Bolsonarismo, salud y realidad alternativa

Cuatro ex-ministros de salud brasileños se refieren al actual manejo de la pandemia en el país. Discuten la apuesta bolsonarista a la inmunidad de rebaño, la vacunación, el uso de la cloroquina y el papel la Comisión Parlamentaria de Investigación que busca determinar las responsabilidades políticas por las casi 500.000 muertes por covid-19 en Brasil.

Frente a un virus desconocido, el gobierno de Jair Bolsonaro hizo trampa: en lugar de intentar manipular su curso, lo dejó librado a un aparente azar e hizo de cuenta que sus efectos eran un destino manifiesto. Ricardo Piglia, cuando leyó La República, dijo que el Estado descrito por Platón «manipula el azar y tiende a convertir en determinación aquello que puede ser considerado arbitrario». El autor agrega que «por supuesto el Estado va a hacer trampa. Primero decide cómo quiere que sean esas relaciones desiguales y luego manipula las reglas y todos los sujetos atribuyen la desigualdad a la suerte». Se trata de un verdadero complot. Las teorías conspirativas no sirven para pensar la política, pero la metáfora del complot se distingue de ellas porque pone el acento en la decisión del gobierno. Bolsonaro primero definió cómo iba a ser la relación de los brasileños con la pandemia –optando por una inmunidad de rebaño— y en pos de ello manipuló las reglas: alentó las concentraciones, desestimó el confinamiento y el uso de máscaras. En lugar de impulsar testeos y la compra de vacunas, decidió producir cloroquina a través de las Fuerzas Armadas y transfirió responsabilidades a estados y municipios. El resultado está a la vista: Brasil está por alcanzar los 500.000 fallecidos por Covid-19.

Rebaño sin inmunidad

«No hay alternativa», parece decir Bolsonaro, en una suerte de destino para el que no habría margen de acción. Pero el presidente brasileño actuó: se opuso a todas las medidas alentadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementadas por la mayoría de los países. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces frente a los resultados? Los cuatro exministros de salud consultados en este informe –tres de los cuales ocuparon el cargo durante gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y uno en el de Bolsonaro– coincidieron en que la responsabilidad del presidente «es total» porque la teoría que subyace a sus decisiones es la de la inmunidad de rebaño a través de la exposición al virus y de un supuesto tratamiento precoz contra el Covid-19 sin base científica. Además de esa coincidencia, el primer ministro de Salud del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, actual senador nacional y uno de los once titulares de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Humberto Costa, ve a Bolsonaro como «el principal responsable por la tragedia sanitaria» en Brasil. «Adoptó la teoría de que el mejor camino para enfrentar la pandemia era permitir que el virus sea transmitido libremente con la expectativa de promover una inmunidad natural, de rebaño, y así habría un control inclusive sin necesidad de gastos. Esa decisión es trágica»- afirma. En tanto, Luiz Henrique Mandetta, pese a haber llegado a la cartera de Salud el mismo día en que Bolsonaro asumió su cargo al frente del Planalto, no tiene una valoración distinta a Costa y asegura que el presidente «pasó a creer en la teoría de que, si las personas se exponían al virus, Brasil llegaría a la inmunidad de rebaño». Esa idea, dice, respondía a un «asesoramiento paralelo» que tenía el presidente de Brasil. Eso explica por qué Bolsonaro fue «a aglomeraciones, que no usara mascarilla, que no haya adquirido vacunas, que hablara del uso de la cloroquina sin evidencia científica» y el hecho de que el Ministerio de Salud llegara a incinerar «casi tres millones de test» sin uso. Si no hay una cantidad aún más grande de casos es, según el ex-funcionario de Bolsonaro, porque los gobernadores y alcaldes tomaron medidas. Costa agrega que «el gobierno saboteó el aislamiento social practicado por estados y municipios y demoró todas las medidas económicas que permitirían a la población cumplir con la cuarentena». 

Alexandre Padilha, el primer ministro de Salud de Dilma Roussef, va más allá. Sostiene que, ya desde 2019, el gobierno de Bolsonaro «sofocó financieramente a todo el sistema de salud, cortó 22% del presupuesto» y «fue el primer año en el siglo XXI que el Brasil no alcanzó sus metas de vacunación en niños». Luego «usó los instrumentos como jefe de Estado para crear obstáculos en todos los pasos del enfrentamiento de la pandemia; en la ampliación de test y camas, en la llegada de médicos, en campañas, y en la contratación de vacunas» y cree que la única solución es «interrumpir el gobierno de Bolsonaro». El actual diputado del PT por San Pablo dijo también que el presidente «tomó una opción que fue no controlar la pandemia y apostar a que podría ser resuelta con un gran número de personas infectadas», un «corredor de la muerte», y que sus decisiones además de estar «motivadas por un proyecto genocida y negacionista», tiene «intereses financieros». En la misma línea, el cuarto ministro de salud de Lula, José Gomes Temporão, sostuvo que el «desastre» que se ve en Brasil «fue una estrategia deliberada y llevada a cabo por el gobierno federal bajo el liderazgo del presidente». Señaló también que «prevaleció una postura negacionista y anticientífica, que comprometió seriamente la capacidad de utilizar bases científicas y de salud pública» y marcó la falta de liderazgo nacional para coordinar con las administraciones subnacionales. Recién en marzo pasado, Bolsonaro creó un comité nacional, pero como aterrizó un año y un mes después del primer caso confirmado los cuatro ex ministros consultados dijeron la misma frase: «este comité llega tarde». Mandetta comentó que esa instancia «nace muerta» porque solo buscó «solucionar una crisis política» por las rivalidades con los otros poderes.

En suma, los cuatro ex líderes de la cartera de salud identifican una línea de comportamiento y los mismos fundamentos para los actos de Bolsonaro. Pero ¿se puede comprobar la responsabilidad del presidente? Las expectativas, si existen, están en el Congreso.

La Comisión Parlamentaria de Investigación y la salud en el Brasil de Bolsonaro

A fines del mes de abril el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar las responsabilidades del gobierno frente a la pandemia. Si bien Bolsonaro intentó posponerla –y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, pidió se active recién cuando todos en la cámara estén vacunados—, la CPI avanzó. Pero muchos de los temas expuestos allí ya eran públicos, entonces ¿qué se puede esperar de esta comisión que ya lleva más de 50 días de los 90 que tiene estipulado para su funcionamiento? «La CPI tiene la finalidad de descubrir por qué Brasil no compró la vacuna y apostó en otras hipótesis para combatir un mal tan grande que ya mató a más de 450 mil brasileños», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo, Omar Aziz, miembro del Partido Social Democrático y presidente de la CPI. Por su parte, Padilha, que además de ex-ministro de Rousseff ocupó cargos en el gobierno de Lula, espera que la CPI «vaya a fondo» ya que hay investigaciones que «solo una CPI puede hacer sobre las medidas de Bolsonaro y los intereses financieros que estaban detrás». Además, agregó: «Tengo la seguridad absoluta de que mucha gente ganó dinero con las medidas negacionistas de Bolsonaro y eso necesita ser investigado inclusive para saber cuál es la relación de ese lucro con él». 

La CPI no parece estar cerca de definir cómo Bolsonaro se benefició de ese lucro, pero sí de cuáles fueron los sectores que sí lo hicieron. El senador Costa sostiene que los crímenes contra la salud pública ponen en duda el marco normativo y aseguró: «Nuestra tesis es que el gobierno dejó que la enfermedad sea transmitida libremente, esa actitud es francamente criminal. Todo indica que la CPI tendrá que evaluar también la legislación sanitaria, para ver si atiende a los requisitos de una situación de emergencia». El congreso erigió la CPI encima de los 68 pedidos originales de impeachment; de esos consideró sólo seis, y el resto llevan cerca de 900 días esperando su evaluación. «No creo nada en un desdoblamiento de la CPI para un impeachment porque además de ser un proceso traumático es largo e invadiría el 2022, el año de las elecciones. Creo que va a dejar en claro y documentar el papel de cada uno para que el país aprenda», sostuvo Mandetta días después de ser el primero en comparecer frente ante la CPI. Temporão, que impulsó el primer caso en el mundo en quebrar la patente de medicamento después de que la Organización Mundial de Comercio habilitara esa opción en 2001 para crisis sanitarias, dijo que su «expectativa» es que «la CPI investigue la verdad para responsabilizar a las autoridades causantes de esta tragedia». Mandetta, que estuvo en el cargo apenas hasta abril de 2020, explicó lo mismo que declaró ante la CPI, que trató de desligarse de las decisiones de Bolsonaro: «Yo lo alerté sistemáticamente pero no le gusta escuchar y yo tenía mucha preocupación de que dijera que no fue advertido, por eso le escribí una carta». La obsesión del ex funcionario por despegarse crece cuando se le consulta si va a jugar en las presidenciales 2022: «Creo que sí. Voy a participar activamente». Volviendo a quiénes formaban lo que llamó un «asesoramiento paralelo», aseguró: «Bolsonaro cuenta con una estructura paralela donde está su hijo Carlos –una persona destructiva–, auxiliares de la presidencia y personas externas». Este gabinete en las sombras lleva, según Mandetta, «carne a los leones», es decir a los votantes de Bolsonaro que «son movidos por el odio» en este «coliseo moderno de Internet». Un ejecutivo de Pfizer para la región confirmó también que Carlos –el único de los cinco hijos del presidente que lo acompañó en el auto que lideró el cortejo el día que asumió su padre– participó en una de las reuniones con la empresa a pesar de ser concejal en Río de Janeiro y no tener ninguna función que justifique su participación. Mandetta asegura, por ello, que Bolsonaro tiene una visión «de un gueto en Río de Janeiro» y que se asesora «con este tipo de gente». La CPI evalúa actualmente un video que muestra  a un grupo de políticos y referentes de la salud con el presidente, donde hablan de un «gabinete en las sombras»  y recomendaron el uso de cloroquina.

 Las vacunas

«Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reservadas para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es crucial», decía la carta que el 12 de septiembre de 2020 le envió el CEO mundial de Pfizer, Abert Bourla, a Bolsonaro. Fue uno de los 34 contactos propiciados por el laboratorio. La misiva hablaba incluso de negociaciones previas. Sin embargo, Brasil no respondió. Pfizer insistió: «hasta ahora no hemos recibido respuesta». El CEO de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, dijo ante la CPI que hizo ofertas formales al gobierno por 70 millones de dosis con entrega incluso en diciembre pero que el ministro de salud y general activo del Ejército Eduardo Pazuello habría citado problemas de logística y jurídicos para no firmar. Así, el ejecutivo de la farmacéutica refutó al ministro, quien el 23 de enero emitió una nota donde admitía la recepción de la carta pero criticaba las cláusulas «abusivas» del contrato y quien también el 11 febrero de 2021 ante el Senado dijo que Pfizer había ofrecido solo 2 millones de dosis de enero a marzo cuando en realidad ellos querían «grandes cantidades y sin condiciones leoninas». Por esa y otras contradicciones, Pazuello fue acusado en la CPI de mentir a los senadores, como parte de su estrategia de exculpar al presidente. Por su parte, el ex secretario de comunicación del gobierno, Fábio Wajngarte, sí confirmó las demoras del gobierno frente a Pfizer. En una entrevista previa, había dicho que la inmunización se demoró por la «incompetencia» del Ministerio de Salud, pero no nombró a Pazuello. Mandetta, que dejó el gobierno en abril cuando «ningún laboratorio estaba en fase dos» dijo que «el error» fue no apostar a un «mix de vacunas» considerando que un «país continental con 215 millones de habitantes» necesitaría al menos «450 millones de dosis» y un laboratorio solo no podría producirlas, y lamentó que Brasil, que «tiene capacidad instalada para ser una fábrica para América del Sur» no lo haya hecho. El presidente siguió sembrando desconfianza hasta el punto de decir que él no iba a tomar la vacuna y que Pfizer no se responsabilizaba si su producción convertía a las personas en «yacaré». Pero esa misma desconfianza no se le generó la cloroquina, una droga sin ninguna comprobación científica de eficacia alguna para el tratamiento de Covid-19. En paralelo a la política nacional, el gobernador de San Pablo, João Doria, firmó en junio de 2020 un acuerdo con Sinovac que permitió la aplicación de la primera vacuna, la Coronavac, el 17 de enero de este año. Bolsonaro criticó sistemáticamente ese desarrollo pero al iniciar Doria la vacunación y al ser aprobada por Anvisa en enero, la reivindicó. El ritmo de vacunación para Temporão es «extremadamente lento» cuando «Brasil tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo», y esto se debe a «errores del gobierno federal, que no se dedicó a brindar las dosis suficientes y lideró una guerra contra las vacunas».

El 24 de marzo, Bolsonaro dijo que Brasil es el quinto país con más vacunación contra el Covid-19, pero para Padilha la declaración es «una vergüenza» ya que «en relación a población Brasil está en la quincuagésima sexta posición de vacunados». Es impensado en nuestra tradición», sostuvo. Y afirmó que, en la pandemia del H1N1, Brasil fue «el país que más vacunó en sistema público del mundo». El médico que ocupó la titularidad de la cartera de Salud desde 2011 a 2014 y que tuvo un programa insignia en el «Mais Médicos», dijo que el país rechazó vacunas: «Covax Facility ofreció 138 millones de dosis y el gobierno contrató apenas 46 millones».

La cloroquina y las teorías alternativas

«Tengo la certeza absoluta de que la decisión de Bolsonaro de hacer publicidad de la cloroquina y mandar a producirla por el gobierno federal no es solo una creencia negacionista, hay muchos intereses financieros detrás, alguien ganó dinero con esa producción absurda sin eficacia a costa de las muertes de nuestro pueblo», aseveró Padilha. Hasta el momento, la CPI expuso que Bolsonaro ordenó la producción de cloroquina a través de las Fuerzas Armadas, luego amplió su fabricación, intercedió ante el primer ministro indio Narendra Modi para que libere componentes para su producción y beneficiar así a empresas que lo producían en Brasil. Pero, según Costa, el presidente intentó dar vuelta este último argumento para reforzar la idea de un tratamiento precoz. «Crea una teoría de la conspiración de que mucha gente y laboratorios quieren ganar dinero con la pandemia, mientras hay un medicamento -según su visión- que la sería solución, que es barato y producido en Brasil, y por eso estimuló la producción de cloroquina contra todas las orientaciones de salud pública». También dijo retiradas veces que él la había consumido y alentó a que otros lo hicieran, creó la app TrateCov que la recomendaba, hizo publicidad desde la cartera de Wajngarte, cambió ministros que estaban en contra de su uso, quiso modificar el prospecto de la droga para incluir el tratamiento del Covid19. Para los cuatro exministros queda claro el interés de Bolsonaro en este medicamento, ahora resta saber si la CPI podrá definir si él fue un beneficiario directo o no.

El complot como metáfora de la política

Tanto para los ex ministros como para los senadores de la CPI, la negligencia de Bolsonaro está más que probada. Sin embargo, las acusaciones públicas manifestadas en esa instancia quedarán a mitad de camino si no hay acuerdo para demostrar cómo la política bolsonarista constituyó un atentado contra la salud pública, y así definir un «crimen de responsabilidad» para hacer avanzar los pedidos de impeachment. Esto implicaría ingresar en un proceso más largo que el del camino a las urnas para el que faltan solo 16 meses. El modesto resultado al que parece aspirar la CPI es a exponer públicamente a Bolsonaro, explicitar que estas decisiones no fueron parte de un destino manifiesto sino de la decisión política principalmente del gobierno federal de Brasil, metaforizada como complot. Pese a sus resultados, no parece que el presidente vaya a encontrar una instancia de rendición de cuentas antes de las urnas en 2022.

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Una familia se refresca en la playa Alki, en Seattle, Washington, ante la advertencia de que continuará el calor excesivo luego de temperaturas récord que golpean la región. Foto Afp

Republicanos logran reducir el presupuesto de Joe Biden contra el calentamiento global

Nueva York., El noroeste de Estados Unidos es la noticia principal al registrar temperaturas sin precedente mientras una sequía pone cada vez más en peligro una de las zonas agrarias del país, y jóvenes ocupan las entradas a la Casa Blanca para insistir en que el presidente cumpla su promesa y "no se raje" al incluir fondos masivos para enfrentar y reducir la crisis climática.

Aunque todos los políticos conscientes que le creen a la ciencia, incluido el presidente Joe Biden, reconocen que el cambio climático es "una amenaza existencial" que necesita enfrentarse de inmediato, ambientalistas recuerdan que los políticos se han pasado los últimos años declarando tales cosas sin tomar las medidas necesarias para revertir el futuro que se anuncia con cada noticia sobre catástrofes climáticas y cada nueva investigación que no sólo confirma, sino que hace sonar las alarmas más urgentes sobre la crisis planetaria que se aproxima por el cambio climático.

Durante los últimos días, al registrarse los extremos del clima en el noroeste del país –con temperaturas que llegan o superan 46 grados centígrados en Portland, Oregon y Seattle, y partes de Canadá con 49.5 grados centígrados, que generalmente oscilan entre 21 a 23 grados en esta época del año– para los medios ya es casi imposible no incluir la frase "cambio climático" al reportar la noticia. Eso es algo novedoso en los últimos cuatro o cinco años, y con ello el tema del calentamiento global se ha colocado al centro del debate nacional.

"Es el comienzo de una emergencia permanente", declaró el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, en entrevista con MSNBC, y agregó que el centro del problema "es el cambio climático".

Los efectos de la ola de calor en el noroeste incluyeron un incremento de pacientes en salas de emergencia, apagones locales, la clausura de algunas escuelas y negocios para proteger a trabajadores, también fenómenos como cables derretidos en transporte público y grietas en autopistas. Hasta se tuvieron que suspender las competencias de atletismo para el equipo olímpico estadunidense en Eugene, Oregon, por el calor.

"Como no existe una ocurrencia del evento que estamos experimentando en el registro climatólogico local, es algo desconcertante no tener una analogía con la cual trabajar", declaró la oficina de Seattle del Servicio Nacional de Clima.

A la vez, el oeste del país sigue bajo condiciones, algunas extremas, de sequía. Más de 58 millones viven en esta zona, provocando temores de falta de agua e incendios en California, Arizona y otras partes del suroeste. Expertos temen que este año podría ser más grave que 2020, el cual fue el peor jamás registrado en número y extensión de incendios.

En California, donde se producen dos tercios de las frutas y nueces, y más de un tercio de las verduras de Estados Unidos, la sequía prolongada y nutrida por el cambio climatico podría tener consecuencias dramáticas para el país. Granjeros ya están vendiendo agua en lugar de cultivar en el Valle Central, el corazón de la agroindustria del estado, reporta el New York Times.

Mientras arde el oeste, el Congreso y la Casa Blanca están en su usual baile en cámara lenta donde un sector republicano ha logrado que Biden y los demócratas reduzcan los fondos propuestos para combatir el cambio climático a cambio de apoyo para el ambicioso proyecto de ley del presidente sobre infraestructura, provocando furia entre sectores progresistas dentro y fuera de Washington, todos los cuales ahora están señalando el horno en el noroeste como evidencia de su argumento de que el futuro es ahora.

Un creciente movimiento ambientalista de jóvenes está impulsando presión masiva sobre la cúpula política y económica para abordar el tema durante los últimos años, generando un cambio dramático en el debate político nacional e internacional.

Como parte de ello, esta semana ambientalistas jóvenes de diversas partes del país convocados por el Sunrise Movement cargando mantas que proclaman "nuestro futuro no es negociable", ocuparon las entradas a la Casa Blanca declarando que es inaceptable cualquier acuerdo sin incorporar medidas extensas para enfrentar el cambio climático. "Biden, cobarde, tienes que luchar por nosotros", advirtieron.

El borrador más reciente del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas advierte que millones en el mundo enfrentan un futuro de hambre, sequía y enfermedad, ya que "el cambio climático fundamentalmente cambiará la vida en la Tierra en las próximas décadas".

Biólogos calculan que 35 por ciento de las plantas y animales podrían dejar de existir para 2050 como resultado del cambio climático.

Bill McKibben, reconocida figura ambientalista nacional, fundador de la campaña 350.org y colaborador de The New Yorker sobre cambio climático, afirma que poco a poco se está reconociendo por empresas, bancos y hasta la Agencia Internacional de Energía que ha llegado el momento para frenar toda nueva inversión en hidrocarburos para cumplir con el objetivo de limitar el incremento del calentamiento global a 1.5 grados Celsius marcado en el Acuerdo de París, subrayando que "la velocidad (en hacer esa transición) es lo único que nos da esperanza de resolver la ecuación climática".

Por  David Brooks

 

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Haití: entre vientos de cambio y ruido de botas

Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

La crisis que sacude a Haití dista mucho de ser nueva. Estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la moneda nacional. La desaparición y el despilfarro de los fondos del programa Petrocaribe –un plan de ayuda al desarrollo que Venezuela ofreció a varios países del Caribe bajo la forma de préstamos preferenciales en hidrocarburos– fue la chispa que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad contra el gobierno. En los tres últimos años, esta crisis se ha agudizado y ha derivado rápidamente en un cuestionamiento directo y permanente al gobierno que preside Jovenel Moïse.

La situación actual no puede explicarse por un solo factor. Hoy parece estar quedando claro que el gobierno adopta rasgos propios de una dictadura. Pero, analizado históricamente, este momento parece ser el de la crisis y el derrumbe del régimen político instalado tras la caída de la dictadura de los Duvalier. A fin de cuentas, lo que vive Haití es el ocaso de un sistema varias veces remendado pero que ya no puede sobreponerse por su propio agotamiento.

En febrero del 2017, Moïse –un súbdito de su predecesor, el cantante Michel Martelly– llegó a la presidencia de Haití después de un tortuoso proceso electoral que empezó en el verano de 2016 y duró más de un año. La llegada de Moïse pretendía inaugurar un control duradero del poder por parte de la corriente neoduvalierista que se reconoce en Martelly. Basada en la captación sistemática de los recursos estatales e iniciada en un ambiente crispado, la dispendiosa e ineficiente gestión de Moïse exacerbó rápidamente la crisis económica y social que se iba profundizando desde el terremoto y las elecciones de 2010-2011. El estallido de julio del 2018 condensó todos esos elementos. La cerrazón sistemática de la presidencia a atender los reclamos populares provocó un rechazo social casi unánime. Buena parte de la población parecía rechazar el régimen y exigía un «cambio de sistema». Tras haber ignorado el calendario electoral que prescribía elecciones legislativas y locales en 2019, en junio de 2020 el Ejecutivo se quedó solo con las riendas del poder. El Parlamento bicameral había quedado reducido a 10 senadores y todos los poderes locales –consejos municipales y de secciones comunales– fueron revocados en junio.

El gobierno de Moïse emprendió entonces la construcción sistemática de una dictadura unipersonal, con la emisión de decretos liberticidas, nombramientos de allegados en puestos claves –como el de jueces en la Corte Suprema o del jefe de la policía– y una serie de políticas para, como él mismo dijo, «cazar criminales», dándole abierta participación a las Fuerzas Armadas.

En ese marco, se produjeron asesinatos que aún no han quedado claros, como el del presidente del Colegio de Abogados, el constitucionalista Monferrier Dorval. El contexto de violencia era, ciertamente, grave. Y se acrecentó cuando una agencia gubernamental quedó a cargo del «desmantelamiento» de las pandillas armadas que dominan parte del país y que reciben todo tipo de financiamiento. El terror fue la consecuencia lógica de esta política. Primero, se apoderó de numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe y, progresivamente, fue estallando también en otras regiones del país. Aún hoy, miles de ciudadanos se encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos. No contentos con ello, los funcionarios siguen echando leña al fuego. Recientemente, el jefe de la Policía llamó al pueblo a «reaccionar» frente a las pandillas que actúan sobre la salida sur de Puerto Príncipe.

Las iniciativas de Moïse en el plano institucional son destructivas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. El sistema de justicia quedó huérfano con el bloqueo de los nombramientos de jueces por parte del Poder Ejecutivo. Ya el 5 de enero del 2021, un decreto dispuso la organización de un referéndum para aprobar una nueva Constitución –algo que, de hecho, está formalmente prohibido por la Constitución vigente–. El mandatario mantuvo su agenda aun después de haber suspendido la realización del referéndum el 8 de junio, e esencialmente bajo la presión internacional y la declarada oposición estadounidense. Después de haber aplicado a los poderes legislativos y locales una disposición constitucional que acorta el tiempo efectivo de su mandato, llegada la fecha de caducidad del suyo propio el pasado 7 de febrero, Moïse se aferró al poder.

Hay que subrayar que, a pesar del miedo, la ciudadanía organizada, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos continúan manteniendo una línea de protesta ciudadana pacífica y permanente. La violencia destructiva del Estado enfrenta una protesta social en la que predomina la madurez, lo cual obliga a reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

Antecedentes históricos

Claramente, la crisis institucional y constitucional no es nueva en el país. En realidad, es el resultado de un déficit de enraizamiento de los principales atributos del Estado de derecho. Aunque a partir de 1986, Haití comenzó un período de cambio en el que buscó la consolidación de las instituciones, de las prácticas jurídicas y económicas, y de ejercicios electorales acordes con un régimen de democracia liberal, los resultados no siempre fueron buenos. Tras treinta años de dictadura duvalierista, el ímpetu popular empujó hacia la adopción formal de una serie de instituciones, de principios jurídicos y de leyes que simbolizan conquistas y o anhelos largamente reprimidos, pero la implementación de este nuevo sistema se topó rápidamente con las limitadas capacidades (por inexperiencia, por falta de recursos) de quienes abogaban por un cambio sustantivo. Por otra parte, ni las principales instituciones que detentaban el poder –como el Ejército y el aparato administrativo– ni los grupos sociales mejor provistos –como el empresariado, el gran comercio, los altos ejecutivos y los sectores medios acomodados– asumieron un papel en la construcción de ese nuevo orden. Así, la Constitución de 1987 nunca fue implementada a cabalidad y fue objeto de manipulaciones y violaciones incesantes. Al igual que los otros aspectos de la democracia representativa, la Carta Magna nunca ha sido integrada como marco y brújula del ordenamiento social y de las reglas del juego político.

La vida política haitiana ha transcurrido entre la instrumentalición de la justicia, las derivaciones y las manipulaciones de los principios del Estado de derecho, la desnaturalización de las libertades individuales y, sobre todo, el saqueo de los recursos públicos. Además, la corrupción ha convertido la gestión gubernamental en un verdadero sistema de connivencia entre los representantes políticos y un sector privado monopolista con extensiones mafiosas. El resultado ha sido una caricatura del sistema democrático montada sobre los resortes del viejo sistema autocrático-clientelista.

El desarrollo de este proceso de manipulación del régimen democrático-liberal se produjo bajo la alta vigilancia y la influencia decisiva de Estados Unidos. Como supervisor de la salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986, Estados Unidos fue también el encargado de dictar la adopción y el rechazo de leyes y reglamentos, así como de plantear las políticas públicas que conformaron al nuevo régimen. La apertura arancelaria total (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10%), la absoluta desprotección de la economía agrícola y las restricciones al desarrollo y a la profesionalización de la Policía, son algunos de los resultados del monitoreo estadounidense. La historia electoral desde la década de 1990 es, sin duda, la que mejor ilustra la responsabilidad externa en el desplome del sistema político del país.

El 28 de noviembre de 1987, durante las primeras elecciones tras la salida de Duvalier, se produjo una verdadera masacre. Apenas pocas horas después de iniciarse la votación, grupos duvalieristas y militares dispararon a sangre fría contra filas de electores que esperaban su turno para votar. Recién en 1990, y gracia a las demandas de la ciudadanía organizada, se realizaron elecciones libres con una participación de más de 70% de los votantes. Jean Bertrand Aristide, ex-sacerdote católico y promotor de la Teología de la Liberación, llegó a la presidencia haitiana.

El mandato de Aristide duró solo nueve meses. Un golpe militar derrumbó al gobierno del movimiento Lavalas e inauguró un período de control y tutela de la democracia haitiana por parte de instituciones regionales e internacionales vinculados con Estados Unidos. Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformaron en verdaderos «aparatos de certificación electoral» de la democracia haitiana, en dictaminadores de ganadores y perdedores de los mandatarios de un país que se pretendía soberano.

Así, las elecciones de 1996 recibieron el sello de validez de la «comunidad internacional» pero las del año 2000 (en las que ganó Aristide con un amplísimo porcentaje, pero con poca afluencia electoral) fueron consideradas inválidas por estas mismas instituciones. Finalmente, y tras la salida de Aristide por segunda vez del poder, acaba instalándose la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En rigor, se trataba de una misión militar de 10.000 soldados y unos cuantos miles de policías en un país agitado por disturbios sociales y una delincuencia politizada, pero de ninguna manera un país en guerra. El despliegue de la Minustah marcó un hito en el tutelaje internacional sobre Haití. El terremoto de enero de 2010 reforzó este control y aumentó el involucramiento estadounidense a través de Bill y Hillary Clinton, quienes integraron la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití. Desde 2004 no ha habido ninguna elección sin una abierta intervención externa. Mientras que en 2006 la elección de René Préval fue «confirmada» rápidamente, en 2010 la primera vuelta electoral fue «rectificada» por la OEA, favoreciendo a Michel Martelly, el candidato de Estados Unidos, quien es finalmente proclamado presidente en una muy dudosa segunda vuelta.

La elección y la presidencia de Jovenel Moïse son el capítulo más reciente de este proceso. Entre otros resultados, la participación del electorado pasó de más de 70% en 1990 a menos de 15% en 2016-2017.

Una situación descontrolada

El proceso de intervención extranjera a través de los organismos internacionales, el descrédito de un Estado de derecho que nunca logró establecerse definitivamente tras la dictadura duvalierista y una serie de factores políticos propios del país han conducido a Haití a un profundo proceso de polarización política. En la actualidad, esto se expresa en una serie de cuestiones inmediatas. La primera de ellas es la de la fecha y las condiciones de salida del poder de Moïse. Hoy, la gran mayoría del país considera que el mandato de Moïse efectivamente ha caducado, pero no hay un entendimiento acerca de la necesidad de negociar su salida o de pactar una cohabitación.

A esto se suma una segunda cuestión: el contenido y la duración de la inevitable transición que permitirá recomponer un sistema político mínimamente confiable, condición sine qua non para la organización de elecciones transparentes e inclusivas. La sociedad civil organizada está solicitando un período transicional que permita iniciar acciones que conduzcan a la normalización de las instituciones y de la vida nacional y no solamente elegir un equipo para un traspaso de poder. En ello se juega el tercer término de esta ecuación, referente a las modalidades y al peso de la participación ciudadana en ese proceso transicional. Al contrario de lo que anticipan los políticos, las organizaciones ciudadanas consideran que es necesaria una entidad para negociar los intereses de la sociedad civil como un actor en el escenario político, no para ejercer el poder, sino para controlarlo.

En la solución a estos desafíos, el peso de las potencias de tutela lideradas por Estados Unidos es, sin duda, determinante. A las recientes declaraciones de la misión de la ONU presente en el país en favor de elecciones rápidas, se suman las del llamado Core Group, un club de países y organismos internacionales que monitorea la política interna de Haití desde 2013 y que está integrado por Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, la OEA y la propia misión de la ONU. La misión de la OEA –que visitó el país del 8 al 10 de junio pasado– hizo, además, su propio llamamiento a que se convoque a elecciones rápidamente, considerándolo el único mecanismo de legitimación del poder político, a pesar de reconocer las peligrosas condiciones de seguridad que imperan hoy a lo largo del territorio nacional. El Parlamento Europeo emitió una posición mucho más crítica sobre la responsabilidad de las actuales autoridades en la situación actual. Sin embargo, la declaración del Parlamento Europeo dista mucho de tener el mismo peso que las posiciones estadounidenses y la de los actores cercanos a ellas.

El aparente empate que se mantiene entre un país alzado pacíficamente contra la arbitrariedad y una dictadura unipersonal que se despliega desenfrenadamente contra la ciudadanía ha conseguido llamar la atención internacional. Y hay tres factores que explican que los actores globales no hayan hecho la vista gorda. El primero, y sin lugar a dudas el más espectacular, es la utilización de Moïse de métodos que hacen caso omiso de los acuerdos y las formas más elementales de gobernabilidad vigentes en el mundo contemporáneo y, en particular, en los espacios políticos y diplomáticos de la región. A esto se suma el reciente cambio de administración en Estados Unidos. La llegada de Joe Biden al poder propició la movilización de amplios sectores de la migración haitiana.

Finalmente, el impulso solidario de sectores progresistas de diversos países de la región y del mundo también consiguieron que se haga foco en la crisis haitiana. Por primera vez desde el terremoto de 2010, estas voces progresistas han conseguido sacar a Haití de un silencio que cobijó durante más de un decenio el socavamiento sistemático de las conquistas democráticas conseguidas en 1986 y los permanentes intentos de restauración neoduvalieristas. Queda por ver cuán consistente y duradera resultará esta solidaridad, y queda por evaluar lo que puede conseguir la movilización y la fuerza ciudadana contra un Estado que se ha transformado en verdugo de su propia población.  

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Martes, 29 Junio 2021 06:26

El Fondo ahora se pinta de verde

El Fondo ahora se pinta de verde

Prepara una propuesta para defender el medioambiente

El organismo multilateral presentará su iniciativa, que prepara junto al Banco Mundial, en la Cumbre del Cambio Climático de noviembre. 

 

El FMI y el Banco Mundial se comprometieron públicamente a presentar una propuesta financiera que permita atacar de forma conjunta los problemas de sobreendeudamiento y medioambientales. Será en la cumbre mundial de cambio climático que tendrá lugar el próximo noviembre. Si bien todavía no hay certezas de cuál va a ser la iniciativa, hay diversos centros de estudios y organismos que vienen investigando el tema, al tiempo que el gobierno argentino pidió que se le aplique una reducción de deuda por ser un “acreedor ambiental”. Al mismo tiempo, hay una agenda regional abierta para evitar que los compromisos climáticos, en donde los países desarrollados naturalmente están más avanzados, terminen siendo una nueva traba para la periferia.

Este lunes, el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston junto con la Heinrich Böll Foundation de la Universidad de Londres lanzaron un documento que busca marcar la cancha de cara a la propuesta prometida por el FMI y el Banco Mundial.

 “La mayoría de los países de ingreso medio no cuentan con mecanismos de alivio de deuda. En muchos de estos países, los fondos que se destinan al pago de la deuda pública son más grandes que los gastos en salud y educación. En lugar de destinar recursos a salir de la crisis de una forma sostenible, los países tienen que pagarle a sus acreedores. 

El riesgo es que las economías vulnerables entren a un círculo vicioso en donde la mayor vulnerabilidad climática impacte en el costo del endeudamiento y reduzca el espacio fiscal para desarrollar medidas paliativas. De hecho, la evidencia empírica muestra que el cambio climático ya elevó el costo del endeudamiento para los países vulnerables y se espera que esos efectos se amplifiquen. De modo que los países que no inviertan en medidas paliativas y en desarrollo van a tener incluso menor sustentabilidad de deuda en el futuro”, indica el informe, titulado “Alivio de deuda para una recuperación verde e inclusiva”.

¿Cómo sería un canje verde e inclusivo?

“El G-20 debería invitar a todos los países con riesgo de crisis de deuda a participar en un marco de reestructuración de las deudas basado en las necesidades para hacer frente a la adaptación y la mitigación de cara al cambio climático. Los gobiernos que reciben el alivio de deuda deben alinear sus políticas y presupuestos con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París”, sigue el trabajo.

El grado de alivio de deuda puede estar dado por el costo de revertir una vulnerabilidad productiva, como por ejemplo la dependencia de la producción de combustibles fósiles, la mitigación de áreas afectadas y/o necesidad de inversión en educación, infraestructura, salud y agua y saneamiento, por ejemplo.

El informe propone como mecanismo de reestructuración una suerte de nuevos bonos Brady, que en la Argentina se utilizaron para la reestructuración de la deuda externa a fines de los `80 bajo condicionamientos ligados al Consenso de Washington, de la mano de las privatizaciones y la desregulación de la economía. Las operaciones de canje de nuevos bonos “verdes” de menor valor actual en lugar de los bonos viejos emitidos por los países periféricos estarían garantizada por un fondo manejado por el Banco Mundial, que en caso de falta de pago del país se convertiría en el nuevo acreedor del Estado.

Los "condicionamientos" ahora serían otros. Así, los recursos que se liberan por la reducción de pagos de la deuda deberían utilizarse para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. “Los gobiernos pueden decidir libremente cómo gastar el dinero, siempre que demuestren que van en sentido de la recuperación verde e inclusiva. Además, los organismos internacionales deben incentivar a la participación de los fondos privados en las reestructuraciones de deuda mediante mecanismos regulatorios”, define el documento.

Las tensiones y riesgos

Hay sectores que advierten sobre el riesgo de que la agenda ambiental en manos del FMI, el Banco Mundial y del club de los países más ricos del mundo termine siendo una vía para trabar el desarrollo de los periféricos a partir de, por ejemplo, nuevas barreras paraarancelarias en contra de bienes producidos en economías "no limpias".

En esa línea se encuadra parte de la última declaración conjunta del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los ministros de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. "Todos los países deben cooperar para la preservación del medio ambiente pero teniendo en cuenta las responsabilidades históricas, así como las capacidades nacionales por su nivel de desarrollo y condición socioeconómica. Los países menos desarrollados son los más susceptibles a los impactos del cambio climático, debido a factores físicos, sociales y económicos. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen en los países desarrollados. Los países que tienen responsabilidad principal, histórica y presente, por la degradación ambiental deberían proveer las herramientas económicas y tecnológicas adecuadas que permitan a los países en desarrollo mejorar la sostenibilidad de su producción", dice esa declaración.

Por Javier Lewkowicz

29 de junio de 2021

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El neoliberalismo y el capitalismo han entrado en crisis… y también se reciclan

La crisis económica, social e institucional que estalló con la irrupción de la pandemia no es sólo el resultado del avance de la enfermedad, ni la inevitable consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos. Por supuesto, estos factores han sido decisivos a la hora de explicar el desplome del Producto Interior Bruto (PIB), del consumo, de la inversión y de los flujos transfronterizos. Pero cualquier análisis se queda cojo si prescinde de la dimensión estructural de la crisis, que también ayuda a entender el verdadero alcance de la covid-19 y de otros virus globales.

La causa de fondo de esta crisis está en el modelo de economía hiper productivista y globalizado, que no conoce otra religión que el continuo aumento del PIB, al precio que sea, presionando a la baja los salarios y creando empleo de pésima calidad, colonizando el sector público para ponerlo al servicio de los capitales privados, dilapidando y destruyendo recursos naturales y ecosistemas necesarios para la vida, y provocando un formidable cambio climático.

Si realmente queremos que la crisis abra una ventana de oportunidad para abordar los problemas de fondo de la economía y la sociedad no debemos perder de vista este diagnóstico, del que hay que extraer las oportunas lecciones. Una de ellas, puede que la más importante, es el decisivo papel que ha pasado a ocupar el sector público, tanto para enfrentar la enfermedad y las consecuencias más devastadoras de la misma, como para intervenir en la economía para superar la crisis.

Pero no saquemos la conclusión equivocada de que los mercados y los actores que operan en ellos y que determinan su configuración reconocen la superioridad de lo público, y que de esta manera se ha abierto camino un nuevo consenso que arrincona el paradigma neoliberal. No confundamos los deseos con la realidad.

Por supuesto, la crisis que estamos padeciendo ([email protected] más que [email protected], los efectos del virus no son nada democráticos, y tampoco lo son las políticas aplicadas por gobiernos e instituciones) y que estamos muy lejos de haber superado ha puesto de manifiesto las debilidades y contradicciones derivadas del funcionamiento de las cadenas globales de creación de valor, la ausencia de instituciones con capacidad y voluntad de afrontar los grandes desafíos que por su naturaleza son globales, la intensificación de las desigualdades entre países, territorios y grupos sociales, y la inconsistencia del mito de la competencia y de la globalización como motores esenciales del engranaje económico.

Pero seamos prudentes. De todo ello no cabe deducir que estamos ante el ocaso del neoliberalismo y mucho menos que se ha abierto un escenario postcapitalista. Esta era precisamente la ventana de oportunidad a la que antes me refería, y que está siendo eso, una oportunidad que están aprovechando sobre todo las elites económicas y políticas.

Estamos asistiendo a una profunda reestructuración del capitalismo europeo y global. Reestructuración que, básicamente, se articula en torno a la disputa por la enorme cantidad de recursos movilizados por los gobiernos y las instituciones comunitarias, la apertura de nuevos espacios de negocio en torno a los ejes "verde y digital", verdaderos estandartes de los fondos de recuperación europeos, la pugna competitiva a escala global que tiene como principales actores a China y Estados Unidos, donde Europa, consciente de que es un actor menor, pretende hacerse con un espacio, y el acceso a unos recursos básicos (petróleo, minerales, materiales…), imprescindibles para la modernización de las economías, cada vez más escasos.

En este contexto, hay que tener en cuenta que los pilares básicos del capitalismo, que lo definen como sistema, no sólo lo que conocemos como neoliberalismo, se mantienen e incluso se refuerzan: el triángulo crecimiento/productividad/competitividad, el predominio de las lógicas extractivas, la competencia entre los trabajadores y la internacionalización de los procesos productivos, comerciales y financieros.

Y en el centro de todo está el poder corporativo. La concentración empresarial ha conocido una intensificación desde que irrumpió la pandemia y los intereses de los grandes grupos están en el centro del reparto de los recursos públicos. La crisis no ha debilitado su poder ni su influencia; diría que, al contrario, son más fuertes que nunca.

Los tímidos intentos de fiscalizar las operaciones de los grupos transnacionales no suponen una merma sustancial de su privilegiada posición. Sólo la introducción de una tributación fuertemente progresiva (línea roja que no se han atrevido a pasar ni las instituciones comunitarias ni los gobiernos), la fijación de un techo a las retribuciones de los ejecutivos y principales accionistas, la introducción, como contrapartida a la recepción de ayudas públicas, de una fuerte condicionalidad en materia salarial, social, ecológica y de género, y una decidida apuesta por la propiedad pública y comunitaria en el ámbito social y en sectores estratégicos de la economía (como la energía, la vivienda y las finanzas) cambiaría la relación de fuerzas en beneficio de las clases populares.

Pero nada de esto se encuentra en la agenda de gobiernos e instituciones.

Fernando Luengo Escalonilla
Economista
@Fluengoe
https://fernandoluengo.wordpress.com

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Domingo, 27 Junio 2021 05:42

¡El momento de luchar es ahora!

¡El momento de luchar es ahora!

Filtración del borrador del 6º informe del GIEC

 

"La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no”.

Eso es lo que dice el borrador del informe del IPCC (6º informe de evaluación, que normalmente se espera para febrero de 2022).

El texto es inequívoco en cuanto al umbral de peligro que no se debe cruzar: ir más allá de 1,5°C conllevará "consecuencias progresivamente graves, durante siglos, y a veces irreversibles". Entre otros fenómenos, la dislocación de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida sería irreversible a escala histórica. Sin embargo, la desaparición de los glaciares amenazados en estas regiones (para algunos glaciólogos, el proceso ya ha comenzado y no se detendrá) provocaría un aumento del nivel de los océanos en unos 13 metros en los próximos siglos.

"Lo peor está por llegar"

El acuerdo de París fijó el objetivo de "mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 ºC y continuar los esfuerzos para no superar los 1,5 ºC". Los expertos del IPCC no están satisfechos con esta fórmula ambigua. Según el texto, deberíamos quedarnos muy por debajo de 1,5°C; de hecho, "incluso a 1,5°C, las condiciones de vida cambiarán más allá de la capacidad de adaptación de algunos organismos", se lee en el informe. A modo de recordatorio, el aumento medio de la temperatura con respecto a la era preindustrial es ya de 1,1°C y la Organización Meteorológica Mundial advierte que, al ritmo actual de emisiones, existe un riesgo del 40% de que la superación del umbral de 1,5°C en un año se de en 2025.

“Lo peor está por llegar", escribe el IPCC, "con implicaciones para la vida de nuestros hijos y nietos mucho más que para la nuestra". Si no se adoptan medidas antiliberales radicales, en diez años 130 millones de personas más caerán en la pobreza extrema. Con 2°C de calentamiento, el número de personas hambrientas aumentará en 80 millones para 2050, y cientos de millones de personas en las ciudades costeras sufrirán inundaciones más frecuentes, lo que provocará una mayor migración. Incluso con 1,5°C, el número de habitantes urbanos expuestos a la escasez de agua aumentará en 350 millones para 2050.

Hay que repetirlo una y otra vez: los pobres y los países pobres serán los más afectados por la intensificación del desastre. El proyecto de informe señala que "se espera que por encima de los 2°C los costes de adaptación para África aumenten en decenas de miles de millones de dólares al año". ¿Quién pagará? A modo de recordatorio, más de diez años después de la COP de Cancún (2010), los países ricos todavía no han cumplido su promesa de pagar 100.000 millones de dólares anuales al fondo climático destinado a ayudar a los países del Sur global. Este es uno de los puntos conflictivos de las negociaciones de cara a la COP 26, prevista para finales de año en Glasgow. Así, lentamente, con la discreción cuidadosamente mantenida por el personal financiero y político, se está preparando un crimen contra la humanidad sin precedentes. Un crimen contra los pobres, que no tienen casi ninguna responsabilidad en el cambio climático.

¡Es hora de luchar!

El texto filtrado a la prensa no es el borrador del informe propiamente dicho, sino el borrador del Resumen para Responsables Políticos. La práctica habitual del IPCC -un organismo intergubernamental, no lo olvidemos- es que este resumen sea objeto de negociaciones -a menudo feroces- entre los científicos que redactaron el informe completo y los representantes de los Estados. Parece probable que quienes filtraron el documento lo hicieron para que el texto original circule antes de que los representantes de los Estados impongan la suavización o eliminación de las formulaciones más alarmantes. Esta hipótesis es muy probable, porque el lobby capitalista de los combustibles fósiles lleva décadas esforzándose por negar o minimizar el peligro y dispone de poderosos resortes políticos (por ejemplo, China y Arabia Saudí han conseguido que la prensa y las ONG no asistan a los debates preparatorios de la COP 26). La filtración es, por tanto, una doble señal de alarma: por un lado, sobre la extrema gravedad de la situación objetiva; por otro, sobre el peligro de que la versión final oculte en parte esta extrema gravedad a la opinión mundial.

Sea como fuere, no hay que escurrir el bulto: más que nunca, los movimientos sociales deben hacer sonar la alarma con toda su fuerza y movilizarse lo más ampliamente posible para obligar a los Estados a adoptar inmediatamente las medidas radicales indispensables para estabilizar el calentamiento muy por debajo de 1,5°C, basadas en la justicia social y la justicia Norte-Sur (respeto estricto del principio de "responsabilidad común pero diferenciada"). Sin juego de manos, sin rebasamiento temporal, sin recurrir a tecnologías de aprendiz de brujo y desplegando únicamente medidas compatibles con la protección imperativa de la biodiversidad.

"Cero emisiones netas", una política criminal

Pero seamos claros: este no es en absoluto el escenario que traman los gobiernos cuando nos prometen la "neutralidad del carbono" (o "cero emisiones netas")[1] para 2050. En el mejor de los casos, estos gobiernos preparan un escenario de "rebasamiento temporal" de 1,5°C con el incremento de las "tecnologías bajas en carbono" (nombre en clave de la energía nuclear) y el despliegue de las llamadas "tecnologías de emisiones negativas". Aunque la mayoría de estas tecnologías sólo están en fase de prototipo o de prueba, se nos hace creer que enfriarán el planeta eliminando enormes cantidades de CO2 de la atmósfera en la segunda mitad del siglo y almacenándolo bajo tierra. En realidad, estos escenarios de ciencia-ficción sólo pretenden mantener intacta la vaca sagrada del crecimiento capitalista y proteger los beneficios de los principales responsables del desaguisado: las multinacionales del petróleo, del carbón, del gas y de la agroindustria.

El reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre "emisiones netas cero" señala el camino de esta política criminal. De hecho, según la AIE, para esperar alcanzar las "emisiones netas cero" en 2050 sin tocar el crecimiento, necesitaríamos: duplicar el número de centrales nucleares; aceptar que una quinta parte de la energía mundial siga procediendo de la quema de combustibles fósiles, que emiten 7,6Gt de CO2/año; capturar y almacenar esas 7,6Gt de CO2 bajo tierra cada año en depósitos geológicos (cuya estanqueidad no puede garantizarse); dedicar 410 millones de hectáreas al monocultivo de biomasa energética (¡lo que equivale a un tercio de la superficie agrícola en cultivo permanente!); duplicar el número de grandes presas; destruir todo -incluso la Luna- para monopolizar las "tierras raras" indispensables para las "tecnologías verdes", etc.

Con variantes, es esta insana política productivista la que aplican los países y grupos de países que ahora se precipitan hacia el capitalismo verde... Su objetivo no es salvar el planeta, sino ofrecer a los capitalistas la mayor cuota posible de mercado de las nuevas tecnologías, la mayor cuota posible de beneficios... ¿Es necesario señalar que esto implica también, para atraer a los inversores, continuar con las políticas neoliberales de destrucción de los derechos sociales y democráticos?

Ecolo-groen, portadores de agua del capitalismo verde

La voluntad declarada del gobierno belga de salir de la energía nuclear no debe inducir a error: efectivamente, actúa en este marco neoliberal del capitalismo verde. Utilizar las centrales de gas para compensar las centrales nucleares es un crimen contra el clima y un insulto a las decenas de miles de jóvenes que se manifestaron en nuestro país en respuesta al llamamiento de Greta Thunberg. Ofrecer millones de euros a las multinacionales de la energía que construirán estas centrales inútiles y dañinas es un insulto a los cientos de miles de trabajadores sometidos a una asfixiante austeridad salarial. Capturar el CO2 producido por estas centrales y enterrarlo en los acuíferos del Mar del Norte (¿a costa de quién?) es tan irresponsable con las generaciones futuras como enterrar los residuos nucleares en capas geológicas profundas, como en Bure (en Francia) o en otros lugares. Y la compra de derechos de emisión, de la "compensación de carbono en el Sur global es tan colonialista como el saqueo directo de los recursos de estos países en la época de Leopoldo II y sus sucesores.

Lo que necesitamos es otra política. Una política social y ecológica que rompa con este crecimiento capitalista que genera tanta desigualdad y destrucción... que genera y generará aún más desigualdad y destrucción. El productivismo es un callejón sin salida. Ya es hora, para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, de derribar los muros que nos impiden inventar otro futuro, uno que valga la pena vivir. La manera de vivir mejor, de vivir bien-Buen vivir, el camino hacia un futuro posible y deseable es producir menos, consumir menos, transportar menos, compartir más y cuidar. Compartir la riqueza, el trabajo necesario, el tiempo y el espacio, a escala planetaria; cuidar a los humanos, a los no humanos y a los ecosistemas, a escala planetaria. O abrimos este camino anticapitalista a través de nuestras luchas, de la articulación de nuestras luchas, o seguiremos hundiéndonos en la oscuridad de una terrible catástrofe.

El 10 de octubre tendrá lugar en Bruselas una gran manifestación por el clima. Reunamos todas las fuerzas, todos los colectivos, todos los individuos -feministas, sindicalistas, antirracistas, ecologistas- que estén dispuestos a dirigirla en esta dirección.

Daniel Tanuro

26 junio 2021

https://www.gaucheanticapitaliste.org/pour-le-climat-pour-la-vie-pour-nous-et-nos-enfants-cest-maintenant-quil-faut-se-battre/

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El antagonismo de EE.UU. con China es clave en el cuadrilátero mundial

Las relaciones internacionales se vuelven a reestructurar en torno a la fuerza como en tiempos de Guerra Fría 

Joe Biden amparó la confrontación con Xi Jinping como uno de los ejes de su mandato. De esa estrategia nace un polo dominado por Estados Unidos y asistido por Europa a marcha forzada frente a otro compuesto por China y Rusia. 

 

El retorno del héroe marchito no equilibró el mundo. El pretencioso "America is back" con que el presidente norteamericano Joe Biden inauguró su mandato disgustó a sus aliados europeos y no aportó ni una semilla de equilibrio. Muy por el contrario, cuerpo a cuerpo, bloque contra bloque, el cuadrilátero de la confrontación mundial entre las potencias presenta cuatro actores gigantes trenzados en una pelea monumental cuya calificación deja a la Guerra Fría como un sobrino pacífico que se perdió en el tiempo. El "America is back" conlleva además un despropósito porque implica que Washington es la Estrella de Belén y el resto de los países un rebaño indefenso en la oscuridad que se desvanece sin su luz. 

La herencia de Trump

Los cuatro años del “Make America Great Again” del expresidente Donald Trump demostraron que existe una autonomía de las naciones mucho más profunda de lo que se creía. Los europeos mantuvieron la vigencia del Acuerdo de París sobre el clima y, mucho más tenso aún, la permanencia del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), es decir, el acuerdo nuclear con Irán. Trump se retiró del Acuerdo de París, hizo lo mismo con el JCPOA y bombardeó cuanto pudo las instancias multilaterales surgidas de la Segunda Guerra Mundial y todas las iniciativas de corresponsabilidad, desde un plan mundial de vacunación hasta la iniciativa para que los mastodontes de internet paguen impuestos.

América Latina aseguró su rumbo, resistió a las groserías e improvisaciones del presidente mentiroso, Trump ni siquiera pudo con Venezuela y cuando fue necesario los mismos pueblos se sacaron de encima (Bolivia) a los esbirros de la Casa Blanca o terminaron de sepultar la herencia maldita de los años 70 que Washington incrustó en el corazón de las democracias como una herida que jamás podría curarse (Chile).

El héroe se volvió loco y dejó de ser el padre perverso para convertirse en un país dirigido por un payaso con peluquín cuyos seguidores más dementes terminaron invadiendo el Capitolio el seis de enero de 2021. Resignado al suicidio del vigilante paterno, el mundo se ocupó de si mismo y se descubrió cualidades de autogestión que no presentía. Sin dudas que Biden aportó coherencia y racionalidad y un respaldo sano al derecho internacional y a las relaciones moderadas, pero su imperio ya estaba enzarzado en un conflicto de dimensiones pantagruélicas que el mismo líder demócrata eligió profundizar. 

Beligerancia por la hegemonía

Biden amparó el antagonismo con China como uno de los ejes de su mandato. De esa estrategia nace un polo dominado por Estados Unidos y asistido por Europa a marcha forzada que confronta a otro compuesto principalmente por China y Rusia. La beligerancia por la hegemonía del mundo llega hoy a grandiosas incandescentes. Las relaciones internacionales se vuelven a reestructurar en torno a la fuerza como en los años más corrosivos de la Guerra Fría. Los bloques se acusan mutuamente de "actos que amenazan la estabilidad del mundo" (Antony Blinken, Secretario de Estado norteamericano a propósito de China), o de "imponer su propia democracia al resto del mundo" (Yang Jiechi, responsable de la diplomacia del Partido Comunista de China a propósito de Estados Unidos). Ambas frases no son un trascendido, sino que fueron pronunciadas públicamente por los dos responsables políticos en el curso del primer encuentro entre chinos y estadounidenses que se celebró en Anchorage (Alaska) en marzo de este año. Para Washington, el antagonismo estratégico con China constituye “el desafió político más importante del Siglo XXI” (Jake Sullivan consejero para la Seguridad Nacional en la Casa Blanca).

Es muy elocuente: quienes se convencieron de que luego de la caída del Muro de Berlín (1989) se había llegado “al fin de la historia” la vuelven a escribir de la misma manera, es decir, en términos de conflicto radical. En vez de armas se ponen en juego todas las técnicas modernas de desestabilización: hackers, redes sociales, ciberguerra, infiltración de instituciones, espionaje masivo entre aliados, fake news, sanciones. No estamos ante una guerra probable: vivimos en el centro de un conflicto tenso, permanente. Dos formas muy contrapuestas de regímenes políticos pujan por sus intereses y sus valores. Los medios de prensa de Occidente presentan la historia actual como una guerra donde la democracia está atacada por una pareja de dictadores (China y Rusia). Es hilarante, pero eso escriben cada día. Si fuese así, ninguno de los países “buenos” le vendería armas a la dictadura confesional de Arabia Saudita ni al militar dictador que gobierna Egipto llenando las cárceles de inocentes. Si defendiesen la democracia, la paz, la solidaridad internacional y la igualdad tampoco habrían dejado morir a millones de personas en el mundo por falta de una vacuna contra la covid-19. Occidente se las acaparó.

Geopolítica de las vacunas

No se requiere de ningún tamiz ideológico para no sufrir ante las cifras que siguen: 21,5% de la población mundial recibió al menos una dosis de la vacuna. De ese 21, 5%, más del 50% se encuentra en los países ricos y apenas 0,8% en los más pobres. 90% de los países africanos no podrá alcanzar el objetivo mundial de vacunar al 10% de la población. Si esos malos “enemigos de los valores occidentales” que son, para el Oeste, China y Rusia no hubiesen proporcionado sus vacunas millones y millones de personas más estarían condenadas a muerte. La Cumbre del G7 que se llevó a cabo en Carbis Bay fue la escenificación final de la mezquindad y las promesas sin futuro. El mundo tal como es y como son quienes lo controlan. El G7 se permitió una promesa grotesca y sin mañana: compartir 870 millones de vacunas de aquí a un año. Es sólo un miserable plato de arroz para miles de personas que se están muriendo de hambre. El G7 “quedará como la cumbre de una ceguera egoísta”, escribió en una tribuna publicada por Le Monde la presidenta de Oxfam Francia, Cécile Duflot. Muchos se dirán que Joe Biden aceptó que se liberaran las patentes sobre la propiedad intelectual de la vacuna y que los europeos recién accedieron a esa postura una vez que Estados Unidos dio el paso. Sí, pero con un “sin embargo»: la teoría del “bien común” choca con las disposiciones vigentes (mantenidas) que frenan las exportaciones de los componentes necesarios a la producción de la vacuna.

“America is back” no contuvo el engranaje apocalíptico que mueve al mundo. El héroe marchito por las tórridas arremetidas de Donald Trump ha vuelto con su agenda intacta. Defensa de la democracia allí donde le conviene, respaldo de las dictaduras allí donde saca provecho material, financiero o geopolítico y una interminable retórica que no alcanza para vacunar ni al 10% del planeta. Sabemos que estamos dignamente solos en el seno de un mundo cuya brutalidad se acelera bajo la presión de las ambiciones de dominación.

25 de junio de 2021

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Escuelas en tiempos alterados Tecnologías, pedagogías y desigualdades

La pandemia de covid-19 obligó a cerrar los edificios escolares y hubo que ensayar otras formas educativas. Si en muchos países del Norte esto supuso un traslado casi inmediato a las plataformas digitales, en América Latina ese tránsito fue minoritario, y se abrieron alternativas que abarcaron desde una eventual desescolarización de ciertos grupos hasta el uso intensivo de redes sociales. A partir de los casos de México y Argentina, es posible reflexionar sobre la experiencia de la pandemia en los sistemas educativos y sobre las desigualdades que los atraviesan.

A poco de comenzar la pandemia, en marzo de 2020, un artículo publicado en una prestigiosa revista estadounidense señaló que la crisis epidemiológica era la oportunidad para realizar un gran experimento masivo de enseñanza en línea1. Para su autor, un reconocido historiador de la educación, el cierre de las escuelas en buena parte del mundo aparecía como una posibilidad excepcional para testear algunas hipótesis sobre las ventajas de la educación virtual y compararla con los logros de la educación presencial. 

Más de un año después de aquella proyección, la idea del experimento controlado se ve no solo como una arrogancia insostenible tras la lección de humildad que dio el año 2020, sino también como un sinsentido conceptual y político. El problema, más que el pronóstico fallido, son las deficiencias de un modo de pensar –y de tratar de gobernar– la educación como si fuera el efecto de variables aisladas y controlables, y la tecnología educativa como si se limitara a la interacción entre humanos y máquinas, que se puede trasladar de un espacio a otro sin afectaciones. Al contrario, si hay algo que se aprendió en estos tiempos de pandemia es que la educación es un fenómeno complejo y heterogéneo, en el que es fundamental la organización material de tiempos, espacios, cuerpos y saberes. Quedó claro, quizás como nunca antes, que en los procesos educativos importan las políticas e infraestructuras públicas, las interacciones interpersonales, los tiempos, los artefactos de distinto tipo, las geografías, los apoyos afectivos y las pedagogías que se ponen en juego. Se vio también con toda crudeza que la disponibilidad tecnológica no estaba garantizada para todos ni siquiera en los países de alto poder adquisitivo, y que en buena parte del mundo la «educación virtual» se tradujo en «educación remota», con combinaciones imprevistas de plataformas como WhatsApp o Facebook con soportes mucho más antiguos, como la televisión educativa, los libros de texto y los cuadernillos impresos. 

Por otra parte, también se hizo evidente que las historias y los imaginarios siguen pesando en lo que se hace y se espera de las escuelas. Volviendo a la idea del gran experimento, quizás resulte una paradoja que uno de los efectos de la crisis del covid-19 sea un fortalecimiento de la escuela presencial, una forma institucional que estaba bajo asedio desde hace tiempo y que sin embargo hoy surge como un espacio-tiempo revalorizado por jóvenes y adultos. Al comienzo de la pandemia, muchas chicas y chicos festejaron la clausura de edificios escolares como una vacación anticipada; pocos habrían sospechado que unos meses después extrañarían a sus docentes y estarían pidiendo volver a las aulas. Todavía más imprevistos son los nuevos sentidos con los que aparece investida la presencialidad a comienzos de 2021, convertida en bandera de peleas electorales y sostenida por aliados insospechados como el Banco Mundial, otrora acérrimo crítico de las escuelas «tradicionales» y defensor de la digitalización del sistema educativo2

¿Cómo pensar estos escenarios tan complejos y tan distintos de los que se podían imaginar hasta hace pocos años? ¿Y qué revelan estas nuevas situaciones sobre las escuelas, sobre lo que fueron, pero también sobre lo que pueden ser? En este artículo quiero proponer algunas reflexiones sobre la experiencia de la pandemia en los sistemas educativos de Argentina y México, centrándome sobre todo en las relaciones entre desigualdades, tecnologías y pedagogías. Esas relaciones no son en modo alguno nuevas: las escuelas siempre fueron entornos sociotécnicos que conjuntan de maneras particulares artefactos y tecnologías, ya sean los pizarrones, cuadernos, lápices, edificios o dispositivos digitales, con las acciones humanas. Por ejemplo, el edificio escolar «moderno», organizado en aulas con ventanas y pizarrones, permitió ciertas formas de trabajo colectivo, estructuración de la atención y circulación de la palabra que eran difíciles en las escuelas del siglo xviii, que tenían espacios y equipamiento menos diferenciados. Pensada en esa clave histórica, la pandemia implicó un cambio abrupto en este entorno sociotécnico al mudar la escuela a los hogares y a las pantallas, aunque esto último no haya sido del todo efectivo. En esa súbita reacomodación de la escuela a las salas, los cuartos y hasta los baños de docentes y estudiantes, atravesados por las desigualdades persistentes en la región, se abrió espacio a otras experiencias que habría que empezar a pensar y a nombrar. Puede decirse, entonces, que si hubo, si hay, algún experimento educativo en la pandemia, no parece haber sido el de la virtualidad, sino el de la reacomodación del trabajo escolar a otros territorios, mucho más heterogéneos que el binarismo de acceso o exclusión de los promotores de la educación virtual, y que presentan desafíos mucho más complejos a las políticas públicas.

Las desiguales infraestructuras tecnológicas

Como ya se señaló, al principio de la pandemia hubo una ola de confianza en que la digitalización permitiría sostener una continuidad pedagógica en los hogares de manera accesible y eficaz. Después de más de una década de inversión en programas de equipamiento tecnológico universal en la región, parecía razonable esperar una buena respuesta de los países latinoamericanos a la nueva situación. Sin embargo, aunque en muchos países de altos ingresos el cierre de edificios escolares supuso un traslado casi inmediato a las plataformas digitales, con la consiguiente privatización y comercialización de los datos de las interacciones educativas3, en América Latina ese tránsito fue minoritario, y se abrieron alternativas que abarcaron desde una eventual desescolarización de ciertos grupos hasta el uso intensivo de WhatsApp y otras redes sociales. Conscientes del alcance parcial de la digitalización, buena parte de los gobiernos latinoamericanos optaron por estrategias múltiples, que incluyeron soportes como plataformas digitales, programación televisiva y materiales impresos.

Pese a esta pluralidad de estrategias, en el curso de 2020 se hizo evidente que la infraestructura tecnológica era insuficiente, desigual y en muchos casos obsoleta, incluso en el caso de las televisiones analógicas que no podían recibir señales digitalizadas, y que eso afectaba los planes de continuidad pedagógica. Se volvieron relevantes la conectividad y el tipo de artefacto tecnológico disponible, cuyos usos y posibilidades para el trabajo escolar son muy dispares. Fue claro que la desigualdad digital no era ni es una brecha divisoria clara y definida, que coloca a algunos del lado del acceso pleno y a otros en la exclusión completa, sino un proceso sinuoso y multidimensional con una topografía muy densa4.

Varios de los estudios disponibles sobre los sistemas educativos en la pandemia permiten definir algunos contornos de esa topografía de las desiguales infraestructuras tecnológicas en la región. En el caso de México, es muy reveladora la encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) entre noviembre y diciembre de 2020, que indagó sobre la disponibilidad de tecnologías en los hogares de la población en edad escolar. Los datos para el ciclo escolar 2020-2021 muestran una diversidad de aparatos tecnológicos en uso, con un predominio notorio de los celulares inteligentes en la educación primaria y secundaria, y un peso creciente de las computadoras (de escritorio o portátiles) conforme avanza el nivel educativo. Solo 6,7% de los estudiantes de primaria usan la televisión digital como medio predominante, lo que también señala la limitación de la principal estrategia para la continuidad pedagógica del gobierno mexicano, el programa «Aprende en casa», que se emite por televisión. 

Otro dato llamativo que ofrece esta encuesta es la propiedad y uso exclusivo de estos aparatos: 74,6% de quienes asisten a la escuela primaria comparten el artefacto con otros miembros de la familia, algo esperable por la edad de los escolares, pero esta situación solo se revierte en el nivel superior, en el que 67,7% de estudiantes dice tener uso exclusivo del artefacto. Entre los estudiantes que decidieron no reinscribirse en la escuela debido a los efectos de la pandemia (un total de 2,3 millones para todos los niveles), el grupo más importante incluye a los jóvenes de entre 13 y 18 años, que trabajan mayoritariamente a través de un teléfono celular, con un porcentaje de acceso a computadoras de escritorio o portátiles que va de 25,5% para los secundarios a 44% en los de media superior5. Es indudable que las posibilidades de conexión y de trabajo escolar a distancia se ven seriamente condicionadas por la desigualdad de acceso y de uso de los artefactos, y por la gran dependencia de los celulares, que tienen menos posibilidades para la producción y el manejo autónomo de textos que las computadoras. La encuesta no indaga sobre la disponibilidad de datos, pero a partir de investigaciones cualitativas es posible ver que esta es otra limitante fundamental para la inclusión en las distintas formas de continuidad pedagógica. Un caso particularmente complejo, en México, son las escuelas rurales, con distinto grado de aislamiento geográfico y exclusión social. En una investigación en curso sobre las experiencias educativas durante la pandemia6, se entrevistó a un director de una escuela secundaria rural que describe de este modo la infraestructura tecnológica de la población de su escuela:

La señal de tv es básicamente nula [en el pueblo], solamente se puede acceder con tv satelital, pero solamente cuatro o cinco casas la tienen. Internet es solamente por pago de fichas, que vende un particular. (…) Las fichas cuestan 20 pesos [un dólar estadounidense] la hora. (…)7 Me hubiera gustado que el internet hubiera llegado, que hubieran puesto antenas más grandes. Aquellas personas que tienen internet satelital y cobran fichas podrían dejar dos horas abiertas para los estudiantes, pero no lo hubo.8

A partir de esta situación, en la que hay tantos «solamente» que dificultan la conexión, los docentes de esta escuela han buscado distintos modos de encontrarse con sus estudiantes. Algunos viajan al pueblo cada dos o tres semanas, llevando y trayendo impresos, pero quizás también virus, lo que genera otras tensiones entre los actores escolares y la comunidad; otros establecen horarios de llamada por WhatsApp con algún estudiante que sí tiene señal, pero con moderación, dado el alto costo que esto supone para la familia. Una madre entrevistada en esta escuela pide que el gobierno «mande fichas» para que su hija pueda tomar clases. Lo que se evidencia en este y otros casos es una gran precariedad de la conectividad y las plataformas, y un traslado de los costos y riesgos de la conexión a los maestros y las familias, lo que empeora una situación ya muy difícil.

La desigualdad de conexiones es también evidente en el entorno urbano. Maestros entrevistados en Ciudad de México y Toluca señalan que usan «100% WhatsApp», pero también echan mano de plataformas como Facebook, GoogleMeet, GoogleClassroom, Zoom en su versión gratuita, Padlet, Edmodo y Kahoot. Esta diversidad de plataformas lleva a que los docentes tengan que convertirse en el agente que realiza la interoperabilidad entre los distintos soportes en los que van, casi literalmente, al encuentro de sus alumnos. Por ejemplo, un maestro de una escuela secundaria rural de Guerrero relata que recibe en su WhatsApp entre 50 y 80 fotos con tareas de sus 15 alumnos cada semana, que tiene que descargar en su computadora, organizar, corregir y devolver a la semana siguiente, y enviar a la dirección de la escuela como «evidencias» del trabajo realizado. Esta acción de interoperabilidad entre plataformas y soportes también se ve en los resultados de una encuesta a personal directivo de escuelas realizada por el Ministerio de Educación de Argentina, que muestran que más de la mitad de estas escuelas utilizaron en promedio cinco plataformas distintas para encontrar a sus alumnos, que acceden a veces a alguna red social y otras a tres o a ninguna, en cuyo caso los docentes van en auto, bicicleta o transporte público a intercambiar impresos9. En estos y otros casos, son los docentes quienes tienen que asumir la tarea de recuperar y reorganizar todos esos registros para poder darles sistematicidad y seguimiento, y esa tarea desborda el horario escolar para convertirse en un tiempo 24/7, de un funcionamiento continuo que no reconoce pausas ni límites10.

Por otro lado, en el mismo estudio realizado en Argentina puede verse que esta heterogeneidad condiciona las interacciones pedagógicas. Una mayoría de los docentes argentinos encuestados manifiesta que la principal vía de comunicación con sus estudiantes es WhatsApp (89% en primaria y 75% en secundaria, junto con el correo electrónico). En tanto, 27% de los docentes de escuelas primarias y 38% de escuelas secundarias dice sostener encuentros sincrónicos con sus alumnos a través de Zoom o Meet. ¿Cuáles son las posibilidades pedagógicas de estas plataformas? Mientras que WhatsApp permite un contacto cotidiano, el envío de mensajes de audio y texto e imágenes, las más de las veces fotos de tareas impresas o de libros de ejercicios, no es propicio para desarrollar secuencias pedagógicas ni para organizar intercambios en los grupos; antes bien, promueve una conversación desordenada, multimodal, libre, sin claro inicio ni cierre. En cambio, plataformas de encuentro sincrónico como Zoom y GoogleMeet permiten ordenar las interacciones, organizar grupos pequeños y compartir contenidos en la misma pantalla, lo que dirige la atención hacia un mismo texto, pero requieren banda ancha y pantallas más grandes que la del celular. Por otro lado, plataformas como Zoom son más invasivas del espacio personal, más demandantes en términos de performance individual y mucho más datificadas que otras plataformas11.

En el estudio realizado en Argentina, puede verse que estos distintos usos se distribuyen de manera desigual entre escuelas públicas y privadas, y entre escuelas rurales y urbanas. Para el caso de los encuentros sincrónicos, los docentes de escuelas secundarias privadas los sostienen en 70% de los casos, contra 34% de quienes trabajan en públicas, porcentaje que desciende a 31% en zonas rurales. En las escuelas primarias, la distancia es aún mayor: mientras que 72% de los docentes de escuelas primarias privadas proponen encuentros por Zoom, Meet o similar, solo 20% de los de las públicas y 10% de los de las rurales lo organizan con sus estudiantes. WhatsApp u otras redes de mensajería instantánea son usadas por 78% de los docentes de escuelas secundarias públicas y 96% de docentes de escuelas rurales, mientras que solo 43% de los docentes de escuelas secundarias privadas lo usa de manera frecuente.

Este panorama no solo pone en evidencia la desigualdad existente, sino que también permite avizorar algunas tendencias futuras. El acceso a datos y a encuentros sincrónicos queda en general delimitado a un sector social privilegiado y geográficamente integrado a las conexiones digitales, si es que no median políticas públicas de distribución de datos –que ya se empiezan a reclamar–. Sin embargo, cabría señalar una paradoja: los usuarios invisibles, como llama Jenna Burrell a quienes no están plenamente conectados, corren con ventaja en términos de su menor integración a las formas de «gobierno por los datos» y al capitalismo de vigilancia12. En este como en otros casos, la inclusión no es el lado positivo de una oposición binaria, sino una inscripción en un entramado complejo de poderes. 

Otro aspecto que puede señalarse en relación con las formas que toma la desigualdad es que el acceso a un dispositivo digital no es suficiente, como lo supusieron algunas políticas de equipamiento, sino que hay que tener en cuenta las condiciones de uso (exclusivas o compartidas) y sus posibilidades o affordances, por ejemplo para la producción y el manejo de textos escritos o audiovisuales. Esta imbricación entre tecnologías y pedagogías ha implicado que, en los casos de los sectores más excluidos en términos socioeconómicos, la «educación remota» supuso acceder a un grado variable de contenidos presentados como actividades que suelen mandarse por WhatsApp o por medio de impresos; han sido escasas las posibilidades de encuentros sincrónicos y de seguimiento de las producciones en conversaciones grupales sostenidas en el tiempo. Ante esta situación, no llama la atención que haya añoranza por la educación presencial. La ausencia del espacio físico muestra que, aun con todas sus deficiencias y dificultades, las aulas organizaban un encuentro pedagógico en condiciones más igualitarias que las que permite una infraestructura tecnológica tremendamente desigual, que desborda el tiempo y espacio de trabajo en un continuo permanente y que descarga en las familias y los docentes los costos de conectarse y operar en esa topografía tan heterogénea.

Las pedagogías pandémicas13: los márgenes de autonomía

Como fue señalado inicialmente, el cierre de los edificios escolares obligó a ensayar otras formas educativas, a expandir los repertorios de prácticas y a inventar, porque no había experiencias previas en que apoyarse. Se trató de probar qué era eso de una escuela sin muros, y con tiempos que no se miden en las horas que se pasan sentados. Se experimentaron distintas formas de promover y aprovechar la autonomía, y se discutió qué efectos y alcances podía tener la digitalización, con toda la heterogeneidad que se mencionó en la sección anterior. Una docente de Ciudad de México trabajó con un programa de promoción de la lectura argentino que encontró en redes; un docente de Guerrero utilizó un programa de Michoacán. En este caso, la infraestructura tecnológica habilitó otras conexiones y permitió ampliar márgenes de acción, aliados y estrategias pedagógicas. 

Quizás uno de los esfuerzos más interesantes fue indagar qué pasaba si la escuela, por las condiciones especiales de la pandemia, no evaluaba, sino que promovía de forma automática, apostando a diseñar estrategias compensatorias a futuro para lo que empiezan a llamarse «pérdidas de aprendizaje en la pandemia», en una vuelta que quizás clausure la posibilidad de ver qué se aprendió, qué otros saberes y prácticas entraron en escena ante la retirada del paradigma evaluador de la escuela. Ante la demanda de no calificar, debido a la situación extraordinaria, muchos docentes desarrollaron otras formas de anotación de los logros, una comunicación más fluida en correos electrónicos o en clases virtuales que hicieran balance de lo trabajado, más apelación a la autoevaluación y a la evaluación compartida con las familias, sobre todo en los niveles inicial y primario, donde la participación de madres y padres fue fundamental.

En términos generales, podría decirse que hubo, ante todo, «arreglos» más locales, provisorios e improvisados, que requirieron mucha más flexibilidad de lo habitual y mayores lazos solidarios con las familias. Así lo manifiesta una maestra de quinto grado de primaria de la Ciudad de México:

Un niño absolutamente jamás entró a Zoom, pero su mamá me explicaba: solamente tengo un dispositivo que llevo al trabajo, usted mándame el trabajo y se lo devuelvo a la semana (…) El primer trimestre no me entregó absolutamente nada, en este segundo trimestre ya hubo más compromiso de parte de él, pero pues sí, algunos trabajos entrega, otro trabajos no, pero era por su realidad de su entorno, que la mamá pues solamente es la mamá y ya.14

Estos arreglos locales dejan en evidencia formas distintas de la desigualdad, no solamente asociadas a cuestiones socioeconómicas sino también a los márgenes de autonomía que pueden asumir los actores educativos. Estos se vinculan con tradiciones pedagógicas y relaciones políticas dentro de los sistemas escolares, sobre todo con las relaciones más o menos jerárquicas en las escuelas y las formas de control establecidas.

Por el lado de las tradiciones pedagógicas, los ensayos iniciales siguieron en la huella de lo que ya se hacía, pero empezaron a aparecer algunas novedades. Los primeros meses de la pandemia fueron tiempos de envíos de trabajos, asentados en la convicción de que un buen maestro es el que da mucha tarea15. Pronto la situación de pandemia invitó a escrituras más personales, a habilitar la expresión de las emociones y los afectos. En México se invitó a escribirles cartas a los maestros y a prestar atención a saberes no curriculares pero valiosos en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, un maestro guerrerense contó la siguiente experiencia:

Pensé que llevaran a cabo una actividad sobre qué están aprendiendo. Por ejemplo, toman mucha Pepsi, Coca, y entonces les propuse probar una semana sin refrescos ni jugo con azúcar. Les propuse tomar agua y contar los vasos de agua que tomamos. Las otras actividades son de observación: cuando vemos a una persona que está sana o enferma, entonces hay que dibujarlo, observarlo, comentarlo. Les propongo observar cuerpos, animales, plantas que tienen. (…) Otras cosas que me cuentan en las cartas que me mandan es que fueron a limpiar el terreno, llevé las bestias, fui a pastorear. Las mujeres dicen: me levanté temprano, hice el fogón, hice el café, tomé con mis familias, barrer, hacer la tarea, otra vez a moler y hacer tortillas. A la tarde se sientan a tomar café. Ven más el vínculo familiar.16

Si en México entraron más algunos saberes y prácticas locales, en Argentina se promovió la escritura de diarios de la pandemia, con recursos multimodales como dibujos, historietas y fotos. Una asesora pedagógica de una escuela secundaria pública en un barrio urbano marginal de la ciudad de Buenos Aires relató la experiencia desarrollada por tres profesores de artes y literatura, que se unieron para proponerles a los estudiantes de cuarto año que escribiesen un diario de la pandemia. Los docentes postearon en Classroom sus respuestas y los escritos de los alumnos fueron llegando; fue un desafío cómo hacer las devoluciones ante trabajos muy personales. Los profesores, que trabajaron en conjunto por primera vez, notaron que fue muy bueno poner el foco en lo vincular para que los jóvenes se conectaran más con la escuela. También observaron que, aunque no demoraban más de un día en responder, los estudiantes se angustiaban cuando no les confirmaban la recepción del trabajo. Los docentes tenían que trabajar en medio de equilibrios inestables, que exigían más cuidado y atención que en otras ocasiones.

En relación con los márgenes de autonomía para ensayar formas nuevas y promover relaciones políticas distintas dentro de los sistemas educativos, las experiencias argentinas y mexicanas parecen ir por carriles distintos. Una maestra de la ciudad de Buenos Aires dijo en una entrevista reciente, ya en situación de enseñanza híbrida y con presencialidad intermitente: «Estamos haciendo una planificación docente sin papeles». El «sin papeles» da cuenta tanto de las limitaciones de formato de la planificación educativa en una situación donde se controla muy poco, como de las dificultades para poner en palabras criterios y decisiones que se construyen sobre la marcha.

Mientras que en Argentina la regulación estatal es débil y el temor de las autoridades es a ser consideradas autoritarias, en el caso de las escuelas mexicanas la situación es distinta y las prácticas de autonomía encuentran límites concretos en formas burocráticas muy establecidas. La relación de sospecha del Estado hacia el trabajo de los docentes tuvo un punto crítico durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la evaluación docente instalada desde 2013, pero pareciera que, a pesar de la derogación de esta medida por el actual gobierno, la sospecha todavía se sostiene. 

Así, muchos docentes mexicanos son compelidos por las autoridades a reunir «evidencias» de los aprendizajes de sus alumnos como muestra de su propio trabajo de enseñanza, tal como se hacía en los tiempos de la evaluación docente. Estas evidencias suelen ser fotos de tareas que, multiplicadas por grandes números de estudiantes y actividades, constituyen un archivo burocrático hipertrofiado, lo que hace sospechar que esos registros no tienen en el fondo otro objetivo que el de que los docentes muestren que cumplieron con su tarea. Al mismo tiempo, la relación de la «evidencia» con los procesos de aprendizaje de los estudiantes es débil y es escasamente cuestionada; pareciera que, tanto para los alumnos en relación con los docentes como para los docentes en relación con las autoridades, lo importante es mandar la tarea, cumplir, sin que esos registros se inscriban en procesos de trabajo pedagógico que impliquen una devolución o retroalimentación sobre qué se hizo y qué se puede hacer mejor. Peor aún, la «evidencia» se convierte en la moneda de cambio en la relación entre docentes y alumnos o familias; es común escuchar a los docentes quejarse con y de los padres porque no enviaron evidencias, y a los padres quejarse de los maestros porque son unos «flojos» que lo único que quieren es justificar su trabajo. 

Ese esquema se reproduce en la relación entre los directores y los docentes. En la pandemia, y ante las dificultades para reunirse de forma presencial, se crearon sistemas de comunicación a través de WhatsApp y otras redes sociales para garantizar el trabajo. La desconfianza sobre cuánto y cómo se trabaja llevó a promover otro formato, el «reporte de incidencias», que el director o directora puede levantar toda vez que un docente no se comunique en el horario de trabajo. 

Pueden verse en estas pedagogías pandémicas muchos elementos contradictorios. La posibilidad de invención estuvo presente en grados muy distintos y dependió tanto de los recursos ya existentes como de los permisos y voluntades disponibles en cada sistema educativo. Los entornos sociotécnicos habilitaron ciertos cruces, aperturas y encuentros, pero también limitaron otros, y en algunos casos expandieron el celo burocrático de registrar todo a niveles superiores. Lo que parece indiscutible es que la pandemia ha sido y es un tiempo en el que hubo que alterar posiciones y revisar certezas, en el que las desigualdades se hicieron más evidentes y aparecieron como un problema, y en el que las pedagogías tuvieron que revisarse a la luz de estos nuevos desafíos.

¿Qué quedará de todo esto cuando pase la pandemia? Ya se vio que los pronósticos iniciales fracasaron rotundamente, así que no habría que repetir la experiencia. Pero una mirada a la historia puede traer algunas perspectivas que ayuden a colocar este episodio en el largo plazo. El historiador Emmanuel Saint-Fuscien señala que, al término de la Primera Guerra Mundial, muchos de los cambios que se habían producido en el sistema educativo francés durante el conflicto bélico (más mujeres en puestos directivos, más autonomía y movilización de las comunidades escolares, apertura de contenidos curriculares) no pudieron sostenerse. Pero otros sí: en 1919 se equiparó el salario de maestras y maestros, en 1921 se creó la Liga Internacional para la Escuela Nueva, en 1923 se introdujo el autogobierno infantil en los planes de la escuela primaria, y avanzó la idea de una escuela secundaria unificada, ya que «si los hombres habían combatido en la misma trinchera, los niños tenían que sentarse en los mismos bancos de escuela»17. No se puede saber si las experiencias de haber pasado por situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, de haber experimentado la necesidad de mejores infraestructuras públicas, de haberse preocupado por los efectos de la desigualdad, de haber ensayado una escuela que se desplaza, aunque sea de a ratos, de la preocupación por el control y el cumplimiento burocrático hacia formas de trabajo con más compromiso y desafío intelectual, dejarán huellas duraderas. No se puede saber eso, pero sí se puede intentar, desde la política pública, la investigación y la formación docente, que esos ensayos se vayan afirmando como posibilidades concretas para nuestras escuelas.

  • 1.

Jonathan Zimmerman: «Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment» en Chronicle of Higher Education, 10/3/2020.

  • 2.

Banco Mundial: Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de covid-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe, Washington, DC, 2021.

  • 3.

También en estos países hay desigualdad en el acceso, sobre todo en los sectores urbanos pobres. Sobre la experiencia europea, v. Niels Kerssens y José van Dijck: «The Platformization of Primary Education in The Netherlands» en Learning, Media and Technology, 2021; Ben Williamson y Anna Hogan: Commercialisation and Privatisation in/of Education in the Context of covid-19, Education International, Bruselas, 2020.

  • 4.

Jenna Burrell: Invisible Users: Youth in the Internet Cafés of Urban Ghana, The MIT Press, Cambridge, 2012.

  • 5.

INEGI: Encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020, disponible en www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf.

  • 6.

El proyecto «Recepción, experiencias y prácticas de la estrategia ‘Aprende en casa’ en la emergencia covid-19. Un estudio desde la heterogeneidad», cuya responsable es Rosa María Torres, es una investigación conjunta de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), DIE-CINVESTAV, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y Flacso México. Las entrevistas referidas fueron realizadas por Yuri Paéz y por mí.

  • 7.

Como parámetro, puede verse el cálculo que hace un docente de la comunidad del ingreso promedio de las familias: 3.000 pesos mensuales (150 dólares). Entrevista a maestro de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 12/3/2021.

  • 8.

Entrevista a director de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 22/3/2021.

  • 9.

Ministerio de Educación de Argentina, Secretaría de Evaluación e Investigación Educativa: «Informe preliminar. Encuesta a docentes. Continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por covid-19», 8/2020, disponible en www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_preliminar_encuesta_a_docentes_enpcp.pdf.

  • 10.

Ver Jonathan Crary: 24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño, Paidós, Buenos Aires, 2014.

  • 11.

Geert Lotvink: «The Anatomy of Zoom Fatigue» en Eurozine, 2/11/2020.

  • 12.

Además del libro de Burrell mencionado en la nota 4, v. la lúcida intervención de Evgeny Morozov: «Capitalism’s New Clothes» en The Baffler, 4/2/2019.

  • 13.

Ben Williamson, Rebecca Eynon y John Potter: «Pandemic Politics, Pedagogies and Practices: Digital Technologies and Distance Education during the Coronavirus Emergency» en Learning, Media and Technology vol. 45 No 2, 2020.

  • 14.

Maestra de quinto de primaria, escuela pública, Ciudad de México, 26/3/2021.

  • 15.

Patrick Rayou (dir.): Faire ses devoirs: enjeux cognitifs et sociaux d’une pratique ordinaire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010.

  • 16.

Entrevista a maestro de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 12/3/2021.

  • 17.

Annie Tobaty: «L’école face à l’épreuve: quelle histoire?», entrevista a Emmanuel Saint-Fuscien en Administration et Éducation No 169, 2021, p. 20.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 293, Mayo - Junio 2021, ISSN: 0251-3552

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El pueblo de Cuba, las crisis, y los modos de manejarlas. Veinte puntos en modo urgente

1- La década 1975-1985 fue la de mejor desempeño socioeconómico en Cuba —soporte de la URSS mediante—. Sobre esa historia los cubanos estaban parados para perder luego, en promedio, casi 20 libras per capita en los 1990. Los indicadores con los que Cuba llegó a los 1990, sobre pobreza y desigualdad, estaban entre los más bajos en la región. El liderazgo cubano de entonces, específicamente Fidel Castro, por mucho que no le guste a parte de la sociedad nacional cubana, jugó un papel decisivo en las formas de construir los consensos y lidiar con los disensos de entonces.

2- En 2021 muchas cosas han cambiado. Cuba no cuenta con nada parecido a aquel colchón social ni a aquellas estadísticas sobre desigualdad ni a aquella inserción internacional ni a las condiciones que hicieron posible aquel liderazgo. Cuba necesita hoy muchas novedades.

3- La actual es una crisis que cabalga sobre varias crisis previas y concomitantes:  crisis económica, crisis demográfica, crisis de cuidados, que se combinan con la crisis pandémica, las crisis internacionales —cada vez con periodos más cortos entre sí— y el agravamiento de la política estadunidense contra Cuba.

4- Existe también crisis de horizontes —que se observa muy clara en el potencial migratorio—, y crisis de confianza en espacios políticos e institucionales, que se sostienen, en medio de una convivencia difícil, con otros desarrollos institucionales exitosos como la política pública de producción y distribución de vacunas anticovid.

5- En los 1990 mantener la doble moneda fue crucial para evitar que aquella crisis social fuese aún más explosiva. Con los años, algo más de la mitad de la población llegó a recibir alguna cantidad de CUC. Una parte de ellos provenía de formas de pago y estimulación salarial. Otras, las más importantes, de remesas.

6- El “Ordenamiento” de 2021 ha eliminado el CUC, pero nadie en Cuba gana hoy de modo oficial divisa convertible. Contra la promesa oficial de mantener “bajo control” la dolarización, disponer hoy de alguna divisa es esencial para comer, usar jabón, o comprar una batidora para el hijo por nacer.

7- Desconozco una cifra confiable de quienes no reciben remesas en Cuba, pero es claro que estos son los afectados directamente por este tipo de medidas, amén de lo que les llegue luego por vía de redistribución —recurso que está experimentado sucesivos recortes, como las eliminaciones de subsidios.

8- Sin embargo, se saben algunas cosas: al menos 221 425 personas mayores viven solas en Cuba, y son mayoritariamente mujeres. El 82,3% de esos adultos mayores cuenta con ingresos que son consecuencia del trabajo o la jubilación, pero no tienen otra fuente de ingreso.  De los hogares cubanos, los que forman parejas sin hijos han crecido hasta 23,7%.

9- Se sabe también que por cada dólar de remesa que recibe una persona con color de piel negro, una de color blanco puede recibir hasta tres dólares, debido a la estructura histórica de la migración cubana.

10- La reciente medida sobre el dólar no va a crear la desigualdad en Cuba, pero la va a afianzar en un marco de ausencia de políticas que reconozcan de modo transparente los problemas crecientes asociados a la pobreza y la desigualdad.

11- Esas medidas están siendo tomadas sin intervenir de modo importante sobre el marco de respuestas individuales y familiares a la crisis que se han impuesto desde los 1990. En específico, descargan sobre las familias emigradas costos de la vida en Cuba —y ahora más, costos de transacciones financieras impuestas por el bloqueo— y, en el plano interno, “se comen” el aumento salarial decretado por el Ordenamiento.

12- A la vez, es consensuado que si bien la política oficial hacia la emigración ha experimentado avances, sigue siendo muy insuficiente. El texto de la nueva Constitución no menciona una sola vez la palabra migración, en un país que tiene a los balseros de los 90 y a los que cruzaron no hace mucho la selva del Darién, como marcas de fuego de su memoria nacional.

13- Las combinaciones de estas crisis se experimentan, además, en un ambiente político en el cual hay actores autointeresados en cerrar herméticamente la crítica frente a todo desempeño oficial. Con ello, hablan exclusivamente consigo mismos y suman exponencialmente problemas políticos a la crisis, como el acceso a derechos de participación y a la intervención en la deliberación pública. Son máquinas de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos.

14- Por ese camino, ese sector político bloquea saberes y experiencias de vastas zonas sociales al etiquetarlas como “enemigas”. Han “programado” un algoritmo de la exclusión que impide la formación de consensos, obstaculiza respuestas colectivas, y mina la confianza social en la concertación de esfuerzos propios y en la capacidad de instituciones para dar respuestas públicas a problemas colectivos.

15-A la vez, la política estadunidense de bloqueo, que el año próximo cumplirá sesenta años, pica y se extiende. Es una trampa justificar cualquier comportamiento represivo del Estado cubano a través del bloqueo, pero relativizarlo es otra trampa. Justificarlo, más aún, es un crimen.  No abrirse a la consideración de todas las alternativas posibles para combatirlo es otro crimen. Cualquier alternativa patriótica cubana tiene que tener en la condena incondicional del bloqueo un núcleo de sus convicciones.

16- La experiencia histórica cubana muestra maneras de manejar las crisis. En 1898 casi la mitad de La Habana vendía melcochas a centavo, pues solo sobraba el azúcar. En esas condiciones, el independentismo cubano, a través de una enorme lucha de masas pudo derrotar la línea anexionista de la facción “jingoísta” de la política estadunidense y de sus aliados en Cuba. Tras la crisis de 1929, que impactó en Cuba como en ningún otro país de la región, hubo olas de suicidios en la Isla. En esas condiciones, el pueblo cubano dio la “batalla por la Constituyente” de 1940, y consiguió la legislación social más profunda de la historia nacional hasta entonces.

17- En 1958 el producto Interno Bruto por habitante de Cuba ocupaba el tercer lugar de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay. Sin embargo, la politización de la desigualdad existente, y el régimen dictatorial de Batista, hizo intolerable la situación. En ese contexto, vecinos de Santa Clara derrumbaron paredes de sus propias casas para evitar el paso de tropas batistianas durante la batalla en esa ciudad, y el pueblo cubano construyó un enorme arco ideológico de oposición al tirano. Tras la Revolución, las situaciones de crisis se manejaron apelando a soluciones colectivas. La crisis de octubre puso a cargo de las baterías antiaéreas a muchachos de toda Cuba, cuyos testimonios de hoy no dicen que fueron forzados a hacerlo. La crisis de los 90 experimentó, al menos hasta 1996, un ambiente de apertura relativa de los debates sobre las alternativas cubanas, como hicieron espacios como el Centro de Estudios de América, y como hizo la promesa, y en bastante medida la realidad, de vivir de modo parejo la crisis.

18- Toda esa historia contiene lecciones lo mismo para quienes pretenden llamar “mercenaria” a cuanto crítica se ejerza en Cuba y apuestan por resolver por vía policial toda disidencia, como para los que naturalizan la injerencia estadunidense sobre la nación.

19- Las respuestas colectivas, las articulaciones sociales, la elaboración inclusiva de lo que se considera como el pueblo cubano, la defensa de nociones democráticas de la soberanía nacional, la ampliación de los espacios de discusión sobre las alternativas posibles, fueron el sustrato democrático de las soluciones a esas crisis.

20- Una lección clave, en resumen, parece ser que gestionar la crisis ampliando derechos, tanto políticos, como sociales, es el camino mas firme para las soluciones del futuro.

Por Julio César Guanche

19/06/2021

Julio César Guanche

Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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Miles de manifestantes se juntaron en las calles de todos los estados de Brasil en protesta contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y a favor de las vacunas. La impresionante foto de la Avenida Paulista de San Pablo, corresponde al fotógrafo Ricardo Stuckert.

Sao Paulo. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Brasil superó 500 mil muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación.

"500 mil vidas perdidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo", tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498 mil 499 muertos, con un promedio diario de más de 2 mil en los pasados siete días.

Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, Recife y Sao Paulo, donde a pesar del frío, una marea humana inundó unas 10 cuadras de la avenida Paulista, marco de la capital económica de Brasil.

"Tenemos más de 2 mil muertos por día. Perdimos a más de 500 mil personas por una enfermedad que tiene vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro: escuche al pueblo", expresó Tita Couto, estudiante de 21 años que acudió a la manifestación en Sao Paulo junto a sus amigos. Muchos manifestantes llevaron carteles con el número "500 mil".

"Fuera Bolsonaro", "Fuera genocida", "Gobierno del hambre y el desempleo", "Vacuna ya" y "Vacuna en el brazo y comida en el plato" fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río y Sao Paulo. El viernes el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que "es mejor infectarse".

La lentitud de la vacunación contra el Covid-19 en Brasil, donde sólo 11.5 por ciento de la población de 212 millones de personas ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización.

Al caer la tarde, la temperatura cayó en Sao Paulo y comenzó una llovizna, pero la multitud creció. Hinchas de los clubes rivales de futbol Corinthians y Palmeiras marcaron presencia con enormes banderas "por la democracia".

Más temprano, en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad. "La posición de él (Bolsonaro) en relación con el Covid-19 y su negacionismo son absurdos. Él ya salió de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surrealista", clamó Robert Almeida, fotógrafo de 50 años.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Éste no acudió a la cita para evitar que su presencia dominase "una manifestación convocada por la sociedad brasileña", tuiteó hace dos días. Y agregó: "500 mil muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna, en un país que ha sido referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre: genocidio".

Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos. Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. A pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola, el gobierno acogió este mes la Copa América de futbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

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