La cantante brasileña Maria Bethania, en una imagen de febrero de 2021.Jorge Bispo / Divulgação

La artista brasileña habla sobre la tristeza que le provoca su país y del concierto que ofrecerá este sábado, el día que cumplirá 56 años de su debut musical

 

Maria Bethânia (Santo Amaro, 75 años) fue aconsejada por Boninho, director de televisión de la cadena Globo, para que hablara bastante durante el recital en directo que ofrecerá este sábado y que podrá verse de forma gratuita a través de la plataforma Globoplay. Le sugirió que evitara el vacío entre las canciones ante la ausencia de aplausos, ya que no habrá público. La cantante sonríe: “Le dije que se quedara tranquilo, porque soy la cantante brasileña que más pega una canción con la otra, ya sea con un texto, con una introducción. Odio esos vacíos, no me gusta darles espacio”, comenta por teléfono la también hermana de Caetano Veloso. “Espero los aplausos, pero no cuento con ellos. Muchas lecciones de Fauzi”, dice la cantante, nombrando a Fauzi Arap, el director y dramaturgo que fue su gran maestro en la sabiduría de casar texto y música en los espectáculos, una dinámica que se tornó su marca registrada.

Rosa de los vientos, un espectáculo fundamental de la colaboración entre Bethânia y Fauzi, cumple 50 años en 2021 y se celebrará en el directo de este sábado, su primera experiencia en este formato, que se emitirá desde el espacio cultural Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro. No es la única efeméride que marca la presentación. Bethânia recuerda, “perfectamente”, el 13 de febrero de 1965, día de su debut en el espectáculo Opinión: “Recuerdo mi llegada al Teatro Opinião, entré con Caetano. Tereza Aragão [actriz y productora] me recibió y me llevó al camerino. Recuerdo que era muy pequeño, pero cálido. Una luz ámbar, un espejo cuadrado, sencillo. El camerino desnudo”, describe con detalle. Una osadía para aquellos años. Brasil vivía en dictadura después del golpe militar de 31 de marzo de 1964.

Días antes del audaz espectáculo, Bethânia había llegado desde Bahía. Estaba allí para sustituir a otra estrella de la música brasileña, Nara Leão. Ya había cantado en Salvador, capital del Estado de Bahia, pero Opinión sería su debut nacional. “El Grupo Opinión me pidió una hora en una peluquería al día siguiente de mi llegada, no les gustó mi pelo”, recuerda. “Me pasé toda la mañana en esa peluquería. No me gustó nada cómo quedó. En el camerino, el día del estreno, me miraba y pensaba: ‘Este no es mi pelo’.” Minutos antes de entrar, un gran escenógrafo, amigo de Tereza, vio que no estaba satisfecha, me cogió el pelo y me hizo ese moño con el que canté Carcará. Me preguntó si estaba bien, le dije que estaba mucho mejor que antes. Subí al escenario feliz, descalza, para cantar É de manhã, de Caetano. Había conseguido convencerles de entrar con esta canción de mi hermano, que por aquel entonces era un artista desconocido. Y el moño se convirtió en una marca”.

Bethânia recuerda que estaba tranquila: “Tereza estaba muy nerviosa, Caetano también, yo no”. Pero no estaba indiferente. Estaba ansiosa por subir al escenario y mostrar lo que había preparado. La misma sensación que tiene poco antes de su primer directo virtual, 56 años después de aquel espectáculo. “Siempre es así, hasta hoy. Por eso me gusta ensayar, mucho. Sé hacerlo, lo he aprendido, esto es lo que he elegido, voy a mostrarlo”, afirma Bethânia, anticipando que el espectáculo Opinión será recordado brevemente en el directo “con una estrofa”. “No voy a cantar Carcará. Pero cantaré algunos éxitos y algunas cosas de Noturno”.

Noturno es el disco que lanzará en los próximos meses, con canciones de compositores como Adriana Calcanhotto, Chico César y Tim Bernardes, algunas de ellas extraídas del espectáculo Claros breus, de 2019. Carcará — nombre de una ave del norte de Brasil — es un marco de la historia musical, una música de protesta metafórica en contra los militares. Su letra tiene versos como Carcará es malo y valiente… coge, mata y come.

Bethânia tiene una ansiedad tranquila por el recital de este sábado. Se afirma en la certeza de que el 13 de febrero es “el día de la buena suerte, el día de la bendición”. Ese día, en 2016, la escuela de samba Mangueira, de Río de Janeiro, ganó el Desfile de Carnaval de ese año con el tema María Bethânia: la niña de los ojos de Oyá, en honor a la cantante, otro recuerdo que se invocará en el directo, en el que estará acompañada por dos guitarras, bajo y percusión.

“El 13 de febrero es inolvidable. Es el mes de Nuestra Señora de la Purificación, siempre estoy en Santo Amaro para las fiestas, que no se han celebrado este año”, se lamenta. “Siempre reservo el 13 de febrero para pasarlo con un amigo, descorchar un champán, beber una cerveza. Es un gran día. La gente le tiene un poco de manía al 13, pero para mí es todo lo contrario”.

El lamento de estar lejos de Santo Amaro estos días se hace más fuerte en esta era de noticias falsas. Un vídeo, realizado en 2019, en el que aparecen Bethânia y Caetano en una fiesta en Santo Amaro, se compartió como si fuera de esta pasada Nochevieja. Es decir, se les acusó falsamente de asistir, durante la pandemia, a un evento donde había multitud de gente y sin llevar mascarilla. “Ni siquiera he visto el vídeo, pero por supuesto me he enterado”, dice Bethânia. “También he oído que se ha desmentido. Que tampoco sirve de nada, porque todo el mundo sabía que no era verdad, pero no se trata de eso. El mundo se ha convertido en esto. La pandemia llegó como una marca de hierro de esta cosa vulgar, pequeña, perversa y mala que vivimos. Y no parece que Brasil vea que hay una salida. Pero un día lo hará”.

El Brasil de 2021 que describe Bethânia no se parece en nada al país de belleza profunda y luminosa que cantó con ternura en Brasileirinho, un álbum de 2003. Pero afirma que aquella patria de sussuaranas, de Heitor Villa-Lobos y de cigarrillos de paja aún permanece: “Brasil sigue siendo el mismo, pero está dormido, aterrorizado, asustado, enfermo y triste. Ya no me gusta hablar de Brasil. Me dan ganas de llorar”.

Noturno, el nuevo disco de Bethânia, no es una respuesta a ese estado de cosas: “Este Brasil no me inspira”. Pero, como ella misma explica, el álbum no ignora su tierra, su tiempo. Su repertorio incluye, por ejemplo, “2 de junio”, lanzada por la cantante Adriana Calcanhotto en 2020 sobre la muerte del niño Miguel Otávio, que se cayó de un edificio de lujo en Recife mientras su madre, una empleada del hogar, paseaba al perro de su empleadora. Ese caso de marcada negligencia por parte de los empleadores expone (y la canción lo pone de manifiesto) profundos nudos en la cuestión racial y la desigualdad social que han formado y forman Brasil.

Noturno invoca una sobriedad, una calma, una madurez”, dice Bethânia. “Pero es un disco de una mujer de 74 años, una cantante brasileña, en una pandemia, con las angustias y situaciones que todo eso implica. También trae una canción como Lapa santa, inédita, de Roque Ferreira y Paulo César Pinheiro, que canta este Brasil de hoy, de manera fuerte, nordestina, honesta. En uno de los versos, se pregunta: ‘¿Dónde está el dueño de la casa?”. En un país que no ve salida, la pregunta podría estar inscrita en la bandera.

Leonardo Lichote

Río de Janeiro - 12 feb 2021 - 23:56 UTC

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Viernes, 12 Febrero 2021 06:43

Contrainsurgencia 4T

Contrainsurgencia 4T

Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https://bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

"No les bastó con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

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El exjefe del Ejército brasileño reveló que la cúpula castrense conspiró contra la liberación de Lula da Silva

Contenido escandaloso del libro "General Villas Boas: conversaciones con el comandante"

Villas Boas admite que el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la Corte Suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas. 

 

Revelaciones y declaraciones surgidas en los últimos días sacuden Brasil. La revelación más contundente, que apareció el miércoles, está a la venta en Amazon por poco más de tres dólares: el libro General Villas Boas: conversaciones con el comandante.

Ya la declaración que sorprendió vino un día antes, a través de Gilmar Mendes, uno de los veteranos integrantes del Supremo Tribunal Federal.Frente a las revelaciones sobre la manera con que el exjuez Sergio Moro actuó en el juicio que condenó el expresidente Lula da Silva a la cárcel, Mendes admitió sentirse “perturbado”. 

Dijo además que se pregunta cómo permitieron (en referencia a sus colegas de la corte suprema de justicia) que ocurriesen las manipulaciones y los absurdos ahora comprobados a través de grabaciones de intercambio de mensajes entre juez y fiscales. Mucho más que juez, Moro – quien luego sería ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro – actuó todo el tiempo como verdadero jefe de la acusación.

El objetivo único de las maniobras absolutamente ilegales era precisamente impedir que Lula fuese candidato en las elecciones de 2018.

A la omisión de la corte suprema frente a las manipulaciones ya bastante visibles en el juicio a Lula, se suma ahora otra revelación explosiva: Villas Boas, entonces comandante general del Ejército (bajo Dilma Rousseff), admite con una serenidad impactante que conspiró todo el tiempo, primero para alejar a su entonces jefa, y luego para impedir que un pedido de hábeas-corpus elevado por la defensa de Lula fuese aprobado por la corte suprema.

En el libro escrito por Celso de Castro, profesor de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, Villas-Boas revela algo aún más grave: el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la corte suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas – Marina y Aeronáutica –, y divulgado a tiempo de aparecer en el “Jornal Nacional”, noticiero de mayor audiencia en Brasil.

En otra de las entrevistas reunidas en el libro, Villas Boas admite haberse reunido muchas veces con el entonces vicepresidente Michel Temer, cuando la conspiración para desfechar el golpe institucional contra Dilma Rousseff estaba en plena marcha.

El argumento para justificar su omisión frente al golpe que se armaba gira alrededor de dos puntos: lo que él clasifica como “desastre económico” del gobierno, y la instauración de la Comisión de la Verdad que investigó crímenes cometidos por militares y agentes públicos a lo largo de la dictadura que duró 21 años, de 1964 a 1985.

Con relación a la política económica de Dilma, bastante criticable por cierto, no hay nada que justifique la participación de un general en la preparación de un golpe institucional.

Ya la referencia a la Comisión de la Verdad muestra la ambigüedad moral con que se mueven los militares brasileños.

En el twitter lanzado en vísperas de que la corte suprema analizase el pedido de hábeas corpus solicitado por la defensa de Lula, está dicho con todas las letras que el Ejército brasileño “juzga compartir la ansia de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad”.

Ironías de la vida: hace años la misma corte suprema, con otros integrantes, aseguró a todos los militares y agentes públicos de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad exactamente la impunidad, con base a una ley de amnistía negociada al cerrarse las luces de la dictadura.

Hay muchas otras revelaciones lanzadas por el general retirado Villas Boas en el libro, relacionadas inclusive sobre cómo el Ejército en particular, pero con respaldo de la Fuerza Aérea y la Marina, optó por tragarse la candidatura de Jair Bolsonaro y luego integrar su gobierno.

Por más que las revelaciones y declaraciones no tengan mayor repercusión frente a la tragedia sanitaria padecida por los brasileños, quedan claras dos cosas.

La primera: la corte suprema actúa de manera omisa y luego el más contundente de sus integrantes se pregunta cómo permitieron que ocurriese lo que efectivamente permitieron.

La segunda: considerar que luego de la redemocratización los militares volvieron a los cuarteles determinados a cumplir su función constitucional ha sido, en el mejor de los casos, pura ingenuidad.

Siguen igualitos a lo que siempre han sido.

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Martes, 09 Febrero 2021 06:44

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

 

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

 

 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

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Líder indígena acusa intento de fraude para que no llegue a segunda vuelta en Ecuador

Quito. El líder indígena de izquierda Yaku Pérez denunció ayer un intento de fraude para sacarlo de la carrera presidencial en Ecuador, cuando libra una dura pelea con el ex banquero de derecha Guillermo Lasso por el segundo lugar en las elecciones celebradas el domingo, lo que le daría su pase en la segunda vuelta.

El economista Andrés Arauz, de 36 años y delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), aparece como ganador de la primera vuelta con 32.14 por ciento de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, con 98 por ciento de las actas procesadas, Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sorprendía con 19.86 por ciento de los sufragios, mientras Lasso, de 65 años, registraba 19.60 por ciento.

El escrutinio se ha visto frenado por la necesidad de revisar 13.69 por ciento de las actas debido a inconsistencias como falta de firmas de los miembros de la mesa electoral.

En ese contexto, Pérez señaló que "se está confabulando un fraude (...) para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta". Sostuvo que se han transferido 15 puntos porcentuales de sus votos a otros candidatos, con lo que superaría a Arauz, y llamó a abrir las urnas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que “cada candidato está en su derecho de agotar todas las instancias legales de impugnación de resultados (…) Si tenemos que abrir urnas lo haremos. Una vez que se resuelva el 100 por ciento de las actas con novedades, promulgaremos los resultados”; subrayó que tienen 10 días para divulgarlos.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos llamó a que se "esperen con calma los resultados" finales.

La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, cuando será designado el sucesor del impopular gobernante Lenín Moreno, que no se presentó a la relección y cuyo periodo de cuatro años terminará el 24 de mayo próximo.

Ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos ni alcanzó 40 por ciento de los mismos más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo para ser elegido de manera directa.

De mantenerse la tendencia del escrutinio parcial, Pérez –con poca carrera política– y Arauz protagonizarán una inédita segunda ronda entre candidatos de izquierda en Ecuador, con 17.1 millones de habitantes, castigado por la pandemia y que arrastra una abultada deuda económica por la caída de los precios del petróleo.

Arauz declaró en entrevista con la Afp que "el pueblo ecuatoriano ha sido contundente al pronunciarse por el antineoliberalismo. Las opciones que han prevalecido han sido el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia".

Arauz añadió que en caso de ganar, la relación con Estados Unidos "va a ser excelente" y las condiciones de un acuerdo de septiembre pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 6 mil 500 millones de dólares "no podrán ser cumplidas por nuestro gobierno porque atentarían directamente contra los bolsillos de las familias ecuatorianas".

El FMI está "abierto" a ajustar el programa con el nuevo presidente "en caso de que el gobierno así lo desee", dijo el director del organismo para las Américas, Alejandro Werner.

Pérez, quien también planea revisar el acuerdo, obtuvo un buen resultado con un discurso ambientalista y de rechazo a la explotación petrolera y minera, y es un fuerte crítico del ex presidente Rafael Correa.

Pérez apunta sus sospechas hacia Lasso y Correa

El líder indígena apuntó sus sospechas de fraude hacia Lasso y sus aliados, y contra Correa. "Tiene un pánico que entremos nosotros a la segunda vuelta", sostuvo en referencia al ex mandatario.

En 2019 fue elegido en las urnas gobernador de la provincia andina de Azuay y es el primer indígena en llegar tan lejos en la disputa por la presidencia de Ecuador, donde los pueblos originarios conforman 7.4 por ciento de la población.

Si se confirman los resultados parciales, los ecuatorianos deberán elegir entre dos alternativas de izquierda: una nacionalista, que representa Arauz, y otra de corte ambientalista que, según Pérez, dará paso a un "estado plurinacional, digno, honesto e incluyente".

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La ONU denuncia a Daniel Ortega por arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua

La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos considera que el presidente no ha cumplido con las recomendaciones que le hizo el organismo tras la crisis política de 2018

El Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la crisis política de 2018, cuando el exguerrillero sandinista desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. En un informe publicado este lunes, la OACNUDH cataloga de “deficiente” la respuesta gubernamental ante sus recomendaciones y advierte de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al Gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.

La Oficina de la ONU emitió en 2018 un demoledor informe contra el régimen, acusándolo de cometer violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios de manifestantes por parte de las huestes armadas bajo órdenes de Ortega. Algunas de estas personas detenidas de forma arbitraría fueron luego violadas y torturadas bajo custodia. El documento alertaba, además, del uso desproporcionado de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión “tan alto”, continuaba, ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.

Tras la publicación del documento, la OACNUDH emitió 14 recomendaciones al Estado nicaragüense para mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país, pero “la Oficina ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”, advierte el organismo. Según el informe presentado este lunes, el Gobierno solo ha “cumplido parcialmente” con poner fin a las detenciones y liberar a todas las personas “privadas arbitrariamente de libertad” en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el régimen. La OACHUDH reconoce que desde el 30 de diciembre de 2019, “el Gobierno ha otorgado medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres”, pero afirma que, según cifras de la sociedad civil nicaragüense, “a diciembre de 2020 al menos 106 personas (103 hombres y 3 mujeres) que participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras continuaban privadas arbitrariamente de su libertad”.

El informe también advierte que “los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continuaron. Actualmente, el patrón principal consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes sin ser presentados a las autoridades judiciales”.

El organismo, además, alerta de las continuas violaciones a las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión. “La Policía Nacional ha impedido sistemáticamente las manifestaciones públicas de personas o grupos críticos con el Gobierno. En al menos seis casos, la ONU registró que los agentes de policía recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, causando lesiones menores a manifestantes y periodistas. Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH documentó 83 casos de ataques, amenazas, acoso y actos de intimidación por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales contra defensores y defensoras de derechos humanos. Además, registró 30 casos en los que las víctimas fueron periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios. Cuatro medios de comunicación sufrieron allanamientos, destrucción de equipos o sanciones administrativas”, resalta el documento.

El Gobierno de Ortega tampoco ha investigado y enjuiciado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión contra las protestas de 2018, ni ha garantizado el acceso a la justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la OACNUDH lamenta la aprobación de una amnistía que, afirma, “allanó el camino a la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, a la ONU le preocupa que el Gobierno siga negando la existencia de grupos armados paraestatales y “turbas violentas” que participaron la represión de las manifestaciones. “Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH ha documentado por lo menos 11 casos (incluido un asesinato) en los que partidarios del Gobierno atacaron físicamente y/o amenazaron a personas percibidas como opositoras. En la mayoría de esos casos, los autores vestían los colores o portaban banderas del partido gobernante y las violaciones se produjeron con la tolerancia de los agentes de policía que no impidieron ni detuvieron los ataques”, alerta el informe.

Otra de las recomendaciones incumplidas es la reactivación de un diálogo inclusivo con la oposición, así como implementar reformas electorales para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Nicaragua celebrará comicios generales en 2022, con Ortega controlando todo el sistema electoral.

En las conclusiones del informe, la OACNUDH solicita al Gobierno que autorice la entrada al país de una misión del organismo, una solicitud hecha desde septiembre de 2020, antes de la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, concluye la OACNUDH

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 08 feb 2021 - 10:24

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EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING

 

La junta militar de Myanmar (ex Birmania) impuso este lunes la ley marcial en varias ciudades en respuesta a la huelga general y las manifestaciones que, por tercer día consecutivo, inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

Después de que el país quedara este lunes prácticamente paralizado por la huelga general y protestas masivas, protagonizadas y dirigidas por trabajadoras de la salud, estatales, estudiantes y las combativas obreras textiles en primera línea, los militares declararon la Ley Marcial en al menos seis localidades.

Allí se impone un toque de queda y estarán prohibidas las reuniones de más de cinco personas y discursos públicos. Una nueva medida represiva junto al corte de internet y de redes sociales. La medida, que afecta a varios distritos de Rangún, la mayor ciudad y el centro económico del país, comenzó este lunes también en Mandalay, Monywa, Loikaw, Hpsaung y Myaungmya.

El anuncio llegó después de que los militares, a través del canal de la televisión estatal MRTV, amenazaran con tomar acciones contra los manifestantes a los que acusan de “dañar la estabilidad del país, la seguridad y el Estado de derecho”.

Las protestas a nivel nacional en Myanmar son las manifestaciones más grandes del país desde la “Revolución Azafrán” liderada por monjes budistas en 2007. En aquel entonces, los militares tomaron medidas represivas contra los manifestantes, matando al menos a 31 personas. En esta oportunidad las autoridades solo han recurrido a cañones de agua para dispersar a las multitudes evitando un alzamiento mayor.

La oleada de protestas públicas contra el golpe militar de la semana pasada -cuando gran parte de los líderes políticos democráticos del país fueron arrestados en redadas antes del amanecer- ha ido creciento durante estos días. El miércoles pasado, los trabajadores médicos de todo el país se declararon en huelga, lo que provocó una primera campaña de “desobediencia civil” que se ha extendido a otras ramas de trabajadores.

Hasta ahora, los medios estatales o próximos al Ejército habían evitado cualquier noticia sobre las movilizaciones pacíficas contra los uniformados, el nuevo anuncio hace temer una escalada de detenciones y represión que puede plantear una reacción de masas aún más fuerte.

En su primer discurso a la nación, el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, pidió hoy a los birmanos que permanezcan "unidos como país" y que se fijen "en los hechos y no en las emociones". El general golpista, que teniendo en cuenta los resultados electorales (7%) tiene poco apoyo popular, aún así continúa justificando el levantamiento militar, que calificó de "inevitable", por el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre.

Richard Ehrlich en un artículo de Asia Times plantea que el general Hlaing llevó adelante el golpe para defender los intereses financieros de su familia y de la cúpula militar quienes controlan los principales resortes de la economía. Centralmente mantienen bajo su dominio los principales fondos de inversión vinculados a la extracción minera de jade y rubí, depósitos de contenedores, bienes raíces, construcción e industria militar entre otras ramas del país. Por otro lado, debemos tener claro que todos estos intereses fueron sostenidos por el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la depuesta Aung San Suu Kyi.

Huelga General y la lucha de clases en el sudeste asiático

Millones de personas salieron a las calles a manifestarse en Myanmar culminando este lunes en un huelga general extendida por todo el país. Como señala Josefina Martínez, a la huelga se han sumado, además de los sectores textiles, médicos, enfermeras, el sector educativo, el transporte y muchos otros, como los bomberos, que participan de la movilización de Yangon.

La huelga de trabajadores que tuvo gran repercusión en Yangón, paralizó prácticamente la antigua capital mientras decenas miles de personas se concentraron en el casco histórico. Las manifestaciones estuvieron protagonizadas principalmente por jóvenes trabajadores y a trabajadores de todos sectores, incluidos bomberos y maestros uniformados, personal sanitario e incluso pancartas y banderas del colectivo LGTBI o de las minorías étnicas del país.

Una mención especial para las destacadas columnas de los jóvenes sindicatos del sector de la industria de la confección, una red de talleres que ocupan una mano de obra muy joven y super explotada, en su mayoría mujeres, que producen para las grandes marcas europeas o norteamericanas como Zara, Primark, H&M, o Dell.

Andrew Saks, un activo organizador sindical que reside en Yangon y que colabora con el movimiento de organización sindical en este sector, en una entrevista exclusiva con La Izquierda Diario nos dijo:

“Los trabajadores de la confección convocaron y dirigieron una protesta el sábado por la mañana que catalizó la ola de protestas en todo Myanmar que estamos viendo ahora. Había un cierto vacío de liderazgo, ya que la LND no convocó manifestaciones callejeras a pesar de la detención de sus líderes. El sindicato de trabajadores de la confección entró en ese vacío y asumió el liderazgo a pesar del extraordinario riesgo que supone hacerlo en este momento en Myanmar. La imagen del sindicato de trabajadores de la confección desplazando a cientos de trabajadores desde las zonas industriales al centro de Yangon inspiró y envalentonó a las masas de Myanmar”.

Esta reflexión de Sacks es muy interesante como punto de apoyo para superar a una dirección que en todo momento negoció con la dictadura y permitió que continuaran todos sus negocios y justificó la represión a las minorías étnicas como los rohingya.

La resistencia al golpe en Myanmar despertó la simpatía de los movimientos democráticos ya existentes en todo el sudeste asiático. Desde Tailandia a Corea del Sur e Indonesia se han organizado manifestaciones en apoyo con la participación de trabajadores migrantes de Myanmar. En este sentido puede ser la punta de lanza para que se levante la nueva clase obrera que sufre altos niveles de explotación y ve que los gobiernos se enriquecen extremadamente mientras sus salarios son los más bajos del planeta de toda la región. Es fundamental que los sindicatos rompan con política e ideológicamente con la líder Aung San Suu Kyi y el LND.

El tigre del sudeste asiático se está levantando.

 

Por Salvador Soler

@SalvadorSoler10

Lunes 8 de febrero | 22:20

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Borrell y Lavrov, juntos en Moscú después de la expulsión de los diplomáticos.  ________________________________________ Imagen: AFP

En medio de una visita a Moscú del jefe de la diplomacia de la Unión Europea

La cancillería rusa consideró que las acciones de los diplomáticos son "inaceptables e incompatibles con su estatuto", y les ordenó abandonar el país "en un futuro próximo".

Rusia anunció este viernes la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania que acusa de haber participado en protestas favorables dell encarcelado opositor Alexéi Navalni, en plena visita del jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, con el que Moscú se había comprometido a cooperar.

Esos diplomáticos, cuyo número no fue precisado, participaron supuestamente en concentraciones "ilegales el 23 de enero" en San Petersburgo y Moscú, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El anuncio de la expulsión llega después de una reunión en Moscú del canciller ruso, Serguéi Lavrov, con Borrell, durante la cual le comunicó las expulsiones, según un portavoz del europeo.

Borrell condenó "enérgicamente" la decisión de expulsar "tres diplomáticos" y subrayó que "debe ser reconsiderada", dijo el vocero de la diplomacia europea, Peter Stano. "Consideramos estas expulsiones injustificadas. Creemos que es otro aspecto más que se puede observar ahora mismo de que Rusia está muy alejada del Estado de derecho", indicó la canciller Angela Merkel en conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, quien condenó con "la mayor firmeza" la decisión rusa.

Suecia, por su parte, juzgó "completamente infundada" la exulsión de su diplomático y anunció que "se reserva el derecho a reaccionar de forma apropiada". Y Polonia advirtió que la expulsión de su diplomático puede "profundizar aún más la crisis en las relaciones bilaterales". Las cancillerías de Polonia y Alemania convocaron al embajador ruso en sus capitales para expresarles su malestar.

"Inaceptables"

Por su parte la cancillería rusa consideró las acciones de los diplomáticos son "inaceptables e incompatibles con su estatuto", y les ordenó abandonar el país "en un futuro próximo". "La parte rusa espera que en el futuro las misiones diplomáticas (de Suecia, Polonia y Alemania) respeten escrupulosamente las normas del derecho internacional", agregó. Horas antes, Borrell había considerado que la relación con Rusia estaba en su nivel "más bajo" por el caso Navalni, aunque acordó con Lavrov buscar maneras de cooperar.

A su vez la policía rusa detuvo a más de 10.000 personas durante las masivas protestas en el país para exigir la liberación de Navalni, un activista anticorrupción de 44 años. 

El opositor fue detenido a mediados de enero a su regreso a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin, y las fuerzas de seguridad FSB. Navalni fue condenado el martes a purgar una pena de dos años y ocho meses de cárcel por no haber respetado un control judicial que data de 2014.

"Buena noticia para la humanidad" 

Pese a sus múltiples y profundas diferencias, también en la situación en Ucrania, Siria o Libia, Rusia y la UE expresaron su deseo a cooperar "cuando haya un interés común", en palabras de Lavrov. La lucha contra el covid-19 podría convertirse en un ámbito de cooperación tanto con Estados Unidos como con la UE, aseguró el canciller ruso.

El jefe de la diplomacia europea citó como ámbitos de cooperación "la cultura, la investigación, el covid-19 [y] el clima", pero precisó que considera cruciales otros temas como los derechos humanos o las libertades políticas. Borrell calificó de "buena noticia para la humanidad" la vacuna rusa Sputnik V y dijo esperar que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueda certificar pronto su uso en el bloque.

Proceso por difamación 

Navalni, por su parte, compareció este viernes de nuevo ante un tribunal acusado de difundir informaciones falsas e injuriosas sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que defendió en un video un referéndum de 2020 para dar más poderes a Putin. El opositor, que podría ser condenado a pagar una multa o a una pena de prisión, había calificado a los participantes en el video de "vergüenza para la nación" y de "traidores".

Durante la audiencia, Navalni, que denuncia una persecución por motivos políticos, acusó a los allegados del denunciante de instrumentalizar al anciano para "ganar dinero a su costa". La victoria soviética sobre la Alemania nazi es un pilar del imaginario colectivo ruso y las críticas a los veteranos suelen ser muy mal recibidas. El excombatiente, que participó en el proceso telemáticamente, vistió su uniforme y sus medallas para la ocasión.

El opositor tiene además abierta otra investigación en su contra por "fraude masivo", un delito pasible de 10 años de prisión. Y la mayoría de sus colaboradores están detenidos o bajo arresto domiciliario.

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Sábado, 06 Febrero 2021 05:09

Inútil sacrificio

Inútil sacrificio

Al desoír las advertencias, el líder opositor Aleksei Navalny, adversario irreconciliable del presidente Vladimir Putin, con su regreso a Rusia hizo un sacrificio inútil a partir de dos errores: suponer que no podían encarcelarlo, ya que la fiscalía durante seis años no solicitó prisión efectiva hasta dos días antes de que concluyera la condena a libertad condicional, y creer que, de ocurrir ese escenario, su preparado contragolpe –el video sobre el presunto palacio de Putin en el mar Negro– sacaría a la calle a millones de indignados y que las bien remuneradas fuerzas del orden le darían la espalda al Kremlin.

La represión sofocó la protesta, sin precedentes ambas, pero sin inclinar la balanza hacia los que se atrevieron a expresar su opinión pese a los riesgos: 10 mil detenidos en tan sólo dos manifestaciones. El Kremlin quedó con imagen abollada y Navalny con la sensación de que su valiente gesto de volver a su país no provocó la caída del régimen y de que no podrá recobrar pronto la libertad.

Una vez condenado a dos años y ocho meses de prisión, es de suponer que la siguiente instancia no va a satisfacer el recurso de apelación y, en consecuencia, Navalny será trasladado a una lejana colonia penitenciaria, como se denomina aquí una suerte de territorio cerrado para prisioneros donde los condenados son obligados a trabajar y duermen no en celdas, sino en barracones para decenas de personas. Ahí, sin acceso a Internet, estará aislado y no podrá influir en ninguna acción política.

Mientras tanto, la maquinaria del Estado seguirá fabricando causas contra Navalny. Ayer mismo comenzó el juicio por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que exhortó, en un anuncio de tv, a votar por la nueva Constitución, junto con una veintena de famosos y desconocidos.

Navalny, en Twitter y Telegram, los llamó "lacayos vendidos" y "traidores". Nadie se quejó, pero no faltó quien lo demandara por ofender al anciano que no sabe qué es Internet. Dentro de una semana continuará el juicio, que puede terminar con una elevada multa o incluso hasta dos años más de cárcel. Habrá otros procesos y Navalny no sería el primero en convertirse en moneda de cambio para, tras unos años de castigo ejemplar, expulsarlo del país y obtener alguna concesión en beneficio de la élite gobernante.

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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