Joe Biden firma la orden ejecutiva acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y el enviado especial para el clima John Kerry | Foto: Mandel Ngan/AFP

El nuevo presidente de EE. UU. lanzó una batería de medidas con las que se propone que el país lidere el combate a la crisis climática global. La letra chica más allá de las frases solemnes.

 

"No vamos a prohibir el fracking, vamos a proteger y aumentar los empleos”. La frase de Joe Biden este miércoles en la Casa Blanca no deja lugar a dudas: aunque la "suspensión del fracking" haya copado los titulares, en verdad la agenda climática presentada por el mandatario no es más que llevar a la práctica lo que había declarado en campaña, cuando expresó: "Nunca dije que me opongo al fracking: dije ’no al fracking en terrenos federales’". Queda claro: Biden no prohibirá la fractura hidráulica en el 90 % restante del territorio.

El presidente demócrata tiene una ventaja: en vistas del grosero negacionismo de Donald Trump, cualquier tibia medida respecto a la crisis climática y ecológica mundial será recibida como un gran avance para combatir un escenario que los científicos, a la luz de la evidencia, piden que se trate como una emergencia.

En conferencia de prensa junto a la vicepresidenta Kamala Harris y el enviado presidencial especial sobre el clima, John Kerry, anunciaron la creación de nuevos roles climáticos, miles de puestos de trabajo y la restauración de la “integridad científica” en su administración.

Biden cumplió con la promesa de reincorporar al país al Acuerdo de París, del que había salido oficialmente en noviembre tras años de gestiones del Gobierno de Trump. Además, suspendió el resistido oleoducto Keystone XL. “Necesitamos un Keystone por día. Eso es lo que realmente significa ‘quedarse sin tiempo’”, respondió Peter Kalmus, reconocido científico y activista climático estadounidense, tras el anuncio. Para el especialista, el Acuerdo de París, que ya cumplió cinco años, no está “ni cerca” de las acciones que realmente se necesitan.

"Nos estamos quedando sin tiempo” es una de las frases predilectas del flamante presidente norteamericano en lo que a la crisis climática refiere. Con su batería de medidas busca mostrar compromiso por parte de Estados Unidos, ausente en las cumbres climáticas de los últimos años pese a ser el segundo país más contaminante del mundo.

Entre sus objetivos figura el “empoderamiento” de trabajadores y empresas estadounidenses para que lideren lo que llama “una revolución de energía limpia” para que el sector energético se independice del carbono para 2035, comprometiéndose en un “camino irreversible” hacia una economía con cero emisiones para 2050. Una concepción curiosa de lo que significa “quedarse sin tiempo”.

Tras cuatro años de desfinanciamiento de las políticas ambientales y promoción de más actividades ecodestructivas (el último intento de Trump fue la oferta de licencias para la explotación petrolera en el Ártico, que resultó fallida por falta de participación), el comunicado de prensa de la Casa Blanca enfatiza que las medidas climáticas de Biden apuntan al "talento y la capacidad de innovación" de los trabajadores, a revitalizar el sector energético de EE. UU., conservando los recursos naturales, aprovechándolos camino a “un futuro de energía limpia, creando empleos bien remunerados, con la oportunidad de afiliarse a un sindicato, y brindando justicia a las comunidades que han sido sometidas a daños ambientales”.

La potencia imperialista es el segundo contaminante a nivel mundial detrás de China. Como tal tiene la posibilidad de arruinar ecosistemas y disparar verdaderas “bombas climáticas” con una mera orden ejecutiva. Barack Obama, del que Biden fuera vicepresidente durante ambos mandatos, se jactaba de ser el que más pozos petroleros perforó, habilitando la fractura hidráulica pese al repudio de las comunidades por la contaminación, la destrucción y el riesgo sísmico.

Biden suspende nuevas licencias, pero no erradica el fracking. Desde 2010 en adelante, en plena era Obama, esta práctica se multiplicó exponencialmente, por lo que para acercarse a sus compromisos de “energía limpia” y “cero emisiones” Biden debería desandar el camino de la administración demócrata previa y el innegable aporte republicano de los últimos años. Y eso solo en el territorio norteamericano.

Estados Unidos intenta adecuarse cinco años después a los objetivos del Acuerdo de París. Ahora los expertos coinciden en que, aun si todas las naciones firmantes cumplieran sus premisas, el calentamiento rondaría los 2.6 – 3.1° C para 2100, mucho más que el límite de aumento de 1.5º C que fijó el tratado climático, suba de temperatura a la que nuestro planeta llegaría entre 2030 y 2052. El último umbral de seguridad al que podríamos aspirar.

Es claro que se necesita mucho más que no ser Trump para combatir un escenario de posible colapso climático y ecológico. Las medidas insuficientes, simbólicas y tardías de la mayor potencia mundial no hacen más que confirmar lo que decían los letreros en las masivas movilizaciones climáticas: “Hay que cambiar el sistema, no el clima”.

Algunas de las medidas de Biden-Harris

  • • Ubica la crisis climática en el centro de la política exterior y de seguridad nacional y se plantea ejercer “liderazgo” para subir la ambición global en el combate a la situación. Para ello parte de los objetivos del Acuerdo de París, por lo que EE. UU. se pondría a tono con la Contribución Determinada a Nivel Nacional que le exige a todos los firmantes.
  • • Biden será anfitrión de una Cumbre de Líderes Climáticos el 22 de abril, Día de la Tierra, y volverá a convocar al Foro de Grandes Economías. Creó un nuevo cargo, que ocupa John Kerry: enviado presidencial para el clima, que integrará el Consejo de Seguridad Nacional y, según la resolución, actuará como “presión” norteamericana para apuntalar los compromisos en foros internacionales. En lo que respecta a la situación doméstica y sin brindar mayores precisiones, Biden encargó a Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, que confeccione un reporte sobre las implicancias de seguridad vinculadas a la crisis climática.
  • • Se crea la Oficina de Política Climática Nacional de la Casa Blanca, dirigida por un asesor climático nacional y un asesor climático nacional adjunto. Tendrán despacho en la Casa Blanca y coordinarán e implementarán la “agenda climática” del presidente. También habrá un Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima, con veintiún líderes de distintas carteras, es decir, una suerte de gabinete climático.
  • • Con el espíritu de “liderar con el ejemplo” y de acuerdo con el plan de recuperación económica impulsado por Biden, en el cual afirman que los empleos en energías limpias son un pilar, les ordena a las agencias federales que se abastezcan de energías limpias y libres de carbono y vehículos que no contaminen. Con esto aspiran a crear miles de puestos de trabajo en el sector, "bien pagos y sindicalizados", inspirados en la orden de “Compre norteamericano”.
    • Entre las medidas que más “revuelo” causaron se encuentra la orden al secretario de Interior para que suspenda nuevas licencias de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales. A su vez, sin darlas de baja, le pide una “revisión profunda” de todas las concesiones vigentes hasta la fecha en el área de combustibles fósiles. Se eliminan a su vez los subsidios al sector y se busca identificar cómo “duplicar la producción de energía renovable a partir de la energía eólica marina para 2030”.
    • Quieren reconstruir la infraestructura para adaptarla a una “economía sustentable”: prometen crear empleos en construcción, manufactura, ingeniería y otros oficios especializados para reducir la contaminación climática.
    • Se propone conservar el 30 % de tierras y océanos hacia 2030 y llaman a crear la Iniciativa del Cuerpo Civil del Clima para que la población ayude a restaurar y conservar tierras y aguas públicas, reforestando y protegiendo la biodiversidad. También solicita al secretario de Agricultura que recopile información de agricultores, ganaderos y otros sectores interesados sobre cómo fomentar prácticas agrícolas “climáticamente inteligentes” para reducir y secuestrar carbono.
    • Crea una suerte de grupo asesor, coordinado por el asesor climático nacional y el director del Consejo Económico Nacional, para ayudar a las comunidades de plantas de energía de carbón y a las áreas de gas y petróleo para avanzar en reducción de emisiones de gases tóxicos y GEI, previniendo el daño a sus comunidades.
    • Habla de “justicia ambiental” y “estímulo de oportunidades económicas”: Biden solicita a cada cartera de su Gobierno el desarrollo de políticas que aborden “los impactos desproporcionados en la salud, el ambiente, la economía y el clima en las comunidades desfavorecidas” y crea dos organismos asesores en materia de justicia ambiental. Crea la Iniciativa Justicia40 por la que se comprometen a entregar el 40 % de los beneficios generales de las inversiones federales a comunidades desfavorecidas.
    • Se restablece el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente. A su vez, Biden firmará un memorando cuyo objetivo declarado es “proteger a los científicos de la interferencia política” que garantice que puedan pensar, hablar y aportar libremente información valiosa para el país. A las dependencias de su Gobierno les pide que tomen decisiones basadas en “la mejor ciencia disponible”, ya que “la interferencia política inadecuada en el proceso científico, con el trabajo de los científicos y en la comunicación de hechos científicos socava el bienestar de la nación”.

Por Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Miércoles 27 de enero | 20:00

Publicado enMedio Ambiente
El laberinto de la economía venezolana

La economista venezolana Pasqualina Curcio explica por qué se llegó a esa situación

 

El PIB venezolano cayó cerca del 70% desde el 2013 hasta la fecha, y la economía está en estanflación. Pasqualina Curcio, economista venezolana, explica para Sptunik por qué se llegó a esa situación, qué ha hecho el Gobierno, y algunas de las disyuntivas principales que actualmente atraviesa el país.

Venezuela está bajo un proceso de estanflación, es decir recesión e inflación, desde el año 2013. Es la primera característica que indica Pasqualina Curcio, economista, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, autora de una serie de libros sobre el pasado y presente de la economía venezolana.

El producto interno bruto (PIB) cayó alrededor de 70% desde el 2013 hasta la fecha, explica Curcio. Además, con el «proceso inflacionario, incluso hiperinflacionario, hemos tenido variaciones de precios mayores al 50% mensual, donde solamente en 2018, que fue el pico, se llegó a 130.060%, según cifras oficiales».

El PIB y la inflación son, junto con el desempleo, algunos de los grandes indicadores de la economía. Este último, según el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional, se ubica en 8,8% para 2020, dos puntos más respecto al 2019, lo que, para Curcio, «a pesar de la caída importante del PIB, no es una cifra de desempleo alarmante».

Con esos números se obtiene una fotografía de una economía que tuvo grandes transformaciones. «Lo importante, además de la caracterización, son las causas», señala la experta, para quien existen varios elementos centrales que dan cuenta de la actual situación.

Las causas

A partir de 2013 —cuando comienza el Gobierno del presidente Maduro- «se intensifica el proceso de la guerra económica, que se enmarca en una guerra no convencional«, analiza Curcio.

El desarrollo de la guerra económica tuvo, desde esa fecha, varios momentos y elementos determinantes. Uno de los primeros fue «un desabastecimiento programado y selectivo de bienes, en 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, que no fue producido por una caída de la producción, sino por una alteración de los mecanismos de distribución».

En paralelo a ese fenómeno interno, «y de manera encubierta», explica, comenzaron las acciones internacionales, como la «manipulación del índice financiero del riesgo país cuando Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos de deuda externa, y problemas para las transacciones financieras».

Un punto central de la escalada fue en agosto de 2017, coincidente con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando comenzaron las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana y la empresa estatal PDVSA, columna vertebral de la economía nacional. La agresión pasó entonces de encubierta a abierta.

PDVSA

«Iniciaron formalmente las trabas financieras, se le impedía a PDVSA que refinanciara su deuda, que realizara sus pagos, adquiriera repuestos e insumos para la producción, y en Venezuela PDVSA es la empresa que genera históricamente el 90% de los ingresos en divisas del país», explica Curcio.

 

El ataque a PDVSA desencadenó varias consecuencias: al caer la producción, con un mínimo de 400.000 barriles en el 2020, «cayeron las exportaciones, los ingresos en divisas, y en consecuencia tuvimos menos recursos para para importar bienes de consumo final, bienes, insumos, materia prima y repuestos para la producción no solo petrolera, sino del resto».

El impacto afectó además «la posibilidad de honrar los compromisos de deuda externa porque disminuyeron las divisas que estaban entrando, y afectó las reservas internacionales, nuestros ahorros, y, por lo tanto, al disminuir entonces hubo que disponer de la reserva». Las reservas internacionales pasaron de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2013, a cerca de 6.000 millones en la actualidad.

Hundir la moneda

Otra de las armas que han aplicado, que explica particularmente la inflación, es el ataque al bolívar, explica Curcio, quien señala que, si bien los primeros ataques a la moneda empezaron en el año 2006, cuando «comenzaron a posicionar un supuesto precio del bolívar que no era el verdadero precio», el ataque central comenzó a partir del 2012-2013, hasta agudizarse en el 2017.

Eso es lo que ha generado una hiperinflación, desde el 2012 hasta hoy, según los portales que posicionan un supuesto precio del bolívar, esa supuesta depreciación de nuestra moneda, va por alrededor de un millón de millones por ciento». En el 2012, un dólar era equivalente a ocho bolívares, y actualmente equivale a 1.500.000 bolívares soberanos, es decir 150.000 millones en el bolívar antes de la reconversión del 2018.

 

«Con toda responsabilidad, en Venezuela han pasado muchas cosas estos años en lo económico, lo político, pero jamás que pueda explicarse que el bolívar se haya depreciado un billón por ciento».

 

Ese ataque a la moneda fue confesado en diciembre del 2019 por el senador estadounidense, Richard Black, quien afirmó respecto a Venezuela: «Hemos desmonetizado su moneda, y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos ‘miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’, bueno no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».

Los efectos

El ataque sobre la moneda desencadenó efectos críticos en la economía. Al generar un proceso hiperinflacionario, con un «aumento de precios diariamente, de manera rápida y desproporcionada», se deterioró el salario real.

Con ese deterioro «se pierde el poder adquisitivo en los hogares, se establecen prioridades de consumo, se dejan cosas sin adquirir, y eso repercute sobre la producción, porque si no tienen quienes les compren no necesariamente producen, y genera contracción en la economía».

 

Un fenómeno similar ocurrió en la administración pública, el Estado, analiza Curcio. Allí, ante una inflación impredecible, «el presupuesto previsto no le alcanza al Estado, impacta sobre su desempeño en todos los servicios que presta desde electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, educación, el servicio penitenciario, judicial», algo que es visible en la cotidianeidad venezolana, en particular fuera de la capital del país, Caracas.

Las respuestas

El Gobierno desarrolló varias respuestas a lo largo de los años. Ante el desabastecimiento, por ejemplo, fueron creados en el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que permitieron generar un proceso de organización para distribuir alimentos subsidiados por el Estado.

A principios del 2018 «se anunció la creación del petro, que nació como una criptodivisa, principalmente para sortear el bloqueo del sistema financiero». Pocos meses después de su creación, el petro fue sancionado por una orden ejecutiva de Trump.

En agosto de ese año, el Gobierno anunció el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, «hizo un ajuste de los salarios de casi 3.700%, sin embargo, ese ajuste en septiembre ya comenzó otra vez a deteriorarse, comenzaron a atacar otra vez el bolívar, y en menos de un mes duplicaron el tipo de cambio».

El Plan incorporó otra medida central: la flexibilización del control de cambio. «Se lo hizo con la esperanza de que podrían venir inversiones extranjeras privadas, porque una de las excusas era que no tenían dónde transar las divisas de manera libre», explica Curcio. Sin embargo, «las inversiones no necesariamente han llegado, no porque no esté libre el sistema cambiario, sino porque están observando la situación estanflacionaria que genera inestabilidad en el momento de realizar inversiones».

La situación en el marco del bloqueo económico, llevó al Gobierno a aprobar en octubre del 2020 la Ley Antibloqueo, con el fin, entre otras cosas, de atraer capitales privados.

La Ley Antibloqueo

«Es necesaria una ley contra el bloqueo», afirma Curcio. Sin embargo, plantea dudas sobre su efectividad: «Ciertamente requerimos que ingresen divisas, pero hasta qué punto esas divisas, si es que ingresan, no se terminarán yendo en un escenario de libre cambio, en el marco de una depreciación inducida que continúa por el ataque al bolívar».

Aún es temprano para saber la efectividad de la Ley Antibloqueo, en particular porque sus cláusulas indican que el proceso de inversiones no es público. Pero Curcio, investigadora de la historia de la economía venezolana, sostiene que «pensar que ahora el sector privado y las inversiones privadas extranjeras son las que van a resolver el problema actual de Venezuela es ingenuo si vemos un comportamiento de más de medio siglo».

Según ella, «el Estado venezolano tiene recursos suficientes, no solo es el petróleo, también está el oro y otros minerales, de manera de poder enfrentar esta guerra económica, no significa que el capital privado no venga, si van a venir y se van a llevar las poquitas divisas como han estado acostumbrados, no estamos resolviendo el problema».

La disyuntiva

Finalmente, Curcio plantea un debate central: cómo se reparte la riqueza generada en el país.

«En procesos inflacionarios, y sobre todo hiperinflacionarios, la inflación a quien más termina afectando es a la clase obrera, trabajadora, por la vía del salario, porque mientras los dueños del capital tienen la posibilidad de fijar los precios en la correlación de fuerzas del mercado, sobre todo si son monopolios, pero el trabajador no tiene la posibilidad de fijar su salario».

 

Según números del Banco Central de Venezuela, en el 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados, y el Estado obtenía 13%. Ese número, en el 2017 —datos más actualizados— se modificó a favor de los privados, que pasaron a obtener el 50%, y en detrimento de los trabajadores con 18% y el Estado con 9%.

Así, en el proceso de reducción del PIB, el total se fue repartiendo de forma cada vez más desigual en favor de «los dueños del capital». Los salarios reales, del 2018 a la fecha, cayeron 99%, y, si bien el Estado mantuvo cerca del 75% del presupuesto destinado a la inversión social, ese monto fue sobre un total más reducido percibido por el Estado.

Curcio insiste en que «no puede ser la clase trabajadora la que reciba el mayor impacto de la guerra económica». Uno de los primeros pasos es aumentar los salarios, y una de las vías es a través de impuestos, «los más progresivos, los impuestos sobre la renta y las grandes fortunas (…) es un tema de redistribución, son capitales que se están llevando más de lo que se llevaban antes de la torta, e históricamente no han pagado suficientes tributos».

Por eso, Curcio, plantea que exista una gran disyuntiva: «O aumento el dinero para aumentar el salario de los trabajadores y con eso reactivo la demanda y el consumo para reactivar la producción, o simplemente dejo que sigan aumentando los precios independientemente de lo que pase con los salarios y que siga cayendo la producción».

Por Marco Teruggi | 28/01/2021

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El presidente Joe Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas en la Casa Blanca para atender las crisis que marcan prioridad en su agenda. Lo observa la vicepresidenta Kamala Harris.Foto Afp

El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños migrantes, mientras el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su par ruso, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.

Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrieron los ojos de millones de estadunidenses y millones en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.

También recordó que entre quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las cuatro que sufre el país junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático, que ha identificado como las prioridades de su gobierno.

Sus órdenes ayer, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de migrantes jamaiquinos y esclavos estadunidenses), son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno.

En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid-19 que los blancos y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada 11 latinos están ahora desempleados, mientras las comunidades indígenas sufren condiciones aún peores.

Una de las órdenes firmadas ayer –la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas– es parte de la respuesta a demandas para reformar el sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de migrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, 81por ciento de migrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.

Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y dar pasos para combatir la xenofobia y los actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el virus chino).

Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorando del gobierno de Trump que proclama una política de tolerancia cero, según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad que viajan con adultos no podían permanecer encarcelados con ellos, de acuerdo con la ley, y como resultado agentes federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenara en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.

Relaciones exteriores

Mientras el enfoque político del gobierno de Biden ayer fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la externa. Biden se comunicó la tarde de ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de abordar varios temas, como extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) y también para expresar críticas y advertencias.

Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas. Agregó que también se habló de la agresión contra Ucrania y de las versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.

Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden ayer fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia.

A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.

No todo cambia

Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como halcón y fue opositor a la normalización de la relación diplomática con Cuba (él es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).

Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y ayer la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, sólo reiteró que el objetivo de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela por medio de elecciones libres e imparciales y subrayó que Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y buscará proceder por conducto de la diplomacia multilateral.

¿Impunidad otra vez?

Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado estuvo a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, sólo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los demócratas (50), lo que indica que no habrá suficientes votos –por ahora– para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para comenzar el 9 de febrero.

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Alberto Fujimori, a un paso de ser juzgado por esterilizaciones forzadas

El 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad.

 

El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanosEl 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.

La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exdictador de 82 años.

El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos años después será vista por un juez.

“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien después de esa investigación definirá si se pasa o no a juicio oral. Esta investigación, por ser un caso complejo, con más de mil víctimas que viven en zonas alejadas del país, podría tomar entre dos y tres años. Recién entonces comenzaría el juicio oral, eso si el juez decide en ese sentido, que es lo que esperamos ocurra, porque también podría archivar el caso. El juicio oral podría tomar otros cinco o seis años, recién entonces tendríamos una sentencia. Las penas contra Fujimori y los otros acusados podrían ser de ocho a diez años”, le señaló a Página/12 el abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa legal (IDL), que defiende a un grupo de víctimas.

La acusación de la Fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con engaños, sin informarles adecuadamente. Y establece que esa fue una política del gobierno de entonces. La defensa de los acusados señala que las esterilizaciones fueron autorizadas por las víctimas, pero los testimonios de esas víctimas y los documentos que se han podido rescatar desmienten este argumento.

“La información que se tiene indica que las esterilizaciones fueron forzadas. Existen los testimonios de las víctimas que señalan que fueron esterilizadas contra su voluntad. Y en los casos que se tienen las historias clínicas -la mayoría ha desaparecido, lo que es un ocultamiento de pruebas- o no existe un documento en el que se autorice la esterilización o hay una autorización firmada por la víctima pero que está escrita en español cuando las víctimas son quechuahablantes y no hablan español. Las hicieron firmar con engaños”, indica el abogado Florián.

“Enfermeras vinieron a buscarme a mi casa, me llevaron, en un cuarto me amarraron las manos y me ligaron”, le relató Norma Mori, una de las miles de mujeres esterilizadas, al diario La República. “Yo les dije que no, siempre les decía que no, pero me obligaron”, es el testimonio de otra víctima, Victoria Ccoya.

Este caso también ha sido llevado, por las víctimas y la organización Justicia y Reparación, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Para que Fujimori pueda ser juzgado por las esterilizaciones forzadas se deberá solicitar una ampliación de la extradición otorgada por Chile, país donde fue detenido y del que fue extraditado en 2007, ya que la extradición para que sea juzgado en el Perú no incluyó este caso. El camino todavía es largo, pero ya se comienza a desmontar la larga impunidad por las masivas esterilizaciones forzadas. 

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Policías detienen a un manifestante en Rotterdam por violar el toque de queda.  ________________________________________ Imagen: AFP

Al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.

Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primer vez en el Reino Unido. El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21:00 y 4:30 horas las personas deberán permanecer en sus casas, de lo contrario deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el nueve de febrero.

Asimismo, el ministro de Finanzas neerlandés Wopke Hoekstra confirmó que a pesar de las manifestaciones el gobierno no suspenderá el toque de queda establecido desde el sábado. "No se capitula ante las personas que rompen los frentes de las tiendas” dijo Hoekstra en referencia a los disturbios. En las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a un grupo de personas saqueando un comercio en la ciudad de Bolduque y a un reportero gráfico golpeado con un ladrillo en la cabeza por varios manifestantes que lo perseguían en Haarlem, un suburbio de Ámsterdam.

En Hertogenbosch, una localidad unos 100 kilómetros al sur de la capital, hubo saqueos en tiendas, supermercados, también hubo daños a vehículos. El alcalde de Hertogenbosch, Jack Mikkers calificó los incidentes como un “inimaginable rastro de destrucción”. En Rotterdam, otra de las ciudades más afectadas, el intendente Ahmed Aboutaleb emitió un decreto para ampliar los poderes de arresto de la policía. “Se llevaron a cabo arrestos por parte de la policía antidisturbios”, reportó la alcaldía en Twitter e instó a la población a “abandonar la zona” de la protesta. 

Por su parte, el intendente de Haarlem, Jos Wienen describió las manifestaciones como un “disturbio serio del orden público” y agregó que “todos queremos se libres de movernos. Pero eso no le da el derecho a nadie de incendiar o cometer vandalismo”. Las principales ciudades de los Países Bajos empezarán a tomar medidas de emergencia para prevenir más disturbios.

Además, el jefe de la Policía de Rotterdam, Fred Westerbeke, denunció que los participantes en los disturbios evitaron en un primer momento que los bomberos actuaran para atender a varias personas que necesitaban ayuda, incluidas una niña con discapacidad y un anciano. 

El Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anti-cuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. “Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas, esto es violencia criminal”, afirmó Rutte.  "Debemos ganar juntos la batalla contra el virus, porque sólo entonces podremos recuperar nuestra libertad", agregó.

 Henk Ferwerda, especialista en criminología, dijo que la manifestación fue "secuestrada" por violentos. "Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos", añadió.

Según informó el diario británico The Guardian, el pasado fin de semana la policía detuvo unas 300 personas luego de que jóvenes lanzaron piedras -y en un caso cuchillos- a los oficiales, atacaron un hospital. El domingo en la ciudad de Urk, ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Ámsterdam, un grupo de jóvenes incendió una estación de testeo de Covid-19. Al menos unas 5,700 multas fueron emitidas por incumplir el toque de queda.

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Se cumple un año desde la posesión de Claudia López Hernández como la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Elegida como una opción diferente a su antecesor, con parte de cuyas políticas aseguró rompería, y retomar las que valieran la pena –es decir, ya saben, construir sobre lo construido–. Pasados los primeros 12 meses es momento de hacer un balance de su gestión.

 

Si bien este ha sido un año marcado por la pandemia, lo que lo resalta en sus particularidades, hay grandes asuntos que son indicadores de la ruptura o continuidad con el modelo de ciudad de Peñalosa. Los principales rasgos de ese modelo de ciudad se encuentran en la movilidad, ambiente, integración regional y por supuesto, el ordenamiento territorial, por ello es importante analizar cada uno de ellos.

 

Movilidad

 

En este aspecto, Claudia López aseguró que no construiría varias vías proyectadas, entre ellas las troncales de la Séptima y de la Avenida 68; tampoco la Avenida Ciudad de Cali ni el fragmento de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) que cruza la reserva Thomas Van Der Hammen. Por otra parte, aseguró continuar con la construcción del metro elevado y llevarlo hasta Suba y Engativá.

El balance en esta materia es amargo: Pocas semanas después de su posesión, en enero 23 de 2020, llegó la primera decepción, la adjudicación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68; la alcaldesa argumentó que no fue posible frenar la licitación y por eso tuvo que adjudicar.

Varios meses después, en octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció los cuatro consorcios responsables de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali, que se extiende por la Autopista Sur desde Soacha hasta la Avenida Las Américas. Finalmente, en noviembre, presentó el “diseño conceptual” para el “corredor verde” de la Carrera Séptima, con el cual se sella la continuidad del modelo Peñalosa en cuanto a movilidad: una ciudad condenada a un sistema de transporte basado en BRT (Bus Rapit Transit). Lo único que parece mantenerse es la promesa de proteger la Reserva Van Der Hammen, en tanto cumpla el anuncio de no construir sobre ella el tramo de la ALO.

Por otra parte, uno de los principales puntos de controversia en materia de movilidad ha sido el Metro de Bogotá, en tanto Enrique Peñalosa, sin ningún sustento técnico, decidió cambiar el Metro Subterráneo que contaba con estudios avanzados e ingeniería de detalle, por uno Elevado que en la práctica es un alimentador de Transmilenio. Peñalosa convenció a diversos sectores de su conveniencia, con supuestas virtudes técnicas, menor costo y tiempo de construcción. Fue así como sus mayorías en el Concejo de la ciudad aprobaron vigencias futuras pazra la financiación de este nuevo e improvisado diseño. En la campaña por la Alcaldía, este fue un debate central; la entonces candidata Claudia López, junto con la bancada de concejales del Polo Democrático, demandaron dicho proyecto por considerar que: 1) no estaba concebido dentro del POT vigente, 2) Irregularidad en la Declaratoria de Importancia Estratégica y 3) No había estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

En total, fueron diecisiete (17) las demandas al Metro Elevado. Sin embargo, una vez electa alcaldesa, no dudó en respaldar lo proyectado por Enrique Peñalosa. Los recientes hallazgos de la Contraloría Distrital ratifican buena parte de las denuncias e irregularidades frente al proyecto adjudicado. Así las cosas, el Metro que la alcaldesa sigue respaldando tardara más, será más corto, con menos estaciones y aún no puede precisarse su costo real. Este es un tema en el que se profundizan las diferencias.

 

Ambiente

 

En esta materia, Claudia López se comprometió a proteger la estructura ecológica principal, lo que le favoreció para contar con el respaldo de un número importante de ambientalistas; de hecho firmó un acuerdo con diversas organizaciones con el fin de revisar una serie de medidas adoptadas por el gobierno Peñalosa, tales como las obras que se adelantan en los humedales para implementar ciclorrutas y otras superficies duras que convierten estos ecosistemas en espacio público y prestar “servicios ambientales”. El acuerdo, que consta de 17 puntos, hace parte de las exigencias que hoy las organizaciones sociales y ambientales le hacen a su administración, dado que, por ejemplo, los contratos para las obras en los humedales han seguido su curso y el “endurecimiento” de sus rondas no parece tener freno.

En otro particular, en el caso de la Reserva Thomas Van Der Hammen, en enero de 2020 la alcaldesa retiró la solicitud de sustracción y realinderamiento realizada por la administración anterior. A su vez, los proyectos Parque Lineal Río Bogotá y el Sendero de las Mariposas parecen estar anulados. En medio de estas agua tibias, el balance final en materia ambiental dependerá del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Integración regional

 

Frente al modelo de integración regional, la actual administración, junto con la Gobernación de Cundinamarca, presumen como un gran logro la aprobación en el Congreso del acto legislativo que crea la Región Metropolitana. Ahora bien, la Ley Orgánica que la reglamenta ya se encuentra en camino. Sin embargo, esta figura cercena la participación ciudadana, desconoce la autonomía territorial y parece encajar a la perfección con el modelo de ciudad extendida de Peñalosa y sus patrocinadores, especialmente las constructoras, inmobiliarias y ProBogotá.

A finales de noviembre, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo Región Metropolitana interpuesto por las congresistas: María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia y las concejalas de Bogotá: Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal, fundamentado en cuatro cargos, a saber: 1) vicios de procedimiento en el trámite legislativo, 2) sustitución de la Constitución, 3) violación del principio de autonomía territorial y 4) omisión del deber de consulta previa. Así que, este debate será protagonista en este año, mucho más cuando debe ser discutido en el Concejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca y sus municipios para completar su conformación. El modelo de integración regional, reconocido como necesario, debe garantizar un consenso social, político, ambiental y económico con las fuerzas vivas de la región, para que así sea posible solucionar los problemas de conurbación, protección de la estructura ecológica regional, ocupación y uso del territorio, movilidad, entre otros asuntos. No obstante, este modelo de integración, tal como va, es la continuación de la ciudad extendida de Peñalosa. El balance es negativo y el debate está abierto.

 

Ordenamiento Territorial

 

En la actualidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004. Los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores terminaron fallidas. Gustavo Petro, en 2013, firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, modificación que ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad para el cambio climático. Sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque completamente opuesto al de su antecesor, enfatizó en la infraestructura vial, grandes proyectos de vivienda y un modelo de ciudad centrado en el concreto. Su propuesta de POT, presentada ante el Concejo de Bogotá, finalmente, y en la última etapa de esa administración, se hundió.

El gobierno de Claudia López tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, proyectando un modelo urbano sostenible. Así que, buena parte de los encuentros o rupturas con el modelo de ciudad de Peñalosa se verán aquí. La alcaldesa designó a Adriana Córdoba, Secretaria de Planeación, como la funcionaria responsable de entregar el nuevo POT, quien renunció finalizando el 2020 en medio de rumores sobre diferencias con la alcaldesa por la derogatoria de algunas resoluciones expedidas por la administración anterior que eliminaban los riesgos de inundación y que permitían urbanizar el borde del río Bogotá, aunque públicamente las razones de su renuncia se argumentan como personales. En su reemplazo nombraron a María Mercedes Jaramillo, quien ocupaba el cargo de directora de la Empresa Renovación Urbana, pero además quien venía de una Gerencia de ProBogotá y ahora tiene la responsabilidad del nuevo POT para la capital del país.

La alcaldesa ha manifestado que la meta es entregar una propuesta al Concejo en marzo de 2021, y anunció que el POT cuenta con algunas líneas estratégicas entre ellas: la Integración de la ciudad con la región, Cambio climático y la gestión del riesgo, Recuperación de la Estructura Ecológica Principal como ordenadora del territorio, Desarrollo rural y la articulación de estos territorios con el entorno urbano con equilibrio territorial.

Así que, amanecerá y veremos. El nuevo POT será fundamental para evaluar que tanta distancia tiene la alcaldesa Claudia López con el modelo de ciudad de Peñalosa.
La pandemia

Finalmente, en un año marcado por la emergencia sanitaria, los confinamientos y las angustias sociales y económicas de la gente, es necesario balancear el manejo de la crisis. Frente a la primera parte de la emergencia, es decir el segundo trimestre de 2020, es necesario retomar la tensión desatada con el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque. Al respecto, es necesario señalar que la alcaldesa, junto con otros mandatarios como Daniel Quintero, Felipe Harman, Iván Ospina, entre otros, asumieron el liderazgo que a Iván Duque tanto le falta. En cuanto a las medidas sociales, tímidamente, la administración distrital realizó algunos esfuerzos por garantizar condiciones mínimas para la ciudadanía. Aunque han intentado mostrar dichas medidas como una Renta Básica, es claro que no corresponde a lo que se entiende por tal.

De otra parte, ante al manejo del segundo pico de la pandemia en la capital, el balance es diferente, la crítica fundamental no deber por irse Claudia López de vacaciones, aunque algunos consideremos que fue inoportuno, el debate fundamental está sobre las garantía y condiciones para el alistamiento social solidario de la ciudadanía, para enfrentar esta nueva etapa de la crisis.
En mayo de 2020, la Alcaldía presentó un Plan de Expansión en Salud con el fin de llegar a 5.000 UCI; a la fecha, según Saludata, se cuenta con 2.265 camas UCI, menos de la mitad de lo proyectado en el Plan de Expansión. Además, en el conjunto del sistema de salud parece que no hay mejoras: transcurrido cerca de un año de la primera emergencia estamos casi como al principio. La infraestructura de la red hospitalaria, las medidas de atención de salud en casa, así como las condiciones laborales del cuerpo médico siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la administración avanza en su decisión de demoler el Hospital San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural –BIC–, que además podría cumplir un importante papel para el sistema de salud y la formación del personal médico, tan importante en estos momentos para la capital y el país.

Sin duda alguna, sabíamos que con el fin de año y las actividades en la ciudad era previsible el pico que hoy afecta a su población, lo que se reclama es preparación, planes de contingencia, alistamiento en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento con un escenario en alerta roja. Cualquiera esperaría un mejor despliegue de gobierno luego de casi un año de aprendizajes, lamentables pérdidas humanas y materiales.

Las medidas restrictivas en la ciudad, las necesidades sociales y económicas en medio de la pandemia, han traído también protestas de la ciudadanía. Al respecto, a pesar de la fuerte posición de la alcaldesa frente al abuso de la policía, como vimos tras el episodio doloroso de la masacre en Bogotá en septiembre de 2020, las medidas concretas de actuación en la protesta social no han cambiado. No podemos estar de acuerdo con ese tratamiento, no es posible, en ninguna circunstancia, que lleguen primero los gases que las ayudas para la gente. Así que, pese a los esfuerzos por volver a una política fundamentada en el diálogo y la mediación, parece que la concepción instalada en la institucionalidad de la ciudad sobre la protesta social y la lógica de “seguridad” ciudadana de Peñalosa, han continuado en esta alcaldía. Ese es un aspecto que requiere una pronta revisión, aún estamos esperando respuestas, ¿Quién dio la orden?

Con este balance de un año de gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que, ahora cuando suenan campanas de revocatoria, ahora que las fuerzas democráticas han anunciado que NO respaldarán los intentos de las fuerzas políticas tradicionales por recuperar el terreno perdido en Bogotá, Claudia López tiene la oportunidad de gobernar distinto. Es necesario romper con un modelo que favorece a los intereses privados, corporativos y políticos de las elites de antaño por encima de los intereses generales y públicos.

No basta con gobernar distinto, si los intereses no cambian a favor de la ciudad y de su gente.

Publicado enEdición Nº275
Para los países de la UE Guaidó es ahora "un interlocutor privilegiado"

Juan Guaidó ya no es considerado presidente interino de Venezuela, sino un "interlocutor privilegiado", declararon ayer los estados de la Unión Europea en un comunicado, al manetener su decisión de rebajar el estatus del líder opositor.

Los 27 países miembros de la UE habían dicho desde el pasado día 6 que ya no podían reconocer a Guaidó, ya que perdió su puesto como jefe de la Asamblea Nacional luego de las elecciones legislativas en Venezuela en diciembre pasado, a pesar de que el bloque no reconoció esa votación.

Tras la disputada relección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Guaidó, como jefe del Congreso, se proclamó presidente interino de Venezuela y todavía es reconocido así por Estados Unidos y Gran Bretaña.

El estatus de presidente interino da a Guaidó acceso a fondos confiscados a Maduro por los gobiernos occidentales, además de permitirle acceso a altos funcionarios internacionales.

Los 27 miembros de la UE consideran que ahora él es parte de la oposición, a pesar de una resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada para que los gobiernos del bloque mantuvieran el reconocimiento de jefe de Estado a Guaidó.

"La UE repite sus llamados en pro de la libertad y la seguridad de todos los opositores políticos, en particular los representantes de los partidos de oposición electos a la Asamblea Nacional de 2015, y especialmente a Juan Guaidó", se explicó al término de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

"La UE los considera actores importantes e interlocutores privilegiados", se indicó en el comunicado del bloque.

En Caracas, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo que la oposición debe revaluar su estrategia y sentarse en una mesa de negociaciones con el gobiero para buscar una solución a la crisis política.

"El mundo libre insta a una solución política. Yo sí creo que hay que construir un proceso de negociación", sostuvo Capriles, quien enfrentó a Hugo Chávez en los comicios de 2012 y un año después, tras la muerte del entonces presidente, a Nicolás Maduro.

"Del lado del chavismo hay quienes quieren la negociación", añadió en un encuentro con corresponsales extranjeros en Caracas. "El año pasado hubo un primer esfuerzo, aunque no se llegó hasta el final", lamentó Capriles, quien afirmó que "aún es posible reunificar a la oposición".

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Ola de violencia callejera en Holanda contra el toque de queda

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, tildó ayer de “violencia criminal” los disturbios que convirtieron Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h, la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia desde marzo y que llega a unas semanas de las elecciones legislativas.

La Policía neerlandesa detuvo al menos a 151 personas durante choques entre los agentes y grupos de jóvenes, en la que es ya la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos.

Aunque el toque de queda en la práctica no afecta a la rutina social de un país donde se cena temprano y en el que toda la actividad no esencial está cerrada, Rutte no se había atrevido hasta ahora a restringir la movilidad y apostó siempre por apelar al “característico” sentido de la responsabilidad y la “madurez social” de los ciudadanos.

Pero ayer el país amaneció con calles llenas de cristales rotos, comercios saqueados y un hospital apedreado por los manifestantes, que incendiaron un centro de pruebas PCR, quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas, e interrumpieron el tráfico. La policía reaccionó con todos sus medios para dispersar las protestas y utilizó cañones de agua, caballos, perros, gases lacrimógenos y porras.

Los disturbios fueron obra de grupos integrados por algunos cientos de jóvenes que se repartieron a lo largo y ancho del
país, convocando protestas a través de las redes sociales contra el toque de queda, vigente desde el sábado.

Al menos una decena de municipios se vieron afectados por la ola de violencia, en particular Eindhoven, Ámsterdam y La Haya. Se espera que la cifra de detenciones sea aún mayor porque los choques en Bolduque (Den Bosch) y Róterdam fueron especialmente violentos. También hubo movimiento en otros puntos del país, como en Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda y Tilburgo, pero la policía logró controlar la situación de forma más rápida.

El director del sindicato de la policía, Koen Simmers, teme que lo ocurrido solo sea un presagio de lo que vendrá si continúan en vigor las restricciones vigentes desde mediados de diciembre y cree que el malestar social podrá durar “días o semanas”. No se había visto una violencia similar en Holanda desde los enfrentamientos entre la policía y los okupas en los años ochenta. “En Eindhoven, la situación se fue tanto de las manos que los alborotadores han atacado con cuchillos”, añadió Simmers.

Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. El alcalde de la ciudad de Eindhoven, John Jorritsma, llamó “la peor escoria del mundo” a los alborotadores, y alertó de que, si la sociedad no está “unida contra esto (la pandemia), estaremos de camino a una guerra civil”. Al menos 55 personas fueron detenidas al final de la noche.

El alcalde de Tilburgo, Theo Weterings, condenó por “reprobable” e “inaudito” el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio, y subrayó que las tiendas afectadas “pertenecen a empresarios que ya lo están pasando mal” por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esta ciudad.

“Ladrones sin vergüenza, no puedo decir otra cosa. Tuvimos que amenazar con el uso de gas lacrimógeno, una medida de gran alcance, me parece triste porque nunca he tenido que hacer algo así en toda mi carrera”, respondió el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. 

El edil de Bolduque, Jack Mikkers lamentó también lo ocurrido. “Es inaudito lo que ha sucedido esta noche. Esta gente no se da cuenta para nada del miedo, la preocupación, el daño y la vergüenza que producen a los vecinos de la ciudad. Un montón de malhechores lo arruinan todo para muchas otras personas. Somos muchos los que no entendemos nada de este comportamiento”, dijo.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, señaló a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia” con una declaración de una facción del Partido de la Libertad contra el toque de queda, algo que el populista Geert Wilders señaló como “¡inaceptable, antidemocrático y francamente peligroso!”

Agencias

La Haya

26/01/2021 01:27Actualizado a 26/01/2021 09:01

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en septiembre pasado, en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

El mandatario canceló la conmemoración de los acuerdos liderados con éxito por la ONU y que pusieron fin a una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en el país centroamericano

 

Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han pronunciado contra la reciente embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los acuerdos de paz que hace 29 años y liderados por Naciones Unidas pusieron fin a la cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en El Salvador, pero que para el controvertido mandatario son una “farsa”, un “negocio” de élites y un “pacto entre corruptos”. El viernes, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respete los acuerdos y mantenga el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente y piden respeto por la verdad y la memoria histórica.

La indignación creció en el país centroamericano el 16 de enero, cuando por segundo año consecutivo el mandatario rechazó conmemorar la firma de los acuerdos de paz, pero también ordenó a golpe de decreto anunciado por Twitter que esa fecha se convierte en un día para recordar a las víctimas del conflicto. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, escribió Bukele en la red social, su medio favorito para comunicar sus decisiones presidenciales. “Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, insistió.

Para Bukele “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”, sino que se tradujo en “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sellaron los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Ese pacto permitió poner fin a una de las más cruentas guerras que sufrió América, con episodios terribles como la masacre de El Mozote de 1981 cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— asesinaron a al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.

Fue precisamente en El Mozote donde Bukele expresó sus mayores críticas a los acuerdos de paz a finales de diciembre, en un acto público en el que participaron víctimas de aquella matanza. El presidente dijo que la guerra fue una farsa, así como el pacto auspiciado por la ONU. “¡Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas o ¿qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?”, cuestionó. Bukele ya había desatado una crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, después de desobedecer una orden judicial emitida por un juez para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.

Tras las críticas de Bukele, agrupaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto han protestado en San Salvador. El viernes, representantes de varias organizaciones sociales leyeron un comunicado en el que exigen al mandatario cumplir con las “responsabilidades” en materia de derechos humanos que dejaron los acuerdos de paz. “Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote”, dijo David Ortiz, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Además, 107 historiadores, académicos y personalidades de El Salvador y otros países hicieron pública una carta en la que rechazan “enfáticamente” las declaraciones de Bukele. “Nos preocupa que en su calidad de presidente trate con ligereza temas tan importantes”, critican y hacen un llamado a respetar la verdad y la memoria histórica. El documento, publicado por el medio digital El Faro, lleva la firma de personalidades que participaron en el proceso de pacificación que concluyó con la rúbrica del pacto en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas, como Ana Guadalupe Martínez, quien representó en los acuerdos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos cercanos al FMLN. “Prácticamente pocas familias de este país han de haber quedado sin ser tocadas, lesionadas o partícipes de esa confrontación tan larga. Por ello, no solo fue sorpresa, sino que me causó dolor, porque el presidente no tiene empatía para los cientos de miles de salvadoreños víctimas, no solo con los que fallecieron, también con los que todavía estamos vivos. Y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Yo, dije: ‘Bueno, esa declaración retrata exactamente lo que es él, humo. No tiene nada en la cabeza”, dijo la exguerrillera en declaraciones a la cadena Focos TV.

Amanda Castro, hija de víctimas de guerra, dice que Bukele mantiene una “línea negacionista” que atenta contra la memoria histórica de El Salvador. “Es muy grave, son narrativas malintencionadas y perversas que parten de una profunda ignorancia”, afirma Castro a EL PAÍS por entrevista telefónica. “El presidente aprovecha esta fecha [la conmemoración de los acuerdos] para negar la historia. Aunque existan desafíos, no podemos negar los avances que hubo en relación con los acuerdos, porque de ellos surge una institucionalidad en el país, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y se supedita las fuerzas armadas a los poderes civiles”, agrega. Para Castro, el presidente salvadoreño demuestra “claros signos autoritarios y dictatoriales”, que ponen en riesgo los derechos humanos en El Salvador. “Con sus declaraciones negacionistas, burlescas, el presidente coloca otra vez al país en bandos al país, cuando los acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de partidos políticos. Hay que defender esos acuerdos, que hoy las declaraciones de Bukele ponen en peligro”, concluye la también activista.

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 25 ene 2021 - 22:59 UTC

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Lunes, 25 Enero 2021 06:00

Nosotros

Nosotros

Es correcto, como han argumentado varios en la izquierda en México y otros países latinoamericanos, que Joe Biden no es un político progresista, y también que su llegada a la Casa Blanca no modificará los objetivos básicos de la política imperial de Estados Unidos. Todo progresista crítico (o sea, no liberal) en Estados Unidos está de acuerdo. Pero ese no es el punto.

Es desafortunado que algunas partes importantes (con excepciones notables) de las fuerzas de izquierda o progresistas en México y otros países latinoamericanos simplemente no han reconocido y felicitado la lucha de sus contrapartes en Estados Unidos. Aún peor, en algunos casos, han declarado que a fin de cuentas lo ocurrido políticamente en el norte "da igual" visto desde el sur. (Advertencia: aquí se repiten puntos de la columna de la semana pasada para argumentar algo muy sencillo: la lucha de los pueblos por la justicia, la dignidad y la autodeterminación en la coyuntura binacional e hemisférica requiere de la solidaridad en su sentido más amplio).

Lo que acaba de ocurrir política y socialmente en Estados Unidos no se puede entender sin poner al centro la lucha contra el proyecto neoliberal durante cuatro décadas (igual que en México y todo el hemisferio) y en particular el proyecto neofascista encabezado por Trump y sus cómplices durante los últimos cuatro años. El triunfo que se logró no se llama Biden sino la derrota de un proyecto neofascista, y con ello se abre otra etapa más de la lucha contra el neoliberalismo. Para las fuerzas progresistas estadunidenses el triunfo electoral es sólo un paso necesario con el fin de continuar la lucha para la democratización fundamental de esta superpotencia que viene de muy atrás y que aún tiene largo camino por delante.

Este triunfo se debe, en gran medida, a un mosaico de movimientos sociales progresistas en su esencia antifascistas y anti-neoliberales, incluyendo el de "vidas negras" –el movimiento de protesta social más grande de la historia del país–, diversas organizaciones latinas y de migrantes, ambientalistas, sindicalistas progresistas y toda una gama de otras expresiones, sobre todo las de nuevas generaciones. La derrota de Trump en Georgia, Arizona, Nevada y otros estados claves es fruto de estas alianzas, y son la vanguardia en la batalla contra el proyecto neoliberal. Por lo tanto, son los aliados objetivos de toda lucha contra la derecha neoliberal en cualquier parte del mundo. O sea, son más bien nosotros.

Más aún, una parte dinámica de ese movimiento está encabezado por mexicanos, centroamericanos, puertorriqueños y otros caribeños y sudamericanos, entre otros inmigrantes (como siempre a lo largo de la historia de este país). O sea, de esta manera, literalmente son nosotros.

Los que han insistido en que "da igual", ¿le han preguntado a un inmigrante mexicano o latinoamericano si "da igual" –entre el que los estaba cazando y el otro que está proponiendo legalizar a casi todos– o a los que han sido enfrentados por neonazis y otros supremacistas con bendición del gobierno anterior, o los trabajadores que fueron aplastados por la ofensiva en su contra? Obvio que Biden no es la respuesta o solución, pero no "es igual". Hitler, Franco, Pinochet y toda la lista de fascistas no eran iguales a otros políticos que colaboran en sistemas capitalistas.

Biden representa algo diferente a Trump en múltiples dimensiones, pero en torno al tema de migración, medio ambiente, justicia racial y derechos de los trabajadores es diferente no porque es buena onda, sino porque los movimientos lo están obligado a proponer y promover esos cambios en política como parte de la lucha desde abajo por la democratización a fondo del país.

La historia de Estados Unidos, incluyendo la de su relación con México y América Latina, no se escribe sólo en las cúpulas, sino por los que luchan en diferentes realidades por los mismos principios de justicia, libertad y dignidad. Eso lo entendía Ricardo Flores Magón junto con incontables más; existe una larga historia de esa solidaridad, del "nosotros" aquí y allá. ¿Cómo se nos olvidó?

Playing for Change. The Times They Are a C h anging : https://www.youtube.com/watch?v=F2NuOVgQWt8 &feature=emb_logo

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