Miembros de la Policia Nacional Bolivariana patrullan en un barrio de Caracas, Venezuela.Rodrigo Abd / AP

La letal intervención de las fuerzas de seguridad en un barrio controlado por bandas criminales se produce en medio del escrutinio internacional por las ejecuciones extrajudiciales

 

Al menos 23 personas murieron durante el fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas criminales en Caracas, la capital de Venezuela, después de que comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana entraran el viernes al barrio La Vega, en el oeste de la ciudad. La refriega es una más de las protagonizadas por este grupo policial acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, reclamó la disolución de esta fuerza en 2019 por las graves violaciones de las que es acusada. Las FAES son un grupo de fuerzas especiales creado en 2016 por Nicolás Maduro.

Con mano dura, han asumido el control del combate a la la delincuencia, pero también operan junto con las fuerzas de choque del chavismo en la represión de manifestaciones y la persecución de opositores.

Los policías desplegados en el barrio de La Vega han matado a miembros de una poderosa banda dedicada a los secuestros que supuestamente intentaba extender su radio de acción a otros barrios de Caracas. En la operación policial también murieron vecinos a causa de las balas perdidas, entre ellos Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años, que estaba en la puerta de su casa mientras los delincuentes se estaban enfrentando a los agentes policiales.

Los vídeos de los disparos de armas de distinto calibre han corrido por las redes sociales desde el viernes, cuando el barrio entró en una especie de toque de queda que obligó al cierre de comercios. Los vecinos han vivido horas de miedo y horror por las balaceras. El comandante de las FAES, Miguel Domínguez, dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo policial se encontraba desplegado en la zona “brindando seguridad y protección a la parroquia”. Dominguez están sancionado desde 2019 por Washington.

La violencia en Venezuela —que en los últimos años ha liderado la tasa de homicidios de la región junto con Honduras y El Salvador— ha dejado de estar en manos de los delincuentes. El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia reportó en 2020 una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. El año cerró con al menos 11.891 muertos, incluidos 4.231 fallecimientos catalogados por las autoridades como resistencia a la autoridad y que se sospecha que fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. El año pasado los delincuentes perpetraron 4.153 homicidios, otras 3.507 muertes están bajo investigación.

“La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En 12 estados la policía mató más que los delincuentes. Es decir, en la mitad de entidades federales la letalidad policial fue superior a la letalidad delincuencial”, explica el informe divulgado la última semana de diciembre.

Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por Florantonia Singer

Caracas - 10 ene 2021 - 22:32 UTC

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Estados Unidos: ¿esto no es «lo que somos»?

Parte del establishment republicano trata de desmarcarse de Donald Trump; algunos liberales centristas consideran lo ocurrido el 6 de enero como propio de una «república bananera». Hay quienes denuncian un intento de golpe mientras el núcleo duro trumpista sigue con las denuncias de fraude. Nuevas y viejas grietas vuelven a agitar la política estadounidense y ponen en crisis el supuesto excepcionalismo nacional, mientras el nuevo gobierno demócrata se apresta para tomar el timón del Estado.

 

Hay un viejo chiste que pregunta «¿Por qué nunca ha habido un golpe de estado en Washington DC?» y responde: «Porque allí no hay embajada de Estados Unidos». El miércoles pareció que los estadounidenses tendríamos que dejar de repetirlo. En medio de las sesiones del Congreso para certificar los resultados de las elecciones de noviembre, en las que Joe Biden obtuvo una clara victoria sobre Donald Trump, estallaron los disturbios y la violencia. Trump apareció en un mitin diciendo, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, que le habían robado mediante el fraude su aplastante victoria, y afirmando que si su vicepresidente Mike Pence «hace lo correcto», entonces «ganamos las elecciones» (El vicepresidente desempeña, en realidad, un papel ceremonial en la certificación del Senado, que recibe los votos de los colegios electorales de los estados, y no tiene poder para alterar los resultados). «No se recuperará nuestro país con debilidad», arengó Trump al público. 

El presidente regresó a la Casa Blanca, pero algunos de quienes asistieron al mitin marcharon luego hacia el edificio del Capitolio. En el interior, varios republicanos habían anunciado planes para oponerse a la certificación de los resultados en los estados clave que definieron la elección por pocos votos. Los congresistas insistían en que simplemente estaban pidiendo que se investigara. Pero, en realidad, no había nada que investigar: los tribunales rechazaron una y otra vez las numerosas demandas elevadas por la campaña de Trump por considerarlas frívolas y carentes de fundamento. 

Desde la elección, Trump ha insistido en que él fue el verdadero ganador (Incluso en 2016, cuando le ganó a Hillary Clinton gracias al sistema de colegio electoral pero habiendo pedido en el voto popular, declaró que eso ocurrió debido a «millones de votos ilegales»). El Partido Republicano no ha dudado en apelar al mito del fraude en los últimos años para promulgar leyes que dificultan la participación electoral. Trump ha atacado incluso a los funcionarios republicanos en el estado de Georgia por haber certificado los resultados que le dieron a Biden una estrecha victoria. Varios de ellos llegaron a sufrir amenazas de muerte y acusaciones de traición. Hace poco se dio a conocer el audio de una llamada en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brian Raffensperger, que «encuentre 11.780» votos, la cantidad necesaria para ganar en ese estado sureño. Desde la perspectiva de los seguidores más radicales de Trump, incluso su propio partido los traicionó. Claro, si bien hubo algunos casos aislados de irregularidades electorales (como el hombre que usó la boleta de su madre fallecida para emitir un voto... por Trump), no hay evidencia de fraude sistemático, y afirmar que podría haber existido ha hecho necesario recurrir a teorías conspirativas cada vez más oscuras, que involucran a las máquinas de votación y a la familia de Hugo Chávez. Pero no importa: el senador Josh Hawley, que, según especulan algunos, podría ser el heredero político de Trump, saludó a los manifestantes que estaban frente al Capitolio con un puño en alto, y luego, en el interior, objetó los resultados del colegio electoral. Se esperaba que otros republicanos hicieran lo mismo.

Pero no les fue posible. Poco tiempo después, el edificio del Capitolio era tomado por asalto. Algunos de los asistentes al mitin de Trump se habían trasladado a las escalinatas exteriores del edificio, donde se enfrentaron con las barreras policiales. Hubo algunos enfrentamientos, pero la presencia de uniformados fue mínima en comparación con la que hubo en las protestas de Black Lives Matter el año pasado, y en algunos casos la policía pareció tratar a los manifestantes con mayor deferencia.

Los trumpistas se abrieron paso más allá de las líneas policiales y algunos videos mostraban a la policía simplemente consintiendo el asalto al edificio. En otros, se ve a la policía resistiendo la toma y un un agente fue golpeado hasta la muerte. El Congreso suspendió la sesión. La multitud rompió las ventanas y se abrió paso hacia el interior el edificio. Un hombre se dirigió a la cámara de senadores ya vacía, se paró en el estrado y gritó: «¡Trump ganó las elecciones!». Otros irrumpieron en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi. Se lanzaron gases lacrimógenos en la rotonda del edificio y el servicio secreto que protegía la Cámara de Representantes mató a tiros a una mujer. Llevó horas despejar el Capitolio. Y finalmente, ya bien entrada la noche, el Congreso reanudó el trabajo y certificó la victoria de Biden.

Difícilmente pueda describirse lo ocurrido con un término que no sea conato de golpe, aunque haya sido un golpe sin posibilidades reales de éxito. Fue un acto, instigado por Trump, que buscó cambiar los resultados del proceso electoral por medio de la violencia y la intimidación. En un momento, los insurrectos corearon repetidamente «colguemos Mike Pence», al considerar que el vicepresidente los había traicionado. Entre quienes tomaron el Capitolio, varios han sido identificados como miembros de las fuerzas armadas, y asimilados a paramilitares que se proponían tomar rehenes.  

Sin embargo, el esfuerzo careció de muchos de los ingredientes que habría necesitado para representar una amenaza real al orden constitucional. A pesar del éxito de Trump al colocar a tres nuevos jueces en la Corte Suprema, el presidente no cuenta con el apoyo del poder judicial para impulsar este tipo de cuña en el sistema. Aunque hay miembros de las fuerzas armadas que están personalmente muy comprometidos con el jefe de Estado y/o con la causa de la supremacía blanca, Trump no mantiene buenas relaciones con la institución y no cuenta con apoyo para un golpe militar. A comienzos de enero, los diez secretarios de defensa vivos, tanto republicanos como demócratas, emitieron un documento en el que advierten que quienes revistan en el ejército prestan juramento a la Constitución y no a un presidente, y están obligados a no socavar los resultados de las elecciones. Hasta donde sabemos, no hubo coordinación entre el motín insurreccional y ninguna institución gubernamental o militar.

Trump tampoco cuenta con el apoyo de los medios para imponer una narrativa hegemónica tras un golpe. Por supuesto, existen canales que le han ayudado a difundir sus mentiras. Fox News ha proporcionado, durante años, una dieta constante de propaganda tóxica diseñada para mantener a su base de adultos mayores blancos temerosos y alineados. Conserva a algunos periodistas por fuera de su línea editorial para cubrirse, y cuando estos, para desagrado de Trump, informaron de manera objetiva sobre los resultados electorales, muchos espectadores se apresuraron a mirar canales que antes eran poco importantes, como Newsmax y One America News Network, que han ayudado a difundir teorías conspirativas relacionadas con las elecciones. También se difunden fakes news a través de programas radiales con participación de oyentes, sitios web, Facebook y otras plataformas de redes sociales. Pero si bien la capacidad de difundir una realidad alternativa hizo posible que sucedieran cosas como los acontecimientos del miércoles 6 de enero, la mayoría de los medios estadounidenses se vio atacada por las mentiras hostiles y constantes de Trump, y tomó una posición crítica hacia su gobierno. Trump carece del apoyo institucional para convertir sus impulsos autoritarios en una dictadura personal. Incluso aquellos que tomaron por asalto el edificio del Capitolio parecían no tener plan para tomar las riendas del poder una vez adentro. 

Sin embargo, esto no significa que esas acciones fueran tan absurdas como a veces parecieron. Por cierto, el hombre sin camisa, con piel de animal y casco con cuernos, no parece ser el autor de un moderno ¿Qué hacer? trumpista (de hecho, cree que «Hollywood está lleno de vampiros interdimensionales») Pero más allá de la posibilidad de violencia, el episodio refleja la degradación profunda del Partido Republicano, para la cual no hay ningún remedio a mano. Muchos republicanos electos se pasaron toda la jornada del 6 de enero tuiteando que «esto no es lo que somos», lo cual refleja una negación deliberada tanto de la historia del país como del estado de su propio partido. Quizás el acto de violencia más conocido jamás cometido en el Capitolio haya sido la golpiza casi mortal recibida por el senador antiesclavista Charles Sumner en 1856, propinada por un colega. Pero, en términos más generales, la expansión de derechos siempre se ha topado con la reafirmación de la dominación y la jerarquía. Tras la Guerra Civil, los ataques a legisladores por parte de los vigilantes supremacistas blancos en el Sur del país quedaron impunes, lo que dio vía libre para la imposición de la supremacía blanca. Aunque algunos ahora han sido arrestados, la impunidad experimentados por miembros de la turba el 6 de enero fue notable, especialmente en contraste con el comportamiento adoptado por muchos cuerpos policiales durante las manifestaciones por la justicia racial durante el verano boreal.

Si los legisladores republicanos buscan separar a los extremistas de aquellos que consideran republicanos responsables con su «esto no es lo que somos», estamos también ante una forma de negación. Denunciar a los demócratas, no importa lo moderados que sean, como socialistas antiestadounidenses ha sido una estrategia de los republicanos por lo menos desde el New Deal. Calificar a los demócratas de corruptos e ilegítimos ha sido una estrategia generalizada por lo menos desde la década de 1990. El partido ha azuzado el prejuicio y la ira populares como una forma de impulsar la participación en las elecciones y continúa haciéndolo. Con la única excepción del senador Mitt Romney, no hubo apoyo republicano para destituir a Trump cuando se inició el proceso de impeachment en 2019, si bien era abundante la evidencia de comportamiento delictivo e inapropiado. 

Los medios conservadores han evolucionado, desde los programas de radio de Rush Limbaugh hasta Fox News y las posiciones conspiranoicas desquiciadas de Glenn Beck, Trump y QAnon. Pero muchas de las narrativas siguen siendo las mismas. Trump no puede distinguir la realidad de la fantasía, y tampoco pueden hacerlo muchos de sus partidarios. Entre quienes irrumpieron en el Capitolio se encontraban miembros de grupos neonazis y negacionistas del Holocausto que han estado presentes en mítines a favor de Trump. Pero muchos agitaban banderas o usaban vestimenta con mensajes de QAnon, una teoría conspirativa que ha florecido en la era Trump. La visión de QAnon consiste esencialmente en que los demócratas prominentes están involucrados en una red satánica de tráfico sexual infantil contra la cual Trump está luchando en secreto. La «Q» anónima deja pistas para las personas en los foros de mensajes de Internet, lo que hace que la interpretación de QAnon como «gotas» o «migas de pan» sea una forma participativa de conspiracionismo, tendiente a ir descubriendo a la elite que domina el Estado profundo. La actividad explotó bajo los confinamientos por el covid-19; los letreros #SaveOurChildren (#SalvemosANuestrosHijos) inspirados en QAnon se pueden ver en todo el país y en las redes sociales. Los académicos que han estudiado el fenómeno lo han comparado con una religión, ya que proporciona una explicación no falsable del mal, y la participación en él como obra de teodicea, una vindicación de la bondad divina.

Trump ha impulsado la teoría y a sus seguidores, lo que halaga su ego ilimitado al colocarlo en el papel de dios. Ahora hay congresistas republicanos electos que creen en QAnon, y ha habido otras incitaciones a la violencia. El 7 de diciembre, el Partido Republicano de Arizona retuiteó a un teórico de la conspiración diciendo «Estoy dispuesto a dar mi vida por esta lucha» y agregó: «Él lo está. ¿Y tú?». Por eso, afirmar que «esto no es lo que somos» es reducir el problema a un puñado de extremistas, cuando la cuestión radica en los mensajes que dan Trump, dirigentes republicanos y medios afines. Y hay hechos de que pasaron bastante desapercibidos: a pesar de que prominentes personajes de la extrema derecha publicaban sus mensajes conspirativos en las redes sociales desde el interior del Capitolio, el miércoles por la noche, la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin estaba sugiriendo en Fox News que la violencia había sido llevada a cabo por agitadores izquierdistas que intentan hacer quedar mal a los republicanos. 

Otra figura frecuente que ha sido invocada en respuesta a la insurrección del miércoles es la de «república bananera», la mayoría de las veces por liberales de izquierda y republicanos descontentos y horrorizados por Trump. Por un lado, es un impulso comprensible: Trump se comporta más como un caudillo megalómano que como cualquier presidente de los Estados Unidos que se recuerde, incluidos los que promovieron agendas destructivas. Pero esto también parece inapropiado. Describir a Trump como un tipo de líder más adecuado para una «república bananera» implica que hay algo excepcional en las instituciones políticas estadounidenses, lo cual dificulta ver que esta crisis es también producto de esas instituciones tan veneradas. Sería más esclarecedor si quienes hablan de «repúblicas bananeras» reconocieran que tanto Trump como las «repúblicas bananeras» de América Central son productos del poder y el militarismo de Estados Unidos. Eso podría hacerse sin negar la inusual amenaza que Trump ha representado para la forma democrática de gobierno.

Lo que resta es ver si esta es la crisis que terminará con la fiebre que sufre el Partido Republicano desde hace décadas. Altos líderes demócratas impulsan la destitución de Trump mediante un juicio político y, según informes, su propio gabinete discutió declararlo no apto para ejercer sus funciones a la luz de la 25º Enmienda a la Constitución. De manera menos formal, se ha hablado de expulsar a miembros del Congreso. Puede haber otro tipo de precio a pagar. El mismo día del asalto al Capitolio, los dos candidatos demócratas al Senado ganaron las elecciones de segunda vuelta por sendas bancas en representación del estado de Georgia, lo cual dará el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Demócrata a partir del 20 de enero. Luego de perder el estado en la contienda presidencial, Trump había descrito el proceso como fraudulento. La abstención de algunos de sus seguidores, por considerar inútil votar, puede haber cambiado el resultado, dando una mínima ventaja a los demócratas. Y si este fenómeno se repite, puede afectar el balance político del país.

Durante años, los republicanos han intentado retener el poder con una minoría de votos apoyándose en las características contramayoritarias del sistema político estadounidense. Si esa estrategia comienza a fallar, probablemente aumente el peligro de que haya violencia y terrorismo. Si no es fascista (aunque muy a menudo lo parece), el núcleo duro del trumpismo es, como mínimo, el de la «democracia del Herrenvolk»: la idea de que solo el grupo étnico mayoritario puede ostentar legítimamente el poder político. Ese punto de vista tiene una larga tradición en Estados Unidos y no se abandonará fácilmente. A pesar de que los republicanos contrarios a Trump hablan de formar un tercer partido, no hay camino hacia la victoria para un candidato conservador a escala nacional que no atraiga los votantes trumpistas. No será fácil que el Partido Republicano cambie de manera tal que pueda mantener su viabilidad política. Como sea que se resuelva la crisis en las próximas dos semanas, ese problema no desaparecerá. Esto es, también, «lo que somos».

Enero 2021

Traducción: Carlos Díaz Rocca. 

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Domingo, 10 Enero 2021 05:57

Trump no tomará cianuro

Trump no tomará cianuro
 

Trump no es Hitler, Estados Unidos no es la Alemania nazi, ningún ejército invasor está en camino a la Casa Blanca. A pesar de todo eso, no es posible evitar una comparación entre Trump en estos últimos días y los últimos días de Hitler. Hitler en su búnker, Trump en la Casa Blanca. Los dos, habiendo perdido el sentido de la realidad, dan órdenes que nadie cumple y, cuando son desobedecidos, declaran traiciones que alcanzan a los más próximos e incondicionales: Himmler, en el caso de Hitler; Mike Pence, en el caso de Trump. Así como Hitler se negó a creer que el Ejército Rojo soviético estaba a diez kilómetros del búnker, Trump se niega a reconocer que perdió las elecciones. Las comparaciones terminan aquí. A diferencia de Hitler, Trump no ve llegado su final político y, mucho menos, se retirará a su habitación para, junto con su esposa, Melania Trump, ingerir cianuro y, conforme el testamento, incinerar sus cuerpos fuera del búnker, es decir, en los jardines de la Casa Blanca. ¿Por qué no lo hace?

Al final de la guerra, Hitler se sintió aislado y profundamente desilusionado con los alemanes por no haber sabido estar a la altura del gran destino que les tenía reservado. Como diría Goebbels, también en el búnker: «El pueblo alemán eligió su destino y ahora sus pequeñas gargantas están siendo cortadas». Por el contrario, Trump tiene una base social de millones de estadounidenses y, entre los más fieles, se encuentran grupos de supremacistas blancos armados y dispuestos a seguir al líder, incluso si la orden es invadir y vandalizar la sede del Congreso. Y, lejos de ser pesimista respecto a ellos, Trump considera a sus seguidores los mejores estadounidenses y grandes patriotas, aquellos que harán America great again. Hitler sabía que había llegado su fin y que su final político también sería su final físico. Lejos de eso, Trump cree que su lucha verdaderamente comienza ahora, porque solo ahora será convincentemente una lucha contra el sistema.

Mientras que muchos millones de estadounidenses quieren pensar que el conflicto ha llegado a su fin, Trump y sus seguidores desean mostrar que ahora comenzará, y continuará hasta que Estados Unidos les sea devuelto. Joe Biden se equivoca cuando, al ver la vandalización del Congreso, afirma que eso no es Estados Unidos. Sí lo es, porque Estados Unidos es un país que no solo nació de un acto violento (la matanza de los indios), sino que fue a través de la violencia que se dio todo su progreso, traducido en victorias de las que el mundo tantas veces se sintió orgulloso, desde la propia unión de Estados «Unidos» (620,000 muertos en la guerra civil), hasta la luminosa conquista de los derechos civiles y políticos por parte de la población negra (numerosos linchamientos, asesinatos de líderes, siendo Martin Luther King. Jr. el más prominente), como sigue siendo el país donde fueron asesinados muchos de los mejores (según ellos) líderes políticos electos, desde Abraham Lincoln hasta John Kennedy. Y esta violencia ha dominado tanto la vida interna como toda su política imperial, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Que lo digan los latinoamericanos, Vietnam, los Balcanes, Irak, Libia, los palestinos, etcétera.

Joe Biden también se equivoca cuando dice que la pesadilla ha llegado a su fin y que ahora se reanudará el camino de la normalidad democrática. Por el contrario, Trump tiene razón al pensar que todo está empezando ahora. El problema es que él, contrariamente a lo que piensa, no controla lo que va a empezar y, por este motivo, los próximos años tanto pueden serle favorables, llevándolo de vuelta a la Casa Blanca, como pueden dictar su fin, un triste final. Como sistema político y social, Estados Unidos está en un momento de bifurcación, un momento característico de los sistemas alejados de los puntos de equilibrio, en los que cualquier pequeño cambio puede producir consecuencias desproporcionadas. Resulta, por tanto, aún más difícil de lo habitual predecir lo que sucederá. A continuación, identifico algunos de los factores que pueden causar cambios en una u otra dirección: desigualdad y fragmentación, primacía del derecho y Stacey Abrams.

Desigualdad y fragmentación

Desde la década de 1980, la desigualdad social ha ido en aumento, tanto que Estados Unidos es hoy el país más desigual del mundo. La mitad más pobre de la población tiene actualmente solo el 12% del rendimiento nacional, mientras que el 1% más rico tiene el 20% de ese rendimiento. En los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha dictado el empobrecimiento de los trabajadores estadounidenses y destruyó las clases medias. En un país sin servicio público de salud y sin otras políticas sociales dignas de ese nombre, uno de cada cinco niños pasa hambre. En 2017, uno de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años (3.5 millones de personas) había pasado en los últimos doce meses por un período sin un lugar donde vivir (homelessness). Adoctrinados por la ideología del «milagro americano» de las oportunidades y viviendo en un sistema político cerrado que no permite imaginar alternativas al statu quo, la política de resentimiento, que la extrema derecha es experta en explotar, ha hecho que los estadounidenses victimizados por el sistema consideren que el origen de sus males estaba en otros grupos aún más victimizados que ellos: negros, latinos o inmigrantes en general.

Con la desigualdad social, aumentó la discriminación étnico-racial. Los cuerpos racializados son considerados inferiores por naturaleza; si nos hacen daño, no hay que discutir con ellos. Tienes que neutralizarlos, depositándolos en cárceles o matándolos. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (698 presos por cada 100,000 habitantes). Con menos del 5% de la población mundial, EE. UU. tiene el 25% de la población carcelaria. Los jóvenes negros tienen cinco veces más probabilidades que los jóvenes blancos de ser condenados a prisión. En estas condiciones, ¿es sorprendente que la apelación antisistema sea atractiva? Nótese que hay más de 300 milicias armadas de extrema derecha repartidas por todo el país; un número que ha aumentado desde la elección de Obama. Si no se hace nada en los próximos cuatro años para cambiar esta situación, Trump seguirá alimentando, y con razón, su obsesión por regresar a la Casa Blanca.

Primacía del derecho

Estados Unidos se ha convertido en el campeón mundial de la rule of law y de la law and order. Durante mucho tiempo, en ningún país se conocía el nombre de los jueces de la Corte Suprema, excepto en Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses ejercieron la función de garantizar el cumplimiento de la Constitución con una independencia razonable, hasta que ciertos sectores de las clases dominantes entendieron que los tribunales podían ponerse más activamente al servicio de sus intereses. Para ello, decidieron invertir mucho dinero en la formación de magistrados y en la elección o nombramiento de jueces para los tribunales superiores. Esta movilización política de la justicia tuvo una dimensión internacional cuando, especialmente después de la caída del Muro de Berlín, la CIA y el Departamento de Justicia comenzaron a invertir fuertemente en la formación de magistrados y en la modificación del derecho procesal (delación premiada) de los países bajo su influencia. Así surgió el Lawfare, una guerra jurídica, de la que la Operación Lava-Jato en Brasil es un ejemplo paradigmático. Trump cometió varios delitos federales y estatales, incluida la obstrucción de la justicia, el blanqueo de capitales, el financiamiento ilegal de campañas y delitos electorales (el más reciente de los cuales fue un intento de alterar de manera fraudulenta los resultados de las elecciones de Georgia en enero de 2021). ¿Funcionará el sistema penal como solía hacerlo en el pasado? Si es así, Trump será condenado y probablemente irá preso. Si eso ocurre, su fin político estará cerca. De lo contrario, Trump trabajará su base, dentro o fuera del partido republicano, para regresar con fuerza en 2025.

Stacey Abrams

Esta excongresista negra es la gran responsable de la reciente elección de los dos senadores demócratas en el estado de Georgia, una victoria decisiva para dar a los demócratas la mayoría en el Senado y así permitir que Biden no sea objeto de obstrucción política permanente. ¿Cuál es el secreto de esta mujer? En el transcurso de diez años, ha tratado de articular políticamente a todas las minorías pobres de Georgia (negras, latinas y asiáticas); un estado donde el 57.8% de la población es blanca, un estado considerado racista y supremacista, donde tradicionalmente ganan los conservadores. Durante años, Abrams creó organizaciones para promover el registro electoral de las minorías pobres alienadas por el fatalismo de ver ganar siempre a los mismos opresores. Orientó el trabajo de base para fomentar la unidad entre los diferentes grupos sociales empobrecidos, tan a menudo separados por los prejuicios étnico-raciales que alimentan el poder de las clases dominantes.

Después de diez años, y tras una carrera notable que podría haber alcanzado su auge con la nominación como vicepresidenta de Biden (en lo que fue relegada en favor de Kamala Harris, más conservadora y cercana a los intereses de las grandes empresas de información y de comunicación de Silicon Valley), Abrams logra una victoria que puede liquidar la ambición de Trump de regresar al poder. El mismo día en que los vándalos rompían cristales y saqueaban el Capitolio, se festejaba en Georgia esta notable hazaña; una poderosa demostración de que el trabajo político que puede garantizar la supervivencia de las democracias liberales en estos tiempos difíciles no puede limitarse a votar cada cuatro años, y ni siquiera al trabajo en las comisiones parlamentarias por parte de los electos. Exige trabajo de base en lugares inhóspitos y muchas veces peligrosos donde viven las poblaciones empobrecidas, ofendidas y humilladas que, casi siempre con buenas razones, perdieron el interés y la esperanza en la democracia.

La obra de Stacey Abrams, multiplicada por los movimientos Black Lives Matter, Black Voters Matter y tantos otros, muchos de ellos inspirados en Bernie Sanders y «nuestra revolución» animada por él, puede devolver a la democracia estadounidense la dignidad que Trump puso en riesgo. Si es así, la mejor lección que los estadounidenses pueden aprender es que el mito del «excepcionalismo estadounidense» es solo eso, un mito. Estados Unidos es un país tan vulnerable como cualquier otro a las aventuras autoritarias. Su democracia es tan frágil como frágiles son los mecanismos que pueden evitar que los autócratas, los antidemócratas sean elegidos democráticamente. La diferencia entre ellos y los dictadores es que, mientras estos últimos comienzan por destruir la democracia para llegar al poder, los primeros usan la democracia para ser elegidos, pero luego se niegan a gobernar democráticamente y a abandonar democráticamente el poder. Desde la perspectiva de la ciudadanía, la diferencia no es muy grande.

Sábado, 09/01/2021 04:45 PM

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Sábado, 09 Enero 2021 06:50

Desafíos

Desafíos

Más allá de la obvia necesidad de vencer la pandemia del Covid-19, reto mayúsculo que comparte con todos los países, Rusia afronta en este 2021 tres desafíos que van a marcar el quehacer interno y la política exterior del Kremlin en los años venideros.

El primero, aunque igual de importantes son los tres, se da en su entorno más cercano: el espacio postsoviético. Ya no se trata de recuperar el papel de liderazgo que, tras el colapso de la Unión Soviética, se atribuía Rusia en función de su extensión, población, tamaño de su economía y arsenal nuclear, sino de que los procesos que cimbran por encima de su voluntad las repúblicas ex soviéticas (protestas en Bielorrusia; revueltas en Kirguistán; derrota vergonzosa de Armenia, su aliado, en la guerra con Azerbaiyán; cambio de gobierno en Moldavia; conflicto territorial irresuelto en Ucrania; tensiones con Georgia y Kazajstán) no tengan efecto contaminante y se reproduzcan en el territorio ruso y, sobre todo, que ningún país de la antigua órbita avance hacia su eventual integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Recomponer la deteriorada relación con Estados Unidos y, por extensión, con la Unión Europea, es el segundo desafío. Es poco probable que los nexos de Moscú con Washington mejoren con Joe Biden en la Casa Blanca y, si con Donald Trump, a pesar de la supuesta química con Vladimir Putin, sufrieron un retroceso como nunca antes, ya no pueden ser peores con mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso. La presión sobre Rusia se incrementará, lo cual no es un signo alentador para proponer un borrón y cuenta nueva, como pretendía Putin al promover una suerte de reparto del mundo, como redición actualizada de la cumbre de Yalta, que no se pudo llevar a cabo ni por videoconferencia.

Y el último desafío es lograr, mediante la renovación de la composición de la Duma y bloqueo de la oposición con todo tipo de leyes represivas, que el creciente descontento de la población por el desplome de su nivel de vida –consecuencia no sólo de la pandemia– no altere la intención de mantener la situación de privilegio de la élite gobernante a costa de la mayoría de los rusos.

Cuando concluya el lunes siguiente el superpuente con que Rusia –entre Año Nuevo y la Navidad ortodoxa– empezó 2021, volverá a percibirse la gravedad de estos grandes desafíos.

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Viernes, 08 Enero 2021 07:16

El final anunciado de Juan Guaidó

El final anunciado de Juan Guaidó

La Unión Europea dejó de reconocerlo como presidente "interino" de Venezuela

 

Venezuela transita una modificación del tablero político, tanto nacional como internacional, dimensiones muchas veces inseparable en el actual conflicto. Esa reconfiguración no es nueva y por momentos aparece con evidencia, como en estos días en que la nueva Asamblea Nacional ya se encuentra en funciones y Juan Guaidó parece estar ante sus últimas, o ya agotadas, reservas. Una de las señales de esta situación vino por la decisión de la Unión Europea de no reconocerlo como “presidente interino”. La posición fue expresada con diplomacia y filo: Guaidó fue calificado como “representante de la Asamblea saliente”. La Unión, al afirmar que la Asamblea que presidía Guaidó no sigue vigente, como afirma un sector de la oposición, descarta la continuidad de la “presidencia interina”.

Esta modificación ya había sido anticipada. Posiciones duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, como las de Alemania, Holanda o Francia, cambiaron ante el nuevo escenario. Una pregunta viene al caso: ¿se trató de un reacomodo europeo en soledad o de una posición acordada con la nueva administración entrante en Estados Unidos? La modificación del tablero ocurre sobre varios niveles a la vez. EE.UU. seguramente mantendrá el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino” en lo que fue un acuerdo bipartidista desde el principio. Pero seguramente, en simultáneo con la ratificación de ese posicionamiento, ocurra la modificación de la táctica, de la forma de abordaje del expediente Venezuela que, a todas luces, no dio los resultados esperados por Washington.

Otros gobiernos mantendrán junto con EE.UU. una línea de reconocimiento de la “presidencia interina”, como aquellos ubicados en el arco más a la derecha en América Latina, como Colombia, Brasil y Chile, y aliados estadounidenses en política exterior, como Canadá, el Reino Unido y Japón. Pero la decisión de cómo continuar para lograr un cambio de gobierno en Venezuela no será una decisión de esos gobiernos sino, como fue desde el inicio, exclusivamente de EE.UU.

Guaidó está fuera del centro político, agotado como para cumplir los objetivos políticos bajo los cuales fue construido. Lo saben todos los actores, independientemente de su narrativa pública. Por eso existen reposicionamientos internacionales y numerosas fracturas sucesivas dentro de la oposición venezolana, donde cada dirigente, partido -o fragmento de partido- busca posicionarse de cara al escenario abierto y en construcción. Se trata del posible final de una estrategia representada en Guaidó, la de una institucionalidad paralela. El gobierno venezolano logró desactivarla en un lapso de dos años, con un costo general para la economía sobre la cual se profundizó un bloqueo, la población, en particular los sectores populares y capas medias, y sobre la política, que se convirtió en posiciones de trincheras.

¿Cómo será la nueva etapa? Por el momento pueden verse algunos contornos. El discurso de la nueva Asamblea, con mayoría chavista, plantea tanto la importancia del diálogo como la reconciliación y la necesidad de que no exista impunidad. Iris Varela, vicepresidenta del poder legislativo, afirmó en la sesión del jueves que  “acordamos como junta directiva crear una comisión especial que va a investigar las acciones perpetradas contra la República desde las directivas y algunos miembros de la Asamblea en el período 2016-2021 (…) en un mes tiene que haber resultados y ya tiene que salir el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente”.

El mensaje apuntó directamente a Guaidó, que a partir del 5 de enero perdió la inmunidad parlamentaria. Quien el 23 de enero del 2019, entonces desconocido para el país, se autoproclamó presidente, sabe ahora que su final político es cuestión de tiempo. Quedará en una disolución de capital político hasta reducirse al Twitter, o será detenido por la justicia. ¿De qué dependerá? De tiempos políticos, posibles diálogos y negociaciones internacionales donde el chavismo tiene una posición de fuerza política, pero de debilidad económica.

La apuesta del gobierno para la nueva etapa se centra en el intento de ingreso de capitales privados, nacionales y extranjeros, a diferentes áreas claves de la economía. Es lo que oficialmente comenzó a partir de la ley anti-bloqueo votada en octubre en la Asamblea Nacional Constituyente, que plantea, entre otras cosas, que ese proceso de ingreso de capitales se hará de forma confidencial para evitar las persecuciones del bloqueo por lo que, hasta la fecha, no han existido rendiciones de cuenta al respecto.

Aún no pueden medirse los resultados de esa orientación que comenzó con anterioridad a la ley. Según la efectividad o no, es decir que permitan una mejora de los ingresos en las arcas del Estado, de los servicios públicos, en empresas estratégicas como PDVSA, el gobierno tendrá mayor o menor urgencia para negociar una flexibilización del bloqueo en un posible diálogo/acuerdo con EEUU. La apuesta del gobierno es, además, que, dentro del rompecabezas, esa misma ley y las oportunidades de inversión que ofrece, funcione como elemento que empuje hacia acuerdos.

Por el momento se trata de debates, análisis y puertas cerradas, pero no de impactos en una cotidianeidad que se encuentra desde hace años bajo metamorfosis, con salarios y jubilaciones que van desde dos dólares mensual en el Estado hasta alrededor de 50 o 100 dólares en empresas privadas, con dificultades de abastecimiento de agua, gas, luz, y gasolina, y una moneda nacional que retrocede ante el avance del dólar desde lo pequeño hasta lo macro. Esa cotidianeidad es el principal tiempo de las mayorías en Venezuela.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

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Argentina legaliza el aborto en una votación histórica en el Senado

 

La interrupción involuntaria del embarazo fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Congreso argentino convirtió en ley la despenalización del aborto. La agotadora sesión en el Senado fue seguida por una multitud en las calles, a pesar de la pandemia y las altas temperaturas. Esta vez, a diferencia de 2018, se impuso el color verde que simboliza las luchas históricas en favor de un proyecto favorable a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El resultado provocó una verdadera explosión de alegría en las inmediaciones de la legislatura.

Dos años atrás, una iniciativa similar había obtenido la luz verde en la cámara de Diputados, pero no pudo pasar la prueba del Senado por siete votos. Las condiciones políticas se modificaron con la llegada al Gobierno del peronismo. El presidente Alberto Fernández la incluyó en su programa electoral. «Soy católico, pero tengo que gobernar para todos«, ha dicho al promover la llamada «Ley Nacional e Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia». La normativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados a mitad de diciembre, contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Después de esa franja de tiempo, la interrupción solo será autorizada según lo que se contempla en la actualidad: casos de violación o riesgo de salud. Además de la despenalización, la ley se complementa con un «Plan de Mil días» que, en palabras de Fernández, busca “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida”.

De acuerdo con cifras extraoficiales, en Argentina se realizan unos 447.000 abortos ilegales por año. El Ministerio de Salud de Nación ha contabilizado solo entre 2010 y 2017 un total de 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos. Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el aborto clandestino le cuesta al sistema de salud pública hasta 21 veces más que si se realizara de manera legal, segura y gratuita. El aborto en lugares clandestinos es una de las primeras causas de muerte materna en Argentina.

Las discusiones

Las discusiones parlamentarias no estuvieron exentas de opiniones encontradas. «Hoy es un día de esperanza«, dijo la legisladora oficialista, Norma Durango, al abrir el debate. «No cambie mis creencias personas ni mi modo de pensar sobre el aborto. Lo que cambié fue el enfoque desde el que se debe abordar. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de este país. Historias que muchos se niegan a ver», señaló por su parte la senadora Lucía Crexell. «Pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización», dijo Gladys González, quien pertenece a la coalición de derechas Junto por el Cambio que lidera el ex presidente Mauricio Macri. González volvió a respaldar el IVE. Silvia Elías de Pérez dijo que integrantes de su espacio cambiaron sus votos por presiones. «La batalla por la vida no se pierde«, dijo y anunció que muy pronto se iniciará una campaña de recursos de amparo contra le ley.

«Vengo a representar a mi conciencia. La ley actual protege la desigualdad», la corrigió Luis Petcoff Naidenoff, del mismo partido, la Unión Cívica Radical (UCR), favorable a la iniciativa. «Si España e Italia pusieron el problema sobre la mesa, ¿por qué nosotros no? Si mi voto ayuda a salvar a una mujer que puede perder la vida en una clínica clandestina, voto afirmativamente», dijo el peronista Sergio Leavy. «Las mujeres estamos conquistando el poder de decidir. Lo logramos porque otras caminaron antes que nosotras», dijo la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Historia de luchas y presiones

El camino que desembocó este miércoles en la aprobación de la ley es fruto de años de perseverancia de los colectivos feministas que cobró forma masiva especialmente en las últimas dos décadas. “Creo que estamos donde estamos, porque hubo un trabajo de miles de mujeres que, en distintos momentos, comenzamos a deconstruir el patriarcado», dijo a sus 91 años la abogada Nelly Minyersky, una de las referentes del movimiento.

En las vísperas del debate las iglesias católica y evangélica redoblaron sus prédicas de rechazo a la ley. Incluso el papa Francisco público un sugestivo tweet: «el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura».

El debate se siguió en las inmediaciones del Parlamento por los defensores y detractores del IVE. «Sigue la vida, aborto no«, no dejaron de corear lo que se identificaron con el color celeste. La «marea verde«, integrada por jóvenes, adolescentes, pero también sus madres y abuelas, acompañó con un tono festivo las discusiones, despreocupados en su mayoría por el uso de la mascarilla a la hora de abrazarse durante el minuto más esperado. La euforia fue creciendo a medida que se tuvo la certeza del voto favorable. «Nos impiden el aborto los curas que abusan menores», gritaron unos. «Aborto legal, en el hospital», cantaron otros.

Un dictamen reparatorio

El Senado votó el mismo día que empezó a aplicarse la vacuna rusa Suputink V. Argentina, donde ya han muerto por covid-19 casi 43.000 personas, ha recibido una primera partida de 300.000 dosis.  La campaña de vacunación proseguirá en enero.

La aprobación de la ley coincidió con otro episodio judicial relevante que no ha sido ajeno a las discusiones parlamentarias. La Cámara Federal confirmó una sentencia dictada en 2018 contra dos policías por las violaciones y el aborto forzado que sufrió Silvia Suppo, una sobreviviente de la última dictadura militar (1976-83), quien fue asesinada en 2010, pocos meses después de haber denunciado ante un tribunal oral sus padecimientos. Suppo había sido secuestrada el 24 de mayo de 1977 mientras trabajaba en un consultorio médico de la provincia de Santa Fe de Rafaela. Sus captores la torturaron y violaron. Tuvo su embarazo en cautiverio y la obligaron a abortar en condiciones aberrantes.

Por Abel Gilbert | 30/12/2020


Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201230/argentina-espera-ansiosa-decision-senado-11427405

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Luis Arce destina el 10 por ciento del presupuesto a la salud para enfrentar el rebrote

El presidente de Bolivia busca garantizar la vacunación masiva

Bolivia superó la barrera de más de mil contagios de coronavirus por día. El 30 de noviembre se había registrado la cifra más baja con 45 casos positivos en un día, según el ministerio de Salud.

 

Pese a que las autoridades habían previsto un rebrote hacia fines de enero en Bolivia, los contagios de coronavirus aumentaron de forma preocupante en las últimas jornadas. El país volvió a superar la barrera de más de mil contagios por día en comparación con el 30 noviembre, cuando se había registrado la cifra más baja con 45 casos positivos, según el ministerio de Salud. Frente a un escenario complejo, el presidente Luis Arce aprobó el presupuesto general de 2021 por el que destinará los "recursos necesarios" para la compra de las vacunas contra la covid-19. También promulgó el impuesto a las grandes fortunas y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dos de sus principales promesas de campaña para salir de la crisis que atraviesa el país.

Arce anunció que se harán pruebas masivas para una detección temprana del nuevo virus y también aseguró contar con un plan de salud compuesto por nueve pilares que está compartiendo con distintos sectores antes de su puesta en marcha. Según autoridades departamentales, Santa Cruz ya se encuentra en una fase de rebrote por el incremento de casos y los hospitales municipales están al 95 por ciento de su capacidad. Mientras tanto, en La Paz se hacen "bloqueos epidemiológicos" en barrios para detectar los casos positivos. El ministro de Defensa Edmundo Novillo dio positivo por coronavirus, convirtiéndose así en el primer miembro del gobierno en contraer la enfermedad.

El presidente Luis Arce, quien asumió el pasado ocho de noviembre, aseguró que "ante la urgencia de contar con vacunas, he iniciado gestiones internacionales y he programado un presupuesto para disponer de un lote adicional'' para el 80 por ciento de la población. Con la aprobación de esta ley, Arce garantizó que destinará suficientes recursos para garantizar la compra de nuevas vacunas, además de las que ya tiene aseguradas a través del mecanismo internacional COVAX, que garantiza dosis para el 20 por ciento de la población.

Arce se refirió a la estrategia para vacunar a la población y reconoció que el país enfrenta dificultades para asegurar la provisión de dosis, algo de lo que culpó al régimen encabezado por Jeanine Áñez. "Contrariamente a lo que hicieron otros países que tenían gobiernos legítimamente elegidos, haciendo las gestiones en su debido momento para contar con las vacunas necesarias, el gobierno de facto de Bolivia no lo hizo", denunció Arce durante el acto parlamentario en el que se aprobó el presupuesto 2021.

En ese sentido el presidente electo se comprometió a "concluir todo el programa de hospitales que habíamos trazado, tener toda la infraestructura para enfrentar posibles rebrotes de coronavirus y de otras enfermedades en el país". La nueva ley garantiza un diez por ciento del presupuesto para fortalecer el sistema sanitario boliviano. El presidente de Bolivia también promulgó una ley que crea el Impuesto a las Grandes Fortunas y otra que establece un régimen de reintegro en efectivo del IVA.

Un rebrote que preocupa

El ministerio de Salud boliviano registra hasta el momento 155.594 contagios y 9.106 muertos a causa de la covid-19. Expertos atribuyeron el rebrote anticipado a un relajamiento de las medidas de bioseguridad y, a pesar de las advertencias, los mercados callejeros estuvieron abarrotados por las fiestas de fin de año. En La Paz, las autoridades admitieron que los "cordones epidemiológicos'' para contener la propagación en los barrios más afectados se vieron desbordados.

En Santa Cruz de la Sierra y en El Alto, las ciudades más pobladas del país y las más golpeadas por el nuevo virus, mucha gente dejó de usar barbijos, que no se vieron siquiera en las reuniones de proclamación de candidatos para las elecciones municipales y departamentales que se realizarán en marzo. "En tales municipios el contagio se encuentra desbordado en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros", indica un duro comunicado del ministerio de Salud. Por ese motivo, la cartera llamó a "implementar medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio".

El incremento de los contagios activó las alarmas particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde se teme el colapso del sistema público de salud. Debido a la acelerada propagación del coronavirus, el sistema sanitario cruceño está al 95 por ciento de su capacidad, aseguró el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos. "Hay 46 pacientes en unidades de terapia intensiva, lo cual nos está mostrando la situación complicada de la situación ocupacional de los hospitales. Hemos tenido problemas el fin de semana y hoy en conseguir espacios en los terceros niveles, terapia intensiva, cuidados intermedios", detalló el funcionario.

A principios de diciembre, el gobierno de Arce levantó las restricciones para eventos masivos que regían desde marzo pasado, con la finalidad de reactivar la economía del país, una medida que estará vigente hasta el 15 de enero. Las autoridades nacionales resolvieron restringir desde el pasado 25 de diciembre y por dos semanas el ingreso de pasajeros provenientes de Europa hasta el próximo ocho de enero para evitar otro rebrote y el ingreso de la nueva cepa de la covid-19 identificada en el Reino Unido

La semana pasada el país registró durante dos días consecutivos más de mil casos nuevos diarios de covid-19 después de alrededor de tres meses en los que la cantidad de contagios por día fue inferior a esa cifra, lo que levantó las alarmas en las principales regiones y ciudades que empezarán a aplicar algunas medidas de contención.

Una de las víctimas de esa nueva y peligrosa ola fue el propio ministro de Defensa Edmundo Novillo, quien se convirtió en la primera autoridad contagiada de coronavirus en el gabinete de Luis Arce. Novillo fue diagnosticado con la enfermedad luego de someterse a una prueba PCR por un "malestar físico" que presentó desde la semana pasada, según un escueto comunicado difundido por la cartera de Defensa. "Inmediatamente se tomaron las medidas necesarias y su salud se encuentra estable", agrega la nota oficial. En su ausencia, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo asumió temporalmente las funciones de forma interina.

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Manifestación en Buenos Aires para reclamar la legalización del aborto. — Agustin Marcarian / REUTERS

El Senado convocó a sus legisladores este martes 29 de diciembre para intentar que tenga sanción definitiva el proyecto de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

 

Argentina se encuentra a las puertas de legalizar el aborto seguro y gratuito. Es un reclamo que demandan desde hace años centenares de organizaciones feministas, sociales y civiles ante el proyecto de ley que más movilizaciones ha generado en la historia reciente de la nación sudamericana.

El Gobierno de Alberto Fernández apuesta por que la iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pueda ser ley antes de fin de año. Con tal propósito, el Senado celebrará una sesión especial este martes 29 de diciembre a las 16.00 hora local (20.00 en España) para debatir y quizás sancionar la ley, en una votación que se presenta muy reñida y cuyo desenlace se desconoce.

La incertidumbre sobre lo que acontecerá ha redoblado el apoyo de numerosas referentes feministas de otros países, que por estos días miran a Argentina con la expectativa de que pueda consagrar el aborto legal, seguro y gratuito.

Al ser también el proyecto de ley que más controversia genera, sectores que se oponen a su aprobación recurrieron a campañas sucias para intentar desprestigiarlo. En los últimos días no han faltado intentos de ensuciar el debate con la difusión, en la ciudad de Buenos Aires, de carteles apócrifos en la vía pública que rezaban: "Aborto legal por si sale con síndrome de Down", o "Aborto legal para que no haya más pobres". Con la intención de confundir, los avisos tenían de fondo el color verde con el que se identifica la campaña a favor de la legalización del aborto.

Los ánimos se presentan más encendidos desde que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina el pasado 11 de diciembre por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Tres días después se reunieron en el Senado las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales para analizar la medida junto con los 60 expositores que fueron invitados para dar su opinión.

Fue así que el 17 de diciembre el proyecto de ley ya tenía el aval de la cámara alta para ser tratado por el plenario. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como titular del Senado, presidirá este martes la sesión que podría culminar con la legalización del aborto. Dado que se necesita mayoría simple para aprobar el proyecto, será ella quien tenga la última palabra en caso de un empate en la votación.

Proyecto de largo aliento

El Congreso de Argentina vuelve a tener una segunda oportunidad para legalizar el aborto, a dos años del único y primer debate que se dio en el parlamento para aceptar la interrupción voluntaria del embarazo. Por entonces el presidente, Mauricio Macri (2015-2019), había aceptado el tratamiento de la normativa, pero sin darle impulso desde el Poder Ejecutivo. Fue así que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado dos meses después por siete votos de diferencia (38 a favor y 31 en contra).

En el país rige una reforma del Código Penal que data de 1921 y que solo autoriza el aborto en caso de violación o de que corra peligro la salud integral o la vida de la mujer. En los últimos días de su mandato, Macri derogó una resolución que actualizaba el protocolo hospitalario para la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley.

Dentro de una administración que había degradado a secretaría el ministerio de Salud, esta decisión insólita terminó por provocar la renuncia de su titular, Adolfo Rubinstein. A tres días de asumir la nueva gestión presidida por Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, promulgó un nuevo protocolo para los casos de aborto no punible.
Esa herramienta, a la que se adhirieron 15 de los 24 distritos del país, detalla cómo debe proceder el equipo de salud que interviene, qué evaluación médica se debe realizar, y cuál es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuatro provincias tienen sus propios protocolos, mientras que otras cinco jurisdicciones carecen de este instrumento que fue demandado por la Corte Suprema en 2012, cuando resolvió que los embarazos pueden interrumpirse en cualquier caso de violación.

Ante este escenario, el nuevo proyecto de ley que tratará el Senado permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El texto reconoce la objeción de conciencia, si bien las clínicas comprometidas que no tengan ningún profesional dispuesto a realizar la práctica están obligadas a garantizar el procedimiento con el traslado de la paciente a otro centro hospitalario que sí lo lleve adelante.

Votación incierta

La votación en el Senado será muy ajustada, y mucho dependerá de los legisladores dubitativos que todavía no tienen tomada una postura, incluso dentro de la coalición gobernante, pese a que el presidente no sólo se ha expresado a favor de la ley, sino que presentó su propio proyecto desde el Poder Ejecutivo.

Por un lado, el dictamen de la cámara alta fue firmado por dos senadores que estaban en el grupo de los indecisos, Edgardo Cuellar y Silvina García Lagarrugu, ambos del bloque oficialista Frente de Todos. Esta última senadora había anunciado en 2018 que iba a respaldar la legalización del aborto, pero días antes de la votación cambió de parecer y finalmente votó en contra del proyecto.
Por otro lado, uno de los senadores que había respaldado la medida hace dos años, el radical Oscar Castillo, no firmó el dictamen de apoyo a la legalización, lo que abre una incógnita sobre su voto final en el Senado.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia, sostiene la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una entidad que reúne a unas 500 agrupaciones en todo el territorio y que desde hace 15 años intenta que el Congreso apruebe la interrupción voluntaria del embarazo. En la organización recuerdan que más de 3.200 mujeres han muerto por abortos inseguros desde el regreso de la democracia en 1983.

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

28/12/2020 07:18

ANA DELICADO

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Sorprendió que Donald Trump incrementara en 78 porciento los sufragios por los republicanos en Los Ángeles y 60 por ciento en Houston .Foto Afp

Para las mentes maniqueas parecería "surrealista" el análisis detallado de la votación del New York Times –rotativo anti-Trump y pro-Soros– de cómo los latinos y asiáticos se volcaron por el aún presidente en "por lo menos 65 por ciento (¡mega-sic!)" de las grandes urbes como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami y Filadelfia (https://nyti.ms/2WJl2qq) .

Aquí comenté la exquisita diferenciación del voto "mexicano" entre los dos proyectos secesionistas del Calexit y Texit (https://bit.ly/3aJFhwz) –dos estados de mayoría "mexicana", pese a los malabarismos de la discriminativa Oficina del Censo de EU– cuando nuestros connacionales votaron por el boleto Biden/Harris en forma aplastante en California –donde sorprendió el 30 por ciento que favoreció a Trump–, mientras en Texas, especialmente en sus cuatro fronteras de 2 mil 18 kms. con México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), se volcaron en forma masiva por Trump.

California (55 votos) y Texas (38 votos) son los estados con mayor número de sufragios electorales que definen la presidencia, mucho más que los votos dispersos de mexicanos y "latinos-no mexicanos" en el resto del país.

El abordaje del NYT difiere en cuanto maneja el voto "latino" en general con un enfoque en las grandes urbes, sin considerar la especificidad ponderada en el determinante Colegio Electoral.

La sesgada Oficina del Censo de EU, que aplica dos pesas y dos medidas, coloca en forma aberrante a la aplastante mayoría de los mexicanos, 62 por ciento, dentro del 18.3 por ciento muy discutible rubro de "latinos/hispanos" (https://bit.ly/38BywtY).

Mexicanos y "latinos no-mexicanos" ostentan diferentes historias y migraciones con EU: los primeros son eminentemente "guadalupanos" –mezcla idiosincrática de los cultos de Tonantzin, la diosa del Olimpo azteca, y la católica Virgen de Guadalupe–, mientras que los "latinos no-mexicanos" son "protestantes" en su gran mayoría.

NYT reconoce que pese a la desafección que benefició a Trump, el "total de votos de latinos y asiáticos" favorecieron a Biden, pero no en la misma medida del pasado con los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata.

Llama la atención el desempeño de los votantes mexicanos –es decir, la aplastante mayoría de los "latinos"– en Los Ángeles y Houston donde, en el primero "Trump incrementó los votos republicanos en 78 por ciento", mientras que en Houston "Trump ganó 60 por ciento de los votos adicionales, comparado al 7 por ciento (sic) de Biden".

NYT comenta que "Trump se vio especialmente popular entre los votantes de origen cubano" en Florida "quienes tienden a ser más conservadores, incluyendo temas de religión y aborto", aunque "Biden ganó el condado de Miami-Dade con sólo 7 por ciento" de ventaja.

El análisis "urbano" del NYT, un rotativo portavoz de los demócratas, exhibe la vulnerabilidad del Partido Demócrata en atraer el voto de los migrantes, en particular de los "latinos y asiáticos".

Es evidente que por su naturaleza, el voto de migrantes, que van en búsqueda de la fortuna del hoy alicaído "sueño estadunidense", sea más reticente a los clamores "socialistas" de la llamada "ala izquierda" de la coalición demócrata –representada por Bernie Sanders y el “Squad (https://bit.ly/3aKVCkk)”– en una sociedad plutocrática cada vez más desigual.

Un defecto de los análisis electoreros ultra-reduccionistas es que homogeniza el sufragio en un país tan extenso, variado y multicultural como EU que comporta en sus entrañas a "11 naciones", según el clásico libro de Colin Woodard (https://bit.ly/34LtoCx).

A cada quien su prisma analítico, y aquí lo que más me llama la atención es la "mexicanización" del sufragio en el sur fronterizo de EU, primordialmente en sus estados con los dos primeros PIB del país: desde California y Texas, donde, por lo visto, el voto de nuestros connacionales se mimetiza con su ecosistema.

En caso de que no suceda una guerra civil (https://bit.ly/34OrcKu) o una secesión, quizá la futura gobernabilidad de EU pase por una alianza inevitable de los WASP ( White Anglo-Saxon Protestant) y los "mexicanos".

http://alfredojalife.com

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https://www.youtube.com/channel/UClfxfOTh ZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

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Sábado, 26 Diciembre 2020 08:49

Todo listo

Todo listo

Las prisas con que la Duma aprobó esta semana una decena de leyes de corte represivo para dificultar al máximo que los candidatos de oposición –tan sólo los que logren superar el primer filtro de impedimentos y consigan el registro– puedan acceder a la cámara baja del Parlamento ruso en las legislativas del año siguiente obedece al deseo del Kremlin de tener todo listo para asegurar el triunfo del partido gobernante.

En el mismo propósito se inscribe la condena a la diputada municipal Yulia Galiamina –dos años de libertad condicional por participar en protestas no autorizadas– que le imposibilita postularse, con lo cual los adversarios del Kremlin no podrán tener en la Duma a una de las voces de Moscú más críticas.

El caso de Galiamina es similar al de tantos otros que, formalmente con condenas a cuestas, quedan fuera del instrumento dócil en que los operadores políticos han convertido la cámara baja, con mayoría calificada de tres cuartos de los votos.

Esta vez la renovación completa de la Duma no será tan sencilla por el desencanto de una parte del electorado ante los excesos del grupo en el poder y el deterioro del nivel de vida de muchos, desde luego debido a la pandemia, pero también a la política del Kremlin que, como en cualquier país capitalista, beneficia a una minoría de privilegiados que incrementan sus fortunas, mientras aumenta el número de rusos que sobreviven por debajo del umbral de indigencia.

Antes de iniciar el tradicional periodo de vacaciones invernal de 10 días con los inevitables puentes que tienen todos los rusos entre la llegada del Año Nuevo y la celebración de la Navidad ortodoxa, la Duma aprobó –entre otras medidas– que se puedan bloquear las redes sociales si se estima que éstas discriminan a los medios de comunicación rusos; que se apliquen multas millonarias por negarse a retirar una información de los sitios web; que se declare "agente extranjero" a cualquier político y se le finque responsabilidad penal; que se prohíba recibir desde otros países donativos de forma anónima, de "agentes extranjeros" y menores de edad; que sea delito penal bloquear el tránsito, y que se pueda mandar a la cárcel por calumniar en Internet.

El margen de interpretación es tan ambiguo que se pueden aplicar, sin fundamento, cuando así convenga al Kremlin.

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