Las urgencias y el pragmatismo demolieron el pensamiento crítico

Una de las principales características del pensamiento crítico fue siempre la capacidad de mirar largo y lejos, de otear por encima de los árboles para divisar el horizonte. Esa mirada larga ha sido la brújula que no se perdía ni siquiera en las peores situaciones. En momentos de guerras y genocidios, la esperanza provenía de la convicción de que se sigue caminando en la dirección elegida.

Por lo tanto, cultivar la memoria es una cuestión básica, casi un instinto para sobrevivir y crecer. No para aferrase al pasado sino para afirmar las raíces, la cosmovisión, la cultura, la identidad que nos permiten seguir siendo y caminar, caminar, caminar….

El pensamiento crítico se viene ahogando en la inmediatez, se pierde en la sucesión de coyunturas en las que apuesta por el mal menor, ruta casi segura para perderse en el laberinto de los flujos de información, sin contexto ni jerarquización. El sistema aprendió a bombardearnos con datos, con las últimas informaciones que sobreabundan en medio de la escasez casi absoluta de ideas diferentes a las hegemónicas.

Estos años buena parte de la izquierda y de la academia la emprendieron contra Trump. Lógico y natural. Pero parecen haber olvidado que algunos de los desarrollos más oprobiosos vienen de los años de Barack Obama, el progresista que inició la guerra en Siria, que promovió el golpe de Estado en Egipto y decenas de intervenciones contra los pueblos en América Latina, Asia y África.

Dedicar todos los análisis a las coyunturas implica dejar de lado los factores estructurales. De ese modo, no pocos analistas que presumen de un pensamiento crítico, “olvidan” que los gobiernos progresistas profundizaron el extractivismo (acumulación por despojo o cuarta guerra mundial). Cuando los incendios en la Amazonia, esta corriente mayoritaria atacaba a Bolsonaro (con toda razón), pero no quiso mirar que bajo el gobierno de Evo Morales sucedía exactamente lo mismo.

Sinceramente, no veo la menor urgencia en que retornen gobiernos progresistas que ya han mostrado los límites de las administraciones que encabezaron. En Bolivia, señala Rafael Bautista, era necesario derrotar a la derecha y la gente lo hizo, pero “la usurpación que hace el MAS de la victoria popular, creyendo que fue obra exclusivamente suya la recuperación democrática, está conduciendo a ese desencantamiento que es lo que, precisamente, sucedió previamente para que el golpe pasado sea legitimado por una revuelta social” (Alai, 4 de enero de 2021).

Si el pensamiento crítico naufraga en la cortedad de miras, ha optado también por culpar de todos los problemas a la derecha. De este modo, al amputarse la autocrítica con la excusa de no dar argumentos al adversario, queda impedido de aprender de los errores, de confrontar abiertamente y debatir en colectivo para llegar a conclusiones comunitarias que orienten la acción.

¿Dónde están las autocríticas del brasileño PT, del MAS de Eco o de Alianza País de Rafael Correa? Para evitar el debate acuñaron la idea de “golpe”, que se aplica en cualquier coyuntura que sea adversa. O de “traición”, para dar cuenta de casos tan sonados como los del ecuatoriano Lenin Moreno y el uruguayo Luis Almagro, olvidando que fueron elegidos por Correa y Mujica respectivamente.

Podría seguir argumentando situaciones y conceptos que han desviado o impedido los debates y, peor, los aprendizajes siempre necesarios. Hay un punto, empero, en el que seguimos atascados sin poder avanzar, ni tender puentes, ni hacer balances. Me refiero al papel del Estado en los procesos revolucionarios.

Algunos nos negamos a considerar que los Estados estén en el centro del horizonte emancipatorio, mientras muchos otros no conciben la acción política por fuera de la institución estatal. No es un asunto menor. Es el rompeolas contra el que se estrellarán las futuras generaciones, incluyendo los movimientos indígenas y feministas, los más pujantes en estos años.

Se viene difuminando una idea nefasta que dice: si las personas, los colectivos o los movimientos adecuados llegan al Estado, por ese sólo hecho lo modifican, cambian su carácter. Como si el Estado fuera una herramienta neutra, utilizable tanto para oprimir y reprimir como para liberar pueblos y ajustar cuentas con la clase dominante.

La experiencia histórica, desde la revolución rusa hasta los últimos gobiernos progresistas, habla por sí sola. Pero al parecer recordar y hacer balance es un ejercicio demasiado pesado para un pensamiento indolente, que busca acurrucarse en la tibieza de las comodidades antes que acampar a la intemperie.

Publicado enPolítica
Sábado, 19 Agosto 2017 16:46

La nueva disputa por el poder en Ecuador

La nueva disputa por el poder en Ecuador

Lleva apenas 90 días en el gobierno, pero ya desató la furia de su antecesor y correligionario. Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, su apoyo popular ha aumentado al mismo ritmo que los roces dentro del partido oficialista, Alianza País, que está a punto de estallar. Su ruptura con la política y la gestión de Rafael Correa le ha valido el epíteto de “traidor” desde sectores correístas y una disputa abierta con el ex presidente.

 


Si algo ha caracterizado los primeros tres meses de gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sin duda ha sido la conflictividad que su gestión ha despertado dentro de su formación política, Alianza País.

La explicación de esto se encuentra en el desgaste que ha sufrido el correísmo durante los últimos años, los conflictos internos que conllevaron la elección del sucesor de Rafael Correa al frente del oficialismo, así como los planes políticos de futuro del ex mandatario ecuatoriano.

Si bien Rafael Correa ganó con holgura las elecciones presidenciales del año 2013, sumando en primera vuelta casi 5 millones de votos frente a los 2 millones de su principal contrincante, cierto es también que los graves impactos en la economía nacional derivados de la caída de los precios del crudo comenzaron a sentirse apenas un año después de su reelección. Lo anterior llevó a que el último período presidencial de Rafael Correa se caracterizara por la pérdida de la fuerte hegemonía mantenida durante sus seis primeros años de gestión.

FIN DE LA “DÉCADA DORADA”.

Entre 2006 y 2014 Ecuador experimentó un crecimiento promedio de 4,3 por ciento del Pbi, impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En ese período la pobreza disminuyó del 37,6 por ciento al 22,5 por ciento y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. La coincidencia entre el período de bonanza económica en la región, la llamada “década dorada”, y el momento de mayor hegemonía política de Alianza País, con la figura de Rafael Correa a la cabeza, fue evidente.

El primer síntoma cuantificable de cansancio que experimentó el régimen se percibió en las elecciones seccionales del año 2014, en las que Alianza País perdió en todos los principales centros urbanos de la nación –incluida su capital– y en todos los territorios amazónicos sometidos a la fuerte presión extractivista. Por aquel entonces el presidente Correa, buscando un eufemismo para evitar hablar de retroceso político, utilizó el término “remezón” para calificar los resultados electorales de su formación política.

Consciente de que su figura aún estaba a salvo del desgaste político que mostraba ya su partido, y viendo que la economía nacional comenzaba a marcar sus primeros signos de debilidad, Correa lanzó ese mismo año la idea de presentarse nuevamente como candidato presidencial a las elecciones de 2017. Para ello, inevitablemente, era necesario cambiar la redacción de la Constitución de Montecristi –carta magna auspiciada por su propio movimiento político unos años antes–, pues el texto constitucional, en aras de impedir que cualquier autoridad política se perpetuara en el poder, dejaba claro que las personas en cargos de elección popular en Ecuador tan sólo podían ser reelectos una vez.

La mediocridad existente en el sistema tradicional de partidos ecuatorianos –lógica de la que no se salvan los grupos ubicados a la izquierda del correísmo– hizo que la agenda política desde mediados de 2014 hasta finales de 2015 estuviera marcada por el debate sobre la legitimidad de una eventual reforma constitucional.

En paralelo continuaba el deterioro económico del país, que fue agudizándose paulatinamente. En 2015, con una economía estancada por la falta de liquidez estatal, el crecimiento del Pbi apenas llegó al 0,2 por ciento, agravándose la situación en 2016, cuando el país ya en plena crisis económica cerró el año con una contracción de –1,5 por ciento (el peor desempeño de la región tras Venezuela y Brasil).

FIN DE CICLO.

Fue en ese contexto que se produjo el levantamiento indígena de agosto de 2015, al cual respondió el Estado con el mayor nivel de represión contra organizaciones sociales en la última década.

Los años 2015 y 2016 significarían el fin de ciclo en Ecuador, determinado en este caso por el cambio de las políticas públicas del correísmo, más allá de su continuidad en el gobierno.

Así, mientras las misiones de observación y vigilancia económica del Fmi volvían al país, un gobierno que había impulsado una auditoría ciudadana de la deuda externa –y calificado una parte de ésta como ilegítima– pasó a impulsar una nueva política de agresivo endeudamiento que posicionó los niveles de deuda actual porcentualmente por encima de aquellos de 2006, cuando llegó al poder. De igual manera, y tras haber saneado las finanzas públicas, la década correísta se cerró con el dramatismo derivado de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador eran notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo contraídos por el gobierno. Siguiendo con esa línea de cambios políticos, el gobierno del presidente Correa firmó un Tlc con la Unión Europea mientras anunció su predisposición a extender este tipo de acuerdos con otros países, incluso con Estados Unidos.

En materia fiscal, y tras 22 reformas en diez años, el Servicio de Rentas Internas terminó situando el pago de impuestos a la renta para los sectores más privilegiados de la sociedad por debajo del 3 por ciento, unos 13 puntos menos que la tasa de presión fiscal que enfrenta el ciudadano ecuatoriano medio.

El colofón de todo lo anterior se dio en los últimos meses de gobierno de Correa, cuando anunció la puesta en venta de parte de las empresas públicas, múltiples bienes patrimoniales del Estado, y algunos proyectos emblemáticos en materia energética, como la hidroeléctrica Sopladora (recientemente inaugurada, financiada con créditos chinos y cuyo costo alcanzó los 755 millones de dólares).

UN RETORNO MEDITADO. El devenir de una economía nacional ya inmersa en un período de vacas flacas implicó que el entonces mandatario ecuatoriano cambiara su estrategia política personal. Las enmiendas a la Constitución aprobadas en diciembre de 2015 por parte de la mayoritaria bancada oficialista en el Legislativo incluyeron un ajuste de última hora en su redacción. Se eliminaron todas las restricciones para la reelección de cargos sometidos al voto popular, incluido el de presidente, pero se aprobó una caprichosa disposición transitoria hecha a la medida de las necesidades de Correa: estas enmiendas no se aplicarán en las elecciones de 2017, sino a partir de las siguientes.

Si bien Rafael Correa tenía intenciones de ser reelecto como presidente de la república, no sería él quien afrontaría la difícil situación económica en la que quedaba el país. Su estrategia era clara: situar un delfín en su gobierno que enfrentara los ajustes presupuestarios a los que la economía nacional se veía abocada, volviendo él en 2021 para salvar una vez más al país de los tenebrosos designios de la “larga noche neoliberal” y sus políticas de austeridad.

A mediados de 2016 comenzó el debate dentro del oficialismo sobre la sucesión correísta. Como en toda disputa por el poder, fueron muchos los nombres inicialmente propuestos para el delfinazgo, si bien la preferencia del líder indiscutible de la revolución ciudadana fue su vicepresidente, Jorge Glas, un hombre sin trayectoria política, formado en la burocracia oficialista y cuya imagen llegaba severamente castigada por sus supuestas conexiones con distintos escándalos de corrupción vinculados a la contratación pública.

UN LENÍN OPOSITOR.

La mala imagen de Glas, sumada a su falta de carisma, hicieron que el oficialismo tuviera que optar por la figura de Lenín Moreno como candidato presidencial, pese al poco entusiasmo que esto despertó en Correa. Moreno había sido el vicepresidente durante los primeros años del correísmo. Su personalidad afable y fuerte sentido del humor, sumados a una exitosa gestión de programas sociales focalizados en sectores vulnerables, le permitieron adquirir amplia simpatía por parte de la ciudadanía ecuatoriana. Su estancia en Ginebra como enviado especial de la Onu para asuntos de discapacidades hizo que, pese a su filiación política a Alianza País, estuviera lejos del partido y de la figura de Correa durante los últimos años. A principios de 2017 Lenín Moreno gozaba de un nivel de apoyo popular ostensiblemente superior al de Rafael Correa.

Fue de esta manera que el binomio oficialista para las elecciones de febrero de 2017 se conformó con Lenín Moreno y Jorge Glas, siendo el segundo una imposición muy poco inteligente del presidente saliente. La imagen de Glas fue una rémora durante toda la campaña electoral, y los estrategas de su partido se vieron obligados a limitar sus apariciones públicas a actos internos.

En esa ocasión Alianza País tuvo que recurrir a una segunda vuelta –balotaje– para ganar la presidencia de la república. El pasado 2 de abril Moreno se impuso a una suerte de alianza opositora que incluyó a los partidos de izquierda, que apoyaron la candidatura conservadora de Guillermo Lasso. El oficialismo, con un deterioro político cada vez mayor pese a la imagen positiva de Lenín Moreno, conseguía mantenerse en el poder con apenas 200 mil votos más que su rival, y acusado de un supuesto fraude electoral nunca demostrado.

PROBANDO EL DIÁLOGO. A partir del mismo 24 de mayo, cuando fue investido Lenín Moreno, comenzaron los problemas con un sector del correísmo al que no le gustó el nuevo discurso presidencial. Incluso desde el público se oyeron algunas voces que alentaban: “¡Sólo es un pequeño descanso, compañero Rafael!”, en alusión a la futura vuelta del ex mandatario al palacio presidencial.

En realidad los problemas habían empezado días antes, cuando en el proceso de transición presidencial –trasvase de información del gobierno saliente al entrante– el equipo de colaboradores más cercano a Moreno comenzó a detectar que, más allá de la propaganda oficialista, el estado en que el gobierno anterior entregaba el país tenía tintes altamente preocupantes.

El equipo de gobierno de Lenín Moreno es un mix de altos jerarcas públicos del gobierno anterior, algunos ministros reciclados del oficialismo que fueron quedando apartados del anillo de poder correísta y que hoy han sido rescatados, y algunas caras nuevas vinculadas principalmente a sectores empresariales con entrada en el nuevo gobierno.

Frente a la dinámica de conflicto implementada como característica principal del modelo de gestión correísta (esa construcción de un “ellos” y un “nosotros” auspiciada desde la teoría laclauniana y que ha sido la dialéctica esencial del neopopulismo), el primer mensaje político emitido por el nuevo presidente del Ecuador fue hacer un llamamiento al diálogo nacional. La estrategia fue clara: si hay que proceder con ajustes económicos en un país en crisis, necesariamente hay que establecer un marco de consenso previo que amortigüe la reacción que socialmente pudiera ocasionar este tipo de medidas.

Fue así que se establecieron las mesas de diálogo nacional por sectores, donde los ministros y altos funcionarios públicos se están viendo obligados a articular un debate con distintos sectores sociales. Tras diez años sin autocrítica, en que los mensajes del gobierno se han sostenido de forma sistemática con la retórica de lo bien que lo ha hecho el presidente Correa y su gobierno, hoy estos funcionarios muestran sus notables carencias y falta de cultura democrática a la hora de asumir las críticas desde los diferentes frentes de la sociedad civil.

Aunque esto molestó al hard correísmo, no fue nada con respecto a lo que vino inmediatamente después.

EL “TRAIDOR”.

Mientras Rafael Correa se afincaba en Bruselas, sus incondicionales ponían en marcha la Fundación de Pensamiento Político Eloy Alfaro. La estrategia consiste en articular un pretendido think tank diseñado para mantener viva la presencia del pensamiento político-económico correísta durante los próximos cuatro años, con la idea de que su líder tenga una plataforma sobre la cual seguir posicionando su figura tanto dentro como fuera del país.

La sorpresa llegó cuando el presidente Moreno apareció en una cadena nacional para explicar el nivel de endeudamiento y la preocupante situación económica en la que se le entregó el país. En pocas palabras, Lenín Moreno torpedeó la nave principal con la que Rafael Correa pretendía navegar durante los próximos cuatro años. El gobierno sucesor del economista Correa le venía a decir al pueblo ecuatoriano y a quien quisiera oír que su antecesor tenía una fuerte corresponsabilidad en lo que estaba por venir, trastocando posibles futuras agendas con Stiglitz, Piketty, Krugman, Varoufakis o cualquier otro economista socialdemócrata a la moda.

Y fue a partir de ese momento, cuando descubrieron que la estrategia trazada por el ex mandatario ya no sería viable ante un sucesor díscolo que no estaba dispuesto a acarrear sobre sus hombros las culpas de una gestión precedente, que Rafael Correa y sus acólitos comenzaron a llamar seriamente a conformar un nuevo partido político que mantenga vigente lo que denominan “fundamentos de la revolución ciudadana”. Lo anterior, ¿cómo no?, viene acompañado por calificativos del tipo de “traidor”, “desleal”, “mediocre” o “vende patria” para un mandatario que ni siquiera ha cumplido sus cien primeros días de gobierno.

Según declara Rafael Correa desde Bruselas a través de sus cuentas en las redes sociales, el país “retornó al pasado”, se estaría “repartiendo la patria” y “permitiendo el regreso de la corrupción institucionalizada y del viejo país”. Ante esta arremetida hay quienes se preguntan ¿de qué nivel de transformación profunda y revolucionaria habló el aparato de propaganda correísta durante una década si en apenas 90 días de gobierno, según esas mismas fuentes, de eso ya no queda nada?

Con respecto a la lucha anticorrupción, el gobierno de Lenín Moreno puso en marcha una política de transparencia que ha permitido que se reabrieran indagaciones sobre el vicepresidente, Jorge Glas. Esto llevó a que Glas fuera relevado transitoriamente de todas sus funciones como vicepresidente –pese a los pataleos de Rafael Correa–; a la inhabilitación del ex contralor general del Estado, Carlos Polit, quien en la actualidad se encuentra prófugo en Miami; y a la retención en el aeropuerto de Quito del ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa y quien fue llevado a declarar bajo escolta policial a la fiscalía. Todos son cercanos al ex presidente Correa y todos, de una forma u otra, están vinculados a las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petroecuador y también en el marco de la operación Lava Jato, en Brasil, sobre el caso Odebrecht.

SILENCIO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Cómo terminará este culebrón está por verse, en todo caso parece difícil que Alianza País no se desgaje en los próximos meses si el nivel de tensión interna se mantiene in crescendo. Es una interrogante cuánta gente dentro del oficialismo permanecerá al lado de Lenín Moreno y cuánta seguirá a Rafael Correa en una nueva aventura política.

Paralelamente a la disputa abierta entre Correa y Moreno, las organizaciones sociales se han quedado sin voz y sin capacidad de movilización ante un escenario donde poco o nada se discute sobre las demandas históricas articuladas desde la sociedad civil. A su vez, estas demandas están prácticamente ausentes de la retórica de los diferentes actores en conflicto.

El problema de fondo, más allá de las estrategias de comunicación y tácticas políticas, sigue siendo la lucha por el poder. El historiador anarquista francés Daniel Guerin, reflexionando sobre la revolución de 1789 –que junto con la de 1917 fueron las dos revoluciones por antonomasia de la historia de la humanidad–, indicó en su momento que la burguesía nunca se equivocó con respecto a quién era su verdadero enemigo, y que éste realmente no era el régimen anterior, sino lo que escapaba al control de ese sistema. Según Guerin, en la revolución francesa la burguesía asumió como su tarea llegar a dominar. ¿Es acaso esencialmente distinto lo que está sucediendo con esto que eufemísticamente se ha dado en llamar “revolución ciudadana”?

Publicado enInternacional
Miércoles, 03 Agosto 2016 07:35

Surge una nueva Triple Alianza

Surge una nueva Triple Alianza
La Cancillería argentina y la Casa Rosada informaron ayer que se estaba procurando organizar cuanto antes una reunión de presidentes o cancilleres del Mercosur. Caracas manifestó que se siente agredida por la decisión.

 

La Argentina, Brasil y Paraguay gestionan una reunión de alto nivel para rescatar al Mercosur de una aparente parálisis que amenaza con potenciarse. A su vez, Venezuela hizo una denuncia acerca de la aparición de una nueva triple alianza entre esos países, que procura evitar que la nación caribeña ejerza la presidencia pro témpore del bloque.

 

Fuentes de la Cancillería argentina y de la Casa Rosada informaron ayer que se estaba procurando organizar cuanto antes una reunión de presidentes o cancilleres del Mercosur, que está afectado por una de las mayores crisis desde su creación, en 1991. Los informantes dijeron que no estaban en condiciones de confirmar si esos contactos podrían concretarse esta semana en Río de Janeiro, donde varias presidentes del cono sur estarán de visita con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

 

Venezuela por su parte emitió un comunicado en el que manifestó que se siente agredida por la decisión de la Argentina, Brasil y Paraguay de oponerse a que ejerza la presidencia pro tempore del bloque, algo que le correspondía por haber llegado su turno en la rotación semestral. La Cancillería venezolana denunció las maquinaciones de la derecha extremista del sur del continente, conformada en una nueva Triple Alianza, que ha venido actuando de manera artera, a través de maniobras leguleyas, para tratar de obstaculizar lo que por Derecho le corresponde a su país. La alusión a la Triple Alianza es por la coalición militar que la Argentina, Brasil y Uruguay armaron en aquel caso para enfrentar a Paraguay en 1864.

 

El gobierno venezolano recalcó que su país ejerce la presidencia del bloque legalmente desde el 29 de julio, cuando terminó el período de Montevideo, y rechazó por eso la invención de una fraudulenta tesis de un vacío en la jefatura del bloque. Para la cartera de Exteriores venezolana, esta triple alianza pretende reeditar una suerte de Operación Cóndor contra Venezuela, que hostiga y criminaliza su modelo de desarrollo y democracia, una agresión que no repara incluso en destruir la institucionalidad y legalidad del Mercosur. La Operación Cóndor fue el plan de coordinación que las dictaduras de la región sellaron en los 70 y 80 para perseguir opositores. Señaló Caracas que detrás de este supuesto plan están quienes siempre han conspirado contra la unión suramericana con el objetivo de imponer el Consenso de Washington, con la falsa convicción de hacer desaparecer la llamada revolución bolivariana.

 

Paraguay y la Argentina ya habían anticipado su oposición al traspaso de la conducción desde Uruguay hacia Venezuela, mientras Brasil se había expresado el lunes en el mismo sentido a través de una declaración pública de su canciller, José Serra, en la cual afirma que no reconoce a Venezuela en la presidencia del Mercosur durante este semestre y muestra críticas al accionar del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez.

 

La misiva del canciller José Serra también tuvo críticas hacia el gobierno de Uruguay, ya que se califica como sin precedentes y como algo que genera falta de certezas la decisión unilateral uruguaya de dejar la presidencia rotativa del Mercosur para que asuma Venezuela. El tono contra Uruguay usado por el Palacio de Itamaraty, según O Estado de Sao Paulo, se produjo luego de que Montevideo no aceptara las condiciones pedidas por Serra para intentar aislar a Venezuela del Mercosur. Serra y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), aliados clave de Temer y unidos a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, viajaron a Uruguay el 6 de junio pasado para pedirle, sin éxito, al canciller Rodolfo Nin Novoa que mantuvieran el mandato hasta mediados de agosto para evitar pasarlo a Venezuela.

 

En Montevideo, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, admitió en una declaración pública que la situación del Mercosur es muy grave y dijo que cree que habrá nuevas señales el día que Venezuela convoque alguna reunión. A su turno, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo que la Argentina, Brasil y Paraguay mantienen un contacto permanente en busca de una salida a la grave crisis institucional del Mercosur y agregó que responderá a la carta de Uruguay en la que comunicó que deja la presidencia pro témpore del bloque, y a la de Venezuela, en la que anuncia que asume ese cargo como corresponde por la rotación semestral. “Estamos en contacto permanente para ver cómo avanzamos. La Argentina presentó un proyecto y estamos trabajando para encontrar el camino que nos conduzca a la normalización de la presidencia del Mercosur”, declaró Loizaga en rueda de prensa.

Publicado enInternacional