evaluar el quinquenio 2016-2020 analizaron los documentos que la guían. Sus debates se centraron en las reformas económicas anunciadas hace una década, el funcionamiento del partido y el trabajo ideológico.

De ellas resultaron otras cuatro resoluciones relativas a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, al estado de las directivas de la política económica y social y su actualización para el periodo 2021-2026, la actividad ideológica y la política de dirigentes.

De las 244 reformas aprobadas hace una década se informó de que el 30% fueron implantadas, el 40% se encuentra en proceso y el30 % restante en la etapa de propuesta y aprobación, y tras su actualización ahora quedaron 201 aprobadas.

En el ámbito ideológico, la resolución propuso "priorizar el crecimiento del Partido", trabajar en su "vinculación con las masas" y "enfrentar de manera sistemática y previsora la subversión político ideológica en todos los escenarios y formas".

la habana

19/04/2021 17:54

EFE

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Cuba, el congreso del Partido y más continuidad

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba escenificará el retiro de la vieja guardia y del propio Raúl Castro. Pero en Cuba se habla de muchas otras cosas: de la unificación monetaria, la pandemia, las vacunas cubanas, la crisis y la posibilidad de sacrificar ganado después de casi 60 años de prohibición. El «congreso de la continuidad histórica» resume las tensiones entre inercias y cambios.

La gente en La Habana habla. Habla de todo. Habla mucho, por ejemplo, del rebrote del covid-19, que en los últimos dos meses ha alcanzado cifras que rondan el millar de contagios diarios, cuando nos habíamos habituado a contar menos de 100. Habla del anuncio de supuestas medidas adicionales de restricción por la pandemia, más cierres, más controles. Habla del vecino que ha dado positivo y está ingresado, el pobre. Habla, claro que habla, de los diversos candidatos vacunales cubanos, apuesta por ellos y los espera como la tabla de salvación.

También habla, ahora mismo, de que el gobierno cubano, luego de casi seis décadas de prohibición, autorizará a los ganaderos del país a sacrificar reses para comerciar la carne y les dará facilidades para vender la leche. Y eso no es cualquier cosa: en Cuba por sacrificar una vaca recibías una condena peor que las de la India. Podías ir 20 años a la cárcel, mucho más tiempo que por ciertos homicidios. Claro, se podrá vender carne y leche pero… con controles. En Cuba todo se regula, se controla, aunque luego se recontrarregula y se descontrola, como la transmisión de la epidemia. El problema es que en Cuba, que llegó a ser un país exportador de carne, no quedan muchas vacas.

La decisión de «liberar» las reses llega envuelta en un paquete de 63 medidas de las que, se asegura en medios oficiales, «30 son consideradas de prioridad y otras de carácter inmediato, para estimular la producción de alimentos en la nación», algo que, como lo habla la gente, es un problema cada vez mayor. Entre esas medidas se incluyó además la reducción de la tarifa eléctrica a los productores de alimentos, luego del aumento de precios decidido por el gobierno.

Se habla, y mucho, de que el dinero no alcanza. Al fin se realizó la tanto tiempo esperada y mil veces anunciada unificación monetaria que sacó del juego a los llamados pesos convertibles (CUC), que tenían una cierta equivalencia con el dólar (USD), pero que se cambiaban a 24 pesos cubanos (CUP) por CUC… pero también a 12, o uno a uno, según la instancia comercial o administrativa que realizara el canje, dando como lógico resultado que nunca se sabía a ciencia cierta cuánto costaba o valía algo. Así funcionaba (o pretendía funcionar) la economía nacional.

Ahora se ha fijado el cambio oficial de un dólar en 24 CUP, para no devaluar demasiado la moneda cubana. Y se han quintuplicado o más los salarios estatales y las pensiones en CUP, mientras se han septuplicado o mucho más los precios de los productos en las tiendas del Estado. Sin embargo, como esas tiendas del Estado están desabastecidas y frente a ellas se producen largas colas que pueden llevarle al pretendido comprador cinco, seis horas, a sol y lluvia y sin baño donde hacer sus necesidades (de eso también se habla, muchísimo), el mercado negro del cambio de divisas les ha dado a dólar y al euro valores más reales: unos 48 pesos por dólar y 56 pesos por euro. Y subiendo.

Se habla, por supuesto, de que el presidente Joe Biden ni nos ha mirado. Se esperaban algunos cambios en las medidas muy restrictivas que aplicó la administración anterior, que recrudeció las leyes del embargo, prohibió prácticamente el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, cerró el consulado de La Habana y complicó la posibilidad de viajar a los cubanos con familias al otro lado del Estrecho de La Florida. Hoy en día, para aspirar a un visado, el ciudadano cubano debe ir a un tercer país. Guyana, por ejemplo. Y cuando habla del tema, la gente se pregunta: ¿Biden en más de lo mismo? Hasta ahora, para los cubanos, parece que sí.

Pero se habla, sobre todo, de que la «cosa» está mala. De que la economía está en crisis con la paralización del turismo y la ineficiencia tradicional, del incremento de las actividades de la disidencia, de que la vida es cada vez más cara y la gente no sabe cómo arreglárselas. Hasta el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo dice cuando reclama soluciones inmediatas, pues hay urgencia, no hay tiempo para los plazos largos.

Y aunque también se habla del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, creo que se le dedican menos palabras, comentarios, pensamientos de los que por lógica debería provocar. Incluso en los medios oficiales, regidos por el Partido, estoy casi seguro de que se ha hablado mucho menos que otras veces. Apenas se sabe que se discutirá en el Congreso de «la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico Cubano de Desarrollo Socialista y de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución». O sea, se volverá a hablar de lo que ya se habla.

Se dice, además, que el Congreso traerá cambios. Pero solo sabemos con certeza de que habrá uno, y lo conocemos desde hace varios años: el general Raúl Castro dejará su puesto como secretario general y lo entregará al actual presidente de la República.

¿Qué implicará ese cambio? La gente no lo sabe y apenas especula sobre el tema. Ya se sabe, porque se ha dicho, que el Congreso será un ejercicio de continuidad, de reafirmación de la irreversibilidad del socialismo en Cuba, o sea que en esencia se dirá que se mantendrán las mismas formas de gobierno, política y de organización social existentes en estos momentos.

Si hubiera más información sobre qué podría traer la reunión del máximo órgano de decisión del país, quizás la gente hablaría mucho más. Pero el secretismo es parte del sistema político cubano. No obstante, se supone que el relevo de generaciones históricas no implicará un relevo esencial de prácticas políticas, aunque ya en el plano económico, como he relatado antes, se han ido introduciendo transformaciones, pues el país atraviesa una de sus peores crisis financieras, de producción y de suministros, no tan profunda como la de los años 1990, pero bastante cercanas.

Con menos expectativas en el ambiente de lo que tal vez debería generar la reunión del partido único y gobernante en Cuba, sería deseable que el Congreso en marcha (entre el 16 y el 19 de abril) diera muchos más temas de los que hablar, especular, resultados que esperar. Que como resultado del cónclave se sacudieran más y mejor unas estructuras económicas que han demostrado estar plagadas de mecanismos y leyes disfuncionales (como las que provocaron el empobrecimiento de la masa ganadera del país) o la tan demorada unificación monetaria, que llegó cuando no podía esperarse más y fue en el peor momento económico de la nación (por solo citar un par de ejemplos a partir de lo antes mencionado), cambios que traigan más esperanzas a una población que vive una etapa de infinitas dificultades, agravadas por la presencia de la pandemia, que ha alterado el equilibrio económico del mundo, no solo de la isla.

En el plano simbólico, el Congreso marcará un cambio histórico en Cuba, cuando por primera vez en seis décadas no sean ya Fidel y Raúl Castro los líderes al mando. En los últimos años, y más en los meses recientes, la presencia pública del general Raúl Castro se hizo muy esporádica, mientras la del presidente Díaz-Canel alcanzó niveles de visibilidad que ni siquiera sostuvo Fidel (según recuerdo). Por lo tanto, habrá que ver si en lo real el traspaso de poderes es completo y qué significaría de cara a las nuevas realidades del país y del mundo. Aunque, repito, se habla de continuidad, solo continuidad.

Una gran campaña de vacunación contra el covid-19, con vacunas creadas en Cuba, puede ser un gran legado del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en este mes de abril de 2021. La salida del panorama político activo de Raúl Castro lógicamente que entraña un vuelco histórico más o menos visible en lo inmediato. Pero la gente necesita más. No solo para hablar, sino para vivir mejor. Creo que después de tantos sacrificios, los cubanos nos lo merecemos.

Y con urgencia, no con soluciones a largo plazo que a veces ni siquiera han llegado, perdidas en el tiempo, en el espacio, en la ineficiencia y en el olvido. 

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Sábado, 17 Abril 2021 06:29

Final de época

Final de época

El triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador

 

La victoria del banquero Guillermo Lasso implica la superación psicológica para una parte importante de los ecuatorianos de lo que significó la crisis económica de 1998-1999, que desembocó en un histórico feriado bancario –con el cierre de casi el 70 por ciento de las instituciones financieras– y el mayor éxodo de la historia del país. Hasta la fecha, el recuerdo de que Lasso –propietario de la segunda institución financiera privada más importante de Ecuador– multiplicó sustancialmente su fortuna en una maniobra especulativa con los depósitos congelados por aquella crisis hacía imposible su victoria electoral. De allí que la candidatura de Andrés Arauz tuviera en el balotaje el eslogan «El país o la banca», que, sin embargo, motivó un escaso engagement en los indecisos, especialmente los más jóvenes. Estamos, por tanto, ante un nuevo país, atravesado por clivajes de nuevo orden, que no responden ya a ese pasado reciente que dio el triunfo electoral de forma permanente e indiscutible al correísmo a lo largo de los últimos 15 años.

El correísmo es el fruto de un momento histórico marcado por el boom latinoamericano de las commodities (2003-2013). Sin los excedentes petroleros que permitieron un inédito volumen de ingresos para el Estado, no habría sido posible ni realizar las grandes obras de infraestructura que modernizaron parte del país ni aplicar las políticas compensatorias que fueron el eje de la gobernabilidad correísta. El fin de aquel ciclo económico implicó el inicio de la decadencia de ese proyecto político. Para comprobar lo anterior, basta un somero análisis de los últimos tres resultados electorales en la primera vuelta: en 2013, del total de votos válidos, Rafael Correa obtuvo el 57,17 por ciento –y evitó el balotaje–; en 2017, con Lenín Moreno como su delfín, el resultado fue del 39,36 por ciento –Moreno ganó luego en la segunda vuelta, con apenas un 2,82 por ciento de ventaja–; este año, Arauz obtuvo apenas el 32,72 por ciento y perdió en el balotaje por 4,94 puntos porcentuales.

Pese a lo anterior, la situación política y económica que vive hoy Ecuador propiciaba, a priori, las condiciones para un triunfo correísta. Moreno, quien ya vuelto contra Correa mantuvo, no obstante, viva su figura (ahora en calidad de víctima de la persecución judicial), encabezó una gestión deplorable con respecto a los intereses populares. Además, más allá del contraste de la crisis actual con las épocas de abundancia correísta, fueron tanto el propio Lasso como sus aliados, los socialcristianos de Jaime Nebot, quienes sostuvieron políticamente a Moreno frente a la enorme deslegitimación social de su gobierno. De igual manera, la pandemia puso de relieve la necesidad de un Estado fuerte, con capacidad para proteger a sus ciudadanos, en contra del discurso de achicamiento estatal propuesto por Lasso. Y, siendo Ecuador uno de los países de la región con menor acceso a las vacunas contra el covid-19, varias de las que llegaron fueron distribuidas de manera escandalosa entre las elites que forman la base social del candidato conservador.

Sin embargo, la elección demostró que la fractura correísmo/anticorreísmo ya no es la principal división del electorado ecuatoriano. Han cobrado importancia opciones hasta ahora de escaso peso en la cartografía institucional. Tanto el Pachakutik –brazo político del movimiento indígena, con un discurso básicamente ambientalista– como Izquierda Democrática –un viejo partido ubicado ideológicamente en el centro– lograron porcentajes de voto muy significativos (19,3 y 15,6 por ciento, respectivamente). La campaña desnudó, además, las dificultades del correísmo para implementar recambios en su liderazgo. Este es uno de los elementos que explotó la estrategia conservadora: a Arauz le costó posicionarse como líder de su movimiento y pareció siempre supeditado a Correa. Pese a que el expresidente no puede pisar el país, debido a las diversas y discutibles sentencias judiciales que pesan sobre él, la intensidad de su presencia mediática por medio de videoconferencias y la aparición de su imagen en la propaganda electoral progresista lo convirtieron en el verdadero protagonista.

En la práctica, el correísmo es Correa. Esto le permite transferir sus votos duros a un personaje hasta ahora semidesconocido como Arauz, pero, a su vez, le impone límites para captar votos. Los correístas viven la dicotomía de ser la tendencia con mayor porcentaje de voto incondicional (cerca de un 30 por ciento del electorado) y, al mismo tiempo, la fuerza con menor capacidad de crecimiento, debido a la resistencia que causa Correa en cada vez más sectores de la población. La campaña de Lasso leyó bien esta nueva realidad. Llamó al consenso y a reconocer la diversidad política de la segunda vuelta, mientras que el correísmo se mantuvo en la polarización que históricamente lo ha caracterizado. Con los mass media y el Estado claramente a favor de la opción conservadora, casi el 50 por ciento del electorado que en la primera vuelta no votó bajo el clivaje correísmo/anticorreísmo optó esta vez o bien por plegarse al llamado voto nulo ideológico del movimiento indígena, o bien por el banquero. Sobre un electorado de poco más de 13 millones, el correísmo apenas sumó en el balotaje 1,2 millones de votos con respecto a la primera vuelta. Lasso, sin embargo, vio aumentado su apoyo, entre una instancia y la otra, en 2,8 millones de votos.

Arauz no sólo carece aún de identidad propia y de un liderazgo sólidamente construido, sino que tampoco ha tenido canales de acercamiento con esas izquierdas ecuatorianas minusvaloradas e, incluso, reprimidas durante la década correísta. Tampoco ha sido capaz aún de posicionar un imaginario de lo que sería un progresismo de nuevo cuño. Que logre avanzar en estos pendientes depende de cómo gestione su actual crisis interna el correísmo y de qué papel asuma ahora Correa. Todo esto se enmarca en una nueva realidad regional latinoamericana, en la que el segundo ciclo progresista se ve cuestionado y enfrenta condiciones claramente diferentes a las del período anterior. En este contexto, el reto del progresismo ecuatoriano está en conectar con la juventud, los sectores no ideologizados de la sociedad y los movimientos sociales que en estas elecciones lo rechazaron

Por Decio Machado
16 abril, 2021

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Cientos de personas celebrando los resultados parciales del plebiscito constitucional por una nueva Carta Magna, en Santiago (Chile). Foto: EFE / Alberto Valdes

Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social.

 

Tras la caída del muro, es decir, tras el derrumbe del horizonte socialista y el decreto de la ausencia de alternativas bajo la forma de una provocación (“There is no alternative”), las agendas sociales fueron recuperadas por posiciones clásicamente reformistas que, gracias a su dominio sobre lo posible (1), pasaron a ocupar un cómodo sillón al costado izquierdo de la discusión hegemónica y otro al costado hegemonista de la discusión de las izquierdas. Nos preguntamos: ¿cómo se disponen las energías colectivas, las luchas situadas y deseos de buen vivir en relación a la categoría de lo posible? Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. En dicho imaginario, la ideología de base o el punto de partida “idealista” sufrirán sacrificios para construir la posición más “realista” de lo posible.

No somos los protestantes que desembarcaron en Nueva Inglaterra, ni los laboriosos seguidores de Mao; el reformismo en tiempos de neoliberalismo no es endógeno. Lo posible no es, como en esos casos, un punto de partida posible o una forma de pragmatismo teórico. En el imaginario populista de izquierda, a lo posible se llega. Se llega, entonces, como sacrificio que acerca al centro, que concede por derecha. No se trata de una izquierda pragmática como podría ser la bolchevique o la vía chilena al socialismo, sino de un pragmatismo que para ser formulado abandona el núcleo “idealista”, asociado a ese punto de partida por izquierda.

De algún modo, la pregunta algo avejentada “¿qué hacer?” no deja de ser reemplazada por una dilucidación algo cobarde y poco honesta en torno a lo posible. Es decir, una vez resignados desde abajo por todo lo que no se puede, el Estado se reinventa como único lugar de decisión sobre lo posible. Sin embargo, ese Estado no deja de presentar grietas y, en particular, durante el último período en que América Latina vio nacer gobiernos de raíz popular, funcionó como un aliado parcial de la pujanza multitudinaria y heterogénea de la región.

Pero nos preguntamos ¿qué puede un gobierno hoy? Las construcciones de poder de raíz popular del último ciclo latinoamericano, presentándose como la opción negociadora y hacedora se presentaron, al mismo tiempo, como parámetro de lectura, funcionaron como el realismo en sí. El populismo es el ángel de lo posible. Es el “realismo político”, decíamos, como conformación de una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible. Y decide, desde esa misma posición quiénes aparecen como enemigos, por derecha e izquierda. Pero el enemigo que el realismo niega, por temor o por falta de lectura –o por exceso de realismo– es la laboriosa tarea de inventarse otra cosa, la imaginación política.

Durante los últimos años, cada vez que pareció dibujarse un nuevo ciclo insurrecto tan heterogéneo como la geografía en que se emplazó (desde las revueltas en plaza Tahrir hasta el 15M, desde Occupy hasta las jornadas de junio 2013 en Brasil), se reabrió en las discusiones locales la posibilidad de un nuevo realismo, o bien, de una nueva distribución entre potencia y poder (2) como tensión interna de todo realismo. Cada experiencia, al construir una nueva posición, al ejemplificar otro modo de pensar-hacer, al forzar nuevas agendas, al impugnar relaciones de dominio concretas desde el territorio, se debe su propio “realismo”, es decir, la construcción y defensa de su lugar existencial y político como punto de vista irreductible ante los aspectos del realismo del poder que desmovilizan.

Brasil: la retórica del golpe 1

En el Brasil posterior a junio de 2013 se consolidó inorgánicamente una suerte de movimiento anticorrupción contra el PT, ya sin la vocación de rebeldía y protesta joven que había estallado a partir de la lucha contra el aumento del transporte. En esos años, mientras se sentían los efectos de la crisis mundial, la disputa no pasaba por izquierda o derecha tradicionales, sino por la orientación de la novedad en juego y el destino del descontento. La política partidaria se dirimía entre la imposibilidad de encontrar una “tercera opción” y la búsqueda de asumir el nuevo mapa tomando registro de lo que podría describirse como un terremoto que cambiaría totalmente el paisaje. Después de una dura campaña en 2014, todavía con junio de 2013 presente, el PT emprendería un camino conservador, de ajustes y política de austeridad, con una ley antiterrorista que criminalizó activistas y con fuertes alianzas con sectores de la derecha y el empresariado financiero, del agronegocio y explotación minera, además de gestos continuos con las fuerzas de seguridad y los pastores evangelistas, que evaluaba indispensables para retener el gobierno. Mientras tanto, se organizaba un Mundial de fútbol y aparecían denuncias por la construcción sobrefacturada de estadios, priorizando aliados políticos, con desalojos y reubicaciones fallidas de población más pobre.

La caída de Dilma, impeachment mediante, no ocurrió en el momento más dinámico; el PT no estaba, precisamente, reformulando la vieja reforma agraria, ni estatizando servicios o bajando el costo de los transportes para la población, ni mucho menos reconstruyendo su base social, sino que el país transitaba un ajuste económico, concomitante con el endeudamiento y fragilización de las economías domésticas. Dilma nombró como ministro de hacienda a Joaquim Levy, formado en Chicago y ex presidente de Bradesco Asset Management, además de autor del programa económico del PSDB para las elecciones de 2014. Según un estudio de Levinas comentado por Raúl Zibechi y Decio Machado, “Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140 por ciento” (3) 

La crisis de 2015 dio como resultado un crecimiento muy importante del peso de la deuda de las familias más pobres en relación a sus ingresos (aproximadamente un 48%), mientras que para los sectores medios la deuda financiera fue mayor aún (cerca del 65%). Después de años de aumento del consumo, de “40 millones de brasileños en la nueva clase media”, encontrábamos el mayor endeudamiento registrado entre sectores populares con la banca privada.

La oposición surgida frente a la política estatal en junio de 2013 tuvo semejanzas, en términos de vitalidad y de malestar no orientado de antemano, con el 2001 argentino (“Que se vayan Todos”) o el 15M Español (“No nos representan”). Una protesta iniciada por el Movimiento Pase Libre frente a un nuevo aumento del transporte creaba un espacio de multiplicidad en las calles frente a gobiernos y alcaldías de los partidos del poder, de todo el arco político. Ante la apertura surgida de las calles, el gobierno –a diferencia de lo actuado por Néstor Kirchner bajo el efecto dosmilunero en 2003– había descartado la posibilidad de construir una escucha, de producir nuevas relaciones, entregando el descontento a las capturas más reactivas.

El poder político se presentó en conjunto contra el “desorden”, y la ola de movilizaciones planteó un punto de inflexión en la política brasileña. En 2015, sectores conservadores convocaron protestas multitudinarias que, esta vez, darían lugar a la destitución de la presidenta aprovechando la mayoría conservadora del congreso, incluso con los aliados conservadores con los que el PT co-gobernaba. Ya no era la crítica al “padrão FIFA” que no se aplicaba a las demandas sociales… y el sector político que llegaría al poder no era un nuevo actor, sino el poder empresarial que formaba parte de la vida institucional hacía años. El gobierno de Temer realizaría reformas conservadoras que afectarían derechos laborales. La operación Lava Jato que llevaría a Lula a la prisión, después de un desfile de “arrepentidos” que relatarían por televisión sus negocios con el poder, encumbraría al juez Sergio Moro como actor político que daría base electoral al ignoto Bolsonaro, quien ganaría aprovechando el clima antipetista y las banderas conservadoras de seguridad, orden y prisión para los corruptos.

Si hoy en día buena parte de los cuadros militantes e intelectuales petistas presentan a junio de 2013 como génesis de un “golpe” (4), desde junio podemos más bien percibir un fin de ciclo atado a la incapacidad de conexión del gobierno progresista con las demandas populares, tanto las de su propia historia, por caso la movilización contra el neoliberalismo, como las nuevas pautas para una ficticia clase media (que caería por su peso). Tras la victoria pírrica de Dilma en 2014, el PT fue perdiendo base de sustentación hasta que la propia presidenta fuera descartada por “inhábil” en una maniobra de Palacio de baja estofa.

Como el gobierno en Brasil se compone en buena medida en el Congreso, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano, Lula y Dilma no podían soñar con los ministerios homogéneos del kirchnerismo o el evismo; es en ese esquema que encontramos los citados empresarios del agronegocio, pastores, líderes partidarios conservadores, que ayudaban a componer la mayoría y obtenían ministerios a cambio. Fue esa misma base política la que se independizó (nada menos que con el propio vicepresidente de Dilma a la cabeza) y se inclinó por la destitución.

Amén del mecanismo, que para algunos se acercaba al derrocamiento súbito de Manuel Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, como “nueva modalidad de golpe”, mientras para otros se asemejaba a la caída de Allende, pero que en Brasil fue un proceso de juicio político que duró meses y contó con la supervisión de los tribunales supremos, lo ocurrido fue más bien “coherente” con el voto de los brasileños que no salieron a las calles a defender un gobierno, que alcanzó el nivel más bajo de popularidad en los sondeos de empresas encuestadoras. Lo posible vuelto posibilismo: como no se puede transformar la realidad, se presenta con mística la política de crédito, el consumo atado a la financiarización o políticas sociales que dejan intacto el armado del capital concentrado.

Sin reacción popular y movilización en defensa de los líderes, el sistema político asimiló la caída de Dilma con un PT que siguió haciendo alianzas de gobierno a nivel local con el PMDB y otros partidos “golpistas”. En 2018 la suerte estaría echada, el PT representado por Fernando Haddad, un candidato con imagen de buen gestor, anunciado un mes antes de las elecciones no podría enfrentar el fenómeno social y virtual de Bolsonaro, y que había sido el alcalde que decretó el aumento del pasaje que derivó en el levantamiento de junio de 2013. En esa misma elección, Dilma perdería en la contienda para senadores en Minas Gerais, su propio distrito y el PT incluso vería en 2020 un progresismo que empezaría a crecer ya con los colores de otros partidos. La retórica del golpe se volvió un asunto central solo para un sector político y militante, ideológicamente de izquierda y de extracción social alta. Pero no caló ni en el día a día de la administración estatal, ni en las calles, ni entre las mayorías que los partidarios presentan como “lulistas” en el nordeste del país, o en municipios de la periferia de São Paulo, considerados bastiones del PT desde su origen.


Más allá de discusiones conceptuales, jurídicas o de ciencia política, que defendieron que un impeachment sin un crimen de responsabilidad es “golpe”, en el proceso de juzgamiento no fueron tratados temas como la construcción sin consulta previa de la represa de Belo Monte –que financió campañas electorales de Dilma y es símbolo de la destrucción de la Amazonia. La lectura política es la del fin de un ciclo, con un gobierno derrotado políticamente, que después se manifestó como deterioro electoral. Si ganar elecciones significa construir gobernabilidad para terminar gobernando en nombre de los de abajo y en función de los de arriba, éstos últimos, en algún momento, se disponen a gobernar directamente. Lo simbólico, lo mediático, lo estratégico de los relatos que parecen volverse la totalidad de la política, pierden peso específico fuera de las elecciones y en un balance para el que la renovación política se vuelve necesaria.

El bolsonarismo se construiría en el plano del imaginario como un anti PT: elogio de la dictadura, destrucción de políticas públicas progresistas, discurso de odio contra minorías y ultraliberalismo explícito. Pero el modelo económico de bancos, agronegocio, con precarización del trabajo quedaría por fuera de la discusión. En estos días se anularon las condenas de Moro contra Lula sobre el caso Lava Jato en que había sido juzgado por un departamento que empresas contratistas del Estado le habrían ofrecido como pago a cambio de favores políticos. La instrucción y pruebas, sin embargo, no fueron anuladas y otro juez podría condenarlo nuevamente. Pero la noticia repercute políticamente por la recuperación de derechos de Lula para candidatear contra Bolsonaro en la elección de 2022.

El nuevo dato político llega en un país que enfrenta un crecimiento imparable de las muertes por covid, con un gobierno que juega a favor de la muerte. El aumento del precio de los combustibles, el desempleo y la discontinuidad de los apoyos estatales en los primeros meses de pandemia crean una situación de preocupación social, que mantiene cierta indiferencia frente a los caminos políticos que se presentan. Bolsonaro no generó un movimiento propio, pero mantiene un apoyo electoral considerable que se fortalece desde una postura anti-sistema y de apoyo a la economía popular que exige y se moviliza para continuar en funcionamiento a pesar del riesgo epidemiológico.

La candidatura de Lula se presenta en este contexto como salvación. Los años felices del lulismo, en que Brasil vivió una explosión de consumo que se presentó como entrada de 40 millones de ciudadanos pobres a la clase media, aparece ahora como retórica de la salvación ante el desgobierno de Bolsonaro. El fortalecimiento de la polarización favorecería a los dos campos. El bien contra el mal, para el lulismo, en un debate político alejado de la realidad neoliberal de trabajo precario y falta de alternativas. La vuelta de la corrupción y el riesgo del comunismo, para los antipetistas, en un debate que escapa al día a día para orbitar en la esfera de la comunicación política como falsa totalidad. ¿Nace la retórica del “Lula vuelve”?

Ecuador: la retórica de la traición

Habiendo llegado al gobierno Rafael Correa en 2007, reformando la Constitución al año siguiente y asumiendo parte de la agenda sindical (por ejemplo, reduciendo significativamente el nivel de tercerización), de los Derechos Humanos (abriendo comisiones de investigación de los crímenes dictatoriales), avanzado en la participación estatal en la renta petrolera (el sector más rentable de la economía ecuatoriana), planteando la necesidad de estabilizar la balanza comercial y evitar la salida de dólares (en un país cuya economía está literalmente dolarizada), no se logró alterar la matriz productiva y distributiva. Incluso Ecuador fue uno de los pocos países que avanzó en la tarea de investigar su deuda externa, para lo que contrató a Alejandro Olmos Gaona (hijo), argentino desoído en su país, y dictaminando la ilegitimidad de una parte importante de ésta, aunque luego no profundizando el diagnóstico con medidas acorde.

Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una crisis asociada al precio del petróleo y la valorización del dólar (dos elementos estructurales en la economía ecuatoriana), que mostró la fragilidad del esquema económico y social del país. Fue el momento del ajuste: eliminación del aporte estatal obligatorio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supresión parcial a los subsidios a los combustibles, eliminación de subsidios al transporte a nivel nacional, etc., trasladando, en todos los casos, los costos a una población cuyos ingresos disminuían como parte del achicamiento del PIB. La crisis política y económica coincidió con una actitud defensiva del gobierno que, en lugar de rearmar sus alianzas o fomentar nuevos apoyos por abajo, se cerró y, más allá del anticorreismo reaccionario, fue acusado de utilizar al poder judicial para disciplinar a opositores políticos y militantes sociales (no solo en los niveles más bajos del poder judicial, sino con un Tribunal Supremo adicto).

Con ocho años en el gobierno y una crisis que tomó la calle por escenario, el 3 de diciembre de 2015 el gobierno envió una enmienda constitucional que dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad interior. Este gesto formal coincidió con hechos de represión concreta ante consecuentes levantamientos indígenas que se desarrollaron desde entonces hasta el momento de las elecciones en 2017. Particularmente en las provincias de Amazonia y la Sierra, la represión era seguida de allanamientos, persecución judicial, detenciones arbitrarias (con cargos típicos de una enunciación derechista: terrorismo, sabotaje, resistencia a la autoridad, etc.). Según Decio Machado, la represión y la criminalización de la protesta se remontan incluso a los inicios del gobierno de Correa, pero fue en el período de crisis que alcanzó una escala callejera significativa y hasta cierta sistematicidad.

Los asesinatos de José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, referentes opositores al modelo extractivista cortaron definitivamente amarras entre el gobierno y las bases indígenas. Así como en el proceso electoral posterior el correísmo fue acusado de traicionar en buena medida a sus bases, tras su victoria electoral en ballotage, producto de una sobreactuada polarización con el empresario derechista Lasso, el vicepresidente de Correa, Lenin Moreno, se encargó de “traicionar” lo que quedaba.

Tal vez, más allá de la orientación de sus políticas de ajuste, el mayor pecado para cierta militancia consistió en traicionar el plano del lenguaje mismo, teniendo en cuenta la importancia que los gobiernos progresistas de la región le dieron al discurso y las consignas. Lo cierto es que la traición de Lenin Moreno demostró que ni el gobierno de Correa se encontraba en su momento más dinámico (todo lo contrario), ni fue necesario un golpe palaciego o militar para derrocarlo, sino que bastó un simple gesto en el interior mismo de la lógica representativa. Es esa misma lógica representativa la que muestra a un referente del movimiento indígena como Yaku Pérez apoyando, primero a Lasso en las elecciones de 2017 (“prefiero un banquero a un dictador”) y luego algunas de las políticas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno.

El correísmo entregó parte de sus bases posibles a la derecha. Tal vez se trate de un costo propio del llamado neo desarrollismo o de un estilo de gobierno poco afecto a las transversalidades políticas... o un simple efecto de la decadencia de la representación política. Lo cierto es que las protestas de septiembre y octubre de 2019 contra las medidas del ya terminado gobierno de Lenin Moreno revitalizaron la militancia indigenista, pero las elecciones de 2021 parecían devolver el juego al campo de las declaraciones y la maquinaria electoral pone a prueba su capacidad de simplificar la complejidad social con el efecto polarizador del ballotage. El candidato indígena buscaría encontrar un tercer lugar señalando los límites del correísmo y reiterando la distancia con la derecha tradicional, pero a pesar de la alta votación para el movimiento Pachakutik por parte de las bases de las organizaciones indígenas, el escenario tripartito sería desalentador, teniendo en cuenta las posiciones irreductibles entre Pérez y el correísmo y una posibilidad de Lasso de arrastrar a la oposición mayoritaria bloqueando la impugnación franca a las políticas de Moreno, más allá de la retórica de la traición. Por un lado, es cierto que su buena elección remite a la revuelta de 2019 pero, como dice Raúl Zibechi “las insurrecciones no caben en las urnas” y la notable elección de Yaku Pérez Guartambel no es suficiente ni siquiera sumada al voto “anti neoliebral”, que es mayoría absoluta en los curules parlamentarios, para avanzar de hecho contra el neoliberalismo devenido refeudalización corporativista y el extractivismo.

¿La ubicación de Pérez en el mapa es similar a la que ostentó en Brasil Marina Silva? Con todo el cuidado de la traspolación, es menester dar cuenta de lo que se mueve, ambivalente, por abajo y alcanza umbrales nada despreciables también en la lógica electoral. Lo que parece ser clave, pasando el tiempo electoral, es entender los matices, diferencias y convergencias de las distintas líneas del movimiento indígena que se unificaron a la hora de defender el voto y expresan un mundo político que se abre cuando el correísmo y la derecha financiera quedan atrás.

Bolivia: la retórica del golpe 2

La caída de Evo Morales en Bolivia suscitó un áspero debate que tuvo lugar especialmente fuera del país. Las izquierdas regionales e incluso a nivel mundial cerraron filas con la defensa de Evo Morales, lo que significaba sumarse a la campaña contra lo que fue considerado un golpe militar. Presidentes como López Obrador y Alberto Fernández se sumaron personalmente a la campaña, al punto que el presidente argentino hizo del acompañamiento a Evo en su exilio primero y en su posterior vuelta a Bolivia una cuestión de Estado.

Dentro de Bolivia hubo movilizaciones de sectores del MAS, especialmente en El Alto y Cochabamba, bastión cocalero. Enfrentaron la represión, con asesinatos en Sacaba y Senkata a manos del ejército, que obtuvo con el nuevo gobierno garantías para reprimir que Evo Morales no había otorgado –por ejemplo, para contener la crisis desatada por movilizaciones posteriores a la elección de octubre de 2019. Como ocurrió en Brasil, sin embargo, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales la política no se dirimiría con movilizaciones masivas ni una resistencia decisiva contra el golpe, sino con comunicación política: “golpe”, “dictadura”, de un lado; “gobierno corrupto” y “fraude”, del otro.

Dentro de Bolivia, los propios legisladores del MAS apoyaron y dieron legitimidad al nuevo gobierno, formado ante un vacío de poder y la renuncia de la línea de sucesión presidencial detallada en la Constitución, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia aduciendo su carácter de máxima autoridad del Senado. Asumió por votación simple ante la ausencia de mayoría, controlada por el MAS. Pero días después, incluso movimientos sociales se sentarían con la nueva presidenta, y en el Congreso la mayoría optaría por reconocerla, aceptando la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, no dejando que la controversia activa en el plano de la comunicación política llegara a las instituciones (5).

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana se orientaba a denunciar el golpe en Bolivia, haciendo resonar las imágenes cruentas con la memoria de las dictaduras militares. En el país no sería esa la resonancia principal, y se producían jornadas de movilización contra el denunciado fraude, que ponían un manto de duda sobre una elección que ya antes de ocurrir estaba deslegitimada por contradecir la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 (más de una reelección estaba expresamente prohibida).

En 2016, Evo Morales llevó adelante un referéndum para cambiar este punto del texto constitucional, pero perdió en las urnas. La salida de Evo Morales fue vivida por muchos como la caída de alguien que se postuló contra el mandato de un referéndum popular (lo hizo gracias al fallo de un poder judicial presionado políticamente), y en el contexto de movilizaciones sociales que no pueden reducirse a la derecha o la clase media y alta opositora. Hubo jóvenes de todo el país y, antes que los militares recomendaran la renuncia, la propia Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS y otros sectores sociales habían solicitado eso mismo (6).

La relación del MAS con las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte, con contradicciones, compra de lealtades y una relación afianzada que en el momento de las definiciones se quebró. Algo parecido puede decirse de la relación con la OEA. Luis Almagro se manifestó favorablemente a la candidatura de Evo Morales, ganando el desafecto de la oposición. Se desató una crisis por las movilizaciones masivas que denunciaban fraude, después de haberse interrumpido el conteo televisado de votos y retomado con un cambio pronunciado de tendencia que declararía a Evo Morales electo en primera vuelta. En ese momento fue el propio Evo Morales quien convocó una auditoria de la OEA, dándole un papel de juez en el proceso. La OEA recomendó la realización de nuevas elecciones, por irregularidades. El mandatario aceptó el desafío, pero horas después presentaría la renuncia.

En Bolivia, la retórica del golpe tuvo como fuente principal una posición partidaria asociada al evismo. En cambio, personalidades como el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca y otros funcionarios no se refieren a un “golpe” y no hubo una ruptura del orden constitucional con los efectos conocidos en dictaduras convencionales. Los de octubre y noviembre de 2019 fueron acontecimientos de alta complejidad política que se mantendrán abiertos a interpretación y disputa de narrativas.

El gobierno de Jeanine Áñez, que asumió con la promesa de llamar elecciones y practicó una política represiva y racista, terminó postergando la convocatoria con el argumento de las condiciones sanitarias de la pandemia. Su gobierno inició juicios anticorrupción y buscó derrotar al MAS, de facto, desde el gobierno. No lo consiguió. Como es sabido, en octubre de 2020 el MAS volvió al poder con Evo Morales fuera de la disputa (se adujeron motivos burocráticos de falta de residencia para no habilitar su candidatura al senado). La solución que encontró el MAS fue una fórmula con un vicepresidente indígena crítico, que había sido el candidato elegido por las bases (e impugnado desde Buenos Aires por Evo Morales) y un candidato propio de perfil moderado y “técnico”, para la presidencia (7).

Las bolivianas y bolivianos parecen haber dado un mensaje también complejo. Quizás algo pragmático, pero alejado de la mística militante del MAS y, especialmente, de las voces latinoamericanas de opinión a la distancia. El resultado de la elección de octubre de 2020 muestra conformidad con la continuidad el MAS, pero sin clamor por la vuelta de Evo; también el fin de la reelección parece acomodarse al sentir popular. Evo Morales perdió la presidencia, pero también ganó, con su partido nuevamente en el poder y su influencia eligiendo a dedo muchos otros candidatos a gobernadores o alcaldes, en no pocos casos en contra de lo que las bases proponían.

En una lectura de mediano plazo, sin embargo, se percibe el fin de ciclo y un cambio político notable, desde aquella victoria de 2005, como expresión del ascenso de las movilizaciones que se iniciaron en el año 2000, expresadas también en su ratificación en el referéndum revocatorio de 2008. Posteriormente, se volvió preponderante el discurso desarrollista y nacionalista, buscando seducir a las clases medias, que llevó nuevamente al MAS a la presidencia en 2009 y en 2015, ya con un Estado Plurinacional Comunitario constituido, pero sin que la política del MAS buscara avanzar en la implementación de los puntos contenidos en ella –lo que podría haber significado un conflicto real con el poder tradicional e económico.

Un gobierno del MAS que también reprimió las marchas en defensa del TIPNIS (8), que incluso buscaría intervenir, comprar o partir organizaciones históricas de los pueblos indígenas, y que a pesar de los números macroeconómicos favorables empezaría a sufrir un cuestionamiento en las urnas y en las calles.

En ese sentido, Eva Copa representa una nueva generación de líderes. Alteña, se convirtió en presidenta del Senado representando al MAS después de la caída de Evo Morales. En 2021, luego de ser elegida candidata por las bases en la ciudad del Alto fue rechazada por las autoridades partidarias, que forzaron su salida del partido. Ahora se impuso como alcaldesa con amplia votación en la ciudad que protagonizó la guerra del gas en 2003, e incluso fue palco de las muertes en la tranca de Senkata, poco después de asumida Áñez, por represión militar cerca de una planta de gas.

Por otra parte, se mostraba favorito en las encuestas para la gobernación de La Paz el líder indígena Felipe Quispe Huanca, que protagonizó los bloqueos y resistencia anti neoliberal con un fuerte planteamiento anticolonial y de autodeterminación aymara, y que falleció poco antes del pleito electoral, teniendo a su hijo como heredero político que disputará todavía la segunda vuelta para el mismo cargo (9). El fin de ciclo boliviano parece abrir nuevas posibilidades con y sin el MAS, dentro del MAS y con un posible nuevo MAS, como parte de una transversalidad política y social más afín a la complejidad de la hora.

Argentina: la retórica del mal menor

El gobierno de Cristina Fernández fue convalidado como parte de un proceso de recuperación de índices macroeconómicos, laborales y sociales. En ese momento, en pleno reencantamiento popular (y de sectores medios) con un nuevo auge del consumo, sonaba la candidatura de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que tras la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina repuntó y sus dotes como cuadro político terminaron de posicionarla.

La elección de 2011 determinó su victoria por el 54% de los votos, quedando en segundo lugar con aproximadamente 17% el Frente Amplio Progresista encabezado por el Socialismo santafecino. ¿Cómo es que solo cuatro años después la derecha más rancia, encabezada por la figura de Mauricio Macri, se quedó con el 51% de los votos en ballotage ante la más conservadora de las opciones del hasta entonces oficialismo, el antes postergado Scioli? De algún modo se puede decir que en 2011 no solo el gobierno ganó una elección, sino que el plano electoral ganó lugar en relación a otras dimensiones de la construcción política.

Así, el gobierno se autonomizó definitivamente de la trama que incluía movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir transformaciones, haciendo de ese modo a un lado al elemento crítico que podía albergar su base de sustentación. Liberó la fuerza del número (más de la mitad de los votantes) de rendiciones de cuenta, poniendo en riesgo la fuente misma de legitimación política, en un derrotero que la propia presidenta reelecta abrió con el eufemismo “sintonía fina”.

El período de 12 años de gobierno kirchnerista se caracterizó por su heterogeneidad, tanto a nivel de las condiciones externas, como del plan económico, la construcción política hacia adentro e incluso la seguridad interior. En el último tramo, disminuía significativamente el ingreso de divisas, con consecuencias graves en la generación de empleo (se amesetó definitivamente el empleo privado, tanto como el surgimiento de nuevos pequeños agentes económicos); por otra parte, aumentaba la preocupación del gobierno por la conflictividad social: el plan “Cinturón sur” desplegó a la Gendarmería en los barrios populares, villas y asentamientos, hizo su aparición en escena el punitivista e inefable secretario seguridad Berni, se reformó la Ley Antiterrorista con endurecimiento de penas, en tándem con la existencia – hacía ya unos años– del Proyecto X (que espiaba y operaba militantes). El rumbo extractivista siguió cumpliendo etapas, con la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba (resistida por movimientos territoriales), los subsidios a grandes empresas superaron las inversiones en vivienda y programas sociales, el aumento del pan en 2013 dejó ver, una vez más, los entretelones de la concentración económica en  rubros sensibles como la alimentación, y se votaron leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes patronales.

La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida de un ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos, repercutió en el poder adquisitivo de la clase trabajadora formal, informal y de las economías populares. El intento del gobierno por volver a los mercados internacionales de manera oficial lo encontró condescendiente con el CIADI y pagando punitorios al Club de París. El 70 % de los jubilados ganaban la mínima (muchos de ellos se habían beneficiado por el reconocimiento por primera vez de su jubilación) cuando el defensor de la tercera edad reconoció que justamente ellos venían perdiendo capacidad de compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de Hidrocarburos y el acuerdo secreto con Chevron entregaron soberanía por la necesidad de financiamiento en el cortísimo plazo, mientras que ahí donde se había recuperado terreno con la estatización parcial de una mermada YPF (que representaba el 34% del sector hidrocarburífero), se contrató a un CEO para aplicar una política de ingresos vía aumento de combustibles y usar a la empresa como boca de endeudamiento externo.

Cuando marcamos la pérdida de protagonismo y dinamismo social justo en el tiempo posterior a una victoria electoral de tal contundencia, nos preguntamos si se perdió de vista la propia génesis de la impugnación al neoliberalismo que había tenido lugar en 2001 y la composición social heterogénea que luego funcionó como base de sustentación. En cambio, notamos que el triunfalismo de los actos y enunciados oficialistas funcionaron como contracara y espejo de la animosidad y las operaciones de medios y sectores opositores. Los vectores más dramáticos en términos de antagonismos territoriales y económicos concretos, permanecían inalterables. Pablo Hupert escribía, en ese sentido: “En cuanto a los antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).” (10)

La figura de Scioli, candidato elegido sin internas ni mayores discusiones por Cristina Fernández, dio cuenta de las líneas generales del último tramo del oficialismo y de un sobreentendido preocupante que recuerda al caso brasilero: “si va a haber ajuste, mejor hacerlo nosotros”. Más allá del tratamiento bien conservador en materia de seguridad que el gobierno de Scioli llevaba adelante en la provincia de Buenos Aires, del crecimiento exponencial de los countries durante sus dos mandatos consecutivos, de su pasado de fidelidad al menemismo hasta último momento, entre otras cualidades, el dato de la construcción de su candidatura había que buscarlo en su propuesta económica. Sus asesores, fundamentalmente Miguel Bein –a quien llevó a más de una entrevista televisiva en el prime time para que respondiera por él asuntos claves de la economía–, no dejaban dudas acerca de la “necesidad” de un ajuste y pretendían diferenciarse de sus adversarios electorales en dos puntos: el ajuste debía ser gradual y el actor principal no sería el mercado financiero, sino la oligarquía industrial. En definitiva, el “fin de ciclo” en Argentina estuvo dominado por un consenso no siempre explicitado en torno a la necesidad de un ajuste según dos matices: gradualismo o shock. ¿El gobierno de Alberto Fernández es la sobrevida? ¿Se trata de un progresismo post mortem bajo la máscara de un “progresismo liberal” que se sostiene en la apuesta extractivista, la ambigüedad discursiva, el mantenimiento del ala conservadora en la disputa por la tierra (Berni exaltando la represión en la toma de Guernica)?

Conclusiones abiertas

Cuando hablamos de “fin de ciclo” progresista, no nos referimos a una coyuntura electoral. Es cierto que se pone de manifiesto una debilidad cuando una figura anti popular como Mauricio Macri destrona al kirchnerismo, o en la reducción de la presencia en gobiernos municipales del PT de 600 a solo algo más de 100 municipios, de los cinco mil en todo Brasil. Pero la derecha tampoco logra consolidar una hegemonía política como fue la del progresismo (excepto en Colombia de forma estable y en Perú con inestabilidad y recambio). En Chile, tras el estallido iniciado en octubre de 2019 y la convocatoria de una convención constituyente, es muy probable que el progresismo se imponga como lo hizo en Bolivia y Argentina, mostrando más bien un péndulo inestable de transición, donde también la extrema derecha y las nuevas izquierdas se suman a la disputa, siguiendo los pasos de algunos países europeos. Más allá de lo electoral, entonces, el fin de ciclo es vivido por los más identificados desde cierto endurecimiento interno o incluso ensimismamiento. Aumenta la mistificación mientras disminuye la capacidad de movilización, se interrumpe la continuidad con las luchas que llevaron a los gobiernos de raíz popular al Estado. A su vez, se consolida la perspectiva estatal tendiente a la criminalización de las protestas, políticas de austeridad más y menos disimuladas y, fundamentalmente, una ambigüedad que queda cada vez más lejos de los movimientos y experiencias alternativas.

El dirigente social argentino Juan Grabois desafió al Frente de Todos (al que pertenece) al insistir en que la cautela supuestamente estratégica del gobierno podría terminar alejándolo de sus bases. Pero se excede (reincide) en confianza a los liderazgos cuando sostiene que hace falta una dirigencia “que tenga el coraje, la inteligencia y la planificación para lograr cambiar la estructura absolutamente regresiva, degradatoria, primarizante, colonial que tiene la Argentina...”. En buena medida, los movimientos sociales reproducen las dificultades que se observan a nivel de los gobiernos y su pérdida de dinamismo explica también el alcance limitado de una red de espacios (nada limitada de antemano), a la hora de alterar las condiciones macroeconómicas y las características del Estado mismo –que Grabois reconoce como un Estado neoliberal ocupado circunstancialmente por gobiernos populares o progresistas.

En el caso de Chile, los límites para el cambio estructural ya se encuentran interiorizados en las limitaciones que el poder político (conservador o progresista) impuso en acuerdo político de cúpulas mientras las calles ardían en una histórica movilización social, para definir las reglas de funcionamiento del foro en vistas a la Constituyente. Como ocurrió en Bolivia, el poder constituyente surge limitado (constituido) por la necesidad de aprobación por dos tercios, que políticamente garantiza poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales –finalmente, intérpretes en última instancia de los mensajes de las calles. Quizás sea ilustrativa la “funa” (escrache) que encontraría a fines de 2019 Gabriel Boric, ex líder estudiantil de las protestas de 2001 y creador del Frente Amplio, por su participación en el acuerdo con el gobierno y otros sectores políticos, accediendo a sellar el acuerdo para encaminar la Constituyente con el gobierno y también la ex Concertación, fuerza cuya derrota fue la condición que lo había transformado en líder político con el mote de “nueva política”.

La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Últimamente, la militancia partidaria, sindical y social, en el momento mismo en que se refiere a las relaciones de fuerza no se asume como parte de esa relación. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social. ¿Dónde quedan nuestras fuerzas entonces? ¿De qué modo hacemos parte en situaciones concretas de esa relación? Se da por concluida de antemano una relación que, por definición, no está cerrada; se piensa como gesto estratégico la repetición de lo mismo, como si las estrategias no fueran también parte de un campo en disputa dependiente de las condiciones que, justamente, no son una repetición de lo mismo. ¿Y si no es un problema de “gran estrategia” voluntarista o sacrificial, sino de tacticismo radical y alegre? De hecho, hay fuerzas de distinta índole, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino en el plano de la imaginación política, de las transformaciones a nivel de los vínculos dentro y fuera de las organizaciones, en el seno de complicidades transversales, tácticas de guerrilla o formatos de unidad de acción. La imaginación no es una abstracción o una utopía perdida por lejana, sino una fuerza que abre posibles.

¿Cuáles fueron los límites de los aspectos dinámicos de esos procesos se cerraron o viven aun a costa de su fin de ciclo? Pensamos en, al menos, dos niveles: la relación de los movimientos, los sectores populares, las denominadas bases y organizaciones con los gobiernos propiamente dichos, por un lado, y las medidas concretas, entre rupturas y continuidades con los regímenes previos (la vigencia del neoliberalismo, de las oligarquías, etc.). Este último punto relativiza las acusaciones de claudicación, de traición o de giros conservadores de los gobiernos, en tanto ya estaban escritos en la matriz de relación entre éstos y la dinámica de los movimientos. Incluso, ¿hasta qué punto, parte de los movimientos y de la militancia de base se perciben y piensan a sí mismos de entrada identificados con el realismo del poder? El realismo político que transforma un análisis automático de la correlación de fuerzas en una excusa para no repensar las relaciones del dinamismo social con los formatos de poder existente, opaca toda imaginación política con su velo indolente.

Por nuestra parte, el diagnóstico y las preguntas que nos propusimos no surgen de una mirada exterior a los deseos de transformación de las relaciones de desigualdad y destrucción del medio vigentes, ni de una inmaculada concepción de izquierdas, sino de un realismo doloroso (11) que no está dispuesto al silencio público de las diferencias, ni al razonamiento extorsivo cuya única razón de ser son los poderes que se tiene en frente. Nos permitimos sospechar del sobredimensionamiento jactancioso y en bloque del enemigo, gesto correlativo de una victimización también excesiva respecto de las potencialidades propias y vitalidades inesperadas. Apostamos, más bien, a un realismo de la potencia que ponga de relieve las expresiones de dinamismo encarnadas por actores y formas de relación y organización existentes, para una imaginación política capaz de actuar, de intervenir en nuestras condiciones, con todo el barro que la historia disponga. Desde la marea de feminismos hasta las luchas ambientalistas, los espacios de contracultura, las experiencias de economías solidarias y populares, hasta las resonancias entre un buen vivir contemporáneo y la vigencia comunitaria de los pueblos indígenas, pasando por las revueltas estudiantiles, los nuevos modos de agrupación y democracia gremial o de lucha de trabajadores autónomos y precarios por fuera de las estructuras que ya no los contemplan ni representan, y el activismo informático… la fenomenología del dinamismo político es muy vasta y no lo es menos la potencialidad de articulaciones e interfaces capaces de la necesaria transversalidad a la hora de contrapesar e incluso superar las asimetrías concretas que conforman la actual correlación de fuerzas, es decir, la trama que define cuánto podemos.

Es clave atender e investigar lo que hay de vivo por abajo y por los costados, así como propusimos repasarlo comparativamente en la historia insurreccional latinoamericana del último tramo del siglo XX. ¿Qué pasa hoy con los enjambres de repartidores y trabajadores logísticos por aplicaciones que bien podrían parar las ciudades? ¿Qué lugar tiene en algunos países la construcción comunitaria indígena por fuera de las ciudades, o enhebrando campo y ciudad? La movilización de los pobres por el auxilio económico o renta universal en Brasil reorientó los recursos del Estado; las tomas de tierras con grados cada vez más altos y sofisticados de organización y enunciación en Argentina dejan ver un deseo de vivir bien sin temor a la confrontación. Algo se mueve por fuera de lo posible, ¿algo imposible? Entre la máquina neoliberal y su “There is no alternative” implícito –o incluso fracasado neoliberalismo devenido refeudalización corporativista– y el posibilismo progresista, suerte de liberalismo sensiblero, izquierda que ladra, pero no muerde; es decir, entre el realismo de la impotencia y el realismo político, se cuela una potencia que busca su propia realidad.

Ariel Pennisi

@ArielPennisi1

Salvador Schavelzon

@schavelzon

2 abr 2021 05:56

Publicado enPolítica
Vladimir Putin tiene vía libre para buscar su reelección como presidente de Rusia

Una enmienda a la Constitución aprobada por el Senado le permite seguir hasta 2036

 

El Senado ruso sancionó una enmienda a la Constitución de ese país que restringe a dos períodos de seis años la duración de los mandatos de un mismo presidente. La medida, que no tiene carácter retroactivo, permite que Vladimir Putin se pueda presentarse solo por dos períodos más y seguir al frente de la Federación Rusa hasta 2036.

La norma fue aprobada por el Consejo de la Federación (Senado) una semana después de que la iniciativa recibiera luz verde en la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento). El autor de la iniciativa es del senador Andréi Klishas y fue debatida en el marco de la realización de cambios a la Carta Magna de ese país.

El cambio votado deja claro que se limita a dos el máximo de mandatos presidenciales que la misma persona puede ocupar, pero que esto no se aplica "a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor" de las enmiendas.

Es decir que la nueva ley permite a Putin postularse en las elecciones de 2024 y 2030.

La norma también establece que a la Presidencia puede postularse un ciudadano de Rusia que tenga al menos 35 años, que viva permanentemente en el país durante al menos 25 años y que no tenga ni haya tenido nunca la ciudadanía o permiso de residencia de otro Estado.

Además, estipula que solo un ciudadano de la Federación de Rusia mayor de 30 años puede encabezar la Comisión Electoral Central.

Lo que ahora resta es que lo votado sea ratificado por el propio presidente Putin. El presidente, de 68 años, está completando su segundo mandato -que termina en 2024-, tras haber ejercido previamente la Presidencia entre 2000 y 2008, cuando este cargo lo asumió por cuatro años Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

El referéndum de la Constitución, celebrado en 2020, fue aprobado por el voto favorable del 77,92 por ciento de los votantes.

Además de fijar límites a la continuidad de un mismo gobierno, modificó también las funciones del Ejecutivo y del Poder Legislativo, y prohibió expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia.

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La gran política y la revolución digital

 

 

En los Cuadernos de la cárcel Antonio Gramsci diferenciaba entre la gran política y la pequeña política. La primera se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga.

La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios prexistentes. En el mundo actual, la alta política la definen las grandes multinacionales, las fuerzas armadas y sus think tanks estratégicos, y grupos de presión y de poder como el deep State en Estados Unidos.

De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no se proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje y estética políticas, sobre todo utilizando los medios de comunicación de masas.

Lo más común es que propongan como gran política cuestiones que no pasan de ser políticas de lo cotidiano, a menudo rescatadas de fracasos anteriores. La represa Belo Monte que promovió el gobierno de Lula en Brasil fracasó casi medio siglo antes por la oposición de los pueblos amazónicos a la obra faraónica que propuso la dictadura militar. El Tren Maya entra en la misma categoría de la política de intriga, que se quiere hacer pasar como obra estratégica.

El desarrollo digital forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y el crepúsculo.

Sin embargo, la digitalización es considerada como la tercera revolución antropológica, luego de la creación del lenguaje articulado y la invención de la escritura, como estima el sicoanalista y epistemólogo franco-argentino Miguel Benasayag en La tiranía del algoritmo, aún inédito en castellano.

Miguel es un compañero cuyos análisis son agudos y penetrantes. Pertenece a la generación de 1968, estuvo tres años en las cárceles de la dictadura por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo y ahora participa en el colectivo francés Malgré tout (A pesar de todo). Sigue comprometido con causas colectivas y se ha focalizado en estudiar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Su libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), señala que, a diferencia de los inventos anteriores, desde la rueda a los antibióticos, la digitalización no termina de producir un nuevo modo de ser en el mundo para el hombre, sino que aleja al hombre del mundo y su poder de actuar, a pesar de que desencadene un poder muy fuerte en lo tecnológico (p. 116).

Sostiene que la revolución de la digitalización ha llevado a que 95 por ciento del conocimiento que tenemos sobre el mundo sea indirecto. Pero ese conocimiento indirecto no se suma al conocimiento que nace de la experiencia corporal, sino que lo remplaza y lo cancela. Por eso considera la digitalización como violencia, porque niega y suprime la diferencia (y a los diferentes) y las identidades singulares.

La rapidez y la omnipresencia caracterizan la revolución digital, estima Benasayag. En el mundo del algoritmo no existe la alteridad, pero la delegación de las decisiones políticas en los algoritmos suspende el conflicto, lo bloquea y lo inhibe. La negación del conflicto puede producir la barbarie, sostiene en Elogio del conflicto, escrito con su compañera Angélique del Rey (Brueghel, 2018).

La tiranía del algoritmo coloniza la vida, al eliminar la singularidad de los seres y, en consecuencia, suprimir el conflicto. De ese modo nos deja inermes, nos desmaterializa y descorporiza, convertidos apenas en datos binarios inscritos en chips, lo que nos inmoviliza al enrejarnos en lo individual.

Para evadir esta tiranía, sostiene Benasayag, debemos resistir la supresión de la diferencia y del conflicto, algo que parecen estar deseando los gobiernos, en general, y los progresistas en particular. Por eso se engalanan con las prendas de los pueblos originarios y esgrimen sus bastones de mando haciendo creer que todo es lo mismo, que es igual arriba que abajo. Las diferencias y los diferentes son sentidos como amenazas por un sistema incapaz de procesar los conflictos, como hizo la humanidad en su historia.

La pequeña política gubernamental se muestra impotente ante la gran política de las grandes empresas de la información, esas que pueden hasta bloquear y cancelar las cuentas de los presidentes del imperio. Lo peor que podemos hacer es ignorar la potencia de esta tiranía, su capacidad de anular a los seres humanos.

Aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida. Lo que vamos aprendiendo es que nada puede cambiar si nos limitamos a la pequeña política de palacio

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Elecciones en Ecuador: Andrés Arauz obtuvo una amplia ventaja pero habría ballottage

El candidato correísta salió primero en las presidenciales

Los primeros datos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 90 % del conteo rápido de una muestra de 2193 actas, indicaron que el candidato progresista tendría 31.50% de los votos, Yaku Pérez 20.04% y Guillermo Lasso 19.97%.

 

El domingo en la noche terminó con una certeza en Ecuador: Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (UNES), salió primero en la elección presidencial. Se trata de un resultado que había sido anticipado por la mayoría de las encuestadoras de diferentes signos políticos y que resultó confirmado.

 “Ganamos, triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter, que, durante la jornada acompañó a votar a su abuela Flor Celina Galarza, de 106 años, en su centro de votación en la ciudad de Quito. Arauz, con el domicilio aún inscripto en México, donde residía meses atrás, no pudo votar en estas elecciones.

La certeza de la victoria de la revolución ciudadana estuvo acompañada de una pregunta: la existencia o no de una segunda vuelta, objeto central de las especulaciones y operaciones de varias encuestadoras. Junto a la pregunta por el balotaje, se abrió otra, acerca de a quién enfrentaría Arauz: si Guillermo Lasso, candidato por CREO y el Partido Social Cristiano, o a Yaku Pérez, del partido Pachakutik. Éste último, en horas de la noche, antes de tener números oficiales, anunció haber ingresado a la segunda vuelta: “después de la segunda vuelta seremos la primera fuerza política del país”, afirmó.

Los primeros datos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cerca de las 21.15 hora local, con el 90 % del conteo rápido de una muestra de 2193 actas, indicaron que Arauz tendría 31.50% de los votos, Pérez 20.04%, Lasso 19.97% y Xavier Hervas, un candidato cuyo ascenso había comenzado a ser anticipada la última semana, 16.28% de los votos. Los números entregados por el CNE fueron cuestionados por Rafael Correa, quien afirmó: “Todos saben que eso es mentira, en los mismos datos reales ya ingresados estamos alrededor del 38%. ¡A cuidar cada voto! El engaño es evidente”.

El mensaje de Arauz fue desde el primer momento de la tarde, llamar a esperar al resultado final del CNE, bajo sospecha de parcialidad, para saber si, efectivamente existirá una segunda vuelta, algo que, aún no ha quedado totalmente confirmado, aunque la tendencia indicaría que sí. La posibilidad de que suceda estará dada por el hecho de que el candidato no alcance el 40% necesario. En cuando a los diez puntos de distancia sobre el segundo, los datos indicarían que habría sido alcanzado.

El resultado logrado por Arauz, es decir la revolución ciudadana como proyecto, y la figura de Rafael Correa como liderazgo, representa una victoria política en el contexto actual de persecución que vive el correísmo. Fue celebrada como tal en el bunker situado en el hotel Mercure de la ciudad de Quito, al cerrarse una jornada de votación con una gran afluencia en las urnas.

Las imágenes en Quito y varias ciudades del país, mostraron una participación constante, con colas de varias cuadras en algunos centros electorales, y denuncias acerca de la lentitud para dejar ingresar a la gente. En Ecuador el voto es obligatorio, so pena de 40 dólares -con un salario mínimo de 400- o imposibilidad de realizar trámites en el Estado, algo que forma parte de las varias razones de la afluencia masiva.

Se sabía que había mucho en juego en estas elecciones por los candidatos y modelos en pugna, en el contexto de un país marcado a fuego por la traición política, el retroceso económico neoliberal, la pandemia, una campaña de persecución política, y otra mediática contra el correismo, con el objetivo de convencer que Correa había sido uno de los presidentes más corruptos de la historia. Un modelo ya clásico implementado en las revanchas contra los gobiernos progresistas.

El hecho de haber llegado hasta la elección, luego de las irregularidades del CNE que se mantuvieron a lo largo de toda la campaña, representó en sí un triunfo en el marco de una democracia debilitada e instituciones golpeadas, parcializadas, enfrentadas en oportunidades, uno de los legados que dejan los años de Lenin Moreno, quien, es seguro, dejará la presidencia en el mes de mayo y, se especula, tal vez también el país.

Aún falta por conocerse el resultado definitivo de una contienda donde está en juego la orientación que tendrá el país en los próximos años. En caso de existir el balotaje, Arauz seguramente enfrentará el intento de conformación de un frente anti-correista que reunirá un arco diverso, pero no impredecible: Lasso ya ha afirmado que apoyaría a Pérez en una segunda vuelta en la cual el candidato de Pachakutik disputara la presidencia contra Arauz, y el mismo Pérez ya apoyó a Lasso en las elecciones del 2017 afirmando que era “preferible un banquero a un dictador”.

Al cierre de esta nota el país observa la evolución de los resultados con atención, las fuerzas políticas, en particular el correismo, con vigilancia debido a las irregularidades ya acontecidas por parte de un CNE que funcionó como un actor político a largo de estos meses. Al saberse el resultado final, que deberá ser entregado por el órgano electoral, se sabrá si finalmente comenzará un nuevo ciclo de la revolución ciudadana a partir del mes de mayo o si comenzará una campaña de segunda vuelta que enfrentará a Arauz a Lasso o Pérez en el mes de abril.

La jornada del domingo mostró la voluntad de participación de una mayoría de la población ecuatoriana, la necesidad de expresarse sobre el futuro del país que en cuatro años de gobierno de Moreno vio un giro dramático que dejó heridas políticas, económicas, sociales e institucionales.


Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, se disputa el segundo lugar con el banquero Guillermo Lasso

Elecciones en Ecuador: el movimiento indígena, un actor clave

En un escenario abierto, el movimiento indígena quiere aprovechar el impulso de la revuelta de 2019 que puso contra las cuerdas a Lenín Moreno, aunque sus divisiones internas no garantizan un apoyo cerrado a un aspirante a la presidencia. 

Por Guido Vassallo

El escrutinio parcial del Consejo Nacional Electoral  (CNE) ecuatoriano apunta a una segunda vuelta en la que, sin embargo, resta definir quién acompañará en esa instancia al economista y candidato del correísmo, Andrés Arauz. Esta noche el segundo lugar se disputa voto a voto entre el empresario Guillermo Lasso y el sorprendente candidato de Pachakutik, Yaku Pérez. Aunque casi ninguna encuestadora lo vio venir, el exgobernador de la provincia de Azuay llegó a meterse en la pelea por la presidencia de Ecuador coqueteando con las organizaciones ecologistas e intentando superar la "grieta" entre Arauz y Lasso. 

En un escenario abierto, el movimiento indígena quiere aprovechar el impulso de la revuelta de 2019 que puso contra las cuerdas al presidente Lenín Moreno, aunque sus divisiones internas no garantizan un apoyo cerrado hacia ninguno de los aspirantes a la presidencia.

Los 14 pueblos autóctonos de Ecuador representan solo al 7,4 por ciento de la población de acuerdo al censo de 2010. "Sin embargo, el movimiento indígena es el mejor organizado y el más potente entre los movimientos sociales, pues el movimiento de los trabajadores sigue en una larga crisis", aseguró el historiador Juan Paz y Miño en diálogo con PáginaI12. En la misma línea, el politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Franklin Ramírez, sostuvo que se trata de "un actor fundamental de nuestra democracia que puede moverse al mismo tiempo en la esfera institucional y en la contienda social".

La declaración durante el gobierno de Rafael Correa del Estado Plurinacional en la Constitución del 2008 significó un importante logro para los indígenas: con el establecimiento de un nuevo modelo de Estado se consagró la legalidad de sus reclamos y se instauró una práctica jurídica que persigue la verdadera igualdad entre las distintas comunidades del país. Pero el permiso que otorgó el expresidente ecuatoriano al extractivismo en territorios indígenas generó un quiebre en la relación.

Los años pasaron y en octubre de 2019 el movimiento indígena se puso al frente de una marea de manifestantes que jaquearon al gobierno de Lenin Moreno logrando la suspensión de la eliminación de subsidios a los combustibles. Aquellas movilizaciones contaron con el protagonismo indiscutible de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización indígena más grande de Ecuador, formada en 1986. 

"El movimiento salió a la calle y mostró al país que hay un relevo generacional. Recuperó la dimensión más radical y plebeya que no llegó a tener en los diez años de correísmo", planteó Ramírez. "De todos modos, la inédita represión que sufrieron los indígenas y después la persecución judicial sobre varios de sus dirigentes han sido golpes que afectaron al movimiento. Se sumó, de inmediato, la pandemia del coronavirus en 2020", agregó Paz y Miño.

La apuesta por Yaku Pérez

La Conaie aglutina a 14 nacionalidades y cerca de 15 mil pueblos originarios. Desde su creación tuvo un papel central en la política ecuatoriana formando parte de movimientos que llegaron incluso a derrocar presidentes. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik se creó en 1995 como el brazo político de ese colectivo indígena. Ese partido eligió como candidato presidencial a Yaku Pérez, que en palabras de Ramírez representó el "desarrollo acelerado de un ecologismo quizás algo liberal, muy conectado con ONGs del primer mundo".

Pero la elección de Pérez también evidenció las fracturas internas del movimiento. "Los indígenas no estaban alineados detrás de un solo candidato ni tampoco votaron todos por candidatos indígenas. Conocer Ecuador significa que estamos hablando de muchos pueblos que no comparten una misma ideología", explicó el analista político Guillermo Holzmann.

¿Qué pasará en la segunda vuelta?

Las especulaciones son varias de cara al proyectado ballottage del próximo 11 de abril. "Creo que el de Yaku Pérez no será el voto decisor", planteó Paz y Miño. Para el doctor en Historia Contemporánea, frente a una segunda vuelta entre Arauz y Lasso, lo más previsible es que el candidato del correísmo tenga un apoyo masivo de las bases indígenas. "Pero si el ballotage enfrenta a Pérez y Arauz, no es posible definir lo que podría pasar. Buena parte de las derechas del país apoyarían a Pérez a fin de evitar el triunfo del correísmo", agregó.

En cambio Ramírez cree que cualquier escenario de ballotage podría no ser del todo favorable para el correísmo. "El gran límite del correísmo es que no tiene mucho margen de maniobra política para ampliar sus alianzas", explicó el sociólogo e investigador ecuatoriano, aunque alertó que el movimiento indígena "puede tener un papel muy relevante frente a esa situación".

Para Holzmann es muy importante considerar la mencionada división del movimiento indígena. "Tenemos un sector radical ideológicamente identificado con las propuestas de izquierda, donde la pluralidad es un elemento esencial", advirtió el analista político. Allí se encuentra la Conaie, que con un gobierno progresista representado por Arauz tendría mayores posibilidades de obtener una cuota de poder político.

"Pero también hay un sector indigenista pragmático que concuerda con la recuperación de los recursos naturales y apuesta por mejores condiciones de vida, pero está dispuesto a obtener mayores logros con un gobierno de derecha que con uno de izquierda. Se visualizan como mucho más proclives a una negociación política permanente, y votando por la visión empresarial que representa Lasso en una hipotética segunda vuelta tendrían mayores posibilidades", agregó Holzmann.

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Injerencia estadunidense en los comicios ecuatorianos

El 7 de febrero se celebran comicios presidenciales y legislativos (137 asambleístas) en Ecuador. El candidato mejor colocado para ganar la elección es Andrés Arauz, candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Arauz es el representante de la identidad política llamada correísmo, heredero de una revolución ciudadana a la que el actual gobierno intentó aniquilar y proscribir electoralmente.

Andrés Arauz tiene 37 por ciento de intención de voto en las encuestas más recientes, frente a 24 por ciento del banquero Guillermo Lasso, su principal competidor, quien busca "desterrar de una vez por todas el modelo fracasado de socialismo del siglo XXI". El problema es que es necesario alcanzar 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia al segundo para ganar en primera vuelta. En caso de no hacerlo, habrá segundo round el 11 de abril.

Lenin Moreno es el tercer actor en disputa. El actual presidente acaba de visitar Washington, donde se reunió con uno de los responsables intelectuales del golpe de Estado en Bolivia, Luis Almagro, con el ex director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cubanoestadunidense Claver Carone y con el Fondo Monetario Internacional, con quien Ecuador contrajo una deuda por varios miles de millones de dólares durante la presidencia de Moreno.

Moreno está desesperado y al mismo tiempo temeroso de un eventual regreso del correísmo al gobierno, pues podría ser sujeto de numerosos procesos judiciales por su accionar, y ya ha gestionado su salida del país, con Suiza como destino, nación donde tiene cuentas bancarias resultado de la corrupción y entrega de los recursos del país al capital extranjero y a los organismos financieros internacionales.

Una de sus principales colaboradoras, la ex ministra María Paula Romo, negoció también con la embajada de Estados Unidos su refugio en Washington, siguiendo los pasos de Richard Martínez, ex ministro de Economía, quien fue recompensado en noviembre pasado con la Vicepresidencia del BID.

En paralelo, y al igual que sucedió en Bolivia, comienza a aflorar en la derecha ecuatoriana el discurso de un supuesto fraude electoral. Para ello han creado un "Observatorio para el control electoral" a cargo de Mario Pazmiño, ex jefe de la Policía Nacional, vinculado a los servicios de inteligencia estadunidenses. A este operativo se han sumado el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Internacional Republicano (IRI) de Estados Unidos.

El NDI está reclutando ciudadanos ecuatorianos participantes de los programas de transparencia electoral, liderados por Julian Charles Quibell, funcionario estadunidense que trabaja en el NDI desde hace 18 años y es considerado el gurú de las elecciones en América Latina.

Quibell comenzó sus andanzas en el NDI en 2002, asesorando la red de partidos políticos de derecha en Bolivia durante dos años, para a continuación llegar a la oficina del NDI en México entre 2004 y 2012, desde donde dio el salto a la oficina regional del instituto en Managua, con la misión de organizar acciones contra el gobierno sandinista, entre ellos el diplomado en liderazgo y gerencia pública, financiado por Usaid, espacio pensado para formar y financiar a líderes opositores "emergentes".

El funcionario estadunidense ligado a los servicios de inteligencia tuvo que salir abruptamente de Nicaragua hacia México en enero de 2019, cuando estaba a punto de ser detenido por las autoridades locales a partir de una serie de denuncias en su contra.

En julio de 2020 fue reubicado en la oficina de Ecuador, donde también le fue encomendada la atención a los programas de Bolivia, casualmente dos naciones envueltas en procesos electorales y con posibilidades de victoria de fuerzas de izquierda.

En estos momentos el NDI ejecuta un proyecto en Ecuador financiado con 2 millones de dólares de USAID, con el objetivo de crear condiciones para "garantizar la transparencia y la seguridad" del proceso electoral, con cierto control sobre el proceso y las plataformas digitales destinadas a fiscalizarlo. Entre sus actividades principales, apoya a sectores de la derecha ecuatoriana y a personal vinculado al escrutinio, en un proyecto en cuya ejecución se implica directamente el gobierno de Lenin Moreno, a través de la cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por si no fuera poco, una de las subordinadas de Quibell es la ciudadana ecuatoriano-brasileña Juliana Ferreira Sevilla, quién anteriormente trabajó en la cancillería y tiene vínculos con el CNE, habiendo sugerido incluso realizar las elecciones de manera virtual.

Pero la idea en la que convergen hoy tanto Lenin, como su ministro de Defensa, responsable de la represión en octubre de 2019 y alfil de Estados Unidos, por un lado, y Almagro y el NDI, por otro, es suspender los comicios ante la posible victoria en primera vuelta de Arauz, al igual que sucedió con la de Lucho Arce en Bolivia.

Se hace necesaria la presión internacional para que esto no suceda, y la presión nacional para cuidar cada voto y cada casilla, rechazando tanto la injerencia externa de Estados Unidos, como la interna de sus lacayos locales.

El rol de los cursos de liderazgo del NDI en Nicaragua y la sui géneris Revolución de las chimbombas http://nicaleaks.com/2018/10/04/ el-rol-de-los-cursos-de-liderazgo-del-ndi -en-nicaragua-y-la-sui-generis-revolucion -de-las-chimbombas

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El presidente Joe Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas en la Casa Blanca para atender las crisis que marcan prioridad en su agenda. Lo observa la vicepresidenta Kamala Harris.Foto Afp

El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños migrantes, mientras el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su par ruso, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.

Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrieron los ojos de millones de estadunidenses y millones en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.

También recordó que entre quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las cuatro que sufre el país junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático, que ha identificado como las prioridades de su gobierno.

Sus órdenes ayer, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de migrantes jamaiquinos y esclavos estadunidenses), son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno.

En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid-19 que los blancos y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada 11 latinos están ahora desempleados, mientras las comunidades indígenas sufren condiciones aún peores.

Una de las órdenes firmadas ayer –la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas– es parte de la respuesta a demandas para reformar el sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de migrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, 81por ciento de migrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.

Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y dar pasos para combatir la xenofobia y los actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el virus chino).

Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorando del gobierno de Trump que proclama una política de tolerancia cero, según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad que viajan con adultos no podían permanecer encarcelados con ellos, de acuerdo con la ley, y como resultado agentes federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenara en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.

Relaciones exteriores

Mientras el enfoque político del gobierno de Biden ayer fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la externa. Biden se comunicó la tarde de ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de abordar varios temas, como extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) y también para expresar críticas y advertencias.

Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas. Agregó que también se habló de la agresión contra Ucrania y de las versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.

Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden ayer fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia.

A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.

No todo cambia

Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como halcón y fue opositor a la normalización de la relación diplomática con Cuba (él es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).

Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y ayer la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, sólo reiteró que el objetivo de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela por medio de elecciones libres e imparciales y subrayó que Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y buscará proceder por conducto de la diplomacia multilateral.

¿Impunidad otra vez?

Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado estuvo a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, sólo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los demócratas (50), lo que indica que no habrá suficientes votos –por ahora– para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para comenzar el 9 de febrero.

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