Elecciones/territorios. Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

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¿Por qué Evo Morales puede ganar (pero también perder)?

Este domingo 20 el presidente boliviano vuelve a medirse en las urnas con una oposición dividida. Pese al desgaste de su figura, acentuado por su afán reeleccionista, Morales tendrá a su favor una economía pujante y la promesa de estabilidad asentada en un modelo de pactos interclasistas.

 

En los inicios de la campaña electoral argentina rumbo a las elecciones del 27 de octubre, un programa de televisión dedicó una de sus emisiones a responder a la siguiente pregunta: ¿Argentina podría mirar a Bolivia en busca de inspiración económica? La interrogante, aunque algo exagerada, no deja de ser sugerente.

Crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, inflación y endeudamiento bajos contrastan, en efecto, con los malos resultados de Mauricio Macri, llamado a enmendar “la pesada herencia del populismo” argentino. En un spotreciente de Morales se advertía a la audiencia: “¿Quieres eso para Bolivia?”, mientras se mostraban imágenes de la crisis en Argentina y se sugería que algo parecido podría ocurrir en el país andino si el ex presidente Carlos Mesa, principal contendiente de Morales, llegara a la presidencia.

Aunque Mesa encabeza la intención de voto en el campo opositor –según la mayoría de las encuestas, unos diez puntos abajo de Morales–, el ex presidente es recordado por haber renunciado en medio de los conflictos sociales en demanda de la nacionalización del gas de 2005, y presenta un equipo de colaboradores demasiado “blanco” y casi sin vínculos con el denso mundo popular boliviano, una dimensión en la que Morales muestra una fuerza aún muy efectiva. Además, Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien debió huir del país en 2003 en medio de la “guerra del gas”, que marcó un antes y un después en la política boliviana.

Aunque la oposición considera inconstitucional la candidatura de Morales –avalada por un Tribunal Constitucional cercano al Poder Ejecutivo–, sus principales referentes decidieron postularse para evitar que un presidente sin contrincantes termine haciéndose con todo el poder, como ocurriera en Venezuela en las elecciones parlamentarias de 2005, cuando la oposición decidió no participar de la contienda electoral y la Asamblea Nacional quedó casi totalmente en manos del chavismo.

Al mismo tiempo, la oposición no logró el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (Oea), Luis Almagro, quien visitó La Paz en junio y, además de mostrar un buen entendimiento con Morales –lo que sorprendió por su enfrentamiento con Maduro–, señaló que no hay ningún instrumento ni antecedente en la Oea que permita intervenir de manera institucional en la reelección en Bolivia, de la misma manera que no se intervino en Costa Rica ni Honduras.

Con todo, el próximo 20 de octubre Morales enfrentará las elecciones más inciertas desde que a fines de 2005 ganara con el 54 por ciento de los votos, asumiera con una doble entronización –en el Parlamento y en las ruinas de Tiwanaku– y venciera en todas las elecciones presidenciales posteriores con más del 60 por ciento. Con la investidura simbólica de ser el primer presidente indígena de Bolivia, Morales puso en marcha el proceso político más intenso desde la revolución nacional de 1952. Pero, tras 14 años de holgados triunfos frente a la oposición política y regional (radicada en la región oriental de Santa Cruz), el aura de Morales parece erosionada, sobre todo en las grandes ciudades, por su decisión de avanzar en una nueva reelección contra lo escrito en la Constitución de 2009 y contra los resultados adversos, por escaso margen, del referéndum de 2016. Aun así, el presidente boliviano puede presumir de niveles macroeconómicos que le permiten presentarse como el candidato de la estabilidad y prometer un “futuro seguro”.

ECONOMÍA Y ALIANZAS. 

 El modelo económico implementado por el ministro Luis Arce Catacora consiste, en sus palabras, en “socialismo con estabilidad macroeconómica”. Arce Catacora ingresó al gabinete en enero de 2006 y se mantiene hasta hoy, con excepción de algunos meses en los que estuvo alejado de la gestión por problemas de salud. Es un izquierdista pragmático, atento a los equilibrios de las cuentas públicas. Lo ayudó, sin duda, el viento de cola del aumento de las materias primas, pero es cierto también que se dedicó a acumular reservas internacionales para cuando vinieran las vacas flacas, lo que efectivamente ocurrió, con la baja de los precios internacionales de las materias primas.

El modelo boliviano, como explica el periodista y escritor Fernando Molina, consiste en la combinación de estatismo en las “áreas estratégicas” de la economía, como el gas y la electricidad, de una alianza con el sector privado a cargo de las grandes (agro)industrias nacionales –muchas de ellas con sede en Santa Cruz–, el comercio de gran escala y los bancos, que ganaron mucho dinero en estos años, y, finalmente, de un “pacto de coexistencia pacífica” con la economía informal, que en Bolivia tiene un peso económico y simbólico muy importante. Esta da sustento a la denominada, con escasa precisión sociológica, “burguesía chola”, que escenifica su poder económico en las grandes entradas folclóricas y los llamados cholets, y forma parte de amplias redes comerciales –una suerte de “globalización desde abajo”– que llegan hasta China.

El caso de la agroindustria es un poco más complejo, porque se liga a la cuestión del regionalismo, de larga data en Bolivia. En 2006, la elite política y económica de Santa Cruz, embarcada en la lucha por la autonomía regional, buscó resistir, incluso con violencia, el modelo nacionalista‑popular‑indígena de Morales. Pero dos años más tarde el movimiento sufrió duros golpes –económicos, policiales y electorales–, mientras que Morales se fortalecía en el poder. Por eso, gran parte de la elite –sobre todo, la agroindustrial– decidió pactar con el gobierno, a cambio de subsidios y apoyo estatal, y aprovechar el boom económico. Eso debilitó el ala política del regionalismo, que siguió controlando la gobernación. “El gobierno de Evo Morales quiere convertir Santa Cruz en Paraguay, un bastión agroexportador, de mayores dimensiones que el actual, capaz de capturar dólares para la economía nacional”, explica el periodista cruceño Pablo Ortiz.

ILUSIÓN OPOSITORA. 

Esta estrategia “desarrollista” generó una década de paz política. Incluso en 2014, Evo Morales logró ganar en esta región tradicionalmente esquiva. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional a fines de 2017, que habilitaba a Evo Morales a postularse nuevamente, sirvió como acicate para un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez sin las autoridades políticas locales a la cabeza. Más recientemente, los incendios en la región de la Chiquitania contribuyeron también al descontento, ya que dejaron en evidencia las tensiones internas en el discurso oficial sobre la defensa de la madre tierra y la tolerancia, e incluso la legitimación, de los “incendios controlados” para los chaqueos (desmontes de terreno para cultivos). Pero, al mismo tiempo, los incendios alimentan discursos racistas contra los inmigrantes “collas” en Santa Cruz: la consigna “fuego cero” puede virar fácilmente a “inmigrantes cero”, al responsabilizar exclusivamente a los pequeños campesinos colonizadores provenientes del occidente por los chaqueos.

Esta reactivación del regionalismo operó desde las calles e incluso contra parte de las elites locales. Las divisiones y los reproches cruzados abundan en la política cruceña, y muchos acusan a empresarios de haberse “vendido al Mas” (Movimiento al Socialismo, de Evo Morales) y haber traicionado a la región. “Este es un cruceñismo de jóvenes, sobre todo de 17 a 35 años, pero con ideas viejas, las mismas que generaron la lucha autonómica en la primera década del 2000: menos control del Estado central sobre la región, mayor capacidad de autodeterminación y control sobre la tierra, principal elemento del ideario político cruceño”, explica Ortiz. El reciente cabildo convocado por el comité cívico regional concentró a decenas de miles de personas el pasado 4 de octubre y convocó a luchar por el federalismo –una consigna que no estaba en la agenda, pero fue coreada por la multitud– y votar contra Evo Morales el 20 de octubre.

No es casual que el evento más masivo de la campaña boliviana fuera “un acto de campaña sin candidatos en los escenarios”, como el cabildo cruceño. La oposición, de hecho, va dividida, y eso alimenta las posibilidades de un triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Por ello, este formato “ciudadano” ilusiona a quienes buscan trascender las fronteras partidarias y las fuertes peleas en el interior de la oposición. La Constitución boliviana establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50 por ciento más uno de los votos o el 40 por ciento con diez puntos de diferencia sobre el segundo. Morales apuesta a esta fórmula mágica para permanecer en el gobierno durante un cuarto mandato.

Por eso, el cabildo cruceño –una forma histórica de expresión de las demandas de la región, casi inexistente en otras partes del país– quiere ser ahora imitado por la oposición en el resto de Bolivia, e incluso en La Paz. A falta de actos proselitistas numerosos, esta forma de movilización sin banderas partidarias podría ser una forma de generar ánimo y adhesión a un voto útil opositor, que, de aplicarse, debería ir hacia Carlos Mesa, quien tiene mayores posibilidades de triunfo entre los opositores y nunca tuvo predicamento en Santa Cruz.

Pese a su desgaste, Morales tiene a su favor, además de la economía, el control del Estado, la movilización de los sectores sociales y los empleados públicos, y niveles de popularidad que, aunque más bajos que antaño, no hay que subestimar. Por ahora, el presidente boliviano lidera todas las encuestas con porcentajes que lo ubican cerca del 40 por ciento y a diez puntos de diferencia del segundo –en medio de una verdadera guerra de cifras en los medios y las redes sociales–. Pero todas ellas muestran un alto porcentaje de indecisos que, según algunos especialistas, puede encubrir una parte de voto oculto. Lo que no se sabe todavía es en favor de quién, y posiblemente en esa caja negra se juegue el resultado electoral. Si los indecisos se dividen de manera más o menos proporcional, Evo Morales puede ganar en primera vuelta. Por eso, toda su artillería se centra en evitar un balotaje en el que la concentración del voto opositor pueda poner fin a su gobierno, el más largo de la historia boliviana.

18 octubre, 2019

Publicado originalmente en Letras LibresBrecha reproduce fragmentos con autorización. Titulación de Brecha.

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Sábado, 19 Octubre 2019 11:05

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

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Adriana Gómez, Zona de riesgo, técnica mixta sobre lienzo, 120 x 120 cm, 2015

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

 

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.


Estas elecciones se desarrollan en medio de un “estado” de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces vista. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan “Impopulares pero eficientes”.


En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los 4 candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.


Claudia López candidata verdeamarilla


Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Teresa Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.


López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque se oyen voces que consideran que sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.


No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer, entre otras el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad (optando por la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso) afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos “renovadores”, es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro. En contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha.


Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.


La Oposición de Hollman Morris


La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.


La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.


El delfín Miguel Uribe


El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que en las urnas ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.


En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.


El repunte de Galán


En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. O viceversa. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos, a última hora.


Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Propone soluciones cercanas a las que plantea Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.


Ambiente frío


Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de los sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.


Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. Contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás, son parte de la realidad que la afectan y de la agenda por abordar en el debate sobre el gobierno que debe regir en la misma. Como parte de ello también es fundamental el qué y como hacer para recuperar quebradas y ríos, así como humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Otro aspecto por abordar y resolver, mucho más cuando corresponde a una agenda electoral, es la movilidad, la cual le consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en su salud física y mental. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.


Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.


Todo está por pasar


Faltando tres semanas y unos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.


A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

 

*Consultor en Ciudades Inteligentes.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019

 

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Saudigate: Trump, los motivos y las consecuencias de “MiBolsillo First”

Un político debe ser un “patriota verdaderamente ilustrado e independiente”, opinaba Georg Washington que ahora debe revolverse en su tumba al ver que el último de sus sucesores no cumple ni uno de los requisitos recomendados.

Los demócratas y los sectores más belicistas de EEUU siguen sacando los trapos sucios de Trump y sus prácticas gánsterianas para destituirle, contemplando incluso un golpe de estado, además de Rusiagate, escándalos sexuales (la campaña repentina de  “MiToo”) o “Ucrania/Australiagate”. Sin embargo, no esperen que haya un “Israelgate” o un “Saudigate”, los dos estados extranjeros que, no sólo influyen sobre la política exterior de ambos partido para Oriente Próximo, sino la determinan.

Según Cato Institute, más de un tercio de los congresistas que había sido contactado por las empresas que hacen de cabildeo (Lobby) para el Reino de Arabia Saudita (RAS), como Glover Park Group o DLA Piper, recibieron una contribución de este país. Debido a que los extranjeros no pueden donar dinero a los políticos, este tipo de empresas y los personajes “expertos en Oriente Próximo” hacen un impresionante negocio, y crean unas complejas telarañas financieras y artimañas políticas para despistar a la justicia.

El cambio de tono de Trump respecto a RAS, antes y después de ser presidente,  muestra la hipocresía de un mercader fracasado además el servilismo de la máxima autoridad EEUU ante unos jeques de un estado medieval encabezados por un tal Mohammed Bin Salman (MBS), apodado “Jack el Destripador”: Trump, que es el presidente más pro-saudita de la historia de EEUU, de candidato solía atacar duramente a los demócratas por su trato amable hacia RAS, desde tres puntos:

  1. Atentados del 11S: «¿Quién hizo explotar el World Trade Center?», -preguntaba Trump en el canal Fox-, «No fueron los iraquíes, fue Arabia Saudita,… ¡abra los documentos!«, exigiendo la desclasificación de las pruebas obtenidas.
  2. Recibir “sobornos”: la Fundación Clinton es “una empresa criminal” dijo Trump por los al menos 25 millones de dólares que recibieron los Clinton de los hermanos de caridad árabes del Golfo Pérsico.
  3. Derechos humanos: “¿Hablas de mujeres y derechos de las mujeres?” preguntó Trump a Hilary. «[Los saudíes] lanzan a los gays desde los edificios, matan a mujeres y las tratan horriblemente y, sin embargo, les coge el dinero. ¡Hillary debe devolver todo el dinero de esos países!», pidió un Trump sensible con la igualdad, que llegó a criticar a Michelle Obama por no llevar el velo en su visita a aquel reino de terror (¡si lo hubiera llevado, también le hubiera atacado!): dos años después, Melania e Ivanka Trump también se negarán a cubrir su cabeza en la visita oficial a la tierra de Mahoma. Trump, que es el primer presidente de EEUU que elige a RAS como el primer destino de su visita oficial, que no pidió disculpas a la señora Obama.

Los objetivos que persigue Arabia

  • Promover políticas anti-iraníes, y no por ser éste chiita: entre 2015 y 2016 las empresas de cabildeo de RAS pagaron al senador demócrata Chuck Schumer al menos 21.400 dólares: fue uno de los cuatro votos demócratas contra el acuerdo nuclear que firmó Obama con Irán, pacto que será destruido por un presidente Trump que ni lo había leído, y que curiosamente sólo beneficiaba a Arabia Saudí e Israel, que no a Irán. Ahora, además de ser incapaz de conseguir un acuerdo unilateral con Teherán, Trump está poniendo en peligro la propia existencia de RAS como país, ante una República Islámica que no tiene nada que perder.
  • Lavar la cara de MBS en los medios, presentándole como un joven moderno y reformador, que no un dictador, un misógino, secuestrador, extorsionador,- con la “noche de cristales rotos” incluido-, y asesino de los opositores dentro y fuera del país.
  • Mantener el apoyo de EEUU a su guerra contra Yemen: así consiguió el silenciar a los medios de comunicación sobre la mayor crisis humanitaria del mundo.
  • Conseguir tecnología nuclear: El Congreso ha reconocido que el general Michael Flynn, ex Asesor de Seguridad Nacional del presidente, y Jared Kushner, presionaron al gobierno para que le otorgara la tecnología nuclear a RAS.

Mecanismos de compra de favores

¡Sólo hay uno: sobornar! Y se hace desde varias vías:

  1. Unir los intereses personales de los políticos de EEUU con los de la Casa Real saudí. En este país, no existe el estado. La familia Saud, que junto con Liechtenstein son los únicos países que llevan el nombre de los clanes gobernantes, se presenta como el propietario de los recursos de la “nación-súbdita”. El Post reveló que, en 2017 los saudíes reservaron 218 noches en el Hotel Trump Chicago, un aumento del 169% respecto al mismo período de 2016. ¿A cambio de qué? Michael Gibson un subcontratista de Qorvis MSLGroup que representa a los saudíes alquiló habitaciones en el Trump International Hotel en Washington DC, para un grupo de veteranos y activistas trasladados desde Nueva York, para presionar al Congreso a que revoque la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permite a las víctimas del demandar al RAS. Jared Kushner, el yerno proisraelí del presidente que es el hombre de Riad en la Casa Blanca, después de que MBS realizara un golpe de estado aparatando al príncipe heredero, organizó una comida entre Trump y el nuevo hombre fuerte del reino, declarando su reconocimiento por EEUU: «¡Hemos puesto a nuestro hombre en la cumbre!», había dicho Trump según el periodista USA Today Michael Wolff, lo cual muestra que la injerencia en asuntos internos es mutua. Kushner, también fue el principal apoyo del bloqueo económico de Qatar por Riad durante la extraña crisis del junio del 2017 entre ambos estados árabes. Que Doha se negara a rescatar una de las empresas arruinadas de la familia Kushner pudo encadenar una nueva guerra en esta zona azotada del mundo. Mohammed había presumido de tener al yernísimo “en el bolsillo”, quizás por entregarle información confidencial sobre los rivales de la familia Saud en extranjero, supone el diario Intercept. ¿Tuvo algo que ver el marido de Ivanka en el asesinato de Khashoggi? ¿Qué recibió a cambio?
  2. Crear grupos de presión tradicionales: En 2015, RAS fichó al empresario libanés-estadounidense George Nader para organizar reuniones entre los enviados de los gobiernos saudí y emiratí con Steve Bannon y Kushner en la Torre Trump. Nader ya había canalizado varios millones de dólares de aquellos jeques al republicano Elliott Broidy, comprando su apoyo activo al bloqueo al que sometieron a Qatar: en mayo de 2018 Broidy realizó dos conferencias atacando a Doha.
  3. A través de empresas de “asesoría” y los centros de “estudios”: el Grupo Podesta, Brownstein Hyatt Farber Schreck o el Grupo Glover Park, “donaron” alrededor de 580.000 dólares a los políticos de EEUU, señala The New york Times, en nombre del RAS, a la vez que el Consejo Atlántico, la Institución Brookings, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto del Medio Oriente recibían dinero de las petromonarquías del Golfo Pérsico.

¿Cómo es posible “Amar a los saudíes

Esta es la cronología de una historia de amor:

1991: el príncipe saudí, Al Waleed bin-Talal compra “Trump Princess” el yate embargado de Trump por 20 millones de dólares; el magnate de casinos, que estaba arruinado por una deuda de unos 900 millones de dólares, lo había comprado por 29 millones a Adnan Khashoggi, el traficante de armas y el primo de Jamal. En 1995, el mismo Talal también le compra el Hotel Plaza de Nueva York por 325 millones, 65 millones menos de lo que pagó Trump por ello en 1988. Estos datos fueron revelados por el príncipe suadí en respuesta a un desagradecido Trump que en un tuit le criticó por dar entrevistas a la periodista de Fox News, Megyn Kelly.

2001: Trump vende el piso 45 de la Torre Mundial de Trump a RAS a través del fondo buitre Blackstone Group, cuyo presidente Stephen Schwarzman, un antiguo directivo de Lehman Brothers, le acompañará a un Trump ya presidente en su visita oficial a Arabia Saudita en 2017.

2015: En víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Riad realiza un estudio psicológico al Trump candidato y localiza las tres dimensiones de su Talón de Aquiles: 1) un desbordado ego, 2) una desmesurada codicia, y 3) un profundo complejo de inferioridad, que le hace necesitado de recibir continuos elogios y en cantidades industriales: los saudíes serán generosos con él, utilizado el dinero público. “Me llevo bien con Arabia Saudita. Me compran apartamentos. Gastan 40 millones, 50 millones de dólares” -reiteraba con orgullo el presidente menos docto de EEUU en una entrevista- “Gano mucho dinero de ellos” “Me pagan millones y cientos de millones”.

2016: «Me gustaría proteger a Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita tendrá que ayudarnos económicamente«, advirtió el candidato Trump, al ser preguntado por una posible guerra contra Irán: o sea, si me paga, tendrá su guerra, aunque provoque con ello una guerra mundial.

Este año, Trump no pierde tiempo: registra hasta ocho empresas vinculadas con el RAS, entre ellas THC Jeddah Hotel y DT Jeddah Technical Services, y sigue criticando a Obama por no lanzar un ataque militar contra Irán y hacer las paces con Teherán. Luego envía a su hijo Donald J a reunirse con los enviados de RAS,  de EAU, Erik Prince, el fundador del ejercito privado Blackwater -acusado de crímenes de guerra en Irak-, Joel Zamel, un experto israelí en manipulación de redes sociales y director de la firma Psy-Group, quien había elaborado una propuesta para usar miles de cuentas falsas en Facebook, y el “asesor” George Nader para estudiar cómo contribuir al triunfo de Trump en las elecciones. Después de las elecciones, Nader le pagó a Zamel hasta 2 millones de dólares, aunque se desconoce el concepto.

Meses antes de que Trump tomase la posición, The New York Times escribe sobre la firma de contratos entre RAS y el Grupo CGCN, vinculada con Boeing, uno de los vendedores de bombas a Riad, y con el Grupo McKeon, dirigido por Howard McKeon, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Congreso, quien recibió unos 834.000 dólares de donaciones por ser uno de los principales inversores del negocio de los aviones no tripulados.

“Blanquear” a los Saud, visitándoles

Una vez presidente, Trump se olvida de lo que había dicho sobre los saudíes, y califica al país como un «reino magnífico», a su dictadura “tan amables anfitriones», y mientras prohíbe la entrada a EEUU a los ciudadanos procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia por peligrosos para la seguridad nacional, excluye de la lista de su Eje del Mal al RAS cuyos ciudadanos, según la CIA, mataron a unos 3.000 estadounidenses en el 11S, y su gobierno, según Hilary Clinton, patrocina al ejército de mercenarios más peligroso del siglo: el Estado Islámico. Las huellas de RAS están también en algunos atentados en Europa.

Revela The Nation que en el primer año del gobierno de Trump, los saudíes gastaron un millón de dólares mensuales en una veintena de empresas de cabildeo. Hicieron lo mismo los EAU, con unos 18 lobbies, pagando sólo a uno de ellos, el Grupo Camstoll, unos 10 millones de dólares, para comprar los favores de los políticos.

2019: con el misterioso ataque a la planta petrolífera de Aramco en el suelo saudí, Trump llegó a delegar la política exterior de EEUU a los jeques, y poniendo al ejercito de EEUU a las órdenes y al servicio de la Casa Saud: «esperando recibir noticias del Reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, y bajo qué términos procederíamos”, tuiteó, sin rubor Trump, que vive al borde del precipicio. ¿Será una guerra contra Irán su forma de exportar la crisis existencial que está viviendo?

Por Nazanín Armanian

10 octubre 2019

Publicado enInternacional
Miércoles, 09 Octubre 2019 18:38

Mi voto por un dato

Mi voto por un dato

Cuando una candidata se presenta tan académica tiene que estar segura de lo que dice. Claudia pecó de mentirosa.

Como en la famosa frase del rey Lear: “Mi reino por un caballo”, en la contienda electoral para la Alcaldía de Bogotá me veo ante una variación de la famosa sentencia, en este caso: “Mi voto por un dato”. Sí, en un reciente acto de campaña de Claudia López, aquí frente a la Universidad del Rosario, acusó a sus contrincantes de mentirosos y, entre otras, soltó esta perla: “En Bogotá hay 100.000 familias que hipotecaron sus casas para pagar la deuda con el Icetex”.

Bueno, si Claudia resuelve las dudas que genera este dato, tendrá mi voto y muy seguramente a un defensor de la causa verde. De lo contrario, nos iremos con el voto útil. Así que entremos en materia, ¿de dónde salió ese dato?, ¿quién lo construyó? Porque una cifra tan redonda no cae de los árboles ni se da silvestre en los jardines. Construirlo es una megainvestigación, aunque la simplicidad del número pareciera decir lo contrario.

El dato tendría que aclararnos en qué tiempo se dio esa megacarrera de los deudores acuciosos al sistema bancario a pedir refinanciación, cuando de hecho, según ella misma, ya estaban reportados en Datacrédito. Pero recordemos, a esas personas no se les suele abrir el sistema bancario. En este momento los deudores a Icetex en todo el país suman 52.000 personas, cifra muy inferior a la de los morosos que ella atribuye a Bogotá que hipotecaron, están hipotecando, van a hipotecar. Cifra inconsistente con la realidad, porque Bogotá tiene aproximadamente ese número de deudores con el Icetex, ¿quiere ello decir que todos están al día y que lo están a cuenta de la hipoteca? Nada razonable. Máxime cuando el nivel de cumplimiento en el pago, en todo el país, tiene un histórico del 92 por ciento.

Mientras llega la información del origen, los tiempos, y las cifras complementarias, reflexionemos sobre esos 100.000. Especulemos, crucemos datos concomitantes. Si una familia puede hipotecar la casa, quiere decir que ya es dueña del predio y, en ese caso, no está pagando arriendo, es decir, tiene de dónde echar mano para pagar los estudios del hijo, digo. No es razonable pensar que los morosos estén entre los propietarios de viviendas, pero puede ser, claro, pero no es lo más razonable.

100.000 no es un dato. Este me gusta. Esas cifras redondas no son datos son aproximaciones no sabemos de dónde a dónde. Los datos son disparejos, truncos, filudos: 23.149, 54.821, 156.298, estos son datos. Ella se presentó como la candidata de la academia (recientemente sustentó su tesis doctoral). Pues bien, en el mundo académico los datos son sagrados. No tenemos más. En mi clase de Estilos Argumentativos leímos el cuento Nueve millas bajo la lluvia, de Harry Kemelman (ver en la parte final el cuento), tomado de la antología del cuento policíaco, compilada por Borges y Bioy. En ese cuento se descarta, con elegancia, que los múltiplos de diez sean números exactos, es decir, no son datos. Son aproximaciones y las aproximaciones no son serias, acaso sean consignas para generar opinión, pero la opinión sin el dato y la fuente, es deleznable. Así que de entrada, la probabilidad no secunda a Claudia.

Según el “chepito” mayor, el gerente cobrador de la deuda del Icetex, el señor Hernán Pardo Botero, de CISA, en este momento se maneja una cifra aproximada de 52.000 morosos del sistema, contando casos de hasta 3.000 días de atraso. Es decir, quienes no pagan en todo el país son casi la mitad de los que Claudia atribuye a Bogotá. Salvar esa inconsistencia será muy difícil. Tal vez sea más fácil mostrar que el plebiscito anticorrupción de 300.000 millones de nuestro bolsillo no era corrupto en sí mismo. Pero bueno, siempre queda a mano la salida conspirativa: “Los oligarcas le ocultan al pueblo la verdad, los deudores son más, porque si esto se supiera…”, bueno, ¿de dónde salió el dato?

La deuda total de los atrasados en el pago ronda los 300.000 millones de pesos. Si se hipotecaran las cien mil casas de Claudia para pagar, no habría morosos, número uno. Y número dos, querría decir que las hipotecaron por un valor promedio de tres millones de pesos cada una. Me pregunto, ¿qué pueblo, qué nación, qué país, qué idiota hipoteca su casa por ese valor, máxime cuando ya nos fresqueamos y llevamos más de uno, dos, tres y hasta diez años sin abonar a la deuda y sin aparecer por la oficina de cobro a poner la cara?

Y mi ñapa. Hablar mal del Icetex es una buena bandera, tan buena que los vándalos agredieron e incendiaron sus instalaciones. Sin embargo, según CISA, el 92 por ciento de los beneficiados con créditos de Icetex se encuentran al día, y un grupo del 8 por ciento está en estudio prejurídico. Es decir, mal que le pese a quienes están haciendo política con la platica de los contribuyentes, la gente sí paga.

Debemos recordar que quienes se aproximaron a la calle diecinueve con cuarta en Bogotá fueron en busca de un préstamo, no de una beca. Y se le dio la plata, se le prestó. Plata de nuestros impuestos, dinero que cuando regrese al sistema servirá a otros para adelantar su sueño. Ahora, si ese préstamo no le sirve, si tiene otra forma de financiar su estudio, hombre, está en todo su derecho de hacer uso de ese otro mecanismo, pero no venga ahora a rabiar contra quien le tendió la mano.

Si estamos hablando de un dato, debería decirnos si esas 100.000 casas hipotecadas son de los padres o de los fiadores (o de los padrinos solidarios). Es curioso, la prensa se ocupó de una carta falaz de un deudor dónde denunciaba al Estado (tal vez no hay un lugar común más eficaz en Colombia: “Denunciar al Estado”) por embargar a su padre, fiador, campesino, discapacitado. Así, en ese orden de descripción padre-fiador-campesino-discapacitado. Se hizo viral. El Icetex aclaró que el señor sí era fiador, que el joven no se había acercado al Instituto a refinanciar su deuda (mecanismo de favorecimiento, otro más), tres años de atraso en los pagos y que no lo habían embargado. Pero esa noticia, claro, no fue viral.

Conclusión. A Claudia le será muy difícil resolver estas dudas, entre otras razones, porque algunas de ellas muestran lo absurdo y contraintuitivo del dato. Tal vez, ya podemos concluir que mintió. Sin embargo, mandaré esta misiva, uno no sabe, casos se han visto y yo sea quien está errado. Mientras tanto, no sirva de fiador, le puede salir un vivo afecto a socializar la plata de los demás.


Nueve millas bajo la lluvia

Por, Harry Kemelman

 

Hice el papel de tonto con un discurso que pronuncié en la comida del Good Government Assotiation; Nicky Welt me acorraló al día siguiente, mientras desayunábamos en el Blue Moon, lugar donde íbamos siempre que teníamos deseos de encontrarnos. Había cometido el error de salirme del discurso que llevaba preparado, para criticar una afirmación que hizo a los diarios mi antecesor en el puesto de fiscal. Saqué una cantidad de conclusiones de la tal afirmación, quedando así a merced de refutaciones que no tardaron en producirse; esto me dejó como un intelectual poco honesto.

Yo era nuevo en este asunto de la política; hacía apenas dos meses que había dejado el Law School para convertirme en el candidato del Partido Reformista al cargo de fiscal. Lo que antecede es a modo de disculpa, pero Nicholas Welt, que jamás abandonaba sus maneras pedagógicas (era profesor de Lengua y Literatura Inglesas en Snowdon), me contestó en el mismo tono que hubiera empleado para negar el pedido de algún estudiante del curso secundario.

--No es una excusa --me dijo.

A pesar de no ser más de dos o tres años mayor que yo (y estamos doblando la curva de los cuarenta), siempre me trata como un profesor a un alumno particularmente estúpido. Y yo, tal vez por lo mucho más viejo que se ve con el pelo blanco y su parecido a un gnomo, soporto sus lecciones.

--Fueron conclusiones muy lógicas --dije en tono suplicante.

--Mi querido muchacho --dijo quedamente--, aunque sea casi imposible no sacar conclusiones de lo que leemos u oímos, generalmente estas conclusiones son erróneas. En la profesión de abogado, estos errores se producen en un elevado porcentaje, ya que en este caso la intención no es descubrir lo que se desea comunicar, sino más bien lo que se desea ocultar.

Tomé mi adición y me levanté. Al hacer esto le dije:

--Me imagino que te refieres al interrogatorio de testigos en la sala de Tribunales. Bien, en estos casos siempre está la parte contraria que rechazará cualquier conclusión ilógica.

--¿Quién habló de lógica? --replicó--. Una conclusión puede ser lógica, y no por eso ser verídica.

Me siguió hasta la caja, donde pagué mi consumición; después esperé impaciente mientras Nick rebuscaba en un monedero pasado de moda, y pescaba varias monedas una por una, colocándolas en el mostrador al lado de su cuenta; pero descubrió que el total era insuficiente. Las deslizó otra vez en su monedero y, con un suspiro de pesadumbre, sacó un billete del prehistórico monedero, y se lo dio al cajero.

--Dime una frase de diez o doce palabras --me dijo Nick--, y te armaré una cadena de conclusiones lógicas que ni soñaste al construir la frase.

Como el espacio era reducido, y seguían llegando clientes a la caja, decidí salir y esperar en la acera que terminara su operación con el cajero. Me acuerdo que me divirtió la idea de que Nick pensara que yo estaba todavía a su lado, escuchando su perorata.

Cuando se me reunió, le dije:

--El caminar nueve millas no es broma, especialmente lloviendo.

--No, no lo es --dijo distraídamente. De pronto, detuvo sus pasos, y me miró en forma inquisitiva--. ¿De qué estás hablando?

--Es una frase y tiene once palabras --dije repitiendo la frase, al mismo tiempo que contaba las palabras con los dedos.

--¿Y qué quiere decir?

--Me dijiste que si hacía una frase de diez o doce palabras...,

--¡Ah, sí! --me miró con desconfianza--. ¿De dónde la sacaste?

--Se me ocurrió. Vamos, saca tus conclusiones.

--¿De veras? --preguntó mientras los ojillos le brillaban--. ¿En verdad lo deseas?

Era muy de Nick el desafiar a alguien y después demostrar gozo cuando se le aceptaba. Esto me hizo enojar.

--Habla o cállate --le dije.

--Muy bien, no te enojes. Acepto. Hum,.. ¿Cómo era la frase? "El caminar nueve millas no es broma, especialmente si está lloviendo." No hay mucho material.

--Son más de diez palabras.

--Bien --su voz se fue haciendo brusca a medida que iba estudiando mentalmente el problema--. Primera conclusión: el sujeto está molesto.

--De acuerdo --dije--, aunque en realidad es una conclusión un poco rebuscada; la afirmación lo implica.

Nick asintió impaciente.

--Segunda conclusión: la lluvia no estaba prevista; si no, hubiera dicho: "El caminar nueve millas bajo la lluvia, no es broma", en lugar de colocar la frase "bajo la lluvia" al final, precedida del adverbio "especialmente", que está indicando a las claras una idea que se le ocurrió después.

--Lo dejo pasar, aunque es obvio.

--Las primeras conclusiones deben ser obvias.

No dije nada; me pareció que se había metido en camisa de once varas, y no quería hacérselo notar.

--La siguiente conclusión es que el sujeto no es un atleta, ni afecto a aire libre.

--Explícame eso.

--Otra vez la palabrita "especialmente". El sujeto no dice que una caminata de nueve millas no es broma bajo la lluvia, sino que la distancia, fíjate, no es broma. Ahora bien, nueve millas no constituyen una distancia tan larga; se camina más de la mitad de esa distancia en diez y ocho hoyos de golf, y el golf es un juego de viejos --y agregó, con modestia--: Yo juego al golf.

--Eso está muy bien en circunstancias comunes --dije--, pero hay otras posibilidades. El sujeto puede ser un soldado en la jungla; en este caso, no sería ninguna broma, con o sin lluvia.

--Sí --Nicky se puso sarcástico--. También puede ser un individuo con una sola pierna; o un graduado que está escribiendo su tesis sobre gustos, y que empieza por anotar todas las cosas que no son divertidas. Antes de continuar, te voy a confiar dos presunciones.

--¿Qué quieres decir? --pregunté desconfiado.

--Recuerda que tomo la frase tal como me la presentaste, sin pretender saber quién la dijo, ni en qué circunstancias. Generalmente, una frase encaja en el marco de una situación.

--Ya veo. ¿Cuáles son tus presunciones?

--En primer lugar, presumo que la frase no tiene una intención frívola; el sujeto se refiere a una caminata efectuada, y no con el propósito de hacer ejercicio, ni de ganar alguna apuesta, o algo por el estilo.

--Me parece lógico y razonable.

--También presumo que la caminata tuvo lugar por aquí cerca.

--¿En Fairfield?

--No necesariamente aquí, sino por esta zona.

--Probable.

--Entonces, si aceptas estas presunciones, tienes también que estar de acuerdo conmigo en la conclusión que saqué: el sujeto no es un atleta ni aficionado al aire libre.

--Bueno, muy bien; sigue.

--Mi otra conclusión es que la caminata se realizó a altas horas de la noche, o muy temprano por la mañana; digamos entre medianoche y las cinco o seis de la mañana.

--¿De dónde sacas eso?

--Por la distancia de nueve millas. Estamos en una zona bastante poblada; cualquier camino que tomes te llevará a algún pequeño pueblo, mucho antes de recorrer nueve millas. Por ejemplo, Hadley está a cinco millas; Hadley Falls, a siete millas y media; Goreton está a once, pero East Goreton está antes, y la distancia para llegar a este último lugar es de ocho millas. Hay trenes para Goreton y para las demás localidades, hay servicio de ómnibus. Los caminos están siempre muy concurridos. Entonces, dime: ¿Por qué tuvo alguien que caminar nueve millas bajo la lluvia, si no fue a altas horas de la noche, o por la madrugada, momentos en los cuales los medios de transporte son escasos, y en los que un conductor particular difícilmente hará subir a su vehículo a un desconocido?

--Tal vez no quiso ser visto --sugerí yo.

Nick me miró con lástima.

--¿Te parece menos visible ir solo por un camino, y no mezclado entre el público de un tren o de un ómnibus, que generalmente está enfrascado en la lectura de algún diario?

--Está bien, no insisto --dije con brusquedad.

--A ver qué te parece esto; iba hacia una ciudad, más bien que de una ciudad.

Yo asentí.

--Es casi seguro. Si hubiera estado en una ciudad, le habría sido fácil combinar algún medio de transporte. ¿En eso te basas para tu conclusión?

--En parte --dijo Nick--, pero también saco una conclusión de la distancia. Recuerda que es una caminata de nueve millas, y nueve es un número exacto.

--Lamento no comprender. El gesto exasperado del maestro de escuela apareció en la cara de Nick.

--Supongamos que dices que hiciste "una caminata de diez millas", o "un paseo en auto de cien millas". Yo puedo pensar que caminaste entre ocho o diez millas, o que manejaste un auto durante ochenta o ciento diez millas. Diez y cien no son números exactos, puedes haber caminado exactamente diez millas o aproximadamente diez millas; pero cuando dices que caminaste nueve millas, yo tengo derecho a suponer que la distancia fue exactamente nueve millas. Ahora bien, podemos saber con más exactitud la distancia a la ciudad, desde un punto dado, que sabe la que existe desde la ciudad a un punto dado. Por ejemplo, si le preguntas a una persona de aquí, a qué distancia está la granja de Brown, y siempre que la conozca bien, te dirá que hay unas tres o cuatro millas. Pero pregúntale al granjero Brown en persona cuánto hay desde su granja hasta la ciudad y te dirá: "Tres millas, seiscientas, y lo sé, porque más de una vez he medido la distancia con el cuentakilómetros".

--Es algo débil, Nick --dije.

--Pero en comparación con la tuya de que si hubiera salido de la ciudad, hubiera podido arreglar algún medio de transporte...

--Si, tienes tazón; te dejo seguir. ¿Algo más?

--Ahora empiezo a dar en el clavo --se jactó--. Otra conclusión que saco es que debía estar en un lugar determinado a una hora exacta; no se trataba de ir en busca de ayuda porque su auto estaba descompuesto, o su esposa enferma, o porque hubieran entrado ladrones en su casa.

--¡Por favor! El desperfecto del auto me parece la conclusión más probable; la distancia la podía conocer muy bien, si había controlado el cuentakilómetros al salir de la ciudad.

--No; en un caso así, lo más probable es que se hubiera acomodado en el asiento trasero para dormir o, en el peor de los casos, parado al lado del auto con el objeto de llamar la atención del primero que pasara. Recuerda que se trata de nueve millas. ¿Cuánto tiempo dices que se necesita para recorrerlas a pie?

--Cuatro horas --contesté.

Nick asintió.

--Y nada menos, teniendo en cuenta la lluvia. Nos hemos puesto de acuerdo en un punto, y este es que la caminata la realizó a altas horas de la noche, o muy temprano por la mañana. Si el desperfecto del auto se produjo a la una de la mañana, no hubiera podido llegar a la ciudad antes de las cinco; a esa hora ya circulan muchos vehículos por los caminos. Los ómnibus son los que empiezan a circular un poco más tarde, a eso de las cinco y media. Por lo demás, no tenía necesidad de caminar hasta la ciudad misma; lo más natural hubiera sido que llegara sólo al teléfono más cercano. No, no me cabe la menor duda que tenía una cita en una ciudad, y algo más temprano de las cinco y media.

--¿Y por qué no ir antes y esperar? Podía tomar el último ómnibus, llegar a eso de la una, y esperar el momento de la cita. En lugar de hacer eso, camina nueve millas bajo la lluvia y, según dices, no es ningún atleta.

Íbamos a esta altura de nuestra conversación, cuando llegamos al edificio de la Municipalidad, donde está mi oficina. Generalmente, nuestras discusiones empezaban en el Blue Moon y terminaban a la entrada de la Municipalidad; pero como esta vez me encontraba realmente interesado en las demostraciones de Nick, le sugerí que subiera un momento a mi oficina.

Cuando nos sentamos, le pregunté:

--¿Que me contestas, Nicky? ¿Por que no pudo llegar más temprano, y esperar?

--Pudo, pero no lo hizo. Debemos presumir que, por alguna causa, perdió el último ómnibus; o si no, que debía esperar en el lugar en que estuviera alguna señal o una llamada telefónica.

--Según tú, tenía una cita entre la medianoche y las cinco y media...

--Podemos acercarnos mucho más a la hora exacta. Recuerda que la caminata le lleva cuatro horas; el último ómnibus deja de circular a las doce y media de la noche. Si no lo toma, y empieza a caminar a esa hora, no llega antes de las cuatro y media. Por otro lado, si toma el primer ómnibus, llegará a las cinco y media aproximadamente. De esto se deduce que su cita se debía efectuar entre las cuatro y media y las cinco y media.

--Ya veo, quieres decir que si la cita era antes de las cuatro y media, hubiera tomado el último ómnibus; si era después de las cinco y media, hubiera tomado el primero de la mañana.

--Eso mismo. Y otra cosa más; si esperaba una señal o una llamada telefónica, éstas deben haberse producido no mucho más tarde de la una de la madrugada.

--Lo que significa que habrá empezado a caminar alrededor de la una de la mañana.

Nick asintió y se quedó silencioso; por alguna razón que no me pude explicar, no quise interrumpir sus pensamientos. En la pared colgaba un mapa del condado, y me acerqué a mirarlo.

--Tienes razón, Nick --dije por sobre el hombro--, no hay ninguna ciudad a nueve millas de Fairfield; éste es el centro de una cantidad de pequeños pueblos.

Nick se acercó a mirar el mapa.

--No tuvo que ser precisamente Fairfield --dijo despacio--, fíjate en otros lugares, Hadley, por ejemplo.

--¡Hadley! ¿Y quién pudo tener algo que hacer a las cinco de la mañana en Hadley?

--El Washington Flyer se detiene más o menos a esa hora en Hadley para cargar agua.

--Acertaste otra vez. Más de una noche en que no he podido dormir lo he oído cuando entra en la estación y casi en seguida el reloj de la Iglesia Metodista da las cinco --me acerqué a mi escritorio para consultar un horario de trenes--. El Flyer sale de Washington a las doce y cuarenta y siete de la noche y llega a Boston a las ocho de la mañana.

Nick estaba midiendo distancias en el mapa con un lápiz.

--Exactamente a nueve millas de Hadley está la hostería de Old Sumter --dijo Nick.

--La hostería Old Sumter --repetí haciendo eco--. Pero ahí pudo contratar un medio de transporte, como en una ciudad.

Nick negó con la cabeza.

--Los vehículos se guardan en un lugar cerrado: hay que hablar con un encargado que controla los pedidos; le sería muy fácil recordar a alguien que pidiera un auto a esa hora. Es un lugar un poco conservador. Mejor es que hubiera esperado en su habitación el llamado telefónico, tal vez de Washington, para darle el número del vagón y el de la litera. Todo lo que le quedaba que hacer era salir de la hostería y caminar hasta Hadley.

Lo miré como hipnotizado.

--Tampoco iba a ser muy difícil subir al tren mientras estaba detenido para cargar agua; entonces, si sabía el número del vagón y el de la litera...

--Nick --dije excitado--, a pesar de que como fiscal y miembro del Partido Reformista he propalado una campaña basada en un programa económico, voy a gastar un poco de dinero que pagan los contribuyentes en hacer una llamada de larga distancia a Boston. ¡Es ridículo, no lo puedo creer..., pero lo haré!

Los ojillos azules relampaguearon, y se humedeció los labios.

--Manos a la obra --dijo roncamente.

Cuando terminé de hablar por teléfono, le dije a mi amigo:

--Nick, ésta es tal vez la coincidencia más notable en los anales de la investigación criminal: ¡Han encontrado a un hombre asesinado en una litera del tren que salió anoche desde Washington a las doce y cuarenta y siete! Hacía tres horas más o menos que estaba muerto, lo que viene a colocar el crimen a la altura de Hadley.

--Me imaginé algo por el estilo --dijo Nick--. Pero estás equivocado al calificar esto de coincidencia. No lo es. ¿De dónde sacaste esa frase?

--Una simple frase; se me ocurrió y te la dije.

--¡No puede ser! Esa no es la clase de oración que se le ocurre a uno de pronto. Si tú hubieras enseñado gramática y composición como yo, sabrías que cuando se le pide a alguien que forme una frase de más o menos diez palabras, siempre resulta algo así como "Me gusta la leche...", Y algunas otras palabras para darle mas sentido, como, por ejemplo: "Es buena para la salud..." En cambio, la frase que tú dijiste se relacionaba demasiado con una situación particular.

--Pero yo no hable con nadie esta mañana, y sólo tú me acompañabas en el Blue Moon.

--No estabas conmigo mientras yo pagaba --dijo con brusquedad--. ¿No encontraste a nadie cuando me esperabas en la acera?

Sacudí la cabeza con desaliento.

--Te esperé menos de un minuto. Sólo recuerdo a dos hombres que llegaron mientras buscabas el cambio; uno de ellos me empujó y entonces pensé en esperar...

--¿Los habías visto antes?

--¿A quiénes?

--A esos dos hombres --dijo con tono crispado.

--Yo..., no, no eran caras conocidas.

--¿Estaban hablando?

--Creo que sí; sí... Y parecían muy absortos en lo que hablaban; creo que por eso me empujó uno de ellos.

--No van muchos desconocidos al Blue Moon --me hizo notar Nick.

--¿Crees que se trata de ellos? --dije esperanzado--. Me parece que los reconocería si los volviera a ver.

Los ojos de Nick se achicaron.

--Es posible, tienen que ser dos; uno para seguir a la victima y comprobar el número de la litera, el otro para esperar aquí y hacer el trabajo. El de Washington tuvo que venir aquí, ya que si se trata de un crimen con fines de robo entre dos, se podían dividir el producto. Si fue solamente un crimen, el de allá tuvo que venir a pagar a su ayudante. Me acerqué al teléfono.

--Hace menos de media hora que salimos del Blue Moon --Nick continuó--, en momentos en que ellos entraban, y el servicio en ese lugar es muy lento. El que caminó las nueve millas debe de estar hambriento, y el otro probablemente viajó toda noche desde Washington.

--Llámeme inmediatamente en cuanto haga un arresto --dije, y colgué el receptor del teléfono.

-- Ninguno de nosotros habló mientras esperábamos la llamada. Ni nos atrevíamos a mirar, como si hubiéramos hecho algo vergonzoso.

La campanilla nos sacó de la situación. Escuché y colgué.

--Uno de ellos trató de escaparse por la cocina --dije a Nick--. Pero Winn tenía un hombre estacionado en la puerta de atrás y lo pescaron.

--Eso parece que nos da la prueba --dijo Nick con una helada sonrisita.

Yo asentí, y Nick miró su reloj.

--¡Oh! --exclamó--. Quería empezar temprano esta mañana, y he perdido todo el tiempo contigo. Lo acompañé hasta la puerta.

--Nick escucha --le dije cuando ya se iba--. ¿Qué querías probar?

--Que una cadena de conclusiones puede ser lógica y no verídica --me contestó.

--¡Ah!

--¿De qué te ríes? --me preguntó, y después también se echó a reír.

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La Casa Blanca no cooperará más con el Congreso en el proceso de impeachment

Nueva York. La Casa Blanca calificó de ilegítimo e inconstitucional el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, después de ordenar a un embajador no presentarse ante un audiencia, y asegurar que no cooperará más con la Cámara de Representantes, bajo control de los demócratas.

El gobierno de Trump bloqueó a último momento la comparencia del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien estaba programado para testificar en la investigación del proceso de impeachment que ha puesto en marcha la cámara baja.

Trump justificó la decisión afirmando que el embajador estaría testificando ante lo que calificó de una “kangaroo court”, o sea, un tribunal parcial e ilegítimo.

Poco después, la Casa Blanca envió una carta a líderes demócratas en la cual acusa que la investigación está violando los derechos del presidente y anunció que no cooperará más con el proceso, tal como está constituido por ahora. Además, sostuvo que la pesquisa sólo tiene el propósito partidario de "anular los resultados de la elección de 2016", un argumento que se empleó, efectivamente, durante la investigación del mundo de Trump del fiscal especial Robert Mueller.

La carta está firmada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, quienayer declaró que la indagación es "partidaria e inconstitucional".

Los legisladores demócratas que habían convocado a Sondland respondieron que ahora girarán órdenes –ya no una solicitud– para que éste se presente y se supone otros testigos, y acusando a la Casa Blanca de obstrucción; algunos advirtieron que eso en sí puede ser un delito que amerita el impeachment. "El presidente está obstruyendo al Congreso a tener acceso a los hechos. Es un abuso de poder actuar así", declaró la presidenta de la cámara baja y la demócrata más poderosa en Washington, Nancy Pelosi.

Al parecer, la orden de no cooperación pone en duda si a la ex embajadora a Ucrania, Marie Yovanovitch, más otros testigos en fila de espera, les será permitido comparecer ante los comités de la cámara en los próximos días.

Por su parte, el abogado personal –y no funcionario oficial– de Trump, Rudolph Giuliani, quien es figura clave en la relación política con el gobierno de Ucrania, también avisó que no cooperará con la cámara baja, y "no podría imaginar" que cualquiera del gobierno lo haga, insistiendo en que sólo estaba afirmando la postura del gobierno.

El proceso de la investigación para el impeachment de Trump fue detonado por una queja de un denunciante oficial dentro de la Casa Blanca sobre una llamada telefónica el 25 de julio, en la que el presidente presionó a su homólogo ucranio Volodymir Zelensky a investigar a uno de los principales contrincantes políticos de Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, y propiciando así su interferencia en el proceso electoral de 2020.

El pasado fin de semana se anunció que un segundo denunciante, quien a diferencia del primero, sí tiene información de primera mano de esa llamada y sus secuelas, está ya bajo protección de las leyes para denunciantes internos, y se supone corroborá la información de la primera queja. Ayer un oficial de la Casa Blanca que estaba en la ahora famosa llamada, la calificó de "una locura" y "aterradora", reportó el New York Times. El denunciante, sobre quien sólo se sabe que era un agente de la CIA, señaló que el funcionario que había escuchado la conversación estaba "visiblemente agitado" por lo que había escuchado, ya que estaba muy afuera de los límites de este tipo de llamadas entre mandatarios.

Mientras se intensifica la guerra política entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, nuevas encuestas continúan registrando un incremento en el apoyo para un proceso de impeachment. Después de que hace más de dos semanas, la mayoría se oponía al proceso, una nueva encuesta del Washington Post publicada ayer registra que una mayoría (58 contra 38 por ciento) de los estadunidenses apoya la decisión de la cámara baja para iniciar el proceso de impeachment, y casi una mitad ahora opina que la cámara debería recomendar la destitución de Trump.

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Octubre de 2019, elecciones sin posibilidad de cambio del poder real

Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.

Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.

¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.

El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.

En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.

En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.

No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.

La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.

En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.

¿Fuga? ¿Maniobra?

Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.

También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.

Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.

Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin... Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.

Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.

Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.

De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.

Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.

Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.

Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.

En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.

Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.

¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.

Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.

Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?

*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:29

Pitazos

Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap

Los pitazos contra el abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo investigación para un juicio político gracias a un whistleblower (literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura, revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.

Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar abusos de poder o actos ilegales.

Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.

Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.

Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido. La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo nada menos que el subdirector de la FBI.

El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean brindadas todas las protecciones que otorga la ley.

Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de "criminales" a los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así: "Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público".

Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras oficiales.

Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional, en general detestan en principio toda revelación no autorizada por ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la prensa).

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Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Repre-sentantes, quien anunció el inicio de una investigación para someter a juicio político a Donald Trump por el Ucraniagate.Foto Ap

A cada quien su tesis en espera de la "post-verdad". Para un segmento de la información cupular, el deseo de Trump de perseguir al "Big Pharma", vinculado a la élite del Partido Demócrata, y que descuelga casi un billón de dólares al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó que la devota católica Nancy Pelosi, aguerrida lideresa de la Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, lanzara el grito de guerra para defenestrar a Trump, arropada en un impecable discurso legaloide.

En mi más humilde sindéresis, Trump cometió un grave pecado capital, que le puede costar la vida, que versa sobre la persecución criminal por el Departamento de Justicia del mega-banco híper-mafioso JPMorgan Chase (bit.ly/2ANNcWu).

Lo obsceno es la intervención flagrante de la CIA para derrocar a Trump, quien ha cometido muchas pifias legales justificables de su defenestración ( impeachment): desde el fétido Ucraniagate, donde fueron expuestos los intereses energéticos del establishment de Estados Unidos, hasta el reciente Chinagate.

Aquí no importa la "legalidad" cuando tanto Demócratas como Trump han incurrido en punibles falsedades.

Lo que vale, primero, son los votos del Partido Demócrata, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, pero que, salvo volteretas y traiciones, no podrá pasar su impeachment en el Senado, que requiere las 2/3 partes, donde el Partido Republicano reina omnipotente (bit.ly/2oTXCB1). Vale, en segundo término, la percepción de los votantes, que castigarán en las elecciones a quienes juzguen más "mentirosos".

Mientras Trump peligra de muerte, sea física o presidencial vía el expedito impeachment, en el campo Demócrata yacen ya dos cadáveres: la candidatura insostenible de Joe Biden, ferviente católico, debido a las bribonerías criminales de su hijo Hunter desde Ucrania hasta China (aquí por mil 500 millones de dólares (reut.rs/2MhSZJa ) cuando ya empieza a apestar Adam Schiff, jefe del Comité de Espionaje de la Cámara: vulgar títere de George Soros (bit.ly/2nziLjH), coludido con el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (bit.ly/2mTizeP), y quien aleccionó al fallido anónimo (sic) delator (whistleblower) de la CIA, según New York Times, rotativo adscrito al Deep State (nyti.ms/2oBDqDK).

En medio de una casi-guerra civil y de un casi-golpe de Estado de espionaje policiaco de la CIA, las comparecencias para el impeachment de Trump son "a puerta cerrada", lejos de los media, en su mayoría lubricados por el Deep State y que abominan al presidente.

Dos jefes de los tres Comités de la Cámara de Representantes, Adam Schiff y Eliot Engel son financiados por George Soros (bit.ly/2NS8IOq) quien ha sido expuesto como un operador predilecto de la CIA por Wayne Maddsen ( goo.gl/F6h7sC).

Trump acepta que el impeachment, con o sin razón (es lo de menos cuando se trata de una guerra civil legislativa), tendrá éxito en la Cámara, pero será desechado en el Senado.

Aquí lo que importa es qué tanto saldrá dañada la ya de por si mancillada imagen de Trump entre tantos escándalos reales o montados.

RobUrie, del portal alternativo de izquierda Counterpunch, articula en forma fascinante que detrás del "impeachment de la CIA(sic)" se encuentra la geoestrategia del control de los energéticos de Ucrania que enfanga a los Clinton, a Obama, a Joe Biden y a su hijo Hunter (https://bit.ly/2o5K2KZ).

Mientras arde Washington (bit.ly/2Ou5vrs), el anónimo (sic) delator contra Trump se está incinerando y la casi-candidata por el Partido Republicano, Elizabeth Warren –cuando el muy popular judío progresista Bernie Sanders acaba de sufrir un infarto que lo deja prácticamente fuera de la jugada– ha advertido que el whistleblower de la CIA puede ser asesinado –como presuntamente lo fue el pederasta Jeffrey Epstein, que en un retwiit Trump le endosó a Bill Clinton.

Aquí llama la atención que aún no haya corrido sangre, sin desearlo….

Esto apenas empieza, cuando a la CIA se le quemó su delator anónimo, pero ya prepara a un segundo más eficaz.

alfredojalife.com

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