Todos los recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori, desestimados

La decisión de 35 jurados electorales especiales de Perú

Los 943 pedidos fueron declarados improcedentes e infundados. A la dirigente de derecha solo le quedan dos vías para intentar revertir su derrota: elevar un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y una demanda presentada por un exjuez cercano que busca declarar nula toda la segunda vuelta que tuvo lugar el 6 de junio.

 

Los 35 jurados electorales especiales de Perú terminaron de desestimar todos los recursos de nulidad que fueron presentados por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, contra los resultados de las elecciones en las que salió victorioso por escaso margen el candidato de izquierda Pedro Castillo.

Debido a que los 943 pedidos fueron declarados improcedentes e infundados, a la dirigente de derecha solo le quedan dos vías para intentar revertir su derrota: elevar un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y una demanda presentada por un exjuez cercano que busca declarar nula toda la segunda vuelta que tuvo lugar el 6 de junio.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de la ciudad de Huancavelica fue el último en considerar infundados los 21 recursos de nulidad pendientes, una decisión que fue publicada este viernes a la noche en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó el diario La República.

De este modo, los distintos jurados electorales especiales terminaron por descartar cualquier aproximación a lo que pueda llegar a considerarse un fraude, una situación que viene siendo denunciada Fujimori, aunque sin éxito.

Apenas fueron desestimados estos 943 recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular comenzó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE, la última instancia de la Justicia Electoral.

La legislación fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE tiene que revisar los escritos para pronunciarse, lo que podría prolongar la incertidumbre más de una semana, según indicó la agencia de noticias Europa Press.

Además de estas apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también está impulsando acciones en la vía judicial para intentar revertir el resultado. Por un lado, anunció un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el fin de acceder a los padrones electorales.

La exministra de Justicia Ana Neyra señaló que si bien las autoridades reconocen el “derecho de acceso a la información pública”, también defienden la “protección de los datos personales, que no se pueden compartir con un partido político”. “No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto”, precisó Neyra.

Fuerza Popular presentó a su vez una acción constitucional a cargo del abogado y exjuez Javier Villa Stein, conocido por su cercanía con el fujimorismo. En esta acción de amparo se solicitó la nulidad de la segunda vuelta y que “como consecuencia de ello, se ordene a repetir dicho proceso electoral”.

Se trata de un pedido similar al que ya hicieron dos grupos de militares retirados en las últimas semanas, una situación que generó un amplio repudio desde el Gobierno, distintas organizaciones sociales y del sector aliado a Castillo, quien este sábado hizo un llamado a salir a las calles para defender el resultado en las urnas.

La solicitud judicial del exjuez cercano al fujimorismo asegura que hubo firmas falsas de los miembros de mesa, una idea que ya fue rechazada por los jurados electorales especiales. Asimismo, el amparo cuestiona que estos jurados especiales se mostraron reticentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.}

20 de junio de 2021

Publicado enInternacional
¿Por qué vuelven las negociaciones en Venezuela?

Detrás de la aparente inmovilidad, varias cosas se mueven en Venezuela. En medio de la crisis, la desafección política alcanza al gobierno y a la oposición. Por eso ambos bloques, debilitados en diferente medida, tienen incentivos para iniciar nuevas negociaciones después de varios fracasos.

En Venezuela, se está preparando un nuevo e incierto proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición. Para calibrar sus posibilidades de éxito, conviene preguntarse en primer lugar en qué se diferencia y en qué repite las experiencias anteriores. Es importante subrayar que la iniciativa ocurre en continuidad -al menos metodológica- con el esfuerzo emprendido en 2019 en Barbados bajo la facilitación de Noruega, cuyos expertos están involucrados desde hace varios meses en consultas a dos bandas. Ello indica que se retoma el proceso recuperando algunas bases en el campo de la creación de confianza, si no entre los actores, al menos en los mecanismos de construcción de la agenda y de reglas de funcionamiento.

Sin embargo, las condiciones políticas de 2019 y de 2021 son enteramente diferentes, y ello, en mi opinión, podría favorecer avances en una negociación de esta naturaleza siempre que los actores políticos identifiquen esas diferencias y ajusten sus demandas y estrategias.

Se parece, pero no es igual

Vista de un modo muy superficial, la situación venezolana pareciera resumirse en un estancamiento inercial en el que el gobierno de Nicolás Maduro resiste, impertérrito, en medio de la devastación de la vida cotidiana de millones de personas, mientras la oposición procura lidiar con sus propias contradicciones estratégicas. Pero tras esta apariencia de inmovilidad es posible identificar una serie de circunstancias que permiten entender por qué los actores políticos están hoy dispuestos a reiniciar un proceso de negociación que en el pasado fracasó una y otra vez.

Una de ellas afecta por igual a la oposición y al gobierno: llamémosla desafección generalizada hacia lo político. Es un lugar común señalar la despolitización que conllevan y provocan los regímenes autoritarios, reduciendo al ciudadano a la vida privada o a la mera supervivencia. Pero en el chavismo este efecto coexiste con su propia contradicción populista: en su sistema operativo hay una variable inevitable que es el metabolismo electoral, no solo en términos de la legitimación política, sino también como método de distribución de cuotas de poder entre las partes que componen ese archipiélago.

El mal resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, con el oficialismo corriendo solo o mal acompañado por pequeños sectores desprendidos de la coalición opositora, es una señal de debilidad muy preocupante para la honra del «proyecto histórico» y, más pragmáticamente, para las bases de sustentación del propio poder. Esto lo vuelve más dependiente de alianzas con el sector militar y con socios no necesariamente muy confiables. Ciertamente, el gobierno se hizo del control total de la Asamblea Nacional, pero dejó al descubierto sus grietas internas.

Esto por supuesto no es ninguna novedad, atendiendo a los misérrimos niveles de popularidad que acompañan al gobierno desde hace años. Pero adquiere una significación estratégica distinta, y paradójica: la debilitada oposición ya no funciona como una amenaza capaz de unificar y cohesionar al bloque chavista. Maduro debe ahora atender a una infinidad de demandas contenidas, recomponer «el proyecto», ofrecer resultados y alcanzar una gobernabilidad que le exige concesiones para reconstruir la ruinosa condición del aparato del Estado. La función política de cohesiones y repartir cuotas de poder que cumple la corrupción sistémica cuesta ahora más que lo que beneficia al poder porque ha destruido las capacidades de gestión. Del mismo modo, la tolerancia hacia socios irregulares pero hasta hace poco útiles ha significado la pérdida de control territorial en zonas críticas del país y puso en evidencia limitaciones operacionales y de la cadena de mando de las fuerzas armadas.

Pero para la oposición las noticias son igual de malas: su capacidad de capitalizar el enorme descontento popular está reducida a mínimos históricos y ha perdido la iniciativa política en medio de una inercia estratégica. No es cuestión de recapitular aquí las condiciones y circunstancias que condujeron a este estado de cosas, pero se puede señalar que fue determinante la desaparición, a partir de 2016 y más agudamente a partir de la conformación del «gobierno interino» en 2019, de la instancia de conducción política unitaria que fue la Mesa de la Unidad Nacional, lo que impidió que las importantes divergencias en torno a las estrategias para impulsar el cambio político pudieran ser metabolizadas.

El fracaso de la visión dominante, que se fundamentaba en la tesis de la «máxima presión», apalancada por las sanciones estadounidenses, tanto a Venezuela como a funcionarios del gobierno, y por la diplomacia regional. Se suponía que todo esto provocaría rupturas horizontales (entre grupos del poder, especialmente en el sector militar) y/o rupturas verticales (movilizaciones populares). Pero no ocurrió nada de eso y se generaron fracturas en el campo opositor que fueron hábilmente aprovechadas por el régimen para tratar de legitimar las elecciones legislativas de diciembre de 2020 con una diminuta «nueva oposición», calificada de «moderada» en contraste con el «extremismo» de la oposición mayoritaria. Hasta ahora, los aproximadamente 20 diputados (contra los 253 del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) de esta coalición, que recientemente se ha rebautizado como Alianza Democrática, no han alterado el status quo en la nueva Asamblea Nacional.

Sin embargo la dinámica centrífuga no se limita a este grupo. En ocasión de la decisión de la mayoría de la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias de 2020 comenzaron a producirse discretos movimientos dentro de cada uno de los partidos agrupados en torno al «gobierno interino» de Juan Guaidó (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, etc.) que presionaban por redefinir el rumbo estratégico hacia la reconstrucción de las condiciones para la participación electoral, considerando el horizonte inmediato de las elecciones regionales y municipales que deben realizarse en noviembre de 2021. Desde entonces, otros factores, como el liderazgo social y nuevas formaciones de activistas, irrumpen a su vez en la escena pública y acompañan lo que en realidad es una demanda de reconfiguración de la estrategia del cambio político que la dirigencia de estos partidos, junto con el «gobierno interino», lee y responde en una nueva propuesta bautizada «Acuerdo de Salvación Nacional».

La nueva teoría del cambio se fundamenta en una agenda de negociación con el chavismo en cuatro áreas: elecciones generales competitivas, ayuda humanitaria,  vacunación, garantías políticas para todos. Y junto a esto, el levantamiento progresivo de las sanciones según avances en los acuerdos.

Eppur si muove

Para calibrar las posibilidades de esta nueva negociación hay que completar el retrato anterior con dos elementos que en mi opinión podrían marcar el éxito o el fracaso del proceso: la activación de actores de la sociedad civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico sobre las instituciones.

En los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. La acción humanitaria, que debe ocurrir bajo unas reglas internacionalmente aceptadas de neutralidad y universalidad, tiene en Venezuela unas características particulares por la naturaleza misma de la emergencia: su origen es eminentemente político, a diferencia de otros casos que han resultado de catástrofes naturales o conflictos armados.

Las políticas públicas y económicas oficiales han conllevado un agudo deterioro de los indicadores de calidad de vida desde al menos 2015. El trabajo local de las ONG humanitarias y de defensa de derechos humanos ha necesitado del desarrollo de habilidades de intermediación y micronegociación con el gobierno, y con los actores políticos en general. Y hoy, una serie de organizaciones busca potenciar sus capacidades de incidencia política en la búsqueda de una solución democrática y negociada que haga énfasis en la recuperación de las instituciones y de las reglas del juego político, a partir de consensos básicos sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Fundamentalmente agrupados bajo la iniciativa del Foro Cívico -aunque no es la única, sí es la más visible-, ONG, sindicatos, organizaciones empresariales y gremiales, organizaciones juveniles y académicas, han construido algunos espacios de incidencia y de catalización que han movilizado a los sectores políticos y hecho avanzar propuestas concretas de acuerdos político-institucionales que abonan el terreno para alcanzar acuerdos políticos de alto nivel.

 La historia de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político en Venezuela es sumamente complicada y no exenta, como en el resto de América Latina, de motivaciones corporativas. A la vez, la historia de estas relaciones bajo el chavismo ha sido particularmente difícil, pero no aún así se ha podido desarrollar una conciencia de autonomía de la acción, que no es neutral, puesto que los objetivos de democratización y reinstitucionalización son en sí mismos políticos, pero sí tienen claridad acerca del rol esencial que deben jugar los actores políticos para adelantar las soluciones negociadas.

 Por su parte, el gobierno de Maduro, empeñado en recuperar su capacidad de gobernar, comienza desde enero de 2020 a tomar riesgos, abriendo por ejemplo algunos espacios de interlocución y negociación con organizaciones civiles y algunos actores políticos. Estas interlocuciones no son las únicas señales emitidas desde el poder: se han venido implementando, en la práctica y sin mucho ruido, un conjunto de reformas en el plano económico y fiscal para mejorar los ingresos internos, se fue formalizando la dolarización de facto de la economía, se avanzó en proyecto de creación de zonas económicas especiales que tiene un fuerte aire de familia con la concepción china de «un país, dos sistemas», y otras concesiones inéditas como la autorización de la entrada del Programa Mundial de Alimentos al país, lo que implica reconocer la tragedia humanitaria que padece la población. Pero todo ello acontece, sin embargo, en un contexto en el que no cesan los gestos hostiles y represivos contra organizaciones y personas, y se exacerban la corrupción y la miseria general en medio de la pésima gestión de la pandemia.

 Hay varios espacios de «negociaciones sectoriales» que están activos, como las que el principal gremio empresarial, Fedecámaras, lleva adelante con una agenda de incidencia en las políticas económicas, o la posible creación de una instancia de coordinación humanitaria con organizaciones que aseguraría condiciones de respeto y apoyo del gobierno a las reglas de la acción humanitaria. Hay también avances en la recuperación del llamado diálogo tripartito (empresarios, sindicatos y gobierno) al que obligan los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ha amenazado con procesos contra el gobierno de Maduro por sus graves violaciones al derecho al trabajo y al salario digno. Un caso menos prometedor es el de la Mesa Técnica para la vacunación, en la que participan expertos sanitarios, miembros del gobierno y representantes del «gobierno interino». En una lógica bastante previsible, el gobierno no ha renunciado hasta ahora a politizar el tema de la vacunación y lejos de acordar facilitaciones internacionales para el financiamiento y suministro de vacunas a través de la Mesa Técnica, ha preferido apelar a sus alegatos de que las sanciones financieras le impiden cumplir con su plan de vacunación, que por cierto no ha hecho público.

Sin embargo, el impacto más importante es el que puede tener la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya composición, en la que participan expertos electorales y políticos postulados por las organizaciones civiles especializadas en el tema electoral, resultó menos desequilibrada que las versiones anteriores, y sobre todo, ocurrió siguiendo los procedimientos legales. Ello fue posible en virtud de negociaciones entre varios actores políticos, especialmente el ex-candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, las organizaciones civiles y los operadores políticos del gobierno de Maduro, en lo que aun sigue siendo un espacio activo de negociación que serviría para que el nuevo CNE, aunque bajo control del chavismo, cumpla un programa de reformas que mejorarían sustancialmente las condiciones institucionales para las próximas elecciones, lo que serviría de incentivo para la participación electoral de los grandes partidos de la oposición.

Esto toca un asunto medular de la estrategia de la oposición agrupada en torno al «gobierno interino» que por ahora no ha dado respuesta ante su eventual participación en esas elecciones, ni queda claro entonces si propondrá las reformas electorales como parte de la agenda de la negociación facilitada por Noruega.

No cabe duda de que las concesiones del gobierno no provienen de una súbita conciencia democrática, sino de una apuesta a que oxigenar el camino electoral agudice las actuales contradicciones dentro del campo opositor con respecto a la participación o no en los comicios. No cabe dudar, tampoco, de que parte del impulso del gobierno hacia la promoción de negociaciones sectoriales simultáneas proviene de un cálculo que básicamente persigue quitarle oxígeno al liderazgo político opositor que no participe en ellas. Pero el hecho político es que se trata de oportunidades, de rendijas por las cuales se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político democrático que se aspira lograr, y en esa medida también suponen un riesgo, para el régimen, de reformas en cascada que precipiten la transformación del sistema.

El realineamiento internacional

Como un tercer conjunto de factores hay que considerar que las dinámicas geopolíticas han cambiado, obviamente, en especial a partir de la instalación del gobierno de Joe Biden con el vuelco geoestratégico que ello implica y su voluntad de favorecer una solución política sustentable para Venezuela. Pero para resumir el contexto internacional, se diría que el caso venezolano se ha vuelto tóxico, en especial en el hemisferio, como suelen decir los estadounidenses. No solamente con la situación migratoria, de por sí terrible para quienes emprenden el éxodo y para los países receptores, sino porque Venezuela termina siendo una variable de la ecuación política interna en muchos países que amplifica el conflicto político con la gramática de la polarización. Así como en algún momento hubo un alineamiento internacional con la tesis de que la crisis venezolana podía derivar en el cambio político en el corto plazo, la prioridad hoy parece ser tratar de evitar la cronificación del conflicto y acompañar una ruta creíble, realista, acordada y posiblemente larga para el rediseño democrático.

La clave: la construcción de la agenda

Todas estas circunstancias mueven a los actores a negociar, sin duda, y advierten que una nueva ronda de negociaciones puede conducir a nuevos resultados si se cumple una condición esencial: que el espacio de negociación no vuelva a ser, como en ocasiones anteriores, un dispositivo para la escenificación del conflicto, en el que los actores persiguen fortalecerse uno frente al otro, en lugar de construir un marco básico de reglas del juego político para dirimir el conflicto.

En efecto, lo ocurrido tanto en los encuentros de 2017-2018 como en los del ciclo de 2019 con la facilitación de Noruega fue algo así como la continuación de la guerra por otros medios: para cada parte, se trataba de «ganar» la negociación o al menos de no quedar debilitada en el proceso. La negociación pareció funcionar como una táctica más para posicionarse en el conflicto y no como un método para acordar la recomposición de las instituciones que a la postre, permitirían regularlo para inducir el proceso de democratización.

Así, el gobierno de Maduro se sentó en la mesa de negociación en 2019 con el objetivo de mejorar las condiciones para conservar el poder, mientras que la oposición perseguía el objetivo de procurar las condiciones para asegurar el cambio político. Entre la aspiración del gobierno de ganar estabilidad y la aspiración de la oposición de sustituir a Maduro mediante unas elecciones libres se podía vislumbrar una teórica zona de posible acuerdo: pactar las condiciones de unas elecciones presidenciales en las que ambas partes pudieran ser competitivas. Pero el problema es que para el gobierno de Maduro, ser competitivo significaba (y eso sigue siendo así) poder gobernar con capacidad financiera, es decir, asegurar el levantamiento de las sanciones y el acceso a la administración de activos de la República controlados, hasta hoy, por el «gobierno interino», así como para la oposición, ser competitiva significa el cumplimiento de una serie de condiciones institucionales y legales que aseguren no solo la pulcritud del proceso sino el reconocimiento y respeto de los resultados.

La verdad es que, en 2019, ninguna de las dos partes estaba en capacidad o tenía la voluntad política de garantizar las concesiones que implicaba este esquema. En particular, la cuestión de la intervención indirecta de la administración Trump al imponer nuevas sanciones al gobierno de Maduro mientras aún estaban en curso las conversaciones, a principios de agosto de 2019, fragilizó la capacidad negociadora de la oposición, dividiéndola, y radicalizó a su vez al gobierno en una posición de resistencia, lo que suspendió las tensiones en el campo chavista entre quienes favorecían y quienes rechazaban la negociación.

Hoy, algunas señales discursivas no lucen muy prometedoras: tanto en el campo chavista como en el opositor ha habido menciones públicas muy negativas acerca de lo que cada parte espera del nuevo proceso de negociación. Desde «salvar a Venezuela de la dictadura» hasta obligar a la oposición a reconocer la supremacía del chavismo y el levantamiento de las «sanciones criminales». Las narrativas que establecen a la mesa de negociación como campo de batalla siguen creando una atmósfera beligerante que no le ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía para reconstruir la democracia.

La experiencia acumulada en muchas negociaciones políticas ha permitido decantar unos principios o guías para conducir el proceso a buen término, pero solo voy a mencionar un par de aspectos que en este caso parecen muy necesarios.

En primer lugar, hay un elemento subjetivo que falta: el mutuo reconocimiento, aquello que precisamente está en el fondo del conflicto político histórico entre oposición y gobierno. En la mentalidad hegemónica del chavismo, la oposición no existe más que, en el mejor de los casos, en una posición ancilar, mientras que por su parte la oposición en sus diferentes configuraciones ha puesto en duda la legitimidad de victorias electorales del chavismo. En principio, la negociación misma debería ser una forma de mutuo reconocimiento de cada parte como un legítimo actor político, independientemente de sus cualidades morales o de la naturaleza de su objetivo estratégico.

En segundo lugar, las cuestiones de representatividad tanto de las partes negociadoras como de los contenidos de la agenda. Como he querido mostrar, las primeras ya no son las mismas que en 2019. Con la irrupción de otros actores que no están alineados con los miembros del gobierno o con el liderazgo formal de la oposición, que tienen una visión más orgánica de las demandas de la sociedad y que tienen capacidad de intermediación, con un compromiso con la democratización pero no con las agendas particulares de los actores políticos, se hace necesario incluir esta perspectiva en la mesa.

Pero esa presencia no tiene necesariamente que materializarse en el grupo de negociadores, aunque es frecuente la fórmula de los dos tracks (actores políticos y sociedad civil); es más bien en la confección de la agenda donde debe concentrarse la experiencia de esos agentes sociales que están o han estado catalizando procesos de negociación entre actores políticos. En el proceso facilitado por Noruega, el periodo de construcción de la agenda ha transcurrido bajo una regla de discreción y prudencia que no permite conocer su contenido, pero no sería productivo, en mi opinión, que negociaciones ya adelantadas o al menos prometedoras como las que tienen que ver con las condiciones electorales que dependen del CNE, volvieran a ponerse en la mesa de la negociación integral y terminaran atadas al cumplimiento de otros acuerdos más disputados. Más bien podría pensarse en un esquema de múltiples procesos simultáneos bajo una misma concepción estratégica, que sería la materia fundamental del acuerdo integral: la reconstrucción del sistema institucional de tal manera que, en el futuro inmediato, quien sea electo limpiamente para gobernar, lo haga dentro de los límites constitucionales, y quien quede en el lugar de la oposición, pueda ejercerla con todas las garantías y libertades.

Publicado enInternacional
Castillo llama a la unidad en Perú y aclara: "no somos chavistas ni comunistas"

 Lima. El socialista Pedro Castillo, profesor de primaria y novato en la política, quien está cerca de ser declarado presidente de Perú, llamó a la unidad nacional en busca de calmar los temores sobre su llegada al poder tras el final del recuento de votos que lo mostró ganador de las polarizadas elecciones del 6 de junio.

Aunque Castillo, de 51 años, se declaró antier triunfador de la contienda, su rival derechista Keiko Fujimori ha denunciado fraude, con pocas pruebas, y ha solicitado anular algunos votos. El organismo electoral aún tiene que confirmar y anunciar oficialmente al ganador.

"El pueblo peruano ha levantado la cabeza dispuesto a salvar esta patria", declaró Castillo desde un balcón en la sede de su partido Perú Libre, en el centro de Lima, ante seguidores que lo vitorearon a última hora del martes.

El sorpresivo ascenso de Castillo ha sacudido la política tradicional de Perú y podría tener gran impacto en la industria minera del segundo productor de cobre del mundo, debido a sus planes de un fuerte aumento de impuestos al sector.

En Lima los temores por la inminente victoria de Castillo se han extendido entre la pequeña pero poderosa élite, pese a que el candidato ha buscado moderar la retórica de su partido. "No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar el país", afirmó Castillo, en referencia a un eslogan del partido de su rival y de los simpatizantes de Fujimori, que lo comparan con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez.

"Somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, la inversión y los derechos a la educación y la salud", manifestó.

Castillo aseguró que los votantes de los distritos ricos del país, que se unieron en respaldo a Fujimori, tendrían el mismo peso y apoyo en su eventual gestión que los habitantes de los rincones más lejanos de Perú, los pobres de zonas rurales que impulsaron su candidatura.

Fujimori, en un mitin celebrado la noche del martes frente a su local partidario, Fuerza Popular, en Lima, se comprometió a seguir luchando y a "defender la democracia". La derechista espera que el resultado cambie a su favor una vez resueltas las impugnaciones que presentó para anular votos de su contrincante.

Castillo denunció que esos reclamos generan incertidumbre y exhortó a los peruanos a "permanecer atentos" a los intentos por desestabilizar la democracia del país. Llamó al organismo electoral a hacer respetar la voluntad popular.

Agregó que toda la clase política "necesita unirse" para ir más allá de lo que se ha convertido en el brote per cápita más letal del mundo de Covid-19 y curar las fisuras más arraigadas por la pobreza.

Publicado enInternacional
El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

Publicado enInternacional
El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

Publicado enInternacional
Lunes, 14 Junio 2021 05:58

Nicaragua: la involución de Ortega

Nicaragua: la involución de Ortega

Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.

En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.

Todos ellos fueron detenidos por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación".

Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de "terroristas" por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.

Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.

Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.

Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.

Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.

Publicado enInternacional
Chamanes realizan un ritual en apoyo a Castillo en el Cerro San Cristóbal de Lima.. Imagen: EFE

A estos pueblos históricamente despojados el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Éstas son su voces.

 

En un país marcado por profundas inequidades, esta elección presidencial ha expuesto la división entre las élites y los sectores populares, los olvidados, entre la capital y el interior, entre el Perú oficial y el Perú profundo. Una división y exclusión que el país oficial se ha empeñado en ocultar, pasar por alto. Ahora, en la desesperación de las élites por su derrota y la pérdida del poder, esa discriminación emerge mostrando su peor rostro racista y clasista. Son dos países. Entre los más excluidos, los más pobres, están los pueblos indígenas, andinos y amazónicos.

En esta elección, un hombre de origen campesino, andino, el profesor Pedro Castillo, virtual presidente electo, sorprendió a todos y ahora las élites excluyentes maniobran para sacarle votos en mesa y tratar de bloquear su llegada a la presidencia. Los sectores campesinos, indígenas, votaron masivamente por el profesor de escuela rural. Y es a estos pueblos históricamente despojados a los que el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Invisibilizados como ciudadanos, ahora también se les quiere invisibilizar como electores.

El 25 por ciento de la población peruana es indígena, unos ocho millones. De ellos, la gran mayoría son comunidades andinas, quechuas principalmente y aymaras en menor proporción. Y unos 300 mil pertenecen a diversos pueblos originarios de la Amazonia.

"Están indignados"

“En estas elecciones estamos viendo el racismo en todo su esplendor. A ellos les duele haber perdido con un campesino, un profesor, por eso están indignados y quieren sacarnos nuestros votos. Qué casualidad que cuando piden anular votos lo hacen con los de las comunidades indígenas. Las acusaciones que nos hacen de haber rellenado las ánforas y las actas de votación son falsas, no tienen ningún sustento. Nuestros hermanos están molestos”, le señaló a Página/12 Melania Canales, campesina quechua, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

Lizardo Cauper es dirigente de un pueblo originario amazónico y presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana - Aidesep. “Primero niegan que existimos, ahora nos quieren robar nuestros votos” dice, con indignación. “La mafia -agrega- se resiste a aceptar su derrota e inventa un fraude. Es indignante su racismo que pretende ignorar el voto indígena con su poder económico. Estamos defendiendo nuestros derechos. Nos declaramos en estado de emergencia para defender nuestro voto”.

"Expresiones racistas"

“Ellos (los fujimoristas) tienen expresiones racistas contra los pueblos indígenas. Han dicho ‘en las serranías han llenado las actas electorales a su antojo’. Eso es una falsedad y es indignante para nosotros. Se nos sigue tratando como personas de segunda categoría en pleno siglo XXI. Se debe entender que no hay razas ni culturas superiores. Hay un desprecio hacia los pueblos indígenas y ahora nos quieren robar nuestros votos”, señala Víctor Maita, campesino quechua, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Sobre la negativa de la derecha a admitir su derrota electoral, sus ataques con tono de desprecio y racismo contra Castillo y sus votantes, Maita advierte que “lo que están generando es polarizar al pueblo peruano, ya estamos cansados de esa polarización”.

Hugo Jilaja, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, asegura que “la población aymara está indignada” por las afirmaciones del fujimorismo de que en las zonas rurales e indígenas se hizo fraude en las mesas para favorecer a Castillo. Acusaciones sin fundamento que buscan anular esos votos masivamente favorables al candidato de la izquierda.

Keiko Fujimori ha acusado a las poblaciones rurales de suplantar a los miembros de mesa para coparlas, conclusión a la que la derrotada candidata llega porque las firmas de algunos miembros de mesa no le parecen iguales a las de sus documentos de identidad o porque tienen el mismo apellido y eso la hace suponer que son familiares enviados para manipular votos a favor de Castillo. Denuncias sin evidencias serias.

"Fuijmori agrede"

El dirigente aymara Hugo Jilaja le responde: “Keiko Fujimori no conoce la realidad de los pueblos indígenas. Las personas mayores de las comunidades indígenas tienen dificultades de hacer su firma, no están acostumbrados a firmar, por eso cundo firman no es igual a su documento de identidad. En las comunidades hay muchas personas con el mismo apellido que no son familia. Y todos sabemos que en las mesas electorales se agrupa por orden alfabético de los apellidos. Los pueblos originarios han sido agredidos por Keiko Fujimori. Rechazamos la discriminación étnica ejercida por ella”.

Maita anuncia acciones de protesta si se consuma la pretensión de Keiko Fujimori, y la derecha en pleno, de anular unos 200 mil votos rurales e indígena para cambiar el resultado electoral. “Los pueblos originarios tenemos claro que los grupos de poder económico se han juntado para defender sus privilegios. Si no se respeta el voto rural, primero iniciaremos acciones legales y luego medidas de lucha, de fuerza. Haremos respetar nuestro voto”.

“Los indígenas defendemos la democracia que hemos ganado en los últimos 20 años. Estamos vigilantes y atentos. Esta incertidumbre está generando zozobra en los pueblos indígenas”, dice, por su parte, Jilaja.

Melania Canales le comenta a este diario las razones por las cuales las comunidades campesinas han votado masivamente por Castillo. “Nos identificamos con Castillo porque representa a las personas que somos víctimas del racismo y de las brechas de desigualdad e injusticia. Yo soy indígena, él es de un pueblo descendiente de indígenas, soy campesina y de la clase baja como él. En estos 200 años de República nos han gobernado las oligarquías, los burgueses, ya era hora que nos gobierne alguien del pueblo”.

Sobre sus expectativas con un gobierno del profesor rural, Canales dice: “Esperamos cumpla con su palabra. Le hemos dicho que no nos traicione. Somos conscientes que su gobierno va a ser difícil, acosado para tratar de hacerlo inestable, no lo van a dejar gobernar fácilmente, el pueblo tendremos que estar en las calles permanentemente para defender y sostener su gobierno. Lo primero que esperamos es que haga una nueva Constitución. Queremos que empiece a limpiar la casa, porque no es posible que en el aparato estatal haya gente totalmente racista. Ha prometido apoyar a la agricultura familiar, esperamos que haga eso. Ningún proyecto extractivo debe ir adelante sin el consentimiento social de las comunidades”.

"Votamos por el cambio"

Por su parte, Lizardo Cauper señala que su apoyo es por el cambio. “Los pueblos indígenas votamos por el cambio, en contra del modelo económico neoliberal, que es insostenible, insistir en lo mismo sería suicida. Hemos elegido un cambio y del nuevo gobierno esperamos ese cambio. Los pueblos indígenas somos discriminados, queremos una sociedad democrática, sin racismo ni opresión. Esperamos eso. Es fundamental que el nuevo gobierno nos escuche”.

El dirigente aymara Hugo Jilaja también opina sobre lo que demandan del próximo gobierno del profesor Castillo. “Exigimos que las autoridades tengan diálogo con los pueblos originarios. Exigimos el cese de la discriminación étnica que ha dividido a la población peruana. Demandamos librarnos de la mentalidad colonial”.

Los pueblos originarios de los Andes y la Amazonia están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con sus votos que la derecha pretende anular. Se han declarado en estado de emergencia. Convocarán acciones de protesta si les roban sus votos.

“Esperamos se respeten nuestros votos. Si hay respuesta negativa, la intervención de los pueblos indígenas será contundente para defender nuestros votos y nuestra dignidad”, anuncia, con voz firme, Lourdes Huaca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

Por Carlos Noriega

13 de junio de 2021

Desde Lima

Publicado enInternacional
Domingo, 13 Junio 2021 06:18

Brasil: camino al autogolpe

Brasil: camino al autogolpe

Desde Río de Janeiro. En otra clara muestra de su alejamiento de la trágica realidad vivida por Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro participó ayer sábado de una marcha que reunió a miles de motociclistas en San Pablo (foto).

Al desafiar el decreto local que prohíbe promover aglomerados e impone el uso de mascarilla, tanto él como su hijo diputado nacional, Eduardo, y el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes, fueron multados por el gobierno de João Doria, un ex aliado que se transformó en adversario visceral. A cada uno le toca pagar cien dólares. O, mejor dicho, les tocaría, porque sobran indicios de que irán ignorar la punición.

Fue el tercer desfile de motos con la participación presidencial, y el más impactante. Se calcula como mínimo cinco mil motociclistas en respaldo a una campaña electoral que viola todas las reglas y leyes, en otra clara muestra de que Bolsonaro ignora frontalmente las instituciones.

Con el número de víctimas fatales de covid rondando – acorde a los datos oficiales – el medio millón, el ultraderechista insiste en criticar medidas de aislamiento social, anunciar medicaciones que además de no tener ninguna eficacia producen efectos colaterales que pueden llevar a la muerte, y promover aglomerados irresponsables.

En los últimos días pasó a asegurar que el número de víctimas fatales de covid fue inflado por alcaldes y gobernadores, para obtener más recursos del gobierno nacional.

Médicos y especialistas aseguran que de haber una coordinación nacional de medidas preventivas, además de vacunas, se podría haber evitado al menos 375 mil muertes.

Nada, sin embargo, parece suficiente para desviar el ultraderechista de su única obsesión: aferrarse al poder.

El fantasma de Lula

Todos los sondeos de opinión pública coinciden en que el expresidente Lula da Silva ostenta una robusta ventaja sobre Bolsonaro, que sigue atropellando las instituciones, ahora con el foco centrado en alcanzar no solo el respaldo pero también el control absoluto sobre las fuerzas de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, en lo que se ve como un paso más rumbo a un golpe preventivo.

Hay que recordar que a lo largo de sus oscuros 28 años como diputado nacional el hoy presidente siempre defendió la dictadura (1964-1985) con todos sus métodos, tortura, vejación y asesinatos inclusive.

Ya en su primer día como presidente – el uno de enero de 2019 – denunció fraude en las urnas, diciendo que había vencido ya en la primera vuelta. Aseguró tener pruebas de lo que decía, pero jamás las expuso.

Milicias

A aquella altura, ya contaba con respaldo de las llamadas “milicias”, bandos sediciosos integrados por policías, civiles y militares que controlan buena parte de las grandes ciudades brasileña.

Una de sus primeras medidas fue liberar el número de armas para civiles, inclusive las de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Resultado: casi dos millones de pistolas y fusiles en manos de la población.

También contaba con amplio respaldo de los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas y de las policías militares de todo el país.

La virtual militarización de su gobierno – entre retirados y activos, hay al menos seis mil uniformados esparcidos en puestos oficiales, con el respectivo y robusto refuerzo en sus ingresos – hizo con que Bolsonaro alcanzara un papel preponderante.

Expurgó sin piedad a los mandos que se negaron a dejar a un lado el rol de las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado y no de gobierno, dejó claro que fracasó la hipótesis de que los militares que le rodean sirviesen como fuerza de contención para sus desequilibrios y delirios, y no se cansa de asegurar que solo un fraude en el conteo de votos impedirá su reelección.

"Mi ejército"

Sigue refiriéndose a “mi Ejército”, pese al malestar manifestado por el alto mando de la fuerza. El mismo comandante-jefe del Ejército, general Paulo Sergio Nogueira, se sometió al vejamen de no punir al también general Eduardo Pazuello, cómplice absoluto del genocidio padecido por Brasil, por participar de un acto político de respaldo a Bolsonaro, lo que es vetado por el reglamento militar.

Con esa sumisión, el presidente dejó claro que ejerce control total sobre todo, excepto la opinión pública. Y que caso se confirmen las proyecciones y Lula da Silva arrase en las urnas, hará en Brasil lo que su ídolo Donald Trump intentó en Estados Unidos: atropellar el electorado y permanecer depositando su humanidad en el sillón presidencial.

A menos, claro, que intente anticiparse a las elecciones y llevar a cabo un golpe a su favor. Todo es posible bajo sus desmandes.

Por Eric Nepomuceno

13 de junio de 2021

 

Publicado enInternacional
Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

Publicado enInternacional
Elecciones en Perú: terminó el conteo y Pedro Castillo sumó más votos

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude electoral.

 

Desde Lima. Con el cien por ciento de las actas electorales procesadas, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo es el ganador de las elecciones y presidente electo, pero no puede haber una proclamación oficial porque hay votos impugnados y pedidos de nulidad de otros votos, que deben ser revisados. De acuerdo a diversos expertos, el resultado es irreversible, pero la derecha se niegue a aceptarlo. Castillo gana con 50,2 contra 49,8 por ciento de la derechista Keiko Fujimori, una ventaja de 70 mil votos.

Hay unos 150 mil votos, de más de18,7 millones, que faltan ingresar al cómputo final porque están observados y eso debe resolverse. Esos votos no cambiarían el resultado, por lo que el fujimorismo pretende anular otros 200 mil votos en zonas que apoyaron ampliamente al candidato de la izquierda. No habrá un resultado oficial y proclamación del presidente electo hasta que se resuelvan los votos observados y los pedidos de nulidad hechos por el fujimorismo, una acción final desesperada de una derecha que con todo su poder económico y mediático perdió estas elecciones.

"El profesor Pedro está tranquilo"

El maestro rural que en julio debe asumir la presidencia del Perú mantuvo durante el jueves reuniones con diversos colaboradores, conversó con el presidente argentino Alberto Fernández, recibió la felicitación del mandatario boliviano Luis Arce y recibió la visita del excandidato presidencial de centroderecha George Forsyth. Castillo no habló, pero sí lo hizo su vicepresidenta, Dina Boluarte. “El profesor Pedro está tranquilo, sereno, descansando de la campaña que ha tenido”, dijo. Con los resultados sobre la mesa, Boluarte destacó que éstos daban como ganador a Castillo, pero señaló que esperarán “con serenidad y calma” que se definan los votos observados y los pedidos de nulidad y se oficialice el resultado para declarar su victoria.

“La señora Keiko Fujimori está hablando de fraude sistemático, rechazamos esas afirmaciones. Le digo al pueblo peruano que no se deje engañar por mensajes de terror y odio. Llamo a la señora Fujimori a reflexionar y no polarizar más a la población. Hay que saber perder con dignidad y humildad”, declaró a la prensa la vicepresidenta virtualmente electa.

Sin sostén

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude y busca ganar en mesa lo que ha perdido en las urnas. Keiko ha dicho que todavía hay 500 mil votos que faltarían revisarse, una cifra inflada.

Los fujimoristas dicen que los votos observados pendientes de sumarse al cómputo final -unos 150 mil que inflan a 300 mil- son en su mayoría suyos, algo de lo que no hay evidencia. La tendencia de lo que ya se ha avanzado es validar la mayor parte de esos votos. El fujimorismo necesitaría no solo que se validen todos esos votos observados, sino que al menos el 80 por ciento sean a su favor, algo que desafiaría toda lógica de una elección muy reñida. En su principal bastión electoral, Lima, Keiko obtuvo 65 por ciento.

Como esos votos no le dan para voltear el resultado, el miércoles en la noche el fujimorismo sacó una última carta: demandar la anulación de unos 200 mil votos de regiones donde Castillo gana ampliamente, en algunos casos con más del 80 por ciento. La mayor parte son de zonas rurales, bastión electoral de Castillo. Sus argumentos no se sostienen.

Para pedir esa nulidad señalan que hay mesas de sufragio en las que sus miembros -tres, elegidos por sorteo- son de una misma familia, y, sin ninguna evidencia, saltan a la conclusión que serían familias partidarias de Castillo que coparon las mesas. Ya han salido varios de esos supuestos familiares acusados por el fujimorismo a aclarar que llevan el mismo apellido, pero no tienen ninguna relación familiar. Y no estuvieron en las mesas por su voluntad, sino que salieron elegidos en un sorteo. El plazo para impugnar a los miembros de mesa había vencido largamente antes de las elecciones.

El fujimorismo señala que hay actas en las cuales las firmas de algunos miembros de mesa no coincidirían exactamente con las de sus documentos de identidad, con lo que pretenden hablar de una supuesta suplantación. No hay ninguna pericia que determine que esas firmas no pertenecen a los miembros de mesa designados por sorteo. Y ninguna evidencia de suplantación.

También indican que hay actas de mesas donde casi todos los votos van a Castillo y Keiko saca muy pocos o en algunos casos ninguno y aseguran que eso “es imposible” y por eso exigen que todos los votos de esas mesas sean anulados. Esas actas son de zonas rurales en las que Castillo superó el 90 por ciento, por lo que esa baja o nula votación de Keiko en algunas mesas está lejos de ser “imposible”.

Así de endebles son los argumentos del fujimorismo para tratar de anular votos de Castillo y ganar en mesa. Abogados de los principales y más caros estudios de Lima trabajan con el fujimorismo para anular los votos de los ciudadanos más pobres del país, los de las zonas rurales, y con eso cambiar el resultado electoral.

Desconocer y deslegitimar

“Tienen derecho a solicitar la nulidad de votos, pero una cosa es pedir la nulidad y otra que tengan posibilidades que ese pedido se apruebe. Las razones que han dado para pedir la nulidad de votos son poco atendibles. Se busca anular votos donde Castillo gana abrumadoramente, pero los mismos problemas en otras mesas no los tocan. Este reclamo lo único que hace es alargar el fin del proceso electoral, y en el ínterin tenemos una campaña política y mediática muy fuerte hablando de fraude. La estrategia es manchar el proceso electoral y si no hay manera de revertirlo, desconocer los resultados y deslegitimar al gobierno electo”, le declaró a Página/12Fernando Tuesta, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones y contar los votos.

Los pedidos de nulidad de votos presentados por el fujimorismo deberán ser resueltos por la justicia electoral de cada región donde se ubicaban las mesas electorales cuestionadas. Esa decisión puede ser apelada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proceso que tomará varios días. Con argumentos sin base, el pedido de anulación de votos no debería pasar, con lo que se confirmaría oficialmente la victoria de Castillo. Pero hay fuertes presione sobre la justicia electoral.

Pedido de prisión preventiva

Al tiempo que los votos decretan su tercera derrota electoral consecutiva y sus desesperados recursos retrasan el anuncio oficial de esa derrota, Keiko Fujimori enfrenta la posibilidad de volver a la cárcel. La fiscalía ha pedido su prisión preventiva por no cumplir con las reglas de conducta de la comparecencia con restricciones en el proceso por lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia que se le sigue por recibir más de 15 millones de dólares en secreto y en efectivo para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko ya estuvo varios meses en prisión preventiva por este caso.

Para Fujimori, esta elección, que se resiste a perder, es la diferencia entre zafar de un juicio con la inmunidad presidencial o enfrentar un proceso con un pedido de la fiscalía, que tiene un caso sólido, de 30 años de prisión.    

Por Carlos Noriega

11 de junio de 2021

Publicado enInternacional
Página 1 de 131