Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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Las consecuencias de la dolarización en países latinoamericanos

16.10.20 - Algunos economistas ven a la dolarización como una solución efectiva ante una hiperinflación, pero esta medida puede implicar un enorme costo social, dependencia política y hasta crear vulnerabilidades económicas.

Ecuador, Panamá y El Salvador fueron dolarizados en diferentes escenarios, mientras que Argentina y Venezuela practican una dolarización espontánea.

Varios analistas económicos consultados por BBC Mundo coincidieron en que la dolarización, considerada erróneamente como una fórmula mágica para solucionar la devaluación de la moneda local y la inflación a niveles incontrolables, es una receta llena de ventajas y desventajas que no garantiza efectos positivos en los países que la adoptan.

Según el economista Pablo Dávalos, esta medida puede causar efectos negativos a largo plazo porque se ha visto en la práctica que "la dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco".

Panamá

En 1904, este país decidió tener dos monedas nacionales, el dólar y balboa, pero con el tiempo esta última, si bien continúa vigente, ya no se imprimen billetes y casi no se la utiliza.

Cuando este país optó por esta medida, EEUU tenía el control del canal de Panamá y ahora esta nación es conocida por ser el paraíso fiscal donde varios políticos y personalidades realizan lavado de dinero.

Según Dávalos, la dolarización logró que "Panamá se convierta en un paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo".

Ecuador

Adoptó la dolarización en enero del año 2000 cuando la hiperinflación que había alcanzado el 96% y su moneda nacional, el sucre, se había devaluado.

Esta medida provocó masivas protestas que derivaron en una crisis política irreversible y le terminó costando la salida del Gobierno al presidente de ese entonces Jamil Mahuad.

Si bien la dolarización consiguió evitar una devaluación profunda y repentina, esto no evitó que el país atraviese por serios problemas económicos que siguen vigentes.

La economista Gabriela Calderón considera que la crisis económica de Ecuador se debe a un déficit fiscal de unos 8.000 millones de dólares y no tiene nada que ver con la moneda que usa el país.

Es cierto que la dolarización pudo detener la inflación, generar la estabilidad de precios y proteger los ahorros de las personas, pero esta medida también provocó la distorsión en los sistemas de precios internos y destruyó la industria local impidiendo la generación de empleos y la industrialización.

El Salvador

En 2001 este país se dolarizó para cumplir con una condición que imponía el Tratado de Libre Comercio con EEUU para eliminar los aranceles aduaneros de ambos países.

Entonces, para proteger sus intereses económicos optó por la implementación de dos monedas nacionales, el colón y el dólar. Al igual que en Panamá, la moneda local dejó de circular y el dólar se transformó en la única moneda utilizada en el país.

"La dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales", explicó el economista Pablo Dávalos.

No obstante, esta medida tuvo un costo social enorme que se está pagando con el dolor de los migrantes al convertirlos en "el principal producto de exportación", pues este país vive de las remesas que son enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero.

Argentina y Venezuela

Si bien estos países no optaron por la dolarización, practican una dolarización espontánea debido a la devaluación que continúan sufriendo sus monedas nacionales en medio de las crisis económicas que enfrentan.

En Argentina, la moneda nacional sufre devaluaciones cada vez que la situación económica se complica, por eso la gente busca en el dólar una protección a su dinero. Mientras que en Venezuela la dolarización es practicada de manera informal y cada vez hay más dólares que bolívares en circulación.

En todos los casos de dolarización, los economistas observan esta medida hace vulnerable a la economía de un país porque no puede defenderse de algún shock externo, ya que no es posible ajustar el tipo de cambio para amortiguar el impacto de los ciclos económicos. Además, los hace dependientes de las decisiones político-económicas que toma EEUU, sin mencionar que el consumo se vuelve inaccesible para gran parte de la población y se consolida la desigualdad que ya es un problema estructural latente en varias naciones.

 

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Sábado, 17 Octubre 2020 05:57

Lucha de clanes

Lucha de clanes

 

El tercer cambio violento de jefe de Estado, desde que formalizó su salida de la Unión Soviética, acaba de consumarse en la república centroasiática de Kirguistán con la dimisión forzada del presidente Sooronbai Dzheenbekov y la concentración del poder en manos de Sadyr Dzhaparov, el nuevo primer ministro sacado de la cárcel por sus seguidores.

La enésima revuelta ahí estalló cuando el partido del hermano del entonces presidente y otra formación ligada a los hermanos Matraimov (ahora caídos en desgracia) obtuvieron casi todos los escaños del Parlamento, dejando fuera a 12 partidos de oposición, que movilizaron a sus seguidores y, tras un día de disturbios, lograron la anulación de las elecciones.

El caos se apoderó del país con un mandatario que se resistía a renunciar y una oposición dividida en dos grandes bloques, liderados por dos políticos recién liberados de prisión, el ex presidente Almazbek Atambayev y el ex diputado Dzhaparov. La balanza se inclinó hacia este último al alinearse con él los titulares de los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad del Estado, que volvieron a encarcelar a Atambayev y a su candidato a primer ministro, Omurbek Babanov, acusados de organizar los disturbios.

El nuevo líder del Parlamento, Kanat Isayev, declinó ser presidente en funciones y, por ley, el tercero en la línea de sucesión temporal, el premier Dzhaparov, se proclamó como jefe de Estado interino y será el encargado de llevar a cabo las elecciones parlamentarias y presidenciales entre noviembre y enero del año entrante.

Las montañas dividen Kirguistán por la mitad y, desde hace siglos, es gobernado por los clanes del norte y el sur, que se disputan el poder y pactan entre ellos quién debe asumir las riendas del país. Así, el norteño Askar Akayev gobernó de 1990 a 2005, cuando lo derrocó el sureño Kurrmanbek Bakiyev, a la vez depuesto cinco años después por el norteño Almazbek Atambayev, que apoyó como sucesor al sureño Dzheenbekov y terminó en la cárcel.

Ahora, Dzhaparov afronta un complicado desafío: paliar la crisis económica que afecta a la empobrecida población que apenas subsiste con las remesas de sus trabajadores en Rusia y repartir los ingresos que llegan de Moscú y Pekín entre los clanes que lo respaldan, con una nueva revuelta siempre en el horizonte.

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Dos semanas de protestas en Costa Rica contra el plan del ajuste del Gobierno y el FMI

La relativa calma de Costa Rica se rompió hace más de dos semanas, con protestas, marchas y bloqueos en casi todo el país que han obligado al Gobierno de Carlos Alvarado a retroceder en su acuerdo con el FMI. Nada indica que la situación vuelva a la “normalidad” deseada por el gobierno, todo lo contrario, existen una tensa situación y un clima de agitación social y política.

 

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en marchas en la capital así como protestas y bloqueos en decenas de rutas y poblados en el interior del país y puestos fronterizos estratégicos, en los que cada día han venido participando cientos y miles de personas. El foco central ha sido contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus medidas de ajuste, que el gobierno de Carlos Alvarado buscó implementar en acuerdo con las cámaras empresariales. Alvarado, por la fuerza de las protestas, el 4 de octubre, se vio obligado a retroceder suspendiendo el acuerdo con el organismo internacional, por el momento.

Transcurridas las semanas nada indica que la situación en el país centroamericano vuelva a la calma, o por lo menos las cosas no tendrán la pasividad en que venían transcurriendo. Luego de meses de las restricciones por la pandemia en los que el gobierno nacional aprovechó para avanzar en una serie de medidas antipopulares como autorizar los despidos, los contratos parciales y las reducciones salariales, todo para seguir garantizando los negocios de los capitalistas y las corporaciones financieras, y el empobrecimiento mayor de sectores de la economía informal, la clase trabajadora y mayorías populares dijeron basta. Es de recordar que hace apenas dos años, en el 2018, el país se vio sacudido por importantes movilizaciones nacionales que culminaron en una huelga general contra el paquete de medidas de ajuste fondomonetarista.

Desde mediados de septiembre el Gobierno estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el supuesto argumento de “estabilizar las finanzas del país”, pero todo dentro de un plan en el que se estarían acordando privatizaciones (“venta de activos” como elegantemente le gusta decir), reducir el “gasto público” (léase recortes las instituciones públicas así como en sectores esenciales como educación y salud, presupuestos para la vivienda del pueblo pobre, despidos en el área pública, etc.), y explícitamente con el objetivo de garantizar los negocios de los empresario en un país donde gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa y donde grandes empresarios no pagan impuestos o encuentran miles formas para evadirlos con la vista gorda del Estado, o donde grandes empresas transnacionales ubicadas en las zonas francas no pagan un solo centavo de impuestos.

En estas dos semanas la tensión ha venido en aumento con enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Buscando destrabar la situación, en los últimos días el Gobierno ha implementado una estrategia de negociar con los representantes de cada zona, donde en algunas áreas tienen reclamos particulares, pero al mismo tiempo que los reprime.

A la par de esto, y luego de un marcha atrás “por ahora” del acuerdo con el FMI, el pasado domingo, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a un proceso de “diálogo multisectorial”, pero donde se seleccionan con quienes se sentarán a negociar. Pero aún esto está lejos de conseguir la calma que buscan pues los que realmente están en las calles no están presentes en dicha “mesa de diálogo”, y más que todo busca una especie de “consenso nacional”, esperando que pase el peor momento e intentar nuevos ajustes apenas la correlación de fuerzas lo permita.

Una crisis económica, alto desempleo, desigualdad social y aumento de la pobreza

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica del 5% del PIB. La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% en pocos meses y tras la llegada del coronavirus producto de las políticas gubernamentales, alcanzando niveles más alarmantes entre la juventud y las mujeres trabajadoras.

De los 11,4 billones de colones que el Gobierno presentó de presupuesto para 2021, 4,8 billones son para pagar deuda y 2,1 billones de colones corresponden exclusivamente a intereses de deuda. A la vez 54,9% del presupuesto del gobierno tiene como fuente la deuda. De tal manera que se adquiere deuda para pagar más deuda, a los mismos organismos financieros internacionales, y a costas de los intereses apremiantes del pueblo trabajador costarricense.

En Costa Rica los niveles de informalidad son altos, existiendo también una desigualdad bastante alta agravada durante los largos meses de la pandemia, con fuertes aumentos en los niveles de pobreza. Así, y de acuerdo a informaciones oficiales que fueron publicados este jueves, la pobreza en Costa Rica se incrementó en 5,2 puntos porcentuales para situarse en el 26,2 % en el 2020, la cifra más alta que se ha registrado desde el año 1992. La Encuesta Nacional de Hogares, aplicada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalla que el 26,2 % de pobreza equivale a 419.783 hogares, para un aumento de 83.888 con respecto al 2019, año en que el porcentaje fue de 21 %.

La pobreza extrema en el 2020 alcanzó el 7 %, es decir 112.987 hogares, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2019 cuando fue del 5,8 % o 93.542 hogares. En la zona urbana la pobreza llegó al 26,4 % y en la rural al 25,5 %, lo que supone incrementos de 6,6 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado. Según el organismo oficial, la subida de la pobreza ha sido provocada por la caída del 12,2 % en los ingresos de los hogares. En cuanto al concepto de salario, la caída fue del 13,8 %, y en los ingresos independientes del 35 %, a causa de los cierres de actividades económicas que se implementaron durante la pandemia de la covid-19.

El curso de las protestas contra el FMI y contra las políticas gubernamentales

Uno de los sectores que dieron inicio a la ola de bloqueos y protestas fue el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN) aprovechando el descontento por abajo, sobre todo en los sectores de interior del país y zonas rurales, pequeños productores agrarios, pobladores de pequeñas ciudades, pero que también tenía por atrás a importantes sectores del campo como la cámara del arroz, para solo poner un ejemplo.

Los dirigentes del MNR arrancaron con demanda general de “no más impuestos” (misma que hasta ese momento impulsaba la derecha opositora al plan del gobierno y fuertes grados de nacionalismo) y contra FMI, buscando englobar tanto a sectores populares o pequeños productores golpeados por la situación como con determinados sectores de empresarios que se niegan a los impuestos; de allí que, con un matiz populista de parte de una dirección que representa a un sector patronal, como lo expresa su principal portavoz José Miguel Corrales, en las protestas se colaban también posiciones negacionistas ante la pandemia y carteles contra el “socialismo”, como si el Gobierno del PAC tuviera algún atisbo de esto.

Pero la situación se fue agudizando por el fuerte descontento por abajo, siendo que el movimiento que se había despertado amenazaba desbordar a la dirección del MRN, y de tal manera que, uno de sus principales dirigentes, José Miguel Corrales, un octogenario dirigente político oriundo del clásico partido patronal PLN (Partido Liberación Nacional) llegó a pedir el cese de los bloqueos y hasta llegó a pedir disculpas ante la magnitud de la movilización y la preocupación de que la situación se le fuera de las manos.

Es que comenzaron a desatarse fuerzas que no podían controlar, al tiempo que los principales sindicatos nacionales comenzaban a protagonizar importantes marchas sobre todo en la capital del país llevando a que la clase trabajadora costarricense entrara en la escena política nacional, pudiendo tejerse una gran alianza obrera y popular. Una situación a la que le teme el Gobierno de Alvarado y que le hacía recordar las grandes movilizaciones del 2018, pero también asustaba a la dirección del MNR.

Es que sectores de trabajadores y trabajadoras, agobiados por los padecimientos de la situación agravados durante la pandemia, han estado en diversos puntos de bloqueo, con fuerte presencia de sectores populares y pequeños productores. La pandemia ha significado un deterioro muy grande en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras y sus familias, despidos, suspensiones y reducciones salariales para empleados públicos; acoso y ajuste para los trabajadores tanto públicos como privados.

Por ello es que frente a esta situación las organizaciones sindicales más importantes del país llamaron a la movilización, siendo que durante buena parte de la pandemia dejaron pasar los despidos. Se tenían que reubicar frente al descontento que existe en el país. Así el pasado martes 6 de octubre, convocaron a una importante marcha en la capital del país, recorriendo una de las arterias más importantes de San José, el Paseo Colón hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora las consignas no eran solamente de “no más impuestos” en general, sino de que los ricos y las grandes empresas se les impongan impuestos y que se exima al pueblo de más gravámenes como el reaccionario impuesto al IVA, además de Fuera el FMI, contra los ajustes y las privatizaciones.

Pero a pesar de los llamados a levantar los bloqueos por parte de algunos dirigentes del MNR, el descontento en el interior sigue su curso, y si se empiezan a levantar no es por falta de energías sino por el papel de esta dirección. Fue lo que se observó en la marcha en la capital del país convocada por el MNR y que desembocara en la Casa presidencial, el pasado lunes 12 de octubre, donde el Gobierno de Carlos Alvarado a través del Ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenaron la represión, donde resultaron heridas varias personas y por lo menos 30 detenidos. Se habló incluso de infiltración por parte de la propia policía nacional.

Como señalara Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista (organización integrante de la FT-CI), “un Gobierno que reprimiendo intenta ganar lo que ha perdido en el campo político. La orientación hacia el FMI está siendo duramente cuestionada en la calle y seguramente habrá un cuestionamiento más profundo aún en los próximos meses”. Además señaló “totalmente esperable la infiltración de parte de los cuerpos policiales, lo vienen haciendo de tiempo atrás.”

Este miércoles los sindicatos APSE, UNDECA y ANDE se concentraron frente al Aeropuerto Juan Santamaría, luego de realizar caravanas desde la cercana ciudad de Alajuela y de San José. Para este lunes 18 de octubre se esperan nuevas movilizaciones mientras algunos bloqueos continúan en el interior. Los sindicatos planean nueva marcha en San José, la capital del país. Así lo hicieron saber representantes sindicales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Como indica también Esteban Fernández, en Costa Rica “es fundamental mantener la pelea, ampliarla y consolidarla, para ello se hace necesario organización. Por eso es que es necesario que las organizaciones sindicales convoquen a un Encuentro Nacional de Trabajadores llamando a los sectores populares, donde se pueda unificar un pliego de reivindicaciones de conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, así como un plan nacional de acciones contra las medidas de Alvarado y los partidos patronales.” Se hace necesario más que nunca una gran movilización nacional ya de la clase trabajadora y los sectores explotados como parte de un plan de lucha levantando un programa para que sean los ricos y los empresarios los que paguen la crisis y para derrotar los planes del Gobierno y del FMI.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 15 de octubre | 23:45

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“Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa,  difamatoria y ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.

Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.

Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en absoluta tranquilidad.

Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de “desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.

Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de los  diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos  crímenes horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.

En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores de “justicia”.

Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió sólo a  Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones concretas a que nos tienen sometidos.  También este último recurso a la solidaridad humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018,  para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.

No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).

Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno: ¿Quieren que  les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?

En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El sábado 19 de septiembre  de 2020en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.
  • El martes 29  de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.
  • El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de Paz,  por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.
  • El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.
  • El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y vestidos de civil.
  •  El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron  a nuestra Comunidad informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que  WILFER HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte  pagarían 7 millones de pesos. Durante esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.
  • El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que estaban verificando  unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su inviolabilidad legal.

Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.  

Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 12 de 2020

Publicado enColombia
Diversas organizaciones convocan a firmar en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Caracas, 12 de octubre de 2020.- Las organizaciones políticas, sociales de trabajadores y sectores populares Marea Socialista (MS), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Unidad Socialista de Trabajadores (UST), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Sirtrasalud Distrito Capital, Colectivo Cultural Toromaima emitieron un petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo abrogatorio de la ley.

La organizaciones e individualidades pueden firmar el petitorio a través del link https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Recientemente, la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente aprobó un proyecto de "Ley Antibloqueo", presentado por el gobierno nacional el pasado 29 de septiembre, en el que se le otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo para dejar sin efecto toda una serie de derechos del pueblo venezolano y de interés nacional establecidos en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, le permitiría manejar a discreción y en secreto los activos del Estado nacional.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente esta ley leonina y antidemocrática que lesiona los derechos de los trabajadores, trabajadoras y el conjunto del pueblo venezolano. Es un proyecto para dar paso a privatizaciones en masa y a gran escala, con las previsibles consecuencias de una mayor explotación de la mano de obra y desconocimiento de las contrataciones colectivas. En los hechos se entrega la soberanía y se vulneran los territorios.

Para peor, la aprobación se hizo "express", sin ninguna discusión de la misma por el pueblo venezolano, y ni siquiera por el propio organismo en cuestión. A los miembros de la ANC no les fue facilitado el proyecto a votar; se les negó acceso al mismo a quienes hicieron reiteradas solicitudes para conocerlo previo a la votación; teniendo así sólo acceso a escuchar una lectura del mismo en el propio momento de la votación, e incluso, a varios de estos se les colocaron obstáculos para poder asistir a la sesión, llegando al hecho insólito de impedir la entrada al recinto de votación a varios miembros de ese organismo.

Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, sino que además, con el pretexto de enfrentar las sanciones impuestas arbitrariamente por el gobierno estadounidense, le confiere todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera (Art. 27); modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco, así como legalizar y expandir la comercialización de gasolina al sector privado (Art.27 y 28).

Mediante esta ley el gobierno tendría facultades discrecionales para suspender la vigencia de leyes (Art. 17 y 18), teniendo las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro Nacional, manejados con independencia del Presupuesto Público (Art.16).

Con esta ley el Estado venezolano renuncia al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional, remitiendo tales disputas a tribunales extranjeros, es decir, a los controlados por lo general por los países de donde son oriundos los capitales transnacionales. Se podrían revertir nacionalizaciones, devolviendo bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones (Art. 27), además establece la confidencialidad de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información (Art. 14, 34 y 35). Incluso, propone penalizar a quienes insistan en el acceso a estas informaciones de interés nacional y público (Art. 36).

El argumento del Ejecutivo para esta ley son las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Quienes suscribimos este llamado estamos absolutamente en contra de esas sanciones y agresiones de claro corte imperialista, las cuales profundizan las penurias del pueblo venezolano. Rechazamos tajantemente toda la serie de confiscaciones de bienes nacionales, congelación de activos, embargos y sanciones diversas que los Estados Unidos y diversas potencias europeas le han impuesto a Venezuela. No le otorgamos el más mínimo derecho a estas naciones a imponer sanciones a nuestro país ni arrebatarle bienes. Exigimos el cese inmediato de todas esas agresiones y medidas "coercitivas".

Precisamente por esta posición de firme defensa de los intereses nacionales y del pueblo venezolano, rechazamos la ley en cuestión y la manera en que ha sido "aprobada". Los abajo firmantes, en base a los artículos 62, 71, 74 y 236 de la Constitución Nacional, exigimos que, tratándose de un tema de suma trascendencia nacional, sea sometido a la más amplia discusión nacional y consulta popular, concluyendo este proceso en un referendo abrogatorio, para que el pueblo venezolano, el sujeto real afectado directamente en múltiples aspectos por esta ley, tenga la ocasión de dar su veredicto sobre la misma. Un referéndum que debe ser convocado y garantizado con plena libertad de organización y control de las organizaciones políticas y sindicales, espacios en la televisión y radio, y sin ninguna persecución.

Consideramos de primer orden la organización y movilización obrera, campesina y popular para exigir este derecho fundamental e inalienable del pueblo venezolano. Que el pueblo decida. Llamamos a las diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, corrientes políticas e intelectuales comprometidos con la defensa de los intereses del país y de sus mayorías populares, a que juntos pongamos en pie un movimiento nacional que promueva una amplia y unitaria movilización democrática y popular con estos objetivos, para frenar la aplicación de esta ley, profundamente lesiva a los intereses del pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

Para firmar el petitorio como individualidad u organización, se puede entrar al siguiente formulario en Google:

https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Marea Socialista (MS)

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Unidad Socialista de Trabajadores (UST)

Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Sirtrasalud Distrito Capital

Colectivo Cultural Toromaima

Por: Aporrea | Lunes, 12/10/2020 02:24 PM

Publicado enInternacional
Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política. Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ucv) y profesor de Criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Es uno de los principales estudiosos y críticos de la violencia institucional y del sistema penal de la Venezuela contemporánea.

 

¿Qué formas toma la opresión racial en Venezuela? ¿Qué grupos enfrentan discriminación sistemática racializada?

Lo primero que debo aclarar es que mi área de investigación no se concentra en el tema racial sino en la violencia institucional, específicamente la del sistema penal. Los sistemas penales se caracterizan por ser selectivos, clasistas, racistas y xenófobos. Es dentro de este marco que podría acercarme al tema racial. De una manera muy general, lo que les puedo comentar es que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, es casi un tema tabú. Se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios, así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión. Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como «endorracismo», que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados1. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos.

¿Quiénes formarían estos grupos? Pobres, afrodescendientes e indígenas. Hasta hace pocos años, Venezuela era un país receptor de migrantes y en estos grupos también se encontraban haitianos, trinitarios, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En contraste, a los migrantes provenientes de España, Italia y Portugal se les otorgaba un trato mucho más privilegiado. No se trataba entonces solo de xenofobia, había también implícitos racismo y clasismo en contra de estas personas. Ahora esa situación se revierte, ya que actualmente son los venezolanos quienes sirven de chivo expiatorio en muchos países, dado el enorme éxodo de al menos 13% de nuestra población.

¿Cómo se entrecruzan clase y raza en el caso de Venezuela?

Están íntimamente vinculadas, como lo están en la mayoría de los países coloniales que explotaron a los esclavos traídos de África entre los siglos xvi y xviii. En el caso de Venezuela, las clases altas y sus familias tradicionales –algunas que se remontan a la Colonia– son predominantemente blancas y endogámicas, no se mezclan2. En otro nivel podría considerarse también a los inmigrantes italianos, españoles y portugueses que vinieron a mitad del siglo pasado huyendo de las guerras y que llegaron como mano de obra calificada y luego lograron ascender en la escala social. Esta oleada migratoria europea fue promovida por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país, «mejorar la raza». De este grupo algunos se mezclaron, aunque no la mayoría. Acá pueden verse, entonces, las capas más altas de la sociedad, que serían las minoritarias, con un importante poderío económico, pero actualmente venidas a menos en lo político.

Luego vendría la mayoría del país que es fundamentalmente mestiza: mezcla de indios, negros y blancos. Precisamente esta condición de asumirnos como producto de esta mezcla es lo que hace que nos cueste aceptar que tenemos problemas de racismo.

En las clases populares hay mayor cantidad de afrodescendientes e indígenas que en las clases medias. Podríamos afirmar que el mestizaje dentro de nuestra estructura social tiene la forma de un rombo o diamante: en la medida en que te acercas a la cúspide o a la base de la estructura social venezolana el mestizaje es menor, cuanto más arriba menor melanina, más abajo ocurre lo contrario y en las capas medias el mestizaje es mucho mayor.

Por lo tanto, en Venezuela, la segregación de clase suele estar muy vinculada a la segregación racial.

¿Hasta qué punto representó el chavismo un avance contra el racismo?

Algunos posiblemente podrían considerar la victoria de [Hugo] Chávez en 1998 como un éxito simbólico, al ser el primer presidente zambo y de extracción popular en el país. Sin embargo, esto tuvo más una impronta de clase que de raza. Por parte de la oposición tradicional, afloraron los discursos racistas y clasistas. Pero a dos décadas de este evento, no puede afirmarse que las clases más excluidas estén mejor que antes, ni que el chavismo haya significado un empoderamiento de estos sectores. Todo lo contrario, hoy en día hay mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

En el presente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo interactúan las fuerzas policiales o de seguridad con grupos racializados u oprimidos por el racismo? ¿Cómo responden estas fuerzas cuando estos grupos se organizan por sus derechos?

Cuando denunciamos que en Venezuela la policía lleva una masacre por goteo en contra de jóvenes de los sectores populares, nos referimos a jóvenes pobres y racializados. En el país, el sistema penal es tan clasista y racista como en otros de la región; la diferencia podría estar en sus altos niveles de letalidad. Las llamadas fuerzas del orden, como en todas partes, están destinadas al disciplinamiento, control y represión de las clases populares, a las que las elites gobernantes siempre consideran peligrosas. Esa es la razón real de su existencia, que se encubre detrás de distintos tipos de discursos, predominantemente normativos, que invocan el interés general y la seguridad pública, pero que en esencia se reducen a la protección de los pocos que detentan el poder político y económico.

Todo esto se remonta a la historia colonial. La Colonia fue siempre un Estado policial. El advenimiento del llamado Estado de derecho, que ponía límites normativos al poder en los países centrales, no llega de la misma forma a sus periferias. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos, sino salvajes, privados de derechos y sujetos a un estado de excepción. Esa idea aún se encuentra muy arraigada en nuestros países. De allí algunas de las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, y especialmente la policial.

En el caso venezolano particular, los cuerpos de seguridad, desde sus orígenes, estuvieron signados por su militarización e instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada de las décadas de 1960 y 1970, que dejó un saldo de miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en los años siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» serán emblemáticas para las últimas décadas de nuestro siglo xx.

El siglo xxi en Venezuela venía acompañado de la promesa de un cambio radical, de una ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, lo que sucedió fue la continuidad e incluso la profundización de todo lo que ya venía muy mal. Entre los años 2010 y 2018 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas3. 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios a manos de efectivos del Estado por cada 100.000 habitantes se sextuplicó entre 2010 y 2018, llegando a 16,6, un registro superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, la proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó, en ese mismo periodo, de 4% a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto, en un país cuya tasa de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de los homicidios. En 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 4.670 muertes y Venezuela, 4.9984. Otro contraste que puede resultar de interés: Patrick Ball estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos en eeuu son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad5. En Venezuela ese porcentaje es tres veces mayor.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se lo acusa de autoritario y dictatorial, de generador de terror, más se envilece. Allí yace su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra ni en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Con la pandemia, esta excepcionalidad solo ha seguido extendiéndose, otorgándoles más poder a quienes ya controlaban todo el aparato del Estado. Durante los primeros cinco meses de cuarentena –periodo en el que se esperaba que, al reducirse la movilidad social, se redujera también la violencia callejera–, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. 125 de ellas eran privadas de libertad que huyeron, intentaban huir o manifestaban contra las precarias condiciones en que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el covid-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo6.

Es importante distinguir algo que se manipula mucho en los medios de comunicación cuando se aborda el tema Venezuela, desde los prejuicios de clase y de raza: las cifras de miles de muertes que acabo de señalar se refieren a jóvenes de los sectores populares que son masacrados con el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No se trata de disidentes políticos ni de manifestantes. Es importante señalar estas diferencias. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.

La represión del Estado siempre es política, la seguridad ciudadana solo sirve como excusa para ello. Esta represión se distribuye socialmente de manera diferenciada: en los barrios pobres es ilimitada y letal, mientras que en las manifestaciones depende de quiénes protesten. Cuando los pobres son los que se movilizan la represión es mayor, como se pudo observar con las protestas de finales de enero del año pasado, con un saldo aproximado de 50 personas fallecidas en menos de dos semanas. En contraste, cuando son jóvenes de las capas medias o estudiantes universitarios quienes salen a la calle, la violencia institucional generalmente se expresa de formas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.

Usted dice que hubo una profundización de lo que ya venía muy mal. ¿Qué políticas condujeron a esto? ¿Qué transformaciones se dieron en las instituciones policiales bajo el chavismo que explican este incremento de los homicidios a manos de las policías?

Como señalé, el periodo entre las décadas de 1960 y 1980 no era ni un cuento de hadas ni Disneyland en Venezuela. Desde 1998 hasta la muerte de Chávez, el discurso para abordar el problema de la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. A partir del año 2013 el discurso gubernamental cambió a uno más represivo, muy próximo ideológicamente al de sus supuestos adversarios ideológicos. De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo xxi. Una primera etapa puede ubicarse entre 1998 y 2013. Se inicia con el primer gobierno de Chávez, que logra capitalizar el descontento hacia un sistema político deslegitimado. Chávez transforma ese descontento en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. Los grandes temas eran la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda o se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Qué receta exige esto? Mejorar entonces sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentró –en apariencia– en lo social, en el tema de la inclusión, y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc), los fiscales, los tribunales y las cárceles. Estas instituciones permanecieron inmutables a los cambios. Venían ya muy mal y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no fue una novedad del gobierno de Chávez, solo se agudizó durante este periodo. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.

En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc. Lejos de contribuir al mejoramiento del sistema, todo esto lo colapsa y enlentece, haciéndolo también más arbitrario y violento. Desde lo ideológico, es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza y violencia. El enfoque en este vínculo inadvertidamente puede coincidir con el discurso clasista de la derecha más conservadora. Por otra parte, también puede sugerir de manera superficial que el Estado solo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto con la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –en especial la inglesa– desde finales de la década de 1970, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene la conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Sin embargo, Chávez mantuvo el discurso «social» respecto de esta problemática desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. En él, las causas de la violencia se entendían entonces como factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, tendrían que reducirse de manera prioritaria estos factores. Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos esos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. O por el contrario, si solo se trató de otro reparto coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia.

En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este periodo parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias del criminólogo crítico Alessandro Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad; mucho menos debe «criminalizarse» la política social utilizando lógicas securitarias para elaborarla. Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano. La política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana durante esta primera etapa fue el diseño en 2006 de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta fue creada en el contexto de un año electoral, que coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul)7. Estos casos, instrumentalizados por la oposición con fines electorales, involucraban a funcionarios policiales y a víctimas con un alto poder de reclamo social.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol. La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.

Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares llevan su propia agenda, tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones.

Así, mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una «contrarreforma» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó prácticas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas8. Podría decirse que todo el proceso de la reforma policial, usando términos de la sociología de Robert Merton, cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Pero también tuvo varias funciones latentes: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaban su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la «unión cívico-militar» nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.

Con la muerte de Chávez se dejan de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al «nuevo modelo policial» de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa que arranca en 2013 y se extiende hasta la actualidad. Se asume un discurso distinto y se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, toma el tema de la seguridad como eje central de acción política.

El discurso oficial y la política criminal dan entonces un giro radical, acercándose ideológicamente al realismo de derecha. Ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el «lumpen» que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darles un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de «profilaxis social», en la que todo el que cumpla con los rasgos que los estereotipos de clase y raza promocionan como la imagen de un delincuente debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.

El gobierno redefine sus «enemigos». Antes, tenía a unos todopoderosos en el «Imperio», el «capitalismo», la «burguesía». Ahora suma al grupo de enemigos a los pobres de los barrios, los «lúmpenes» mal agradecidos. Se pasa así de la «lucha de clases» a una especie de «lucha intraclase» que criminaliza la pobreza. De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar. Contra los marginados tiene operativos policiales militarizados con consecuencias cada vez más letales, tal como ya se los describí en la respuesta a la pregunta anterior. Sus ejemplos más recientes son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Finalmente, el panorama de estas últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y el seguimiento de políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 ministros de Interior. Estos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política basada en acuerdos mínimos de institucionalidad y un seguimiento consistente que trascienda a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y la corrupción de las instituciones, que ahora han alcanzado otros niveles y que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.

¿De qué manera los indicadores sociales y económicos (como acceso a educación, salud, empleo, vivienda, entre otros) evidencian también formas de discriminación social?

Los datos y estadísticas sobre Venezuela actualmente son precarios. Como comenté, el tema del racismo no se ha asumido como problema, por lo tanto no se aborda ni se registra.

Según el Censo Nacional de 2011, en términos de autopercepción racial, solo 2% de la población se reconoció como «negra» o «afrodescendiente», mientras que 49% se identificó como «morena». No hay conciencia de la negritud. Esto dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza como ocurre en eeuu y Brasil. En consecuencia, los debates, movilizaciones y luchas en este sentido son escasos, de corto alcance y rigurosidad.

Además, en un contexto de crisis generalizada vinculada a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, la agenda de prioridades es también de otra naturaleza. En Venezuela durante los últimos años los derechos sociales han retrocedido severamente, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, tales como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Durante los últimos 13 años, la moneda ha perdido más de 100 millones de veces su valor, alcanzando una tasa de inflación estimada en más de 1.000.000% según algunos cálculos, semejante a la de Zimbabwe de la década de 20009. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48% a 87%, mientras que la pobreza extrema creció de 23,6 % a 61%. En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), solo Siria y Libia, dos países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela, que retrocedió 25 puestos entre 2012 y 201810. El más reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos [wfp, por sus siglas en inglés] ubica a Venezuela como el cuarto país en el mundo «necesitado de ayuda urgente», con 9,3 millones de personas, 32% de la población, sufriendo de inseguridad alimentaria11.

¿Qué conciencia hay en Venezuela sobre el racismo en eeuu, el movimiento Black Lives Matter y la rebelión antirracista en curso? ¿Y qué significado toman las discusiones sobre ello en el contexto político venezolano?

Agradezco esta pregunta porque permite decir varias cosas que considero importantes y que veo que no se abordan en el debate público. Venezuela es un territorio objeto de una disputa imperial entre eeuu, China y Rusia; lamentablemente la dirigencia nacional ha ido llevando a los venezolanos a una situación de mayor indefensión. Esto hace que el país se cosifique de distintas maneras: para las potencias somos una especie de laboratorio, donde los venezolanos no somos más que cobayos. Es a su vez, en términos foucaultianos, una enorme institución de secuestro.

En este contexto, no es solo inútil sino además inocente tratar de reducir esta complejidad a visiones dicotómicas entre gobierno/oposición, o aún de manera más absurda izquierda/derecha. En realidad –a pesar del enorme rechazo hacia el gobierno, que cada vez es mayor– la oposición es casi inexistente y el gobierno prácticamente juega solo en el tablero nacional. De izquierda tiene poco, más allá de la estética y la propaganda que consumen acríticamente –ya sea desde el desconocimiento o la complicidad– sectores de una izquierda conservadora, que, afortunadamente, son cada vez más reducidos.

Así, podemos ver sectores que condenan la violencia policial en eeuu pero legitiman y justifican la masacre que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en Venezuela. Estos también tienen su reflejo inverso en el espejo: los que legitiman y justifican la violencia policial en eeuu pero condenan con vehemencia cuando esto ocurre en Venezuela. Al final los fans de Donald Trump y Maduro, respecto a estos temas, son bastante similares, porque siguen proyectos estructuralmente autoritarios, represivos y antidemocráticos. Aunque se autodefinan como antagónicos, son más bien complementarios y se legitiman recíprocamente. Usan los excesos del otro como propaganda oficial para así encubrir o justificar sus propios excesos.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno usa el terrible caso del asesinato de George Floyd para sus arengas y propagandas contra el gobierno de los eeuu, con la finalidad de engatusar a incautos de buena fe del progresismo internacional. Con ello distraen la atención para ocultar el desastre que han hecho en el país, así como las masacres que ejecutan sus propios cuerpos de seguridad. Por parte de los sectores de la oposición más tradicional, Black Lives Matter no va a encontrar mayor eco porque en el fondo esos sectores son conservadores, racistas y clasistas, y no les quita el sueño ese tipo de excesos en contra de sectores excluidos. Solo levantan la voz por esos casos cuando las víctimas son sus propios militantes, algún joven de clase media en el contexto de una manifestación política o cuando le conviene a su propia agenda mediática. Los miles de jóvenes pobres y racializados que mueren por intervención de la fuerza pública en el país les importan muy poco.

Como comenté, creo que la «conciencia de raza» en Venezuela está aún en estado de gestación. La izquierda en el país es predominante y mayoritariamente conservadora y eurocéntrica. No se plantea estos temas, y la cuestión del racismo no entra bien en su cartilla de la lucha de clases. Además, gran parte de ella está actualmente en un proceso de extinción autodestructiva al haber sido cooptada por los aparatos, las lógicas y las retóricas oficiales. De allí su oscilación entre las justificaciones, el negacionismo y el silencio cómplice con los excesos gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos en el país. Solo sectores minoritarios y con poca incidencia se mantienen en pie de lucha. Afortunadamente la izquierda internacional y sectores progresistas se hacen cada vez más conscientes de lo que realmente sucede en Venezuela y poco a poco han dejado de lado las solidaridades automáticas con el gobierno.

La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser siempre condenadas de manera enérgica. No existen buenos violadores de derechos humanos y sus conductas no deben justificarse de ninguna manera. Ese doble rasero para condenar a unos y justificarles a otros los mismos excesos les hace un daño enorme a las sociedades, a los Estados y a la política misma.

Nota: una versión de esta entrevista se publicó en inglés en No Borders News, 6/7/2020, <https://nobordersnews.org/>.

 

 

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Socialdemocracia: internacionalismo y redistribución nacional

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en este tiempo, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional.

 

Atrapada entre el implacable proteccionismo y la xenofobia trumpistas, por un lado, y la coalición neoliberal de liberadores sexuales y oscuros recaudadores, por el otro, la izquierda de los países ricos parece carecer de nuevas ideas. Y peor que carecer de nuevas ideas es intentar restaurar un mundo que ya no existe, que va contra la corriente de la vida y la economía modernas.

Sin embargo, este es un ejercicio en el que participan algunos sectores de la izquierda. Tengo en mente varios ensayos de El gran retroceso, un libro que reseñé aquí, un artículo reciente de Chantal Mouffe y, quizás más manifiestamente, El futuro del capitalismo, de Paul Collier (reseñado aquí y aquí). Dani Rodrik proporcionó munición ideológica temprana para este punto de vista con su célebre «trilema». Es también el contexto en el que mi Capitalismo, nada más fue recientemente reseñado por Robert Kuttner en The New York Review of Books.

Este proyecto apunta a recrear las condiciones existentes aproximadamente entre 1950 y 1980, que fue, de hecho, el periodo en que floreció la socialdemocracia. Si bien muchos tienden a presentar esta época en tonos excesivamente brillantes, sin duda fue, en muchos aspectos, extraordinariamente exitosa para Occidente: el crecimiento económico era elevado, los ingresos de las naciones occidentales convergían, la desigualdad era relativamente baja, la movilidad social era mayor que hoy, las costumbres sociales se volvían más relajadas e igualitarias y la clase trabajadora occidental era más rica que las tres cuartas partes de la humanidad (y podía sentirse, como escribe Collier, orgullosa y superior al resto del mundo). Hay mucho por lo que sentir nostalgia.

Condiciones especiales

Pero ese éxito se dio en condiciones muy especiales e imposibles de recrear. ¿Cuáles eran?

Primero, no existía una competencia entre gran parte de la mano de obra global y los trabajadores y trabajadoras del Primer Mundo. Las economías socialistas, China y la India seguían políticas autárquicas, por diseño o por accidente histórico. En segundo lugar, el capital no se movía demasiado. No solo existían restricciones al capital, sino que las inversiones extranjeras eran a menudo objeto de nacionalización, y tampoco existían los medios tecnológicos para trasladar fácilmente grandes cantidades de dinero.

En tercer lugar, la migración era limitada y, cuando sucedía, se daba entre pueblos culturalmente similares (como la migración del sur de Europa a Alemania) y gracias a la creciente demanda de mano de obra impulsada por las economías nacionales en crecimiento. En cuarto lugar, la fuerza de los partidos socialistas y comunistas nacionales, combinada con los sindicatos y la amenaza soviética (especialmente en Europa), hizo que los capitalistas se manejaran con precaución: por instinto de supervivencia, tuvieron cuidado de no presionar demasiado a trabajadores y sindicatos.

En quinto lugar, el espíritu socialdemócrata de igualdad estaba en sintonía con las costumbres predominantes en aquella época, reflejadas en la liberación sexual, la igualdad de género y la reducción de la discriminación. En un contexto interno tan benigno, y sin enfrentarse a ninguna presión por parte de trabajadores extranjeros mal remunerados, los socialdemócratas podían seguir siendo internacionalistas, como fue el caso de notabilísimas figuras como Olof Palme en Suecia y Willy Brandt en la República Federal de Alemania.

Cambios drásticos

En las condiciones sociales y económicas totalmente diferentes que presenta la actualidad, cualquier intento de recrear un contexto interno tan benigno implicaría cambios drásticos y, de hecho, reaccionarios. Sin decirlo abiertamente, sus partidarios piden socialdemocracia en un solo país o, más exactamente, en un rincón (rico) del mundo.

Collier aboga por amurallar el mundo rico para detener la migración, que considera culturalmente disruptiva y que socava injustamente el trabajo nacional. Collier justifica estas políticas, aplicadas sobre todo por los socialdemócratas en Dinamarca, diciendo que su preocupación son los países menos desarrollados: no vaya a ser que el éxodo de sus trabajadores más calificados y ambiciosos empuje aún más a estos países hacia la pobreza. Sin embargo, está claro que no son esos los verdaderos motivos de tales políticas.

Otros protegerían a Occidente de la competencia de China, argumentando, otra vez de manera falsa, que los trabajadores occidentales no pueden competir con trabajadores de menores salarios, sometidos a una dura disciplina productiva y sin sindicatos independientes. Como ocurre con las políticas que detendrían la migración, la justificación del proteccionismo se camufla con el lenguaje de la preocupación por los demás.

Dentro de esta perspectiva, debería lograrse que el capital nacional permaneciera principalmente en casa, promoviendo una globalización mucho más «superficial» de la que existe hoy. Las empresas occidentales que actúen con ética no deberían contratar a personas en (digamos) Myanmar que no gocen de derechos laborales elementales.

Las masas populares

En todos los casos, estas políticas apuntan a interrumpir el libre flujo de comercio, personas y capital y a aislar al mundo rico de las masas populares. No tienen casi ninguna posibilidad de éxito, simplemente porque los avances tecnológicos de la globalización no se pueden deshacer: China y la India no pueden volver al aislamiento económico y las personas de todo el mundo, dondequiera que estén, desean mejorar su situación económica emigrando a países más ricos.

Además, estas políticas representarían una ruptura estructural con el internacionalismo que siempre fue uno de los logros más importantes de la izquierda (si bien suele más bien brillar por su ausencia). Reducirían el crecimiento en los países pobres y la convergencia mundial, frenarían la reducción de la desigualdad y la pobreza mundiales y, a fin de cuentas, resultarían contraproducentes para los propios países ricos.

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común, y a menudo (especialmente a una edad avanzada) nos acostumbramos a entregarnos a esas ensoñaciones. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en tiempo real, en las condiciones actuales, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional. Tiene que apoyar la globalización, tratar de limitar sus efectos nefastos y aprovechar su indudable potencial para igualar, con el tiempo, los ingresos en todo el mundo.

Como escribió Adam Smith hace más de dos siglos, la igualación de las condiciones económicas y el poder militar en todo el mundo es también una precondición para que prevalezca la paz universal.

Por Branko Milanović

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: Social Europe

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¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una "traición" al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45 % del PIB industrial.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la "matriz" de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

"La soberanía nacional está en riesgo"

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, "la soberanía nacional está en riesgo".

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un "símbolo" de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que "vendan sus almas al diablo", en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para "desnacionalizar" la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo "y al servicio de los intereses de EE.UU.". "Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente", recalcó.

Congresistas continuarán denunciando 

"Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país", lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que "la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial" de Brasil, incluso —añadió— "con la desaceleración de las actividades de Petrobras".

Por ello, deploró que la Corte "no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa". Sin embargo, destacó que "es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo"; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— "la gente entienda lo que está en juego".

"Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores", manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. "Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil".

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a "extinguir gran parte de las estatales".

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

"El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada", dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.

Publicado: 5 oct 2020 21:52 GMT

Por Edgar Romero

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