Manuel Canelas, ministro de Comunicación de Bolivia: “Las demandas en 2019 no pueden ser las mismas que en 2005”

Bolivia se ha convertido en uno de los pocos países enmarcados en lo que se llamó el socialismo del siglo XXI que ha resistido los golpes de la derecha. El nuevo ministro de Comunicación de Bolivia, Manuel Canelas, relata a El Salto, la necesidad de actualizar el discurso del proceso de cambio liderado desde 2006 por Evo Morales.

Manuel Canelas (Caracas, 1981) es el nuevo ministro de Comunicación de Bolivia. En ese país creció al término del exilio de sus padres en Venezuela y allí fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2014. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, saltó al ejecutivo como viceministro de Planificación en febrero de 2018. Menos de un año después, Canelas se ha convertido en uno de los principales portavoces del Gobierno y una de las figuras ascendentes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Bolivia decidirá en octubre de este año si vota por el cuarto mandato consecutivo de su presidente, tras una polémica habilitación de su candidatura por el Tribunal Constitucional después de perder un referéndum en 2016.


¿Qué se juega Bolivia en este año de elecciones?

Nos jugamos la continuidad del proceso de transformación de la última década que ha experimentado el país con unos resultados muy positivos. No es muy temerario decir que esta es la mejor década del país en muchas, muchas décadas. Es fácil de comprobar viendo cualquier estudio de la Cepal o el Banco Mundial. Salvo entre las posiciones opositoras más radicales, hay un balance positivo de la década en términos de reducción de la pobreza, la desigualdad, inclusión social.


Vas a encontrar prácticamente a cualquier candidato de la oposición diciendo que lo que más valora de Morales es la inclusión social. Lo dicen como una frase pequeña, pero tiene un impacto enorme cuando hablas de que se ha incluido política, social y económicamente a la mitad de la población autopercibida como indígena, que estaba excluida. Habrá que ver cómo nos va en las elecciones: nosotros somos relativamente optimistas. Consideramos que, y esto no es un dato bueno, de momento no hay ningún proyecto alternativo que muestre una capacidad de conducción del país, de continuidad, de mejora de las reformas hechos estos años.


A principios de 2019 Bolivia aparece casi como la única superviviente en Sudamérica de los gobiernos progresistas de principios de siglo. ¿Por qué Sudamérica está girando a la derecha?

Creo que habría que hacer un análisis caso por caso, tengo mis dudas de si hay suficientes elementos para decir que hay un giro a la derecha en la región. Creo que hay más elementos para pensar que los proyectos progresistas en algunos lugares clave han encontrado sus límites. En el relato entusiasta del giro a la derecha tú incluyes a Brasil, y la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de una manera bastante sucia. Tengo serias dudas a la hora de meter en el mismo listado a la interrupción del Gobierno de Rousseff y a la derrota en las elecciones de Daniel Scioli.


No digo que la izquierda en la región no atraviesa ciertos problemas, yo creo que eso es evidente, pero tengo mis dudas sobre la consistencia del giro a la derecha y de que los gobiernos que sucedieron a los gobiernos progresistas estén actuando como bloque. Quizás ahora estamos viendo los primeros pasos con Prosur y la ofensiva contra Venezuela. Antes de eso es muy difícil ver una agenda regional compartida, como creo que era más fácil de ver en el caso de Chávez, Evo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner... También tardó en consolidarse esa agenda. Va a haber elecciones en Panamá en mayo, es muy probable que vuelva a gobernar la izquierda. En Ecuador se mantuvo el candidato de Correa, pero luego dio un viraje. Hace falta que pasen algunas cosas más y algún tiempo más para asegurarnos de que realmente estamos ante un giro conservador y las izquierdas no son capaces de dar respuesta a las preguntas actuales a la región. La incapacidad relativa de dar respuesta es la que las ha puesto en un brete, pero tengo mis dudas de si ha venido un bloque ordenado de derecha con un proyecto compartido estable a hacerse cargo.


¿Cuál crees que es la responsabilidad de los propios gobiernos progresistas que han caído en la interrupción de esta agenda?

Hay que tener cuidado con las generalizaciones. Hay rasgos compartidos, pero hay que mirar con lupa los rasgos particulares. Creo que ya es casi un lugar común que tiene buena parte de verdad el tema de la emergencia de los sectores medios que, en líneas generales y en particular en el caso boliviano, han tenido condiciones económicas estables durante un periodo sostenido de tiempo. Esta emergencia de sectores medios viene acompañada de nuevas demandas, nuevas aspiraciones y nuevos deseos, porque si tú has transformado económicamente tu Estado, lógicamente han cambiado las demandas de los protagonistas. En 2019 no pueden ser las mismas que en 2005, porque en ese caso tu premisa de que has cambiado el país sería equivocada.


Bolivia, Ecuador y Uruguay, junto con Perú, han sido los países que más han reducido la desigualdad la última década, que han visto transformar la composición social de manera más intensa, y yo creo que hay dificultades para leer cuál es el nuevo sujeto, cuáles son los nuevos protagonistas y qué demandan.


Buena parte de los proyectos progresistas han tenido fuertes componentes nacionales-populares campesinos, de alguna manera han sido su esencia. Por la transformación económica y social, muchos países de la región han ido abandonando paulatinamente esa matriz popular campesina, mutando en clave un poco más individual, un poco más urbana entre comillas. Esos nuevos sectores medios siguen teniendo una idea de lo colectivo, pero es una idea de lo colectivo contemporánea y distinta a las tradicionales formas de asociacionismo en Bolivia y en la región. Creo que van importando menos, que no es que no importen, los sindicatos clásicos, las organizaciones matrices campesinas, y empiezan a importar más organizaciones de corte laboral urbana, del sector servicios, que hace 15 años era inexistente ahora es uno de los lugares donde los jóvenes trabajadores de origen popular se desenvuelven diariamente. Hay una cierta identidad germinal sindical, pero urbana, que ya no se identifica con la gran matriz sindical de los padres. Ese es el tipo de cosas que desde los proyectos a veces cuesta entender. Cuesta tener un lenguaje y una lupa que identifique bien cuáles son los sindicatos contemporáneos en la Bolivia de hoy, yo creo que por ahí va el reto.


¿Qué hay que hacer distinto?

En el caso boliviano tengo algunas intuiciones. El MAS, más que un partido, es una especie de lengua franca que hablan diferentes organizaciones sociales y sindicatos para comprenderse y generar una identidad estratégica. Yo creo que el instrumento político necesita pensarse en clave urbana. Creo que es necesario tener un partido que sea el primer captador de estas nuevas demandas, porque desde el Estado hay unas limitaciones normales y lógicas para captar con suficiente anticipación a dónde va una sociedad.


No queriendo hacer una división esquemática de esos dos conceptos, creo que los cambios ocurren antes en la calle que en las instituciones. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para mapearlos desde las instituciones, pero creo que siempre se van a quedar un poco cortos, y ahí es donde tienes que tener un partido que está en un espacio intermedio entre el Estado y la calle, y que es el primero que debería tener una forma, un lenguaje y una organización más contemporáneas y más acordes con lo que demandan esos nuevos sectores. Creo que estos nuevos sectores no se reconocen, o parte de ellos no se reconocen. Como Estado es inevitable que te quedes un poco lejos y un poco antiguo, no sólo ocurre en Bolivia.


Si hay un país de la región que es clave para la economía boliviana es Brasil. Compra el gas natural de Bolivia, tiene proyectos de infraestructura en común… Ha pasado de los gobiernos del Partido de los Trabajadores a tener uno en las antípodas ideológicas, ¿qué implica esto para Bolivia?

Una de las cosas más destacables de Evo Morales es que no se me ocurre otro presidente en la región que tenga la capacidad de hablar con Nicolás Maduro o con Díaz Canel y dos días después hablar con Macri o con el presidente de Paraguay. Contrario al mantra un poco ridículo de los opositores de que estamos aislados, lo que muestra más bien es que hay un presidente con muy buenas relaciones internacionales. Por supuesto que hay afinidades ideológicas y personales más con unos y menos con otros, pero el Gobierno boliviano, y por suerte también los otros presidentes de la región, tienen plena conciencia de que vamos a ser vecinos toda la vida y de que hay que mantener unas relaciones estables.


Venezuela ejerció durante muchos años el liderazgo del bloque progresista en la región. Ahora está pasando por un momento extremadamente difícil, no tiene legitimidad democrática para casi nadie en la región y ha dejado de ser un modelo para los proyectos de izquierda. Además, prestaba apoyo económico a los países de la región, ¿cómo se sobrevive cuando se es un país pequeño como Bolivia sin el apoyo de un referente así?

Hace muchos años que Venezuela no presta un apoyo económico a Bolivia. En el inicio del ciclo progresista, sobre todo había una colaboración en el ámbito de las instituciones regionales, en el ALBA sobre todo. Cuando el presidente Chávez impulsa el ALBA, lo hace con un gran gesto de solidaridad rebajando el precio del petróleo para los países que lo necesitaban en el Caribe, apostando por ser ellos el principal impulso en ciertas cuestiones comerciales, de intercambio. Fue un apoyo muy, muy importante, pero que lleva muchos años sin suceder. El desempeño económico de Bolivia ha sido bueno cuando había esa colaboración con Venezuela en el marco del ALBA y cuando no la había. De hecho, el presidente Chávez fallece hace seis años y nuestro Gobierno ha ocupado el primer, segundo o tercer lugar como el país que más crece desde 2010 hasta ahora.


El modelo económico boliviano es un modelo bastante endógeno, que tiene como principal vector la nacionalización de los hidrocarburos, que es lo que te permite quedarte con la mayor parte del excedente, una política de incentivo al mercado interno y una fuerte apuesta, fortísima de la inversión pública como un elemento dinamizador y de sostener el modelo. Somos el país con mayor inversión pública en relación a su PIB. Creemos que es un modelo que durante la última década ha demostrado funcionar muy bien. Siempre hay turbulencias, siempre hay perturbaciones ajenas, pero en 2009, que fue un año fuerte de la crisis económica mundial y donde se desplomó el precio del petróleo, Bolivia fue el país que más creció de Sudamérica.


Casi unánimemente la oposición boliviana se apresuró a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y establece un relato donde Venezuela y Nicaragua son dictaduras despiadadas y Bolivia va en esa dirección. ¿Qué opinas de este discurso?

Creo que es un relato inteligente si eres opositor. Tienes que intentar que funcione algo, porque hay una notable carencia de proyecto propio. No sabemos lo que harían con el empleo; si gobiernan, con la economía harían lo mismo que nosotros y en general dicen que harían lo mismo que nosotros salvo algunas cuestiones menores. Para diferenciarse, tienen que encontrar cosas un poco más de ciencia ficción. Es un poco difícil creer que, con los números que tenemos, nuestro futuro inmediato vaya a ser tener la situación económica venezolana.

Lo que sí hay son ciertos problemas institucionales. El MAS este año presenta a Evo Morales, a pesar de que en 2016 perdió un referéndum en el que proponía modificar la Constitución, y se habilita de otra manera saltándose el mandato popular. Esto ha generado otros problemas, como la crisis del órgano electoral.

Son dos cosas distintas. Más allá de toda la polémica en torno al referéndum, incluso aceptando la versión más crítica, de ahí no se deriva que el año siguiente vas a estar como Venezuela. La situación venezolana no se explica sólo por una situación política.


Nosotros optamos por hacer una consulta popular para modificar un artículo en la Constitución que permita la habilitación del presidente. Perdimos el referéndum 51-49. Lo perdimos por un estrecho margen, pero lo perdimos. Por ello, no se cambiaron los artículos y optamos por otra vía, que entiendo que pueda causar molestias, pero constitucionalmente está permitida: hacer la consulta amparándonos en el Pacto de San José [la convención americana de derechos humanos], sobre la controversia de la limitación procedimental a la posibilidad de presentarte y la preeminencia de los derechos de alguien a presentarse a las elecciones y que sea la gente la que te diga que no. Esto es una cosa que hizo [el expresidente de Costa Rica] Óscar Arias, que ahora vive un momento más complicado, que hizo [el presidente de Nicaragua, Daniel] Ortega y que hizo el actual presidente Hernández en Honduras. Esa es la vía. Nosotros lo que hemos hecho, y somos conscientes, es generar un problema mayor de explicarle a la gente crítica con la decisión por qué consideramos que el presidente Morales es la mejor opción de conducción del país. En realidad, lo que hemos hecho es darle una ventaja a la oposición, que puede escudarse en un bucle alrededor del referéndum para disimular el por qué no responden todas las otras cosas que uno tiene que responder cuando va a dirigir un país.


Si el país ha cambiado radicalmente en trece años de gobierno, ¿por qué es la misma persona la idónea para dirigirlo?

Es una buena pregunta. El presidente Morales y el presidente Álvaro García Linera lo reconocen como un desafío que no ha sido debidamente respondido. Lo que sucede ahí es que no valen tanto las respuestas teóricas como la realidad práctica. Si tomamos en cuenta los referéndums, el peor desempeño del presidente ha sido el referéndum de 2016 con 49% y el mejor fue el referéndum revocatorio [de 2008] con 67%. A pesar de reconocer que el hecho de que no haya un liderazgo que haya podido suceder al presidente es un desafío para el proyecto, estamos hablando probablemente del tipo más popular de la historia política del país. Es el único factor de unidad del proyecto. No digo que sea algo bueno ni malo, pero es evidente que lo es. El proyecto difícilmente, a día de hoy, iba a mantenerse unido si no es en torno a este liderazgo, que además es el que habla la lengua franca.


A ti no te gusta proyectar tu imagen pública solo por este lado y creo que lo has logrado, pero en 2014 fuiste elegido diputado y fuiste el primero abiertamente homosexual. Cinco años después sigues siendo la única figura política de primera línea en este país que es abiertamente homosexual. ¿Qué nos dice esto del país?

Creo que muestra que, a pesar de la crítica tramposa, el MAS sigue siendo el único proyecto donde estas banderas relevantes para los proyectos progresistas se siguen abriendo paso. Nuestros críticos por la izquierda, que electoralmente son medio insustanciales, pero los hay, tampoco llevaron a ningún homosexual en sus listas en 2014. Fue el presidente Morales el que me invita y decide que una persona que es entre otras cosas abiertamente homosexual, fuera en las listas del MAS y ahora esté de ministro haciendo labores de portavocía. Esa crítica tramposa, clasemediera, que luego hace muy poco, de esencializar al MAS… Porque es como “el MAS ha hecho sus cosas, pero como es un partido en esencia campesino…” y además hay una segunda esencialización: los campesinos son eternamente conservadores y refractarios a estos temas. Solo va a venir desde la ilustración urbana las banderas de género y las banderas LGTB. No sin complejidades, no sin discusiones internas, no es en los proyectos de ellos, sino en el nuestro donde se tomó la decisión de que haya 50% de mujeres en el parlamento y es en este proyecto donde se ha puesto al primer candidato abiertamente homosexual y al primer ministro gay.


Hay un punto muy conflictivo para este gobierno y otros similares, donde ciertos proyectos de construcción de vías carreteras y desarrollos hidroeléctricos chocan con un discurso ambientalista y de defensa de los pueblos indígenas, que son los que viven en las zonas donde se van a abrir paso. El mejor ejemplo es el conflicto por el proyecto de carretera en el territorio indígena y parque nacional Tipnis ¿Hay una ruptura del MAS con parte de sus bases indígenas por este lado?

Creo que no. Ha generado tensiones, complicaciones, pero yo no veo otro proyecto con posibilidades de obtener representación en el que se sientan representados los indígenas del país. Hay una cosa medio tramposa de algunos críticos de esencializar y georreferenciar lo que es indígena. Resulta que a pesar de que entre el 50% y el 60% de los bolivianos se identifica como indígena, solo son indígenas los que viven en cierto sector del Tipnis. El Conisur [asociación de campesinos indígenas originarios de otros territorios] de pronto son los indígenas malos, porque hace tiempo fueron colonizadores, entonces esos ya no son indígenas. Ni que decir de los indígenas que están en la Asamblea Legislativa con el MAS. Yo creo que hay cosas que las elecciones generales ponen en el papel. En 2014 fueron las últimas y la crisis más fuerte en este campo fue la crisis del Tipnis. A partir de ahí parecía que el movimiento indígena iba a generar otro partido, otro proyecto. Algunos intelectuales y partidos que rompen con el MAS en ese momento lo desahucian por completo… El Partido Verde, que hizo bandera de este tema, creo que no sacó ni el 1% en esas elecciones [tuvo 2,65%]. En la circunscripción uninominal del Tipnis, en 2014 gana el MAS las elecciones, como ha ganado en todas las elecciones locales. Alguien dirá “no, pero en realidad ganan coaccionados”. Yo lo que veo es que las polleras, los indígenas, donde están representados a día de hoy es en el MAS.

Por Carlos Heras Rodríguez 
2019-03-18 06:00:00 

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Viernes, 15 Febrero 2019 06:54

Lecciones no aprendidas

Lecciones no aprendidas

Tras solventar muchos impedimentos, los 11 miembros de una misión del Parlamento Europeo pudieron cumplir por fin su visita a Nicaragua propuesta desde noviembre del año pasado.

El presidente de la misión, el eurodiputado Ramón Jáuregui, presentó antes de partir unas conclusiones terminantes sobre la urgente necesidad del cese de la represión, la libertad de los presos políticos, la restitución de la libertad de información, y el restablecimiento de la democracia por medio de elecciones confiables.

Y en sus declaraciones Jáuregui dijo algo que parecería obvio pero en Nicaragua resulta esencial: "la democracia tiene una regla que es aceptar la posibilidad de la derrota".

Es lo que hizo el Frente Sandinista tras las elecciones de 1990, cuando los votantes decidieron confiar la presidencia a doña Violeta de Chamorro: aceptó la derrota, y eso le dio entonces el inmenso prestigio de haber entregado por los votos el poder ganado por las armas una década atrás.

Hasta entonces la filosofía dominante había sido la del poder popular confiado a la vanguardia por una especie de voluntad divina. Las revoluciones eran, además, invencibles. ¿Dónde se había visto que el pueblo mismo fuera a derrotar a una revolución popular forjada con sangre? Pero ocurrió.

En enero de 1988, Carlos Fuentes hizo una visita a Nicaragua. Lo acompañaba el periodista Stephen Talbot, que escribía un reportaje sobre el escritor mexicano para la revista Mother Jones.

En una de las conversaciones que sostuvo Fuentes con los dirigentes sandinistas se habló de las posibilidades que tenía la contra de ganar la guerra, recuerda Talbot, y el comandante Tomás Borge “dijo decididamente que algo así era imposible, porque los contras van a contrapelo de la historia”.

Fuentes interrumpió para preguntar: "¿Y cuál fue la experiencia de Guatemala en 1954 y de Chile en 1973? ¿No se demostró que la izquierda puede ser derrotada?”. "No", respondió Borge, cortante. "Ellos no armaron al pueblo, por eso perdieron".

Después se discutió sobre el tema de las elecciones y los partidos de oposición. “Borge dijo que su opinión personal era que ningún partido de oposición podía llegar a ganar a los sandinistas en las urnas. ‘Ahora no’, asintió Fuentes, ‘pero en el futuro, ¿por qué no?’ ‘Sólo si son antimperialistas y revolucionarios’, proclamó Borge, ‘si un partido reaccionario ganara, yo dejaría de creer en las leyes del desarrollo político’. ‘Yo no estaría tan seguro de esas leyes’, advirtió Fuentes”.

Tras aceptar la derrota de 1990, el Frente Sandinista perdió la oportunidad de recuperar los espacios electorales, luchando bajo las reglas democráticas para conquistar de nuevo la mayoría de los votantes. El criterio obsoleto de la vanguardia dueña de la verdad, que representa al pueblo aunque tenga en contra la mayoría, volvió a imponerse.

Y cuando Daniel Ortega, tras tres derrotas logró por fin ganar en 2006, no lo hizo porque tuviera de nuevo esa mayoría, sino porque selló un pacto con Arnoldo Alemán, entonces caudillo del Partido Liberal, por medio del cual se reformó la Constitución para que pudiera ganar en primera vuelta con 35 por ciento de los votos, la cifra máxima que el eterno e insustituible candidato había logrado sacar.

Por lo que ha sucedido a partir de entonces, estoy convencido de que Ortega se hizo la promesa de no volver a perder nunca, con lo que, a lo largo de estos años, en su esquema de preservación del poder a toda costa, ha estado ausente la voluntad de aceptar que la derrota es una regla esencial de la democracia.

Y hay otra cosa que en su comparecencia Jáuregui agregó a las reglas del juego democrático: el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para realizar un programa de gobierno. Asegurarse la permanencia en el poder a cualquier precio, sólo es capaz de acarrear crisis tan profundas como las que hoy vive Nicaragua.

El poder no puede ponerse en juego, la derrota no es una opción. Por eso es que los reclamos por un diálogo nacional no son escuchados; porque un diálogo lleva necesariamente a hablar de elecciones limpias, justas, con jueces imparciales y honestos, vigiladas internacionalmente. Ese es el atolladero del que hay que salir.

Hay que buscar cómo Ortega escuche a todos quienes le dicen, igual que el eurodiputado Jáuregui, que la democracia tiene una primera regla, que es aceptar la posibilidad de la derrota. Porque unas elecciones de una sola cara, con el mismo ganador, ya no son posibles en la nueva realidad que vive Nicaragua. Sólo harán más profundo el abismo.

La creencia de que el poder es un fin, y no un medio, es a estas alturas catastrófica. Y el reclamo para que el país empiece lo más pronto posible a vivir bajo un régimen de democracia abierta, de libre opinión, y elecciones transparentes, es lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere.

No hay que desmayar en esa insistencia, porque el diálogo, y las elecciones justas, son la única salida posible.

 

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El globalista Gideon Rachman del Financial Times vaticina 30 años de trumpismo

Fue real el sepelio del globalismo de Davos (http://bit.ly/2ThrNwe).

Uno de sus principales palafreneros, el israelí-británico Gideon Rachman –del Financial Times (04/02/19), controlado, al unísono de The Economist, por la banca Rothschild y su "aliado" George Soros–, se resigna a que "la era Trump" podría durar 30 años, pero necesitará triunfos económicos "más que éxitos electorales".

El alegato de Gideon Rachman, quien hace un mes festejó la debacle del "populismo" (FT; 07/01/19), es que en 2016 el Brexit y el ascenso de Trump constituían una "aberración temporal o el inicio de una nueva era".

En la "batalla de las ideas" que perdió Gideon Rachman por ser un vulgar publicista de un modelo misántropo, considera que "parece probable que los futuros historiadores (sic) contemplaran los eventos de 2016 como el inicio de un nuevo ciclo en la historia internacional".

Gideon Rachman adopta histéricos tintes fukuyamescos del "fin de la histori"a y plantea "ciclos de 30 años" muy debatibles desde que el napolitano Vico lo expresó mucho mejor en el siglo XVII.

Cataloga la dualidad de “Brexit/Trump” de "movimiento populista global que ha tomado un gran impulso".

Su definición de "populismo" es neoliberal globalista, que confunde con el ascendente "nacionalismo" que regresa a sus orígenes de 1648 con el Tratado de Westfalia.

El "populismo", peyorativo para los neoliberales globalistas carentes de sindéresis, tiene acepciones multivariadas dependiendo de quién y dónde se exprese –el caso lastimoso de Peña, regañado por Obama, quien le replicó que el "populismo" era equiparable a la "justicia social" (http://bit.ly/2Ar8olh).

Gideon Rachman agrega a su ensalada lingüística de Macedonia los ascensos de Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría y Salvini en Italia, y se lamenta que el “impulso antiestablishment que dio lugar al Brexit” cobra fuerza en Europa, como sucede con los indomables chalecos amarillos que están a punto de guillotinar a Macron, ex empleado de la banca Rothschild.

Gideon Rachman no sabe nada del inicio del "populismo" ni en Rusia (los narodnik de 1860/70) ni en Estados Unidos (EU) (People’s Party 1892) e inventa que la "era populista dura hasta tres décadas", lo cual sucedió en su imaginación: ni en el territorio ruso ni en el estadunidense gobernó nunca y fue muy fugaz.

"Identifica" dos eras distintas en la política occidental (sic) de posguerra que "duraron alrededor de 30 años": 1. Los 30 años gloriosos (sic)" en Francia, de 1945 a 1975: con fuerte crecimiento económico en Occidente (sic), al unísono de la construcción de Estados de bienestar y un dirigismo keynesiano”, y 2. "Una nueva era neoliberal" de Thatcher en Gran Bretaña (1979) y Reagan (1980), como "parte de un giro global (sic)" en 1978 en China y su "política de apertura al mercado", al unísono de "Solidaridad en Polonia (1980), que en su totalidad duró aproximadamente 30 años hasta que fue desacreditada (sic) por la crisis financiera de 2008". ¡Todo está muy forzado!

Gideon Rachman peca de simplista y no toma en cuenta que sus "dos ciclos" forman parte del epílogo de la Segunda Guerra Mundial y de la disolución de la URSS en 1991.

El globalista publicista Gideon Rachman juzga que "la fase de Reagan", de una "demanda extralimitada de impuestos más bajos", desembocó "en la excesiva desregulación de las finanzas que culminó en la crisis financiera". Trump podó los impuestos de los plutócratas de 35 por ciento a 15 por ciento: ¿So what?

Gideon Rachman sentencia que el “Brexit se encuentra en serios problemas y que la administración Trump se está tambaleando”, por lo que, "a menos que los populistas puedan dar resultados tangibles, su nueva era puede morir en su infancia".

Amén que populismo no es nacionalismo, los globalistas de Davos ya vivieron su ciclo y no tienen respuestas para las calamidades que prohijaron.

La alternativa al Brexit es el socialismo humanista de Jeremy Corbyn, y en EU, Trump podrá ser defenestrado, pero el trumpismo puede prevalecer con Mike Pence, mientras que en Europa continental, el nacionalismo multiforme está a punto de triunfar en las elecciones del Parlamento Europeo en mayo, con o sin Trump, y con o sin "ciclos" de por medio.

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Bolivia: 13 años de Evo Morales, el escenario rumbo a las elecciones de octubre

Evo Morales inició el día uno de su año 13 de gobierno con un cambio de gabinete que pretende oxigenar su gestión y revertir el desgaste del ejercicio del poder en el comienzo de una larga campaña electoral. A diferencia de todas las elecciones desde 2006, esta vez el triunfo no está asegurado y su propia postulación está en cuestión por violentar la Constitución de 2009. No obstante, la estabilidad económica, su capital simbólico y la falta de proyectos alternativos en la oposición dejan abierto el escenario rumbo a octubre de 2019.

 

13 años y un día después de su llegada al Palacio Quemado, Evo Morales afinó su gabinete con vistas a las elecciones de octubre de este año en un contexto muy diferente del de todas las votaciones populares de la larga década del «proceso de cambio»: por primera vez, el presidente boliviano no tiene asegurada su victoria y, adicionalmente, su postulación debió ser «habilitada» por el Tribunal Constitucional Plurinacional contra una cláusula constitucional y contra un referéndum en el que, en febrero de 2016, una estrecha mayoría votó «No» a la reforma constitucional para incluir la reelección indefinida.


El 22 de enero pasado, aniversario del Estado Plurinacional que hoy compite con el de la independencia, Morales pronunció su informe anual a la nación, en el que rescató los logros de estos 13 años y buscó generar algunas imágenes de futuro en un momento de desgaste del gobierno, especialmente entre los sectores urbanos.


El cambio del gabinete tuvo por objetivo potenciar las áreas que el presidente boliviano considera claves para su re-reelección. Así, retornó al gabinete el ministro de Economía y arquitecto del «milagro» boliviano, Luis Arce Catacora. El ministro, que garantizó más de una década de crecimiento económico y estabilidad, asumió junto a Morales en enero de 2006 y debió renunciar en 2017 por problemas de salud; ahora, su regreso busca reforzar la imagen de «estabilidad» que fue la bandera del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2014, cuando Morales fue reelegido con más de 60% de los votos y 35 puntos por encima del contendiente más cercano.


En su discurso más corto ante el Congreso (50 minutos contra tres o cuatro horas en el pasado), Morales resaltó que el PIB de Bolivia creció 327% durante sus gobiernos y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018; mientras que el «colchón financiero», que incluye las reservas internacionales, los depósitos y los aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), subió a 53.269 millones de dólares. Contrapuso esas cifras a las de 2005, cuando «el PIB era de 9.574 millones de dólares y el ‘colchón financiero’ llegaba solo a 7.600 millones».


Otro que volvió es Juan Ramón Quintana, un ex-militar y sociólogo con fama de «duro», quien ocupará nuevamente el Ministerio de la Presidencia, una virtual jefatura de gabinete. Comunicación recayó en Manuel Canelas, ex-diputado y viceministro, quien tiene como misión recuperar a las clases medias distanciadas del proceso de cambio. Canelas fue el primer diputado abiertamente gay, vivió en España y se mantiene muy cerca de los líderes de Podemos; ahora será el encargado de renovar un discurso que ya no entusiasma. Y otra de las apuestas para enfrentar el desgaste es el nombramiento de una figura de peso en el Ministerio de Salud: la ex-presidenta del Senado Gabriela Montaño, una médica cruceña que llegó a ocupar el Poder Ejecutivo de manera interina y tiene la tarea de lanzar una revolución en la salud, uno de los rubros en que el gobierno de Evo Morales demostró menos capacidad de gestión y que, en los últimos años, generó fuertes cuestionamientos. En este marco, se puso en marcha un seguro universal de salud y se anunció un multimillonario acuerdo con Rusia para la construcción de centros de atención primaria y varios hospitales de alta tecnología especializados en oncología, cardiología, gastroenterología, neurología y nefrología.


En síntesis, se trata de más comunicación, política y gestión para enfrentar al ex-presidente Carlos Mesa, el líder opositor mejor ubicado en las encuestas. Como Emmanuel Macron en Francia, Mesa intenta construir una «plataforma ciudadana» que incorpore a viejos políticos y a la vez mantener un discurso de lo nuevo y evitar ser visto como el constructor de una coalición «con el pasado», que es precisamente como el MAS buscar presentar al ex-vicepresidente de Sánchez de Lozada que llegó al Palacio Quemado tras la «Guerra del Gas» de 2003. Y, claramente, a diferencia de Macron, Mesa no es ni tan joven ni tan nuevo y parece carecer de una verdadera voluntad de poder, pero expresa a los sectores que cuestionan la postulación «inconstitucional» de Morales y mantiene un discurso moderado. No obstante, necesita a la derecha más radical entusiasmada con el triunfo de Jair Messias Bolsonaro en Brasil.


La estrategia del gobierno es polarizar generacionalmente la elección entre «viejos» y «jóvenes», con algunos nombramientos simbólicos, como el de Canelas (37 años) y, especialmente, la elección de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado y tercera en la línea de sucesión. La senadora de 29 años representa a la «nueva generación» del MAS de Santa Cruz y pertenece a un grupo «guevarista» llamado Columna Sur.


Empero, las escenificaciones revolucionarias oficiales conviven con fuertes dosis de pragmatismo. La calificación de Bolsonaro como «hermano presidente» en el tuit de felicitación tras la victoria del candidato de la extrema derecha fue seguida de la entrega a Italia, sin proceso previo, de Cesare Battisti, un ex-integrante del grupo armado Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) de los «años de plomo» italianos, condenado a cadena perpetua en ausencia. Battisti, quien vivió refugiado durante casi cuatro décadas en México, Francia y Brasil, fue entregado en menos de 24 horas al ministro Matteo Salvini, quien lo recibió vestido de policía y dijo que el «asesino comunista» se va a «pudrir en la cárcel». Morales justificó la entrega señalando que el italiano había entrado ilegalmente al país, tras su fuga de de Brasil, donde Bolsonaro había prometido entregar a Salvino al «bandido amigo de Lula».
«¿Usted lo siente como hermano a Bolsonaro?», le preguntó un periodista del diario El Deber al presidente boliviano. «Quienes nacimos de esta tierra, somos hermanos porque nacimos de la misma tierra sudamericana, somos hijos de América Latina, al margen de las diferencias ideológicas y programáticas, somos hermanos», respondió. Sin con Estados Unidos se trata de un antiimperialismo distante, Brasil es una potencia regional fronteriza con peso económico y político. Y Morales busca mostrarse hoy cercano a Nicolás Maduro pero, al mismo tiempo, con buenas relaciones con mandatarios de signos ideológicos opuestos en la región.


Cabe destacar también una suerte de rutinización de las escenificaciones revolucionarias, incluido el habitual puño en alto, que se fueron volviendo más bien ceremoniales. Desde el comienzo, el proceso de cambio fue moderado y pragmático. Pese al discurso socializante del gobierno y las denuncias opositoras sobre una inminente «venezuelización», en estos años florecieron los mercados, hubo un boom de consumo de sectores populares y clases medias, se desarrollaron los servicios financieros y los cafés y restaurantes chic conviven con una renovación del parque automotor en grandes ciudades como La Paz o Santa Cruz. Al tiempo que el teleférico de transporte urbano, el más grande del mundo, transformó el paisaje paceño y reconectó las diversas partes de la ciudad con efectos en la sociología urbana de mediano y largo plazo.


Quizás la mejor imagen de la simbiosis de voluntarismo modernizador e invocación de la ancestralidad indígena que caracteriza al gobierno es la inauguración en agosto pasado de la Casa Grande del Pueblo, que reemplaza al vecino Palacio Quemado, antigua sede de la Presidencia y emblema de la «república colonial», según Evo Morales. Este edificio de 28 pisos, expresión de un cierto brutalismo arquitectónico mitigado por incrustaciones de símbolos neoandinos, ha causado mucha polémica en la medida en que altera la armonía urbana de la Plaza Murillo y parece encarnar una cierta megalomanía política.


Para contrarrestar estas críticas, el gobierno la abrió a las masas, atrayendo a multitudes de recién casados y otros visitantes a su terraza, con el majestuoso telón de fondo de las nieves eternas de los cerros que circundan La Paz. Pero la Casa Grande del Pueblo es una especie de Coliseo del proceso de cambio; la materialización de una idea de permanencia, de matriz plebiscitaria, que choca contra los principios de la democracia republicana. El problema es que la derrota de 2016 obliga a hablar ya no en nombre de la mayoría del pueblo tout court, como lo hacen los movimientos nacional-populares, sino del pueblo verdadero, es decir, los sectores sociales movilizados en favor de la continuidad («vinimos para quedarnos 500 años»).


El gobierno de Morales fue sin duda, un gobierno excepcional en muchos aspectos hasta 2014. A partir de ese momento, la voluntad de permanencia –y la consolidación de Morales como líder irremplazable– fue erosionando la agenda transformadora, debilitando el apoyo urbano y obligando al Poder Ejecutivo a pasar por encima de cláusulas de la Constitución aprobada durante el «proceso de cambio». Parte de esa agenda de cambio es la que se busca retomar, ahora, de apuro, rumbo a las elecciones.


Mientras, la oposición, sin proyecto de país alternativo más allá de algunas proclamas republicanas, busca capitalizar el desgaste del gobierno. Y, Mesa, de perfil centrista, deberá hacer frente a una radicalización política –que incluye expresiones racistas más abiertas, sobre todo en las redes sociales– de un sector de la oposición, que ha asumido parte del discurso «anticomunista» de las derechas alternativas (Alt-Right) y se entusiasma con el nuevo clima regional abierto por Bolsonaro. Pero también deberá enfrentar la falta de diversidad étnica y de género que hasta ahora muestran las capas dirigentes de su espacio en formación.


Así, 2019 será el primer año desde 2006 en que el escenario político está abierto, y gobierno y oposición se disputarán la bandera del cambio. La primera parada será el 27 de enero, fecha en que están convocadas unas primarias que Morales imagina como la posibilidad de dejar atrás el referéndum perdido del «21F».


Pablo Stefanoni, periodista e historiador, editor de la revista Nueva Sociedad

03/02/2019

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Lunes, 05 Noviembre 2018 06:51

Bolsonaro y el progresismo

Bolsonaro y el progresismo

El “progresismo” gusta de su programa más o menos impreciso. Le alcanza la confianza de ir para adelante intuyendo que los obstáculos de la historia se diluyen rápido. ¿Cuánto dura una pesadilla? La medida del progresismo son tiempos cortos para un mal sueño y todas las garantías de la razón para ver cómo se apartan las rémoras del camino. ¿En Brasil el progresismo no supo ver los listados que hacen los encuestadores? Ellos en general nos dicen, que tanto allá como aquí, existe una preocupación popular por la seguridad, luego por la inflación, luego –y quizás en primer lugar–, por la necesidad de “evaluar docentes”. Continuando por la corrupción, quizás no antes de las penurias económicas. Y después, a preguntas inquietantes como “qué haría si... por ejemplo, debiera juzgar al policía Chocobar, a la Gendarmería y su represión en el sur”..., la respuesta del “pensamiento popular” podría ser más bien benévola que indignada. ¿Entonces?

En los años veinte, Walter Benjamín escribió su célebre Para una crítica de la violencia, texto de absoluta actualidad, donde se constatan tanto las direcciones fundamentales de la violencia del mito y lo sagrado. Habría allí sendas violencias que bifurcan el modo de fundar sociedades, y también la propensión de un sentir amplísimo de las clases populares, dispuestas a promover la pena de muerte. El problema es de vieja data. Benjamin, en ese trabajo, estaría anunciando el nazismo. Los héroes de las estadísticas son el policía implacable antes que la maestra comprensiva, el gendarme antes que profesor universitario y el vecino que actuó por mano propia en obvia legítima defensa antes que el abogado garantista que puso en duda si era necesaria esa serie de empeñosos disparos vecinales.


Así, el progresismo que le confirió al pueblo la potestad de sujeto de la historia, titular de derechos cívicos, de decisiones igualitaristas y formas de vida emancipadas, no estaría viendo el rostro oscuro de las creencias. No habría podido interpretar una nocturna marejada de deseos informulados, ansiedades vicarias, expectativas mustias, palabras quebradas, inciertas adhesiones que abrigan secretos canjes emocionales, militarización de la fe, mitologías vitalistas en torno a la religión, el deporte y el consumo. ¿No ven que así es imposible, se les dice a los progresistas, pensar a ese pueblo que ustedes consideran depositario de un papel diáfano en la historia? Son los que no comprenderían lo terriblemente opaco de la existencia, el anuncio de una nueva reflexión sobre cómo se han diversificado los bagajes culturales, anclados en secreciones del lenguaje diario. En esoterismos imprevisibles que corren como río subterráneo bajo las vidas urbanas más previsibles, aunque rotas por dentro.


Sin exigencias reflexivas mayores, el progresismo ignoraría ese mundo anterior a los predicados políticos, constitucionales o argumentales. Se trata de un ser amorfo e inconcluso que, si por un lado es la base de la más exigente filosofía, del psicoanálisis y literatura del siglo XX, por otro lado es la materia del trabajo de las maneras predominantes con que las corporaciones informáticas crean individuos, que suponen dominar por entero en su intimidad, en su ridícula inmediatez pérfidamente feliz.


¿Es por “comprender” mejor todo eso que ganó Bolsonaro? Es cierto que el candidato del PT fue un solvente profesor de la Universidad de San Pablo y que Bolsonaro supo simbolizarse con el trípode de una cámara convertida en una ametralladora, iconografía poderosa que definía sus pertrechos: mesianismo de las imágenes, evangelismo de las armas, y mitificación de su persona. Todo eso está en su gran logro publicitario, el gigante que emerge del mar para salvar a la Ciudad, ante el asombro de la población demudada. Hay que odiarlo o amarlo. Este exigente salvador parecía brutal, pero daba y reclamaba miedo o esperanza.


¿Qué debían pensar los progresistas frente a ello? ¿Dictaminar rápidamente que estábamos ante un retoño del neofascismo, del nazismo a secas? ¿Autoritarismos militaristas de masas? De resolver bien estas cuestiones depende nuestro futuro político, en tanto política en el interior de los pueblos. Afirmamos que no se puede solo cuestionar al progresismo, sino reconocer que también él es un movimiento de masas que quiere apartarse de los mitos, de los anacronismos culturales y recrear un pueblo con pedagogías ilustradas que convivan con el carnaval, el terreiro y los sincretismos religiosos. Aún limitado, siempre aceptó la cultura brasileña que navegaba a varias aguas, lo carnavalesco, lo espiritista, la nobleza ilustrada, el estado de transe corporal, el éxtasis religioso, las clases de Félix Guattari y la crítica al “hombre cordial”.


Ahora, con Bolsonaro todo ese debate se ha desplomado, porque este personaje funambulesco salido de esos momentos abismales de la sociedad, evangelizó las armas y arruinó todo mesianismo. Entonces los debates más riesgosos quedan paralizados por un letargo trágico, una aceptación de la violencia que los destruye, aunque algunos patanes de la furia la ven como salvadora, y los sorprendidos progresistas extraen una conjetura antifascista a las apuradas. ¿Está bien esta caracterización? No. Hay una mitologización construida como iconografía electoral de telenovela alrededor de Bolsonaro. Este lúgubre personaje tiene la importancia de marcar un fin de época, su mito no es la madeja intrincada de una conciencia contradictoria. Es un martillazo que obnubila el ser social, intimidatorio incluso de los antecedentes que pudieran importarle de las anteriores experiencias del “fascio brasilero”.


Por ejemplo, la del escritor modernista Plinio Salgado, que en los años treinta no fue ajeno al mussolinismo, creando formaciones políticas regimentadas a través del saludo de “anaué”, un concepto indigenista con revestimiento en la simbología fascista. No va por ahí la cosa que anima Bolsonaro, que descarría todo, pone la cultura brasileña ante un juicio final sumarísmo. A todo masacra. Tanto a lo popular, lo demonológico, lo milenarista, lo progresista, lo tecnocrático, lo sociológico, lo antropológico. Tanto a la vida ilustrada clásica como a la popular perteneciente al gran océano de creencias. El evangelismo no artillado, el candomblé, el umbanda, el cristianismo clásico. Ha removido y reutilizado aviesamente la idea de mito, que el progresismo denunció, pero sin interrogarlo adecuadamente.


El mito de Bolsonaro no es aquel que como sombra indescifrada acompaña toda la historia brasileña, esos pensamientos salvajes, festivos y artísticamente paradojales –que la figura de Antonio das Mortes representa muy bien–, y cuyo secreto gozante los gobiernos petistas no habrían sabido descifrar. Aceptemos que no les prestaron suficiente atención, y que siguen siendo lenguajes populares que una pedagogía nacional interpretativa no debe abandonar a priori. Los encuestadores, casandras de los abismos en que cae el movimiento popular, consideran facilongo renegar del ingenuo progresismo percibiendo que nada saben de narcotráfico, de policías, de bandas diversamente ilegales que atraviesan las vidas populares y sus creencias sedimentadas por el bazar ingenioso de todas las teologías universales.


Sin embargo, ¿con qué vacío nos quedaríamos cuando nos cansemos de alertar sobre la superficialidad de nuestros progresistas? El bolsonarismo es la apoteosis de la sociedad entendida como criminalidad latente. Lo actúa un apócrifo superdotado inventado por la publicística de los pastores de almas armados con ametralladoras Uzi. Varitas de acero con las que se descubre ahora un mítico frenesí popular con revólveres “Bullrich-Coltsonaro calibre 32” en las manos. Alerta máxima, entonces, para el progresismo con su idea lineal, permanente y solícita de la historia. Todo esto debe ser revisado, aunque no por eso abandonado. Debe incorporar, y producir una mutación, de todo aquello que corresponda a la reflexión sobre “el mundo oracular”. No para acatarlo y someterse a él, sino para desconstruir a Bolsonaro, que sin saberlo, estaba usando groseramente las piezas magistrales de la mitografía brasileña, para degradar la vida popular.

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La elección intermedia, referendo sobre Trump y la democracia en EU

En juego, 435 curules de la cámara baja; 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas; se espera votación récord

Nueva York. Siempre dicen que "son las elecciones más importantes" de la década, del siglo, de toda la historia, pero en este caso, puede que tengan razón: las intermedias del 6 de noviembre son un referendo sobre Donald Trump y sus políticas, pero también sobre si aún funciona la luz de este país que se proclama el "faro de la democracia".

Más aún, definirán la configuración de la contraparte del gobierno entrante en México para los próximos dos años.

En estas elecciones intermedias está en juego el control del poder político en Washington, ahora bajo dominio republicano subordinado a Trump, donde están en juego las 435 curules que conforman la Cámara de Representantes, y 35 del Senado. El mismo día también culminan contiendas para gobernador en 36 de los 50 estados.

Las encuestas y analistas electorales coinciden en que los demócratas son favorecidos para reconquistar la cámara baja y que los republicanos mantendrán la mayoría en el Senado. Pero encuestas y analistas fracasaron monumentalmente en sus pronósticos de la elección presidencial de 2016, algo que tienen que reconocer una y otra vez en esta, su primera oportunidad para tratar de recuperar su confiabilidad.

Por lo tanto, aún es posible que el partido subordinado a Trump triunfe en ambas cámaras, con lo cual los próximos dos años se consolidaría no sólo el poder del presidente, sino que su agenda no enfrentaría ningún obstáculo. Igual, no se puede descartar la posibilidad de una derrota total de Trump y su partido, con los demócratas logrando la mayoría en ambas cámaras.

Casi todos afirman que esta elección es sobre todo el primer referendo sobre la presidencia de Trump. El propio presidente ha promovido eso, con su mensaje de que "voten como si yo estuviera en las boletas", y advirtiendo sobre consecuencias desastrosas para el país si gana esa "turba" demócrata que promoverá propuestas "socialistas" y abrirá las fronteras a los inmigrantes que llegarán no sólo a robarse empleos, sino que amenazarán al país si no por ser criminales, sí por votar.

El eje de la estrategia electoral promovida por Trump incluye la retórica y acciones antimigrantes, y Trump está apostando a que esto logrará mantener el control republicano del Senado por lo menos.

Trump no ha dejado de advertir que se aproxima una "invasión" de caravanas centroamericanas y que eso, combinado con "demócratas radicales", ponen al país en riesgo. Este domingo festejó cómo los soldados que está enviando están colocando un "bello alambre de púas" en la frontera.

Por su parte, Barack Obama, rompiendo con el protocolo de un ex presidente, ha reaparecido en actos de campaña para apoyar a su partido, afirmando que el "carácter mismo de nuestro país" está en juego y deploró que Trump y los suyos utilicen el temor a una caravana de pobres como "una amenaza existencial", como parte de su estrategia electoral.

Tanto los candidatos como un amplio espectro de ex políticos, figuras famosas de diversos sectores, desde las artes hasta los derechos civiles, argumentan que lo que está en juego en esta elección no es sólo el control del Congreso, sino la defensa de los fundamentos de la democracia en este país bajo asalto por Trump y sus aliados.

En gran medida en reacción a Trump, el elenco de contendientes tanto en las elecciones legislativas federales como en las estatales es el más diverso jamás visto: más mujeres candidatas que nunca, pero también más jóvenes, más musulmanes, más indígenas y más candidatos gay que nunca.

Ya se registra lo que se pronostica será un nivel récord de participación en una elección intermedia, algo que suele favorecer a los demócratas. Algunos datos preliminares indican que los jóvenes están votando en cantidades sin precedente en este tipo de comicios.

Pero tal vez lo más alarmante es que después de casi dos años de Trump, la oposición no sea aún más abrumadora.

Trump continúa con un bajo índice de aprobación; 41.9 por ciento en el promedio de las principales encuestas calculadas por FiveThirtyEight de ABC News. El campeón de la mentira y el engaño –según el conteo del Washington Post ha hecho 6 mil 420 declaraciones falsas en unos 650 días– Trump ha multiplicado su promedio de cinco mentiras por día a 30 durante las pasadas semanas, en la culminación el ciclo electoral.

Pero aun con las trampas, trucos, engaños, la apatía y sobre todo el dinero (ésta será la elección intermedia más cara de la historia), millones se movilizan en estos comicios para repudiar tal vez el asalto más brutal contra los derechos y las libertades civiles, las mujeres, las minorías, los migrantes y los medios en tiempos recientes en este país. La elección intermedia no sólo será un referendo sobre Trump; también medirá la fuerza de la resistencia a su régimen.

 

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Lunes, 29 Octubre 2018 05:52

Vademécum electoral en EU

Vademécum electoral en EU

En más de un sentido, las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes, parte de la de Senadores, las gubernaturas de 36 estados y miles de legislaturas locales en Estados Unidos, serán los comicios más importantes en muchos años. Es la opinión de millones de personas y diversos observadores políticos, lo mismo en los medios de comunicación que en la academia. Será un referendo sobre la política del actual presidente, quien ha profundizado la división en la sociedad, como ni el propio Nixon logró con todas sus perversidades. La pérdida de su popularidad es consecuencia de frecuentes traspiés, su apoyo al racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el nativismo más rampante y su política antipopular. El electorado ve con temor y frustración la continuidad de esa política destructiva. En el Partido Republicano, al que el presidente simula pertenecer, hay gran preocupación frente a la posibilidad de perder la mayoría en la Casa de Representantes y posiblemente el Senado. La preocupación parece haber tocado también la puerta de la Casa Blanca, por lo que el mandatario se ha subido al avión presidencial para realizar una de sus actividades favoritas: pronunciar discursos a lo largo y ancho del país denostando a los medios de comunicación, las minorías afroestadunidenses, latinas, indígenas y, por supuesto, a los migrantes. Su ataque a la caravana de hondureños raya en lo patético.

La mayoría de los candidatos del Partido Republicano cifran sus esperanzas en el discurso del presidente y en la capacidad del aparato electoral para escatimar de una u otra manera el voto de cientos de miles de electores de varios estados que gobiernan los republicanos. Para ello han creado diferentes estratagemas con el fin de suprimir el voto, especialmente el de las minorías que mayoritariamente apoyan a los candidatos del Partido Demócrata. Existen diversos trabajos de investigación que han demostrado la forma en que las elecciones son decididas con base en dichas estrategias.

Uno de esos trabajos es de Ari Berman, colaborador de revistas como Mother Jones, New York Times Magazine, Rolling Stone, y también es investigador de The Nation Institute. En su libro La moderna lucha por el voto, describe la forma en que se han trazado los distritos electorales, conocida como Gerrymander, agrupando arbitrariamente a los votantes, con el fin de dar un número mayor de sufragios a una u otra de las fuerzas contendientes en los comicios.

El diseño se elabora cada 10 años en la mayoría de las legislaturas estatales, con información del censo de población. Hace varias décadas la mayoría legislativa en aproximadamente dos terceras partes de los estados ha sido controlada por los republicanos (The Atlantic/ 24/10/18). Por tanto, han sido los encargados de agrupar a los electores más convenientes a su causa.

Históricamente, la supresión del voto ha sido un estigma para Estados Unidos (The Guardian 13/10/18), pero este año pudiera superar cualquier antecedente. En una entrevista reciente en la cadena de radio pública, Berman dio cuenta de la forma en que se han "purgado" las listas de electores en Georgia, Kansas, Wisconsin, Texas, Carolina del Norte y Alabama, con el fin de coartar el voto de cientos de miles de ciudadanos. Los casos más escandalosos de corrupción electoral se han dado en Georgia y Alabama, donde los responsables de organizar los comicios y actuar como árbitros son también los candidatos del Partido Republicano. En estos estados, la supresión de electores ha sido masiva. Las posibilidades de que las argucias se multipliquen a lo largo de Estados Unidos son muy altas, según Berman.

Si los republicanos llegan a perder alguna de las dos cámaras, gubernaturas o legislaturas locales, será porque millones de votantes están hartos del gobierno de Trump, y habrán logrado sortear las triquiñuelas para suprimir su voto.

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Izquierdas y progresismos: la divergencia vista desde allá y desde aquí

Estos son tiempos de perplejidad para muchos. Pocos años atrás se festejaban los avances de gobiernos de una “nueva izquierda” en América Latina, pero ahora hay alarma ante sus derrumbes. En esa perplejidad están inmersos muchos analistas, académicos y militantes, tanto en nuestro continente como en el norte global, que en muchos casos resulta de lo que podrían describirse como miradas “externas” que no siempre logran entender las contradicciones y riesgos que existían “dentro” de nuestros países.

Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean mas precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos.


El reciente especial de Hemisferio Izquierdo sobre “Bienes Comunes” es una excusa apropiada para un aporte en ese sentido, y en especial la entrevista a Daniel Chávez (1). Este investigador, residente en Holanda y participante del Transnational Institute, reconoce su distancia con los que describe como “críticos al desarrollo” (entre los que incluye a Pablo Solón de Bolivia, Edgardo Lander de Venezuela, Arturo Escobar de EEUU / Colombia, Maristella Svampa de Argentina, y a mí mismo). El cuestionamiento de Chávez apunta a dos componentes de aquella corriente: “su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban”, aunque admite que con los años comprendió que no eran tan “ácidos” y que habían algunas “propuestas”.


Esa entrevista ejemplifica a la corriente de quienes fueron entusiastas defensores de los progresismos, se resistían a entender las contradicciones y en varios casos cuestionaban a quienes elevaban alertas. Ese tipo de posturas prevalecieron por años, y al menos desde mi experiencia, entiendo que en parte se originan desde esa postura de un “exterior” político casi siempre, epistemológico y afectivo muchas veces, y que no lograba reconocer las voces de alerta “internas”. De esa manera no se detectaron a tiempo los problemas, no se corrigieron muchas estrategias políticas, y lo que es peor, de alguna manera, no advirtieron que con eso germinó el regreso de un nuevo conservadurismo en algunos países. El énfasis en defender a toda costa a los progresismos, la disciplina partidaria o la adhesión política acrítica, y los problemas en dialogar con otros actores, seguramente jugó un papel importante en la actual debacle. Por esa razón, esta crisis política está inmersa en otra crisis más amplia, una de interpretación, y que no siempre es reconocida.
Advertencias tempranas


Sin duda los nuevos gobiernos que conquistaron el poder desde 1999, con Hugo Chávez en Venezuela, y que se difundieron en los siguientes años, como Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o el Frente Amplio en Uruguay, implicaron una ruptura con el conservadurismo y las posturas neoliberales. Ese cambio recibió amplios respaldos tanto desde zonas rurales como ámbitos urbanos.


En una etapa inicial, y en especial desde mediados de los años 2000, buena parte de los analistas, militantes e intelectuales del amplio campo de la izquierda celebraron cambios como la reducción de la pobreza o una mayor participación estatal en las estrategias de desarrollo, especialmente vinculada a la administración de recursos mineros o petroleros. Esto es entendible. De todos modos, algunos daban unos pasos más, y sostenían que era próximo el derrumbe de los capitalismos (como se afirmaba al tiempo de la crisis financiera de 2007/8) o que no existía nada a la izquierda de esos gobiernos.


Pero poco a poco comenzaron a elevarse alertas, inicialmente desde algunas minorías y desde localidades rurales (que en varios países correspondían a comunidades campesinas o indígenas). Muchas de ellas expresaban reclamos ante los efectos negativos de ciertos tipos de estrategias, como la explotación minera, petrolero o agrícola. Recuerdo que en año 2007, en el norte de Ecuador, líderes indígenas amazónicos me decían que la contaminación que ellos sufrían era la misma, y nada cambiaba si operaba una empresa estatal o una corporación transnacional. Esos casos mostraban que el desarrollo se organizaba de diferente manera bajo esos gobiernos pero se repetían problemática como los impactos sociales, ambientales y económicos.


Este tipo de circunstancias también se registraba en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil o Uruguay, contradicciones análogas se vivían con la liberalización desenfrenada de transgénicos, la avalancha de agroquímicos, y la proliferación de los monocultivos de exportación.


Cuando se ubica esa problemática en un marco conceptual, se puede argumentar que enfrentamos distintas variedades de desarrollo. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera, tal como ocurría en Chile o Colombia. En otros casos, como Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela, el desarrollo se instrumentaliza en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos. Pero en todos los casos se compartían ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales.


La obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza, hacía que incluso aquellos nuevos gobiernos insistieran en profundizar la exportación de recursos naturales para incrementar sus ingresos.


Eran los tiempos de bonanza de los altos precios de las materias primas, como soja, minerales o petróleo, lo que alimentó una notable expansión económica. Bajo esas condiciones se generaban muchos excedentes, y algunos de ellos eran captados por los Estados para, en parte, compensar a grupos afectados. Por ejemplo, si bien el gobierno Lula priorizó el apoyo a la agropecuaria exportadora, especialmente sojera, esa bonanza le permitió proveer de asistencia a pequeños agricultores y movimientos sociales rurales. No resolvió sus problemas estructurales ni avanzó en una reforma agraria, pero apaciguó la protesta en el campo. Algo similar ocurrió en Uruguay. Esas compensaciones disimulaban desarreglos productivos sustantivos, el desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura familiar, y una creciente lista de impactos sociales y ambientales de la agroindustria. Cuando los precios internacionales cayeron, esa compensación económica se resquebrajó, regresaron los cuestionamientos y ya no pudieron disimularse los problemas que permanecían sin resolución.


Los intentos de seguir una senda distinta que podría llamarse un desarrollo de izquierda, que buscara desmontar la dependencia exportadora de materias primas, no fructificaron. Las necesidades de dinero y las tentaciones de aquellos altos precios, reforzó el perfil comercial primarizado en todos los países. La intención de aumentar la captura de excedentes, como ocurrió en la Argentina kirchnerista cuando se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos, generó una ola de protestas sociales que forzó a un retroceso gubernamental.


Un caso todavía más extremo ocurrió en Perú, cuando asumió el gobierno Ollanta Humala en 2011 en asociación con varios partidos de izquierda. Su giro progresista chocó a los pocos meses con las exigencias de los sectores empresariales mineros y las necesidades de capital, y al no contar con capacidades para construir una alternativa, terminó recayendo en un extractivismo tan conservador, que se rompió su coalición.

Izquierda y progresismo: dos regímenes


Este breve repaso, sin duda incompleto y esquemático, tiene por finalidad mostrar que esos gobiernos expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas. Eso los alejaba de las intenciones defendidas por la izquierda que les dio origen. Las izquierdas latinoamericanas siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial. El cambio propio de los progresismos es que pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad. Allí nace en Uruguay, pongamos por caso, la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno.


Estas mismas condiciones se repiten en otros terrenos, y como consecuencia se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos. Otra cuestión distinta es si una izquierda crítica del desarrollo hubiese podido ejercer una autonomía frente a ese tipo de desarrollo bajo las condiciones que padecía América Latina; sin duda esto es discutible. Pero mi punto es que esa aspiración dejó de estar en la agenda concreta y real de esos gobiernos, y por el contrario, organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo, y como se dijo arriba ocurre lo mismo en otras cuestiones. Todo ello expresa un regreso a la defensa del “progreso”, por momentos en visiones próximas a las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.


El desvanecimiento de aquel impulso inicial de izquierda ocurrió de distinto modo y a diferentes ritmos en cada país. Pero en todos ellos la adhesión al desarrollo convencional jugó un papel importante, ya que si, por ejemplo, se persiste en el papel de proveedor subordinado de materias primas, se deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio (2). La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global.


Ese tipo de factores terminaron conformando lo que hoy conocemos como gobiernos “progresistas”. Por lo tanto, “izquierda” y “progresismo” son regímenes políticos diferentes. Sin duda que el progresismo no es una nueva derecha ni un neoliberalismo, por más que a veces así se lo acusa. Pero tampoco es la izquierda original propia de cada país y del continente. Es también exagerado afirmar que estamos ante un “final” del progresismo (en realidad eso responde casi siempre a una mirada autocentrada de analistas argentinos o brasileños sobre sus propios países, prestándole poca atención a lo que ocurre en Uruguay, Bolivia o Ecuador).


La incapacidad de reconocer a los progresismos como un régimen político distintivo y los análisis incompletos sobre la situación en cada país, debe estar jugando papeles importantes en la perplejidad de muchos analistas, tal como se indicaba al inicio de este artículo. En ellos opera una mirada “externa” que no supo entender los síntomas “internos” que vienen acumulándose desde hace años.
Ese tipo de miradas, sean del sur como del norte, no reconocieran esa divergencia, y siguen insistiendo en que gobiernos como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la mejor y genuina expresión de una izquierda, y que además es latinoamericana y popular.


Afuera y adentro


La asimilación de los progresismos a una izquierda es esperable por quienes priorizan las adhesiones partidarias, están atemorizados por un retorno de la derecha o se aferran a un cargo en el Estado. Pero más allá de esos casos, se superponen otros análisis donde fallaron los vínculos y diálogos con las comunidades locales. Esto no quiere decir que exista mala intención, pero si es cierto que se desestiman las voces de alerta de ciertos actores.


Siguiendo recorridos como estos, se genera una narrativa sobre el devenir de la “nueva izquierda” latinoamericana que es sobre todo una construcción intelectual basada en artículos y libros, donde la conversación discurre entre las citas bibliográficas. Pero casi no se “escucha” o “entienden” las demandas que vienen desde la base ciudadana, especialmente los más desplazados en sitios marginales, como pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos, indígenas, etc. (y a pesar que buena parte de ellos fueron clave en que esos partidos ganaran las elecciones).


Posiblemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de posiciones sean los escritos periodísticos de Atilio Borón o Emir Sader. Lo mismo ocurre con varios análisis producidos desde el hemisferio norte sobre lo que sucede en América Latina. Al leer esa literatura, casi toda escrita en inglés, se tiene la impresión que en nuestros países se vivía algo así como un paraíso de la liberación nacional, y que cualquier crítica era mera expresión de conservadores agazapados que intentaban socavar un experimento popular.


Sea en el norte o en el sur, hay analistas que presentan por ejemplo a José “Pepe” Mujica como el apóstol del ambientalismo por su discurso en las Naciones Unidas, pero nunca entendieron, ni escucharon, pongamos por caso, a las mujeres de la zona Valentines que alertaban sobre los impactos de sus planes de megaminería de hierro. Lo mismo ocurre en los demás países (3).


También se decía que los “críticos del desarrollo” se contentaban con los cuestionamientos pero no ofrecían alternativas. Esa afirmación es otro ejemplo de la escucha incompleta, ya que las alternativas iban de la mano casi desde un inicio con los cuestionamientos a los extractivismos progresistas. Es más, ese esfuerzo, conocido como transiciones post-extractivistas, está en marcha desde hace diez años en los países andinos y ya avanzó hacia otras naciones (4). A diferencia de otras exploraciones, estas alternativas otorgaban especial atención a propuestas concretas, sean en políticas como en instrumentos, desde reformas tributarias a las zonificaciones territoriales. Pero además, esa insistencia en opciones de cambio concreto eran en parte esfuerzos para recuperar una izquierda comprometida con la justicia social y ambiental.


Renovación y raíces


Tanto dentro de nuestros países como a nivel global, hay cuestionamientos al capitalismo global, como los de David Harvey, y defensas de los progresismos criollos, como las de Atilio Borón. Todas ellas pueden tener elementos valiosos. Pero esas miradas a su vez confunden capitalismo con desarrollo, y progresismo con izquierda, y por ello tienen dificultades para entender la crisis actual y para proponer alternativas. Están muchas veces restringidas a los manuales y decálogos políticos europeos o norteamericanos, y no son interculturales.


Constituyen ejemplos de ese “afuera” donde no aparecen los matices o voces interiores, como las de indígenas o campesinos, las de los jornaleros informales en los campos de soja bolivianos, o las de las negras colombianas que resisten la minería de oro. De ese modo, esa “exterioridad” pierde lo específicamente latinoamericano que se esperaría en una crítica desde nuestro continente. Los análisis de coyuntura se han debilitado, y se escapan las particularidades nacionales y locales.


Así se termina confundiendo al progresismo con la izquierda. Del mismo modo, se esquiva el espinoso análisis de cuáles son las responsabilidades de esos progresismos en generar el nuevo conservadurismo que ahora se observa, por ejemplo, en Argentina o Brasil (5). Entonces, no puede sorprender la perplejidad ante la actual crisis.


Una postura muy distinta es la crítica que se hace desde el “adentro”, y que podría describirse como “enraizada”, para tomar una imagen del colombiano Orlando Fals Borda (6). En lugar de excluirlos, se busca un diálogo con las alertas, las visiones o los reclamos locales, especialmente con quienes son directamente afectados por el desarrollo o usualmente marginados cultural y políticamente. Es un “adentro” que acepta la interculturalidad, respetando otros tipos de saberes y otras sensibilidades ante el mundo social y natural. Sin duda habrá posiciones distintas, acalorados debates, y otro tipo de contradicciones, pero será una construcción más cercana a nuestras circunstancias. Por todo esto, una renovación de lo que sería unas “izquierdas” que estén ajustadas a América Latina y al siglo XXI, deben estar social y políticamente situadas, dialogar con todos los actores y sus saberes, y entender los contextos históricos y ecológicos.

Por Eduardo Gudynas*
Hemisferio Izquierdo
*investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.


Notas


1) "El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez, Hemisferio Izquierdo, 26 Julio 2018, https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/El-Estado-tienen-un-papel-muy-importante-que-asumir-en-Am%C3%A9rica-Latina-pero-tambi%C3%A9n-ya-es-ahora-de-que-la-izquierda-de-la-regi%C3%B3n-abandone-la-a%C3%B1osa-visi%C3%B3n-estado-c%C3%A9ntrica-y-que-se-abra-a-perspectivas-como-las-de-los-comunes-entrevista-a-Daniel-Chavez
2) Tan solo a modo de ejemplo sobre los debates acerca de los progresismos, entre las primeras alertas se destaca: El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas Sudamericanas, por M. Saint-Upéry, Paidós, Barcelona, 2008. Más recientemente, ver distintas opiniones en:
El correismo al desnudo, A. Acosta (ed), Montecristi Vive, Quito, 2013.
Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del gobierno del MAS, por Silvia Rivera Cusicanqui, Plural, La Paz, 2015.
Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo, por varios autores, Entre Pueblos, Barcelona, 2016.
As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, por A. Singer e I. Loureiro (orgs), Boi Tempo, São Paulo, 2016.
3) En el caso de Uruguay se vaticinaba que la llegada del Frente Amplio lanzaría un nuevo “modelo de desarrollo”, y más allá de la ambigüedad sobre el significado del término “modelo”, es evidente que eso no ocurrió. Véase sobre esa predicción: Tercer Acto. La era progresista. Hacia un nuevo modelo de desarrollo, por A. Garcé y J. Yaffé, Fin de Siglo, Montevideo, 2055.
4) Distintos documentos sobre alternativas a los extractivismos y al desarrollo en el sitio www.transiciones.olrg
5) Una ilustración de esa problemática resulta de comparar dos libros del politólogo argentino José Natanson: en 2008 prevalecía un cierto triunfalismo con lo que denominó como “nueva izquierda”, y en 2018 se analizan algunas razones del colapso kirchnerista y el triunfo del macrismo.
La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Boolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, 2008; ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.
6) Hacia el socialismo raizal y otros escritos, por Orlando Falsa Borda, CEPA y Desde Abajo, Bogotá, 2007.

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/

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Del cinismo correísta al entreguismo “morenista”. Matices de una vil continuidad

“Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada” (Mijail Bakunin)

 

Decir que el Ecuador vive una crisis compleja ya no es novedad. Tampoco es novedad decir que esa crisis responde al desperdicio de una década cubierta por las sombras del correísmo . Todo eso ya lo sabemos, aunque ciertos correístas, cargados de cinismo y pocas luces, aún defienden lo indefendible . Tan indefendible es la posición de tales grupos que, hasta la caída del caudillo del siglo XXI -Rafael Correa- parece estar consumada, al menos en el corto plazo. Es más, todo indica que existiría un interés mediático dentro del país en poner la desgracia política-legal de Correa en el centro de la “opinión pública”, como si se buscara distraer a dicha “opinión” sobre cómo el “morenismo” [1] y los grupos vinculados a éste manejan la crisis. Por su parte, fuera del país, parecen existir otros poderes que buscan posicionar a Correa como “perseguido político” …

Ante semejante lucha de intereses y de (mal)interpretaciones de la realidad tanto de correístas como de “morenistas”, es hora de olvidar -al menos por ahora- a ese personaje que pudo hacer historia de la grande, pero que resultó un gran fraude y que ahora busca salvarse de los fantasmas que sembró en su gobierno . Debemos hacerlo pues hay problemas más urgentes que merecen atención, pues si al correísmo lo acusamos de empezar el retorno neoliberal y de volver, desde 2014, al redil del Fondo Monetario Internacional , luego de más de un año de gobierno -y algunos titubeos- ya es obvio hacia dónde va el Ecuador con Moreno : a una vil continuidad del retorno neoliberal, a un paso cada vez más acelerado y descarado.

Moreno y los suyos, entregados abiertamente a grandes grupos de poder , han aprovechado el desorden económico-político dejado por el correísmo para acelerar el retorno al WC (Consenso de Washington). Así, hemos pasado de un gobierno autoritario que se corrompió hasta las raíces buscando poder absoluto, a un gobierno sometido por una transición neoliberal. Dicho aún más claro: el correísmo fue un modelo de dominación burguesa que ayudó a consolidar a varios grupos de poder nuevos y viejos , a la vez que ayudó a destruir a la izquierda y a los movimientos sociales ; en cambio, el “morenismo” aprovecha el camino despejado por su antecesor para profundizar y ampliar los espacios necesarios para que los grupos de poder locales y transnacionales se recompongan; todo en “ un juego de conflictos, desplazamientos y alianzas entre viejas elites empresariales y nuevas elites advenedizas en trance de consolidarse y convertirse en viejas ” como señala Pablo Ospina [2] .

Evidencia clara de la condición entreguista del gobierno de Moreno frente a las pugnas de los grupos de poder es su proyecto de “ Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal ”. Una ley de gran amplitud -y no solo por su nombre- pues modifica explícitamente 16 cuerpos legales: sin duda una nueva “ley Trole” como aquellas aprobadas en repetidas ocasiones desde inicios de este milenio, e incluso similar a aquellas aprobadas en el gobierno de Correa (como veremos más adelante). Una ley que acelera la marcha ya enrumbada desde el correísmo: instaurar el dominio del capital por “toda una vida”, como versa uno de los eslóganes “morenistas”. Pero, mejor dejemos que los hechos muestren por quién doblan las campanas en tiempos cuánticos …

 

Del reacomodo político a las claudicaciones múltiples

 

Apenas apareció la “Ley de Fomento Productivo” surgieron análisis desde múltiples vertientes. A pesar de ser una ley con claro norte neoliberal, hubo reparos de economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes) reclamando mayor celeridad y profundidad en la marcha librecambista , así como de representantes de las cámaras de la producción y de comercio pidiendo a gritos más beneficios para el capital (y que tienen eco en el gobierno como, por ejemplo, la petición d e una mayor flexibilización laboral ). También aparecieron análisis críticos que evidencian los enormes beneficios que el gobierno de Moreno va a otorgar a los grupos empresariales [3] . Desde nuestra lectura, consideramos necesario ver más ampliamente la cuestión, entendiendo que el país está pasando por un proceso de transición vil en donde la “Ley de Fomento Productivo” recién es una carta de presentación del entreguismo extremo al que va a llegar el “morenismo” para sostenerse en el poder. Y tan es así, que parecería que el presidente Moreno se ha comprado la propuesta económica del candidato perdedor Guillermo Lasso, quien abiertamente planteó una salida neoliberal.

Empecemos anotando que la “Ley de Fomento Productivo” es la versión final de un paquete de medidas que Moreno presentó en abril de 2018 para “enfrentar” la crisis persistente de la economía ecuatoriana. Dicho paquete era un (rata)plan que ya denotaba intenciones neoliberales , pues dejó en el olvido -hasta de los grandes medios de comunicación- la propuesta semi-progresista que el mismo Moreno presentó en octubre de 2017 y enterró cualquier discusión de una política alternativa . Es decir, la ley no nació como una acción repentina, sino como resultado de un reacomodo buscando la supervivencia política. Tal es así la situación que, superado el primer año de gestión en el que Moreno buscó consolidarse políticamente distanciándose de su sucesor, ahora se enfoca en la economía prestando oídos -y hasta ministerios - a las aproximaciones neoliberales.

En cuanto al contenido mismo de la ley, no es necesario entrar en detalles para percibir que el entreguismo se desborda por todos los poros (de todas formas, quien desee una lectura rápida de los principales artículos de la ley, dejamos a disposición un resumen en línea [4] ). Más bien, desde una lectura amplia, podemos destacar dentro del proyecto “morenista” cuatro grandes claudicaciones ante el empresariado:

 

- “perdón y olvido” a las deudas del gran capital;

- recorte de impuestos cuando los recursos escasean;

- la potencial preconfiguración de una nueva carta de intención para el Fondo Monetario Internacional;

- y un dogmatismo monetario que lleva implícita una claudicación a la banca.


“Perdón y olvido” a las deudas del gran capital

 

La primera gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” es todo un paquete de “perdón y olvido” (remisión de 100%) de intereses, multas y obligaciones en favor de deudores con múltiples instituciones estatales (que van desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), aduanas, agencias de tránsito y hasta la agencia de control de aguas). Los deudores acceden a la remisión si pagan el monto original -capital- de sus obligaciones en plazos que van desde los 90 días hasta los dos años para quienes puedan acceder a facilidades de pago. Con dicho paquete el gobierno esperaría recuperar impuestos adeudados por 774 millones de dólares en tres años (602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020) .

Como bien destaca Katiuska King , este tipo de remisiones no es nuevo. Tanto en 2008 (con varias reformas a la “Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” y a la “Ley de Equidad Tributaria”) como en 2015 (con la “Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos”) ya se aplicaron varias remisiones de multas, recargos e intereses [5] . En 2008 se recuperaron 153,8 millones de dólares , mientras que en 2015 la recuperación fue de 970 millones . Vemos, entonces, que el “morenismo” recurre exactamente a las mismas lógicas del correísmo: perdonar multas e intereses a deudores del Estado con la esperanza de rescatar fondos que permitan sobrevivir a corto plazo; tal como aconteció en gobiernos anteriores.

Pero la continuidad de lógicas es aún más clara si se la observa en términos de los principales beneficiarios de las remisiones. A pesar de que la información pública disponible es -en extremo- fragmentada, sí permite identificar algunos patrones. Así, en la remisión correísta de 2015 alrededor del 70% del total recaudado provino de grandes empresas , mientras que en la remisión “morenista” de 2018 según el propio gobierno, “ en monto de remisión, los principales beneficiarios serían los grandes contribuyentes ” [6] . En efecto, si se compara los montos de deuda que mantenían algunos de los grandes deudores del SRI en 2015 con los montos de 2018 (ver cuadro 1) se nota que ambas remisiones iban direccionadas a perdonar deudas del gran capital (sobre todo petroleras, telefónicas, bancos): siempre a los mismos...

 

Cuadro 1. Algunos ejemplos de beneficiarios de la remisión de 2015 y/o de 2018* (millones de dólares)

 

 Beneficiarios

 xxx

2015 

Deuda total

x

 

Intereses, multas, recargos

xxx

2018

Deuda total

x

 

Intereses, multas, recargos

 ANDES PETROLEUM  328,4 168,7 399,5 231,6
 OCP  NE NE 388,8 214,1
 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17  NE NE 142,7 79,9
 AGIP OIL ECUADOR B.V.  NE NE 96,7 62,1
REPSOL ECUADOR NE NE 98,6 55,6
EXPORTADORA BANANERA NOBOA 68,9 32,1 75,9 44,1
OTECEL (Movistar) 40,8 20,4 91,1 43,9
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 NE NE 67 37,6
BANCO PICHINCHA 190,2 94,9 35,3 17,5
PRODUBANCO 5,7 2,8 31,6 15,8
BANCO GUAYAQUIL 34,4 15,9 6,1 3,5
CONECEL (Claro) 194,7 97,3 6,6 2,7
SCHLUMBERGER 58,1 29,0 - -
DINERS CLUB 35,9 17,9 - -
PRONACA 18,7 10,3 - -

* Información únicamente referencial pues no proviene de una misma fuente. NE: No encontrado.

Fuente: SRI (consultado el 01 de agosto de 2018); El Telégrafo: “ 106.726 empresas deben más de $ 5.70 millones al Estado ”, 06 de mayo de 2015; e información circulada en la Quinta Convención Nacional del Colectivo Unitario Nacional de Organizaciones Sindicales, Indígenas y Sociales (mayo 2015).

 

De hecho, en 2015 se sabía que apenas 8 empresas adeudaban al SRI 443 millones de dólares entre multas e intereses , mientras que en 2018 se sabe que de la deuda tributaria total con el SRI de 4.379 millones de dólares más de la mitad (2.228 millones) corresponde a deudas de los 170 grupos económicos más importantes del país . Para completar la idea, indiquemos también que, en la remisión de 2018, los 50 mayores deudores podrán acogerse al perdón de 1.344,7 millones de dólares , implicando una reducción de ingresos para el Estado de alrededor de 1,3% del PIB.

Otro paquete de “cuasi-perdón” (reducción cínica de 99%) de intereses, multas y obligaciones planteado en la “Ley de Fomento Productivo” del “morenismo” es ofrecido a los patronos en mora con la Seguridad Social. Según fuentes oficiales, esta remisión permitiría recaudar al IESS alrededor de 910 millones de dólares de una deuda total de 1.300 millones (se perdonarían 390 millones) aunque tal estimación parece “optimista” considerando que en la remisión de 2015 solo se recaudaron 145 millones (aunque la propuesta “morenista” prácticamente duplica el plazo de remisión patronal respecto a la propuesta correísta). Por si esto no bastara, la ley elimina la posibilidad de que el IESS -y el Estado- cobre a patronos por vía coactiva en los primeros 30 días en que incurran en morosidad en sus obligaciones con la seguridad social; es más, el IESS en ningún caso podrá cobrar al patrono las prestaciones por enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y el fondo mortuorio que los afiliados lleguen a requerir en esos primeros 30 días.

Esta combinación de perdón de intereses y multas por deudas patronales y de dejar a los trabajadores afiliados en una situación precaria en el primer mes de incumplimiento de pagos a la seguridad social de sus patronos (sin posibilidad de que el IESS haga cobros por vía coactiva), es infame. Decimos esto pues, con tales reformas sobre la Seguridad Social, el gobierno de Moreno se atribuye el derecho a perdonar obligaciones que los patronos mantienen no con el Estado, sino con los trabajadores; es decir, el gobierno da facilidades patronales como si los trabajadores no tuvieran ni voz ni voto. Pero, reiteremos, esa tendencia ya se la vivía con el correísmo (el cual implementó la remisión patronal en 2015 dentro de la “Ley de Alianzas Público-Privadas”) de modo que aquí también vemos una vil continuidad.

Con semejantes “perdones y olvidos” (a más de varias facilidades de pago [7] ) concedidos por el “morenismo” -y que ya se venían practicando en el correísmo- definitivamente se exacerba la costumbre empresarial -sobre todo de grandes capitales- de esperar con calma a algún gobierno urgido por recursos para que adopte nuevas remisiones. Solo notemos que entre las remisiones de 2015 y 2018 no han pasado ni tres años. Si bien se podría mencionar que la propuesta “morenista” incluye la disposición de que los beneficiarios de la remisión no podrán beneficiarse de remisiones futuras luego de -al menos- 10 años, en nuestro país se está volviendo habitual que la ley se vuelva letra muerta cuando los recursos escasean…
Recortando impuestos… cuando los recursos escasean

Al mismo tiempo que el gobierno de Moreno apuesta desesperadamente a obtener recursos perdonando intereses y multas a deudores tributarios y patronales, busca configurar un escenario donde los capitales se sientan libres… pero de cargas tributarias y hasta de los respectivos controles tributarios [8] . Así, la segunda gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” es un paquete que incluye varias exoneraciones tributarias en favor de “nuevas inversiones productivas” tanto de empresas nuevas como de empresas ya existentes [9] .

Aquí destaca la exoneración del 100% del impuesto a la renta y su anticipo para “nuevas inversiones” hechas en “sectores priorizados” [10] , por 8 años si se dan en Quito y Guayaquil y por 12 años si se dan en el resto del país (20 años para cantones fronterizos). El plazo aumenta a 15 años para inversiones en industrias priorizadas, industrias básicas, agroindustria y sectores agroasociativos. Incluso la exoneración se amplía a las alianzas público-privadas enfocadas a inversiones productivas en agua potable, saneamiento, alcantarillado pluvial (ya introducidas en el correísmo). Hasta se reforma la ley de empresas públicas, eliminando la mención de que las asociaciones público-privadas hagan caso al artículo 318 de la Constitución sobre no-privatización del agua: una disposición del “morenismo” a todas luces inconstitucional, es decir que va en contra del espíritu de Montecristi que Lenín Moreno ofreció recuperar .

Asimismo, la ley otorga exoneraciones si las “nuevas inversiones” generan “empleo neto” pero no define qué implica tal concepto, lo cual puede crear espacios favorables para una mayor flexibilización laboral, aspiración eterna de las cámaras de la producción y de los economistas OCP.

Algo rescatable en este punto de la “Ley de Fomento Productivo” es la exoneración por 20 años para micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo, así como empresas dedicadas al turismo comunitario. Sin embargo, a más de la duda de cómo se definirá a este tipo de empresas, está la cuestión de que el turismo en general -pequeño y grande- ya ha recibido importantes exoneraciones [11] . Además, la propia ley crea un “Fondo Nacional para la Gestión Turística” de carácter público, encaminado a financiar actividades turísticas en general (pequeñas y grandes); fondo con duración de cuatro años y financiado -parcialmente- con asignaciones presupuestarias. Aquí la duda evidente es por qué no se asignó dicho fondo solo para micro, pequeñas y medianas empresas turísticas…

Todas estas exoneraciones “morenistas” del impuesto a la renta son extremas, pero no implican rupturas drásticas con lo que ya se hacía antes. Recordemos que ya se dieron “renuncias fiscales” en el correísmo, por ejemplo, en 2010 con el Código Orgánico de la Producción y luego en 2015 con la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas. Recordemos que en 2010 el gobierno de Correa dispuso reducir progresivamente la tasa del impuesto a la renta para sociedades de 25% al 22% ( la cual se alcanzó en 2013 ); dicha tasa volvió al 25% para empresas medianas y grandes recién en 2018, resultado de una de las poquísimas medidas semi-progresistas que el “morenismo” ha implementado . Como bien señala -nuevamente- Katiuska King, tal reducción de 3 puntos del impuesto a la renta habría implicado un “sacrificio tributario” de 300 millones de dólares . Volvemos, pues, a encontrar una vil continuidad entre correísmo y “morenismo”.

También dentro de la “Ley de Fomento Productivo” se plantea exonerar el impuesto a la salida de divisas, el cual se deberá devolver a sectores que requieran de importaciones para generar exportaciones; asimismo, se exonera a las importaciones de materias primas y bienes de capital importados para “nuevas inversiones productivas” (en ambos casos, se exonera incluso a productos importados que estén disponibles en el mercado local). Igualmente se exonera a los pagos al exterior por concepto de dividendos si el 50% de las utilidades se reinvierten en el país. Además, el presidente de la República podrá reducir el impuesto según la evolución de las finanzas públicas y de la balanza de pagos. Tales exoneraciones serían aceptables si se hubieran dirigido a las importaciones de empresas pequeñas y medianas, pero dicha distinción simplemente no existe en la ley.

Y aún hay más exoneraciones y perdones “morenistas”, encaminados incluso a continuar con la senda extractivista trazada por Rafael Correa, que abrió, por ejemplo, la puerta al festín minero del siglo XXI :

En la minería: se deroga el impuesto a los ingresos extraordinarios y se lo elimina de la ley de minería (justamente ese impuesto se intentó perdonar en el correismo a las mineras usando la fenecida ley de plusvalía y ahora se lo elimina de un plumazo); se cambia el monto de regalías mineras para el Estado de una tasa fija de 5% a una tasa variable de 3% a 8%; se quita la mención de las tasas específicas que las mineras deben pagar por impuesto a la renta, impuesto sobre utilidades e impuesto al valor agregado; se retira cobro de 4% de regalías a la mediana minería; se deja la definición de los montos de regalías a una fórmula a plantearse posteriormente en el reglamento de la ley [12] …

En los hidrocarburos: se elimina la mención de que el Estado reciba, al menos, 50% de ingresos extraordinarios por diferenciales de precios de exportación de petróleo y se la reemplaza por una mera indicación de que la participación estatal se ajustará según el precio de referencia y el volumen de producción.

Toda esta claudicación de ingresos fiscales -durante los próximos 10 a 20 años- hace saltar la siguiente interrogante: ¿de dónde saldrán los recursos que compensen la menor recaudación tributaria y que le permitan sobrevivir al gobierno de Moreno sus próximos años de mandato?, ¿será suficiente lo que se recaude por remisiones de intereses y multas?

Es evidente que no por la limitada capacidad de recaudación de éstas (recordemos, apenas 774 millones de dólares en tres años). Aunque la acción del gobierno parece en extremo contradictoria (buscar ingresos por remisión al mismo tiempo que se perdonan impuestos), la paradoja tiene una clara solución desde el lúgubre discurso neoliberal: es hora del ajuste… de más extractivismo, y hasta de revisar los subsidios de los combustibles (tema que analizaremos por separado).


Prefigurando una nueva carta de intención para el FMI

 

La situación fiscal ecuatoriana es compleja pues al final del correísmo y al inicio del “morenismo” se han combinado dos tendencias asfixiantes:

a) una caída-estancamiento de los ingresos tributarios y petroleros (aunque cabe anotar la recuperación de la cotización del crudo ecuatoriano, la cual entre junio de 2017 y mayo de 2018 pasó de 40 a 64 dólares el barril);

b) un incremento permanente de los salarios públicos y de los intereses de la deuda externa pública.

El resultado de estas dos tendencias es un déficit fiscal persistente (primario [13] y global) que tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han intentado contener usando la deuda externa como respirador artificial y reduciendo drásticamente la inversión pública (ver cuadro 2).

 

Cuadro 2. Tendencias asfixiantes de las finanzas públicas (millones de dólares)

 Transacción \ Año  2014x2015 x2016x2017
 Ingresos por exportaciones petroleras  11.433  10.906 6.487 5.402
 Impuesto al valor agregado  6.376  6.352 5.400 5.979
 Impuesto a la renta  4.161  4.734 3.640 3.764
 Sueldos y salarios  9.478  9.904 10.014 10.365
Intereses deuda pública externa829 1.143 1.335 1.850
Inversión púbica total (a) 13.980 10.178 10.293 8.648
Déficit fiscal primario (b) -4.291 -4.519 -5.753 -2.444
Déficit fiscal global -5.314 -5.940 -7.314 -4.653

a): Formación bruta de capital fijo del gobierno central, gobiernos autónomos y empresas públicas.

(b): Saldo fiscal descontando el pago de intereses de deuda pública externa e interna.

Fuente: BCE, información estadística mensual. Elaboración propia.

 

Considerando esta información, es infame que el correísmo haya recurrido, y que el “morenismo” siga recurriendo, a remisiones tributarias y, especialmente, a reducciones -o exoneraciones- del impuesto a la renta cuando era urgente que ese impuesto se recupere. Sobre todo, es indignante que en los años de crisis el peso del impuesto a la renta sobre los ingresos de los grandes grupos económicos del país, según datos del SRI, se haya mantenido estancado en menos de 2,4% en todo el período 2014-2016. Ese peso debía subir. Pero más bien, tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han preferido sostener los gastos salariales y contraer la inversión pública, es decir, contraer quizá el elemento más dinamizador del gasto gubernamental, generándose incluso una potencial tendencia procíclica (acentuando la crisis)…

Así, la asfixia fiscal combinada con la decisión del gobierno de Moreno de no hacer pagar a los grandes grupos económicos los costos de la crisis, y los múltiples paquetes de “perdones y olvidos” que previamente hemos analizado, hacen ver que el problema fiscal será enfrentado de la forma más ortodoxa posible: la consolidación de un ajuste fiscal al típico estilo neoliberal, con la salvedad de que ese ajuste se viene realizando ya desde el correísmo con la reducción de la inversión pública.

Y, en efecto, la tercera gran claudicación de “Ley de Fomento Productivo” “morenista” prefigura, en términos fiscales, una potencial carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Afirmamos esto pues la ley -a más de plantear algunas decisiones que ojalá transparenten el manejo de la deuda pública- dispone reglas fiscales en donde el Presupuesto General del Estado no puede tener déficit en su resultado primario ni mostrar un gasto del gobierno central mayor a la “tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”. Esta disposición se complementa con otra en donde se indica que los ingresos de explotación de recursos naturales no renovables que superen lo presupuestado -reiteremos, con un gasto público limitado ex ante- se destinarán a un “fondo de estabilización fiscal” que brinde sostenibilidad a las cuentas públicas y/o permita ejecutar gastos de educación y salud.

Aunque la ley no aclara qué es la “tasa de largo plazo” ni cuál es su cuantía o su estimación, la disposición de incluir simultáneamente la limitación del gasto público y la canalización de recursos excedentarios a un fondo que estabilice las cuentas públicas muestra similitudes aberrantes con la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal expedida en 2003 y que creó el “Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público” (FEIREP) . Recordemos que, entre otras cosas, dicha “Ley de Responsabilidad…” estableció que el gasto fiscal real no puede crecer sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB, a la vez que cualquier excedente fiscal fluía automáticamente al FEIREP. Así, sin importar el tipo de ingresos extras del Estado -p.ej., una donación externa-, no se podía aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto frenaba automáticamente a la inversión pública y social. De haber seguido indefinidamente tal “esquema exitoso”, recién en 47 años el Ecuador -según un estudio de UNICEF- habría alcanzado la inversión social per cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares de la época del coronel Lucio Gutiérrez.

La “prudencia” del coronel apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo contrario [14] .

Aquí cabe aclarar lo siguiente: una cosa es crear mecanismos que fortalezcan las reservas internacionales y ayuden a administrar adecuadamente la liquidez doméstica (lo cual es clave para la economía ecuatoriana dolarizada y se pudo lograr en la década correísta usando solo una fracción -no la totalidad- de los excedentes petroleros estatales [15] ); otra cosa muy diferente es crear fondos automáticos del total de excedentes petroleros y usarlos para sostener las cuentas públicas. No es lo mismo administrar liquidez (lo cual puede implicar, entre otras cosas, la ejecución adecuada de políticas contra-cíclicas) que usar los fondos guardados para garantizar, entre otras cosas, el pago de intereses de la deuda externa (recordando que ese es uno de los gastos públicos corrientes de mayor crecimiento dentro de las cuentas fiscales). Justamente el FEIREP se usó como garantía de pago del servicio de la deuda externa y sería aberrante que suceda lo mismo con la “Ley de Fomento Productivo”. Penosamente las puertas a esa posibilidad han quedado abiertas de par en par…

A más de que la ley “morenista” plantea reglas fiscales sobre el gasto, también plantea reglas sobre el manejo del endeudamiento público. Así, mientras que por un lado se ratifica que el techo legal de la ratio deuda/PIB es de 40%, por otro lado, se dispone que el período 2018-2021 es de “estabilización” y que durante el mismo no rige el techo legal de la deuda. Más bien, durante la “estabilización” se aplicará un plan de sostenibilidad fiscal que “optimice” el gasto público y reduzca el déficit primario cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2021 (pudiendo extenderse el plazo si surgen gastos no programados de obligatorio cumplimiento); alcanzado el equilibrio primario se aplicaría un “plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal” para llegar a una ratio deuda/PIB de 40% a largo plazo (sin saber a ciencia cierta cuándo realmente se cumplirá dicho plazo).

Más allá de los planteamientos dogmáticos hay un exceso de discrecionalidad pues en la ley se establece que, en caso de existir riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales, se aplicarán mecanismos de “corrección automáticos” y planes de “sostenibilidad fiscal” [16] . ¿Qué quiere decir “corrección automática”? Al menos la ley no lo aclara, y con eso queda abierta una puerta -hasta discursiva- en favor de los supuestos mecanismos de ajuste automático del libre mercado.

A criterio de Wilma Salgado , las metas de ajuste propuestas en la ley, tanto a nivel de deuda como de déficit primario, muestran condiciones que pueden ser tan o hasta más drásticas que aquellas que el Fondo Monetario Internacional ha solicitado, por ejemplo, a Argentina en el acuerdo Stand By alcanzado en junio de 2018. Aquí cabría anotar la salvedad de que a Argentina el FMI la condicionó para concederle un crédito de 50 mil millones de dólares, mientras que Ecuador está auto-condicionándose. Por cierto, dicho auto-condicionamiento no es gratuito, pues el FMI cada vez se acerca más al país,

Aunque es necesario un análisis muy profundo para comprender la real magnitud que tomará el ajuste -pues al momento lo único claro es la existencia de un mega-abanico de posibilidades neoliberales-, algunos indicios empiezan a palparse. Así, la ley “morenista” dispone suspender dentro del sector público la creación de puestos de trabajo vía contratos ocasionales y concursos de méritos y oposición hasta analizar la “real necesidad de permanencia y creación de puestos”.

Tal disposición se conjuga con la declaración oficialista de que se revisaría la situación laboral de 160.000 funcionarios públicos que estarían empleados de forma “irregular” (entre nombramientos provisionales y contratos ocasionales extendidos más allá del límite legal) [17] , y que se abrirían concursos para regularizar a 70.000 empleados entre 2018 y 2019 [18] . Todo esto con el claro propósito de reducir la masa salarial pública, tomando en cuenta que solo para pagar contratos ocasionales el Estado requiere anualmente de 1.300 millones de dólares .

Si bien es crucial revisar la masa salarial pública (recordemos que ésta ha crecido en todo el período 2014-2017 aún en medio de la crisis, ver cuadro 2), dicha redimensión no debería empezar con los trabajadores más vulnerables. Lo primero que debería hacerse, a nuestro criterio, es un ajuste serio sobre los megasueldos de la burocracia dorada: apenas 38.700 funcionarios perciben un ingreso promedio de 58.100 dólares al año [19] , representando una masa salarial de más 2.200 millones de dólares anuales (es decir, un monto mayor al que representa el gasto en contratos ocasionales). Luego de redimensionar a esa burocracia dorada, se debería estudiar cada caso particular de empleo público.

En definitiva, podemos empezar a intuir que el ajuste neoliberal “morenista” va a ser grande y, como siempre, ni los grandes grupos económicos y quizá ni la burocracia dorada serán quienes paguen los costos de la crisis. Y mientras esto sucede, hay algunos personajes muy particulares que se frotan las manos por las potenciales ventajas -explícitas e implícitas- que la “Ley de Fomento Productivo” les ofrece. Nos referimos a la gran banca privada.
Dogmatismo monetario y claudicación a la banca

En una sociedad, quienes tengan la capacidad de influenciar sobre la dinámica monetaria son, al mismo tiempo, quienes detentan un gran poder (hasta podríamos decir que detentan un “ suprapoder monetario ”). Más aún en una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la capacidad de influenciar en la dinámica monetaria se encuentra restringida por la incapacidad de emitir moneda propia. Es muy importante tener presente este detalle, pues la cuarta gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” “morenista” se encuentra en varias disposiciones que, a primera vista, se muestran como claro ejemplo de dogmatismo monetario, pero al reflexionarlas con detenimiento, evidencian el entreguismo total del gobierno de Moreno a la gran banca oligopólica del país.

Respecto al dogmatismo monetario, la ley dispone que el Banco Central del Ecuador (BCE) no puede invertir ni en Certificados de Tesorería (CETES) ni en ningún otro título valor emitido por el Estado o por sus instituciones (especialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas); tal prohibición se extiende a todas las instituciones financieras públicas, siempre que éstas usen recursos de inversión doméstica provenientes del Banco Central del Ecuador.

Si bien en el correísmo se llegó al extremo de usar al Banco Central casi como “caja chica” por medio del pésimo manejo que éste hizo de las reservas internacionales, tanto al prestarlas de forma irresponsable al gobierno central como al inyectarlas a la banca pública para que ésta financie la fallida “transformación productiva” [20] , ahora con el “morenismo” pasamos al otro extremo: el Banco Central pierde cualquier posibilidad de inyectar liquidez a las instituciones públicas vía compra de títulos u otras obligaciones.

¿No se podía poner reglas más claras, y límites estrictos, en vez de quitarle completamente un instrumento de política monetaria al Banco Central? Por ejemplo, se pudo disponer que las compras del Banco Central en títulos valores de las instituciones públicas no exceda un determinado porcentaje de las reservas internacionales [21] y, sobre todo, que los fondos obtenidos de dicha compra se usen estrictamente en proyectos de inversión pública y jamás en gasto corriente [22] . Sin embargo, este tipo de planteamientos es obvio que está fuera del horizonte neoliberal, el cual parecería que prefiere que el Estado obtenga financiamiento caro mientras se tiene recursos internos remunerados a tasas de interés bajísimas en bancos internacionales (un negocio redondo hasta para los especuladores).

Si el Banco Central pierde de forma drástica la capacidad de influencia monetaria, ¿quién gana? Pues los otros agentes económicos que pueden influenciar en la dinámica monetaria de nuestro país dolarizado, es decir, la gran banca privada (recordemos que ésta influye por medio de la concesión de créditos, la generación secundaria de dinero y hasta con el potencial de repatriación de dólares).

Es decir, al quitarle funciones al Banco Central implícitamente se le otorga mayor poder monetario a la banca privada, lectura que concuerda completamente con otras disposiciones de la “Ley de Fomento Productivo” donde el entreguismo “morenista” es explícito: se deja de identificar a personas con mayor influencia dentro del sistema financiero según su propiedad patrimonial; se encarga el manejo de datos crediticios individualizados a la Superintendencia de Bancos y Seguros, información que podrá comercializarse a bancos y demás agentes económicos que deseen valuar el riesgo crediticio; y hasta se propone que, desde la vigencia de la ley, hay 120 días para armar un “programa de diversificación de inversiones” en donde la banca pública deberá ampliar su portafolio invirtiendo en títulos valores del sector privado [23] .

Queda claro, entonces, que la “Ley de Fomento Productivo” continúa con la claudicación del gobierno de Moreno frente a la gran banca; claudicación que, de hecho, ya se evidenció cuando el “morenismo” entregó a esa banca hasta el manejo del dinero electrónico. Pero, una vez más, no olvidemos que la banca no solo está ganando con Moreno, sino que ya ganó -y demasiado- con el propio correísmo . Así que, aun cuando el entreguismo “morenista” es extremo, no es más que la evidencia de un proceso que ya se venía dando desde antes, un proceso en donde la banca gana… ¡siempre!

 

Correísmo-“morenismo”: matices de una vil continuidad neoliberal

 

Las cuatro grandes claudicaciones que posee la “Ley de Fomento Productivo” propuesta por el gobierno de Moreno definitivamente no marcan una ruptura con los últimos años del gobierno de Correa. Al contrario, y que no quepa ninguna duda: correísmo y “morenismo” apenas son matices de una vil continuidad neoliberal. Si a dicha continuidad sumamos todo lo que está por venir, incluyendo una potencial eliminación abrupta de subsidios hasta la total apertura del país a tratados comerciales , que incluye la aproximación a la Alianza del Pacífico antes combatidos hasta la saciedad ; no olvidemos que Correa, como se anticipó oportunamente , ya dejó abierta esta puerta con la firma del tratado comercial con la Unión Europea en 2016.

Además, la supuesta esperanza de que con “perdones y olvidos”, con remisiones y reducciones, se generarán incentivos para atraer inversión y crear empleo ya es demasiado trillada y carente de sustento. Una y otra vez se han dado medidas de esta naturaleza. Y una y otra vez no se han cristalizado en las prometidas nuevas inversiones, así como tampoco en las ansiadas reactivaciones económicas. Para muestra basta recordar -una vez más- la remisión de 2015 hecha durante el correísmo y que fue incapaz incluso de evitar la caída de la recaudación tributaria en 2016 y 2017, ni fue capaz de evitar que la economía ecuatoriana se estanque ya por tres años: entre 2014 y 2017 el PIB per cápita ha caído de 6.347 a 6.143 dólares anuales por persona.

Desde el punto de vista de los sectores populares -quienes ya están pagando la crisis y la seguirán pagando por varios años más-, definitivamente las opciones son cada vez más evidentes: o se acepta ser partícipe del entreguismo “morenista” y se deja que el neoliberalismo llegue a dónde nunca llegó -ni siquiera en la década perdida de los años ochenta, por ejemplo, con la imposición de la megaminería y la suscripción del TLC con la Unión Europea-, o se reactiva la lucha popular. Penosamente, la década correísta ha dejado destrozada a la izquierda y duramente golpeados a los movimientos sociales, los cuales -admitámoslo- también se han hundido por sus propios graves errores. Resultado de ello, muchos movimientos sociales -y hasta sindicales- están perdiendo el norte al empantanarse en el “carga montón” que se hace sobre Correa [24] . ¡Ahí no está la lucha! La lucha es contra el capital… en especial en contra de sus versiones neoliberales de política económica y de forzado extractivismo que ahonda nuestra característica de economía primario-exportadora.

 

Sí, hemos salido del cinismo correísta, pero para entrar en una mutación aún peor. Las claudicaciones “morenistas” son clarísimas. Así que ya no hay tiempo para ambigüedades. Las alternativas históricas de los sectores populares y sus dirigencias son dos: sumisión… o resistencia.-

 

Notas:

[1] Usamos el término “morenismo” entre comillas pues, en realidad, el gobierno de Moreno no centra su poder en la imagen de su presidente. Cosa diferente sucedía con el correísmo, el cual sí centraba su poder en la imagen de Correa bajo la forma de caudillo.

[2] Ver el artículo de Pablo Ospina: “La orden de prisión a Rafael Correa y las denuncias de corrupción” ( Rebelion.org , julio 07 de 2018).

[3] Recomendamos, en particular, los artículos de Wilma Salgado: “Paquetazo para “toda una vida” en el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (Ecuador Debate No.104 y Ecuador Today ) y de Katiuska King: “Ley de Fomento Productivo: Nueva amnistía, fomento a evadir impuestos” ( blog personal ).

[4] Dicho resumen se elaboró a partir del veto presidencial del 18 de julio de 2018 .

[5] Antes del correísmo únicamente se han hecho remisiones en 1971 y en 1997.

[6] Ver las declaraciones de la directora del SRI recogidas por Ecuador TV: “ Menos del 1% de beneficiarios de la remisión tributaria son grandes contribuyentes ”, junio 27 de 2018. Es llamativo que el discurso oficial trate de “dorar la píldora” argumentando que, si bien en monto los grandes contribuyentes son los principales beneficiarios de la remisión, en número de contribuyentes se beneficia más a los pequeños. Si los grandes contribuyentes en el país son minoría, eso se debe a una excesiva concentración de los mercados.

[7] Por ejemplo, la ley propone que los deudores usen los intereses y multas ya pagados -incluso por vía coactiva- como si fueran adelantos de capital, de modo que pueden reducir el saldo de deuda que deben pagar para acceder a la remisión. Para más detalles, revisar el resumen de la ley disponible en línea .

[8] Tales son los “vientos de libertad” que da la ley “morenista” al capital que hasta dispone la caducidad en 6 años -como cualquier forma de no declaración tributaria- a las causas originadas por tributos declarados con gastos inexistentes o con facturas de empresas fantasmas. Asimismo, otorga a los inversionistas extranjeros una “residencia temporal de excepción” con un visado renovable cuantas veces desee el peticionario, sin límite de estadía y extensible a cualquier agente que desee hacer negocios en el país.

[9] En el caso de empresas ya existentes, la exoneración aplica de manera proporcional a las “nuevas inversiones productivas” que éstas hagan (excepto transferencias de activos entre sociedades). Es decir, todas las empresas ya existentes pueden acogerse a las exoneraciones del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de capitales incluidas en la “Ley de Fomento productivo” simplemente replanificando sus inversiones.

[10] Los sectores priorizados, según la normativa acorde a la “Ley de Fomento Productivo” son: a) sector agrícola; producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; b) cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; c) metalmecánica; d) petroquímica y oleoquímica; e) farmacéutica; f) turismo, cinematografía y audiovisuales y eventos internacionales; g) energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; h) servicios logísticos de comercio exterior; i) biotecnología y software aplicados; j) exportación de servicios; k) desarrollo y servicio de software, producción y desarrollo de hardware tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital, servicios en línea; l) empresas de servicios de eficiencia energética; m) industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; n) sector industrial, agroindustrial y agroasociativo; ñ) los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, que mediante Decreto Ejecutivo determine el Presidente de la República, con base en las recomendaciones que para el efecto emita el Consejo Sectorial de la Producción.”

[11] Ejemplos de la reducción del impuesto a la renta en el turismo son: la ya mencionada exoneración de 12 años cuando se generen ingresos por nueva inversión; exoneración de 10 años para inversiones que actúen como ZEDES (zonas francas y de desarrollo) turísticas, y para los siguientes 10 años una rebaja de 10 puntos en el impuesto a la renta.

[12] Aquí aparece, una vez más, el poder de los reglamentos, en los que a la postre se definirán -léase, se ampliarán- los beneficios para los inversionistas.

[13] El resultado primario equivale al saldo global del sector público descontando el servicio de deuda pública correspondiente a intereses (ver metodología de la información estadística mensual del Banco Central, p.71 ).

[14] Ver el libro de Alberto Acosta (2012): Breve Historia Económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional (tercera edición), p.270.

[15] Para una simulación muy simple que evidencia cuán posible era fortalecer reservas internacionales con una fracción de excedentes petroleros manteniendo incluso el financiamiento de las importaciones de derivados deficitarios, puede verse el libro de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: CAAP, pp.232-233 .

[16] Por cierto, todas estas reglas macrofiscales pueden modificarse en casos excepcionales con la aprobación de la Asamblea Nacional o por petición del Presidente de la República vía decreto de Estado de Excepción.

[17] Ver la declaración de uno de los consejeros del Presidente de la República recogida en el artículo de El Comercio: “ 160 000 servidores públicos, en situación irregular ”, 2 de julio de 2018.

[18] Ver la declaración del Ministro de Trabajo recogida en el artículo de Agencia Andes: “ Ministro de Trabajo anuncia regularización de contratos en el sector público ”, 4 de julio de 2018.

[19] Al respecto ver el artículo de Pablo Dávalos en Plan V: “ Una élite de 38.700 funcionarios gana más de USD 3000 al mes ”, 27 de abril de 2016.

[20] Sobre el tema puede revisarse el libro ya citado de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018), pp.86-90 .

[21] Porcentaje que podría definirse estudiando cuál es el nivel óptimo de reservas que debería mantener una economía en dolarización.

[22] Asimismo, se pudo disponer que dentro de las cuentas fiscales siempre exista una clara distinción entre los fondos que por ley únicamente deberían usarse en inversión pública, de los fondos que deberían cubrir gasto corriente. Es decir, se pudo proponer la descomponer de la llamada “cuenta única del tesoro” en subcuentas con fondos que, por ley, sean intransferibles entre sí. Con eso hasta se podría evitar el ocultamiento del financiamiento de gasto corriente con deuda externa pública .

[23] En medio de tal maraña de concesiones, apenas como una mera genuflexión se propone generar un fondo para el fomento productivo de la Economía Popular y Solidaria con el 50% de las utilidades de la banca pública. De hecho, esa es uno de los poquísimos apoyos incluidos en la ley “morenista” a la Economía Popular y Solidaria, a pesar de que ésta cumple un papel crucial en hasta en la subsistencia del país.

[24] Esto no implica, de manera alguna, que estemos abogando por abandonar la lucha contra la corrupción y los masivos abusos de poder del correismo.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-Candidato a la Presidencia de la República.

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado en economía en FLACSO-Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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De la revolución ciudadana al progresismo moderno

Detrás de la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, matizada por insultos y calificativos como traidor y corrupto –que no dejan de ser cierto en los dos casos–, se esconden muchos aspectos que evidencian que su semejanza y cercanía política es mayor que sus desavenencias.


Correa, agazapado en Bélgica, intenta articular un discurso de oposición al gobierno desde supuestas posiciones de izquierda, aprovechando que Moreno en el plano económico adopta medidas que favorecen a los grandes empresarios y a los capitales internacionales, como se establece en la Ley de Fomento Productivo, y afectan a los hogares ecuatorianos, como con la anunciada elevación de los combustibles que, a más del golpe que esa sola medida provoca, trae consigo un gran efecto inflacionario.


Eso y los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, los esfuerzos por avanzar en negociaciones de tratados de libre comercio (iniciadas por su antecesor, Rafael Correa), la desesperada búsqueda de préstamos e inversiones extranjeras, los anuncios de privatizaciones de empresas estatales, la presencia en su gabinete ministerial de personajes directamente vinculados con poderosos grupos económicos ha motivado –y con sobra de razones– las críticas de distintos sectores que identifican en su gestión el reverdecimiento del neoliberalismo.


A Moreno le incomoda esa etiqueta y en su reciente visita a España optó por autocalificarse como “progresista moderno”. Busca ubicarse en una tercera posición, distanciado de los gobiernos tipo Macri, Temer o Piñera, pero también de los llamados “progresistas” Maduro o Morales.


Hace algunos meses, para que no quede duda de la naturaleza de su pensamiento económico y político, en una reunión –también con empresarios– habló de la “cuadratura del socialismo del siglo pasado”, uniéndose así a la campaña que en todo momento y en todo lado las fuerzas del capital lanzan en contra del socialismo marxista. Exactamente, Moreno llamó a “abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado y emprender un nuevo socialismo, moderno, incluyente”. El “progresismo moderno” que lo acaba de inaugurar, según su definición, contiene como ejes fundamentales la política a favor de los más necesitados, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la apertura económica. En la reciente convención de Alianza PAIS también se establecieron esos parámetros para su definición ideológico-política.


No es posible encontrar diferencia de fondo entre esos ejes planteados por Moreno con el contenido de las propuestas levantadas por cualquier gobierno liberal, neoliberal, de derecha. Rafael Correa y Alianza PAIS hablaban el mismo lenguaje respecto de lo que era la denominada “revolución ciudadana”, claro que Moreno va más atrás porque se atreve a plantear el objetivo de la “apertura económica”, que si bien no formó parte fundamental del discurso de Correa, sin embargo la ejecutó muy bien, particularmente en relación a las inversiones chinas y en los ámbitos minero, petrolero, eléctrico, servicios.


La desfiguración conceptual que Moreno y Correa realizan del socialismo es absoluta, y tiene como propósito desnaturalizar la esencia de lo que éste es en realidad; pero más graves son los daños que la ejecución de su política provoca, porque sus resultados están sirviendo como insumo en el discurso de la derecha para demostrar un supuesto “fracaso del socialismo” y, más aún, han provocado también confusión en los sectores populares y hasta un rechazo a lo que consideran ha sido una experiencia socialista que ha dejado como secuela una época de escandalosa corrupción, restricción de las libertades democráticas, centenares de luchadores y activistas sociales enjuiciados y encarcelados, una burguesía más fortalecida, un país en crisis y con niveles más altos de dependencia externa.


Una revolución para el capital


Lo estratégico –por las proyecciones económicas, políticas y sociales- que cumplió la “revolución ciudadana” del ex presidente Correa fue: el fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, que implica también el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos coercitivos del Estado capitalista; la implementación de políticas que permitieron, en cierto sentido, la modernización capitalista del país y, sobre todo, garantizar niveles más altos de extracción de plusvalía y de utilidades a los grandes empresarios y banqueros.


La contraparte del discurso de la “revolución ciudadana” respecto de los “avances en equidad social” está en la realidad del país. Hace poco más de un año, se publicó una investigación que lleva por título “Los grupos monopólicos en el Ecuador”, realizada porCarlos Pástor Pazmiño. Allí se sostiene que el período 2007–2014 coincide con el mayor crecimiento económico registrado desde los años setenta de las empresas más grandes del país, mismas que son parte de grupos económicos que se han ido formando desde hace ya varias décadas.


Las estadísticas del Sistema de Rentas Internas, SRI, muestran que los grupos económicos en Ecuador presentan un crecimiento exponencial, según un artículo publicado en octubre del año pasado en la Revista Líderes. La información obtenida hasta el 2017 habla de 215 grupos económicos (el año 2006 operaban 62), y uno de los elementos que permitió su desarrollo fue el incremento del gasto público estatal, lo que confirma la utilización que la burguesía hace del Estado para la acumulación capitalista, aún cuando demanda menor gasto público. Lenín Moreno ahora tiene planteado alimentar a esos mismos sectores a través de la privatización de las empresas estatales que las considera ineficientes.


Los 62 grupos económicos tuvieron USD 17.083 millones por ventas en el 2010, equivalente al 36,5% del PIB; en el 2015, los 200 grupos económicos ya existentes alcanzaron ingresos por USD 57.475 millones, que representan el 57,4% del PIB. El año 2016 su carga tributaria promedio fue del 2,29%, según el SRI, mientras la presión fiscal del Ecuador, en el 2015, alcanzó el 21,7%, es decir, lo correspondiente al pago de tributos que pagan todos los habitantes en relación al PIB.


Todo esto muestra que el nivel de concentración y centralización del capital en el país es mayor a épocas anteriores, en otras palabras, se ja producido un fortalecimiento del poder de la gran burguesía, intermediaria de capitales extranjeros.


El grupo de Álvaro Noboa Pontón –al que supuestamente combatió Correa– mantiene la posición más alta, con 72 empresas (2015). Le siguen los grupos: Pichincha, Eljuri (mimado del correísmo), Nobis (que tuvo su propia representante en el gabinete de Correa), Wrigth, Czarninsky, Pronaca.


La misma investigación de Pástor establece el aparecimiento de nuevos grupos, como Holcim (Suiza), que opera en el Ecuador desde 2004, pero a partir del 2007 su crecimiento es notable. “En el 2011 llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking de las empresas más grandes del país. En el 2013 llegó al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el país”.
La información al respecto ahora ya es relativamente abundante y recomendamos su lectura, para entender cómo la denominada“revolución ciudadana” no fue más que un proyecto al servicio de la gran burguesía, que en el plano político permitió a ésta superar el bache de la ingobernabilidad y en lo económico afirmar su dominación de clase y obtener utilidades superiores a las logradas en los precedentes gobiernos neoliberales, como demuestran las cifras oficiales del gobierno pasado y lo sostuvo el mismo Rafael Correa.


Estos poderosos grupos económicos continúan beneficiándose de la política gubernamental. El programa económico de Morenocontempla medidas como la reducción y exoneración de tributos a los grandes empresarios y al capital extranjero en determinadas condiciones y el perdón (remisión le denominan) de una parte de las deudas de la burguesía morosa. Según el SRI, más de cuatro mil seiscientos millones de dólares adeudan al Estado 495 empresas, fenómeno que viene desde años atrás.


Se podría hablar de temas como endeudamiento externo, búsqueda de acuerdos de libre comercio, emisión de bonos del Estado y encontraremos similitudes entre Moreno y Correa. Hay matices por supuesto, que no pueden perderse de vista, y también aspectos en los que Moreno ha marcado diferencias, sobre todo obligado por las circunstancias políticas del país, en las que la mejor carta de presentación es mostrarse en el bando contrario de Correa quien, ahora, carga con cerca del 80% de rechazo en la población.


Revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, nuevo socialismo democrático, progresismo moderno son malabarismos verbalescon los que uno y otro intentan continuar jugando en el andarivel político de la izquierda, aunque sus definiciones ideológico-políticas están fuera de ella y sus realizaciones se hallan al servicio del gran capital.


No son nuevos esos esfuerzos que buscan posicionarse como alternativa “intermedia” frente a corrientes económico-políticas que aparecen como polos opuestos. Eso intenta Moreno con su “progresismo moderno”: una tercera vía entre el neoliberalismo y los denominados gobiernos “progresistas”. Así operaron las propuestas del socialismo del siglo XXI, del bolivarianismo, del socialismo andino cuando irrumpieron como opción ante el neoliberalismo y el socialismo marxista; así actuó la socialdemocracia para mostrarse como el punto intermedio entre el liberalismo y el socialismo marxista leninista que ganaba adhesión mundial por los éxitos alcanzados en la ex URSS durante las primeras décadas de revolución. La historia nos muestra que todas esas propuestas de “tercera vía” tienen algo en común: su oposición al socialismo marxista y su nacimiento en los mismos cenáculos de los círculos de poder.


Esas corrientes supuestamente de “izquierda”, “progresistas”, “innovadoras” hacen un grave daño al movimiento popular y a las fuerzas de izquierda –por la confusión política que provocan en el movimiento popular– y benefician exclusivamente a los grupos de poder. Correa y Moreno cumplen esa labor diversionista en tanto expresión política de una u otra facción burguesa. Cuando se plantea la confrontación a esos sectores, sea en el terreno de la lucha política o del debate de sus ideas, se expresa el combate a propuestas políticas de contenido burgués y no se trata de discrepancias al interior de la izquierda, como aparentemente puede aparecer y muchos quieren mostrarlo.


La contradicción económico-política no se encuentra entre los puntos referenciales sugeridos por quienes juegan a la “tercera vía”. La contradicción real y definitoria está entre las fuerzas económico-políticas que, con sus respectivas variantes, defienden y procurar mantener la dominación capitalista; y, quienes pugnan por poner fin a este sistema con una auténtica revolución social. La contradicción es capitalismo o socialismo.

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