Manifestantes de la oposición encienden una hoguera frente a la Casa Blanca, sede del parlamento y la presidencia, en Bishkek (VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Después de una noche de manifestaciones, con un muerto y 600 heridos

 

La Comisión Electoral Central de la exrepública soviética de Kirguistán anuló este martes los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado domingo después de que miles de personas se manifestaran en el centro de la capital Bishkek y de que asaltaran el parlamento nacional y ocuparan varios edificios oficiales.

Gulnara Dzhurabáyeva, miembro de la Comisión, fue la encargada de hacer pública la decisión, según informa el portal local 24.kg. Además, apuntó la posibilidad de que la comisión de disolviera. “Creo que con esta campaña electoral nos hemos desacreditado y, por lo tanto, la mejor y más correcta decisión en este caso sería una dimisión anticipada”, explicó.

Creo que con esta campaña electoral nos hemos desacreditad”

Gulnara Dzhurabáyeva Miembro de la Comisión Electoral Central

Tras las manifestaciones convocadas por los partidos de la oposición, en la noche del lunes al martes estallaron disturbios en Bishkek, en los que los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios. Según datos del Ministerio de Sanidad, se produjo un muerto y hubo 600 heridos.

Los manifestantes asaltaron la Casa Blanca, edificio donde se encuentra tanto el parlamento como las oficinas de la Administración del Presidente. Además, habían ocupado el ayuntamiento de Bishkek y habían empezado a nombrar autoridades alternativas en lo que parecía ser la tercera revolución que vive este pequeño país (6,5 millones de habitantes) en el siglo XXI.

Los manifestantes protestan contra los resultados de las elecciones frente a la sede del gobierno en Bishkek (Vladimir Voronin / AP)

Los resultados oficiales dieron la victoria a los tres partidos progubernamentales

Los resultados oficiales de las elecciones del 4 de octubre, anunciados el lunes, dejaban el parlamento en manos de los partidos progubernamentales, que apoyan la política del presidente del país, Sooronbái Jeenbékov, partidario de mantener buenas relaciones con Rusia.

Antes de la decisión de la Comisión Electoral, Jeenbékov la había pedido que revisase los resultados electorales y estudiase cuidadosamente las denuncias de compra de votos o uso indebido de los recursos estatales para favorecer a los candidatos progobierno. Y, si es necesario, que llegase hasta la “anulación de los resultados”, dijo su portavoz Tolgonái Stamalieva.

Manifestantes se enfrentan a la policía en Bishkek la noche del lunes (IGOR KOVALENKO / EFE)

El partido Birimdik (Unidad), habría ganado con el 24,5 % de los votos. Le habrían seguido Mekenim Kirgistan (23,88%) y Kirguistán (8,76 %). Miembros del primero ya dijeron el martes que aceptaban una repetición electoral.

Jeenbékov también había convocado a los líderes de los partidos que participaron en las elecciones.

Manifestantes empujan un contenedor en llamas contra la policía (Vladimir Voronin / AP)

Durante las protestas de la madrugada, un grupo de manifestantes se apoderó del centro de detención preventiva de la capital y liberó al expresidente Almazbek Atanbáyev, aliado de Jeenbékov hasta que la fiscalía comenzó a investigarle el año pasado y terminó imputándole varios delitos de corrupción.

La oposición denunció fraude electoral y compra de votos durante la votación del 4 de octubre

El caso de Atanbáyev provocó la escisión del Partido Socialdemócrata, al que ambos pertenecían. Fruto de esa ruptura esta año nació el Birindik, partidario de Jeenbékov. En la oposición quedó una nueva formación, Socialdemócratas.

Los manifestantes se agolpan frente al parlamento (VYACHESLAV OSELEDKO / AFP) Kirguistán (con 6,5 millones de habitantes) está considerada la única democracia entre las exrepúblicas soviéticas de Asia Central. Durante este siglo ha vivido ya dos revoluciones. La de los tulipanes obligó a dejar el país a Askar Akáev en 2005. En 2010 sufrió la misma suerte su sucesor, Kurmanbek Bakíev.

por Gonzalo Aragonés | Moscú, Corresponsal en Rusia

06/10/2020 10:25 | Actualizado a 06/10/2020 11:44

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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Martes, 06 Octubre 2020 05:34

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Fallo de un tribunal de apelaciones de Londres

La Justicia estimó que el ejecutivo británico podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

 

Un tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 31 toneladas de oro (con un valor aproximado de 900 millones de euros) que custodia desde hace años el Banco de Inglaterra.

La premisa era que el Banco de Inglaterra no estaba autorizado a darle ese dinero a Maduro, sino a Guaidó. El fallo de julio fue un gran apoyo de la justicia británica al presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano reconocido como presidente interino por más de 50 países. La sentencia del lunes da por tierra la sentencia de julio.

Considerando ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como "presidente interino de Venezuela", la Corte de Apelación estimó que el ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

Los jueces no pudieron sin embargo determinar si esto es efectivamente así, por lo que ordenaron que se lleve a cabo una investigación en profundidad cuya consecuencia última sería determinar a cuál de los dos rivales corresponde el control real de los fondos.

"Antes de poder dar una respuesta definitiva a las cuestiones de reconocimiento, será necesario determinar si el gobierno de Su Majestad reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a ningún efecto", escribieron los jueces en su decisión reenviado el asunto a la Corte Comercial que emitió la sentencia de julio.

El tribunal de apelación señala en su fallo que es posible jurídicamente reconocer a la autoridad de un país mientras se mantienen relaciones con la que detenta en realidad el poder. “No se ha discutido al respecto que el Gobierno de Su Majestad ha seguido manteniendo relaciones diplomáticas con los representantes del señor Maduro, al recibir en la Corte de St. James las credenciales del embajador designado por el señor Maduro, y seguir manteniendo una embajada en Venezuela con un embajador acreditado por el señor Maduro”, sostiene el fallo.

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva dos años intentando sin éxito recuperar las 31 toneladas de oro de la reserva nacional.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección adecuada del banco central venezolano y pidió a la entonces primera ministra Theresa May que no entregase los lingotes, asegurando que "podrían servir para reprimir al pueblo venezolano", o llenar los bolsillos de un régimen que califica de "cleptócrata".

El Ejecutivo de Maduro había reclamado la devolución del oro para transferirlo al Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas, y facilitar así la compra “de material sanitario, medicinas y alimentos básicos” que permitieran la lucha contra la pandemia del coronavirus. El Banco de Inglaterra, junto con la Reserva Federal de Estados Unidos, es el mayor custodio internacional de reservas de oro. Retiene en sus cámaras unos 400.000 lingotes, por valor de más de 200.000 millones de euros.

Afirmando necesitar los fondos para combatir la pandemia de covid-19, Caracas se querelló en mayo contra el Banco de Inglaterra. Este afirma sin embargo encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.

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En riesgo de muerte, al menos dos tercios de ex guerrilleros de las FARC, advierte la ONU

Bogotá. La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia contabilizó 297 ataques contra antiguos guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2018.

Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, notificó 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. La Unidad Nacional de Protección puso en marcha hasta ahora 94 medidas urgentes de protección. Al menos 19 ex combatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a su solicitud.

El organismo denunció 42 matanzas y el asesinato de 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, incluidos nueve de co­mu­nidades indígenas y cinco mujeres, en 2020, en Colombia, y advirtió del riesgo de muerte que corren más de dos tercios de los 11 mil guerrilleros desmovilizados.

El escrito, basado en un reporte trimestral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en el país sudamericano, señala que, aunque han disminuido las tasas nacionales de homicidio durante el primer semestre de 2020, "la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto aún continúa", y añadió que 13 presuntas masacres siguen en proceso de verificación, que se sumarían a las 42 confirmadas.

Guerrilla reconoce crímenes cometidos

Por otra parte, la ex guerrilla de las FARC reconoció ayer ante la justicia de paz su responsabilidad en varios crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el del ex candidato presidencial conservador Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.

El tribunal, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano, informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen "aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad" en seis sonados casos.

Entre ellos los asesinatos de Gómez, del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.

También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las FARC.

El anuncio de la ex guerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa, pues por muchos años se creyó que detrás del ataque contra el histórico líder conservador estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

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Lunes, 05 Octubre 2020 05:13

Manicomio

Partidarios y detractores del presidente Donald Trump se enfrentaron ayer en un mitin de apoyo a la policía en Macy’s Herald Square, en Nueva York.Foto AfpAmerican curios

 

 

Nadie sabe nada, o saben pero no lo dicen, o lo dicen pero es mentira, o tal vez están encubriendo algo pero son tan ineptos –igual en como han abordado la pandemia– que ni eso logran hacer bien. Es como una comedia de los hermanos Marx, pero estamos hablando de la comandancia de la última súperpotencia, la cual se ha vuelto un manicomio.

El "enemigo invisible" ha penetrando el lugar más seguro y protegido del planeta, la Casa Blanca, y contagiado al mismo que ha minimizado el Covid-19 –"afecta virtualmente a nadie", dijo la semana pasada”– y quien se ha burlado de sus propios científicos y de la necesidad de medidas de mitigación y a quien, según investigaciones recientes, es considerado el mayor propagador de información falsa sobre el Covid-19 en Estados Unidos.

Trump ha buscado evitar la responsabilidad de su manejo desastroso de la pandemia que ha matado a unas 205 mil personas en su país, pero ahora se ha convertido en el paciente en jefe de Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo, quien ha intentado desmantelar programas de bienestar social y salud, ahora está en un hospital público donde se practica la medicina socializada, donde el multimillonario, quien no pagó impuestos federales durante por lo menos 10 años, recibirá atención gratuita pagada por los que sí pagan sus impuestos.

En un gobierno encabezado por un mandatario que ha hecho por lo menos 20 mil declaraciones falsas o engañosas desde que llegó, según el conteo del Washington Post, no sorprende que nadie le crea nada. Desde que envío su tuit a las 12:54 de la madrugada del viernes informando que él y su esposa habían sido contagiados, la especulación ha dominado por falta de información verídica. Hasta el médico encargado del paciente número uno tuvo que confesar que no había dicho la verdad el viernes, afirmando que no "necesariamente" estaban buscando ocultar algo; o sea, se podría decir que tampoco era "necesariamente" la verdad. Pero insiste en que ahora sí le pueden creer.

Mientras tanto, no se sabe cuántas personas han sido contagiadas por el propio presidente y su equipo dentro de la Casa Blanca o en actos realizados sin medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas a lo largo de los últimos días (eso sí, desde que se anunció que estaba contagiado, de repente y por primera vez, casi todo su equipo aparece con cubrebocas).

Buena parte de los contagios, incluido el del presidente, podrían haber surgido del acto que se llevó a cabo en la Casa Blanca el sábado antepasado, pues por lo menos ocho de las aproximadamente 150 personas que asistieron, entre ellos el magnate y su esposa, ahora están contagiados de Covid-19, así como dos senadores, el ex gobernador Chris Christie, la consejera del presidente Kellyanne Conway y el rector de la Universidad de Notre Dame. Durante la semana se informó que una asesora cercana de Trump, la presidenta del Comité Nacional Republicano, y el jefe de la campaña de relección del presidente, Bill Stepien, tienen el virus.

El jueves, aun después de saber del contagio de su asesora, al cual estuvo expuesto, Trump viajó a una reunión con unos 200 donantes y aliados, potencialmente contagiando a varios ahí.

Ahora, la Casa Blanca es un posible foco de contagio peligroso. Los gobiernos deberían por lo menos alertar a sus ciudadanos de que si están visitando la zona, eviten pasar cerca de la sede del Ejecutivo estadunidense, que ahora es incluso más nociva para la salud pública que antes.

Mientras, circulan versiones en los medios de que dentro de la Casa Blanca tampoco saben qué tan enfermo está el jefe y que hay un ambiente de alarma porque todos los que trabajan ahí podrían haber sido expuestos, pero también porque no se sabe quién está a cargo del gobierno ni las implicaciones para su futuro.

O sea, nadie sabe nada, o lo saben todo, o dicen que saben pero no o si saben, pero no quieren decir. Es un manicomio donde los pacientes dicen que tienen todo bajo control.

https://open.spotify.com/track/ 2t8GBp5kQEXVamVq4Odwe2?si=UYFN5GCYSeSUeBG_mNWtXw

https://youtu.be/T8Rfb1Jtmic

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

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Dibujo de Carlos Latuff, caricaturista político brasileño

 Bolsonaro quiere colocar en el Tribunal Supremo a un candidato “terriblemente evangélico” antiderechos.

El juez Celso Mello está cercano a cumplir 75 años, la edad límite para ser funcionario público, anunció el próximo 13 de octubre que se retira para disfrutar de su jubilación, después de que en este último año pidió dos permisos por cuestiones de salud.

¿Quién quedará en su lugar?

Jair Bolsonaro es quien designará a uno de los candidatos que sustituirá a Mello, entre estos están Jorge Oliveira, abogado y policía militar André Mendoça, abogado y pastor evangélico, Joao Otávio de Noronha y Humberto Martins, ambos abogados y parte del Tribunal Supremo, aún no se sabe a quien impondrá Bolsonaro para ocupar el cargo de Mello, lo que sí está claro es que será alguien “terriblemente evangélico”, palabras del mandatario.

Esto no es de sorprender ya que los dos pilares con los que se sostiene el Gobierno de Bolsonaro son por un lado el Ejército, con el que revindica la dictadura y es utilizado para reprimir a los trabajadores y todos los que luchan, y por otro lado la Iglesia Evangélica, con la que se apoya para atacar los derechos de las mujeres y las diversidad sexual y de género.

De esta forma, la Iglesia Evangélica avanza en América Latina y en el mundo de la mano de gobiernos de derecha y golpista.

¿Cuál ha sido el avance de la Iglesia Evangélica?

La Iglesia Evangélica representa a uno de cada cinco latinoamericanos. La Iglesia Católica en las últimas décadas ha disminuido su influencia de 80% al 59%, a pesar de que el último Papa salió de estas latitudes, mientras que la Iglesia Evangélica ha crecido de 4% a 19%.

Pero ¿Cómo se refleja en el tablero político?

Por ejemplo en Costa Rica en las elecciones del 2018 quedó en segundo lugar en las elecciones el político y predicador Fabricio Alvarado, a pesar de lanzar discursos anti derechos, como contra los derechos de la diversidad, el derecho al aborto, la fecundación in vitro, etc. Otro ejemplo es el caso de Jimmy Morales que hace poco fue el presidente de Guatemala.

En muchos casos como sucedió en los golpes en Bolivia y Brasil donde la derecha de la mano de la Iglesia Evangélica, Católica y los militares apoyaron y apoyan los gobiernos de Jeanine Áñez y Jair Bolsonaro respectivamente, lo mismo pasa en EE.UU. donde las iglesias pentecostales apoyaron a Donald Trump.

En el caso de México la Iglesia Evangélica se ha visto representada en el Partido Encuentro Social, que en las elecciones del 2018 participó en coalición con MORENA (del actual presidente López Obrador), lo cual le permitió tener varios diputados, incluso una gobernación. El Partido Encuentro Social junto con diputados de varios partidos como PAN(Partido de la Acción Nacional), PRI (Partido de la Revolución Institucional), Movimiento Ciudadano, Partido Verde e incluso el MORENA han votado a favor del "PIN parental", una ley que ataca el derecho a la Educación Sexual Integral, además de votar contra el derecho al aborto.

El Partido Encuentro Social incluso apoyó la movilización convocada por el Frente Nacional por la Familia que rechazaba la prohibición de las terapias de conversión, que históricamente se han ocupado para tortura a la diversidad sexual y de género.

Pero a pesar de que la derecha intenta avanzar de la mano con las distintas iglesias y empresarios para ir contra los derechos de los trabajadores, las mujeres, la diversidad sexual y de género, es importante continuar la lucha por nuestros derechos, por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, por una Educación Sexual e Integral y por plenos derechos para la diversidad sexual y las disidencias.

Por Diego Juárez

@diego_enp2

Viernes 2 de octubre | 13:16

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Sábado, 03 Octubre 2020 05:48

Rebelión en la provincia

La escasez de bienes y servicios básicos persiste en Venezuela. AFP, FEDERICO PARRA

Las protestas por comida y combustible en el interior venezolano

 

Desaparecidas de Caracas las grandes marchas de la oposición y las contramanifestaciones oficialistas, una miríada de protestas en pequeños pueblos, caseríos y capitales de provincia demanda servicios esenciales para sobrevivir. Sus habitantes piden agua, electricidad, alimentos, gas para cocinar, acceso a la salud y, sobre todo, gasolina.

 

Se temía y ocurrió: Víctor Rivero, de 20 años, murió baleado la tarde del 30 de setiembre en Cariaco, pueblito de pescadores en el noreste venezolano que mira al mar Caribe. Fue cuando policías y vecinos chocaron al ser interceptado un camión con alimentos, quizás para saquearlo, quizás sólo para expresar la rabia y el hartazgo de la gente en el clima de escasez que ya lleva años y domina la cuarentena por la covid-19.

Una oleada de protestas recorre el Interior desde agosto y se intensificó en setiembre. Hubo 76 sólo el lunes 28 –aunque apenas 16 el miércoles 30–, casi todas pacíficas, y 94 por ciento de ellas en reclamo por malos servicios, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Una triple caracterización poseen estas demostraciones callejeras, dijo esta semana a la prensa Marco Ponce, conductor del OVCS. Las motivan la falta de suministros esenciales, como agua, cilindros de gas para poder cocinar, electricidad –al cabo de apagones por horas y hasta días–, las bolsas de alimentos subsidiados que esperan las familias más pobres y, sobre todo, gasolina, sin la cual es imposible el transporte de pasajeros, salir a «resolver el día» o acarrear los alimentos hasta los mercados en un país carente de ferrocarriles y donde casi toda la movilización es a base de automotores.

Además, son movilizaciones espontáneas, pequeñas, vecinales las más de las veces, ayunas de convocatoria, conducción o acompañamiento político, y se registran con fuerza en pueblos pequeños, caseríos, incluso, en zonas que durante años han sido bastiones del oficialismo, leales a los liderazgos del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su heredero Nicolás Maduro.

«LA GENTE YA NO AGUANTA MÁS»

En Santa María de Ipire, un poblado perdido en las centrales llanuras del Orinoco, una marcha de vecinos, al usual grito de «el pueblo unido, jamás será vencido», obligó a las autoridades locales a liberar a los cabecillas de la protesta el martes 29. Al amanecer del miércoles 30 llegaron refuerzos policiales y militares para controlar las calles y desestimular cualquier concentración.

En Yaracuy, una zona a pocas horas en auto al noroeste de Caracas, varias poblaciones protestaron durante cuatro días en reclamo de gasolina, gas y otros servicios: quemaron neumáticos y el vehículo de una alcaldía y protagonizaron pedreas contra la Policía que costaron la detención de 30 manifestantes. Varios de ellos serán enjuiciados.

En los últimos días de setiembre, mientras a las pequeñas ciudades cercanas a la capital –esas sí con tradición de protesta– se enviaban refuerzos policiales y de la militar Guardia Nacional, se multiplicaban protestas en poblados y hasta caseríos de zonas del Interior tradicionalmente agrícolas.

Ponce sostiene que la nueva ola de malestar «se debe a la exasperación de la gente, que ya no aguanta más, porque la cuarentena impuesta por la covid-19 le dificulta salir y trasladarse a resolver el día a día, sin servicios esenciales y mientras el ingreso cada vez se derrumba más: ya el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de un dólar al mes».

Al despuntar octubre el salario mínimo oficial en Venezuela es de 400 mil bolívares mensuales, mientras que la tasa de cambio oficial es de 436 mil por dólar. Varias consultoras económicas estiman que el ingreso medio de los trabajadores oscila entre 20 y 30 dólares mensuales, menos de la mitad del valor de la canasta alimentaria básica.

Las fallas de electricidad abarcan prácticamente todo el país y ya alcanzaron a Caracas, una suerte de burbuja en cuanto a suministro de servicios. En la populosa barriada de Petare, al este de la capital, hay viviendas y comedores populares forzados a cocinar con leña, por la falta del gas en cilindros del que dependen la mayoría de hogares. Las bolsas con comida –principalmente harina de maíz, arroz y pasta– que el gobierno mensualmente vende a familias pobres con subsidio de hasta 90 por ciento, cada vez demoran más en llegar y el mal estado de la red hídrica tiene a más de 80 por ciento de las comunidades, de todos los estratos sociales, con problemas de acceso al agua potable (véase «Vida miserable», Brecha, 7-VIII-20).

PARCHES Y REPRESIÓN

Ese telón de fondo alimenta las protestas, unas 6 mil en lo que va del año según el OVCS. La mayoría se inicia con cierre de vías, luego pasan a concentraciones y, en algunos sitios, han llegado a marchas que, prohibidas formalmente por la cuarentena, a veces son disueltas de forma violenta. Las consignas y las improvisadas pancartas dan cuenta de que en algunos casos hay un cierto grado de organización vecinal, pero, en general, no hay ni presencia ni mucho menos conducción por parte de las organizaciones políticas.

Capítulo aparte merece el tema de la escasez de gasolina, ya sobre el lugar común de que se registra en un país que fue durante un siglo un gran exportador de petróleo y aún posee las que quizá sean las mayores reservas de crudo del planeta. Casi no se manufactura ese combustible en las destartaladas refinerías, a lo que se añade el embargo contra el Estado dispuesto por Washington desde hace dos años, que deja a la industria petrolera sin insumos ni repuestos. Apenas si el gobierno ha podido traer algo de gasolina desde el remoto Irán, uno de sus países aliados (véase «Un cóctel imprevisible», Brecha, 7-VIII-20).

La escasez de gasolina genera enormes colas, que se prolongan por muchas horas y hasta por seis días, con transportistas y usuarios particulares llenos de angustia, rabia y desesperación (véase «Aguafuertes maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Pero también muestran la cara de la respuesta gubernamental que disuelve las protestas: cuando llega el combustible a la estación de servicio y se surten los vehículos, se desinflan la rabia y la protesta. Otro tanto ocurre cuando falta la bolsa de comida o el gas para cocinar en una comunidad: el gobierno puntualmente provee el suministro y la protesta pierde aliento, reemplazada por la esperanza de que quizás se regularice el servicio. Cuando el gobierno no puede satisfacer el reclamo, entonces la protesta se sofoca con la represión a cargo de las fuerzas de seguridad y, a veces, de grupos civiles armados partidarios del oficialismo, llamados «colectivos».

SILENCIO OFICIAL

El líder formal de la oposición, Juan Guaidó, presidente del Parlamento (desconocido por el resto de los poderes del Estado) y «presidente legítimo de Venezuela», según Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, ha llamado a intensificar la protesta. Mientras, el gobierno y sus medios de comunicación, que dominan el espectro radiotelevisivo, han puesto sordina a los reportes sobre las demostraciones, sus motivos y sus desenlaces.

Por ello, la muerte de un manifestante en un altercado en un pueblo remoto, que dejó también un policía herido, pasa desapercibida, aunque, según la organización humanitaria Provea, sea el quinto deceso en una protesta en lo que va del año. Parece apenas una anécdota en un panorama crítico de derechos humanos: en lo que va de 2020, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para la materia, Michelle Bachelet, las fuerzas de seguridad han abatido a más de 2 mil personas, lo que indica un patrón de ejecuciones extrajudiciales.

Por ahora, las protestas no han impactado la pugna por el poder, mientras el oficialismo convoca a elegir un nuevo Parlamento el 6 de diciembre. La oposición, con la mayoría de sus partidos y dirigentes intervenidos o proscritos, anuncia que no participará, pues considera que se trata de una «farsa» para concentrar aun más poder en manos de Maduro y las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Entretanto, las condiciones de vida en los hogares son cada día más precarias y, en ese caldo de cultivo, las protestas, sin duda, continuarán.

Humberto Márquezdesde Caracas 
2 octubre, 2020

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Manifestantes en el barrio madrileño de Vallecas exigieron ayer más recursos a la salud pública. España reporta más de 31 mil muertos por Covid-19 y de acuerdo con expertos atraviesa por la segunda ola de contagios.Foto Ap

Recortes al presupuesto hacen estragos

 La red pública del país estaba entre las 10 mejores del mundo

 

Madrid. España vivía convencida de que su Sistema Nacional de Salud (SNS) era fuerte, eficiente y de excelente calidad. Una idea, además, confirmada por informes internacionales que lo situaban entre los 10 mejores del mundo. Sin embargo, la pandemia del Covid-19, que ha atacado con ferocidad en este país, puso en evidencia las profundas carencias acumuladas en la sanidad pública, sobre todo tras los recortes por la crisis económica de 2008, la precarización de los salarios y los contratos del personal sanitario, ahora convertidos en héroes anónimos.

En estos días ver largas filas en cualquier área de atención pública en un hospital es lo habitual. También es común ver el nerviosismo y el cansancio en los profesionales de la salud frente a la desesperación de pacientes y familiares que sufren con impotencia su situación.

El problema se agrava sobre todo en los centros de atención primaria, donde resulta prácticamente imposible conseguir una cita antes de dos o tres meses, y donde el agotamiento de sus trabajadores se traduce en frustración y en datos globales que confirman que algo ha fallado: en España han muerto, según cifras oficiales, más de 31 mil personas –las extraoficiales elevan este número a más de 53 mil–, en total se han registrado 780 mil infectados, de los cuales se han aliviado 150 mil.

Los informes de organismos internacionales o publicaciones especializadas, como The Lancet o la Universidad Johns Hopkins, sitúan a España entre los países que peor han gestionado la crisis de la pandemia, a pesar de que cuenta con un sistema de salud pública universal y gratuito, además de profesionales bien preparados, que muchas veces emigran por los bajos salarios que reciben en comparación con otros países europeos.

El sistema sanitario español cuenta con 13 mil centros de atención primaria, 10 mil consultorios, 2 mil puntos de atención de urgencia extrahospitalaria, 466 hospitales, 112 mil camas, 18 mil puestos de hospital de día, 281 centros, servicios y unidades de referencia y 44 hospitales autorizados con unidad de trasplantes. Todo ello es atendido por un ejército de profesionales sanitarios integrado por 147 mil médicos, 182 mil enfermeros y 317 mil empleados de atención primaria. Es decir, más de 650 mil trabajadores de salud, a los que habría que sumar los de áreas administrativas y de seguridad.

El sistema exige recursos públicos por más de 75 mil millones de euros, lo que representa alrededor de 6.3 por ciento del producto interno bruto, cifra que si se compara con los países punteros en la materia de la Unión Europea (UE), es baja; en Alemania, Francia o Suecia es superior a 9 por ciento del PIB.

Gasto sanitario cae 13%

El gasto sanitario público en España se desplomó durante la crisis de 2008: en términos reales cayó 13 por ciento entre 2009 y 2013. Después de 2014 hubo cierta recuperación, pero todavía el gasto público sanitario total y por persona en 2018, últimos datos disponibles de la OCDE, era inferior al de 2009, explicó a La Jornada Félix Lobo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Políticas de Salud.

Estos recortes, aplicados sobre todo durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el derechista Mariano Rajoy, tuvieron una incidencia directa en la capacidad de atención. Por ejemplo, por primera vez en décadas España registró cifras inferiores a la media europea en la ratio de enfermeras por cada mil habitantes (que fue de 5.7) o del número de camas hospitalarias por cada cien mil habitantes, que fue de 297 frente a las 541 de la media en la UE.

La falta de presupuesto dio un golpe a la línea de flotación del sistema, y con el estallido de la pandemia del Covid-19 provocaron que afloraran otras carencias o problemas estructurales como la precarización de los salarios de médicos y enfermeros, las plantillas insuficientes en los centros sanitarios, la falta de material ya sea básico o especializado para este tipo de crisis (desde cubrebocas hasta respiradores artificiales).

Lobo añadió que en una pandemia así, ni el sistema sanitario mejor dotado puede hacer frente a la avalancha si no se han contenido los contagios antes. Es más importante el grado de preparación y despliegue rápido de las armas de la salud pública que se tengan planificadas y dispuestas para cuando llega la ola de contagios; el blindaje de los profesionales sanitarios y otros aspectos esenciales; la detección temprana mediante pruebas y el aislamiento eficaz de los grupos vulnerables, como las residencias de ancianos y las personas con discapacidad.

La vocera de Médicos del Mundo, Eva Aguilera, sostuvo que tras el golpe que sufrió la sanidad pública española en la crisis, una situación como ésta la pone a prueba más allá del límite. El sistema sanitario siempre ha tenido insuficiencia de recursos, pero en una crisis así estas carencias resultan letales.

De hecho, este problema ya se advirtió en el último informe sobre personal sanitario elaborado por la Comisión Europea, que advirtió que en España parte importante de los profesionales de la salud tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal; además, hay una inquietud creciente sobre la escasez de enfermeras y médicos familiares, ya que muchos se aproximan a la edad de jubilación.

España enfrenta ahora lo que expertos denominan la segunda ola del virus, al registrar los peores datos de contagio y mortandad de la UE, si bien se advierte que esta vez las consecuencias en la salud pública podrían ser incluso peores, sobre todo porque los profesionales sanitarios están exhaustos y superados y los recursos de los hospitales y centros de atención primera están al límite

Por Armando G. Tejeda

Corresponsal

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:42

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador. 

MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.

Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.

“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.

Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 ­países.

“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.

“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.

Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.

“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.

Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.

En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.

La acusación

El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.

Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.

En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.

El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.

La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.

Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.

Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.

La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.

Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.

“Traidores a la patria”

Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.

El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.

En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.

Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.

Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.

Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.

Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.

El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.

El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.

Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.

“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.

Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.

Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.

Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.

“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.

Por Alejandro Gutiérrez 29 septiembre, 2020

Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.

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