Miércoles, 16 Septiembre 2020 06:02

El descalabro del sistema interamericano

El descalabro del sistema interamericano

La elección de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela una situación de mayor alcance: los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el giro a la derecha de varios gobiernos de la región y, no menos importante, una fragmentación extrema de América Latina que la condena a una suerte de irrelevancia internacional autoinfligida.

 

El sistema interamericano contemporáneo remite al conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Con un variado legado de doctrinas, organizaciones, usos y prácticas no carentes de tensiones y divergencias, ese sistema tuvo su mayor institucionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, por ejemplo, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el seno de la OEA. Por supuesto, no siempre ni en todos los temas los intereses y propósitos latinoamericanos y estadounidenses fueron plenamente coincidentes. Sin embargo, y dadas las enormes asimetrías de poder, la región procuró y avaló compromisos multilaterales entendiendo que, a través de ellos, se podía limitar la arbitrariedad de Washington, reforzar los lazos intrarregionales, avanzar en algunos aspectos de la agenda latinoamericana y alcanzar ciertos beneficios con el menor costo posible. Aquellos años coincidieron con el momento de apogeo de la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial y continental.

En el período comprendido entre 1947 y 1959, Washington concentró su atención política y sus recursos militares en Europa (el bloqueo de Berlín de 1948-1949), el Sudeste de Asia (la guerra de Corea de 1950-1953) y Medio Oriente (la guerra del Sinaí de 1956 y la crisis en el Líbano de 1958). En América Latina, la Central de Inteligencia Americana (CIA) organizó, en 1954, el derrocamiento con un golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Este golpe fue antecedido por una resolución anticomunista auspiciada por Estados Unidos en la OEA (con el voto en contra de Guatemala y la abstención de Argentina y México) y fue encubierto mediante la inacción de la organización.

Los tres acuerdos (TIAR, OEA, BID) se enmarcaron en la disputa estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Visto desde Washington, y también desde la mayoría de las capitales latinoamericanas, se debía contener -y de ser necesario revertir- el eventual avance político de Moscú, frenar al comunismo en el área y hacer atractiva para América Latina la inversión estadounidense y su American way of life.

Con marchas y contramarchas, el sistema interamericano se preservó durante décadas. Fue actualizado con la aprobación, en 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Desde la región surgieron proyectos alternativos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que no alcanzaron a cimentar un sistema latinoamericano sólido. Se dirá que primó el divide et impera de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento registra una condición necesaria pero no suficiente a los efectos de explicar y entender la ausencia o la imposibilidad de opciones exitosas para la reformulación de las relaciones entre Estados Unidos y la región provenientes de América Latina. Hoy Latinoamérica ha llevado al límite su propia fragmentación, lo cual conduce a la región a una irrelevancia internacional autoinfligida.

El más reciente y mayor intento de transformación del sistema interamericano provino de Estados Unidos durante el gobierno Donald Trump y contó con el notable acompañamiento y aquiescencia de un buen número de gobiernos de la región. Es posible que estemos frente a la búsqueda de una redefinición sustantiva del manejo de la relación entre Washington y América Latina de acuerdo con los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más reaccionarios en Washington (en consonancia con la lógica de America First). Si así fuera, se trataría de un ejercicio de poder que ha contado con el estímulo y/o el beneplácito de diversos actores domésticos en distintos países de la región. Tres ejemplos apuntan en esa dirección.

El primero tiene que ver con el sistema interamericano en materia de defensa. En 2019 se decidió aplicar el TIAR a Venezuela, país que lo había denunciado en 2013. Históricamente, el TIAR y su convocatoria han mostrado ser ineficaces en su propósito de prevenir o resolver conflictos. En abril del año pasado, la OEA reconoció como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela a un hombre designado por Juan Guaidó. En septiembre, el enviado de Guaidó solicitó la convocatoria de una reunión para activar el TIAR. Bajo la batuta de Estados Unidos, y en el marco del artículo 6 del tratado (que no es aplicable al caso en cuestión), se identificó a Venezuela como una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Según la resolución aprobada, esto podría llevar a considerar «eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8»; artículo que incluye «el empleo de la fuerza armada».

Las consecuencias que se podrían derivar de la invocación del TIAR en el caso de Venezuela pueden ser muy inquietantes. Ubica a la región en la «alta política» mundial de competencia entre grandes poderes –como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962–, identifica una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas» lideradas por Estados Unidos, y agita, como en la Guerra Fría, el regreso de la idea del «cambio de régimen» –pero en este caso mediante el uso colectivo de la fuerza–. En los primeros nueve meses de 2020, y en el contexto de la pandemia de covid-19, cuyo epicentro está ahora en el continente, la probabilidad de recurrir al TIAR y aplicarlo en Venezuela disminuyó notablemente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda reactivar (así sea para fines simbólicos) en medio de la elección presidencial estadounidense o después (de modo más coercitivo), dependiendo de su resultado.

Un segundo caso se vincula con el sistema interamericano en materia de derechos humanos. A principios de 2016, la CIDH, que tiene un presupuesto regular anual de unos cinco millones de dólares y además recibe donaciones, anunció que atravesaba una grave crisis financiera que amenazaba su funcionamiento básico. Muchos países del continente reaccionaron y realizaron aportes: Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, efectuaron contribuciones importantes. La Comisión continuó con su trabajo serio, riguroso y reconocido, abocándose a distintos casos a lo largo y ancho del continente y sin distinciones ideológicas.

Pero a partir de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2017, los derechos humanos se han venido ubicando en un lugar de mucho menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos se rehusó asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017 y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Además, año tras año, fue reduciendo las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». En ese contexto, entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur (Uruguay hizo lo propio en marzo de 2020). A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana (en marzo de este año se sumó Uruguay). En ese mismo mes, la administración Trump decidió reducir en 210.000 dólares su contribución a la CIDH acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la CIDH, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados respecto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, se optó por poner en entredicho las recomendaciones del Consejo, remarcar el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos y remozar una actitud más soberanista frente a esta cuestión.

Con ese telón de fondo, en marzo de 2020 fue reelecto Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esa reelección fue impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Ya en enero la CIDH había decidido por unanimidad renovar el mandato de su secretario general, Paulo Abrao. En agosto, Almagro se abstuvo de nombrarlo con lo que emprendió un embate contra la autonomía del Consejo. En realidad, el secretario general de la OEA –con el pleno respaldo de la Casa Blanca y el empuje de los sectores más conservadores del Partido Republicano en el Congreso— no ha hecho más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, la polarización que caracteriza las realidades nacionales del continente así como la fisuras entre países de América. El efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema interamericano, podría ser nefasto. Máxime en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario, la regresión de la democracia y el deterioro de los derechos humanos.

El tercer ejemplo remite al sistema interamericano en materia financiera. En el tema de la elección del nuevo presidente del BID se debe subrayar la confluencia de dos hechos. El primero es que el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco que ayudó a crear y financiar con el propósito de condicionar la provisión de créditos y buscar limitar la expansión de China en América Latina –en especial en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología–. En segundo término, América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura al carecer de una candidatura de consenso. Desde hace un buen tiempo la región viene erosionando su capacidad de convergencia y concertación.

En efecto, desde que el 16 de junio de este año se presentó el candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador apoyaron al candidato de Washington el mismo 17 de junio. Las expresiones de respaldo se hicieron incluso antes de que el candidato divulgara su agenda, como si los planes de gestión de los candidatos (el de Claver-Carone, el de Laura Chinchilla de Costa Rica y el de Gustavo Béliz de Argentina) del banco fueran irrelevantes. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para el 12 de septiembre y Argentina y México pidieron postergar la votación. También hubo disensos en el seno de Mercado Común del Sur (Mercosur) (Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y la Argentina, por el otro) y la Alianza del Pacífico (Chile y México solicitando la postergación, Perú en silencio y Colombia en favor de Mauricio Claver-Carone). Con el correr de los días hubo otra diferencia: los alineados con Washington procuraron consolidar y ampliar el voto regional a favor del candidato de Trump, mientras el cuarteto que bregaba por la postergación compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica y México apuntaron a lograr el acompañamiento de los miembros extraregionales del banco, en especial de los países europeos.

¿Cuáles eran las opciones para los que cuestionaban que Estados Unidos estaba incumpliendo un pacto político tácito que desde 1959 se había cumplido mediante la elección de un latinoamericano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo? La probabilidad de lograr la postergación fue siempre muy baja: se necesitaba una adhesión mayoritaria improbable por las divisiones intralatinoamericanas o la concreción de un aplazamiento concertado con Estados Unidos, lo que era a todas luces imposible, tal como se reflejó en las entrevistas brindadas por el candidato de Trump. La probabilidad de llegar a la fecha de elección y no dar el quórum –por reglamento del BID eso requería 25% de los votos– era igualmente muy reducida, ya que exigía un notable grado de coordinación (que era prácticamente inexistente). La riesgosa decisión de acudir a esta modalidad podía interpretarse como hostil por parte de Estados Unidos (quien además con 30,006% de los votos puede unilateralmente impedir el quórum). También exigía un compromiso tácito muy fuerte y seguro de latinoamericanos y europeos (que era inviable pues Washington también desplegó su diplomacia a los dos lados del Atlántico).

En los días previos a la elección del nuevo presidente del banco, Chinchilla y Béliz bajaron sus candidaturas de manera separada. Era evidente que ninguno de los dos hubiera logrado los votos necesarios. Ahí se abrió la abstención como posibilidad. El 12 de septiembre, Claver-Carone, el único candidato en competencia, resultó electo con 30 votos (equivalente al 66,8% de los apoyos), mientras la abstención obtuvo 16 votos, de los cuales 5 eran de la región (Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 eran extra-regionales (esencialmente europeos). La más reciente votación con un solo candidato fue la reelección de Luis Alberto Moreno en 2015: obtuvo el 96,2% de los respaldos. El resultado que lleva a un estadounidense a la presidencia del BID puede interpretarse como una prueba de insatisfacción política o como la demostración de un déficit de legitimidad de origen. En todo caso, Washington logró su objetivo y hoy controla el banco. La fragmentación de América Latina ha sido sin duda artífice de ese logro.

En solo dos años (2019-2020) se ha generado un gran descalabro en el sistema interamericano en materia de defensa, derechos humanos y finanzas. El presidente Trump, con una relativamente nutrida participación de gobiernos de Latinoamérica, ha ido reconfigurando las relaciones entre Washington y la región. En ese sentido, la próxima elección presidencial en Estados Unidos tiene ahora para los latinoamericanos un significado mucho más importante que las recientes votaciones en ese país: o se ahonda la quiebra del sistema interamericano con consecuencias imprevisibles para la región o se intentan paliar los daños ya producidos mediante la limitación de la arbitrariedad de Washington. Para lo primero la desunión latinoamericana será un factor coadyuvante; para lo segundo se requerirá reducir la grieta intrarregional.

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La vacuna rusa –llamada Sputnik V, en honor al satélite de la era soviética– entre las que encabezan el ranking para enfrentar el Covid-19 .Foto Afp

La vacuna británica AstraZeneca tuvo un fuerte tropiezo en la fase 3 cuando ya había mostrado su fracaso con los monos y ahora fue “atrapada entre sus iatrogenias y sus juegos bursátiles (https://bit.ly/32nW03Y)”, además de que coloca en la picota la complicidad de la OMS y los engaños de sus rankings.

Hoy los primeros sitiales globales los ocupan la vacuna rusa Sputnik V y la china de CanSino. Ahora Rusia y China ostentan más vacunas en sus arsenales, varias de las cuales se han experimentado con sus militares (sic).

A propósito, la vacuna Sputnik V ya existía desde la década de los 80 en la URSS –¿Para contrarrestar una guerra con "armas biológicas"?–, cuando lo único que hizo fue "reutilizar una técnica existente con una ligera modificación, lo cual explica el éxito de su rapidez", se-gún el escritor e ingeniero ruso-estaduniden-se Dmitry Orlov (https://bit.ly/33bYrFS).

La OMS aún no se repone de su ominosa colusión con la controvertida Fundación Bill & Melinda Gates –en el tema de sus vacunas contra la polio que resultaron nocivas en África/India/Irán/Pakistán/Afganistán (https://bit.ly/3itssHO)– y mantiene obcecadamente en el "primer lugar"de su polémico ranking (del 9 de septiembre) a la británica de AstraZeneca, pese a su estrepitoso fracaso (https://bit.ly/2RjjfFW).

La vapuleada taxonomía de la OMS coloca a cuatro vacunas chinas entre los 10 primeros sitios: CanSino (segundo), Sinovac (quinto), Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm (sexto) y Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm (séptimo).

Por arte de magia aparece ahora en un cuestionado tercer lugar –en realidad, sería el primero, empatado con Cansino– la vacuna rusa Sputnik V, del Instituto Gamaleya.

Del lado estadunidense aparecen cuatro vacunas: Johnson& Johnson (cuarto lugar), Moderna (octavo) –de la que es accionista el zar de las vacunas Anthony Fauci (AF)– BioNTech/FosunPharma/Pfizer (noveno) y Novavax (décimo).

Por cierto, la exageradamente publicitada vacuna Inovio, del polémico Bill Gates, ha quedado muy rezagada (en el lugar 15).

Hoy la mayoría apabullante de las 10 primeras vacunas en su fase final son chinas (cuatro), estadunidenses (cuatro), una rusa, y una más británica, de AstraZeneca, con calzador de la OMS.

Ahora resulta y resalta que la ditirámbica "vacuna electorera" que tenía planeado lanzar antes de la elección presidencial del 3 de noviembre la Food and Drug Administration y los CDC era nada menos que la hoy hibernada británica de AstraZeneca, según revelaciones del Financial Times (24/8/20).

El infectólogo AF ve muy improbable que una de las nueve (sic) vacunas finalistas se encuentre disponible a finales de octubre y llamó poderosamente la atención que haya llegado a confesar que estaba dispuesto a aceptar una vacuna que “sea mínimamente 70 por ciento (¡mega-súper-sic!) efectiva (https://washex.am/2FsvQUE)”. ¿Por qué tanta prisa?

Luego, AF aseveró que en caso de que "una vacuna fuese aprobada a finales de 2020 o a inicios de 2021 (sic), tomaría todavía un año (sic) más para que sus desarrolladores la manufacturen y así distribuyan un par de 100 millones de dosis, suficientes para inmunizar a la mayoría de la población de EU".

Destaca que dentro de la "guerra nacionalista de vacunas" y su corolario de "juegos bursátiles", vayan en paralelo las "guerras de propaganda mercadológica", como es el caso de The Wall Street Journal que “fustiga a China por inocular centenas de miles (sic) de vacunas experimentales (sic) contra el Covid-19 fuera de los ensayos clínicos, pese a sus peligros (https://on.wsj.com/3ihQs0h)”.

Al WSJ le enfada que tres empresas farmacéuticas chinas, que aún se hallan en la fase 3, hayan iniciado la inoculación experimental fuera de los cánones rigurosos (sic) de la polémica OMS, en particular, con sus militares (sic).

WSJ critica que "China y Rusia parecen ansiosos de iniciar el uso de sus vacunas domésticas, en búsqueda de reiniciar sus economías y exclamar una victoria global de relaciones publicas".

Los primeros sitiales de Rusia y China tienen a Estados Unidos contra la pared.

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:05

La ultraderecha de EU toma el mando del BID

El ultraconservador candidato de Washington, Mauricio Claver-Carone, ganó la presidencia del BID.Foto La Jornada

Logra Trump imponer a Mauricio Claver-Carone

 

Washington. Mauricio Claver-Carone, el candidato del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y será el primer funcionario no latinoamericano en dirigir el banco regional, pese a la polémica por la ruptura de una tradición de 61 años.

El ultraconservador candidato de Washington llegó como único contendiente a la asamblea general que se realizó este sábado de forma virtual entre los 48 gobernadores del BID, pese a la oposición de México, Argentina, Chile y la Unión Europea. Sucederá al colombiano Luis Alberto Moreno a partir del primero de octubre por un periodo de cinco años con posibilidad de relección.

Claver-Carone ocupaba el cargo de director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental en la Casa Blanca y ha sido un prominente promotor del embargo contra Cuba y uno de los principales estrategas en el diseño de política para buscar un cambio de régimen tanto en la isla como en Venezuela.

En junio, el senador demócrata Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, declaró en el Congreso que Claver-Carone era el nominado equivocado para generar apoyo para el BID, por ser considerado un arquitecto de las políticas hacia América Latina del presidente Trump que "han complicado nuestras relaciones con amigos y aliados". Así lo documentó este diario en su edición del 10 de septiembre (https://bit.ly/3bRWFh2).

Claver-Carone trabajó en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de George W. Bush. También dirigió la empresa de cabildeo US-Cuba Democracy PAC, cuyo objetivo es influir en las políticas de Washington para lograr un cambio de gobierno en Cuba.

Tras la victoria de Donald Trump fue integrante del equipo de transición. Está vinculado estrechamente con el senador republicano por Florida Marco Rubio y es considerado uno de los impulsores de la marcha atrás en la política de apertura hacia Cuba del ex presidente Barack Obama y de la imposición de sanciones a Venezuela.

 Lucha geopolítica

Argentina, México, Chile y Costa Rica, así como representantes de la Unión Eruopea –preocupados por los efectos a largo plazo de la decisión– buscaron inicialmente retrasar la votación, pero no consiguieron el respaldo suficiente.

Pese a un llamado de Argentina a abstenerse de votar, debido a las tensiones que generó que Estados Unidos rompiera la tradición de que el BID fuera liderado por un latinoamericano, Claver-Carone consiguió el apoyo de la mayoría de los países de la región y recibió 30 votos de los gobernadores, con 23 apoyos de la región. En porcentaje ponderado según las acciones por país, el estadunidense recibió 66.8 por ciento del total, informó una fuente de Washington.

Para ganar, un candidato debe tener el apoyo de al menos 15 de los 28 países americanos: 26 naciones que reciben créditos, más Estados Unidos –principal accionista del BID, con 30 por ciento del financiamiento– y Canadá.

"Esta victoria es para América Latina y el Caribe. Quiero agradecer a todos nuestros socios en la región por mantener la integridad de este proceso electoral y compartir nuestra visión común de un BID más fuerte y receptivo", dijo Claver-Carone en una declaración después de la elección.

La elección del jefe del BID se ha convertido en una lucha geopolítica entre el gobierno de Trump, quien busca fortalecer su posicionamiento en América Latina (región rica en recursos) y contrarrestar la influencia de China.

El papel del BID será central en una región devastada por la pandemia, para la cual el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de la economía de 9.4 por ciento.

El BID surgió en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y había tenido cuatro presidentes, todos de origen latinoamericano: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno.

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Recep Tayyip Erdogan, el nuevo Solimán el Magnífico

Bajo su liderazgo Turquía se convirtió en el aliado perturbador de Europa

El jefe del Estado turco se instaló cómodamente como un protagonista insoslayable de los conflictos en la región al mismo tiempo que amplió la realización de su proyecto para Medio Oriente.

 

Desde París. Cuando varios jugadores hacen destrozos en una partida, una de ellos levantará de la mesa los beneficios. Las sangrientas y destructoras cruzadas occidentales en Irak, Siria y Libia acabaron por dejar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la más ideal de las situaciones para ser (ya desde hace rato) el timón de la crisis de una parte de Medio Oriente. El poder se conquista con los símbolos, los territorios y la influencia de un país capaz de tener en sus manos la llave de una o varias crisis que pueden desestabilizar a sus vecinos. La Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan concentra los tres poderes. País con costas en el Mediterráneo, miembro de la OTAN y llamado a presidir el próximo 15 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas, Turquía se ha ido convirtiendo con los años en el aliado perturbador de Europa. Las relaciones entre París y Ankara son desde hace muchos meses un plato envenenado y las relaciones entre ambos presidentes, Erdogan y Emmanuel Macron, una pugna retórica y, en el último tiempo, militar.

El jefe del Estado turco exhibió el poder de los símbolos el 10 de julio de 2020 cuando decretó la restitución de Santa Sofía al culto musulmán. 86 años antes, el 24 de noviembre de 1934, el fundador de la joven y laica República turca, Mustafá Kemal Atatürk, había cedido a la comunidad humana esa joya de Estambul mediante la transformación de la basílica-mezquita en un museo. 1.500 años de historia se concentraron en un presente donde Santa Sofía resultó el ingrediente más emblemático de la confrontación. Inaugurada por el emperador Justiniano en el año 537 como catedral y sede del patriarcado, Santa Sofía se transformó en iglesia católica en 1204 con la invasión de los cruzados. Casi 60 años más tarde regresó a los ortodoxos y en 1453 se convirtió en mezquita luego de que el Sultán otomano Mehmet II tomara el control de la capital de Bizancio. Kemal Atatürk cambió el destino del recinto religioso en 1934 y el 24 de julio de 2020 Erdogan en persona dio vuelta la historia cuando recitó versículos del Corán en el espacio de Santa Sofía.

La conquista territorial es otro de los ejes de la restauración turca en la región a traves las intervenciones directas en Siria, Libia e Irak. En 2019 Turquía se comprometió militarmente en Siria luego del retiro de Estados Unidos. Este episodio es digno de una pieza de teatro mal escrita, con un actor talentoso, Erdogan, y un aprendiz mediocre, Donald Trump. En octubre de 2019, el mandatario turco lanzó el operativo “Fuente de Paz” en el Norte de Siria contra las FDS, las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Washington y la coalición (60 países europeos y árabes). Las FDS eran una federación de grupos armados financiaos y armados por la administración norteamericana y el resto de la coalición para luchar contra el Estado Islámico. Nada podía indisponer más a Erdogan porque las FDS son una fuerza kurdo árabe dominadas por los kurdos del YPG, brazo armado del partido kurdo de La Unión Democrática (PYD) y aliado del enemigo irreversible de Erdogan, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Así, Washington, en su combate contra el Estado Islámico, apoyaba a los enemigos de Erdogan para luego dejarle a Turquía todo el campo abierto. En lo que atañe a Libia, Ankara es una presencia omnipresente como respaldo al Gobierno de Unión Libio (GNA). En cuanto a Irak, el pasado 17 de junio Turquía desplegó unos 1.000 hombres en Haftanin, en el norte de Irak, y ello en el marco de un operativo contra la retaguardia del PKK, al que Turquía y sus aliados occidentales consideran terroristas. El jefe del Estado turco se instaló cómodamente como un protagonista insoslayable de los conflictos en la región al mismo tiempo que amplió la realización de su proyecto para Medio Oriente. Nadie se entrometió en el camino. Los europeos parecen tener las manos atadas y Estados Unidos hace rato que abandonó la zona. El caos que provocó la política de Trump en esas tierras recayó en beneficios constantes para Turquía.

Como con Santa Sofía, la historia siempre ronda por ahí. Antes de los desastrosos y breves episodios coloniales occidentales durante el Siglo XX, Siria y Libia fueron, a lo largo de cuatro siglos, colonias del imperio otomano. Adel Bakawan, sociólogo franco iraquí y miembro del Instituto francés de Relaciones Internacionales, acota que “al estar presente en todos los frentes Erdogan quiere mostrarles a las potencias internacionales que su país es ineludible en la solución de los conflictos regionales”. Occidente le facilitó su ambición. Ankara juega allí donde las potencias occidentales desencadenaron un naufragio: en Irak, George W. Bush, con la segunda guerra (2003) y el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, dejó un país hecho añicos: en Siria, la guerra la vinieron a alentar y complicar los europeos, los norteamericanos, las monarquías del Golfo Pérsico y Rusia :en Libia, la hecatombe la inició el ex presidente francés Nicolas Sarkozy en 2011 cuando promocionó una resolución en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (número 1973) que terminó, de hecho, siendo una intervención militar disfrazada para derrocar al presidente Muamar Khaddafi.

Como si faltara un conflicto o una provocación, los turcos se enfurecieron cuando su rival histórico, Grecia, implementó un acuerdo con Egipto sobre la explotación común de zonas marítimas en el Mar de Egeo muy ricas en hidrocarburos. El 9 de agosto, Ankara envió el barco Oruç Reis (prospección sísmica) a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que le corresponde a Grecia escoltado por fragatas militares. Los griegos pusieron sus tropas en estado de alerta y Francia, que respalda a Atenas, reforzó su presencia militar en el Mediterráneo Oriental con barcos y aviones. Allí se inaugura el cruce Erdogan / Macron. El mandatario francés es, además, el que lleva la batuta retórica contra el “islamo-nacionalismo” de Erdogan. El presidente turco acusó a Macron de portarse “como un caíd” en el Mediterráneo Oriental y esgrimió una amenaza con forma de pregunta:”¿el pueblo francés sabe acaso que precio deberá pagar por culpa de sus dirigentes codiciosos e incompetentes ?. (…) Cuando se trata de combatir, no dudamos en ofrecer nuestros mártires”. Las riquezas del Mar Egeo bien valen un pase de esgrima. La Comisión Geológica de Estados Unidos evalúa a 5.765 mil millones de metros cúbicos las reservas contra las 47.800 que posee Rusia, las 33.720 de Irán y las 20.700 de Qatar. Las cuestiones de soberanía de varias islas griegas reclamadas por Turquía están en tela de juicio desde la firma del Tratado de Lausana en 1923 (se fijaron las nuevas fronteras). La tensión es lo suficientemente grave como para que la Unión Europea se disponga a adoptar el 24 y 25 de septiembre próximos una paquete de sanciones contra Turquía en caso de que Ankara rehúse entablar “un diálogo constructivo”. El horizonte es turbulento y desquiciado porque muchos de estos países son aliados de Turquía dentro de la Alianza Atlántica, la OTAN.

Después del presidente ruso Vladimir Putin, Erdogan es el segundo rey del tablero. Le queda, además, una valiosa carta para desestabilizar a los europeos: la inmigración. Turquía es el nudo y la gestión del problema. Después de 2015 y la crisis migratoria que, a través del Mediterráneo, trajo a Europa cientos de miles de migrantes, La Unión Europea y Turquía llegaron a un acuerdo: Ankara se comprometió a recibir a los refugiados e impedir así que ingresen en los países del bloque. Pero Erdogan hizo de los migrantes un florete político. Modula a su antojo la aplicación del acuerdo. A finales de febrero de 2020, el presidente Erdogan decidió levantar el bloqueo vigente para impedir que los refugiados sirios ingresen a la Unión Europea por la frontera griega. Hay que recordar, no obstante, el enorme peso migratorio que recae sobre las espaldas turcas a raíz de los desbarajustes creados por Occidente en la región. Entre la crisis libia, la guerra en Siria, los horrores en Afganistán e Irak, Turquía ha recibido en su territorio a más de 4 millones de refugiados. El gobierno griego afirma que los inmigrantes están siendo "manipulados como peones" por Turquía para asfixiar a la UE. Turquía alega que está gestionando una ola migratoria imponente por culpa del gobierno sirio de Bashar al Asad y de las fuerzas rusas que lo apoyan en sus operaciones militares en Idlib, el último bastión rebelde. Los bombardeos ruso sirios en esa provincia del noroeste de Siria desataron el desplazamiento de casi un millón de personas hacia Turquía (1 de diciembre de 2019, 28 de febrero de 2020). Erdogan rehúsa seguir siendo el guardián de las fronteras europeas. Cuando más se agudiza la crisis, más los medios de Europa lo acusan de ser “un islamo expansionista”, un hombre “obsesionado por la idea de restaurar el imperio Otomano”, el “nuevo Solimán el Magnífico”, etc, etc, etc. Prosa barata de común circulación en Occidente. Estados Unidos, Europa, algunas monarquías del Golfo Pérsico y la misma Rusia fueron precipitando la región hacia un abismo sin fondo, repleto de muertos, de desplazados y de horror. La impericia de las pretendidas potencias le dejó a Recep Tayyip Erdogan un diseño geopolítico que corresponde como en un sueño al ideal de sus ambiciones.

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Trump anunció un acuerdo de paz entre Bahrein e Israel  

Hace un mes Israel había firmado un tratado similar con Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Estados Unidos dijo que espera llegar a más pactos de este tipo entre los países de la región. “Restauré la confianza con nuestros socios regionales, y juntos hemos eliminado el califato del Estado Islámico", sostuvo el mandatario.

 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que Bahrein e Israel llegaron a un acuerdo de paz. El hecho se produjo un mes después del pacto firmado entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Estado hebreo. La administración Trump busca normalizar las relaciones entre sus aliados en Medio Oriente como una estrategia para contener a Irán. El presidente norteamericano dijo que espera llegar a más pactos de este tipo entre los países de la región. “Restauré la confianza con nuestros socios regionales, y juntos hemos eliminado el califato del Estado Islámico al 100 por ciento”, sostuvo el mandatario.

"Medio Oriente era un caos"

Trump catalogó el acuerdo entre ambos países como un logro histórico. “Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el Reino de Bahrein han acordado un Acuerdo de Paz- el segundo país árabe en hacer la paz con Israel en 30 días!", dijo el mandatario. Minutos más tarde, desde el Despacho Oval y acompañado por el vicepresidente Mike Pence, el presidente dio las gracias a los líderes de ambos países. "Su liderazgo se mueve hacia un futuro que puede llenarse con esperanza y no tiene por qué estar predeterminado por conflictos del pasado", indicó el magnate republicano. A su vez, destacó que el anuncio haya coincidido con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Cuando llegué a la presidencia Oriente Medio estaba en un estado de caos absoluto”, dijo el mandatario. También resaltó que no existía respuesta más poderosa al odio que acuerdos de ese tipo.

En paralelo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu realizó el mismo anuncio desde Jerusalén. "Ciudadanos de Israel, me conmueve informarles que esta noche llegaremos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Este acuerdo se suma a la paz histórica con los EAU", señaló el dirigente israelí. Es el segundo pacto de paz que la Administración de Trump anuncia en menos de un mes tras el alcanzado el pasado 13 de agosto entre los EAU y las autoridades israelíes. El martes se darán cita en Washington representantes de los tres país para firmar los respectivos tratados. Ya confirmaron su presencia el primer ministro israelí; por los EUA concurrirá el príncipe heredero, jeque Mohamed bin Zayed; y el ministro de Exteriores de Bahrein, Abdulatif al Zayani.

Bahrein tiene una población de mayoría chiita y una monarquía sunita protegida por Arabia Saudita. Es un pequeño archipiélago del golfo Pérsico donde está emplazada la Quinta Flota Naval de EEUU. Esta fuerza tiene la función de supervisar las operaciones marítimas en toda la región, fundamentales para contrarrestar las acciones de Irán en la zona. Con el anuncio de este viernes, Bahrein se conviertió en el cuarto país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, tras los EAU, Egipto (1979) y Jordania (1994).

Más acuerdos

Trump reveló en el Despacho Oval que había conversado con el rey de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz sobre este acuerdo y la lucha contra el terrorismo. El presidente adelantó que habrá más pactos de este tipo en el futuro. "Tengo mucha esperanzas de que les seguirán más. Puedo decirles que hay un entusiasmo tremendo por parte de otros países que quieren unirse", adelantó el líder republicano. Además volvió a mostrar su optimismo sobre el desarrollo de las relaciones con los palestinos. "Van a estar en una muy buena posición. (…) Querrán ser parte de las conversaciones porque todos sus amigos estarán allí", dijo el mandatario.

Sin embargo la Autoridad Palestina y el movimiento islamita Hamas criticaron inmediatamente el anuncio. "El acuerdo entre Bahrein e Israel es una puñalada en la espalda de la causa palestina y el pueblo palestino", dijo Ahmad Majdalani, ministro de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, denunció por su parte que el acuerdo supone un grave perjuicio para los palestinos. Desde su llegada al poder, Trump se alejó de la Autoridad Palestina multiplicando las decisiones favorables a Israel, consciente de satisfacer así a la gran franja cristiana evangélica de su electorado.

Estos acuerdos entre Israel y naciones árabes coinciden con un momento de tensión entre EEUU e Irán. El malestar entre ambos países se potenció desde la retirada del país norteamericano del acuerdo nuclear con Teherán. Esta semana el gobierno norteamericano anunció que reduciría sus tropas en Irak y Afganistán. Queda por ver si esos soldados vuelven a casa o si son reubicados en otras partes de la región como el golfo Pérsico, donde EEUU viene reforzando sus posiciones en el último año. 

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Con la mira puesta en la minería, la NASA convocó a empresas privadas a extraer muestras de la superficie de la luna. Imagen: AFP

El objetivo es estudiar la posible explotación minera

 

Donald Trump puso en marcha un plan para desarrollar la minería en la superficie lunar. Decidió avanzar pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

La NASA lanzó el jueves un llamado a licitación sin precedentes: convocó a empresas privadas a que extraigan muestras de superficie luna para poder estudiarlos en la Tierra. 

"¡La NASA busca comprar suelo lunar a proveedores comerciales! Es hora de establecer una regulación para la extracción y comercialización de recursos espaciales", tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. 

Estados Unidos pretende liderar la explotación de recursos, principalmente la minería, que se encuentren en suelo o subsuelo de asteroides y de la Luna, en el marco de una política alentada del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense emitió en abril un decreto en ese sentido pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

Los tratados espaciales existentes no son precisos para determinar la explotación de recursos fuera de la Tierra. La NASA invita a las empresas a presentar sus propuestas para extraer "pequeñas" muestras de piedras lunares o de polvo que cubre la superficie del satélite como así también información, imágenes del lugar y sus respectivas locaciones para registrar en una base de datos. 

Las muestras lunares pasarían luego a ser propiedad de la NASA, que sería el "único" dueño del material. El 80% del importe que establezca el contrato se abonará contra la entrega de las muestras.

El llamado a ofertas se enmarca en un nuevo modelo económico que comienza a ganar fuerza en la agencia espacial estadounidense y que consiste en tercerizar el desarrollo y funcionamiento de las misiones a través de contratos con empresas espaciales privadas.

En esa línea, la NASA suscribió un acuerdo con SpaceX, que se encarga del transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Hace tiempo que la NASA volvió a poner la mira sobre la luna. A partir del Programa Artemis, la agencia espacial de Estados Unidos invita también a la colaboración y comercialización de información e imágenes del satélite de la tierra con el objetivo de que "la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna en 2024". La intención será luego usar la Luna como punto de partida para embarcar hacia viajes más lejanos: "Dar el siguiente gran salto y mandar astronautas a Marte", comunicó el sitio oficial estadounidense.

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Brasil: una política exterior contra el «marxismo cultural»

La Fundación Alexandre Gusmão, vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, apela a una estrategia internacional en la que dice combatir el comunismo y el «abortismo», a los que considera pilares del «marxismo cultural». Recuperando las viejas consignas anticomunistas de la Guerra Fría, promueve el americanismo y se aleja de sus verdaderas funciones estatales.

 

Un componente vital de la política exterior de un país es la promoción de los asuntos internacionales en el ámbito interno, sobre todo a través de la cooperación y la participación en espacios bilaterales y multilaterales. Pero en Brasil, las actividades de la Fundación Alexandre Gusmão (FUNAG) sugieren que la agencia actualmente considera obsoleta la promoción de valores tan cosmopolitas. Lo que se puede asumir a la luz de las actividades recientes de la FUNAG es, de hecho, su compromiso de defender a la sociedad brasileña de una supuesta amenaza comunista.

La FUNAG es una fundación vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y trabaja para formar la opinión pública ciudadana en relación con la política exterior. Desde la elección de Jair Bolsonaro, ha sido evidente que los dos órganos deben alinearse ciegamente con la ideología de extrema derecha de su política exterior, como la lucha contra el «globalismo». Pero lo expresado por las acciones de FUNAG va más allá.

En vista de la decreciente credibilidad de Brasil en la arena internacional, la FUNAG parece abrazar una nueva misión. Ya no comparte información con la ciudadanía sobre la proyección internacional del país ni fomenta el compromiso popular en temas internacionales. Por el contrario, su contenido presenta características claras del populismo bolsonarista: llegar a su audiencia a través de discursos sensacionalistas, en una continua campaña electoral. Después de décadas de política exterior pragmática y autodeterminada, Brasil está rezagado en una política exterior pro-estadounidense y electoralista.

Además, una de las piezas centrales de la «continua campaña electoral» es promover una distinción continua entre el «yo» y el «otro», dividiendo a la sociedad entre aliados y enemigos. Como buena herramienta bolsonarista, este es también el discurso que impulsa la FUNAG.

En medio de las crecientes hostilidades contra China por parte de las autoridades brasileñas, incluidos ministros de alto perfil, la FUNAG abraza el incondicional alineamiento con Estados Unidos de Bolsonaro. El 11 de agosto, la Fundación promovió la conferencia «El Rescate de la relación Brasil-Estados Unidos y sus beneficios». El presentador de la charla no era otro que el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, quien discutió el «sesgo ideológico de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)» y criticó el «tema de los médicos cubanos».

Esta postura proestadounidense, sin embargo, es la característica bolsonarista menos radical promovida por la FUNAG. La fundación parece estar actualmente especializada en combatir el comunismo y defender una agenda de valores morales conservadores. Estos temas son los más aclamados por la audiencia bolsonarista, que asocia erróneamente el comunismo con los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores. En agosto, la FUNAG promovió el seminario «Cómo destruir un país: una aventura socialista en Venezuela». Exactamente un mes antes, FUNAG también llevó a cabo la conferencia «Globalismo y comunismo».

Vale la pena recordar que globalismo es el término utilizado por Bolsonaro y líderes como Donald Trump para condenar la configuración actual de la política internacional y el orden liberal internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas. De manera incorrecta, el canciller brasileño Ernesto Araújo vincula con frecuencia el globalismo con el marxismo cultural.

La agenda anticomunista de FUNAG es demasiado amplia para ser explorada completamente aquí. Pero uno puede hacerse una idea de su profundidad a partir del contenido sugerido por títulos sesgados como «Castro-chavismo: crimen organizado en las Américas»; «Un siglo de escombros: pensar en el futuro con los valores morales de la derecha» y «Memoria del comunismo y el virus actual de la mentira». Todos estos eventos fueron promovidos por FUNAG entre los últimos meses de julio y agosto.

Para completar la ecuación bolsonarista, el 4 de agosto la FUNAG realizó un evento alineado con los valores conservadores-cristianos: una conferencia antiaborto titulada «La importancia de promover políticas internacionales en defensa de la vida», presentada por la diputada federal conservadora Chris Tonietto quien, como Eduardo Bolsonaro, es miembro del Partido Social Liberal (PSL), ex partido del presidente Bolsonaro.

El contenido de política exterior promovido por la FUNAG no está vinculado con las prácticas de relaciones internacionales descritas por la Constitución brasileña, entre las que se encuentran la promoción de la cooperación para el progreso humano, la defensa de los derechos humanos y la defensa continua de la integración latinoamericana. En cambio, la FUNAG se dedica actualmente a complacer a las bases bolsonaristas repitiendo la misma jerga de extrema derecha de su campaña presidencial.

La FUNAG no tiene poder de decisión en la política exterior brasileña, pero sus discursos muestran la pérdida de credibilidad internacional del país. Después del declive de su estatus internacional, la política exterior brasileña se dirige a la audiencia nacional en busca de credibilidad: esta es la política exterior electoral brasileña.

Las acciones de la FUNAG también pueden contribuir a depreciar la proyección internacional construida por Brasil en sus gobiernos anteriores. La opinión pública es un componente necesario en la construcción de la política exterior. En las democracias, la necesidad de rendición de cuentas por parte de los gobiernos contribuye a tomar acciones en línea con la opinión de la mayoría. Sin embargo, cuando una agencia como la FUNAG impulsiona las perspectivas nacionales hacia el anticomunismo radical, existe un proceso similar de participación de la población en la defensa de tales valores. Y la promoción de temas vitales, como la cooperación internacional y la integración regional, quedan atrás.

En detrimento de la anterior política exterior «orgullosa y activa», la FUNAG no parece interesada en discutir el futuro del Mercado Común del Sur (Mercosur) y otros foros regionales, o la integración regional para mitigar los impactos del covid-19 en América Latina. Pero su público puede quedarse tranquilo, con la certeza de estar protegido de la amenaza comunista.

Septiembre 2020

Este artículo es producto de la colaboración entre Nueva Sociedad y DemocraciaAbierta. Puede leer el contenido original aquí

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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Quienes más saben de armas biológicas en el mundo son EU y Rusia, por lo que no pasa por alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al rubro militar. Foto Ap

Hasta el rusófobo Financial Times (FT; 4/09/20) y Wall Street Journal (https://on.wsj.com/2QSZNzy) no tuvieron más remedio que admitir que la vacuna rusa Sputnik V provee una inmunidad creíble, segura y eficaz –con una producción sustancial de anticuerpos para combatir al ominoso Covid-19–, como demuestra la prestigiosa revista médica británica (sic) TheLancet (https://bit.ly/2QRZ6qi).

Es real el "momento Sputnik" de la vacuna rusa (https://bit.ly/3h056b7) pese al entendible escepticismo interesadamente farmacéutico de las empresas anglosajonas del Big Pharma que quedaron sembradas en el camino.

China, que ostenta también dos vacunas pioneras, ha entablado una cooperación con Rusia para probar mutua y clínicamente sus vacunas.

También Rusia y China están experimentando otras vacunas contra el Covid-19 con sus investigadores militares (sic).

Quienes más saben de "armas biológicas" en el mundo son EU y Rusia, por lo que no pasa por alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al rubro militar cuando se desconoce si EU opera en el mismo sentido.

Ahora en EU quienes han criticado acerbamente a la vacuna rusa que se brincó la fase tres, se encaminan a imitar al Sputnik V para tener lista una vacuna tres días antes de la crucial elección presidencial en EU.

Pese a todos los bemoles, la vacuna británica de AstraZeneca se encuentra compitiendo el primer lugar con las vacunas chinas (sobre todo de CanSino).

El problema se ha vuelto exquisitamente geopolítico cuando la polémica OMS hoy se encuentra bajo la férula anglosajona del GAVI y de toda la fauna farmacéutica de Bill Gates y Michael Bloomberg que controlan las investigaciones y las mentes de sus epidemiólogos (https://bit.ly/3jRK0xv).

El otrora prestigioso Food and Drug Administration (FDA; por sus siglas en inglés) y Centers forDisease Control and Prevention dejaron entrever que están dispuestos a acelerar la "vacuna electorera" y tenerla lista tres días antes de la elección presidencial, por lo que enviaron una guía a cada Estado para prepararse a la distribución de la vacuna desde el primero de noviembre, en particular, para los grupos de "alta prioridad".

El doctor Stephen Hahn, comisionado de la FDA, en una entrevista para FT (30/08/20), comentó que su aceleración para saltarse la fase tres no estaba encaminada a ayudar la relección de Trump.

Por cierto, Trump había acusado previamente a miembros de su archienemigo “Estado profundo ( Deep State)” de estar trabajando dentro del FDA para complicar los esfuerzos de pruebas clínicas de las vacunas contra el Covid-19 con el fin de "retrasar los resultados hasta después de la elección presidencial del 3 de noviembre".

De forma inmediata, al día siguiente de la filípica de Trump, el FDA otorgó un "uso de autorización emergente" para el tratamiento (sic) contra el Covid-19 que usa plasma sanguíneo de los pacientes recuperados”.

FT –junto al TheEconomist de la banca Rothschild controladora de George Soros –nunca ha ocultado su aversión a Trump y advierte que la decisión del doctor Hahn, director del FDA, de dar el visto bueno a la vacuna "probablemente sea una de las más importantes y sensibles en la historia de la salud pública de EU".

El doctor Hahn comentó que no va a afectar su decisión la "convergencia de la pandemia con la temporada (sic) política".

A propósito, el controvertido gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, del Partido Demócrata, quien ha chocado con Trump por el manejo de la pandemia, criticó la "conveniencia" de tener a la mano un "medicamento milagroso (sic) para el día de la elección", sin especificar si se trataba de la polémica "vacuna electorera" que se sacó de la manga el FDA (https://bit.ly/351TVwe).

Como era de esperarse, Trump, comentó que no estaba buscando que la vacuna contra el Covid-19 se apruebe el primero de noviembre con propósitos para su relección, sino porque deseaba "salvar a la gente" (https://bit.ly/3i1xz1p).

Una "vacuna electorera" a tres días de los sufragios beneficiará más a Trump que a Biden.

http://alfredojalife.com

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https://www.youtube.com/channel/ UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

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Sábado, 05 Septiembre 2020 06:04

El retador

El retador

La creciente presencia china en América Latina

 

Mientras desplaza a Estados Unidos como la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial, China incursiona también en su “patio trasero”. No sólo se ha encumbrado como primer comprador de buena parte de los países latinoamericanos, sino que además ofrece a la región sendos acuerdos en sectores de alto valor agregado. Todo esto, mientras hace gala de un pragmatismo desconocido para su rival.

¡Sonreí, te están filmando! Si estás leyendo este artículo en algún lugar público de Montevideo, mirá a tus alrededores, pues es altamente probable que una cámara de seguridad te esté grabando. En 2008 el Ministerio del Interior uruguayo firmó un acuerdo por 12 millones de dólares con ZTE, una sociedad china de tecnología, para dotar el país de un plan de seguridad basado en infraestructuras de transmisión de datos, tecnología VoIP, cámaras en los centros públicos de la capital (el estadio Centenario, el Centro, los parques, entre otros) y los centros de detención en Canelones y Maldonado, y un sistema de reconocimiento facial en los puntos de migración. Otros acuerdos similares entre Montevideo y Beijing han sido firmados en los últimos años.

El caso uruguayo es apenas una parte de la iniciativa china de construir smart cities (ciudades inteligentes), «estrategias de planificación urbanística relacionadas con la innovación y las tecnologías de la comunicación para mejorar la vida de los ciudadanos», de acuerdo con Simone Pieranni, periodista de Il Manifesto y autor del libro  Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). «China se afirmó como uno de los proveedores mundiales de proyectos de smart cities», explicó a Brecha Pieranni, quien en 2019 visitó Terminus, una empresa china que vende soluciones para ciudades y edificios residenciales y que ya realizó 6.891 proyectos de smart cities en China, involucrando a una población de 8 millones de personas.

Terminus promete construir ciudades inteligentes con «carreteras residenciales bordeadas de una exuberante vegetación, donde las gotas del rocío se deslizan desde las hojas más altas de los árboles hasta los tejados cargados de paneles solares, y luego hasta su lugar de descanso final en la hierba», contó Pieranni. «Hay un latido del corazón, no sólo en la naturaleza circundante, sino también en las estructuras mismas. Cuando la luz del sol llega a las casas, las ventanas de los dormitorios ajustan su opacidad para permitir que la luz natural despierte a los residentes adormilados. Una vez que la luz ha llenado la habitación, un ama de casa virtual llamada Titán selecciona tu desayuno, combina tu atuendo con el clima y presenta un itinerario completo para tu día utilizando una solución de transporte inteligente. Después del desayuno, subís a tu vehículo inteligente y totalmente automatizado y comenzás tu viaje interurbano a la ciudad explorando las noticias del mercado global, ¡recomendadas por un algoritmo, por supuesto!», añadió. Pero sospecha de este mundo eficiente y sustentable: «¿Quién podrá pagar para vivir en estas ciudades? La sustentabilidad ambiental de las smart cities se alimenta de la explotación de los recursos naturales, como el litio y el cobalto para las baterías, que dejan una gran huella ambiental. Una minoría vivirá en ciudades sustentables; la gran mayoría, en lugares contaminados».

Lo cierto es que el dragón ya no es la fábrica global de copias de mala calidad. En la actualidad es el país que crea el marco tecnológico en el cual los demás tienen que conformarse. ¿Un ejemplo? En China, la aplicación Wechat, que permite hacer cualquier transacción sin usar efectivo, registró 1.200 millones de transacciones diarias en 2018.  Mark Zuckenberg, fundador de Facebook y estudiante de mandarín, observa de cerca el modelo de Wechat y en junio lanzó en Brasil un experimento para transferir plata por Whatsapp, una aplicación de su propiedad.

DE LA TIERRA A LA LUNA

Este ascenso chino a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial ha ido en detrimento de quien hasta ahora ocupaba ese rol: Estados Unidos. Y esa rivalidad no parece desenvolverse de un modo muy pacífico. Según la periodista y sinóloga de la Universidad de Venecia Giada Messetti: «En los próximos diez o 15 años se crearán dos sistemas de Internet, uno guiado por los estadounidenses y otro, por los chinos». La disputa entre China y Estados Unidos por acaparar Internet registró un nuevo capítulo el 6 de agosto, con el decreto del presidente Donald Trump que obliga a la empresa de tecnología Bytedance a vender sus acciones de la red social Tiktok en Estados Unidos, por razones, según Washington, «de seguridad nacional». Pero la gran batalla del momento es la del 5G (véase «Bajo los ojos del dragón», Brecha 26-VI-20). La avanzada china –a través de Huawei, principalmente– tiene uno de sus frentes en el mercado de usuarios de celulares de América Latina. La pregunta abierta es: ¿qué harán los gobiernos de esta región?

La presencia china en América Latina se ha fortalecido durante las últimas décadas, principalmente a través del comercio de materias primas y manufacturas. Beijing es un socio comercial de primer nivel desde hace años: ha derrocado a Europa y ha alcanzado a Estados Unidos. Si en 1998 las exportaciones chinas a América Latina representaban sólo el 3,7 por ciento de las de Estados Unidos, en 2018 pasaron a representar el 59,1 por ciento (Banco Mundial, 2020). Estos datos toman en cuenta a México, a cuya economía –organizada en torno al mercado estadounidense– Washington no tiene la menor intención de dejar escapar, como lo demuestra la cláusula contenida en el T-MEC que implica que si uno de los Estados socios firma un acuerdo comercial con un país «sin economía de mercado» –léase China–, los otros dos miembros pueden abandonar el tratado. Si nos fijamos únicamente en la balanza comercial al sur del Canal de Panamá, el bote ya se inclina a favor de Beijing: en 2018 China comerciaba con América del Sur por más de 200.000 millones de dólares y superaba a Estados Unidos. La región es la respuesta a la demanda de materias primas chinas: soja de Brasil, Argentina y Uruguay; litio y cobre de Chile; petróleo de Venezuela y Ecuador.

Pero en los últimos años el comercio sino-latinoamericano se ha extendido más allá de los productos básicos y ha incluido de forma creciente los sectores de alto valor agregado. Acuerdos de cooperación en el ámbito tecnológico y científico han permitido a Bolivia, Ecuador y Venezuela lanzar satélites espaciales y han estimulado la investigación astronómica de Chile gracias a proyectos financiados por el Centro  Sudamericano para la  Astronomía de la Academia de Ciencias de China. Hablando de estrellas, cabe mencionar la estación espacial china en Neuquén, en la Patagonia argentina, un pied-à-terre del Ejército chino en el hemisferio austral, que ha contribuido a la exploración del lado más lejano de la luna y al desarrollo de Beidou, la alternativa made in China al GPS, presentada internacionalmente a comienzos de agosto. En muchas capitales de la región –Montevideo, Santiago de Chile, La Habana, San Pablo y Buenos Aires– ya circulan buses eléctricos fabricados con capitales chinos. El año pasado el consorcio APCA Transmetro, formado por dos empresas chinas, ganó la licitación pública para construir el largamente proyectado metro de Bogotá.

RELACIONES SUR-SUR

En 2003 cuatro países del sur global –Brasil, India, China y Sudáfrica– constituyeron, junto con Rusia, el grupo BRICS, con el fin proclamado de construir un mundo multipolar. El objetivo fue parcialmente logrado con el surgimiento del foro G20 y con nuevas instituciones financieras alternativas al Fondo Monetario Internacional, como el Nuevo Banco de Desarrollo. Fue en ese marco que se profundizó la relación entre dos miembros del grupo, China y Brasil. Durante el largo ciclo de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) (2003-2016), se buscó «construir un nuevo estatus internacional para Brasil, en el marco de las relaciones sur-sur y de una mayor autonomía de Washington», dijo a Brecha Daniel Cardoso, profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa y experto en política exterior brasileña. «Se trató de un cambio estructural en la política exterior brasileña. [Luiz Inácio] Lula da Silva fue el primero en apostar por una relación estratégica con los países del sur del mundo durante la postdictadura», agregó.

En ese camino, Lula encontró en China un socio de primer nivel, con el que compartía un discurso en materia de política económica alternativo al neoliberal: para resultar ganadores en la globalización, ambos consideraban crucial la participación del Estado en la economía. Entre 2000 y 2011 el comercio bilateral sino-brasileño creció 3.200 por ciento y llegó a totalizar 78.000 millones de dólares en 2014. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, en 2001, se acompañó con una estrategia de la industria brasileña de aumento de sus exportaciones de minerales, combustibles y productos agrícolas a Beijing. En 2012 las relaciones políticas entre ambos países se elevaron al nivel de asociación estratégica global. Según nos explicó Cardoso, la relación se basó en la interdependencia de ambas economías (China es el primer socio comercial de Brasil), los objetivos compartidos (la reforma del esquema de gobernanza global) y los cambios en la estructura política internacional (la aparición del BRICS y su estrategia para un mundo multipolar).

La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia cambió las prioridades de Brasil. China sigue siendo un socio imprescindible, sobre todo en cuanto al comercio y la inversión extranjera. En la campaña electoral de 2018, Bolsonaro atacó a China en varias ocasiones y llegó a afirmar que el gigante asiático compraba Brasil y no a Brasil. Una vez elegido presidente, el excapitán tuvo, sin embargo, que moderar sus acusaciones de colonialismo. Pero, aunque la relación económica bilateral no está en discusión, se puede observar un efecto Bolsonaro en el ámbito político. El Brasil actual apuesta a acceder al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –el club de los países más desarrollados– y reorientar su política exterior hacia Washington. Al menos formalmente, Bolsonaro cuida la relación con el BRICS. Sin embargo, «las discusiones en la última cumbre fueron más superficiales, especialmente en temas de seguridad, por temor a que Brasil filtre información sensible de Estados Unidos. Estas señales de desconfianza amenazan la fuerza del BRICS como actor político. Bolsonaro tiene una relación con Beijing que no es política, sino económica. Ya no hay estrategias compartidas, como en la época del PT», concluyó Cardoso.

CRÉDITO Y TECNOLOGÍA POR PETRÓLEO

En Venezuela, China juega un papel protagónico y toca un nervio sensible de Estados Unidos, cuyos intentos de derrocar a Nicolás Maduro se han estancado. Beijing apoya al gobierno en funciones, pero lo hace desde una posición pragmática más que ideológica. Las relaciones sino-venezolanas se basan en un elemento fundamental: el petróleo. El vínculo se consolidó durante las presidencias de Hugo Chávez (1999-2013), cuando Venezuela fue el primer país de la región en suscribir un pacto estratégico de desarrollo con Beijing. En 2001, para celebrar la firma del pacto en el Palacio de Miraflores, el presidente chino, Jiang Zemin, y Chávez cantaron, junto con Julio Iglesias, el bolero «Solamente una vez». La inversión china en Venezuela –la más alta de la región– se caracteriza por el crecimiento de su mano de obra en ese país: en 2013 había 400 mil chinos en Venezuela. La cooperación entre ZTE y empresas venezolanas permitió la creación, en 2009, de Vergatario, el primer teléfono celular desarrollado en el país caribeño y, en 2016, la del llamado carnet de la patria, un documento tecnológico de identidad que permite acceder a servicios públicos y ayudas del Estado, al tiempo que abastece una base de datos nacional.

El desarrollo del carnet venezolano estuvo inspirado en el más complejo y ambicioso sistema de puntuación social con el que China experimenta desde 2018, que apunta a establecer un registro digital unificado de todos sus ciudadanos, lo que le permite al gobierno hacerles un seguimiento en tiempo real y evaluarlos de acuerdo a su «confiabilidad». El sistema, aún en la etapa de prueba, ha sido criticado por Human Rights Watch y varios gobiernos occidentales. También en una línea crítica, Giorgio Cuscito, editor de la revista italiana de geopolítica Limes, afirmó que, a través de acuerdos como los firmados por ZTE con Venezuela, Beijing busca testear su tecnología de monitoreo de la población más allá de sus fronteras nacionales (Limes, 16-IV-19).

En 2007, en tanto, nació el fondo conjunto China-Venezuela, basado en la emisión de crédito a cambio de petróleo y construcción de infraestructura. Por ese medio Venezuela recibió 67.200 millones de dólares. Hasta el momento, sólo ha devuelto la mitad, lo que explica la preocupación de Beijing por la inestabilidad venezolana, que podría volverse una trampa crediticia. China también ha garantizado cuantiosos préstamos a otros países de la región, que han superado los del Banco Mundial y los del Banco Interamericano de Desarrollo, a menudo reembolsados con materias primas, como en el caso de Ecuador y sus envíos de petróleo al dragón.

PARANOIA VS. PRAGMATISMO

En el largo plazo, la posición china en Venezuela puede contrapesar los intereses de Estados Unidos en Asia, así que las relaciones con Caracas tienen un valor no solamente económico, sino también geopolítico en el juego de ajedrez entre Washington y Beijing. El caso muestra, además, las diferencias entre China y Estados Unidos en su relacionamiento con América Latina. Según la doctrina Monroe, América Latina es el patio trasero de Washington, una zona de influencia exclusiva donde no se acepta la interferencia de otras potencias globales. Esto se ha traducido históricamente en una postura paranoica con respecto a la región, una fuente constante de preocupación, por la que se han justificado intervenciones directas –como las decenas de invasiones a México, Centroamérica y el Caribe–, embargos, planes de desestabilización y apoyo a golpes de Estado, y esquemas represivos –como el Plan Cóndor–. En los últimos tiempos, sin embargo, Estados Unidos no ha tenido una agenda política clara y específica para la región. El último intento, la apertura de Barack Obama a Cuba, fue bloqueado por Trump.

China, en cambio, tiene una postura mucho más pragmática con respecto a América Latina: se relaciona con comodidad tanto con el gobierno bolivariano de Caracas como con el neoliberal chileno. No se entromete en asuntos de política interna. Sin embargo, también busca el consenso popular. Así como Hollywood sirvió para difundir los mitos estadounidenses durante la Guerra Fría, el soft power chino quiere usar el fútbol para presentar una imagen positiva del país en el mundo. Mientras a clubes de Europa –como el Inter de Milán y el Atlético de Madrid– llegan nuevos propietarios chinos, en las camisetas de la selección de Panamá, Alianza Lima y Club América se destaca el logo de Huawei. China tiene como principal objetivo en este terreno celebrar el Mundial 2030, el del centenario, en el celeste imperio.

Por Federico Nastasi

4 septiembre, 2020

Publicado enEconomía