Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

El primero ministro Modi, exponente del nacionalismo hindú y abanderado del neoliberalismo, afianza su poder en una India cada vez más desigual.

 

La “oleada colectiva de protestas” que se están produciendo en India a día de hoy es la mayor lucha por la democracia que tiene lugar en el mundo. Los planes autoritarios de Modi, apoyándose en la retórica nacionalista más desbocada, suponen un peligro para la democracia y un enorme sufrimiento para un pueblo que vive desesperado entre una pobreza y desigualdad económica galopante. La epidemia del coronavirus ha amplificado el sufrimiento que ya vivían cientos de millones de personas, no solo por el alto coste humano de la pandemia, sino por el desplome económico que ha originado una gestión pésima por parte del gobierno. Por si fuera poco, las perspectivas no son nada halagüeñas y las condiciones de vida para muchas familias van a continuar agravándose, dada la intención de seguir con la senda neoliberal del gobierno más autoritario y antidemocrático desde tiempos de Indira Gandhi.

La gota que ha colmado el vaso es el último plan para liberalizar el sector agrario. Es cierto que tiene fallos estructurales, pero eso no quita que la reforma sea vista tanto interna como externamente como un cheque en blanco más al sector privado. La pésima gestión de la crisis sanitaria solo ha beneficiado a un selecto grupo de millonarios y milmillonarios que han visto incrementado su poder durante la pandemia. El último informe de Oxfam lanza una sentencia categórica y a la vez muy inquietante: “la desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”.

Como bien dice el célebre economista Amartya Sen, India “no era un lugar muy feliz antes de la llegada del gobierno de Modi. Había grandes desigualdades. Estas desigualdades se han magnificado y se han convertido en una parte estándar de la vida”. Sen, aparte de ser muy crítico con las políticas económicas del gobierno, lo es también con sus políticas racistas y de odio. Esto “puede tomar una forma religiosa, como ser anti-musulmán, puede ser de clase, o puede adoptar una forma de casta y de género” .

Desde la independencia de India en el 1947, el nacionalismo hindú apenas había gobernado el país y “estaba representado por el BJP [antes BJS], que ha sido, desde 1980, el frente político del RSS, la organización madre” del movimiento nacionalista. La historia sobre cómo el odio y el nacionalismo han proliferado entre la democracia más grande del mundo se hace imposible de entender si no nos remontamos hasta el año 1925 cuando el RSS fue formado. Durante varias décadas, fracasaron en sus intentos de propagar su discurso de odio hasta que en la década de los 80 empezaron a tener cada vez más impacto en la sociedad, encontrando, después, al líder adecuado para aumentar su popularidad, L.K. Advani. De esta forma el nacionalismo hindú iría ocupando cada vez más un espacio mayor. Pocos años más tarde, en el 92, las presiones de gente como Advani convencieron a “voluntarios nacionalistas hindúes” para derribar la mezquita histórica Babri Masjid. Esto fue, sin ningún tipo de dudas, un punto de inflexión y “marcó el apogeo de la polarización política en torno al nacionalismo hindú y la violencia entre las comunidades hindúes y musulmanas”.

Anand Patwardhan, célebre y premiado documentalista y autor de Reason, nos recuerda que M.S Golwakar, “gurú de la RSS” y su “jefe durante 33 años”, decía “abiertamente en su libro que debíamos aprender de los nazis, especialmente lo que les hacen a las minorías” . Este discurso de odio no pasó desapercibido después de la independencia. De hecho, cuando el 30 de enero de 1948 Nathuram Godse asesina a Mahatma Gandhi, días después, el gobierno central prohibiría temporalmente el RSS  “para erradicar las fuerzas del odio y la violencia que actúan en nuestro país y poner en peligro la libertad de la Nación y oscurecer su hermoso nombre” .

La comunidad musulmana en la india representa el aproximadamente el 14 % de la población, en un país de más de 1.300 millones de habitantes esto supone casi 200 millones de personas. Los discursos de odio llegan hasta tal punto que es el propio Modi el que tiene que pronunciarse para rebajar la tensión a la vez que juega (él, su partido y las organizaciones nacionalistas) a criminalizar a la población con políticas y discursos marcadamente racistas. El mayor ejemplo está precisamente en la figura de Mahatma Gandhi —quien murió a manos de un antiguo miembro de la RSS, aunque hayan intentado desvincularlo—, pues el auge del fascismo ha llevado a la proliferación de discursos que justifican o se muestran equidistantes con su asesinato. Esto condujo a Modi a escribir un artículo en The New York Timesen el 2019 reivindicando su figura , en un buen ejercicio de cinismo.

La independencia del imperio británico trajo la instauración de una república “secular” en una connotación diferente a la que le damos en Occidente. La Constitución recoge muy bien los ideales del momento en el que se pretendía respetar y promover la buena convivencia en un país plural en todos los ámbitos. Asimismo, era un objetivo obligado después de la partición traumática y de la formación de Pakistán. La partición en 1947 entre Pakistán y la India creó “una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad” produciendo el desarraigo de 35 millones de personas y la muerte de entre 1 y 2 millones. Según William Dalrymple, la comparación con los campos de exterminio no es tan descabellada como parece. “La partición es fundamental para la identidad moderna en el subcontinente indio, como el Holocausto es para la identidad entre los judíos” .

En los primeros años de la nueva república, la influencia del RSS y del nacionalismo hindú sobre la política nacional no fue determinante y su auge espectacular empieza a partir de los años 80 tal como hemos dicho. No obstante, el asalto a la democracia de Modi no es la primera vez que la democracia más grande del mundo vive una amenaza existencial. La vivida en tiempos de Indira Gandhi fue especialmente severa y acabó con la declaración del Estado de Emergencia (conocido como la “Emergencia”) durante los años 75 y 77, en la que Gandhi “asumi[ó] poderes extraordinarios, encarcel[ó] a líderes de la oposición y silenci[ó] a la prensa”.

Los planes de Gandhi fracasaron después de convocar unas elecciones en el año 77 que perdería frente a una oposición que se unió para derrotarla. De todas formas, volvería en el año 80 al poder y gobernaría el país hasta el año 84 cuando fue asesinada. Los paralelismos que se pueden trazar con la actualidad son bastante inquietantes, a pesar de que la naturaleza e ideología de los gobiernos no tienen nada que ver. En esta misma línea, el estudioso del nacionalismo hindú, Christophe Jaffrelot, apuntó a que “mucha gente apoyó el Estado de Emergencia y vio en ella [I.Gandhi] un desarrollo positivo”, entre otros el sector empresarial. Indira Gandhi, al igual que Modi, contaba con una gran popularidad debido, en buena medida, al uso de los medios de comunicación para sus fines.

En la actualidad, no son pocos lo que señalan a las grandes empresas y a los medios de comunicación como grandes responsables del deterioro democrático que vive el país. Expresado con gran rotundidad por la escritora y activista Arundhati Roy:

“No viviríamos en un estado de fascismo si no fuera por los medios de comunicación indios [...]. Todo se está desmoronando, pero estamos unidos por una tubería de odio que es canalizado por los principales medios de comunicación. No finjamos más que estamos en una democracia y que hay debate y libertad. No hay libertad. Y pondré una gran responsabilidad en los medios financiados por las corporaciones, en las corporaciones que financian estos medios tóxicos [...] La historia se acabó a menos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias, se den cuenta de que nos enfrentamos al fascismo”.

Uno de los aspectos que más inquieta de Modi es como está utilizando cualquier acción contra los musulmanes para aumentar su popularidad. Modi tiene el mérito de haber empeorado el penoso historial de violaciones de los derechos humanos en la región de Cachemira y de haber elevado aún más la tensión con Pakistán, algo que debería preocuparnos desde nuestras sociedades occidentales porque los dos países tienen armas nucleares. En agosto de 2019, Modi dio un paso más en sus agravios hacia la población musulmana revocando el artículo 370 de la constitución que garantizaba un status especial para el Estado de Cachemira. El artículo otorgaba “al estado cierta autonomía y reconocía sus diferencias históricas y culturales con el resto de la India”.

Una medida así debía venir de la mano de restricciones a la libertad de circulación, prohibición de las reuniones públicas, cierres de las telecomunicaciones, de detención y desaparición forzadas de miles de personas. El desastre a día de hoy continúa y ha sido agravado por la crisis del coronavirus y por el apagón mediático del que se ha quejado amargamente A. Roy en The Guardian: “es comprensible que un mundo traumatizado por el coronavirus no haya prestado atención a lo que el gobierno indio le ha hecho al pueblo de Cachemira. El toque de queda y el corte de las comunicaciones, y todo lo que conlleva tal asedio (sin acceso a médicos, hospitales, trabajo, sin negocios, sin escuela, sin contacto con seres queridos) duró meses. Ni siquiera Estados Unidos hizo esto durante su guerra contra Irak” .

Entender lo que está haciendo Modi significa también recordar lo que hizo mientras era gobernador en Gujarat. No nos olvidemos del papel que jugó el actual mandatario en la masacre del año 2002. Los hechos quedan perfectamente resumidos por Aditya Chakrabortty:

“El 27 de febrero de 2002, un vagón de tren que transportaba a peregrinos hindúes se incendió en la estación de Godhra en Gujarat. Murieron 58 personas. En cuestión de horas y sin más evidencia, Modi declaró que los servicios secretos paquistaníes eran los culpables; luego hizo desfilar los cuerpos carbonizados en la ciudad principal de Ahmedabad; y dejó que su propio partido apoyase una huelga estatal durante tres días. Lo que siguió fue un derramamiento de sangre masivo: 1.000 muertos según estimaciones oficiales, más de 2.000 según recuentos independientes. La vasta mayoría de ellos eran musulmanes”.

La escandalosa responsabilidad de Modi en la matanza llevó a los Estados Unidos a prohibir el visado a Modi durante varios años hasta que la prohibición se levantó con Obama poco antes de que llegara a la presidencia. Los grandes intereses de Estados Unidos en India explican el acercamiento a Modi. Tanto es así que el mandatario indio se tomó el lujo de declarar que: “es cierto que Obama y yo tenemos una amistad especial, una sintonía especial”. Un hecho bochornoso que explica la existencia de este artículo del New York Times defendiendo o encubriendo a Obama al hablar de la improbabilidad de que se hubiera formado una amistad entre ambos mandatarios. 

Los gobiernos españoles también han apoyado a Modi, a pesar de su deriva autoritaria en consonancia con la normalización de los movimientos de extremaderecha o neofascistas en Occidente. En el año 2017, Mariano Rajoy, aprovechando la visita de Modi a España, expresó su deseo de que “sirviera para impulsar la relación entre nuestro dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta”. De igual forma, el expresidente español elogió “el programa de reformas económicas”, una manera eufemística de referirse a las medidas neoliberales que las élites económicas y políticas indias defienden. Si atienden el registro, verán la misma complicidad en el gobierno de Pedro Sánchez que parece seguir la misma estrategia de Macron de intensificar lazos con cualquier extremista al que pueda venderle armas. El mayor ejemplo lo ha vuelto a dar este gobierno. En el primer semestre de 2020 autorizó 68 millones de euros en armamento a India y 2,5 millones de euros a Pakistán.

Otro ejemplo más del conflicto que se genera entre seguridad nacional y la industria armamentística, pese a que no lo quieran reconocer nuestros líderes políticos. Recordemos que tanto India como Pakistán están armados hasta las trancas y que, si bien Pakistán no tiene ni mucho menos “una democracia fantástica”, el peligro de que estalle un conflicto entre estas dos potencias nucleares sigue siendo muy real. Para colmo, los 68 millones de euros autorizados en los pasados seis meses no tienen en cuenta que Modi cuenta con uno de los peores historiales de violaciones de los derechos humanos de la democracia india.

Volviendo a las declaraciones de Rajoy sobre las reformas económicas, la ruta neoliberal ha encontrado un rechazo manifiesto en estos últimos meses a raíz de la reforma del sector agrario que quiere realizar Modi a espaldas de los agricultores. La pretensión del gobierno de presentarlas como una conspiración es un síntoma inequívoco de fascismo. Otro síntoma, presenciado por el famoso periodista indio y uno de los mayores expertos en este tema, Palagummi Sainath, es que el régimen ha aprovechado el coronavirus para sacar adelante esta reforma. El gobierno ha aprovechado el “shock” de la pandemia para aprobar una medida que es altamente impopular. Al fin y al cabo, no es nada nuevo. En Occidente hemos podido comprobar como estos shocks han favorecido la implementación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas.

Los problemas que viven los agricultores no son nada nuevos. Ni para la población india, ni para Occidente. Cada año, miles de agricultores se suicidan debido a la pobreza y explotación extrema que es cada vez más aguda por los efectos de la crisis climática. Observadores internacionales ya habían alertado hace mucho tiempo sobre los grandes problemas que enfrentaba el sector agrario como es el caso de la escritora y periodista, Mira Kamdar. Muchos de estos problemas siguen a día de hoy y deben ser resueltos, con especial urgencia, los efectos secundarios que trajo la Revolución Verde: explotación económica de los pobres y daños ecológicos brutales por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas.

La insistencia en implementar la reforma agraria sin el consenso suficiente de los agricultores, utilizando a unos medios de comunicación cómplices e indulgentes con Modi es una pésima noticia y un mal augurio. Más que nunca, la democracia depende de la eficacia de la resistencia social y de la organización de un pueblo que está cada vez más movilizado frente a un autócrata racista que quiere convertirse en tirano.

Por Isa Ferrero

@isaferrero2

5 feb 2021 06:21

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

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La trama detrás del golpe de Estado en Myanmar

Los militares detuvieron a todos los líderes del gobierno que Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Aludieron a un supuesto fraude electoral en noviembre. 

 

Las fuerzas armadas de Myanmar aludieron fraude en las elecciones de noviembre pasado y el domingo detuvieron a todos los líderes del gobierno que la Nobel de la Paz de 75 años Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Consumado el golpe, los militares declararon el estado de emergencia durante un año y anunciaron que el exgeneral Myint Swe ejercerá la presidencia del país. 

En Myanmar, antes Birmania, en el medio de India, China, Tailandia y Bangladesh vive gente como Aung Tun. Mediana altura, 45 años, vende celulares en Yangon. En sus fotos de Facebook aparece con un pareo y sus dos hijos con la cara pintada, como todos los varones birmanos. Su foto de perfil está enmarcada por la de su líder y la frase: “estoy con Aung Sang Suu Kyi”. Ahora postea: “Queremos pedir a los líderes del mundo, a las Naciones Unidas, a los medios que ayuden a nuestro país, queremos desarrollarnos como nuestros vecinos”.

El héroe de la independencia birmana fue Aung Sang (padre de Aung Sang Suu Kyi), asesinado en 1947. El exilio llevó a Suu Kyi a estudiar en Delhi primero, Oxford después y quedarse en Inglaterra. En 1988 volvió. Le pidieron que hablara en un acto en el Shwedagon Pagoda, templo budista de 2500 años con una cúpula de oro que se ve desde todo Yangon. Medio millón de personas descubrió ahí a la líder de su revolución democrática. Suu Kiy arrasó en las elecciones de 1990 pero los militares no reconocieron el resultado y encarcelaron a todos los opositores. Un año después ella recibió el Nobel de la Paz, se negó a ser extraditada y aguantó 15 años de prisión domiciliaria. 

La dictadura flexibilizó libertades y convocó a elecciones parlamentarias en 2010 pero antes reformó la Constitución: retuvo el 25% de las bancas del parlamento, la atribución de nombrar ministros y de formar gobierno “en caso de emergencia”, el manejo de los recursos naturales y la prohibición de ser presidente para cualquiera con familia no birmana, justo como Suu Kii, cuyos hijos y difunto esposo nacieron en Inglaterra. En 2016 se convocaron elecciones presidenciales y la LND de Suu Kyi arrasó con Htin Hyaw como candidato. Suu Kii fue designada Consejera de Estado, una especie de presidenta ipso facto.

Hasta 2014 el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Myanmar fue el abogado argentino Tomás Ojea Quintana. “Para mí esto es un deja vú”, afirma a PáginaI12. En 2010, se encontró personalmente con Suu Kyi y le expresó la importancia de juzgar los crímenes cometidos por los militares en las últimas décadas, algo que nunca sucedió. Ojea Quintana está sorprendido por el golpe, cree que el detonante pudo haber sido la abrumadora nueva victoria de Suu Kyi en las elecciones de noviembre, fue un empujón de legitimidad: “con la continuidad del gobierno electo con ese nivel de apoyo, se debilitaría el poder que se guardaron los militares”.

La teoría birmana de los dos demonios

Para Myanmar son bengalíes, para Bangladesh son birmanos. Los rohingyas son apátridas. “Deben parar. Nunca vi una población tan discriminada en mi vida”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Los rohingyas son vulnerables como minoría étnica, como musulmanes y como descendientes del subcontinente indio. Según la ACNUR, al menos 723.000 rohingyas, una de las más de cien etnias que habitan Myanmar, tuvieron que escapar de las fuerzas oficiales birmanas hacia Bangladesh desde mediados de 2017. El 40% son menores de 12 años. En Bangladesh los retienen en un campo de refugiados de 13 kilómetros cuadrados.

La excusa es combatir al ARSA, un grupo insurgente de no más de 500 miembros a quienes los ultranacionalistas budistas comparan con ISIS. Después de décadas de aislamiento en telecomunicaciones, la irrupción de los celulares y de Internet fue una estampida. La campaña de fake news del movimiento budista Ma Ba Tha describiendo al millón de rohingyas como parte del ARSA caló hondo hasta en la base electoral budista de Suu Kii. En 2018, Facebook reconoció en un comunicado que “podría haber hecho más” para evitar que su plataforma sea usada para un genocidio. A fines de 2019, Aung Sang Suu Kyi fue a la Corte Internacional de Justicia a defender a las mismas Fuerzas Armadas que la habían llevado a prisión. Reconoció delitos de lesa humanidad pero los colocó en el marco de un conflicto que comenzó el ARSA.

Hasta llegar al poder, Occidente veía en Suu Kyi a una par de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero otro premio Nobel, Barack Obama, notó algo distinto. Cuando la visitó en 2012 conversaron sobre el dilema de pasar de ícono opositor a tener el poder. “Yo siempre fui una dirigente política”, le dijo Suu Kyi. Ben Rodes entonces asesor de Obama contó que saliendo, de regreso en la limusina, el ex presidente reflexionó: “Yo solía ser también el rostro de un poster, la imagen solo se desvanece".

Occidente y China

La devaluación de la imagen de Suu Kyi en Occidente la obligó a buscar apoyos en donde sea posible. Fue a ver al presidente de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, para hablar sobre “el crecimiento de la población musulmana”. China -que también es acusada de crímenes de lesa humanidad contra los islámicos Uyghur en la región de Xinjiang- vio una oportunidad.

Similar a lo que ocurre en otras regiones en las que Gran Bretaña trazó mapas mezclando pueblos, como Medio Oriente, Myanmar es un país sin una única nación consolidada. Frente a eso, China, desde hace una década, observa lo que pasa en su frontera sur y de vez en cuando mueve una ficha.

En 2017, China incorporó a la Constitución la Belt and Road Initiative, presentada poco antes por Xi Jin Pin como la Ruta de la seda del siglo XXI, un esquema en el que el premier chino invitó a los países a unirse a la mayor red logística global en que el país asiático es el gran dinamizador. Los tigres asiáticos saltan y también se agazapan. Los chinos no están lejos de consolidarse como los principales rule makers del sudeste asiático. Una de las piezas fundamentales del esquema es el puerto que Xi Jin Pin espera construir en Myanmar para acceder de manera directa al mar Índico, acompañado de un oleoducto que le ahorraría unos cuantos millones en la importación del crudo desde el Golfo Persa. El Corredor Económico China-Myanmar consolidaría esta política y, para ello, China puso a consideración del gobierno birmano 38 proyectos de infraestructura que Suu Kyi no desarrolló con la velocidad que los chinos pretendían.

A fin de enero ocurrió un hecho que habría ofendido la mellada paciencia roja: Myanmar adquirió un millón y medio de vacunas para Covid-19 de India y firmó un contrato con el Serum Institute del mismo país para recibir 30 millones más.

Por ahora China no condenó oficialmente el derrocamiento del gobierno civil en Myanmar pero el ministro de relaciones exteriores Wang Wenbin explicó que “China y Myanmar son buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social”. Un evento curioso sucedió el 12 de enero pasado. Wang Yi, canciller chino, se reunió con Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas armadas en la capital birmana. Desde ayer a la madrugada, Min Aung Hlaing es quien firma los decretos de Myanmar.

Miles como Aung Tun dan la batalla en su Facebook, Suu Kyi vuelve a estar presa, los militares vuelven al lugar de donde nunca se fueron y el abogado argentino que los denunciaba hace una década, Tomás Ojea Quintana, aprovecha la jurisprudencia universal de los delitos de lesa humanidad. En Argentina, defiende a una organización de rohingyas que acaba de presentar en el juzgado de Servini de Cubria una denuncia por genocidio en la provincia birmana de Rakhine. 

Por Pablo Linietsky y Daniel Wizenberg

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Manifestantes rusos encaran a elementos de la policía antidisturbios en el segundo fin de semana de protestas para exigir la liberación del líder opositor Aleksei Navalny. Durante al menos seis horas los inconformes fueron un dolor de cabeza para la autoridad.Foto Ap

Moscú. Ni las numerosas detenciones previas ni el desmesurado despliegue policial impidieron que ayer decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar en al menos 85 ciudades de Rusia sin temor a exponerse a la brutal represión que suele ser habitual en cualquier manifestación no autorizada y que en esta ocasión se saldó con un nuevo récord de detenidos, al menos 5 mil 135, en una primera estimación con datos que llegan de todo el país.

Tan sólo en Moscú la ONG OVD-info reportó mil 653 detenidos a las 23:45 (hora local), de ellos 82 periodistas que cubrían las marchas de inconformes con la política del Kremlin, la mayoría estudiantes universitarios, conscientes de que podían sufrir detenciones al azar, golpizas, multas elevadas e incluso condenas a varios años de prisión.

Las protestas, por segunda semana consecutiva, dejaron de ser un fenómeno exclusivo de la capital de Rusia y las muestras de rechazo al presidente Vladimir Putin comienzan a cobrar fuerza en el interior del país, en unos lugares más que en otros.

Para el Kremlin las manifestaciones que piden la libertad del líder opositor Aleksei Navalny –quien se encuentra en prisión preventiva desde el mismo día de su regreso de Berlín, el 17 de enero, y en espera de un juicio, mañana, que puede condenarlo a años de cárcel–, son impulsadas desde el exterior, en particular por Estados Unidos al que atribuye una "grosera injerencia" en sus asuntos internos, al tiempo que justifica el uso desproporcionado de la fuerza por ser protestas ilegales, al no contar con el permiso de las autoridades debido a la "situación epidemiológica", razón por la cual hace días condenaron a arresto domiciliario a los principales colaboradores de Navalny.

Difícil saber si las protestas de ayer se pueden equiparar en número a las del sábado anterior, pero –a juzgar por lo que pasó en Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, las ciudades más pobladas del país– es obvio que durante al menos seis horas los manifestantes no pudieron ser frenados y pusieron de cabeza a la policía, unidades antidisturbios y guardia nacional, que desde temprana hora bloquearon por completo el centro de estas urbes, cerraron decenas de estaciones del Metro, modificaron las rutas del transporte público de superficie, instalaron vallas en las calles y estacionaron decenas de camiones para trasladar a los eventuales detenidos.

En Moscú –con una sorprendente organización horizontal sin líderes visibles, mediante breves mensajes en redes sociales que trató de silenciar la policía–, las columnas de protestantes no buscaron concentrarse en un solo sitio, sino que se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas del orden al separarse en numerosos grupos para avanzar por otras zonas de la capital y más adelante volverse a juntar, y así varias veces, provocando el desplazamiento frenético de un lugar a otro de los uniformados.

Rompen cerco policiaco

Varios centenares de manifestantes lograron romper el cerco policial y se aproximaron a la prisión de Matrosskaya Tishina, donde está recluido Navalny, para lanzar consignas en su apoyo.

A convocatoria de los colaboradores de Navalny que están en la clandestinidad o lograron refugiarse en otro país, como Iván Zhdanov y Leonid Volkov, mañana mucha gente tratará de acercarse a la corte que juzgará al opositor para exigir su libertad.

Las actuales protestas obedecen también a la indignación que causó en muchos rusos, jóvenes sobre todo, el supuesto palacio que atribuye Navalny a Putin, un video disponible en YouTube que a la fecha está por llegar a 106 millones de vistas.

Los desmentidos del Kremlin no han sido convincentes y el más reciente intento parece más bien la enésima confirmación de que a veces es peor el remedio que la enfermedad: el magnate de la construcción y banquero Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia de Putin desde que ambos se aficionaron al yudo, dijo el sábado anterior ser el dueño del polémico palacio.

Rotenberg concedió sólo una breve entrevista a un medio electrónico que cuenta con el beneplácito del Kremlin y se limitó a afirmar que el palacio es suyo y que no hay nada de ilegal en eso, sin mostrar ningún documento que lo demuestre ni precisar cuándo lo compró, cuánto le costó, quién se lo vendió, qué relación tiene él con las empresas en paraísos fiscales que figuran como propietarias, por qué varias empresas del sector público financiaron su construcción o cómo es que otros potentados y amigos de Putin hicieron generosas donaciones.

Tampoco aclaró Rotenberg quién autorizó que el presunto hotel que ahora quiere construir ahí tenga helipuerto y viñedos propios, cómo es que la vigilancia de la propiedad de un particular corre a cargo de los servicios secretos que protegen a los más altos funcionarios o por qué está prohibido acceder por tierra, mar y aire, entre muchas otras preguntas que no consideró necesario hacerle el periodista.

Por uan Pablo Duch

Corresponsal

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Un hombre camina frente a un mural de Daniel Ortega en Managua.STRINGER / Reuters

El presidente de Nicaragua agrega a su lista de megaproyectos fallidos una oficina para “promover el desarrollo de actividades espaciales y ampliar las capacidades del país”

 

Primero fue un canal interoceánico. Daniel Ortega anunció con bombo y platillo al mundo que abriría Nicaragua en canal con una inversión de más de 40.000 millones de dólares que aportaría un oscuro empresario chino para construir una segunda ruta comercial en Centroamérica, un canal más grande que el de Panamá, del que no se ha colocado una sola piedra. Luego puso los ojos en el espacio. El sandinista anunció el encargo de la construcción de un satélite a una empresa china, que sería bautizado como Nicasat-1, a un costo de a 346 millones de dólares. En órbita nunca estuvo. Y ahora el mandatario nicaragüense se suma a la carrera espacial al anunciar la creación de una “Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes” en uno de los países más pobres y atrasados del continente. Su megalomanía incluye declarar la autonomía espacial de su país, según establece el documento enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación: “Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en Nicaragua”.

El país centroamericano, sumido en una profunda crisis política y social desde 2018, cuando Ortega desató una brutal represión contra las manifestaciones que pedían el fin de su mandato, acumula tres años de recesión económica y según datos del Banco Mundial pasó de tener un buen ritmo de crecimiento de 4,6% en 2017 a una contracción de -3,9% en 2019 y con un panorama desalentador para este 2021. La misma institución estima que la pobreza aumentó en un 15,1% en 2020, es decir, que 350.000 personas se han empobrecido. Con la violencia del Gobierno contra cualquier voz crítica, un desempleo galopante, el golpe de los huracanes Iota y Eta y los estragos de la pandemia de covid-19 (cuya letalidad Ortega negó), los nicaragüenses luchan día a día para sobrevivir en una economía de miseria, mientras en El Carmen, el búnker en Managua de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sueñan a lo grande. Y es así que la nueva secretaría espacial tendrá entre sus funciones “promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, en las ramas educativas, industrial, científica y tecnológica en esta materia”.

La noticia de la creación de esta oficina ha sorprendido a los académicos nicaragüenses, que miran con recelo las nuevas ambiciones cósmicas de Ortega. “Ni siquiera tenemos en nuestras escuelas un programa de educación relacionado con las ciencias del espacio, no tenemos instituciones, observatorios ni nada así”, ha dicho Jaime Incer Barquero, el principal científico nicaragüense, a la revista Confidencial, uno de los medios atacados por Ortega, cuya redacción fue confiscada en 2018. “Todos estamos extrañados, no sabemos cuál es la razón, qué capacidad tenemos nosotros”, se pregunta el académico, una de las voces más críticas con el proyecto canalero de Ortega.

Mientras Nicaragua se hunde en la pobreza, Ortega intenta dar una imagen de prosperidad y avance gracias a lo que él llama su proyecto “revolucionario”: un sistema autocrático, en el que él y su familia controlan las instituciones del Estado, los medios de comunicación y empresas familiares que chupan los recursos del Estado. Aislado por la comunidad internacional, con sanciones impuestas a integrantes de la cúpula gubernamental por Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen intenta mantenerse a flote aumentando impuestos y cobros por servicios como las pruebas para detectar la covid-19, necesarias para salir del país, a un costo de 150 dólares. Ortega también ha hecho que la Asamblea, que él controla, aprobara una ley que cataloga como “agentes extranjeros” a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos internacionales. El reglamento establece multas de hasta medio millón de dólares para las organizaciones que se nieguen a inscribirse en la lista negra creada por el Ministerio de Gobernación (Interior).

Tras el fallido canal interoceánico y el satélite que nunca estuvo en órbita, está por verse qué avances científicos logra la nueva secretaría para asuntos espaciales. A los nicaragüenses ya no les sorprende la megalomanía de Ortega, un mandatario que cada vez parece más alejado de la realidad. Félix Maradiaga, una de las voces más críticas contra el régimen de Managua, lo definió perfectamente en Twitter: “¡Los Ortega-Murillo viven en la Luna! Mientras los problemas terrenales del desempleo, inseguridad y delincuencia, asfixian al pueblo, los Ortega-Murillo crean una Secretaría para asuntos ultraterrestres. ¡Urge un Gobierno democrático capaz de atender los problemas de la nación!”

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 31 ene 2021 - 11:18

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Lunes, 01 Febrero 2021 05:30

Los protocolos de los sabios de Trump

Los protocolos de los sabios de Trump

Igual que las novelitas pornográficas copiadas a máquina que circulaban de mano en mano con grave sigilo entre los adolescentes en mi pueblo, los adultos se pasaban entre ellos en las barberías, con no menos avidez, un folleto en cuya portada figuraba un judío barbado a cuyas espaldas brillaba, con fulgores luciferinos, una estrella de David.

Los protocolos de los sabios de Sión. Este panfleto, de pobres pero convincentes invenciones, exponía la trama de una conspiración tejida por los judíos para sojuzgar al mundo. Nadie, ni en un lugar tan alejado de los centros de poder como Masatepe, ni en ningún otro de la Tierra, escaparía a esos tentáculos viscosos; y si hasta el magnate Henry Ford, quien había pagado de su abundante bolsillo la impresión de ediciones enteras del folleto en Estados Unidos, creía en esa fábula urdida con habilidad pueril, cómo no iba a convencer a un ebanista de mi pueblo, o a un criador de gallos de pelea de los que se congregaban en la tertulia de las barberías.

Hitler creyó también, o fingió creer en Los protocolos de los sabios de Sión, que le sirvieron de pretexto ideológico para el exterminio de millones de judíos. Cuando me topé con ese folleto, que aún hoy no pierde vigencia, hablo de los años 50 del siglo pasado. Entonces el horror de los campos de concentración nazi era ya cosa más que sabida, aún en los pequeños pueblos como el mío, pero era mucho más fuerte la avidez de la gente sencilla de ser partícipe de los graves secretos que los protocolos revelaban.

Sencillos y letrados, todos somos hijos del mito, y es tentador siempre pensar en términos de fábula; en ese terreno pantanoso, la conspiración y la profecía se hallan a sus anchas para explicar las ocurrencias diarias del mundo, desde las catástrofes naturales a las guerras; no en balde las profecías de Nostradamus reviven cada comienzo de año para develar las contingencias siempre amenazadoras del futuro.

Y Los protocolos de los sabios de Sión, que justificaron los pogromos en la Rusia zarista, y las cámaras de gas de los nazis, no sólo no pierden vigencia hoy, en pleno siglo XXI, sino que engendran descendencia.

Todas las fábulas inventadas por los militantes de la secta QAnon de la ultraderecha de Estados Unidos pertenecen a la misma estirpe alimentada en la puerilidad que lleva a millones a creer que debajo de nuestros pies hay un mundo de aposentos subterráneos donde figuras famosas celebran aquelarres para manipular a su antojo nuestras vidas, cuando en realidad los manipuladores son quienes crean esas leyendas que pertenecen al mejor de los mundos de las historietas dibujadas en cuadros.

Nos hallamos en el apogeo de la era de las realidades alternativas. Ese otro mundo que no vemos, pero desde el que se controlan supuestamente nuestras mentes, responde a los mecanismos naturales a la ficción. Y es regido por claves secretas, como en El código Da Vinci, de Dan Brown.

No es que quiera culpar a Dan Brown de la existencia de QAnon, pero la credibilidad de un dedicado lector suyo, viene a ser la misma. En una ocasión, me encontraba en la iglesia de San Sulpicio en París frente al cuadro de Delacroix Jacob luchando contra el ángel, cuando la voz del guía al que rodeaba un grupo de turistas llamó mi atención: habían viajado hasta allí, desde Ohio o desde Dakota, con el exclusivo propósito de ver el lugar donde Silas, el albino del Opus Dei, busca la clave del paradero del Santo Grial.

Claves siniestras, hilos conductores de la conspiración de que se sienten víctimas, dirigida por estrellas de Hollywood, a cuya cabeza se halla el villano mayor, George Soros, gran maestro del estado profundo, peor que Lex Luthor, el archienemigo de Supermán.

Es una historieta cómica, pero con consecuencias. Uno de los Qanonianos entró disparando en 2016 en una pizzería de un barrio de Washington, ante los ojos asustados del pobre dueño del local. El agresor había sido convencido de que desde allí se dirigía una red de ritos satánicos dedicada a la pedofilia, según la secta descubrió en el texto de correos electrónicos que contenían mensajes codificados. A la cabeza de esa red diabólica se hallaba nada menos que Hillary Clinton, candidata entonces a la presidencia por el Partido Demócrata.

Enlistados por la FBI como terroristas potenciales, los cabecillas de QAnon se hicieron visibles en el reciente asalto al Capitolio. Y como en las tramas de los cómics, responden ante un jefe supremo incógnito que se halla dentro de la misma Casa Blanca, al lado de Trump, y que a través de las redes va dejando rastros para que sean encontrados por los soldados de la causa de la pureza racial.

Que los QAnon pertenecen a una historieta cómica puede verse por sus atuendos, como el de Yellowstone Wolf, con sus cuernos de vikingo, envuelto en una piel de bisonte y su lanza en ristre, y que ahora en la cárcel reclama comida orgánica.

Por supuesto, los QAnon creen en los platillos voladores y en los extraterrestres, desde luego que las civilizaciones intergalácticas desarrolladas están gobernadas por supremacistas blancos. Faltaría más.

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Injerencia estadunidense en los comicios ecuatorianos

El 7 de febrero se celebran comicios presidenciales y legislativos (137 asambleístas) en Ecuador. El candidato mejor colocado para ganar la elección es Andrés Arauz, candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Arauz es el representante de la identidad política llamada correísmo, heredero de una revolución ciudadana a la que el actual gobierno intentó aniquilar y proscribir electoralmente.

Andrés Arauz tiene 37 por ciento de intención de voto en las encuestas más recientes, frente a 24 por ciento del banquero Guillermo Lasso, su principal competidor, quien busca "desterrar de una vez por todas el modelo fracasado de socialismo del siglo XXI". El problema es que es necesario alcanzar 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia al segundo para ganar en primera vuelta. En caso de no hacerlo, habrá segundo round el 11 de abril.

Lenin Moreno es el tercer actor en disputa. El actual presidente acaba de visitar Washington, donde se reunió con uno de los responsables intelectuales del golpe de Estado en Bolivia, Luis Almagro, con el ex director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cubanoestadunidense Claver Carone y con el Fondo Monetario Internacional, con quien Ecuador contrajo una deuda por varios miles de millones de dólares durante la presidencia de Moreno.

Moreno está desesperado y al mismo tiempo temeroso de un eventual regreso del correísmo al gobierno, pues podría ser sujeto de numerosos procesos judiciales por su accionar, y ya ha gestionado su salida del país, con Suiza como destino, nación donde tiene cuentas bancarias resultado de la corrupción y entrega de los recursos del país al capital extranjero y a los organismos financieros internacionales.

Una de sus principales colaboradoras, la ex ministra María Paula Romo, negoció también con la embajada de Estados Unidos su refugio en Washington, siguiendo los pasos de Richard Martínez, ex ministro de Economía, quien fue recompensado en noviembre pasado con la Vicepresidencia del BID.

En paralelo, y al igual que sucedió en Bolivia, comienza a aflorar en la derecha ecuatoriana el discurso de un supuesto fraude electoral. Para ello han creado un "Observatorio para el control electoral" a cargo de Mario Pazmiño, ex jefe de la Policía Nacional, vinculado a los servicios de inteligencia estadunidenses. A este operativo se han sumado el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Internacional Republicano (IRI) de Estados Unidos.

El NDI está reclutando ciudadanos ecuatorianos participantes de los programas de transparencia electoral, liderados por Julian Charles Quibell, funcionario estadunidense que trabaja en el NDI desde hace 18 años y es considerado el gurú de las elecciones en América Latina.

Quibell comenzó sus andanzas en el NDI en 2002, asesorando la red de partidos políticos de derecha en Bolivia durante dos años, para a continuación llegar a la oficina del NDI en México entre 2004 y 2012, desde donde dio el salto a la oficina regional del instituto en Managua, con la misión de organizar acciones contra el gobierno sandinista, entre ellos el diplomado en liderazgo y gerencia pública, financiado por Usaid, espacio pensado para formar y financiar a líderes opositores "emergentes".

El funcionario estadunidense ligado a los servicios de inteligencia tuvo que salir abruptamente de Nicaragua hacia México en enero de 2019, cuando estaba a punto de ser detenido por las autoridades locales a partir de una serie de denuncias en su contra.

En julio de 2020 fue reubicado en la oficina de Ecuador, donde también le fue encomendada la atención a los programas de Bolivia, casualmente dos naciones envueltas en procesos electorales y con posibilidades de victoria de fuerzas de izquierda.

En estos momentos el NDI ejecuta un proyecto en Ecuador financiado con 2 millones de dólares de USAID, con el objetivo de crear condiciones para "garantizar la transparencia y la seguridad" del proceso electoral, con cierto control sobre el proceso y las plataformas digitales destinadas a fiscalizarlo. Entre sus actividades principales, apoya a sectores de la derecha ecuatoriana y a personal vinculado al escrutinio, en un proyecto en cuya ejecución se implica directamente el gobierno de Lenin Moreno, a través de la cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por si no fuera poco, una de las subordinadas de Quibell es la ciudadana ecuatoriano-brasileña Juliana Ferreira Sevilla, quién anteriormente trabajó en la cancillería y tiene vínculos con el CNE, habiendo sugerido incluso realizar las elecciones de manera virtual.

Pero la idea en la que convergen hoy tanto Lenin, como su ministro de Defensa, responsable de la represión en octubre de 2019 y alfil de Estados Unidos, por un lado, y Almagro y el NDI, por otro, es suspender los comicios ante la posible victoria en primera vuelta de Arauz, al igual que sucedió con la de Lucho Arce en Bolivia.

Se hace necesaria la presión internacional para que esto no suceda, y la presión nacional para cuidar cada voto y cada casilla, rechazando tanto la injerencia externa de Estados Unidos, como la interna de sus lacayos locales.

El rol de los cursos de liderazgo del NDI en Nicaragua y la sui géneris Revolución de las chimbombas http://nicaleaks.com/2018/10/04/ el-rol-de-los-cursos-de-liderazgo-del-ndi -en-nicaragua-y-la-sui-generis-revolucion -de-las-chimbombas

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En China, un ex banquero fue ejecutado por "corrupción y bigamia"

Acusado de haber recibido sobornos por más de 200 millones de dólares 

El banquero chino Lai Xiaomin, expresidente del denominado "banco malo" estatal chino Huarong, fue ejecutado este viernes, tres semana después de haber sido condenado a muerte por los cargos de corrupción y bigamia. Xiaomin es el protagonista, según la prensa china, del "mayor caso de corrupción financiera" de la historia del país en una trama de sobornos cuando ocupó un alto cargo en la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC). 

La sentencia del tribunal, que lo condenó a muerte el 5 de enero, dio por probado que Lai solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que "puso en peligro la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo".

El antiguo banquero --que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en 2018-- aceptó sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales dirigentes de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).

Las condenas a muerte son cada vez menos frecuentes en este tipo de casos de corrupción en China, y habitualmente vienen acompañadas de la denominada "prórroga de dos años", que supone que no se ejecuta al condenado a menos que reincida en sus delitos en los dos años siguientes a la sentencia y habitualmente se reduce a cadena perpetua.

Sin embargo, en el caso de Lai jugó en su contra su condición de alto cargo de varios organismos públicos y la "extrema gravedad", según el tribunal, de sus delitos. Lai, detenido desde 2018, fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3,9 millones de dólares, 3,2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.

Entre sus pertenencias figuraba un alto número de inmuebles, relojes de lujo, automóviles, oro y colecciones de arte. Por el momento, y pese a que la Justicia ha ordenado la confiscación de todos sus activos, se siguen sin recuperar 104 millones de yuanes (16,1 millones de dólares, 13,1 millones de euros) obtenidos ilegalmente por Lai.

Huarong es uno de los cuatro "bancos malos" de ese país. Fue fundado en 1999, tras la crisis financiera asiática, con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino. La entidad, tras la llegada de Lai, comenzó a invertir en activos de alto riesgo, según un documental emitido a principios del año pasado por la televisión estatal CCTV.

En ese programa, Lai confesó que prefería los pagos en metálico y que conducía con el maletero lleno de dinero hasta un apartamento al que denominaba "el supermercado", en el que las autoridades encontraron más de 200 millones de yuanes (30,9 millones de dólares, 25,2 millones de euros) en efectivo.

Las confesiones televisadas son cada vez más habituales en China en casos de alto perfil, y la campaña anticorrupción es uno de los programas estrellas del presidente, Xi Jinping.

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