“Si no se van, el agua los va a sacar”*

El diablo que son

Por, Equipo desdeabajo

Ofrecieron vida y regaron el territorio de cadáveres. Prometieron bienestar y destruyeron los boques, inundaron tierras de labor y acabaron la economía tradicional de los sin tierra. Garantizaron progreso, el que hasta hoy no conocen los naturales de esta región, pero si cumplieron con la destrucción del entorno que encontraron. No es una exageración, es la realidad sembrada con el megaproyecto Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país.

Muerte y destrucción, que no solo llega ahora con la “sorpresiva” crecida del río Cauca y el caos observado en la calculada obra, con cientos de pobladores de las riveras de municipios como […] expuestos en su integridad física, sometidos a la angustia del ¿qué vendrá?, quienes perdieron buena parte de lo poco que tenían, y otros cientos trasladados a refugios temporales. Muerte y destrucción extendida entre 1990 y 2016, según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad*, a “[…] 110.363 personas (que) fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el Dane para el año 2016 de 175.471 habitantes). De estos, 106.027 fueron desplazados forzosamente, 163 fueron víctimas de agresión sexual, 616 fueron desaparecidas forzosamente, 3.557 fueron asesinados en el marco del conflicto”.

Proceso de muerte y terror generalizado, marca indeleble de la estrategia paramilitar y su contubernio con las fuerzas oficiales. Protección, dejar pasar-dejar hacer, silencio cómplice, encubrimiento, y otras prácticas tan comunes en otras regiones del territorio nacional, acá también se hicieron lugar común, además de la acción directa de las propias fuerzas armadas oficiales, que además dejaron su huella con “34 ejecuciones extrajudiciales”.

Es así, por medio de este accionar, extendieron sus huestes los paramilitares; el bloque Mineros y el bloque Noroccidental. La inconformidad social con la obra en proyección, las protestas contra la misma, fueron acalladas con la brutalidad del poder. El desplazamiento se impuso: de Ituango salieron de manera forzosa 39.383 pobladores; de Peque 15.127; Valdivia vio partir 7.991; Yarumal, 6.975.

Otros no alcanzaron a dejar su terruño, pues las masacres no les permitieron partir: entre 1990-1994 fueron ejecutadas seis masacres, con 36 víctimas; entre 1995 y 2006, cuarenta masacres con 240 víctimas. Seis de las masacres se presentaron en territorios donde se realizaron las obras del megaproyecto. Entre 2007 y 2016 tres masacres con 14 víctimas.
La desaparición forzosa también extendió su vuelo: 616 personas la padecieron–así lo registra la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), dato que desconoce que “[…] al solo bloque Mineros le imputan 1.150 desapariciones […]”. Como es reconocido, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca o sepultadas en terrenos que terminaron inundados por la represa, garantizando con ello impunidad y la pervivencia de cientos de cuerpos insepultos, causa de dolor, violencia y venganza en nuestro país.
El potencial antioqueño

La región noroccidental de Antioquia está identificada como un territorio estratégico para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, así como para el desarrollo de la industria lechera y turística.

Según el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Bird), en un estudio del año 2011, el potencial hidroeléctrico instalado o en construcción de esta parte del país, es de 36 Gigawatios (GW); capacidad instalada o en construcción: más de 76 GW; y siguen en proyección casi 176 GW.


E indican, además que: “La región norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico de Antioquia, aunque en el 2010 producía sólo el 17 por ciento de generación total. Tiene dos terceras partes (de este ) potencial […] en construcción (Hidroituango); el 90 por ciento del (mismo) en diseño y la mitad de los proyectos en estudios de factibilidad”.

Es decir, en las proyecciones de las mal llamadas Empresas Públicas de Medellín (EPM), en sus cálculos por extender sus negocios de venta de energía a Centro América y otras partes de nuestra región, todavía hay mucha naturaleza por devastar y miles de miles por desplazar. Los proyectos de microcentrales ya públicos en distintos municipios del departamento, así lo corroboran. En tales territorios, como lo garantiza en Hidroituango la alianza Fuerzas Militares (con 2.000 efectivos al 2016 dedicados a la protección de la obra), Policía Nacional, y empresa, todo aquel que manifieste inconformidad saldrá de la zona, sino es que le sucede algo mucho peor. Y así actúan porque, de acuerdo a los manuales aún en uso entre militares, la población civil es asumida como el enemigo interno. Contra toda lógica y evidencia, la protesta social recibe tratamiento de guerra, lo que posterga una real democratización del país.

Es un tratamiento de fuerza y violencia, que durante los últimos días arrebató a los movimientos sociales colombianos, con activismo en el movimiento social Ríos Vivos, dos victimas mortales más: Hugo Albeiro George Pérez –baleado junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George el 2 de mayo– quienes a pesar de vivir en Ituango fueron asesinado en el corregimiento de Puerto Valdivia; y Luis Alberto Torres Montoya, baleado el 8 de mayo en el municipio de Valdivida, corregimiento de Puerto Valdivia.

* Caso Hidroituango: una lucha por la memoria y contra la impunidad, 2018, inédito


 Hidroituango:

“Si no se van, el agua los va a sacar”

Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Esto se suma a las 600 personas damnificadas el pasado jueves 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. Este es el resultado de la decisión tomada por las EPM para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.

A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.

Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.

Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar.

Mucho más que lluvia

El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del río Cauca, lo que sumado a los derrumbes que taponaron el túnel de desviación del río, terminaron por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.

El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel que evacúa el agua de la sala de máquinas colapsó, ésta se inundó y dirigió el agua hacia la vía de acceso a la presa. La solución fue destapar dos túneles de evacuación que llevan el agua al cauce del Cauca, incrementado a niveles insospechados su caudal y poniendo en riesgo inminente a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

De esta manera, lo hecho indica que los intentos de los operadores de Hidroituango por evitar los desastres que pudiera causar la represa son inútiles; todo su esfuerzo está dedicado a proteger el megaproyecto, mas no la tranquilidad de quienes allí habitan, sus viviendas, enseres y cultivos.

Emergencia del 10 de mayo

Una tragedia con rostro humano. Juan Pablo Soler, vocero de Movimiento Ríos Vivos cuenta que hoy los impactos río abajo son desastrosos, pues todo el corregimiento de Puerto Valdivia se desplazó a dos albergues en donde las familias se mantienen con mucho temor y desazón por lo ocurrido y lo que les depara. “Existe una situación muy compleja porque hay viviendas totalmente destruidas y a la comunidad se le dijo que les van a pagar tres o seis meses de arriendo para luego ver su reubicación, o que van a recibir un alivio temporal y podrán retornar a sus casas. Adicionalmente, las comunidades que viven entre el kilómetro 15 y 14, y que perdieron sus cultivos de yuca, maíz y plátano por la inundación, luego de 6 días del incidente no han sido asistidas por ningún funcionario de la hidroeléctrica” añadió.
Pero lo sucedido no solo afecta a las poblaciones que se encuentran ubicadas aguas abajo de la represa, sino que también hay una seria afectación aguas arriba del embalse en los municipios de Toledo, Briceño e Ituango, ya que allí el impacto social se relaciona con el desplazamiento forzado ocasionado por las inundaciones imprevistas y el eventual llenado del embalse.

Soler manifiesta que es por esto que la población en general pide que la reubique, frente a lo cual no hay respuesta ni de la Gobernación ni de las EPM. Como vocero de Ríos Vivos, Soler expresa que “el reporte de EPM dice que este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra pregunta es, ¿en qué dimensión?”, porque el caudal del Cauca no superó los niveles promedio que alcanza en una época invernal cualquiera, y se sabe que lo sucedido en Puerto Valdivia fue causado por el vertimiento descontrolado de grandes cantidades de agua.

Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río, y explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”.

La hidroeléctrica más grande de Colombia

El proyecto Hidroituango inició su etapa de construcción en el 2009, cinco décadas después de haberse concebido. Este megaproyecto abarca 75 km de longitud desde Santa Fé de Antioquia hasta el municipio de Ituango. y se espera que contenga más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su importancia radica en la influencia que tendrá para los sectores cafeteros y mineros del Bajo Cauca y del occidente del país, además de garantizar la supuesta soberanía energética nacional, gracias a la producción de 2.400 MW hora.

Una obra planeada y construida en contra de las comunidades que allí habitan, y con profundas implicaciones. Así, a lo largo de los 9 años transcurridos desde su inicio de obras, se han visto afectados 12 municipios del noroccidente de Antioquia (ver mapa). Bajo el discurso del desarrollo y la producción de energía “limpia”, las EPM arrasó 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, desvió el Río Cauca y, amparada en el argumento de que en esa zona no hay mayor cantidad de pobladores, inició procesos de desplazamiento, amenazas y persecuciones en contra de las comunidades campesinas que habitan este territorio, llegando incluso a desplazar más de 400 campesinos en el 2013, que tuvieron que refugiarse durante 5 meses en la Universidad de Antioquia.

Además, la ejecución de este megaproyecto generó una creciente preocupación en las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, ya que al finalizar la obra se inundarán las fosas comunes donde fueron enterradas más de 600 personas asesinadas en numerosas masacres cometidas por los paramilitares y el ejército. La casa de la memoria de Toledo fue quemada en el proceso de construcción del embalse, y el Puente Pescadero, uno de los puntos claves en el proceso de recuperación de la memoria histórica de éstas comunidades, también será destruido después de que la hidroeléctrica comience a operar; frente a todo esto, cabe preguntarse si es más importante la represa o la voluntad de las comunidades y su necesidad de verdad y reparación.

A todo este cóctel de negligencia por parte del Estado, hay que añadir que en el área de influencia se han otorgado 18 títulos mineros para explotar en Ituango, 20 para Briceño, y en Buriticá las concesiones a la multinacional Continental Gold que superan el área del municipio. Todo esto deja ver algunas de las intenciones secundarias que hay en este megaproyecto, como lo es el abastecimiento de energía para las empresas mineras que poco a poco se han instalado en este territorio.

La reciente inundación es otra de las tantas afectaciones soportadas por esta población, hoy más vulnerable. Soler le narró a desdebajo que a través de una manifestación realizada por la comunidad de Puerto Valdivia en el municipio de Sabanalarga el pasado 2 de mayo (día en el que fue asesinado Hugo George, integrante del movimiento y habitante de Puerto Valdivia), se increpó a las EPM cuestionándola sobre cuáles eran las estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes que viven río abajo del proyecto, ante lo cual la empresa respondió reuniendo a las comunidades para decirles que no creyeran en chismes, que “todo está controlado, está controlado el caudal del río y cualquier riesgo posible”. Ocho días después quedó evidente que no había ningún control, que lo pretendido por las EPM era desmovilizar a la población para evitar las acciones de protesta.

¿Falla geológica o falla humana?

Una realidad dura, con profundo impacto social, que debe ser debatida por todo el país pues, más allá de la economía está, de manera prioritaria, la gente, garantizar el derecho fundamental a la vida, con dignidad. Por ello, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, quién en el año 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango, con el fin de profundizar las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa.

En tal fase del proyecto, el equipo del cual él hizo parte concluyó que la represa se podía hacer, sin embargo su tamaño, la necesidad de energía del país y la envergadura del proyecto fueron razones suficientes para que su construcción se aplazara. A través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– el proyecto pasó a manos de la Gobernación de Antioquia, quién más adelante llegó a un acuerdo con EPM, quien concentró el 95 por ciento de la propiedad del mismo.

Arias considera que “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sociales.

Frente a las recientes inundaciones, el profesor declara que “ni siquiera quienes manejan el proyecto saben qué está ocurriendo allá; son problemas técnicos en los túneles, son los problemas del embalse que está sosteniendo el río, que también se está llenando muy rápido; no tienen control del desembalse del río, y tampoco pueden desembalsar rápidamente porque es un problema”.

Por lo tanto, las declaraciones de las EPM y los diferentes medios de comunicación, que le atribuyen lo sucedido a una falla geológica inesperada no son del todo convincentes para el investigador, quien declara que el término falla geológica ha sufrido una devaluación en el medio de la geología, convirtiéndose en un “cliché usado en los medios para referirse a cualquier imprevisto”. En su criterio, Arias considera que “en lugar de una falla geológica lo que hay es una falla humana… Como geólogo veo que en Hidroituango el problema es un terreno que ya se ha caracterizado como muy frágil y por lo mismo hay que manejar eso con mucho cuidado. Hay que romper con esa costumbre de utilizar un caballito de batalla para explicar lo inexplicable”.

Arias considera que la actitud ligera asumida por las EPM respecto a los problemas geotécnicos que implican estas obras, tiene como consecuencia la falta de predicción de los sucesos que han acontecido los últimos días. Respecto a lo que pueda suceder, el profesor declara que hay que dar espera a que se supere la situación de emergencia para ver las consecuencias del aumento del caudal del río Cauca y para evaluar lo sucedido con los túneles, “en cuanto pase esto hay que ver si se continúa con el proyecto, si hay que hacer ajustes –que es lo más probable que suceda–, todavía no sé si lo ocurrido sea un elemento suficiente para descartar el proyecto. Pero si la emergencia empeora, la discusión será de otro tipo”.

Por su parte, Juan Pablo Soler menciona que el aumento de las aguas en el embalse se da por decisiones técnicas mal tomadas al interior del proyecto hidroeléctrico. “Nos han hablado de que los túneles fueron sellados prematuramente; debieron esperar hasta que el muro de la presa estuviera terminado. Entendemos que hoy el muro no está totalmente terminado, por eso deciden llenar la casa de máquinas; de no hacerlo, el nivel del agua hubiese afectado la estructura del muro. Si bien el invierno aumentó el nivel del río, esto debió ser previsto; contrario a esto optaron por tomar riesgos innecesarios”.


Recuadro

Por qué no se debió construir Hidroituango donde se construyó

Los investigadores y docentes de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Luis Alberto Arias y Keneth Cabrera Torres, en su proyecto “estudio de actividad tectónica vigente en el cañón del Río Cauca”, encontraron que el Cauca, en su travesía por Colombia en vez de ampliar el valle se vuelve más estrecho, con una inclinación más fuerte y un cañón más cerrado. Este encañonamiento se debe, según los investigadores, a que en el departamento de Antioquia las cordilleras central y occidental están levantándose más al norte que al sur, situación que les ha permitido concluir que se trata de una zona que todavía tiene una actividad tectónica importante.

Según el desarrollo del estudio, existe un riesgo al haber construido la represa de Hidroituango en el lugar en donde está, ya que los datos recolectados en sus estudios les permiten asegurar que se trata de una zona que todavía se está asentando; esto podría significar deslizamientos y derrumbes de la montaña, por no mencionar eventos sísmicos y telúricos que pueden amenazar la vida de las personas que habitan el área de influencia, además del proyecto en sí mismo.

El pueblo negado se niega a claudicar

Un caso que grafica las vivencias de las comunidades de la zona y el paulatino deterioro de sus posibilidades de seguir en el territorio, son los relatos de Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, quien habló con desdeabajo e hizo una crónica de los padecimientos que ha generado para ellos la construcción del embalse y todo lo que antecede al proyecto.

Isabel recuerda “hace mucho tiempo que venimos hablando de cómo se ha vaciado el territorio, precisamente al hacer seguimiento de la cifras de desplazamiento forzado, uno se da cuenta que en los periodos históricos en los que se empieza a motivar más la obra por Álvaro Uribe Vélez en 1997, cuando crea la sociedad promotora de pescadores Ituango, es precisamente en ese periodo donde se intensifican las masacres en el Cañón del Río Cauca, hasta hoy documentamos 72 masacres, y en ese periodo de tiempo pues fruto de esas masacres, prácticamente se vació el cañón del río Cauca”.

“... cuando ellos entraron matando gente entraron los paramilitares, masacraron en ese punto y volvieron a salir matando gente, entonces una masacre para nosotros es el recorrido de muerte, nunca fue un hecho puntual. Y ese recorrido de muerte, coincide con la zona geográfica del proyecto Hidroituango”.

En la proyección de Hidroituango se trabaja sobre el supuesto de que en esa zona no hay población. La negativa de las comunidades que allí habitan a la construcción de la hidroeléctrica no ha impedido la planificación de este megaproyecto, ya que la empresa ha implementado métodos para la ejecución de las obras, que la población ha experimentado en carne propia.

“Para mí lo más fuerte que escuché fue decir que en la zona no había gente, entonces la gente dijo “¿yo que soy?”, no es que en esta zona no hay gente, por eso la represa es tan barata y demás afirmaciones; entonces claro, la gente era como ¿yo no existo?, se arrebató el derecho a la identidad básica del “yo estoy aquí”.

Las distintas estrategias, que buscan invisibilizar, negar, extinguir o desaparecer a un pueblo, se implementan de todas las formas posibles, a pesar de la fortaleza y la estoica posición de sus habitantes, que no dejan de luchar y recoger lo que quede de sus memorias. Isabel sigue narrando y ella misma establece la relación que hay entre hechos y desapariciones.

“A eso me refería y las cifras de los desplazamientos, de las masacres también coinciden y las cifras de los asesinatos selectivos, cuando empieza el proyecto HidroItuango… por eso es que todo eso se combina y por eso nosotros estamos hablando de un vaciamiento del territorio, literal, espiritual y emocional”

Una vez más la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.

 

*articulo incluido en la edición No. 246 del periódico desdeabajo –Mayo 20-Junio 20–; en circulación.

Publicado enColombia
Audiencia pública.

“Sin oro se vive. Sin petróleo se vive. Sin carbón se vive. Sin agua se muere”.

“Más de 670 personas en representación de las comunidades y organizaciones, solicitaron a la ANLA, la convocatoria de la Audiencia Pública, con el fin de exponer los argumentos técnicos, jurídicos, sociales y políticos por los que se oponen al desarrollo del proyecto y, además, rechazan los estudios ambientales presentados por la Empresa Emerald Energy”, de China, afirma la carta de convocatoria a la población, de parte de la Vicaría del Sur, de la Diócesis de Florencia...”


Por Ley de 1959, la Amazonia es Reserva Forestal. Pero ANLA anda dando licencias… Como pasó con La Colosa, en Tolima…


Caquetá ha sido víctima de explotaciones económicas que no le han dejado sino pobreza: la quina, el caucho, el cedro, las pieles de tigre y tigrillo, las guerrillas (M-19, FARC y paramilitares), la coca y ahora el petróleo.

 

El proceso hacia la Audiencia pública ambiental


Tres organizaciones, a saber: Las Comisiones por la Vida del Agua del Sur de Caquetá, la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio y la Vicaría del Sur de la Diócesis de Florencia, “acompañaron y asesoraron a las familias y a las comunidades vulneradas y afectadas en la violación de sus derechos y libertades fundamentales, por la actividad de la empresa y sus contratistas”, comentó Yolima Salazar Higuera, Directora Ejecutiva de la Vicaría del Sur.


Durante largos meses realizaron alertas tempranas, acciones populares, solicitaron medidas cautelares e Iniciativas Populares Normativas, para hacer prevalecer el principio constitucional de precaución. Pero en vano. “Todo a la fecha ha sido infructuoso”. Además impulsaron la realización de un estudio técnico alternativo al que presentó la Empresa Emerald Energy, para solicitar la licencia ambiental.


Ese estudio tiene por título: “Evaluación Geoambiental e Hídrica, del Proyecto de Perforación Exploratoria del Bloque Petrolero EL NOGAL”.


Un resumen, en forma de folleto tamaño oficio, de 61 páginas, fue entregado a cada participante a la Audiencia.


Los hechos.


El Gobierno nacional otorgó el Bloque Nogal para la exploración y explotación de hidrocarburos y sus derivados.

  • ** Desde 2014, Emerald Energy realiza actividades exploratorias, contra la voluntad de las poblaciones de los tres municipios que son afectados: Valparaíso, Morelia y Milán.
  • ** En 2017, Emerald Energy solicitó al ANLA la licencia de exploración llamada El Nogal, que cubre 19.753 hectáreas de los tres municipios: 54.5% corresponde al territorio de Morelia, 40% a Valparaíso y el 5.5% a Milán, para la construcción de 10 plataformas exploratorias multipozos.
  • ** 670 [email protected] solicitaron a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la convocatoria de la Audiencia pública.
  • ** El 18 de enero de 2018, ANLA aprobó la Audiencia.
  • ** El 8 de febrero próximo pasado, se llevó a cabo una asamblea informativa, en el Polideportivo del Barro la Alameda, en Morelia.
  • ** El jueves 15 de marzo se llevó a cabo la Audiencia Pública, a lo largo de todo el día.

Desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental


“Por la Preservación del Patrimonio Ambiental y Cultural de nuestro Territorio. Participemos y presentemos nuestros argumentos a favor del Agua y de la Vida”, se leía en una pancarta.


La apertura se inició a las 9 de la mañana, en el Coliseo Cubierto del Barrio Alameda, en el municipio de Morelia. Este tipo de eventos es organizado y presidido por la autoridad del ANLA. Después de las palabras de declaratoria de la apertura, por parte de la Doctora Orozco (ANLA), resonaron el Himno Nacional y el Himno del Caquetá.


Luego la Doctora Orozco, Subdirectora de ANLA, una señora autoritaria, vertical y a la defensiva, como si le fuesen a “quitar” su poder, anunció las reglas juego. La empresa Emerald Energy tendría 40 minutos para su ponencia. 40 minutos también para la ponencia a nombre de l2a población. Luego, cada persona inscrita, se podía expresar durante tres minutos. Se inscribieron 300 personas, aunque no todas tomaron la palabra.


Brillaron por su ausencia el Gobernador, los parlamentarios (salvo Harry González), los diputados (salvo dos), los alcaldes y los concejales. Varias personas comentaron: “¿Estarán a favor de Emerald Energy? ¿Los habrán comprado? ¿Cuántos millones habrán recibido?


Los tres alcaldes fueron convocados a Bogotá, por el Gobierno nacional. ¿Una forma de sabotear? ¿O para darles instrucciones a favor de Emerald Energy y en contra de la organización popular?


Habló CORPOAMAZONIA. Buen discurso. Palabras-palabras. Los hechos han demostrado que no actúa. Amén de la corrupción, propia de esas corporaciones.


Vale la pena recordar que en la Audiencia Pública de Garzón, Huila, hace dos años, sobre la Represa de El Quimbo, estaban las autoridades civiles, políticas y parlamentarias.


En Morelia se hicieron presentes delegados de la ONU, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. También estuvieron presentes varias ONGs ambientalistas.


En la mesa de presidencia estaba el Obispo de la Diócesis de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía, cuya Vicaría del Sur, gran defensora del campesinado, del Medio Ambiente e impulsora de la Audiencia, depende de su autoridad.


En sus breves palabras resaltó el evento como “un espacio de la democracia y para estudiar y proteger el Bioma amazónico. Para escuchar a las partes interesadas. Señores de la Empresa: escuchen a la ciudadanía y sus argumentos sobre el Bloque El Nogal. Señores del ANLA: Tomen una decisión sabia, donde predomine el Bien Común y no el bien particular. Escuchen el sentir del pueblo. Debemos defender el agua y el oxígeno. La Amazonía, como afirma el Papa, es una prueba para defender el Medio Ambiente. Se hace necesario defender la sabiduría de los pueblos amazónicos y el futuro de nuestro territorio”.


Enseguida la subdirectora de ANLA explicó que el Auto de convocatoria había sido ampliamente divulgado en los tres municipios, inclusive en las veredas, por volantes y perifoneo; publicado en el periódico “EXTRA” de Florencia (este periódico NO publicó ningún artículo sobre la realización de la audiencia), y en el diario LA REPÚBLICA. Además, publicitado por afiches, carteleras y por la radio.


Las inscripciones para las intervenciones personales-individuales quedaron abiertas desde el 19 de enero hasta el 9 de marzo.

 

Las ponencias


De parte de Emerald Energy no hubo ningún funcionario de la China. Presentó la ponencia el funcionario colombiano, Jaime González, Coordinador Ambiental, con el título: “Proyecto Exploración de Hidrocarburos convencionales, APE EL NOGAL, con la ayuda de diapositivas, expuestas en pantalla gigante. Han perforado pozos, entre mil y tres mil metros bajo tierra, en 22 veredas. (APE: Área para Explotación de Petróleo).
Compartió una visión super-super positiva. En el fondo, no va a haber ningún daño significativo.


La exposición fue bastante técnica. Cuando hacía alguna afirmación que no correspondía con la realidad, las y los asistentes levantaban un abanico de cartón, que tenía dos hojas y cuatro caras. En una cara, la foto de una torre petrolera y la leyenda: “NO al extractivismo minero energético en la Amazonia”. En otra cara, la siguiente leyenda: “Por una ciudadanía amazónica activa”, y la cita de dos artículos de la Constitución Nacional.


Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla”.
Energy no repartió ninguna síntesis o cartilla para los asistentes.

 

La ponencia desde los intereses de las poblaciones y del Medio Ambiente


Esta ponencia analizó el documento de Emerald Energy, recorriendo y analizando el territorio. Un equipo de 17 profesionales, organizados por la ONG “TERRAE”, recorrió municipios y veredas. A la cabeza estuvo el ya muy reconocido geólogo Julio Fierro Morales. Acompañado de 4 geólogas, 2 ingenieros civiles, una ingeniera ambiental, una ingeniera química, dos biólogos, una bióloga, dos sociólogas, una antropóloga, dos economistas, uno de ellos especialista en Derecho minero y energético. Además, dos auxiliares, estudiantes de geología.


La ponencia fue presentada por Julio Fierro y otras personas, con la ayuda de diapositivas. También habló Rodrigo Negrete, reconocido abogado defensor de la causa ambiental.
El estudio fue financiado por la ONG ADVENIAT, organización de la Iglesia católica de Alemania.


El estudio mostró y demostró las falencias, mentiras y errores del documento de la Empresa china Emerald Energy.


Julio Fierro, con toda firmeza, dijo: “ANLA no puede tomar decisiones ante un estudio incompleto. Incompletos los mapas. Energy está sin información de las zonas de recarga de los acuíferos locales. Falta información de las zonas bajas. No toca las partes altas o lomeríos, que son zonas de recarga. Las lomas no se pueden intervenir. Allá se produce el agua. Energy habla del agua a más de mil metros. Terrae se ocupó del agua superficial… Energy no habla de 63 humedales y 9 quebradas… Encontramos 90 datos estructurales que no conoce Energy. A Energy le falta muchísima información. Vicaría del Sur, Terrae y campesinos tienen más información que Energy… No hubo estudio de lagunas… No se pueden conocer ni gestionar los impactos si el conocimiento del territorio es precario”…


Fueron abundantes los aplausos al pronunciar varias frases


Rodrigo Negrete hizo un llamado a respetar los principios de prevención y precaución. “Con ese estudio tan incompleto se debe negar la licencia ambiental. La licencia de ANLA se debe dar con pleno conocimiento… La Sentencia 035 de 1999 sigue vigente. Si no hay certeza científica se debe negar la licencia”…. Aplausos…

 

La palabra de la ciudadanía


Se inscribieron 300 personas para intervenir, pero faltaron unas cincuenta. Cada cual tenía tres minutos.


Hablaron funcionarios colombianos de Emerald Energy (no estuvo presente ninguna persona de China), profesionales y académicos a favor del Medio Ambiente y la ciudadanía de base.


Las-los funcionarios de Emerald Energy perdieron tiempo exponiendo sus títulos y pergaminos, queriendo significar que por sus títulos y pergaminos tenían toda la autoridad para sostener que la Empresa haría todo bien. Se ganaron rechiflas.


Varios profesionales que participaron en la investigación de TERRAE, intervinieron para mostrar las enormes debilidades del documento de Energy, y solicitar la negación de la licencia por parte de ANLA.


Otros profesionales y académicos mostraron la inconveniencia de la explotación de petróleo, desde diferentes ángulos y solicitaron a ANLA no otorgar la licencia.


De la ciudadanía de base, solamente unas quince personas apoyaron la Empresa. La gran mayoría de las personas que hablaron (jóvenes, adultos, tercera edad, hombres y mujeres), estuvo en contra de Emerald Energy.


No es nada fácil sintetizar la riqueza y emotividad de las intervenciones. Transcribo algunas frases:


++ No vamos en contra de nadie. Vamos por la vida de todos. No queremos la licencia ambiental. ¿Qué ganamos con buenas carreteras si se destruye el Medio Ambiente?
++ ¿Que no había organización social? Esta audiencia demuestra que sí hay líderes campesinos (El Documento de la Empresa afirma que hay muy poca o nada de organización social).
++ No somos caperucitas rojas, creyendo lo que dice la loba Energy.
++ No queremos desarrollo del Caquetá con las rentas petroleras, sino recuperando la producción agropecuaria. Estamos encargados de defender el bioma amazónico.
++ En este día histórico para el Caquetá, los políticos ausentes. Los elegidos, ausentes. Ustedes están para defendernos, así como les hemos dado el voto.
++ El estado le cree a las empresas y no a la población y a sus organizaciones. Vamos a decidir a través de la movilización. El ANLA decide desde el escritorio. Nosotros conocemos la realidad.
++ Dos campesinos, en momentos diferentes, mostraron fotos-diapositivas, de las graves heridas que les causó el Ejército, llamado por Emerald Energy, para reprimir marchas en las veredas. En la vereda de La reforma, en Valparaíso, destruyó parte de un taller panelero.
Uno de los oficiales, el coronel Luis Angarita, que golpeó campesinos, es actualmente el Jefe de Vigilancia de Energy!!!
Vale la pena recordar, que varias las multinacionales le pagan al Estado para que les coloquen batallones a su servicio. Hay batallones, inclusive, en alta montaña.
++ Varias personas citaron los casos de la explotación petrolera en Putumayo, Meta y Casanare, para mostrar que la población sale perdiendo. La riqueza se va y les queda la pobreza.
++ En su intervención, un joven lamentó que no pudiera hablar mirando a los ojos de las personas de ANLA, porque la alta tarima le quedaba detrás. El orador miraba al público pero daba la espalda a la mesa de presidencia. Sin embargo, pidió excusas y subió a la tarima, y exclamó: “ANLA mire a los ojos de la gente. ANLA mire a los ojos del pueblo. ANLA mire a los ojos del campesino. ANLA sabe lo que pasa y no entiendo para qué estamos aquí, si ANLA sabe todo lo que pasa”. Las palabras le brotaban del corazón.
++ Sin oro se vive. Sin petróleo se vive. Sin carbón se vive. Sin agua se muere.
++ Un profesor de economía advirtió: “El capítulo 10 del Documento de Energy es una falacia. Utiliza argumentos y datos que no son de la región. Copia estudios de otras regiones.
++ Energy hizo sísmica muy cerca de ríos y de lagunas. Dejó minas enterradas que no explotaron. A ANLA le solicité que retiren las minas en veredas de Valparaíso.
++ Javier García Villalba descubrió “el mico bonito” del Caquetá. Vive en 7 municipios del departamento, y en uno de Cauca. Entre Valparaíso y Morelia existen unos 250 ejemplares del único mico, ciento por ciento, colombiano. Está en peligro de extinción por invasión. Le queda el 20% de su hábitat.
++ Por las chimeneas, encendidas 24 horas, se afecta a las abejas y a otros animales, porque sube la temperatura.
++ El 90% de la población está en contra de la explotación petrolera
++ Energy divide a la población. En Valparaíso hay cuatro veredas muy influenciadas por Energy: Kurdinata, Reforma, Paujila y Florida. Me duele que gente nacida aquí, apoyen a una empresa de otro país, para destruir nuestra naturaleza.
++ Alguna persona recordó que Energy tiene un proceso sancionatorio ante la ANLA, porque construyeron casas no autorizadas y otras obras civiles, colocaron una motobomba, hicieron quemas no autorizadas.


Transcribo algunas frases de una carta que repartió del señor Álvaro Escobar Rodríguez, de Valparaíso, que complementan las frases citadas:


“Hay muchas razones por las que no podemos aceptar la explotación de hidrocarburos en nuestra región:


Somos conscientes del impacto que esta actividad le genera al medio ambiente en general. Como habitantes de la región nos vamos a ver afectados totalmente. Nos van a acabar con los recursos hídricos: nacimientos, quebradas, lagunas, humedales, ríos y en toda forma que se manifiesta el agua.


Nuestras tierras quedan estériles totalmente, no producen nada: se muere la vegetación, la flora, la fauna se desplaza hacia otros lugares, nuestra economía que está representada en la ganadería, fracasa.
No hay ningún sentido que nos traigan a nuestra región tanto desarrollo, electrificación a nuestros municipios, vías pavimentadas, educación organizada para nuestros hijos, salud. Y ahora que vamos a disfrutar disque de todas esas cosas, le resulten dando una licencia ambiental a una multinacional para que vengan y nos desplacen de nuestras fincas, que son las que nos generan los recursos por medio de nuestro trabajo, para mitigar las necesidades de nuestras familias, quedándonos como única opción el desplazamiento. Nos van a mandar a robar, porque después de una situación de éstas, de hambre no nos vamos a dejar morir”…

Y para terminar, algunas observaciones de fondo, del estudio de la Corporación Geoambiental Terrae:


Sobre el agua: “Estos análisis son muy pobres, en el caso de Emerald Energy, y si no se entiende cómo se mueve el agua en las rocas y en los suelos que dan de beber a todos los habitantes del territorio (naturaleza y gente) puede que haya consecuencias muy negativas que la empresa no conoce siquiera (pág. 21).


…Esas rocas arenosas y arcillosas profundas se formaron en mares del mundo del pasado (hace decenas de millones de años)… Son aguas saladas muy diferentes a las aguas de los ríos, la lluvia y las aguas subterráneas más someras que son aguas dulces. Si ambas aguas entran en contacto las aguas dulces se contaminarían haciendo imposible el uso que se hace hoy en día en el área rural de Valparaíso y Morelia…


… ya hemos señalado que la empresa no ha estudiado con rigurosidad la naturaleza del territorio donde quieren entrar… Eso se llama el principio de Precaución y es de obligatorio cumplimiento para las autoridades, las empresas y los ciudadanos… (Págs. 24-25)


… En general las aguas son de buena calidad, situación que debe ser tenida en cuenta para tomar decisiones en cuanto a permitir actividades que las puedan contaminar, como las petroleras.


Con esta información, es posible alertar a que existe el riesgo de que líquidos que vienen de la profundidad entren en contacto con las aguas dulces del subsuelo no profundo y también a las aguas de los ríos, quebradas y chuquias, contaminándolas. También puede pasar que ese riesgo se aumente por la intervención petrolera, ya que esa actividad fractura aún más las rocas profundas o a que puede haber fallas en el hueco de la perforación dejando un camino rápido para unir la profundidad con la superficie.


Las petroleras también pueden volver a meter en el subsuelo las aguas saladas que ellos sacaron, pero nadie sabe en qué capa lo hacen, y además esa práctica ha causado temblores graves en muchas partes del mundo. Si no las inyectan, las riegan en potreros y ríos, causando también la contaminación de aguas y suelos con aguas saladas llenas de químicos naturales que son tóxicos… (pág. 28).


Sobre la selva.


… Tumbar o alterar la selva, trae el riesgo de alterar los beneficios que presta, sobre todo la regulación del agua, mediante la contención de la fuerza de la lluvia y las inundaciones, la retención de los suelos y prevención de su pérdida por la fuerza del agua, así como los alimentos y materiales de uso que provee para la gente.


Actualmente las selvas del Caquetá están muy alteradas, porque los fragmentos de vegetación son cada vez más reducidos, los primeros afectados son los grandes mamíferos, en especial varias clases de micos, que requieren amplias áreas para sus territorios, y las aves (Pág. 44).


… En los terrenos que la petrolera llama el área de influencia directa del APE EL NOGAL, se encuentra un total der 7.162.44 hectáreas correspondientes al 35.7 % del total del área en categorías reconocidas en la norma, como de protección para la conservación y la prevención… En total se tiene un 48% en áreas de protección, respaldadas por la norma vigente en el país… (Pág. 45).

 

Bogotá, martes 20 de marzo de 2018

Publicado enColombia
“El error más grande de los progresismos fue no haber tocado la riqueza"

 

Entrevista a Raúl Zibechi

 

El año termina en todo el continente con enormes retrocesos para la clase trabajadora de nuestros países. Macri y Temer profundizan ajustes y aceleran mega-proyectos de minería y soja en sus países, Chile por su vez ve un aumento en la intensidad de su consolidado modelo neoliberal y Venezuela sigue inmersa en una grave crisis. En el campo y en la ciudad, el avance de las derechas y la incapacidad de las izquierdas en articularse son factores importantes de esta coyuntura. Sobre estas cuestiones y la perspectiva de las luchas populares, entrevistamos a Raúl Zibechi, periodista y analista político uruguayo que estudia los movimientos sociales de todo el continente desde hace 20 años.

 


-Correio da Cidadania: En setiembre de 2016 traducimos un artículo tuyo aquí en Correio titulado “El escenario regional después de Dilma”, en el cual afirmabas que el cierre del ciclo progresista en Brasil tendría una especie de efecto dominó en toda América Latina. ¿Qué opinas hoy?

 

Raúl Zibechi: Sin dudas vivimos un proceso de derechización muy fuerte en todo el continente. Ese proceso de derechización, a mi modo de ver, comienza con las protestas masivas de junio de 2013 en Brasil, porque la izquierda no fue capaz de comprender que había una demanda de la sociedad por más igualdad y democracia, y así dejó el campo libre a la derecha.

Después vino la derrota de Kirchner en Argentina y el triunfo de Macri. Y luego un proceso de cambio fuerte en Ecuador, donde a pesar de que ganó el partido de Correa (Alianza País), Lenin Moreno hace un giro, primero contra Correa y todavía no se sabe si hacia la derecha o no.

Pero si, podemos decir que el progresismo ha llegado a un límite. Incluso en un país como Venezuela es evidente que el proceso de gobernabilidad tiene muchas dificultades y son los sectores populares los que están enfrentando estas dificultades.

Finalmente tenemos la situación actual en Honduras que muestra también que hay una fuerte presencia de la derecha que es quien esta gestando este fraude electoral.

Esta ofensiva de la derecha tiene dos partes. Por un lado, el ascenso de una nueva derecha, mucho más militante, mucho más activa en las calles como es el caso del Movimento Brasil Livre (MBL) y de la Escola Sem Partido (ESP) en Brasil. Por otro lado, es una derecha que se aprovecha de las debilidades de la izquierda. La izquierda no fue capaz de tomar la ofensiva contra la derecha y sus medios de prensa, contra la estructura social y económica que favorece al gran capital. Y de ese modo dejó el campo abierto para la ofensiva que estamos viviendo.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué defines como “modelo extractivista” y cómo este modelo contribuyó para la derrota de los gobiernos progresistas?

 

Raúl Zibechi: El extractivismo es un modelo económico, político, social y cultural, no solo económico. En el terreno económico consiste en la transformación de los bienes comunes – el agua, la vida – en mercancías. Se puede definir como un proceso de hegemonía del capital financiero y la acumulación por despojo, o sea, robo.

El extractivismo es el robo de los bienes naturales y el principal efecto social es que destruye las relaciones sociales. Destruye el tejido social y comunitario.

Al destruir el tejido social y comunitario este modelo genera un reposicionamiento de las clases medias, altas y de la burguesía; una despolitización de los sectores populares que son integrados a través del consumo – el consumismo despolitiza y desorganiza – y de esa manera contribuye a los dos aspectos principales de la coyuntura actual que es la ofensiva de una nueva derecha y a un debilitamiento muy profundo del campo popular, o sea, de los movimientos sociales.

Esas dos razones tienen mucho que ver con el triunfo del modelo extractivo.

 

-Correio da Cidadania: ¿Cuál fue la responsabilidad de los gobiernos progresistas en la formación de la alianza entre elites y clases medias, especialmente en Brasil y Argentina?

 

Raúl Zibechi: Yo creo que la alianza entre las clases altas y medias es una alianza política para la lucha de clases vista desde la derecha. Ésta aprendió que tiene un enemigo.

Hoy en Brasil ese enemigo, por ejemplo de la Escola Sem Partido, son los profesores, los docentes – es Paulo Freire en concreto y todo lo que sea la politización de la pedagogía. El MBL también tiene sus enemigos. Mientras que el PT, por ejemplo, en ningún momento fue capaz de decir “éste es mi enemigo”. Lula siempre decía que “Brasil no tiene enemigos”. Y su gobierno tampoco los tenía. Entonces Lula negociaba con la Red Globo, y finalmente la Globo jugó un papel importante en el derrocamiento de Dilma.

El hecho de no distinguir un enemigo implica que no hay una organización para luchar contra ese enemigo. No hay un objetivo político determinado. Lula se planteó gobernar sin conflicto, sin lucha de clases, negociando permanentemente y eso funcionó mientras la economía crecía. La economía comenzó a tener problemas cuando el ciclo de las commodities se terminó y ahí tendrían que haberse realizado cambios profundos, estructurales.

Al final de cuentas, el “milagro lulista” y el de los otros progresismos latinoamericanos, consistió en “mejorar” la condición de los pobres, sin plantear reformas estructurales. Entonces, cuando se el ciclo de los precios altos de las commodities finaliza, no queda más margen para seguir “mejorando” la situación de los pobres sin tocar la riqueza. Y ese es el paso que ni el lulismo, ni el kirchnerismo, se atrevieron a dar, porque afectarían los intereses de la burguesía, del capital financiero y del agronegocio. De hecho, hasta el último día, el agronegocio integró el gobierno de Dilma. Y eso quiere decir que había una apuesta a seguir profundizando el modelo extractivo sin atacar los intereses de las elites.

Eso ha generado una grave crisis política, por la cual el PT y el kirchnerismo, no han sido capaces de indicarle a los sectores populares quien es el enemigo. En ese sentido, si miramos medio siglo atrás, por ejemplo la última carta de Getúlio Vargas, cuando se suicida, claramente designaba un enemigo. Perón y Eva Perón también fijaban un enemigo. El imperialismo, la oligarquía y sus aliados...El no presentar un enemigo dice que estás renunciando a la lucha. Y no se puede vivir en el mundo sin combatir, sin luchar.

Las fuerzas políticas de izquierda o centro-izquierda que no luchan contra un enemigo quedan atrapadas por las fuerzas políticas y sociales que si definen un enemigo. La derecha, el capital, si lo hacen. .

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué tienen en común las luchas populares de hoy?

 

Raúl Zibechi: Yo creo que lo común es que luchan contra el extractivismo y la hegemonía del capital financiero sobre sus vidas.

Los Mapuches contra las empresas forestales en Argentina, los estudiantes en Brasil contra el modelo neoliberal aplicado a la educación, los indígenas ecuatorianos y bolivianos y los campesinos paraguayos contra el agronegocio y la minería. Contra los fondos de pensión privados en Chile. Es decir, son luchas que enfrentan al capital financiero transnacional en sus diversas formas de explotación/expoliación.

Entonces, lo que están indicando estos movimientos sociales es que para construir un futuro colectivo, primero hay que derribar el modelo neoliberal, financiero, extractivo. Y ese modelo no se puede derribar desde los gobiernos, desde la institucionalidad. Se tiene que derribar desde abajo, en la calle.

Eso implica que los sectores populares, para poner fin al modelo neoliberal, deben movilizarse en las calles y poner en cuestión la gobernabilidad burguesa. Igual sucedió durante los ciclos de las luchas antiprivatizadoras, cuando la gobernabilidad neoliberal fue desestabilizada. Aunque ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Venezuela, el proceso haya culminado en una nueva fase. Por eso, hay que poner en cuestión la gobernabilidad actual. Esto no se puede hacer de forma “gradual” desde los gobiernos, hay que realizarla de forma combativa en la calle.

Ustedes, en Brasil, saben muy bien que las medidas reaccionarias de Temer (apoyado por todo el parlamento y los poderes mediáticos), no se pueden neutralizar desde la institucionalidad. Si mañana otra vez gobernara Lula, las contrarreformas no se van a anular. Solo las puede anular una lucha popular masiva y en la calle.

 

-Correio da Cidadania: ¿Podemos afirmar que las destituciones de Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras, fueron una especie de laboratorio para esta retomada de la hegemonía derechista en países centrales como Brasil y Argentina?

 

Raúl Zibechi: Es probable que sí. Y es probable que los casos de Paraguay y Honduras – con Lugo y Zelaya – hayan sido laboratorios para destituir gobiernos democráticos, sin sacar los tanques a la calle, como eran los clásicos golpes de Estado. Entonces lo que hay en común por ejemplo con el caso de Brasil es activar, poner en juego mecanismos constitucionales, legales pero no legítimos, para derribar o cambiar un proceso político.

Es imposible saberlo porque la burguesía internacional no lo dice claramente, pero es muy probable que podamos pensar que los casos paraguayo y hondureño, en la medida que fueron exitosos, sean un “modelo” para otras burguesías.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué tipo de elites se está apropiando del poder? ¿Estás de acuerdo con el término de “lumpenburguesía” dado por el economista argentino Beinstein?

 

Raúl Zibechi: Para comprender esta situación hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo un cambio hegemónico muy profundo. Y ese cambio implica que las viejas burguesías ya no tienen la fuerza o la capacidad de articular a la sociedad, como tuvieron en su momento.

En ese periodo de transición, parece que surgen sectores oportunistas. Como decía Fernand Braudel, que caracterizaban a la burguesía como una ave de rapiña, que aprovecha el momento para capturar su presa. Y ahí tenemos personajes muy curiosos, como el Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri y otros que realmente no vienen de la burguesía de los viejos políticos del DEM (Demócratas), de PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) o los tucanos (Partido de la Social Democracia Brasileña) Y aunque dialoguen con ellos, no se puede decir que vienen del mismo lugar.

Es el mismo en el caso de Macri, que viene de una burguesía que nace al amparo de los negocios del Estado. Es otro tipo de fracción dominante y es probable que eso lleve a una ampliación de las clases dominantes, con elementos que podrían caracterizarse como “lumpemburguesia”, que crecen a la sombra del Estado y ligados a la corrupción o a negocios muy dudosos.

Y la izquierda no es muy ajena de este proceso, ¿verdad? Si miramos el caso de Odebrecht y de los hermanos Batista en Brasil, vemos una alianza entre esta nueva burguesía y el gobierno del PT. Una burguesía oportunista, no es la clásica burguesía especializada en un sector productivo; sino una burguesía oportunista que aprovecha los momentos. Y bueno, si, probablemente tenga razón Beinstein. Estamos en un proceso de transición también en el terreno de las clases dominantes.

 

-Correio da Cidadania: En tu artículo “El fin de las sociedades democráticas en América Latina” (Correio da Cidadania, 26-10-2017), posicionas cuatro puntos que argumentan lo que llamas de erosión de las bases culturales y políticas de las democracias. Entre esos puntos, destacas en el cuarto: “nosotros que queremos derrotar el capitalismo debemos tener en cuenta que el sistema se está desintegrando y también que nuestro activismo ha estimulado la ascensión de los gobiernos derechistas”. ¿De qué manera es posible notar esta desintegración capitalista en un momento cuyos analistas, de izquierda inclusive, apuntan hacia una mayor consolidación del mismo?

 

Raúl Zibechi: Por un lado se puede ver la crisis de desintegración del sistema a través de las crisis de las democracias. Por ejemplo el triunfo de gobiernos como el de Trump. O mismo lo que está sucediendo en Honduras. En el Brexit. En la reacción española con respecto a la independencia de Cataluña, y así tenemos muchos síntomas de esto.

Un síntoma claro es lo que Benstein apunta como la “lumpemburguesia”. Otro es que hoy los territorios no pueden ser gobernados sin narco y sin femicidios. Hay que entender el narcotráfico y el femicidio como una forma de gobernar, en el sentido de Foucault, de controlar a cielo abierto a los sectores populares cuando el panóptico ya fue desbordado desde abajo. Entonces me parece que aquí hay todo un terreno de análisis muy importante porque la crisis del panóptico y la crisis del fordismo y del Estado-Nación tienen mucha relación con este periodo de transiciones caóticas que estamos afrontando.

Yo creo que para comprender la desintegración de las sociedades hay que ver la situación actual comparada con lo que se vivía en nuestros países hace cincuenta años. En los 60, una favela era completamente diferente de lo que es hoy. Y las periferias urbanas de América Latina eran completamente diferentes.

Hoy, la mitad de la población bajo el modelo financiero extractivo no tiene derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, simplemente no tiene derechos. Tiene beneficios. El Bolsa Familia no es un derecho, es un beneficio. Y la diferencia de ser un ciudadano con derechos o ser un excluido con beneficios está marcando desde abajo la diferencia entre esos dos periodos, uno de cierta estabilidad en el sistema y otro periodo de desintegración sistémica, él que estamos viviendo.

 

-Correio da Cidadania: Aprovechando esta respuesta, ¿podemos decir entonces que el femicídio, el narcotráfico y la violencia en general son formas de control social, especialmente en Brasil, un país que llega a 60 mil homicidios por año?

 

Raúl Zibechi: Es importante ver que tanto el panóptico, como el fordismo fueron desbordados por los trabajadores y por los sectores populares. Las formas de control anteriores fueron desbordadas desde abajo. Y por eso yo digo que nosotros hemos jugado un papel en la crisis actual.

No creo que el panóptico haya caducado por razones tecnológicas, ni el fordismo. Fue la lucha que les neutralizó. Entonces, hoy en vez de fordismo, tenemos automatización. Robots en las fábricas de automóviles.

Y ahí lo que aparece es que la reorganización del capital se le asigna a las ONGs un lugar para jugar ese papel de control una vez que el panóptico fracasa. Y cuando digo panóptico, digo “familia, escuela, cuartel, fabrica y iglesia” a lo largo de toda la vida. Espacios de encierro y de disciplina. Entonces, en el momento que estamos es que la burguesía tiene, o busca, una gama muy amplia de formas de control que abarquen las personas que rompieron con el panóptico.

Las ONGs son una forma, otras es el endeudamiento de que hablaba Deleuze y que hoy en Brasil juega un papel muy importante – el endeudamiento es una forma de disciplinar y de controlar. Los femicidios, el narcotráfico y la Policía Militar, por supuesto, hacen el control por el miedo y la violencia. Hay una gama amplia de formas de control y la burguesía las está buscando ampliar a través de la inteligencia artificial, del rol cibernético, las nuevas tecnologías; y apagando experiencias como la educación popular de Paulo Freire.

La burguesía está buscando en muchos sentidos formas nuevas de control porque los partidos de izquierda y los sindicatos fueron también formas de control. De encausar la lucha popular e impedir que ocurran desbordes, en ese sentido el PT fue muy importante en Brasil. Pero cuando esos partidos y sindicatos empiezan a fracasar, aparece una multiplicidad de formas de control, para buscar evitar que los sectores populares se autonomicen del capital y del Estado.

 

-Correio da Cidadania: Pensando en esta crisis de los partidos y sindicatos, ¿cómo entra la cuestión de las ONGs como centros del activismo moderno?

 

Raúl Zibechi: Hay un modelo de ONG que es el de George Soros. Este modelo viene a tomar las mismas consignas de la izquierda, tomar las formas de acción y organización de la izquierda y de los movimientos sociales, para neutralizarlos. Las ONGs y el proyecto de Soros son como introducir un virus en las luchas populares.

Eso porque constituyen organizaciones que aparentemente son para la lucha pero lo que buscan es neutralizar la lucha. Esto genera una enorme confusión. Hay un sabio que dijo una vez que es más fácil salir del error que de la confusión. Y la burguesía a través de las ONGs y de movimientos confusos está introduciendo la confusión en el campo popular. Y esa confusión es muy potente y poderosa, abarca sectores que nunca imaginamos que iban a ampliar.

En Brasil, parte de esta confusión puede ser ilustrada por la organización “Fora do Eixo” de Pablo Capilé. No es un movimiento popular, ni social, ni político. Es una creación artificial hecha por las elites, en este caso progresistas, pero en el mismo sentido que las hacen Soros, para derribar la lucha popular cuando ya el sindicato y el partido no alcanzan para organizar a los jóvenes que están fuera de las organizaciones.

Esto es importante. En la época de Lula, hace cuarenta años, los jóvenes eran obreros y se organizaban en sindicatos, en comunidades eclesiales de base, en el PT y el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). Hoy en día, hay una grand franja de jóvenes que están fuera de cualquier organización. Entonces hay una disputa de sentido para poder organizarlos. Y en ese sentido, el Fora do Eixo y el MBL juegan el mismo papel, cada uno, obviamente, para el lado donde, desde arriba, fueron concebidos.

 

-Correio da Cidadania: ¿Es posible un fortalecimiento de las resistencias que se opongan contundentemente a estos avances para 2018?

 

Raúl Zibechi: Sin duda hay condiciones para un fortalecimiento de las resistencias porque la ofensiva de las derechas es muy dura.

El caso de Ecuador se puede repetir en otros países. En Argentina hay un aumento de las luchas, en la mayoría de los países tenemos una situación de tensión muy fuerte porque los sectores populares rechazan reformas que proponen la derecha.

Pero aquí surge un problema: en el seno de estas luchas hay dos tendencias. En Argentina y en Brasil sobre todo. Hay quienes luchan para derribar las reformas de la derecha y hay quienes luchan para que vuelvan Cristina Kirchner y Lula al gobierno.

He observado en Brasil que la CUT (Central Única dos Trabalhadores) frena las luchas porque el objetivo no es derribar a Temer, sino sangrar a Temer para que pueda ganar Lula. Lo que quiero decir es que aunque hay condiciones para que haya un fortalecimiento de las luchas, también hay problemas internos dentro del campo popular que pueden desviar la lucha hacia el terreno electoral nuevamente.

 

-Correio da Cidadania: Concluyendo el pensamiento sobre el modelo extractivista y las luchas populares, ¿cómo ves la situación en la región amazónica, donde vemos la minería y sectores hidroeléctricos en verdadera ofensiva sobre territorios indígenas, cubiertos por las pretensiones de un de los ejes del plan IIRSA?

 

Raul Zibechi: Los pueblos indígenas son nuevamente la vanguardia de la lucha contra el modelo extractivo. No solo los indígenas, pero todos los pueblos originarios: ribeirinhos, pescadores, quilombolas, todos los pueblos originarios están interesados en derribar el modelo neoliberal. Y en este periodo empieza a surgir un nuevo actor político que son los pueblos afros, los negros. Y la lucha negra, en los quilombos rurales y urbanos, está empezando a jugar un papel también importante en estas resistencias.

Creo que al extractivismo se lo derrota localmente. La lucha contra la hidroeléctrica de Belo Monte, es en Belo Monte. No puedes luchar contra el extractivismo en el Palacio do Planalto, tienes que derrotar el extractivismo en cada uno de los lugares.

Como fue la lucha contra el fordismo de la clase obrera. Era en la fábrica. Bueno, entonces creo que estos actores, estos sujetos sociales y políticos son los que están cuestionando a fondo el modelo extractivo, las obras de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), todo el proyecto de hidroeléctricas, de minería y de soja pues son los que están más afectados por ese modelo.

Y también los movimientos que vienen de las periferias urbanas y de las populaciones de las favelas tienen un interés objetivo en luchar juntos. No juntos en la misma organización, sino de confluir en mismo objetivo. Por ejemplo, los habitantes de la Favela Alemão en Rio con la Ocupa Alemão; y los Munduruku en el Tapajós, o los que viven en la Volta Grande del Xingu, tienen los mismos intereses en derribar este modelo. Y sus luchas van en la misma dirección.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué está puesto para nuestro continente en el próximo período?

 

Raul Zibechi: A diferencia de lo que opinan los politólogos que creen que lo principal es echar a la derecha de los gobiernos, yo creo que lo fundamental es derribar el extractivismo. Porque este modelo es lo que está dañando a los sectores populares de la ciudad y del campo. Y es lo que está facilitando con que las derechas hayan regresado a los gobiernos y sigan ahí. En mi opinión la tarea principal del próximo periodo es organizar las fuerzas para derrotar el modelo extractivo de la misma manera que se luchó contra el modelo de las privatizaciones.

Imagino los próximos años luchando fuertemente en cada uno de los lugares contra este modelo. Contra la ferrovía de Carajás, contra las 300 hidroeléctricas que se quieren hacer en la Amazonia, la soja y todo lo que son los productos transgénicos, contra la violencia policial en las ciudades y por ahí va. Esta es la lucha principal que creo que nos van a ocupar en los próximos años.

 

http://www.correiocidadania.com.br/


Traducción de Raphael Sanz / Edición de Ernesto Herrera (Correspondencia de Prensa)

 

Publicado enPolítica
Donald Trump este lunes en Utah. RICK BOWMER-AP / REUTERS-EPV

 

El presidente permite el desarrollo de actividades como la extracción de gas y petróleo, la minería o la tala

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes en Utah la mayor reducción de terrenos federales en la historia del país. La norma afectará a dos reservas de ese Estado, habilitando alrededor de dos millones de hectáreas que pertenecían al Gobierno para el desarrollo de actividades privadas. Trump continua con esta medida la desmantelación de las protecciones a este tipo de terrenos aprobadas por sus predecesores.

“Algunos creen que los recursos naturales de Utah deberían estar controlados por unos pocos burócratas lejanos situados en Washington. Y, ¿saben qué? Están equivocados”, dijo el presidente en un discurso en el Parlamento estatal, desde donde anunció que el 85% de la Reserva Nacional Bears Ears y la mitad de Grand Staircase-Escalante dejarían de ser propiedad federal. “Juntos, alcanzaremos un nuevo futuro de maravillas y riqueza”, aseguró Trump en Salt Lake City.

La medida abre la puerta a la explotación de las tierras por medio de actividades como la extracción de petróleo y gas, la minería o la tala. También fomentará la construcción y el desarrollo comercial. En abril, el presidente ya firmó una orden para levantar el veto de estas explotaciones en terrenos federales. El terreno de Bears Ears fue designado bajo protección federal en 2016 por el entonces presidente Barack Obama. Grand Staircase-Escalante estaba protegido desde 1996.

No todo está sentenciado. Grupos de protección del medioambiente y miembros de cinco tribus de indios americanos que residen en las zonas naturales, entre ellos los navajos, a quienes el presidente honró en la Casa Blanca la semana pasada, han afirmado que presentarán demandas contra la norma de Trump. “Hemos tratado de reunirnos con el presidente sobre este asunto. El terreno de Bears Ears (Orejas de Oso, en castellano) es de vital importancia para nosotros. La decisión, tomada sin consultarnos, no nos deja más opción que litigar”, afirmó el presidente de los navajos. Como ha sucedido con otras polémicas órdenes del presidente la decisión final sobre la medida podría quedar en manos de los tribunales.

El anuncio de hoy es una victoria para los republicanos que durante años han considerado que la pertenencia al Gobierno de la tierras suponía un abuso de su poder. No se descarta que Trump reduzca los terrenos de otras reservas. En abril, el republicano ordenó a su secretario del Interior revisar los 27 terrenos como los dos de hoy que existen en el país.

 

Publicado enInternacional
Puerto de carbón en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia).

 

Aunque la mayoría de los países del mundo suscribieron voluntariamente los acuerdos sobre cambio climático de Naciones Unidas (ONU), un reciente estudio publicado en Alemania advierte que el uso del carbón como fuente de energía crece en América Latina y el Caribe.

La organización no gubernamental Urgewald presentó un informe titulado: "Lista de salida global del carbón" (Global Coal Exit List o CGEL, en inglés), en el que señala que, no obstante la presión mundial para disminuir la minería del carbón, varios países latinoamericanos y caribeños adelantan proyectos para ampliar "esa contaminante fuente energética", informó la agencia IPS.

 

5a170aeee9180f6d548b4569

Mineros trabajando en la mina artesanal "pozito", en el pueblo de Nueva Rosita (México). / Tomas Bravo / Reuters

 

En expansión

 

El documento, cuya difusión coincidió con la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), destaca la influencia regional de los explotadores de carbón, considerado como un mineral altamente contaminante.

"Hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años", declaró a la agencia noticiosa Heffa Schuecking, directora de Urgewald.

El informe de la ONG, que pasa revista a 770 empresas extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas, pretende alejar a los inversionistas de ese sector, con el fin último de "mantener un mundo habitable", dijo Schuecking.

 
Números negros

 

El GCEL precisa que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada que depende del carbón para su funcionamiento, alcanza los 17.909 megavatios (MW).

 

5a17163b08f3d9a0538b456a

Una pala de tractor descarga carbón en el puerto de la ciudad de Santa Marta (Colombia) / Juliana Lopera / Reuters

 

Los países con mayores capacidades en la generación de energía con fuente carbonífera son:

México: 5.351 MW.
Chile: 5.101 MW.
Brasil: 4.355 MW.


Por otra parte, Urgewald asegura que varias naciones latinoamericanas adelantan proyectos que contemplan el empleo del carbón para generar 8.427 MW adicionales, y que serán aportados por:

Chile: 2.647 MW.
Brasil: 1.540 MW (sumados a su generación actual).
República Dominicana: 1.070 MW.
Venezuela: 1.000 MW.
Jamaica: 1.000 MW.
Colombia: 850 MW.
Panamá: 320 MW.


"Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático", indica el informe.

 
Manos foráneas

 

En los procesos de explotación de carbón, la ONG ubica 14 empresas creadas en países de Latinoamérica: Brasil (5), Colombia (5), Chile (1), Perú (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1).

 

5a170c74e9180f94558b4567

Mina Cana Brava, operada por SAMA SA, parte del Grupo Eternit, en Minacu, norte del Estado de Goias (Brasil). / Ueslei Marcelino / Reuters

 

A ellas se suman las transnacionales que ya tienen operaciones en el área, como AES y Drummond (EE.UU.), Enel (Italia), Engie (Francia), Glencore (Inglaterra Suiza), BHP Billiton (Inglaterra-Autralia) y Anglo American (Inglaterra). Todas activas en la región.

 

Explotación y exportación

 

Según el documento, Colombia, con sus 90 millones de toneladas de carbón producidas durante el año 2016, es el país con mayor volumen extractivo en Latinoamérica. Una producción destinada casi en totalidad a la exportación.

Actualmente, Colombia opera sus minas a cielo abierto en conjunto con las empresas Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Le siguen Brasil, con una capacidad de producción que alcanza los 8 millones de toneladas de carbón al año, y México con 7,25 millones anuales.

 

Intereses

 

Para Lusbi Portillo, académico venezolano y director de la ONG Sociedad Homo Et Natura, la insistencia de varios países de la región en explotar el carbón "es una inmensa contradicción, vista desde los acuerdos de cambio climático promovidos por Naciones Unidas".

Y advierte que detrás de la explotación del carbón en América Latina y el Caribe "abundan los intereses económicos".

 

Venezuela: un ejemplo

 

Portillo cita, como un ejemplo de voluntad política para generar energía limpia, el proyecto de parque eólico desarrollado en la Guajira venezolana, al occidente del país, que inició operaciones en 2013 y que se proyectó para generar hasta 10.000 MW.

 

5a1710b5e9180f4b588b4567

Venta de carbón en el mercado La Parada, en el distrito de La Victoria de Lima (Perú). / Mariana Bazo / Reuters

 

Ese parque, cuyo desarrollo contempla 10 fases, "podría generar energía limpia para el occidente de Venezuela y parte de Colombia", apunta.

Ahora, asevera el académico, existe el interés de un sector "de abandonar el parque eólico para construir una carboeléctrica que generaría apenas 1.000 MW".

El director de la ONG agregó que la explotación del carbón, en cualquier país del mundo, "sólo acentúa los efectos del cambio climático, dadas las altas emisiones de CO2 (dióxido de carbono)", y, en el caso específico de Venezuela, se convertiría en un contrasentido frente al discurso del gobierno, "que habla permanentemente de salvar el planeta".

 

Ernesto J. Navarro

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

Publicado enInternacional
¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

Publicado enColombia
Sábado, 29 Abril 2017 07:38

Destrucción neta de biodiversidad

Destrucción neta de biodiversidad

 

Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de compensaciones por biodiversidad (biodiversity offsets). Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro megaemprendimiento que implica devastar un territorio, podría compensar la destrucción, supuestamente conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

El concepto de compensaciones por biodiversidad es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como verdes. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de bonos de compensación por biodiversidad, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese predio, como dice la propuesta de ley nombrada.

Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento. Un ejemplo de compensación por biodiversidad que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de compensación. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

Estas compensaciones parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de cero emisiones netas en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser compensadas. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero. Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río, a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda espacio climático para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de compensar para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones. En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que conservar otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de compensación fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

 

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

 

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

venezuela 4

 

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

 

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

venezuela 2

 

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

 

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

 

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

venezuela 3

 

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Texto publicado originalmente en Alainet.org

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

 

[1] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi...

[2] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO...

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

[4] http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/maduro-hay-que-ir-a-sanear-pr...

[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-40...

[6]http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-1...

[7] http://www.alainet.org/es/articulo/175893

[8] http://www.alainet.org/es/articulo/172285

[9] http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/opinion/2015/12/09/mud_government...

[10] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/plan-petroleo-para-progreso...

[11] http://www.leopoldolopez.com/en-la-mejor-venezuela-duplicaremos-la-produ...

 

Publicado enInternacional