Elecciones en Perú: Pedro Castillo, a punto de cantar victoria

Keiko Fujimori, en desventaja, habló de irregularidades y de fraude

Con el 96,42 por ciento de los votos contabilizados, el candidato de izquierda obtenía 50,29 por ciento y Keiko 49,71 por ciento. El maestro rural hizo un llamado a “respetar y defender la voluntad popular”.

 

Desde Lima

La izquierda se acerca al triunfo. Por lo estrecho del resultado todavía no hay una definición, pero con cada nuevo reporte del conteo oficial, su candidato, el profesor y sindicalista Pedro Castillo, aumenta sus opciones de victoria sobre la derechista Keiko Fujimori. Un país envuelto en la incertidumbre y la tensión estuvo todo el lunes pendiente del avance del conteo oficial de la elección presidencial del domingo. Y terminó el día sin una certeza absoluta del ganador. En un final de infarto, una campaña que ha polarizado y dividido al país se definía por décimas. Terminó el lunes sin un ganador, pero Castillo se estabilizaba como el probable triunfador. Hubo movilizaciones de los simpatizantes del candidato izquierdista “para defender el voto”. Se dieron algunos enfrentamientos con la policía. Al cierre de esta nota, con el 96,42 por ciento de los votos contabilizados, Castillo obtenía 50,29 por ciento y Keiko 49,71 por ciento. Estas décimas de distancia entre uno y otro implican una diferencia de solamente 91 mil votos sobre 18,1 millones de votos ya contados. 

Denuncia endeble

Con los resultados en contra, Keiko rompió su silencio la noche del lunes para hablar de “irregularidades” y “fraude”. Lanzó la temeraria acusación en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Miembros de su partido que la acompañaron cuestionaron a los fiscales de mesa de su contrincante por impugnar votos y presentaron un par de casos de supuestas cédulas marcadas o con una alta votación para Castillo que, sin mayores evidencias, indicaron que sólo un fraude podía explicar. Fue una denuncia endeble, que sonó a un acto desesperado de quien se ve derrotado. Antes de la votación, con las encuestas en contra, medios afines al fujimorismo comenzaron a crear un escenario para denunciar un fraude si el resultado no les favorecía. El lunes, Keiko activó ese escenario.

"Vigilia ciudadana"

Poco después, Castillo le respondió haciendo un llamado a “respetar y defender la voluntad popular”. Habló desde un balcón de su local partidario en Lima ante sus entusiasmados seguidores. “Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Seré el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano”, señaló. La multitud rompió en aplausos. Convocó a “una vigilia ciudadana en defensa de la democracia” y calificó de “héroes y heroínas de la democracia” a sus fiscales de mesa, cuestionados por el fujimorismo. Hizo un llamado “a la más amplia cordura, a la tranquilidad”. Entre aplausos y vítores terminó diciendo “solo el pueblo salvará al pueblo”.

Keiko comenzó el lunes adelante en el conteo oficial. El primer reporte al 42 por ciento del total de votos dado cerca de la medianoche del domingo le había dado casi seis puntos de ventaja. La hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori, que busca restaurar el régimen fujimorista, pasó todo el día lunes en su local partidario viendo como con en el transcurrir de las horas la presidencia se le volvía a escapar por tercera vez consecutiva. Y, otra vez, como en 2016, por muy pocos votos.

Durante el lunes, con cada nuevo reporte del organismo encargado de contar los votos, el candidato que ha desafiado el statu quo neoliberal fue acortando la distancia. En la tarde, cuando el recuento bordeaba al 90 por ciento, había pasado al primer lugar. Y fue ampliando de a pocos su mínima ventaja con cada nuevo informe del conteo de votos, publicados aproximadamente cada media hora en la página web de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El país seguía con angustia, de uno y otro lado, esos reportes.

El voto del interior

El repunte de Castillo en el conteo oficial se explica porque se registran primero los votos de las zonas urbanas más cercanas a los centros de cómputo. Ahí estaban los votos de Lima y otras ciudades donde Keiko ganaba. Cuando fueron llegando en mayor cantidad los votos del interior y de las zonas rurales, Castillo comenzó a reducir la distancia y pasó adelante.

El maestro de izquierda gana en casi todo el país, pero la candidata de la derecha lo equipara en votos con su triunfo en Lima -que concentra un tercio de electores y donde obtenía 65,6 por ciento según el resultado oficial ya al cien por ciento en la capital- y en otras regiones de la costa. En las zonas andinas y rurales, pobres y marginadas, Castillo ganaba ampliamente, en algunas regiones superando el 80 por ciento. Esos votos, los últimos en contarse, le daban la victoria en el incierto lunes postelectoral.

Voto en el exterior

En el fujimorismo no se resignaban a una nueva derrota y se aferraban a la esperanza del voto en el extranjero para voltear el resultado. Cerca de un millón de peruanos estaban habilitados para votar en el exterior, pero el avance del conteo de este voto, que el lunes llegaba al 26 por ciento, registraba un ausentismo por encima del 60 por ciento. En el conteo parcial de este voto, Keiko obtenía el 61,9 por ciento, que era algo más de 48 mil votos, mientras Castillo alcanzaba 30 mil votos. Faltarían contarse unos 300 mil votos del exterior. En Argentina, con el conteo al 99,7 por ciento, habían votado algo más de 46 mil peruanos, solamente un 37 por ciento de los habilitados para hacerlo. Keiko ganaba con 57,3 por ciento. Keiko dijo estar “muy optimista” de que el voto del exterior “equipare el resultado”.

Castillo, que había recibido los primeros resultados en su natal Cajamarca, una región andina del norte del país, viajó en la mañana del lunes a Lima. Fue a su local partidario en el centro de la ciudad, donde sus seguidores se aglomeraban en la calle. Salió a un balcón del segundo piso y saludó levantando los brazos. Fue recibido con aplausos y arengas. A esa hora los resultados oficiales todavía daban ganadora a Keiko. Al final de la tarde, ya con los resultados parciales a su favor, volvió a aparecer en el balcón. Frente al local partidario el ambiente ya era de victoria. En la noche volvería a pararse en ese balcón para responderle los intentos de Keiko de ensuciar el proceso electoral que le daba la victoria a la izquierda.

 

Por Carlos Noriega

08 de junio de 2021


Pedro Castillo: el hombre del Perú invisibilizado

Por Marco Teruggi

08 de junio de 2021

Desde Lima

Perú vive horas históricas. Pedro Castillo, un hombre del país invisible, rural, pobre, con sombrero blanco y un liderazgo en ascenso, puede convertirse en el próximo presidente. Así lo indican los números que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) arroja cada media hora y que todos siguen en radios, televisores, redes sociales, viendo como Castillo, progresivamente, se ubica por delante de su contrincante, Keiko Fujimori que se queda con pocas posibilidades de victoria.

La tendencia aparece como difícilmente reversible. Fujimori afirmó en la noche del lunes que los votos del extranjero podrían “emparejar” el resultado, y denunció la existencia de “indicios de fraude en las mesas (…) planificado y sistemático”. El anuncio de la candidata de Fuerza Popular ocurrió cuando Castillo la aventajaba por 90.000 votos, con el 94.47% de las actas, tanto del Perú como de fuera, contabilizadas.

No se trata de una elección más: el resultado dirá no solamente quién será el próximo presidente, sino qué tipo de modelo económico, político, se intentará construir y qué conflictos habrá en un país en crisis política prolongada. Castillo, quien durante la primera vuelta electoral figuraba en la categoría “otros” en las encuestas electorales, y era conocido centralmente por su dirigencia en la huelga docente del 2017, emergió producto de esa crisis y de sus aciertos.

La trascendencia de la elección fue clara desde que se supo que el maestro campesino, candidato del partido Perú Libre, pero sin provenir de su estructura, iba a enfrentar a Fujimori. La amenaza percibida por el statu quo peruano, los poderes empresariales, mediáticos, partidos de derecha, fue proporcional a la campaña de miedo, muchas veces terror, que se desplegó contra Castillo y lo que significaría un gobierno bajo su presidencia.

El despliegue contra el candidato de izquierda resultó apabullante, en el marco de un país con fuerte concentración mediática en manos del grupo El Comercio y medios aliados. Los principales periódicos y canales de televisión pasaron a afirmar día tras día que su victoria llevaría al país al comunismo, una crisis económica, con aumento del dólar, desempleo, robo de ahorros, expropiaciones masivas. Esa amenaza, en el marco de un país golpeado por la pandemia y la recesión, se unió a otra: los puentes que existirían entre Castillo y el terrorismo.

Esto último buscó activar los resortes de miedos, traumas y dolores anclados en la sociedad peruana, de forma distinta en el interior del país respecto a la capital, Lima. Castillo fue terruqueado, palabra usada en la política peruana para acusar a alguien de terruco, es decir terrorista o cercano a lo que fue Sendero Luminoso. El dispositivo de miedo buscó así ligar al candidato presidencial con la crisis económica y la violencia, dos fantasmas profundos de la historia reciente peruana.

La campaña mediática del miedo estuvo acompañada de un proceso de construcción de una imagen democrática y maternal de Keiko Fujimori. Una de las expresiones más simbólicas de esa operación fue el rol que cumplió Mario Vargas Llosa al llevar adelante un apoyo activo a Fujimori. El premio Nobel de literatura giró integralmente su postura de treinta años. En el 2016, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta y finalmente perdió por 40.000 votos ante Pedro Pablo Kuczynski, había afirmado: “Keiko Fujimori es Fujimori, todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú”.

Uno de los momentos culmines de ese giro ocurrió durante el acto de cierre de Fujimori el jueves antes de las elecciones. Allí, entre repeticiones del estribillo de campaña “hoy enfrentamos una grave amenaza, al comunismo le tenemos que ganar”, Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario, subió al escenario para abrazar a Keiko y afirmar que “la causa de la libertad es hoy Keiko Fujimori”.

La violencia mediática, así como la unificación de actores históricamente enfrentados, fue reflejo de la amenaza percibida ante una posible victoria de Castillo, quien llegó con una propuesta central: refundar la patria a través de un proceso constituyente. El candidato de Perú Libre puso sobre la mesa la necesidad de desmontar la Constitución redactada en 1993 bajo Alberto Fujimori y recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos mineros, energéticos, centrales en la economía peruana.

La velocidad con la cual emergió su liderazgo puede explicarse por la existencia de un descontento social profundo del orden de lo económico y lo político. Uno de los últimos acontecimientos que evidenció esa situación fueron las masivas movilizaciones de noviembre, que ocurrieron ante la destitución del presidente Martín Vizcarra llevada adelante por el Congreso, seguido del nombramiento de Manuel Merino al frente del Ejecutivo. Éste último se mantuvo cinco días en la presidencia hasta renunciar debido a la magnitud de las protestas.

Ese acontecimiento mostró tres elementos centrales. En primer lugar, la descomposición política, partidaria, institucional, en un país donde todos los presidentes desde el 2001 han sido acusados por corrupción -al igual que Keiko Fujimori-, y el anterior, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de presión por crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, la magnitud de una movilización que no se había visto en Lima desde la marcha de los cuatro suyos en el año 2000, contra Fujimori. En tercer lugar, la poca organización de quienes se movilizaron, la poca capacidad en el país de sindicatos, partidos y movimientos.

El liderazgo de quien encabeza las encuestas y podría ser el próximo presidente emerge de ese contexto político, y en una situación de profunda desigualdad social entre las provincias y la capital, y al interior de la misma Lima, como lo muestra, por ejemplo, el contraste en la zona de Miraflores y los cerros de Villa María del Triunfo.

La dimensión de lo que está en juego podría influir sobre los tiempos para que sea anunciado un resultado oficial. La denuncia de fraude Fujimori, predecible en caso de resultado adverso como el que se presentó a lo largo del recuento, podría afectar ese proceso. En cuanto a Castillo, quien se encuentra en Lima, ha demostrado tener apoyo popular movilizado, algo que podría ser determinante en caso de una pulseada para que sea anunciado el resultado final. 

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Pedro Castillo con una leve ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo rápido

A la espera de las cifras oficiales, el conteo rápido de Ipsos, que es más preciso que la boca de urna, invirtió el orden de la encuesta siempre en un marco de extrema paridad. Le dio una ligera ventaja al candidato de la izquierda con 50,2% sobre su rival derechista que alcanza un 49,8%.

Los peruanos se fueron a dormir con la incertidumbre de quién será el próximo presidente. Un conteo rápido al cien por ciento, realizado por Ipsos con una muestra de actas electorales representativas de todo el país, le daba una ligera ventaja al izquierdista Pedro Castillo con 50,2 por ciento y a la derechista Keiko Fujimori un 49,8 por ciento. La diferencia está dentro del margen de error. Alfredo Torres, director de Ipsos, explicó que era necesaria una diferencia de dos puntos para declarar un ganador. “Esto es un empate técnico. El resultado puede cambiar”, dijo Torres. Antes, una encuesta a boca de urna, también de Ipsos, había colocado primero a Keiko con 50,3 por ciento y a Castillo le daba 49,7 por ciento. Con estas cifras quedó instalada la incertidumbre.

Al momento del cierre de esta edición no había resultados oficiales. Los primeros se anunciaron para las 23:30 hora local (1:30 de la madrugada hora de Argentina). Con una diferencia tan estrecha esos primeros resultados parciales no definirían con certeza un ganador, por lo que habría que esperar hasta este lunes para aclarar la situación.

Castillo fue el primero en pronunciarse. Lo hizo una hora después de conocerse los primeros resultados a boca de urna, que recibió en su natal pueblo de Tacabamba, en la provincia de Chota de la andina región de Cajamarca. Pidió calma y esperar los resultados oficiales.

“Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, sabe lo que hace, es inteligente. Compañeros, hermanos, compatriotas, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Esperemos los datos oficiales. Hermanos, tranquilidad”, dijo, hablándole desde un balcón a sus partidarios, que estallaron en aplausos y gritos de “sí se puede”. Tenían la esperanza que los resultados oficiales reviertan las cifras a boca de urna. El conteo rápido a favor de Castillo alimento esa esperanza.

Poco antes, en un mensaje enviado por Twitter, Castillo había llamado a “defender el voto”. “Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa del voto”, escribió. Sus partidarios se reunieron en las afueras del local de Tacabamba donde estaba el candidato.

Después se pronunció Keiko. Coincidió en que esperaría los resultados oficiales. Habló minutos antes que salga el conteo rápido, que volteó el resultado y ponía primero a Castillo. “Esta campaña ya culminó y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogo entre todos los grupos políticos. Aquí no hay un ganador o un perdedor, lo que se tiene que buscar es la unidad de todos los peruanos. Desde ya invoco a la prudencia, la calma y la paz a ambos grupos. Por esa prudencia vamos a esperar los resultados oficiales”, dijo desde su local partidario en Lima.

Horas antes había recibido los resultados a boca de urna junto a su esposo, sus dos hijas y militantes cercanos lugar. Al escuchar las cifras que le daban una mínima ventaja saltó de júbilo, comenzó a aplaudir y a abrazarse con todos. Desde el fujimorismo se encargaron de entregar esas imágenes triunfalistas a la televisión. Luego, con su mensaje, le bajaría el tono a ese inicial triunfalismo. Simpatizantes fujimoristas se reunieron en ambiente celebratorio en las afueras del local partidario. El conteo rápido fue un duro golpe.

Campaña de miedo

Castillo estuvo adelante en todas las encuestas desde el comienzo de la campaña de segunda vuelta hace dos meses. Una masiva campaña de miedo en su contra, con amplio apoyo mediático, asustando con una supuesta “dictadura comunista y chavista” si ganaba Castillo, y algunas inconsistencias al presentar sus propuestas de cambio, fueron haciendo crecer a Keiko como el mal menor, y en la última semana la elección comenzó a dársele vuelta al candidato que levantó las banderas del cambio del modelo económico neoliberal. Ha sido una campaña desigual, con la cancha inclinada a favor de Keiko, que tuvo el apoyo de los grandes medios y de todo el poder económico.

Lima, bastión de Keiko; el interior votó por Castillo

Keiko ganó en Lima y otras cinco regiones de la costa. En la capital, que concentra un tercio del electorado, obtuvo cerca del 70 por ciento. Si se ve territorialmente, la mayor parte del país votó en su contra. Castillo triunfaba en la mayoría de regiones del interior, y en las zonas del sur andino, las más pobres y marginadas, lo hacía ampliamente. En algunas de esas regiones andinas superaba el 80 por ciento. La elección deja una notoria división del país, territorial y social. División con la que deberá lidiar el próximo gobierno en un contexto de polarización y serios problemas de gobernabilidad.

El nuevo gobierno asumirá luego de cinco años de un período presidencial convulsionado, con cuatro presidentes -uno que duró menos de una semana-, dos Congresos y los últimos jefes de Estado procesados por corrupción. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 por un mínimo margen de votos, como en esta elección, renunció en marzo de 2018 en medio de una guerra con el Congreso de mayoría fujimorista; lo reemplazó su vice, Martín Vizcarra, que en septiembre de 2009 en uso de sus facultades constitucionales disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. El nuevo Parlamento, sin mayoría fujimorista y fragmentado en pequeñas bancadas, destituyó a Vizcarra en noviembre de 2020 por cargos de corrupción en investigación. Su remplazante, el legislador Manuel Merino, tuvo que renunciar antes de cumplir una semana en el cargo por las masivas protestas sociales en su contra y fue sustituido por el actual mandatario Francisco Sagasti.

Los analistas estiman que este nuevo período presidencial podría ser tan inestable como el que se cierra. La extrema polarización de esta campaña y la fragmentación política, expresada en un Congreso con diez bancadas en el cual el cual nadie tendrá mayoría propia, amenazan extender para el nuevo período presidencial los problemas de gobernabilidad e inestabilidad.

Los dos candidatos comenzaron el día con el tradicional desayuno electoral. Castillo lo hizo en el patio de su casa en Cajamarca. Keiko se desplazó de su vivienda en una exclusiva zona de Lima al distrito popular de San Juan de Lurigancho, el más grande la capital del país, donde se armó una mesa al aire libre para desayunar ante la prensa. Los dos estuvieron acompañados de sus familias. Coincidieron en agradecer el apoyo recibido y en pedir a la población que vaya a votar.

Los dos candidatos votaron rodeados de simpatizantes. Castillo lo hizo primero, al mediodía, en su natal poblado de Tacabamba. Llegó caminando, flanqueado por una multitud, mientras desde los balcones de la estrecha calle recibía los aplausos de los vecinos. Antes de votar, visitó la casa de sus padres. Luego de sufragar dio un mensaje de unidad.

“Saludo al país por esta fiesta democrática. Espero que el día de hoy, más allá de la fiesta política, los peruanos podamos entender que si no nos unimos no podremos sacar al país de esta crisis”, señaló el candidato. Tenía previsto viajar a Lima para recibir los resultados, pero suspendió su viaje porque dijo que se quedaría con sus padres que estaban delicados de salud.

Keiko votó en un colegio de un barrio residencial de Lima. Una de las zonas acomodadas donde tiene amplio respaldo. En su territorio en estas elecciones, fue recibida y despedida con aplausos. Fue una entrada y salida tumultuosa y desordenada. “Gracias a los que nos han apoyado”, fueron sus breves palabras.

El incidente más grave en el proceso electoral se produjo cuando fue a votar la candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Castillo, Dina Boluarte. Lo hizo en un barrio de clase media de Lima. Para la candidata de la izquierda que recibe importante respaldo en el interior del país y en zonas populares, pero amplio rechazo en los barrios residenciales de la capital, fue como entrar en territorio enemigo. Fue abucheada e insultada. Estaba custodiada por la policía, lo que evitó que se vaya más allá de la agresión verbal. Mientras le gritaban de todo, la candidata levantaba los brazos. Una lamentable muestra del nivel de intolerancia al que han llegado ciertos sectores en esta campaña y de la polarización que se ha dado en el país. 

Por Carlos Noriega | 07/06/2021


Quien gane el ballottage heredará un escenario complejo

Elecciones en Perú: el país atraviesa una inédita crisis sanitaria, económica y política

Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo por la covid-19 y económicamente es uno de los más golpeados. Grandes inequidades y exclusiones como consecuencia del modelo neoliberal. 

Por Carlos Noriega

07 de junio de 2021

Desde Lima

Un país en una profunda crisis sanitaria, económica, social y política, de las peores que recuerde su historia, es el que encontrará el próximo gobierno. Una crisis a la que se suma la extrema polarización y división que ha dejado esta campaña electoral. A ese complicado escenario se agrega una inestabilidad política que ha marcado los últimos cinco años.La salud en tiempos de pandemia y la economía serán los dos grandes retos del nuevo gobierno. Además de lograr estabilidad en un fragmentado y agitado ambiente político.

El durísimo golpe de la pandemia - Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo y económicamente es uno de los más golpeados- ha puesto en trágica evidencia las debilidades y grandes inequidades y exclusiones de un modelo neoliberal que se había vendido como exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que se ha desmoronado por sus grandes carencias sociales.

Perú impuso una temprana y rígida cuarentena cuando estalló la pandemia, la primera en la región, pero con un 70 por ciento de trabajadores en la informalidad, con precariedad salarial y sin derechos laborales, muchos sobreviviendo día a día, poca ayuda gubernamental para aguantar la cuarentena, deficientes servicios públicos y la incapacidad de un Estado debilitado por el modelo neoliberal, la cuarentena tuvo muchas fisuras y los contagios se multiplicaron.

Un sistema de salud precario 

La pandemia colapsó un sistema de salud precario, desfinanciado y abandonado por treinta años de neoliberalismo. Esta campaña electoral se ha desarrollado con el trasfondo de dramáticas escenas de hospitales desbordados, gente muriendo sin poder ser atendida por falta de camas y de oxígeno, negocios privados lucrando en nombre del libre mercado con la desesperación de miles y elevando los precios de la atención médica, del escaso oxígeno y de los medicamentos.

Enfrentar la pandemia será la primera tarea urgente del próximo gobierno. Entre tantos problemas, heredará un programa de vacunación en marcha, que en febrero comenzó lento, pero se viene acelerando, y contratos ya cerrados por 60 millones de dosis de  vacuna y un plan para inmunizar a toda la población mayor de 18 años para diciembre. El actual gobierno ha anunciado que cuando deje el poder en julio ya estarán vacunados diez millones de personas, un tercio de la población. El próximo gobierno deberá darle continuidad al programa de vacunación.

“El próximo gobierno va a recibir una segunda violenta ola de la pandemia en franco descenso y un programa de vacunación estabilizado, pero va a encontrar un precario sistema de salud. Deberá duplicar la capacidad hospitalaria, pagar deudas laborales al personal de salud, contratar más personal y trabajar mucho para mejorar el sistema de atención primaria de salud que está en una situación delicada. Se necesita aumentar la inversión, Perú es uno de los países de la región que menos invierte en salud, y hacer una profunda reforma y modernización del sistema sanitario. El tema de la salud debería ser una prioridad absoluta para el próximo gobierno”, le declaró a PáginaI12 el exministro de Salud Víctor Zamora.

Aumentaron el desempleo y la pobreza

Con la crisis de 2020, el PIB cayó once puntos, hay más de dos millones de nuevos desempleados y 3,3 millones han caído en la pobreza, la que se ha elevado de 21,2 a 31,1 por ciento, lo que significa un retroceso de diez años en su reducción. Además de esta cifra de pobreza, medida en términos monetarios, hay otro 35 por ciento considerado oficialmente no pobre pero que vive en situación de vulnerabilidad. La deuda externa, aunque sigue siendo baja en relación al PIB comparada con otros países de la región, subió de 27 a 36 por ciento del PIB. El déficit fiscal se elevó de 1,6 por ciento en 2019 a 8,9 por ciento en 2020.

“La magnitud de la crisis es enorme. La situación es muy grave, difícil, complicada. Se está recuperando el PIB, pero no el empleo. Para reactivar la economía se necesita un programa inmediato de inyectar ingresos a la economía, a través de inversión pública, créditos a las empresas y bonos de ayuda económica a la población. En Perú se entregaron solamente dos bonos universales de apoyo económico a la población durante la larga cuarentena (de unos 200 dólares cada uno). Estos bonos, además de ser una compensación por los efectos de la cuarentena, reducen la pobreza y tienen un contenido reactivador de la economía porque incrementan la demanda. El próximo gobierno debería entregar dos bonos universales a la población, pero lamentablemente ninguno de los dos candidatos contempla su entrega. No habrá reactivación económica si no se enfrenta y se vence la pandemia. Por eso es muy importante avanzar en la vacunación, que es lo que nos dará la inmunidad de rebaño”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

El actual gobierno ha proyectado para este año un crecimiento del PIB de 10 por ciento, pero diversos economistas consideran optimista este pronóstico. A favor del nuevo gobierno jugará el alto nivel de los precios internacionales de minerales, como el cobre, que constituyen la principal exportación del país. 

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Un doctor da el visto bueno a un paciente de coronavirus que le enseña el oxímetro, en un hospital privado de Montevideo, Uruguay, país que en los últimos 14 días ha mantenido el mayor número de muertes per cápita en el mundo. Foto Afp

Londres. Erradicar del mundo el Covid-19 no es actualmente un "objetivo razonable", afirmó el doctor David Nabarro, enviado especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus.

Nabarro agregó en entrevista con Sky News que la gente tendrá que aprender a vivir con la enfermedad, informó el diario inglés The Guardian. En comentarios de los que se hizo eco Dame Anne Johnson, profesora de epidemiología de enfermedades infecciosas en el University College London.

"La humanidad va a tener que aprender a coexistir con este virus, al evitar que repunte, aumente y cause focos de enfermedad. Tenemos que ser capaces de hacer esto en el futuro previsible", señaló el doctor, uno de los seis representantes especiales de la OMS para responder a la pandemia.

"La erradicación no es actualmente un objetivo razonable para el mundo".

Apuntó que "cada vez que hay un aumento repentino (de casos), se piensa que podría estar apareciendo una nueva variante. Eso no sería sorprendente". Explicó que ese será "el patrón para el futuro" y agregó: "Este virus no desaparecerá pronto, habrá variantes emergentes".

Además, Nabarro afirmó que ningún país "se libra" de la OMS cuando se trata de investigar la pandemia.

La variante Delta del coronavirus, descubierta en India, es 40 por ciento más contagiosa que las versiones ya existentes, según Gran Bretaña, que considera aplazar la reapertura debido al repunte de los contagios.

El ministro británico de Salud, Matt Hancock, reconoció que la propagación de esa variante podría obligar al gobierno a postergar el levantamiento de las restricciones, pautado para el 21 de junio.

Pese al aumento en el número de nuevos casos de Covid-19 en los últimos días, que supera 5 mil casos registrados cada día, el número de hospitalizaciones permanece estable, añadió Hancock.

En tanto, Francia trata de contener la propagación de la nueva variante mientras recibe a turistas que están vacunados y ha logrado reducir las tasas de contagios y hospitalizaciones.

El ministro francés de Salud, Olivier Veran, declaró que el país ha detectado múltiples focos de infección de la variante Delta.

Israel comenzó ayer a inmunizar contra el Covid-19 a menores de entre 12 y 15 años; más de 55 por ciento de la población está completamente inmunizada, informó el periódico Yediot Ajronot.

Una delegación de tres senadores estadunidenses llegó ayer a Taiwán, donde anunciaron que Washington donará a su aliado 750 mil dosis de vacunas contra el coronavirus.

El saldo por la pandemia en todo el mundo es de 173 millones 147 mil 311 contagios y 3 millones 725 mil 22 muertes, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

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El planeta se rebela contra las petroleras, culpables de la tercera parte de las emisiones de CO2

La Justicia holandesa acusa a Shell de agente nocivo del cambio climático, mientras los inversores fuerzan a ExxonMobil a iniciar su ruta verde. El lobby ecologista planta cara al petrolífero en un momento crucial, de crecientes emisiones de CO2 y con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles.

 

El salto hacia la sostenibilidad atraviesa por una senda pedregosa. La carrera verde se ha llenado de obstáculos: más CO2 con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles. Para hacer frente a este paso atrás -en medio de grandilocuentes estrategias en Europa, previsiblemente, a la espera de los objetivos declarados en el Green New Deal, en EEUU y, en menor medida, de Japón y áreas emergentes como China y Rusia, con metas menos exigentes e indeterminadas- en el desafío de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, parecen emerger señales nítidas de una creciente conciencia verde. De un combate civil e inversor para acelerar los ritmos hacia la sostenibilidad y contener la batalla contra la catástrofe climática.

El mensaje de Bill Gates en la reciente cumbre de Líderes del Clima, auspiciada por el presidente americano Joe Biden -quien pidió a las elites empresariales nuevas fórmulas para ganar la batalla al cambio climático- pone el dedo en la llaga: "con la tecnología actual, será virtualmente imposible lograr los objetivos de emisiones netas cero de CO2 […] se necesita inversión en innovación y mayores recursos en infraestructuras para la transición energética".

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés) certifica el pesimismo de Gates. Los gases contaminantes aumentarán este año en 1.500 millones de toneladas. Al calor de una más intensa demanda energética mundial, mayoritariamente de combustión fósil -petróleo, carbón y gas-, que sigue acaparando el 84,3% del mix internacional. El acicate: más renovables -enfatiza la IEA- y potenciar la pérdida de peso de los combustibles fósiles en el ciclo de negocios post-covid.

El inicio del despegue de la actividad, pues, no puede sustentarse, una vez más, sobre cimientos altamente contaminantes. Y, en esta tesitura, las supermajors, muchas de las cuales trasladan a sus propios inversores y accionistas -y a las opiniones públicas de los países donde operan- unos planes corporativos de transición a la neutralidad energética nutridos, en mayor o menor grado, de proyectos renovables, han salido a la palestra de la contestación social.

La Justicia holandesa acaba de acusar formalmente a Shell de atentar contra el medio ambiente y de ser la causante de un exceso de emisiones de CO2 por su negocio de gas y petróleo. En Foreign Policy aseguran que esta causa abierta por los jueces neerlandeses invita a un cierto optimismo, porque podría sentar las bases de una oleada de respuesta cívica e inversora contra las multinacionales de este segmento productivo que no pivotan hacia proyectos verdes ni aceleran su transición hacia las fuentes renovables. Como ocurrió en la década de los noventa con las compañías de tabaco. Sin asumir los criterios y compromisos gubernamentales para impulsar esta reconversión industrial.

Y pese a los intentos -reiterados- de no predicar con el ejemplo. Al igual que trataron de hacer las firmas de tabaco. Ni asumir su propio discurso. Porque el propio CEO de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, se encargó a comienzos de la epidemia de la covid, de lanzar una estrategia a largo plazo, en la que se estipulaba el abandono de "los activos energéticos tradicionales" de la supermajor holandesa y que su firma aceleraría su hoja de ruta verde tras la pandemia. Lo llegó a expresar de forma elocuente, en una junta de accionistas de la petrolera anglo-holandesa, con nomenclatura de mercado: "la demanda de crudo caerá masivamente y que nosotros sepamos, la viabilidad de nuestros activos no puede estar en un sector con tan altas dosis de vulnerabilidad y volatilidad".

Como Buerden, otros altos jerarcas de las supermajors han proclamado el final del negocio del crudo. Incluso algunos llegaron a admitir que el techo del petróleo y de sus beneficios era agua pasada. Desde 2016. Tesis a la que se apuntaron naciones productoras como Rusia, mientras no ceja de dominar, junto a Arabia Saudí -otro país con ínfulas transformadoras hacia las energías limpias en su Visión 2030, la estrategia de remodelación económica orquestada por su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán- el grifo con el que regulan el número de barriles en el mercado para manejar el precio del combustible fósil por excelencia, desde la ampliada OPEP +.

Con unos resultados históricamente exitosos para sus arcas estatales que, de nuevo, han salido a relucir. Porque la cotización de los contratos de futuro del Brent -de referencia en Europa- y del West Texas Intermediate (WTI) vuelven a sortear la barrera de los 70 dólares. La cota más alta desde octubre de 2018. El cierre de la espita del crudo coincide con la fuga de inventarios en EEUU y otras latitudes industrializadas -y emergentes, como China- ante el comienzo del despegue de la actividad.

Sociedades civiles e inversores claman contra la hipocresía de las petroleras, capaces avanzar el abandono de sus "activos energéticos tradicionales" y proclamar el final de la era del crudo, mientras tratan de expandir el ciclo de los combustibles fósiles

La culpabilidad y responsabilidades de las grandes petroleras en la guerra soterrada que utilizan contra el cambio climático está fuera de toda duda. El estudio revelado por Richard Heede en el Climate Accountability Institute de EEUU, en los prolegómenos de la epidemia, deja constancia de un dato demoledor. Veinte de las mayores firmas petrolíferas mundiales han originado más de la tercera parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera desde 1965.

En concreto, el 35% del total del dióxido de carbono y metano emitido en el mundo en la era moderna, de nada menos que 480.000 millones de toneladas. Desde multinacionales privadas como Chevron, Exxon, BP o Shell, hasta estatales como la saudí Aramco o la rusa Gazprom. Sólo las cuatro primeras, sin lugar a dudas, las más poderosas de las supermajors globales por capitalización bursátil hasta la salida a bolsa del gigante saudí, han ocasionado más del 10% de los gases de efecto invernadero desde mediados de los años sesenta. Aunque Aramco ha emitido el 4,38%.

Michael Mann, uno de los mayores científicos sobre el clima, afirmaba a The Guardian que "la gran tragedia de la crisis del carbono es los 7.500 millones de personas que habitan la Tierra serán los que paguen el precio de esta convulsión contaminante", mientras "un par de docenas de empresas petrolíferas siguen acumulando ingresos y beneficios". Mann y Heede, dos de las voces de mayor prestigio mundial en lucha contra la catástrofe del calentamiento global, comparten diagnóstico: "es un dramático fracaso moral de los sistemas políticos permitir que ocurra la degradación del planeta".

Jason Bordoff, director y fundador del Center on Global Energy Policy, pone en valor en Foreign Policy la maniobra de los jueces holandeses. Aunque otorga más expectativas de éxito al tejido social y sus reivindicaciones medioambientales y a las demandas de cambio de los inversores a las empresas con huellas de carbono. Y ensalza la apertura del juicio en la Corte de La Haya, que fue impulsado por los medioambientalistas holandeses, la versión local de Friends of the Earth. Bajo la acusación de que Shell ha sido más responsable de emisiones que la mayoría de países y que su cerca del 2% de culpabilidad en arrojar CO2 ha ocasionado miles de millones de gastos sanitarios a las arcas estatales de los Países Bajos. En la actualidad -aclara la demanda- Shell está entre las 25 empresas más contaminantes.

Como Shell, ExxonMobil está siendo sometida a presiones de accionistas y fondos de inversión. En medio de un clima generalizado de apuesta por los criterios ESG -Environmental, Social and Governance- en los mercados de capitales. "Hay un creciente consenso de que el lema business as usual ya no se sostiene", avisa Glenn Schwartz, responsable de energía en la firma consultora Rapidan, para quien, "las tensiones proceden del tejado, del interior de la casa", en alusión a las reivindicaciones inversoras y accionariales.

De hecho, la IEA acaba de solicitar la prohibición de los motores de combustión en todo el mundo en 2035 y la paralización de los proyectos fósiles. Exxon no sólo ha sido la más rica, sino la más poderosa de las supermajors y la más influyente en la prolongación del lobby petrolífero en EEUU y el resto del planeta. Pero Darren Woods, su presidente ejecutivo, tuvo que presenciar cómo el pasado 26 de mayo, una coalición de activos inversores, agrupados en Engine No.1, un pequeño hedge fund, reclamó cambios en la dirección de la compañía para promover proyectos de bajas emisiones.

En línea con el giro estratégico de firmas energéticas, especialmente europeas. En nombre de sus inversores, el fondo llegó incluso a proponer a cuatro candidatos. Y su iniciativa recibió el respaldo de otros aliados como CalPERS y CalSTRS, representantes de planes de pensiones, y de carteras de inversión de empleados y profesores estatales de California que, en total, gestionan más de 700.000 millones de dólares de activos de las compañías. Además de otros instrumentos de inversión que acaparan 300.000 millones adicionales. En total, menos del 1% del accionariado de ExxonMobil, cuya junta rechazó inicialmente la propuesta. Si bien, apenas dos meses después, acaba de nombrar al tercero de los nombres sugeridos por los inversores. "

La maniobra de Engine No.1 ha creado un antecedente, ha enviado una fuerte señal de que el mercado ya no comulga con las inversiones contaminantes", afirma The Economist en un análisis reciente sobre el gigante americano. En línea con entidades como Institutional Shereholder Services (ISS) o Glass Lewis, el gran duopolio de asesoramiento corporativo, que recomendaron la elección de tres de las cuatro propuestas directivas de Engine No.1 tras la cita de accionistas.

En el transcurso de este cambio de criterio, a buen seguro que ha jugado un papel determinante el anuncio de la Administración Biden de adelantar quince años el desafío de alcanzar emisiones netas cero en el sector energético estadounidense en 2050, como se estableció en los Acuerdos de París de 2015. O la más reciente suspensión, por parte de la Casa Blanca, de las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico, que atañen al subsuelo de Alaska, y que fueron abiertas a las acciones de exploración y prospección por parte de Donald Trump en las últimas semanas de su estancia en el Despacho Oval. El lobby petrolífero parece replegar alas de Washington.

El futuro inmediato de Exxon o, de forma más precisa, su hipotético viraje hacia las renovables, marcará un cambio de tendencia de las firmas fósiles. O, por el contrario, prolongará aún más la compleja cohabitación, nada pacífica, entre los carburantes limpios y contaminantes. Aunque, por el momento, esta incógnita está por despejar. En 2020, en plena pandemia, y con Trump en la presidencia -con políticas favorables al peligroso método del fracking, de extracción de crudo y gas por fracturación hidráulica y al conjunto de la industria petrolífera estadounidense- Exxon aprobó impulsar en un 25% más la capacidad de sus negocios de gas y oro negro para 2025. Sin que a su consejo ejecutivo pareciera importarle la transición hacia la neutralidad energética.

En defensa -adujeron entonces sus directivos- de un urgente ajuste financiero. De nada menos que la tercera parte de sus gastos de capital entre 2022 y 2025. En un ejercicio, el pasado, en el que perdió casi la mitad de su valor bursátil. Con la mayor firma de gestión de activos, BlackRock, exigiendo el relevo de Woods como CEO y reclamándole responsabilidades por su labor y hegde funds como DE Shaw pidiendo disciplina inversora para proteger sus dividendos. Exxon, además, es junto a Chevron, la supermajor con un mayor nivel de endeudamiento, ajustado a su flujo de caja y a su valor de capitalización. Aunque a escasa distancia de BP, Total y Shell. El repóker del viejo y vetusto club de las grandes petroleras.

Todas ellas, además, con retornos de beneficios todavía por debajo de sus cotas previas al inicio de la covid-19. Y dentro de un sector altamente endeudado para acometer el ciclo de negocios en ciernes, en el que se pretender dar predominio a las energías renovables, como conviene en advertir el triunvirato de agencias de calificación de riesgos S&P, Moody’s y Fitch Rating.

Fondos de inversión presionan a Exxon, el emblema de las ‘supermajors’, para que abandone sus proyectos petrolíferos y de gas; algunos, han forzado cambios directivos, otros, como el poderoso BlackRock, exigiendo responsabilidades a su presidente.

07/06/2021 07:37

Por Diego Herranz

Publicado enMedio Ambiente
Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

Publicado enEconomía
Sábado, 05 Junio 2021 06:43

Negocios contra la naturaleza

Negocios contra la naturaleza

A casi medio siglo de que Naciones Unidas declarara el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente –en su primera conferencia sobre Medio Humano en 1972, en Estocolmo– el panorama ambiental global es mucho peor que entonces.

La ONU ya advertía que la devastación del medio ambiente debido a la sobreexplotación y contaminación de ecosistemas en tierra, mar y aire, así como el avance del cambio climático tendría serios impactos sociales y económicos. En décadas posteriores se multiplicó la institucionalidad ambiental a nivel internacional, con más de 500 instancias oficiales, pero no cambió el rumbo.

Al contrario, aparecieron nuevos impactos, como el surgimiento cada vez más frecuente de epidemias y pandemias de origen zoonótico, como la de Covid-19, relacionados a la devastación de ecosistemas, como reconoce la ONU (https://tinyurl.com/vzcsxt8a).

Desde 2009, el Stockholm Resilience Center planteó que existen nueve grandes "límites ecológicos planetarios", cuya transgresión pone en peligro nuestra sobrevivencia. Se refieren al cambio climático, la erosión de la biodiversidad, la acidificación de los mares, el uso de agua dulce, la destrucción de la capa de ozono, la erosión de suelos, la disrupción de los ciclos de fósforo y nitrógeno, la contaminación atmosférica y la contaminación química y por "entidades nuevas", como compuestos de nanotecnología, plásticos, transgénicos y agrotóxicos.

Todos esos límites se han transgredido o están muy cerca de traspasar un umbral mínimo de seguridad. Una revisión de 2015 mostró que en cambio climático, erosión de la biodiversidad, erosión de suelos y alteración de los ciclos de fósforo y nitrógeno la situación es realmente muy grave, pero podría serlo también en otros sobre los que no hay suficientes datos.

Esto no sucedió por falta de conocimiento sobre su impacto, sino pese a ello. Por ejemplo, más de las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático fueron emitidas después de 1972. Décadas antes se sabía que los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) son el mayor factor de esas emisiones. Cien empresas ligadas a la extracción y producción de esos combustibles (empresas de energía y construcción), la mayoría trasnacionales, son causa de las dos terceras partes de emisiones globales de GEI. Gases que también son causa de la acidificación de los mares.

El sistema alimentario agroindustrial (desde semillas industriales a supermercados) basado en extensos monocultivos, con uso intensivo de maquinaria, semillas híbridas y transgénicas, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, está directamente ligado a la transgresión de límites planetarios: por uso y contaminación de agua dulce (la agricultura industrial usa y contamina 70 por ciento del agua dulce disponible), por disrupción de los ciclos naturales de nitrógeno y fósforo (ambos componentes de los fertilizantes sintéticos), por erosión y pérdida de suelos, por erosión de la biodiversidad agrícola y forestal, por deforestación (más de 70 por ciento de la deforestación global es a causa de la expansión de la frontera agropecuaria industrial), por contaminación con agrotóxicos, plásticos, transgénicos y otras sustancias químicas.

La destrucción de bosques, manglares, humedales y praderas naturales, debida a esas industrias (agropecuaria-alimentaria industrial y de extracción y producción de energía fósil) junto a mineras, megaproyectos viales y urbanización descontrolada, producen una devastación de la biodiversidad sin precedente, que también es origen de enfermedades zoonóticas. Esos ecosistemas son además fundamentales para absorber el exceso de carbono en la atmósfera.

Por ello, Naciones Unidas declaró una Década de la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), comenzando este 5 de junio. El reconocimiento de la importancia de ecosistemas como bosques, manglares y humedales, así como la urgencia de su restauración es fundamental. No obstante, las industrias que han provocado su destrucción están en una carrera para hacer nuevos negocios, lo cual aumentará la devastación. La receta se llama ahora "soluciones basadas en la naturaleza". Es una nueva ola de venta de servicios ambientales, de expropiación y privatización de bosques, tierras y territorios, inventando áreas para "secuestrar" carbono, para imponer desde transgénicos a monocultivos y plantaciones de árboles. Intentan acceder a nuevas áreas naturales y territorios, para generar bonos transables en mercados de carbono o "compensaciones por biodiversidad", lo cual también podría conllevar la expulsión de las comunidades que allí viven. Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques en su boletín 255 sobre este tema, no son "soluciones", sino despojos basados en la naturaleza (https://tinyurl.com/2wum6kxw).

Los principales actores para la restauración de ecosistemas son las comunidades rurales campesinas e indígenas, que con sus formas de vida los han cuidado e impedido que haya una destrucción aún mayor. Por ello es imprescindible que se respeten todos sus derechos y se les apoye a partir de sus propias formas de organización y de sus decisiones, no de programas externos o para integrarlos a esos negocios que destruirán aún más la naturaleza y a las propias comunidades.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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La pandemia aumenta en 108 millones los trabajadores pobres en el mundo

Los empleos perdidos durante la pandemia no se recuperarán fácilmente, advierte la Organización Mundial del Trabajo.

 

Los resultados del covid-19 a nivel laboral han supuesto la pérdida de cinco años en términos de la lucha por la erradicación de la pobreza. 108 millones de personas más han pasado desde 2019 a ser extremada o moderadamente pobres, es decir, trabajadores pobres que viven junto con sus familias con menos de 3,20 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo.

Es una de las principales conclusiones del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2 de junio. El informe calcula que en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo, si bien los esquemas de permisos obligatorios —en España, los ERTE— han llevado a que la pérdida neta de empleos en 2020 se estime en 114 millones.

En el nivel monetario, en 2020 se estima que se perdieron ingresos laborales por valor de tres billones de euros. La pérdida es del 8,3% respecto a la estimación de masa salarial mundial de no haberse producido la pandemia.

El coronavirus se ha dejado notar también en lo que llevamos de 2021, en los dos primeros trimestres se han perdido respectivamente 147 y 121 millones de equivalentes en horas a jornadas completas.

Con la vista puesta en la recuperación, la OIT informa de que se crerán 100 millones de puestos de trabajo netos en 2021 y otros 80 millones en 2022. Las cifras indican que, pese a que se confía en la creación de empleo, no se alcanzarán los objetivos marcados antes de la pandemia. “El déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la crisis —explica el informe— se situará en 75 millones en 2021 y en 23 millones en 2022”.

El desempleo de personas activas, que en 2019 afectaba a 189 millones de personas, subió a 220 en 2020, se mantendrá en esa misma cifra en 2021 y descenderá hasta 205 en 2022, por lo que el balance final, el año que viene, seguirá arrojando un resultado de 16 millones de puestos menos que antes de la pandemia.

“El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, concluye la OIT.

Redacción El Salto

2 jun 2021 10:53

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Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

Publicado enColombia
Cargas policiales durante el Paro Nacional en Bogotá. Foto: Colombia Informa

La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.

 

El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad. 

Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín. 

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”. 

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.

Por Raúl Zibechi

27 may 2021 06:00

Publicado enInternacional