Salario Cero: El "valor" del Salario mínimo, Bono Alimentación y Pensión es esquivalente a 0.88$ mensuales

29 de septiembre de 2020.- El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs 400.000 llega al valor de cero literalmente. El equivalente de esta cantidad  es de 0,88 dólares mensuales, según la cotización de la moneda estadounidense para este 29 de septiembre.

Muchas han sido las voces que se levantan en contra de este duro golpe que ha recibido la clase trabajadora en Venezuela, en la que millones de empleados públicos se encuentran literalmente despedidos de manera indirecta y que se expresan en las redes sociales.

"La desaparición del salario es la destrucción del trabajo como hecho social, lo que ocasiona a la par de la miseria y el hambre, la desestructuración de la sociedad toda. Por eso en los hospitales el déficit de enfermeras, en las escuelas y liceos el déficit de docentes y así en cada institución se puede notar las consecuencias del despido indirecto y masivo de los trabajadores de la administración pública nacional", así lo manifiesta Zuleika Matamoros en su cuenta twitter. Matamoros es integrante de la organización política Marea Socialista quienes an introducido un recurso de amparo ante el TSJ exigiendo el cumplimiento del Art. 91 de la Constitución de la  República Bolivarina de Venezuela.

Artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".

Así, los bonos de alimentación y el "valor" de la pensión es de esta suma que no cubre tan siquiera 1Kg de harina de maiz. Lo que ha traido como consecuencia el exponencial empobrecimiento de la población. Ante el silencio de las centrales obreras, las redes sociales han servido de medios de difusión del descontento ante tal situación.

"Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano en 1 mes,si la gente, el pueblo se queja o protesta salen los ultra borregos a decir que: 1.-  Esos son escuálidos 2.-  Es que estamos bloqueados 3.-  Están dividiendo 4.-  No dicen nada. ¡Bueno todos a luchar por nuestro salario!" Así lo expresó Jesús Superlano quien se indentifica en la red social twitter como Diputado del estado Lara, revolucionario, contra el reformismo y la burguesía revolucionaria.

"Todo trabajador merece una justa remuneración para poder cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar, y eso lo dice la Constitución en su Art.91, el salario debe cubrir la Canasta Básica Familiar"  Expresó Whirmelis Villalobos quien es periodista egresada de la LUZ

Solo basta revisar un poco el twitter para enterarse de la opinión de trabajadores que se an visto en la obligación de emigrar hacia otras actividades económicas de la mermada economía informal para poder darle alimento a sus familias.

Mientras el valor del salario mínimo en Venezuela es de 0,88 dólares para este 29 de septiembre. El valor de la Canasta Alimentaria para el mes de agosto, según CENDA es equivalente a 177 dólares. Mientras que CENDAS FVM ubica la Canasta Alimentaria para el mismo periodo en 270$. El valor de la Canasta Básica se calcula al doble del valor de la Canasta Alimentaria.


Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano un 1 mes, si la gente, el pueblo se queja, o protesta salen ls ultra borregos a decir que:

1 Esos son escuálido

2 Es que estamos bloqueados

3 Están dividiendo

4 No dicen nada

Bueno todos a luchar por nuestro salario

Por: Aporrea | Martes, 29/09/2020 09:25 AM

Publicado enInternacional
Cientos de periodistas de America Latina pidieron la intervención de la OEA ante los ataques de Nayib Bukele a la prensa

Con la Fundación Gabo como articuladora, se envió una carta a Edison Lanza en la que solicitan un “monitoreo” al presidente salvadoreño. El mandatario usó la cadena nacional para apuntar contra el periódico digital ‘El Faro’, entre otros medios

 

La Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, pidieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “actuación urgente” por el “ataque” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.

En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los firmantes solicitaron al organismo internacional que “monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo”.

Igualmente lo instaron a que “exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión”, así como que “anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador”.

La carta fue suscrita por periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Fundación Gabo hizo la función de articuladora en esta petición a la CIDH porque El Faro “es uno de los medios de mayor prestigio en el continente”, al que en 2016 le otorgó el Premio de Excelencia.

El caso de El Faro

El presidente salvadoreño dijo la semana pasada durante una intervención en cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda supuestamente investiga a El Faro por “lavado de dinero”.

Un día después, El Faro publicó que “Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018”, pero que no le ha notificado a sus representantes que enfrentan dicha investigación.

Bukele también acusó a otros medios salvadoreños de mentir y atacar a su Gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado.

Al respecto, los firmantes señalaron que es de “suma gravedad” que Bukele “utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos”.

Denuncias incómodas

“Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el Gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la Administración Bukele con grupos ilegales”, agregaron.

Esto en referencia a una publicación en la que El Faro señala que el Gobierno de Bukele mantiene negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para sostener una baja en las cifras de homicidios y obtener votos para el partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar del presidente.

El mandatario negó en la referida cadena de medios, que se extendió por unas dos horas, que existan dichas negociaciones.

“En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro”, añaden los firmantes.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes “el grave deterioro” de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el Gobierno.

30 de Septiembre de 2020

Publicado enSociedad
Socialdemocracia: ¿entre «comunitaristas» y «cosmopolitas»?

El paradigma estratégico básico que permitió el éxito electoral socialdemócrata de la posguerra ya no existe. Ahora, los socialistas democráticos tienen más de una perspectiva. Y algunas de ellas han entrado en disputa. Para algunos analistas todo se reduce a que los partidos socialdemócratas se debaten entre trabajadores y trabajadoras «comunitaristas» y profesionales «cosmopolitas». Pero la cuestión no es tan sencilla.

 

Los partidos socialdemócratas enfrentan desafíos estructurales sin precedentes. Desde la década de 1970, han hecho esfuerzos para ofrecer a los votantes una alternativa a las políticas económicas neoliberales de la derecha, abandonando el modelo keynesiano de pleno empleo y corporativismo social. Se dice que la globalización y la integración europea han erosionado la solidaridad de los Estados nacionales de Bienestar y reducido las herramientas gubernamentales de política social. Mientras tanto, los recursos de poder tradicionales de la socialdemocracia de Europa occidental se redujeron en forma drástica debido a la desindustrialización y a las transformaciones del mercado laboral, de manera tal que la base trabajadora de la socialdemocracia es hoy solo una fracción de lo que era en el pasado.

Para decirlo de una manera simple, el paradigma estratégico básico que permitió el éxito electoral socialdemócrata de la posguerra durante los Treinta Gloriosos ya no existe. La «tercera vía» intentó reconciliar el clima económico globalizado con la formulación de políticas socialdemócratas, pero a largo plazo se convirtió en un fracaso electoral.

Ante el éxodo de su electorado de clase trabajadora, muchos partidos socialdemócratas adoptaron una posición «más dura» respecto a la inmigración y se inclinaron por la asimilación en cuestiones de integración. Sus dificultades para asumir una postura coherente respecto a la política social y la inmigración/integración durante las últimas décadas se pueden atribuir principalmente a los dilemas estratégicos que han venido enfrentando, mientras intentan construir una coalición de votantes más duradera y buscan volver a plantarse como una (muy necesaria) fuerza electoral estable en los sistemas de partidos de Europa occidental.

Un nuevo clivaje

El cambio ocupacional a gran escala asociado al relativo declive de la clase trabajadora ha reducido lo que los politólogos describen como el «destaque» del «clivaje» de clase y ha transformado la estructura de clase en Europa occidental. La bibliografía académica ha alcanzado un consenso creciente en cuanto a que la nueva coalición electoral de la socialdemocracia está compuesta especialmente por trabajadores de la producción y profesionales del ámbito sociocultural (como docentes, trabajadores sociales y personal médico asalariado). Mientras que el clivaje de clase tradicional perdió destaque, también se ha vuelto cada vez más evidente que la globalización resultó en un nuevo clivaje destacado, el que contrapone a «ganadores» y «perdedores» de la globalización en términos de cosmovisión (respectivamente) universalista y particularista.

Utilizando datos de la Encuesta sobre Elecciones Nacionales en Bélgica, he demostrado que esta oposición literalmente divide al electorado socialdemócrata flamenco. Apelar tanto a los trabajadores de la producción particularistas de izquierda como a los profesionales del área sociocultural universalistas de izquierda está resultando difícil cuando el nuevo clivaje tiene un lugar destacado, en especial en la medida en que los partidos populistas de derecha radical se posicionan estratégicamente para alinearse con los trabajadores de la producción, mientras que los partidos verdes se especializan cada vez más en dirigirse a los profesionales del ámbito sociocultural.

Tampoco se alinean completamente las preferencias de estos electorados en cuanto al Estado de Bienestar. Si bien ambos apoyan un Estado intervencionista, 30% de los trabajadores de la producción, pero tan solo un insignificante 2% de los profesionales del área sociocultural adoptan una postura populista, que combina un igualitarismo nativista excluyente con una crítica del funcionamiento del Estado nacional de Bienestar. Los profesionales del ámbito sociocultural son más proclives a creer en una solidaridad universal, más allá de los límites de cada grupo, que los trabajadores de la producción (15% y 7%, respectivamente), y a tener un perfil de izquierda favorable a la inversión social (52%, en comparación con 23% de los trabajadores de la producción). Tanto los trabajadores de la producción como los profesionales del ámbito sociocultural pueden sin embargo estar de acuerdo en cuanto a la importancia de un Estado redistributivo e intervencionista.

El dilema agravado

Los electorados socialdemócratas están internamente divididos entre estos dos grupos, al tiempo que se esfuerzan por forjar una coalición duradera entre clases. Este dilema electoral se agrava debido a su postura ambigua y a veces lisa y llanamente conservadora respecto a la inmigración y la integración, lo que razonablemente puede desanimar a los votantes de minorías étnicas. La bibliografía reconoce cada vez en mayor medida que los intereses de las minorías étnicas juegan un rol fundamental en el cálculo electoral de sus integrantes, y los partidos socialdemócratas pueden perder votantes de las minorías al adoptar una postura que dañe esos intereses.

Una vez más, los patrones de competencia electoral son cruciales. En un buen número de países de Europa occidental asoman la cabeza partidos basados en minorías étnicas, lo que constituye tal vez el atractivo más creíble para defender los intereses de esas minorías allí donde los socialdemócratas están fracasando, si bien esos partidos parecen enfrentar el obstáculo de los umbrales electorales. Cuando en Amberes, un antiguo baluarte de su agrupación, los socialdemócratas adoptaron algunas políticas controvertidas en su esfuerzo por contener el avance de la derecha radical, fue el Partido del Trabajo de Bélgica (PVDA, por sus siglas en neerlandés), de izquierda radical, el que se benefició con sus devaneos respecto al tema de la integración.

Una mayor percepción de discriminación étnica se conecta con un voto por la izquierda radical, y no por los socialdemócratas, lo que explica al menos en parte el aluvión de votantes de minorías en favor del PVDA en las elecciones recientes. Al tratar de recuperar algo de su anterior electorado de trabajadores de la producción particularistas de izquierda, los socialdemócratas se ponen en posición de perder su electorado de minorías étnicas, que podría decirse que ha sido el único sector sistemáticamente leal en las décadas recientes.

Potencial de movilización

Es cuestionable que pueda considerarse que los votantes de la clase trabajadora particularista de izquierda, el antiguo núcleo del electorado socialdemócrata, tengan todavía un potencial de movilización, en particular allí donde los partidos de derecha radical apuntan a estos votantes con un programa de asistencia social populista. Sin embargo, las pérdidas en este grupo de votantes no indican la muerte de la socialdemocracia, ni convierten necesariamente a los partidos socialdemócratas en partidos «de clase media», indistinguibles de los verdes.

En primer lugar, una buena parte de los trabajadores de la producción (7% en Flandes) tiene una visión de izquierda universalista, y una porción aún más grande (23%) apoya la inversión social. Los votantes de la clase trabajadora con un perfil similar están aliados ideológicamente con los profesionales del ámbito sociocultural, y esto constituye la base para una coalición interclasista contemporánea de la socialdemocracia. Para los partidos socialdemócratas, esto significa que pueden combinar un enfoque en la política de clasetrabajadora y el universalismo, al tiempo que conservan su raison d’être como partidos que representan las demandas de la clase trabajadora sin tener que recurrir a políticas de inmigración conservadoras.

Además, si bien sus preferencias en cuanto a política social pueden diferir, los tres electorados fundamentales de la socialdemocracia apoyan un Estado fuerte e intervencionista que redistribuya recursos mediante impuestos, la primera y principal incumbencia de la socialdemocracia. Sacar provecho de su imagen como defensores primarios del Estado de Bienestar requerirá sin embargo que los partidos socialdemócratas avancen más allá del paradigma neoliberal de «responsabilidad» presupuestaria y recorte del Estado de Bienestar, si es que pretenden satisfacer los diferentes intereses de una coalición electoral diversa.

Traducción: María Alejandra Cucchi

Fuente: Social Europe

Publicado enInternacional
Lunes, 28 Septiembre 2020 05:58

Asombro

Un participante en las protestas de Black Lives Matter en Portland, Oregon, recibió ayer atención médica por el gas pimienta que le roció la policía.Foto Afp

Para todos quienes hemos vivido en América Latina, las coyunturas electorales frecuentemente incluían especulaciones sobre el despliegue de violencia oficial, el papel de los militares, golpes de Estado e injerencias extranjeras. Nada de esto estaba en el vocabulario estadunidense en torno a sus propias elecciones. Pero hoy día se puede anunciar que, en este sentido, Estados Unidos ya se latinoamericanizó.

No es que las elecciones en Estados Unidos hayan sido un ejemplo de pureza. Por supuesto, existe una larga tradición de maniobras ilegales, corrupción, una larga historia de supresión del voto y un sistema que no puede garantizar que cada voto cuente, ni que se cuentan todos los votos.

Desde 2016 en adelante también se ha estrenado el tema de la injerencia extranjera en el proceso electoral, provocando investigaciones por agencias de inteligencia, acusaciones contra actores foráneos y denuncias rimbombantes de la violacion de esos sagrados principios de la soberanía y la autodeterminación al intervenir en el proceso democrático de una nación, con muy poca ironía al ignorar la historia de injerencia e intervención estadunidense en demasiadas elecciones del mundo.

Esta coyuntura electoral ya de por sí se realiza en un contexto sin precedente: en la crisis de salud pública más grave en un siglo, en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y una crisis social con el estallido del movimiento de protesta más grande de la historia del país sobre el racismo sistémico y la violencia oficial.

Pero junto con ello, es una coyuntura electoral donde el mismo presidente está amenazando con detonar una crisis política tan severa que algunos advierten podría marcar el fin del llamado “experimento americano”.

Trump ha cuestionado el mero corazón del sistema político-electoral del país al declarar de manera abierta que no sólo no reconocerá los resultados de la elección el 3 de noviembre si él no gana, sino que tampoco está dispuesto a comprometerse a una transición pacífica del poder, y que él es el único defensor del país ante la amenaza del desorden en las calles promovido por la "izquierda radical" y los "socialistas" detrás de su contrincante demócrata Joe Biden. Nadie nunca ha dicho algo parecido.

Es en este contexto que de repente y por primera vez en Estados Unidos el debate político ahora incluye referencias a "golpe de Estado", "represión armada", fuerzas "paramilitares" ultraderechistas y la pregunta de ¿qué harán los militares?

El New York Times recién publicó un reportaje sobre la creciente preocupación en el Pentágono de que Trump colocará a los militares en medio de una crisis poselectoral citando a oficiales comentando que "altos generales podrían renunciar si Trump ordena desplegar las fuerzas armadas en las calles para reprimir protestas".

El jefe del Estado Mayor, general Mark A. Milley, respondió a preguntas de legisladores federales afirmando que las disputas electorales deben ser resueltas por tribunales y el Congreso, según la ley, y que la institución castrense es y debe ser "apolítica". Concluyó: "no anticipo ningún papel para las fuerzas armadas de Estados Unidos en este proceso". No sorprende su respuesta, pero el simple hecho de que se le haya hecho la pregunta, y que haya tenido que responder, ya es alarmante.

De hecho, cada día se informa de cómo más ex altos funcionarios, ex militares, gobernadores, ejecutivos y líderes sociales están alarmados ante la posibilidad de un escenario poselectoral explosivo.

Con cada ataque de Trump contra la credibilidad y las normas del proceso electoral, se nutre la alarma de que ésta es una elección existencial para este país. David Simon, creador de The Wire y Treme, entre otras exitosas series de televisión, tuiteó que las palabras del presidente de que no reconocerá resultados adversos para él indican que "nuestra republica está colapsando a nuestro alrededor. ¡Despierten, chingao!"

Tal vez lo único que puede evitar el peor escenario es una ola suficientemente masiva del voto a favor de la deportación de Trump del poder.

El momento es asombroso.

https://vimeo.com/459419656

Publicado enInternacional
Protestas en Bielorrusia: denuncian que la Policía detuvo a 12 mil personas

Manifestaciones en las principales ciudades del país europeo

 

En Bielorrusia la policía reprimió y detuvo a miles de personas durante manifestaciones contra el presidente Alexander Lukashenko. Ocurrió este domingo, cuando alrededor de 100.000 personas se reunieron para protestar contra el mandatario, quien prestó juramento en secreto luego de las elecciones en agosto pasado. Lukashenko lleva 26 años consecutivos al frente del país europeo.

Es que desde la elección presidencial, miles de personas colman a las calles, cada domingo en Minsk, para denunciar la reelección de Lukashenko, que consideran fraudulenta. Las movilizaciones resisten pese a la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales que arrestaron a decenas de manifestantes pacíficos y a líderes de la oposición. Según Hanna Liubakova, periodista bielorrusa, "más de 80 mujeres fueron arrestadas ayer, incluyendo menores de edad". 

Desde las elecciones, "alrededor de 12 mil peronas han sido detenidas. No tiene precedentes en la historia de Bielorrusia. Muchos han sido torturados y golpeados", denunció en sus redes sociales.

En el centro de Minsk, varias estaciones de metro habían sido cerradas al público antes de que comenzara la marcha. El Palacio de la Independencia, sede del gobierno de Lukashenko, estaba rodeado de barreras y con una fuerte custodia de la policía antidisturbios.

Oposición

Tras ser encarcelado su marido, Serguéi Leonídovich Tijanovsk, Svetlana Tijanóvskaya se presentó como candidata a las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia. Aglutinó a la oposición frente al presidente Lukashenko y, según datos oficiales negados por la oposición, logró el 9,9 % de los votos.

"¡Somos millones!", lanzó este domingo la rival de Lukashenko, Svetlana Tijanóvskaya, en un mensaje subido a las redes sociales en apoyo a la protesta, "¡ganaremos!", añadió.

"No es más presidente de Bielorrusia: es simplemente el jefe de los antidisturbios que sin distintivos actúan en las calles", completó la líder de la oposición .

Por su parte, las criticas de varios países occidentales -incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York- no tardaron en llegar. El gobierno alemán no reconoció al presidente Lukashenko y consideró que el "secreto" que rodeaba la ceremonia de investidura era un símbolo "revelador" de la debilidad del régimen y de su "falta de legitimidad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró por su parte que lo que ocurre en Bielorrusia es "una crisis de poder, un poder autoritario que no consigue aceptar la lógica de la democracia y que se aferra por la fuerza", en una entrevista este domingo con el periódico Journal du dimanche. "Está claro que Lukashenko debe irse", concluyó.

Estados Unidos tampoco considera a Lukashenko "como el presidente legítimo" de Bielorrusia, según afirmó en un comunicado el Departamento de Estado.

El mandatario bielorruso, que acusa a los países occidentales de impulsar las protestas, prometió una difusa reforma constitucional para hacer frente a esta crisis política, pero rechaza cualquier diálogo con los detractores del régimen, del que está al frente de 1994. El presidente se niega a dar su brazo a torcer y ha pedido ayuda a su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien prometió apoyo a nivel de seguridad "de ser necesario" y un préstamo de 1.500 millones de dólares.

Publicado enInternacional
Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

Publicado enInternacional
Sábado, 26 Septiembre 2020 05:41

¿EU posTrump?

¿EU posTrump?

La mayor potencia militar del mundo enfrenta este noviembre sus elecciones presidenciales marcadas por dos hechos que combinados entre sí producen un escenario de consecuencias imprevisibles. Por un lado, la pandemia que asola el planeta y que ha causado ya cerca de un millón de muertes en el mundo, de las cuales más de 200 mil se han producido en Estados Unidos. Por otro lado, la segunda ola de protestas antirracistas agrupadas en el #BlackLivesMatter, que se convierte al mismo tiempo en una respuesta al auge de la alt-right en la mayor economía mundial.

La actitud errática de Trump a la hora de enfrentar la pandemia se ha traducido en denunciar a China por "infectar el mundo" en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y en decidir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo tiempo que anuncia que la vacuna contra el coronavirus estará a finales de octubre y las primeras dosis serán distribuidas antes de que termine 2020.

Pero la realidad es que en estados clave desde el punto de vista electoral, como California, Texas, Florida, Georgia y Arizona, la epidemia de Covid-19 se ha disparado, y la Universidad de Washington calcula llegar al 3 de noviembre, día de la elección presidencial, con más de 250 mil personas muertas.

Al mismo tiempo y en lo que respecta a la economía, el PIB estadunidense tuvo la mayor caída de su historia en el segundo trimestre del año, con un descenso de 31.7 por ciento, lo cual implica una tasa anual de 32.9 por ciento, que se traduce en más de 30 millones de personas desempleadas como resultado de la crisis pandémica.

Y todo ello, con un panorama convulsionado por el que probablemente es el movimiento social más grande de la historia, que denuncia el racismo y la violencia policial, justificada por Trump en más de una ocasión, lo cual cuestiona de raíz a un sistema político gobernado por Wall Street y el complejo industrial-militar, pero sobre todo, podría inclinar la balanza a favor de Joe Biden, vicepresidente del primer presidente estadunidense negro de la historia.

Porque si bien a Trump lo sostenía la buena marcha de la economía y las bajas tasas de desempleo e inflación, la pandemia vino a patear el tablero de juego, y el Black Lives Matter lo reordenó. Si a eso le sumamos la salida del Acuerdo de París en torno al cambio climático, la dura política contra la migración que se contrapone con la más que blanda actitud hacia un comercio, legal e ilegal, que ya suma 200 millones de armas, les da a los demócratas una oportunidad que no tenían hace pocos meses, cuando muchos presuntos analistas consideraban a Biden un cadáver político.

Lo que viene en los próximos días, son tres debates presidenciales, 29 de septiembre (Cleveland), 15 de octubre (Miami) y 22 de octubre (Nashville), que salvo debacle demócrata, pueden ayudar a consolidar el voto a favor de Biden, frente a un Trump deseoso de que se vote menos, lo que favorecería a los republicanos. La nominación de una nueva jueza en el Tribunal Supremo, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que podría asentar una nueva mayoría conservadora de seis contra tres jueces progresistas, marcará el tono de los debates.

Hasta el momento, y de cara al 3 de noviembre, de los 306 votos electorales obtenidos en 2016, los republicanos sólo tienen seguros alrededor de 125, mientras que los demócratas cuentan como bastante seguros, 222 votos de los 232 obtenidos hace cuatro años. De los estados péndulo ( swing states) que podrían cambiar en 2020, la elección se juega en Florida (29 votos electorales), Pensilvania, (20), Carolina del Norte (15), Michigan (16), Arizona (11) y Wisconsin (10). Todo ello, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 270 de 538 votos electorales.

Para ello, en plena pandemia y a las puertas de una gran crisis económica, Advertising Analytics calcula que ya se ha invertido más de 2 mil millones de dólares en publicidad entre ambos partidos, y que se cerrará la campaña con un gasto total de 6 mil 700 millones de inversión.

Hasta el momento las encuestas son favorables a Joe Biden y su candidata a vicepresidenta Kamala Harris. La encuesta más reciente de la NBC y Wall Street Jornal, entre votantes registrados, otorga a los demócratas 51 por ciento frente 43 por ciento de los republicanos. Por su parte, la encuestadora más cercana a los republicanos, Rasmussen, coloca la ventaja de Biden frente a Trump en tan sólo un punto, 47 contra 46 por ciento.

Cuando se profundiza en las encuestas, en la única área que aún gana Trump es en la economía, el que más les importa a los votantes (21 por ciento), lo cual le permite seguir con opciones, pero a la vez la posibilidad a Biden y los demócratas de golpear políticamente en el resto de áreas: pandemia, racismo, cambio climático, salud, educación, empleo y migración.

El 3 de noviembre sabremos si tendremos a Trump, que sigue sembrando sospechas de fraude y de no reconocimiento de los resultados electorales, cuatro años más gobernando la principal potencia económica y militar del mundo, en declive de su hegemonía, pero aún imponiendo su dominación; o comienza la era posTrump, en la que, como sentenció Xi Jinping esta semana en Naciones Unidas, se rechace la mentalidad de suma cero, se dejen de impulsar guerras frías o calientes, y se impulse un mundo basado en la cooperación y el multilateralismo.

Twitter: @katuarkonada

Publicado enInternacional
Imagen ilustrativaLuis Acosta / AFP

El Comando Específico del Cauca emitió un comunicado para confirmar que el uniformado había sido puesto a disposición de las autoridades.

 

Un militar colombiano disparó y mató a una mujer en el departamento del Cauca y, minutos después, la pareja de la víctima grabó un video para registrar el rostro de los responsables del homicidio.

En la grabación, que se ha vuelto viral en las redes, se escucha el llanto y los gritos desesperados del marido de la víctima, que ha sido identificada como Juliana Giraldo, y que falleció tras recibir un impacto de fusil en el cráneo mientras se desplazaba en un auto por la vereda de Guatemala, que conduce al municipio Miranda de ese departamento.

"¡Me la mató! No tenemos drogas, no tenemos armas, no tenemos nada. Este 'man' me la mató, por favor, ayúdenme", grita Francisco, como ha sido identificado el hombre por un testigo, mientras trata de dejar el registro del presunto responsable de la muerte de su pareja.

"Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza. Dios mío, yo no hice nada, ayúdenme a buscar a la Policía", continúa Francisco mientras graba el interior del automóvil, donde yace Giraldo en el asiento del copiloto. En el video también se escucha la voz de un militar que le dice "se hubiera parado".

Al final del clip, en medio de lágrimas, Francisco vuelve a pedir auxilio: "Por favor, ayúdenme a hacer viral este video: el Ejército acaba de matar a mi mujer".

Respuesta del Ejército

Los medios han publicado un comunicado de prensa de la unidad militar orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, perteneciente al Comando Específico del Cauca, donde se reconoce que "según las primeras informaciones", hubo "una mujer resultante muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza", que pertenecería al Batallón de Alta Montaña N ° 8 José María Vezga.

En el texto, que también fue reproducido por Semana, se informa que "se puso al tanto a autoridades" de manera inmediata para que determinaran "el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido", y realizaron las pesquisas para establecer las responsabilidades del hecho.

Esta unidad militar, según se afirma, puso "a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento" para "apoyar en el desarrollo de la investigación".

Por su parte, ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lamentó lo sucedido y afirmó que "actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del Gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército nacional y no se toleran".

Holmes Trujillo, quien manifestó su "rechazo, consternación y dolor" por lo ocurrido, agregó que el comandante del Ejército corregirá "cualquier error que pudiera haberse presentado en las responsabilidades de mando y control". 

¿Qué pasó, según un testigo?

En otro video publicado en las redes sociales, uno de los cuatro ocupantes del vehículo donde yace Giraldo -que se identifica como Jorge- explica que en la mañana le había pedido a Francisco, su amigo, que lo acompañara a comprar unos repuestos para su camión.

Según el relato de Jorge, durante el trayecto fueron abordados de manera violenta por los uniformados. "Cuando íbamos a dar la vuelta, salieron del monte dos soldados corriendo hacia la vía. Decían '¡pare, gonorrea, pare!'".

Francisco preguntó a los uniformados la razón para tal orden y, mientras los militares repetían la voz de alto, "el soldado disparó tres veces con su fusil" y tuvieron que agacharse dentro del auto, relató el testigo. "Después le disparó a las llantas [neumáticos], luego comenzó a dispararle al carro y una bala me pasó por una oreja y le pegó a la muchacha que iba delante de mí", agregó.

"Éramos cuatro ocupantes en el carro, el hombre resteado nos apuntaba y cuando vio que no estábamos en nada dijo: 'la cagué, la cagué'", aseguró el acompañante.

Este nuevo hecho de violencia, que salpica a los cuerpos de seguridad del Estado, ocurre días después de la muerte de 13 personas durante protestas duramente reprimidas por la Policía en Bogotá, en rechazo del brutal asesinato del taxista Javier Ordóñez, quien fue grabado mientras dos policías lo mantenían neutralizado en el piso y le daban descargas eléctricas.

Publicado: 24 sep 2020 20:33 GMT

Publicado enColombia
Manifestantes ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia declinó imponer cargos criminales a los policías blancos involucrados en la muerte de la afroestadunidense Breonna Taylor. El presidente Donald Trump fue abucheado en la Corte Suprema, al asistir a un homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Foto Afp

Nueva York., Donald Trump ha puesto en duda el principio básico del sistema político-electoral de Estados Unidos, y nadie sabe qué hacer.

Veinticuatro horas después de que el presidente rehusó comprometerse a una transición pacífica del poder –"tendremos que ver qué sucede", respondió–, y luego de que durante varios días ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios si no le son favorables, y de que ha hecho explícito que desea instalar un nuevo juez en las Suprema Corte antes de las votaciones ya que pronosticó que la disputa electoral se resolverá a su favor ahí, el debate en este país ha entrado a territorio desconocido sin mapa ni brújula.

El liderazgo republicano de inmediato aseguró que sí habrá transición pacífica, creen, sin mencionar el nombre del presidente, mientras otros trataron de descalificar la respuesta al considerarla otro exabrupto sin sentido ni intención del presidente. Demócratas y otros opositores de Trump continuaron advirtiendo que se trata de maniobras para descarrilar no sólo las elecciones, sino los procesos democráticos de esta república.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se vio obligado a tuitear que "habrá una transición ordenada igual que ha sucedido cada cuatro años desde 1792". El senador republicano Dan Sullivan declaró: "por supuesto, vamos a tener una transición pacífica del poder. Somos Estados Unidos de América. No somos una república bananera", reportó el New York Times. Por lo menos otros ocho senadores republicanos buscaron asegurar al público que la transición se realizará, aunque algunos usaron palabras como "pienso" y "espero" que sea así, sin garantizarlo.

Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que Trump aceptará los resultados de "una elección libre e imparcial", al responder a preguntas sobre lo declarado por el presidente el pasado miércoles.

Pero Trump no se quedó callado ayer y minó todo este esfuerzo para calmar la controversia y una vez más cuestionó la integridad del proceso electoral, sin ninguna evidencia, y declaró: "queremos asegurar que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo", en referencia a su insistencia en que el voto por correo será motivo de un megafraude electoral. El fraude por esta vía es casi inexistente en el país.

Entre las respuestas a las declaraciones sin precedente en la historia moderna de un presidente, el Senado aprobó una resolución de manera unánime "reafirmando el compromiso al traslado ordenado y pacífico del poder tal como se establece en la Constitución de Estados Unidos". Pero el simple hecho de que el Senado se haya visto obligado a promover esta resolución ya es alarmante.

La presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, le recordó al presidente: "no estás en Corea del Norte; no estás en Turquía. Estás en Estados Unidos de América. Es una democracia; entonces, por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución".

El diputado Adam Schiff declaró en respuesta a las palabras del presidente que "es así como muere la democracia".

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders llamó a la creación de una comisión electoral independiente para proteger la democracia estadunidense. En un discurso en Washington declaró que "demasiada gente ha luchado y ha dado su vida para defender la democracia estadunidense y tú (Trump) no la vas a destruir". Concluyó: "ésta no es sólo una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Ésta es una elección entre Donald Trump y al democracia, y la democracia tiene que ganar".

Mientras, el director de la FBI, Christopher Wray, declaró ante legisladores que él no había visto evidencia de "un esfuerzo coordinado a escala nacional de fraude electoral", en aparente contradicción con lo que ha sugerido el presidente durante semanas.

Al mismo tiempo, cerca de 500 ex altos funcionarios militares y civiles –incluyendo ex secretarios de gabinete– firmaron una carta abierta en la cual expresaron su apoyo a Biden, al afirmar que tiene las características necesarias para “abordar un mundo en llamas. Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos arriesgado nuestras vidas, por Estados Unidos. Somos generales, almirantes… embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad acional. Somos republicanos y demócratas e independientes. Amamos a nuestro país. Desafortunadamente, también tememos por él”. Trump, señalan, ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer su puesto.

El apoyo a Trump en las filas militares se ha desplomado, con sondeos recientes que dan a Biden ventaja de 41 por ciento contra 37 para el presidente. En 2016, Trump gozaba ventaja de dos a uno contra Hillary Clinton, reporta el Washington Post.

Protestas

"Ley y orden", tuiteó una vez más Trump ante la erupción de nuevas manifestaciones en las calles en reacción al anuncio de que un gran jurado en Kentucky declinó emitir cargos directos contra tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Sólo se anunciaron cargos menores contra uno de tres uniformados que asesinaron a la afroestadunidense en su casa en marzo.

La decisión detonó una nueva serie de protestas en Louisville, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Filadelfia, Portland, Chicago y Denver en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Anoche se esperaba una nueva ola de protestas en Louisville y otras ciudades.

El Movimiento por las Vidas Negras, red de más de 150 organizaciones dentro de Black Lives Matter, calificó la decisión sobre los cargos de insuficientes e indignantes y declaró que "esta decisión, presentada a 41 días de la elección más crítica en la historia moderna de Estados Unidos, tiene la intención de permitir violencia sancionada por el Estado contra todas las comunidades negras y obstruir a la gente de afirmar sus derechos a protestar".

Fraude, el negocio familiar

Mary Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal en Nueva York contra su familia, a la que acusa de haberle robado su herencia del hermano del presidente. Al inicio de la demanda presentada ante tribunales, la sobrina del mandatario afirma que para la familia Trump "el fraude no es sólo el negocio de la familia, es una forma de vida".

Publicado enInternacional
Jueves, 24 Septiembre 2020 06:28

Contundente varapalo de la Justicia

Contundente varapalo de la Justicia

La sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia publicada ayer reconoce el uso excesivo de la violencia por parte de la Fuerza Pública y reclama del Gobierno su neutralidad, el respeto por la ciudadanía y la garantía del ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

En un acto histórico, la Justicia saca los colores al Poder Ejecutivo de la República de Colombia por su negligencia en el respeto de los derechos y libertades públicas y por su tácito respaldo a la violenta actuación de las fuerzas de seguridad, a las que reclama mesura y que cumplan sus funciones de mantenimiento del orden sin violar las libertades y los derechos.

La sentencia STC7641-2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 da respuesta a la demanda planteada por 49 ciudadanas y ciudadanos contra el  presidente de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director general de la Policía, el comandante general de  la Policía Metropolitana de la capital del país, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitando “la protección de sus prerrogativas a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, ´no ser sometidos a desaparición forzada`, y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, presuntamente amenazadas por las autoridades accionadas”.

En un documento preciso y exhaustivo de ciento setenta y una páginas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con Luis Armando Tolosa Villabona como magistrado ponente, ordena a las personas y entes encausados que “en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción”, dictaminando que los demandados deberán “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable”.

Con esta sentencia la Justicia le exige al Gobierno y a la Fuerza Pública el respeto de la ley y de los derechos y las libertades públicas consagradas en la Constitución Política de 1991.

Para la sala, y eso que en el fallo ahora emitido no se han tenido en cuenta los trágicos sucesos de los días 9 y 10 de septiembre ya que la tutela sobre la que se pronuncia el alto tribunal fue presentada con anterioridad, existen elementos comunes de un uso equivocado de la fuerza para ejercer el control de las movilizaciones.

Adelanta la necesidad de establecer protocolos que se deberán recoger en un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, algo que, de alguna manera, viene a dar la razón a la petición de la alcaldesa de Bogotá de la necesidad de reestructurar el cuerpo de Policía para adaptarlo a un verdadero sistema democrático y desvincularlo de su carácter militar.

La sentencia ordena que desde ya se suspenda el uso de las escopetas calibre 12 manejadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); que el Gobierno Nacional sea neutral, incluyendo la no estigmatización de las protestas y sus protagonistas; que se conforme una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza, y que el ministro de Defensa presente disculpas por los excesos que se han venido registrando desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

En su repaso a las actuaciones de la Policía, la sala revisa, entre otras muchas acciones excesivas, el caso del estudiante Dilan Cruz, fallecido a manos del Esmad por disparo de “arma no letal” en noviembre de 2019, determinando la sentencia que “no se evidencia que fuera necesario utilizar el arma larga para disuadir o evitar una antijuricidad de carácter relevante, irremediable, inminente e impostergable para salvaguardar un bien jurídicamente tutelado haciendo uso de ese instrumento para herir al ciudadano”.

La Sala termina afirmando que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.

Aceptando la tutela y disponiendo que se remita el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes y que rindan informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre el avance de las actividades desplegadas para el cumplimiento de los fines establecidos en la sentencia.

Toda una llamada de atención al Gobierno, con su presidente y su ministro de Defensa a la cabeza, y a sus fuerzas de seguridad para que respeten a la ciudadanía y sus derechos democráticos.

23 Sep 2020

Publicado enColombia