Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Otro giro en Ecuador: no habrá recuento de votos 

Lo anunció el Consejo Nacional Electoral casi dos semanas después de las presidenciales

Una vez que se proclamen los resultados oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos podrán interponer impugnaciones ante el poder electoral. Yaku Pérez anunció la movilización de los movimientos indígenas,. 

 

No habrá recuento de votos en Ecuador. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes en la noche en otra sesión que trajo más preguntas que certezas sobre el poder electoral. La decisión de no abrir las actas electorales se dio por la falta de acuerdo: dos integrantes del CNE votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo, y uno abandonó la sala que, cerca de las once de la noche estaba semi-vacía, lo que motivó la suspensión de la sesión.

El anuncio fue un nuevo cambio de escenario en un contexto marcado por sucesivos giros: de un acuerdo el pasado viernes entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez, segundo y tercero respectivamente, para realizar el recuento del 100% de los votos en la provincia de Guayas y 50% en 16 otras provincias, a una disputa por los términos del acuerdo y acusaciones mutuas de intento de fraude, a la decisión del martes en la noche.

Así, finalmente, deberá ocurrir lo previsto inicialmente, es decir, que el CNE anuncie los resultados de las elecciones del siete de febrero, donde Andrés Arauz ganó con 32.72% de los votos, seguido de Lasso, con 19.74%, y Pérez, con 19.38%. Arauz, candidato por la revolución ciudadana, había expresado acerca del recuento su “defensa en el marco de la ley”, así como su advertencia para que no sea usado “como excusa para modificar el calendario electoral ni para prorrogar el gobierno de Moreno”.

La decisión tomada por el CNE fue rechazada por Pérez, quien reiteró el miércoles la existencia de “un fraude vergonzoso”. En una conferencia ofrecida en la sede del partido Pachakutik denunció la existencia de un “pacto satánico” entre Rafael Correa, Lasso, y Jaime Nebot - ex alcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano aliado a Lasso en las presidenciales- que serían quienes habrían ordenado la decisión que tomó el poder electoral.

Pérez anunció a su vez que habrá una movilización de sectores del movimiento indígenas, como la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik. Según el partido, la movilización debería iniciar este miércoles, para finalizar el día 23 en Quito. ¿Cuán cohesionada estará la dirigencia alrededor de esta convocatoria? ¿Cuánta fuerza logrará desplegar? Son algunas de las preguntas que, por el momento, no tienen respuestas definitivas en el marco de un movimiento indígena heterogéneo y con desacuerdos internos.

Las acciones también abarcarán el orden de lo legal, como, posiblemente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como afirmó Pérez al anunciar que agotarán “todos los caminos legales”. Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó el martes en la noche que “una vez que se proclamen los resultados oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos o las organizaciones políticas tienen posibilidad legal de interponer impugnaciones ante el CNE e incluso apelaciones ante el TCE”.

Las posibilidades de cambiar los resultados electorales parecen, sin embargo, reducirse para Pérez. El candidato de Pachakutik sostuvo, además, que no apoyará a Lasso en una segunda vuelta: “ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que Correa al Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y la corrupción del señor Lasso”.

Esta situación de disputa y resultados confirmados por el CNE significaría un escenario favorable para la candidatura de Arauz en la segunda vuelta, debido a la dificultad para que tome forma una alianza anti-correísta encabezada por Lasso, Pérez y Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, que había propuesta conformar ese acuerdo.

Arauz, con un tercio de los votos obtenidos el pasado siete de febrero, estuvo en los últimos días en Estados Unidos, donde realizó actividades junto a la comunidad migrante ecuatoriana en el país, así como reuniones con diferentes actores políticos, mediáticos y económicos. Guillaume Long, ex canciller, quien lo acompañó, afirmó el miércoles desde Washington:

 “Tenemos algunos canales no oficiales, porque todavía Andrés no es presidente electo, pero ya ven que es el próximo ganador de las elecciones, entonces hay una serie de actores que quieren hablar con él en Washington, afortunadamente la administración Biden está con una muy buena actitud, con respeto mutuo se va a poder avanzar con la administración, es evidentemente más fácil que con la administración Trump que tuvo mucha cercanía con Lenín Moreno”.

Entre los puntos centrales de la agenda en EE.UU. estuvo la reunión en la sede del Fondo Monetario Internacional. Arauz, al respecto, afirmó en una entrevista: “vamos a discutir el programa que está actualmente operando, no pueden continuar esas condiciones leoninas, que están afectando al bolsillo de los ecuatorianos, tiene que haber mucha más flexibilidad para que el país salga adelante (…) no podemos aceptar un aumento del IVA, un recorte tan brutal en el gasto público, no vamos a aceptar que sigan saliendo los dólares de la economía.”

Los próximos días estarán marcados por el anuncio de los resultados por parte del CNE -luego de casi dos semanas de la votación-, los intentos de Pérez por revertir un escenario que parece cerrarse a sus intentos de maniobra de última hora, el regreso de Arauz a Ecuador y las amenazas contra su candidatura siempre latentes, en el marco de una elección que transcurre bajo el intento, vía diferentes caminos, de impedir un nuevo gobierno de la revolución ciudadana.

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:43

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber regresado al poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, este partido de base campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos.

 

El próximo 7 de marzo se celebrarán en Bolivia los comicios subnacionales que elegirán a las principales autoridades ejecutivas y legislativas de las nueve gobernaciones departamentales y los 337 municipios. Según el régimen autonómico, el nivel subnacional de gobiernos autónomos constituye la estructura vertical de organización del Estado y desde hace más de dos décadas viene adquiriendo una creciente relevancia política e institucional. Primero, fue la descentralización municipal cuyo antecedente data de la década de 1990, y luego, de manera incremental, la implementación del nuevo régimen autonómico establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En suma, la descentralización y la reorganización territorial del poder ampliaron y profundizaron la configuración de los sistemas políticos en el nivel subnacional. 

Las elecciones de marzo serán la segunda versión de comicios departamentales y municipales bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica tan solo en la progresividad de la edificación institucional de las autonomías, sino en que son parte de una serie de acciones que, en el fondo, buscan resolver la crisis política provocada por la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Una primera acción de canalización institucional de la crisis fue la organización de las elecciones nacionales que, después de reiteradas postergaciones, se llevaron adelante en octubre de 2020. La crisis sanitaria del covid-19 fue la principal causa y justificación de los continuos aplazamientos en la celebración de las elecciones, una situación que de facto extendió el mandato del gobierno transitorio de Jeanine Añez por el lapso de 11 meses, y el de las autoridades subnacionales, por más de un año, puesto que el cambio de estas, según la normativa electoral, debería haberse realizado a inicios de 2020. 

Asimismo, al igual que los comicios generales, las elecciones subnacionales se realizarán en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 que aún azota al país y del deterioro de los indicadores de estabilidad y crecimiento económico de los que, hasta hace apenas un año, gozaba Bolivia. En ese sentido, estas elecciones son consideradas como el segundo momento político-electoral en el que, a través de la participación y el voto ciudadanos, se buscará encaminar y cerrar la ya larga crisis política que arrastra el país. 

Efectos de la victoria electoral del MAS en 2020

Si durante la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2020 el contexto político se caracterizaba por una alta polarización discursiva, la situación que enmarca las elecciones subnacionales es diferente. Los efectos inmediatos de los resultados nacionales y las particularidades de la contienda subnacional establecen un nuevo contexto de pulsiones y expectativas políticas. La victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, con 55,1% de los votos, estableció un margen amplio de distancia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las dos principales fuerzas contendientes: Comunidad Ciudadana (CC), del ex-presidente Carlos Mesa, que obtuvo 28,8%, y Creemos, de Fernando Camacho, el dirigente cruceño que encabezó las protestas y movilizaciones sociales contra Morales en 2019, que logró tan solo 14%. Así, las dos figuras que fueron importantes protagonistas de oposición frente a un Evo Morales que buscaba conseguir un cuarto mandato en el poder fueron a la vez derrotadas por el binomio electoral presentado por el MAS. Este dato resulta relevante, ya que fue la primera vez que esta organización política lidió sin la candidatura de su principal líder y jefe nacional y, por ende, sin el apoyo que recibía del poder estatal cuando Morales fungía como presidente del Estado. 

De esta manera, el éxito electoral del MAS reconfirmó su importancia estratégica en el acontecer político. Un factor que confirma este aserto es el impacto de los resultados electorales de octubre de 2020. La marcada diferencia de más de 25 puntos frente a Mesa ha provocado el relajamiento de la polarización discursiva que ciertamente predominó a lo largo del gobierno de Jeanine Áñez. La narrativa ampliamente difundida que presentaba la polarización «dictadura» versus «democracia», en la que el MAS expresaría el primer polo y el bloque anti-MAS el segundo, se desvaneció tras los comicios. Lo mismo sucedió con la idea de que el MAS no podía ganar sin el aparato estatal en su favor.

Después de las elecciones nacionales, se ha producido una revaloración de la democracia como valor y sistema de gobierno que se expresa en la emergencia de una serie de pulsiones internas y externas, y el MAS no escapa a ellas.

MAS: disputa por el reequilibrio en la gestión del poder 

A lo largo de los últimos 20 años, el rol de Evo Morales en el MAS fue central para garantizar los éxitos electorales, así como la continuidad de su gobierno a partir de la victoria de 2005. No era un mito la idea de que sin él no había posibilidades de conseguir y garantizar la articulación «nacional-popular». La importancia y el rol de Morales, tanto en el camino hacia el poder como en la gestión estatal y la negociación del conflicto social, fueron una realidad efectiva que, luego, se asumió como un mito. En unos casos, para reafirmar el dominio y la centralidad de la figura del propio Morales dentro de la articulación política propiciada por el MAS; en otros, para dar lugar a la ficción opositora de que, sin el presidente, el MAS sería fácilmente derrotado. Ambas apreciaciones partían de un presupuesto analítico y sociológico equivocado: la subestimación de la política que se procesa en y desde abajo. 

Como se sabe, la figura de Morales, apoyada en la fuerza movilizada de los campesinos cocaleros e «interculturales» (anteriormente denominados colonizadores), fue un referente articulador del conglomerado de organizaciones sociales que, desde inicios del siglo XXI, desembocaron con mayor contundencia en el MAS considerado como su «instrumento político». Estas organizaciones eran y son básicamente de base territorial/campesina, y a ellas se sumaron, según intereses tácticos, diversos sectores sociales de raigambre popular. La estructura organizativa que refleja esta articulación fue y es aún el denominado Pacto de Unidad, en el que convergen las principales organizaciones campesinas indígenas y populares del país. Sin esta articulación, resultaba impensable llegar al poder de la manera en que llegaron en 2005 y, asimismo, lograr gobernar el país durante 14 años de manera continua. 

No es un dato menor que a lo largo de este periodo Morales haya gestionado con eficacia esta articulación nacional-popular. Hoy mismo, a pesar de las fracturas que aparecen dentro del MAS, el ex-presidente es aún el actor central para la cohesión de las organizaciones campesinas y populares, puesto que en el espectro político del campo popular aún no hay un sustituto que ocupe o dispute su espacio directivo.

Los resultados electorales de octubre de 2020, como mencionamos, demuestran que el MAS, o mejor, lo que hay detrás de él, es más que Evo Morales. En contra del mito establecido y difundido por unos y otros, el movimiento logró la victoria electoral sin su candidatura y, además, sin su presencia en el país, ya que en el momento de las elecciones se encontraba asilado en Argentina. Esto no implicó, sin embargo, que su importancia en el acontecer político fuera superflua. No hay que perder de vista que fue y es aún el presidente del MAS y, además, jefe de campaña tanto de la victoria electoral lograda en octubre de 2020 como de la confección de la estrategia electoral para la contienda de marzo. Sin embargo, es claro que su poder no es el mismo que ostentaba en el pasado, cuando no solo era la cabeza del MAS sino que además ejercía con efectividad la función de primera autoridad del Estado. 

Tras su retorno a Bolivia y, en particular, durante el armado y la confección de las listas de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, se hicieron visibles una serie de conflictos que erosionaron la imagen y autoridad del ex-presidente. Hay distintas y nuevas pulsiones que fueron saliendo de su control y que, actualmente, se hacen cada vez más visibles. 

No es que exista una desarticulación de las organizaciones sociales y un desencanto respecto de la figura de Morales, sino que, al parecer, existe una disputa cada vez más intensa por el replanteo del equilibrio de fuerzas, que hasta hace poco giraba en torno de su imagen, a través de la cual controlaba la articulación de los intereses corporativos en el interior del MAS. 

Ante la renuncia de Morales y la implosión de la estructura gubernamental en noviembre de 2019, fueron emergiendo nuevas figuras y narrativas que actuaron de manera independiente, o bien, con un mayor margen de autonomía, en respuesta a los desafíos inmediatos que demandaba la coyuntura critica. En ese ámbito, aparecieron personalidades que si bien se hallaban dentro de las filas del MAS, estaban invisibilizadas, como fue el caso de Eva Copa, senadora que asumió la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la renuncia de sus colegas de partido al momento del estallido de la crisis política. En un contexto de persecución contra el MAS, Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial y Copa se posicionó como una figura central, segunda en la línea de sucesión, con un discurso más moderado que el de Morales desde el exilio. No hay que olvidar que el Parlamento, en el que el MAS tenía dos tercios de las bancas, siguió funcionando tras la caída de Morales y la asunción de Áñez.

Con el retorno de Morales y su presencia en el escenario político, se reactivó el accionar del bloque de poder que tradicionalmente hegemonizó al MAS a lo largo de los últimos 14 años. La realización de actos masivos de bienvenida, como su ratificación como responsable de la conducción partidaria, buscaron asentar el rol directivo de su figura política. Sin embargo, por primera vez, a poco tiempo de su retorno al país, se escenificaron resistencias y/o tensiones en torno de la efectividad de su presencia e incidencia política, en contraste con el tradicional esquema en el que Morales resultaba siempre el actor predominante y central. 

Por ello, la estructura lineal que daba coherencia al accionar del MAS viene siendo dislocada y quizás, en parte, rebasada. Un primer dato de esta situación es la existencia de dos figuras nacionales alternas al liderazgo de Morales: David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y, en menor medida, el propio presidente Luis Arce. Ambos actores, al ocupar los primeros espacios del poder político, disputan márgenes de autonomía relativa en la gestión y toma de decisiones, ya que se resisten a ser seguidores pasivos de la denominada «línea dura» del MAS y de las directivas de Morales. Esta disputa ciertamente modifica o, mejor, distorsiona la eficacia del modelo establecido y, posiblemente, deseado por este. Así, en el interior de la articulación nacional-popular vienen emergiendo un conjunto de pulsiones que dan lugar a una abierta expansión de intereses y corrientes favorables a la renovación de liderazgos y formas de gestión que ponen en tensión a la estructura de restauración del poder político de Evo Morales. 

Tres eventos ampliamente difundidos por la prensa pusieron de manifiesto esta tensión y disputa. En ellos se escenificaron el descontento y el desacuerdo respecto a las decisiones directivas de Evo Morales y de las cúpulas dirigenciales por parte de nuevos actores del MAS-IPSP. Los hechos se dieron al momento de dirimir la designación de las candidaturas para las elecciones de marzo. El primero se registró en el departamento de Potosí, donde Morales, junto con los dirigentes locales, tuvo que resguardarse y, virtualmente, huir del evento de proclamación de los candidatos ante las crecientes protestas respecto a las decisiones tomadas. El segundo, bastante sintomático, fue la decisión de proceder con la designación de los candidatos del departamento de Santa Cruz en el Trópico del departamento de Cochabamba, en un espacio supuestamente «neutral» y bajo el resguardo de las seis federaciones de cocaleros de las cuales, también, Morales es el presidente ejecutivo, para evitar la confrontación de fuerzas. En esa oportunidad se produjo el famoso «sillazo», que le llegó a Morales como parte de la trifulca que provocó la decisión de favorecer a uno de sus ex-ministros como candidato a la gobernación departamental. 

Por último, posiblemente el suceso de mayor consecuencia política para el MAS y, quizás, para el futuro político de Morales fue la decisión de apartar a la propia Eva Copa de la candidatura a la Alcaldía en la emblemática ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Esta decisión provocó una amplia y masiva movilización social en esa ciudad y departamento a favor de la ex-presidenta del Senado, quien de manera inmediata se habilitó como candidata por fuera del MAS y, con ello, provocó una importante ruptura partidaria, que dio lugar a su expulsión. Tras esa crisis, Copa aparece a la cabeza de las encuestas con una enorme diferencia frente al candidato del MAS.

Lo acontecido en El Alto no es de menor importancia en términos político-electorales, ya que se trata de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz. En ese sentido, gran parte de las candidaturas del MAS en curso se perfilan a engrosar las disputas por el replanteo estratégico del equilibrio de poder, con efectos en la gestión gubernamental y la articulación nacional-popular. Hay candidatos y corrientes que en estas elecciones buscarán a través de su éxito electoral empujar procesos de renovación, ampliación y democratización interna. También existen candidatos y corrientes que se dirigen a reforzar el asentamiento de los tradicionales operadores políticos que en el pasado sacaron réditos de la estructura de poder y liderazgo de Evo Morales. En ese sentido, los resultados del 7 de marzo terminarán de delinear el campo de tensión del MAS y del devenir político del país, para dar lugar al posible cierre de un ciclo de gestión hegemónica que, en retrospectiva, abarcó más de una década y media.

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Una joven protesta contra la compañía Monsanto, en Ciudad de México, el 21 de mayo de 2016Tomas Bravo / Reuters

El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto ordenando a las instituciones públicas "sustituir" el uso de este agroquímico.

 

Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud.

Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del controvertido agroquímico. 

CropLife America es un gremio que representa a gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, la polémica compañía que comercializó el glifosato a través del producto Roundup, el herbicida más vendido del mundo.

En las comunicaciones internas de funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio, reveladas por el diario británico The Guardian, queda de relieve cómo la industria de agroquímicos presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los cultivos transgénicos generan preocupación "respecto al cumplimiento" del T-MEC. De esta forma, la industria presionaría al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial. 

"Cómo podríamos usar el USMCA para resolver estos problemas", se desprende de una comunicación interna de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. 

En la información obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica, se cita una comunicación de la directora de Asuntos Internacionales Gubernamentales de Bayer, Stephanie Murphy, con la entonces directora de Comercio Internacional y Política Ambiental de la Oficina del Representante de Comercio, Leslie Yang, sobre la postura de México respecto al uso del glifosato.

Murphy menciona el vínculo del T-MEC con esta cuestión y reconoce que ejecutivos de Bayer trabajaban "en estrecha colaboración" con el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Agricultura estadounidense, en la Embajada de EE.UU. en México.

En un correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2019, Murphy hizo referencia a la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México de prohibir a un particular la importación de 1.000 toneladas de glifosato

"Por ahora, Bayer no se ha visto afectada por las importaciones", señala Murphy, aunque advierte que la compañía podría ser perjudicada en el futuro. 

Por su parte, el 19 de mayo de 2020, el entonces representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, le envió una carta a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, en la que instaba al Gobierno latinoamericano a "reevaluar" su postura respecto a la importación del glifosato, un herbicida que ha estado asociado con varias afectaciones a la salud, "desde mareos e irritaciones en la piel hasta el desarrollo de cáncer", según denuncia Greenpeace México.

"El glifosato tiene un historial de seguridad demostrado y es uno de los herbicidas más rigurosamente estudiados en el mundo. Insto a México a reevaluar estas solicitudes y otorgar permisos de importación", señaló Lighthizer en la misiva, advirtiendo que podrían incumplirse ciertas obligaciones del T-MEC, lo que tendría impactos en el comercio bilateral

Presión de la industria

La presión de la industria de agroquímicos y de funcionarios estadounidenses fue expuesta por el entonces titular de la Semarnat, Víctor Toledo.

En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno estadounidense y funcionarios de "20 embajadas en México" mostraron una respuesta "apabullante" tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados como altamente peligrosos.

Hasta el momento, la presión de la industria de agroquímicos y de los funcionarios estadounidenses no han tenido el efecto esperado sobre la nación latinoamericana.

Decreto en México

El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obligando a las instituciones públicas a "sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país". 

En el decreto, se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos "por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas", que resulten "seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente". 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas por la Semarnat, el 60,6 % de las hectáreas de producción en México utilizan herbicidas químicos. Aunque la dependencia desconoce la cantidad exacta del glifosato usado en el país, afirma que es la sustancia a la que más recurren.

Publicado: 17 feb 2021 04:24 GMT

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El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. «Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes».

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo, «no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de «autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su cuenta».

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en su cuenta de Twitter.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el llamado de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente autoritarios».

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

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Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

Manifestantes se enfrentan con policías ayer en Puerto Prín-cipe durante una marcha contra el gobierno de Jovenel Moise.Foto Afp

 

Puerto Príncipe., Miles de personas se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para denunciar la tendencia a una nueva dictadura que, según ellos, tiene el gobierno de Haití, y con el fin de criticar el apoyo de la comunidad internacional al presidente Jovenel Moise.

Las afirmaciones del Ejecutivo de Moise de que el fin de semana pasado se había producido un "intento de golpe" en el país fueron recibidas con escepticismo por la oposición y la sociedad civil, que denunciaron una serie de detenciones políticas ilegales. Moise sostiene que su gobierno al frente del país caribeño se extiende hasta el 7 de febrero de 2022; sin embargo, parte de la dirigencia política haitiana afirma que su mandato quinquenal finalizó el 7 de febrero.

Esta discrepancia obedece a que Moise fue elegido en una votación anulada por fraude y luego relegido un año después.

El 5 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que un nuevo presidente debería suceder a Moise tras nuevas elecciones "al final de su mandato el 7 de febrero de 2022".

Sin embargo, los manifestantes cuestionaron ayer la legitimidad del mantenimiento del actual mandatario y el apoyo que le dan otros países. “A pesar de todos los secuestros, las masacres en los barrios obreros, Estados Unidos le continúa dando apoyo.

"El dinero del fondo Petrocaribe se ha derrochado, no tenemos buenos hospitales y Estados Unidos sigue apoyando al gobierno", dijo Sheila Pelicier, una manifestante.

La protesta fue pacífica aunque se produjeron altercados entre algunos manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Los agentes de policía también dispararon munición real al aire en Pétionville, una comuna acomodada del área metropolitana, donde un automóvil resultó quemado.

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Domingo, 14 Febrero 2021 05:31

Brasil: razones y dilemas de Lula

Brasil: razones y dilemas de Lula

Desde Río de Janeiro.Lula da Silva (foto) vive una situación similar a la que vivió en 2018. Condenado, espera el desenlace de su situación jurídica, para tomar una decisión definitiva. Pero Brasil está atravesando una situación diferente y esto puede marcar la diferencia en las razones y dilemas de Lula. Pude conversar con él para entender mejor su posición.

Sabe que las situaciones son similares, pero con varias diferencias significativas. En 2018, a pesar de que fue arrestado y condenado, era el favorito para ganar en la primera ronda, como lo demuestran las encuestas. Extendió el plazo al máximo, esperando que su situación cambiara y fuera candidato. Cuando consideró que se habían agotado los plazos, lanzó a Fernando Haddad como candidato.

Ahora la expectativa es formalmente la misma, pero en un escenario político muy diferente. Con la desmoralización de Lava Jato y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, la erosión de la imagen del presidente Jair  Bolsonaro, el clima político y legal es muy distinto. Incluso en sectores  insospechados de ser lulistas hay consenso para reconocer no solo su inocencia, sino también que hubo un operativo expreso para evitar su elección. Que es una forma de reconocer que hubo un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y que la elección de Bolsonaro fue producto de una manipulación gigantesca

Y que, por lo tanto, Brasil no vive en democracia, hay que restaurarla. (Contrariamente a la afirmación del juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que reiteradamente difunden en los medios de comunicación, en la que dice “vivimos en una democracia muy consolidada”.)  Por supuesto, esta gente todavía necesita atar los cables, para que el razonamiento sea completado, pero el consenso es favorable a Lula, independientemente de las decisiones del Poder Judicial.

Pero la posición de Lula es, en esencia, la misma que terminó adoptando en 2018:  preferiría ser candidato, solo no lo sería si la Justicia se lo impidiera. Sabe que la disputa es dura y decisiva en 2022 y está dispuesto a afrontarla si ha recuperado sus derechos políticos.

Lula también saca conclusiones de la experiencia de 2018. No cree que tenga derecho a dejar el PT a la espera de una situación similar. Por eso le dijo a Haddad que ocupara sus espacios, que no se quedara esperando, pendiente de la situación de Lula, que se estiró mucho. Aunque tiene mucho más tiempo, se hace más largo.

Ya há vivido esa situación y prefiere no repetirla. Está listo para pelear. Cuando le dicen que regrese a las calles lo antes posible, reacciona con entusiasmo. Pero también él tiene mucha consideración y confianza en Haddad. Da la impresión de que, si es el candidato y vuelve a ser presidente de Brasil, Haddad tendrá un lugar esencial en su gobierno. Y, de hecho, si no puede ser candidato, apoyará a Haddad.

La diferencia está en la gigantesca presencia de la imagen de Lula, que lo llevó a ser gran favorito en 2018 y las dificultades de la candidatura de Haddad. Por supuesto, Haddad fue víctima de la monstruosa operación mediatica y de la huida de los debates por parte de Bolsonaro, con la complacencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación.

Bolsonaro ya demostró, en su enfrentamiento con el Parlamento, que utilizó todos los recursos para derrotar a sus oponentes en el campo de la derecha - Joao Doria y Rodrigo Maia, después de haber logrado marginar a Moro-, para demostrar que la batalla de 2022 será la madre de todas las batallas.

La izquierda debe hacer todo lo posible para contar con Lula, el mejor candidato para enfrentar a Bolsonaro. Si la izquierda es consciente de que su principal objetivo es derrotar a Bolsonaro, restaurar la democracia y retomar un modelo de desarrollo con distribución de ingresos, tiene que luchar por la candidatura de Lula como objetivo central.

Todos los de la izquierda deben enfrentar los desafíos que definirán el destino de Brasil durante mucho tiempo. No es de extrañar de que el PT estará a la altura de sus responsabilidades y tendrá su propia candidatura en la primera vuelta, que debe ir a la segunda vuelta y contará con los votos de otros candidato de izquierda en la segunda vuelta. Que el PT debe estar presente en el ballotage, con Lula o Haddad. La victoria depende de la capacidad para unir todas las fortalezas, elegir las mejores alternativas y llegar unidos en la segunda vuelta.

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Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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