Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:32

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La pandemia está exarcebando un problema horrible en los Estados Unidos, la desigualdad social. En 2018, un estudio del banco central del país, la Reserva Federal, encontró que el cuarenta por ciento de los norteamericanos no tienen para pagar un gasto inesperado de 400 dólares. Para 2019, siete de cada diez no llegaban a tener mil dólares ahorrados, un aumento de la pobreza relativa del 58 por ciento en apenas un año.

Y entonces, una pequeña criatura llamada coronavirus apareció en escena, bailando y saltando, y creando una catástrofe social.

En un año normal en Estados Unidos, 800.000 personas son desalojadas cada mes. Para julio de este año, se estimaba que ya eran entre seis y siete millones. Donald Trump firmó una ley, diciendo: “No quiero que nadie sea desalojado y con esta ley voy a solucionar el problema casi completamente, o tal vez completamente”. La firma fue en su lujoso club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, frente a un grupo de socios que habían pagado 350.000 dólares para entrar y siguen pagando anualidades altas.

Pero no era una ley lo que el presidente firmaba sino un decreto, que no hizo absolutamente nada para proteger a los inquilinos, ni siquiera extendía la más bien débil moratoria de cuatro meses a los desalojos. Eran generalidades biensonantes que dejaban el tema en manos del secretario de Estado, Steven Mnuchin. Que era presidente de un banco que se encargó de echar a más de cien mil personas que no pudieron pagar sus hipotecas por la crisis de 2008.

El mismo día en que Trump firmaba su decreto, el 24 de julio, vencía la ayuda económica de 600 dólares por semana votada por el Congreso, con Trump y los republicanos negándose a extenderla. El argumento es que tanta plata hace que la gente no quiera volver a trabajar, lo que implica admitir que los veinte millones de trabajadores que recibieron la ayuda no llegan a ganar eso. Hay que destacar que, considerando los precios norteamericanos, ganar 600 a la semana coloca al trabajador por debajo de la línea de pobreza… A principios de septiembre, Trump terminó firmando otro decreto asignando 300 dólares. Pero todavía nadie vio ni uno de esos cheques.

Un nuevo segmento de los noticieros televisivos es el bloque dedicado al hambre en Estados Unidos. Son imágenes de gente haciendo cola para recibir alimentos en iglesias o centros de ayuda. El problema aumentó porque el gobierno Trump hizo cada vez más complicado recibir ayuda por desempleo o alimentar, y porque las escuelas cerradas significan que tantos chicos no reciben su desayuno y almuerzo gratuitos.

El salario mínimo sigue siendo exactamente el que era en 2009, 7,25 dólares la hora. En los once años en que los trabajadores no recibieron aumento, los bonos de los brokers de Wall Street subieron exponencialmente. Si el salario hubiera seguido la misma evolución, cada hora se pagaría 33,51 dólares.

Las muertes por covid-19 en Estados Unidos ya están llegando a las 200.000, a un ritmo de mil por día. Los medios reflejan la cantidad de ciudadanos que no pueden pagar un funeral, ni siquiera un entierro, de un ser querido. Es un rasgo de la disparidad social: el dueño de Amazon Jeff Bezos ganó en un excelente día en julio 13.200 millones de dólares, diez veces lo que costaría pagar el entierro de todas las víctimas del virus en todo el país.

El índice GINI, que mide la desigualdad social en una escala de que va de 0 (el mejor grado) a 10, califica a Estados Unidos como el país desarrollado de lejos más desigual. En 2018, le dio un puntaje de 4,14, lo mismo que a la Argentina de Macri y peor que el 3,96 de Uruguay. Lo más notable es que hace cuarenta años, en 1980, EE.UU. tenía un GINI de 3,46. Es un caso único de caída en la equidad social desde que existe el índice.

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:53

Historia desobediente

El presidente Donald Trump denunció la semana pasada que el gran historiador Howard Zinn –junto con otros progresistas– tiene la culpa de "desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y antipatrióticas" y llamó a "defender el legado de la fundación de Estados Unidos y enseñar a nuestros hijos la verdad sobre nuestro país".Foto del sitio de Internet https://www.howardzinn.org

El gran historiador Howard Zinn sigue siendo peligroso para las cúpulas a una década de su muerte, tan peligroso que el presidente acusó que él –junto con otros historiadores, periodistas y educadores progresistas– tiene la culpa de desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y "antipatrióticas" (el macartismo nunca está lejos).

En su discurso el jueves pasado dentro del Museo de los Archivos Nacionales –donde están exhibidos los documentos originales de la Declaración de Independencia y la Constitución– Trump atacó una serie especial del New York Times llamado Proyecto 1619 (por el año en que llegaron los primeros esclavos africanos a estas tierras), y las obras de Zinn.

“Nuestra misión es defender el legado de la fundación de Estados Unidos... tenemos que sacar la telaraña de mentiras en nuestras escuelas y aulas, y enseñarle a nuestros hijos la verdad magnífica sobre nuestro país… y que son los ciudadanos de la nación más excepcional en la historia del mundo”, declaró Trump.

Acusó que "turbas izquierdistas" que han tumbado estatuas de "nuestros fundadores" están buscando "bulear a estadunidenses para que abandonen sus valores, su herencia y su misma forma de vida". Afirmó que “la revolución cultural izquierdista está diseñada para derrocar a la revolución americana”.

Denunció que las protestas y expresiones de disidencia por la justicia racial en las calles hoy día “son un resultado directo de décadas de adoctrinamiento de izquierda en nuestras escuelas… Nuestros niños reciben instrucción de textos de propaganda, como aquellos de Howard Zinn, que buscan que los estudiantes se avergüencen de su propia historia”.

Por todo esto, Trump declaró que firmará una orden ejecutiva para restaurar la "educación patriótica en nuestras escuelas". O sea, cualquier crítica de la historia oficial –incluidos esclavitud, racismo, actos antimigrantes, sexismo y más– será considerada "antipatriótica" por Trump y sus aliados.

Claro, con esta óptica, no se menciona que gran número de los fundadores y héroes oficiales del país eran dueños de esclavos, ni tampoco que realizaron guerras y prácticas genocidas contra indígenas y posteriormente contra otros pueblos mas allá de las fronteras, ni su represión política y laboral, sus políticas antimigrantes hasta el presente.

Zinn –quien era colaborador de La Jornada– insistía en contar la historia de este país desde abajo (su gran obra, Peoples History of the United States, sigue siendo el texto de historia más vendido en este país), no sólo para criticar la versión oficial, sino también para revelar y destacar quiénes eran los héroes reales desde el inicio hasta hoy día, los cuales incluyen los rebeldes populares a lo largo de la historia de este país, una historia en gran medida invisible en las escuelas y hasta universidades estadunidenses (https://www.howardzinn.org).

“Tú dices que nuestro problema es la desobediencia civil, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema son el número de personas a través del mundo que han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, y millones han muerto por esta obediencia... Nuestro problema es que la gente es obediente por todo el mundo frente a la pobreza y la hambruna y la estupidez y la guerra y la crueldad… Ese es nuestro problema”. Howard Zinn, mayo 1970.

Zinn es más peligroso que nunca ante un régimen que necesita borrar la historia real de su pueblo para imponer "la ley y el orden", sea, la obediencia civil, requisito para consolidar su proyecto de poder. La lucha por la conciencia histórica es parte esencial de la lucha por la democracia.

https://www.jornada.com.mx/ 2004/09/18/04091802.pdf

https://www.jornada.com.mx/ 2007/08/23/index.php?section=opinion&article=036a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2008/11/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2003/07/04/029a1mun.php?origen=index.html&fly=2

https://www.democracynow.org/shows/2006/ 2/20?autostart=true

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Paul Seils

 

 

El experto es uno de los tres autores del informe de la misión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos que acusa al presidente Maduro y a sus ministros de planificar y ejecutar operaciones de represión política y "limpieza social"

 

Hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una misión internacional de investigación para estudiar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2014. Paul Seils es uno de los tres miembros de ese equipo, que presentó este miércoles su informe final de más de 400 páginas. En este documento –elaborado a partir de 274 entrevistas, documentos confidenciales y fuentes públicas– los autores acusan directamente al Gobierno de Maduro de contribuir a la comisión de crímenes contra la humanidad, en concreto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.

Seils es miembro del European Institute of Peace y lleva años especializado en casos de derechos humanos. Ha sido jefe de análisis de situación en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, jefe de análisis en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, director de la unidad de Estado de derecho en la Oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos y vicepresidente del International Center for Transitional Justice.

El Gobierno de Venezuela rechazó desde el primer momento la configuración del equipo de investigación diciendo que era un ejemplo del uso político del Consejo de Derechos Humanos. Ahora que el informe está publicado, el Ejecutivo denuncia que no es riguroso y que está plagado de falsedades. ¿Cuál es su reacción a estas acusaciones?

Primero, lamentamos totalmente la falta de cooperación por parte del Estado de Venezuela durante el trabajo de la misión, pero siempre han tenido la oportunidad de hacerlo. Al inicio del trabajo les invitamos a colaborar, a hablar sobre la misión, sobre el mandato… y nunca respondieron. Durante el trabajo también enviamos varias cartas que quedaron sin respuesta. También les dimos la oportunidad de contestar y responder a las conclusiones, pero nunca respondieron. 

Es bastante común que los gobiernos de estados donde hay misiones de determinación de hechos o comisiones de investigación no cooperen. Yo he trabajado en otras antes y he visto la misma historia. He trabajado gran parte de mi vida profesional investigando y llevando casos en Guatemala contra el Ejército en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo indígena durante la guerra civil. Durante todo ese tiempo, por supuesto, el Gobierno y el Ejército nos acusaban de ser comunistas. 

Hay que tomarlo en serio, pero uno tiene que entender lo que es; y es una crítica bastante común y sin fundamento. Realmente es un refugio y no es un análisis serio del trabajo.

¿Esta falta de cooperación ha influido en los resultados de la investigación?

Bueno, uno tiene que decir honestamente que por supuesto que cualquier investigación va a ser más rica si tiene información de la gente que parece ser la responsable de las violaciones y los crímenes que estamos investigando. Claro que ayudaría, pero eso no implica que dañe las conclusiones.

Nosotros teníamos que llegar a lo que llamamos un estándar de prueba, un umbral. Ese umbral es que tenemos que establecer motivos razonables para concluir algo. Esto, obviamente, no es el mismo nivel de una condena ante un tribunal penal. No es el mismo grado de certeza porque no tenemos que comprobar de la misma forma. Estamos estableciendo algo a otro nivel. En este sentido, las conclusiones son absolutamente estables y firmes y tenemos un alto nivel de confianza en ellas. 

Volviendo al tema de la responsabilidad penal que mencionaba antes, ¿cree que hay alguna posibilidad de que estas acusaciones lleguen a algún tipo de tribunal nacional o internacional?

Bueno, en términos ideales, lo que en mi opinión debe pasar son dos cosas. Primero, que el Gobierno cese las violaciones. Este es un mensaje fundamental. Uno puede acusar a la misión de ser un abuso político del Consejo de Derechos Humanos y muchas otras cosas, pero nadie en su sano juicio va a dudar por ejemplo de que hay abusos y torturas ocurriendo de forma común en las instalaciones de los servicios de inteligencia.

Segundo: investigar e iniciar casos contra los responsables a nivel nacional. Ese sería el mensaje más fuerte y más honesto de que el Estado se está tomando en serio sus obligaciones. 

Esto sería lo ideal, pero en términos del mundo real, hasta ahora no hay indicios muy positivos de que el sistema de justicia vaya a cumplir con sus responsabilidades. Si eso no ocurre y si no llevan a cabo las investigaciones, por supuesto que otras instituciones que tienen el mandato de hacerlo pueden hacerlo y esperamos que lo hagan. Eso incluye, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional que está obviamente examinando esa posibilidad ahora mismo.

El informe apunta a lo más alto del Gobierno. ¿Qué les hace pensar como investigadores que el presidente y los ministros de Defensa e Interior contribuyeron a la comisión de esos crímenes?

Básicamente lo que dice el informe es que identificamos dos planes o dos políticas a nivel del Gobierno. Un plan tiene que ver con la represión de la oposición política y la otra política tiene que ver con lo que llamaríamos, en términos vulgares, limpieza social, es decir, una política donde hubo ejecuciones extrajudiciales de gente identificada por agencias del Estado como criminales o vinculados con criminales. Es decir, es una manifestación de lo que hemos visto varias veces en América Latina, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado. 

Gran cantidad de personas han sido asesinadas en el marco de esta limpieza social en situaciones donde era obvio e imprescindible que existiera un alto nivel de planificación, de logística, de comunicación y de recursos humanos. Toda la información que tenemos es que durante los años que estamos investigando, es decir, desde 2014, funcionaba totalmente la cadena de mando, los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas. Esto lo sabemos no solo de inferencias objetivas, sino también de gente que trabajaba dentro de estos sistemas. En términos concretos, tenemos algunos indicios específicos donde el presidente o el ministro estaban presentes durante las discusiones de varias operaciones específicas. 

A ello se suman declaraciones públicas donde el mismo presidente y los ministros indicados admiten que aprobaban y apoyaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, si tomamos la declaración del presidente muy poco después de una petición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde pedía básicamente el desmantelamiento de FAES (Fuerzas de Acción Especial), al día siguiente el presidente dijo ‘¡viva las FAES!’. Es decir, hubo una intención de apoyar y él sabía lo que estaba pasando. 

En primer lugar, las autoridades políticas conocieron, apoyaron, dirigieron y planificaron. En segundo lugar: nunca hicieron nada para prevenirlo. Esa es la responsabilidad del presidente y de los ministros indicados.

El informe habla de patrones de comportamiento que les hacen pensar que hay un plan coordinado en cuanto a estos crímenes. ¿Podría especificar o detallar alguno de esos patrones? 

La forma en que la misión ha investigado se divide en la identificación de tres contextos: el primero es la represión de la oposición política, otro tiene que ver con las operaciones de seguridad, que es básicamente la limpieza social, y el tercero hace referencia a las protestas políticas. En cada uno de esos contextos investigamos patrones de conducta.

Por ejemplo, en la represión política, vemos primero la práctica de detención arbitraria. Gente arrestada sin orden judicial, gente mantenida incomunicada, pero más preocupante todavía es un patrón de tortura más o menos sistemático, especialmente desde 2018.

En cuanto a la limpieza social, el patrón de conducta tiene que ver con la sistemática ejecución extrajudicial de personas. Lo que vemos en varias operaciones es más o menos el mismo modus operandi –lo hemos visto en muchos otros países de América Latina–: el grupo entra, normalmente a las primera horas de la mañana, cierra la entrada y la salida de la comunidad y dividen a la gente, por ejemplo mandan a otro lugar a las mujeres y niños. Dentro de la casa, en muchos de los casos que investigamos, hubo un montaje de pruebas. Por ejemplo, antes de matar a la persona que habían detenido, dispararon contra la pared para que pareciese que hubo un intercambio de fuego o que el detenido intentaba salir. Y esto no ocurre una o dos veces, sino muchas.

Lo mismo pasa con las protestas. Es cierto que hubo matanzas y posiblemente ejecuciones arbitrarias en el contexto de las protestas, pero tal vez lo más sistemático y más planificado fue la tortura de personas detenidas. Lo que hay que recordar aquí es que estamos hablando de gente ejerciendo sus derechos democráticos, no importa si estamos de acuerdo con el Gobierno o contra el Gobierno, esto no tiene nada que ver. Puede ser que estén violando el derecho nacional en cuanto a asamblea y en cuanto a no tener la autorización necesaria para manifestarse, pero tenemos información absolutamente clara de un patrón de tortura. Estamos hablando de cosas serias como descargas eléctricas, violación sexual… que ocurren en los edificios centrales de instituciones de inteligencia y policía. No está ocurriendo en algún rincón secreto y desconocido. 

Asociaciones de víctimas de la violencia cometida por fuerzas de la oposición han afirmado en el pasado que sus voces no han sido escuchadas ¿Es consciente de estas demandas? 

Suena como una respuesta muy elegante, pero uno debe tomar seriamente el mandato que tenemos, y ese mandato es investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

En términos normales, si no estamos hablando de una guerra civil o un conflicto donde combatientes han tomado control de un territorio donde pueden ejercer funciones del Estado, no pueden asumir responsabilidades como si fuera el Estado, es decir, deberes como garantes de derechos humanos. En Venezuela hasta la fecha no estamos en esas condiciones. Es cierto que lo que tenemos en algunos casos son asaltos o ataques por parte de gente de la oposición, pero este no es el mandato de la misión. El mandato es investigar las violaciones de ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Todo eso tiene que ver con los deberes del Estado. 

¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a estos crímenes sistemáticos?

Las dos políticas nos parecen bastante claras. La primera es reprimir o callar a la oposición política y la segunda es reducir el problema grave de criminalidad de manera que, en nuestra opinión, viola totalmente sus deberes internos de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso.

¿Cree que los indultos políticos como los que vimos el 31 de agosto son una forma de desescalar el conflicto social en Venezuela?

Bueno, hay varias interpretaciones posibles. Lo que yo diría es que tiene que ser bienvenido cualquier paso positivo. Aunque la misión no debe meterse en asuntos políticos, si las condiciones de derechos humanos de algunas personas mejoran, lo celebramos. Y esperamos además que se amplíe rápidamente esta práctica hasta que todos sean liberados. Si es posible para un grupo limitado, debe ser posible para un grupo mucho más amplio.

Segundo, en cuanto a los motivos detrás de ello, uno puede pensar en varias cosas, pero no podemos decir mucho. Lo que digo es que demuestra que el Estado tiene un control de los hechos, sabe lo que está haciendo y no está sorprendido. Por eso espero que amplíe esa medida. Pero sobre todo, espero que también demuestre un cambio de actitud y la decisión fundamental de parar las violaciones.

¿Hay algo que le haya impresionado o afectado especialmente durante la investigación?

Es difícil, pero para mí, que he trabajado varios años en Guatemala, lamento que décadas después de lo que ocurrió en América Latina durante los 70 y 80 –especialmente a manos de dictaduras derechistas, aunque no me importa si son de izquierdas o de derechas– estemos viendo algo tan grave en términos de violaciones sistemáticas de derechos humanos por un Gobierno en la región. No digo que sea igual o parecido. Es triste que no hayamos logrado llegar a una etapa donde se enfrenten problemas políticos sin esta clase de violaciones.

Por Javier Biosca Azcoiti

17 de septiembre de 2020 23:04h

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Sábado, 19 Septiembre 2020 05:29

Apoyo condicionado

Apoyo condicionado

Pese a las manifestaciones multitudinarias en su contra, el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Luka-shenko, se aferra al poder por tres razones: el carácter eminentemente pacífico de las protestas, el control absoluto sobre la policía y el ejército, y el apoyo que le brinda el Kremlin como mejor opción, en estos tiempos revueltos, al considerar al vecino país pieza clave para la seguridad nacional de Rusia.

Si no se produce un baño de sangre –el cual no garantiza a nadie que la balanza se incline hacia su lado, además del elevado costo que tendría– Lukashenko podrá seguir gobernando sin legitimidad, repudiado por cientos de miles de compatriotas que cada domingo salen a la calle y con el silencio cómplice de los empleados y trabajadores del sector público, cuyo salario depende de su fidelidad.

En ese contexto, teniendo en cuenta que la economía de Bielorrusia dista de ser el modelo exitoso que pregona el gobierno de Minsk y que Lukashenko necesita dinero que ya no puede obtener de Occidente para comprar la lealtad de la policía y el ejército, mantener a flote las empresas públicas y pagar los 300 millones de dólares que adeuda por combustibles rusos, el crédito por mil 500 millones de dólares anunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resulta esencial para la supervivencia política de su colega bielorruso en el corto plazo.

Importa no tanto qué prometió Lukashenko –en su encuentro a puerta cerrada con Putin en Sochi– a cambio de esa tabla de salvación, sino cuánto podrá cumplir, acostumbrado a ofrecer una subordinación que nunca se concreta en hechos y que ya colmó la paciencia de Putin.

El apoyo de Rusia depende de las concesiones –desde formar una confederación en que Bielorrusia tendría un papel secundario, no mayor al de cualquier región de Rusia hasta entregar a potentados rusos las grandes corporaciones públicas mediante privatizaciones amañadas– que exige el Kremlin y que difícilmente Lukashenko esté dispuesto a hacer.

Cuando quede claro que de nuevo las expectativas acabarán en nada, Putin va a incrementar su presión sobre Lukashenko para que acepte una salida decorosa mediante una reforma constitucional que satisfaga a la oposición y convoque nuevas elecciones. Mientras, habrá que ver qué pasa mañana domingo en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia.

 

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Cuba: entre administrar la crisis y renovar el socialismo

En 1992 apareció, en Cuadernos de Nuestra América, un ensayo titulado “La economía cubana: los desafíos de un ajuste sin desocialización”, donde Aurelio Alonso saldaba cuentas con los esquemas del socialismo histórico, y analizaba los desafíos del reajuste frente a una crisis coyuntural y estructural.[1]

Rescato par de ideas de aquel texto. Según el autor, una alternativa socioeconómica propia e independiente va más allá de una exitosa “administración de la crisis coyuntural”. Las llamadas “medidas de emergencia” suponían ya cambios de envergadura en el conjunto del sistema. A la profunda reforma en busca de un espacio alternativo para Cuba (o sea, de mecanismos eficaces de reproducción socialista), le urgía también, en el plano teórico, una “reconstrucción de la economía política del socialismo”.

Este doble desafío era definido del siguiente modo:

“Existe un problema no elucidado entre las modalidades de la socialización de la propiedad y la naturaleza de la gestión, que se relaciona, a todas luces, con la eficacia global del sistema. La propiedad estatal se vincula a un esquema centralizador en el plano de la gestión, que ha desembocado en una ineficiencia empresarial generalizada. El “socialismo real” o histórico, al convertir al Estado en propietario y administrador, hipertrofia el alcance de los ministerios y otros órganos estatales y produce un relevo del empresariado por el funcionariado. [Y luego] La búsqueda de formas descentralizadoras de dirección se ha confundido frecuentemente con la privatización de la propiedad, perdiéndose de vista las potencialidades de la descentralización dentro de la propiedad socializada…”[2]

Más que abundar en viejas oposiciones (propiedad “socializada” vs. privada), se trataba de modificar la matriz de dirección y producción de la sociedad. Citaba el autor las medidas de descentralización aprobadas por el IV Congreso del Partido Comunista (1991): la inversión extranjera en el sector del turismo, la autonomía financiera del sector productivo capaz de procurarse divisas, la ampliación de facultades a los órganos municipales de Poder Popular para hacerse cargo de las necesidades de la comunidad.[3]

2

Dos décadas más tarde, el proceso de reformas oficialmente conocido como “Actualización del modelo económico-social” (2011) fue presentado como una intervención sobre la organización de la economía, sustraída a cambios directos en el modelo político. Procuraba una puesta al día, no de la “política socialista”, sino de una “práctica” capaz de encarar los problemas propios y del sistema de relaciones en que el país ha debido insertarse. El núcleo de esos problemas “prácticos” ha sido ubicado en la “economía”.

En las condiciones actuales de Cuba, despolitizar el problema de las reformas, presentarlas como una cuestión “económico-técnico-social” solo significa una cosa:  eludir la cuestión de su sostenibilidad política, en una perspectiva que continúe siendo anticapitalista. Por el contrario, asumir la centralidad política de las reformas, como condición, medio y resultado, supone aceptar como horizonte la “dependencia entre la libertad política y la capacidad de controlar los medios materiales necesarios para la existencia personal y social”.[4]

En consonancia con los documentos rectores de las reformas (Lineamientos, Conceptualización), la nueva Constitución de 2019 conserva el postulado de “socialista” para definir el sistema que rige en Cuba. Tal declaración es referida a un conjunto de valores ético-políticos, sustentada en la (reafirmada) función rectora del PCC y en el sistema económico vigente. Este último, un modelo mixto (que subordina otras formas de propiedad y de gestión) aparece regido por los principios de la “planificación socialista” y la “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”, según una relación en la que el Estado es representante/administrador y el pueblo beneficiario/propietario.

Las connotaciones de un socialismo así fundamentado (a la soviética) han sido largamente debatidas dentro y fuera de Cuba (la estructura de la propiedad, las relaciones entre plan y mercado, los vínculos entre gestión y propiedad y un largo etcétera). Lo que suele darse por sentado, para defensores y detractores, es que ese modelo es equiparable al socialismo; es decir, que el núcleo del socialismo consiste en la sujeción del sistema a una planificación centralizada + predominio de la propiedad estatal (= propiedad social o socialista).

Pese a atavismos e incongruencias en su expresión programática, y aplazamientos y distorsiones en su implementación, lo cierto es que el proceso de reformas iniciado hace casi tres décadas ha implicado a la totalidad de la sociedad cubana. Tal constatación resulta ya, como se verá más adelante, del debate cubano sobre sociedad civil de los años noventa. En su conjunto, las reformas han conllevado a un redimensionamiento del Estado, de su estructura y funciones, de las formas de actividad social que le definen, de sus relaciones con la ciudadanía (término este reciente en nuestro vocabulario político).

Omitido o ignorado este proceso de transformaciones políticas, lo cierto es que el reto más inmediato y definitorio del socialismo cubano continúa localizado en la dimensión económica: en la urgencia de un rediseño desde una noción distinta de desarrollo, que despliegue el potencial creado, garantice la subsistencia de la población y restaure un régimen laboral y de participación efectiva que incentive el trabajo.

Por tanto, el problema que Alonso identificara como esencial para la “eficacia global del sistema” continúa, en lo fundamental, irresuelto. ¿Cómo vincular la propiedad socializada con la gestión descentralizadora? Más allá del sesgo jurídico que ha prevalecido sobre la cuestión, ¿acaso la propiedad efectivamente socializada no supone esta clase de gestión? ¿La propiedad estatal ha sido, en Cuba o en otra parte, garante de tal socialización?

Como advirtiera aquel texto de 1992, para constituir una alternativa real entre los dogmas socialista y liberal, el proceso cubano de reformas debe quedar enmarcado en una economía socializada, o sea, en un gobierno de la sociedad sobre la economía. Dicha economía socializada supone, entonces, un poder socializado.

Estas líneas solo pretenden ilustrar la pertinencia de tales interrogantes. Si algún consenso existe al respecto, es sobre la necesidad de conformarlo, en vista de los efectos desintegradores de la crisis y las reformas. El punto de partida, por tanto, no puede ser la unidad.

3

Los problemas en torno a la socialización han motivado grandes debates en la variopinta tradición adscrita al marxismo, y respecto al modo en que se la ha concebido y practicado en el socialismo histórico.[5]

La tradición praxeológica marxista ha pretendido sustraer la socialización de una teleología naturalista (subordinada al desarrollo de las fuerzas productivas), y situarla en el campo dialéctico de una historia abierta (marcada por la incertidumbre y especificidad de la lucha de clases). Vinculada a la actividad consciente de instituir una sociedad socialista, su énfasis va dirigido a las relaciones sociales de producción y al proceso de conformar una sociedad socializada. En consonancia, se han promovido múltiples vías y mecanismos de control democrático de los medios de producción por los trabajadores, para que decidan colectivamente sobre su uso social. Entendida como el proceso por el cual los individuos son cada vez más capaces de controlar colectivamente sus condiciones de existencia, la socialización ha atendido a la reabsorción por la sociedad de sus poderes alienados, tanto por el Estado como por el mercado.

Sobre estas bases, la teoría sobre la política socialista ha insistido en restituir al cuerpo social los poderes usurpados, procurar las condiciones progresivas para la emancipación económica del trabajo. Ello supone su propia finitud (para la política, entendida como intervención del Estado), toda vez que la meta de la transformación socialista, más allá de la distribución, ha atendido a la superación de las condiciones materiales de la producción misma.

Sin embargo, la expresión canónica de “socialización de los medios de producción” supuso tirar hacia abajo el rasero de tales implicaciones para restringirse al prisma jurídico de las relaciones de propiedad y las políticas de distribución estatales.

Identificada con la expropiación de los propietarios privados de la tierra y el capital por la sociedad, esta ortodoxia marxista ha considerado la socialización de los medios de producción esencial en tanto: a) remueve las fuentes de desigualdad colectivas (basada en la distribución desigual de la propiedad) e individuales, de ingresos personales no vinculados al trabajo; b) elimina la institución del trabajo asalariado y la explotación privados; c) priva a los ex capitalistas de los fundamentos de su poder; y d) es condición para una economía centralmente planificada (de otro modo sometida a los propietarios privados).[6]

Al identificar lo estatal a lo social, y oponerlo a lo privado, la gestión y control efectivos de los medios socializados ha sido una de las ambigüedades conceptuales del término, con efectos prácticos evidentes.

En las experiencias del socialismo histórico del siglo XX, se transitó de la expropiación de las tierras y empresas por parte del Estado, hacia intentos por suprimir parcialmente el mercado e incluso el dinero como medio de intercambio entre productores y empresas. Se trató de medidas impuestas desde el Estado, que aparece no solo como el gran propietario sino como medio de intercambio y de circulación de los productos. El esfuerzo por sustituir la ley del valor y el tiempo de trabajo abstracto (valor de cambio) como medida y medio del acceso a otros productos del trabajo útiles para otras personas (valor de uso), no constituyó, sin embargo, una superación económica del valor de cambio, sino una coacción extraeconómica para intentar anularlo.

La preponderancia del valor de uso sobre el valor de cambio funcionó como una norma general, aplicada según cálculo y criterio discrecional de funcionarios estatales, es decir, según una decisión política centralizada (y a la postre, subjetiva). Se trató entonces de una forma de privatización de la gestión del modo de intercambio de riquezas, a cargo de la administración estatal. Tales procesos no dieron lugar a una nueva relación económica que sustituyera la ley del valor y el mercado, sino a una coacción política que la impedía. En lo fundamental, dejaron inalterada la estructura jerárquica de la dominación sobre el trabajo, heredada del capitalismo.

De modo general, enfrentaron varios inconvenientes, en lo que al tema tratado se refiere:

  1. La administración del Estado, premisa y garante del bienestar de la sociedad, condujo, en la práctica, a una reconversión del poder económico de las clases propietarias en poder político de los funcionarios del Estado. La lógica del capitalismo fue tendencialmente reinstalada, como administración monopólica de los medios de producción y poder político concentrado.
  2. Al tratarse de una relación política que sustituyó a la relación económica, fue circunscrita al interior del régimen, mientras que sus relaciones internacionales de intercambio actuarían como presión económica extra nacional, cada vez más intensa por la mundialización de la producción, el conocimiento y la tecnología.
  3. A la postre, se impuso una coexistencia social entre la lógica del valor de uso en los espacios públicos y legales, regulados y controlados por el Estado, y la lógica del valor de cambio en actividades informales y cotidianas, de intercambios internos y externos.[7]

El fracaso de tales experiencias demostró que, a contrapelo de lo que la izquierda creyó durante todo el siglo XX, la estatización de los grandes medios de producción no instaura un nuevo modo de producción ni instituye una nueva lógica económica. Estatizar no significa socializar la producción, toda vez que no procura las condiciones para una autogestión significativa a escala social, capaz de instituir un proceso socialista del trabajo. La función del “Estado revolucionario” no es entonces crear el socialismo. Ello escapa al objeto fundante de su existencia como Estado, en tanto monopolio o “proceso de regulación jerarquizada de los bienes comunes”.[8]

En las condiciones actuales, la transición socialista requiere tipos de relaciones económicas en la producción y de relaciones sociales en el intercambio, que la sola intervención estatal no procura y menos garantiza: política de alianzas entre las clases populares para la gestión nacional de los asuntos sociales comunes; nuevas formas asociativas voluntarias de los trabajadores en los centros de producción y creciente articulación con otros centros de producción, así como con las comunidades; democratización permanente de las estructuras estatales que apoye esos procesos locales y comunitarios; estabilidad económica que garantice las condiciones básicas de vida, y que procure tiempo para tales aprendizajes colectivos.[9]

A este respecto, Cuba ha debido hacer su propio aprendizaje, a partir de la crisis, el reajuste, y el consiguiente disenso de los años noventa.

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¿Por qué se discutió acerca de la sociedad civil en los años noventa en Cuba? ¿Qué se discutía al emplear este término? ¿En qué consistía y cómo fue definida la sociedad civil cubana? Los problemas que este debate formulara, ¿pueden arrojar alguna luz sobre los ejes y procesos centrales de las reformas en curso?

Tema problemático si lo hay, su tratamiento ha supuesto para Cuba, generalmente, dos grandes dificultades, una teórica, otra política. El de sociedad civil ha sido uno de los conceptos contemporáneos más ambiguos e imprecisos, por su historia larga y tortuosa, su utilitarismo y la remisión usual a parámetros normativos, más que analíticos. Y claro, el término ha sido empleado en discursos políticos divergentes sobre la realidad cubana.[10]

Anatemizado por el marxismo soviético preponderante, la polémica en torno al mismo tuvo como referente la redefinición de las relaciones entre el Estado y las distintas esferas de acción social de los individuos, del espacio de lo público, asociado a cambios ocurridos a nivel internacional como nacional.

Tras el colapso del sistema soviético, se produjo en Cuba una crisis que erosionó la eficiencia del “monopolio práctico” del Estado como productor de ideología, es decir, la compatibilidad entre esa ideología y los beneficios que había sido capaz de proporcionar (ej. crecimiento económico, movilidad y justicia social). Restringida su capacidad para organizar los proyectos de vida personales en torno al proyecto social, para muchos las estructuras políticas no se adecuaban a la conmoción sufrida por las relaciones sociales, manifiestas en la vida cotidiana de la población, lo que alentó la aparición de nuevas formas asociativas.

La crisis económica, una integración social erosionada a partir de la aparición de nuevos entes económicos, la pérdida de capacidades del Estado para socorrer las necesidades de la población, la ampliación de relaciones de mercado y la creación de espacios no regulados estatalmente, todo alentaba una rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el que el propio Estado redefinió su papel, mediante el conjunto de reformas adoptadas. La escasez de recursos obligó a buscar mecanismos de descentralización para su uso más eficiente y a introducir transformaciones en la estructura político-administrativa, a partir de la reforma constitucional de 1992.

Cuba requirió entonces rearticular el consenso en torno a un nuevo modelo de socialismo (respecto a las dimensiones, objetivos y eje de las transformaciones), en las condiciones de una sociedad cada vez más diferenciada, con un nuevo mosaico de actores sociales.

Por tanto, si el tema de la sociedad civil ocupó la atención de los intelectuales cubanos (incluyendo a los políticos) en los años noventa, no se debió solo a su papel en la confrontación ideológica y en los códigos generados en el seno del debate contemporáneo. O a su empleo como instrumento desestabilizador del régimen por el discurso político-ideológico del gobierno norteamericano, ensayado en el Este de Europa. Su uso resultó, ante todo, de la propia activación de la sociedad civil cubana y del espacio de lo público, provocado tanto por los efectos económicos, políticos e ideológicos de la desaparición del campo socialista, como por la propia maduración que las clases y grupos sociales habían alcanzado en tres décadas de ordenamiento socialista. Esta catálisis de la sociedad civil cubana se manifestó en su apropiación (parcial o completa) de espacios y procesos antes sujetados al aparato estatal, y por la importancia que adquirieron los canales y esferas de realización del debate ideológico.

Jorge Luis Acanda distinguió varias posiciones en el empleo del concepto de sociedad civil durante la década en Cuba; esto es, tres tendencias fundamentales en torno a las relaciones de poder y la naturaleza democrática del modelo político, de cara a un proyecto futuro de sociedad.[11]

Una, negaba cualquier logro democrático de la sociedad cubana y se atenía a una intención, implícita o explícita, de cambio de régimen. Impugnaba la continuidad del orden socialista, como incapaz de un estatuto mínimamente democrático, y aspiraba a la sustitución del gobierno y del modelo político cubano vigentes. Entendía la sociedad civil, sobre todo, como espacio asociativo voluntario, contrapuesto al Estado y a la sociedad política y reservorio de los valores de progreso, libertad, democracia, derechos humanos.

La ortodoxia isleña, tras rechazar el término como maniobra ideológica, le acogió luego como “sociedad civil socialista”, vía para organizar la participación de masas. Sobreentendía que la sociedad cubana había logrado unos niveles elevados de democracia económica y política, toda vez que las políticas de acceso a servicios y derechos universales garantizaban per se un alto desempeño democrático. Por tanto, el PCC y las organizaciones políticas y de masas figuran como legítimos representantes de la sociedad. Desde esta visión, la idea era fortalecer o perfeccionar los mecanismos creados, con el papel protagónico del gobierno.

Otras visiones, finalmente, proponían un rediseño de la democracia en Cuba, basado en el cuestionamiento de elementos de su modelo político. Al asumir la sociedad civil como central para una recomposición socialista de la hegemonía, proponían fortalecer las instancias del Poder Popular (con énfasis en los poderes locales), mejorar mecanismos democráticos como la rendición de cuentas y apelar a dispositivos culturales no estatales, delimitar las funciones políticas partidistas y las administrativas del gobierno en los distintos niveles, etc. Dentro de esta posición, hubo quienes, a partir del concepto de sociedad civil, argumentaron la imposibilidad de que el Estado pudiera hacerse cargo de las necesidades, los objetivos y los derechos de una creciente diversidad social. Si, más que una identificación, existe una continua tensión entre las estructuras políticas y la sociedad civil, es dicha tensión el fundamento de la democratización del sistema.[12]

Tales desencuentros sobre la sociedad civil, al anudar un conjunto de problemas del pensamiento social cubano, reveló carencias de las ciencias sociales para dar cuenta del proceso revolucionario y de su ordenamiento socialista. Su impacto rebasó lo académico. El debate cubano amplió y redimensionó la comprensión del proceso de la política, al incorporar el análisis sobre sus “condicionamientos socioeconómicos” y culturales. Enfrentó, de hecho, la hipertrofia política en el análisis de la sociedad. La necesidad de reconstruir la sociedad civil cubana propició una amplia reflexión sobre su cultura política: sobre el peso de las representaciones ideológicas y culturales en la articulación del consenso, desde la organización familiar, pasando por el papel de los intelectuales, de los nuevos sujetos sociales y la concepción del Estado. La recomposición de la hegemonía fue asumida como proceso cultural, en su más amplio sentido.[13]

Pues la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones sociales productoras de sentido, es el campo por excelencia de la lucha de clases y, por tanto, de la disputa hegemónica. Promueve una renovación socialista si logra enraizar instituciones y relaciones de producción ideológico-cultural a los fundamentos culturales de la nación y a la pluralidad de sus prácticas cotidianas. Ello concierne al papel del mercado y del Estado en el socialismo: a la búsqueda y desarrollo de nuevas formas de propiedad colectiva (o sujetas a su control) en la economía, capaces de suprimir la lógica del valor de cambio como acceso a la riqueza; así como a la promoción de nuevas formas de participación política que disputen las funciones monopólicas del Estado.

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La deforme socialización del estatismo soviético y el debate cubano sobre sociedad civil resisten a ser relegados a un pasado inoperante. Su discernimiento condiciona nuestra visión de los problemas del presente. La prioridad de maximizar la producción nacional de bienes y servicios no es solo un problema técnico y económico. Involucra además la educación, relaciones y estructuras políticas.

Acaso en Cuba haya ocurrido un peculiar aprendizaje sobre la sustitución estatista, que se expresa en una nueva sensibilidad frente a los límites y legitimación del poder político, y en demandas a favor de un espacio plural de instituciones, relaciones y grupos sociales, relegadas por el modelo de socialismo que pretende ser reformado. Pero la crítica a la monopolización estatal no puede pasar por alto el poder coercitivo de una sociedad civil a la que queda asignado, de modo prevaleciente, todo el espacio entre el individuo y el Estado. Para las condiciones de Cuba, la implementación de mecanismos efectivos de participación y control ciudadano, laboral, comunitario, continúa siendo el imperativo de una sociedad socializada. Junto a una educación política afín y consensuada, son formas de renovar el Estado que no derivan en, o pueden limitar de veras, una mayor mercantilización.

 

[1] Aparecido en el vol. IX, no. 9, julio-diciembre de 1992, fue compilado en El laberinto tras la caída del muro, editado en 2006 por Ciencias Sociales y en 2009 por CLACSO y Ruth Casa Editorial [las citas son de esta última edición].

[2] Ídem, pp. 208-209.

[3] Ídem, pp. 209-210.

[4] Julio César Guanche, “A propósito de la relación entre política y economía”, en OSAL, Año XIV, No. 36, diciembre de 2015, p. 15.

[5] Ya en la tercera década del siglo XX fue objeto de enconadas polémicas en el contexto de la fallida revolución alemana. Ver Karl Korsch, ¿Qué es la socialización? Un programa de socialismo práctico, Siglo XXI, Argentina, 1973; Erwin Weissel, “A Internacional Socialista e o debate sobre a socializaçao”, en Eric Hobsbawm et al. (eds.) Historia do marxismo, tomo V, Paz e Terra, Brasil, 1985, pp. 227-250.

[6] Joseph Wilzynski, An Enciclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism, Macmillan Reference Books, London, 1981, pp. 541-542; Tom Bottomore (ed.) A Dictionary of Marxist Thought, Blacwell, 2nd ed., 2001, pp. 502-503; Jean Robelin, “Socialisation”, en Gerard Bensussan y Georges Labica, Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1985, 3ª ed., pp. 1057-1063.

[7] Ver Paul M. Sweezy y Charles Bettelheim, Algunos problemas actuales del socialismo, Siglo XXI, México, 1973; István Meszaros, Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2001; Álvaro García Linera, ¿Qué es una revolución? De la Revolución rusa de 1917 a la revolución de nuestros tiempos, Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2017.

[8] Álvaro García Linera, “Estado, democracia y socialismo: Una lectura a partir de Poulantzas”. Recuperado de http://marxismocritico.com/2015/02/25/estado-democraciay-socialismo, 2015.

[9] Álvaro García Linera, ¿Qué es una revolución? ..., p. 80.

[10] Haroldo Dilla y Philip Oxhorn, “Virtudes e infortunios de la sociedad civil”, Nueva Sociedad, 1999, pp. 157-175.

[11] Jorge Luis Acanda, “Cambios en la sociedad civil cubana y su reflejo en el pensamiento cubano desde los noventa al momento actual”. En J. Tulchin y otros (eds.) Cambios en la sociedad cubana desde los noventa. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005, pp.141-144. Ver además Milena Recio y otros, “Sociedad civil en los 90: el debate cubano”, en Temas, Nos. 16-17, 1998-1999, 155-176.

[12] Ídem.

[13] Rafael Hernández, “¿Pero acaso hay un debate en Cuba sobre la sociedad civil?”, En Hablar de Gramsci, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2003, pp. 137-147.

Investigador y marxista cubano. Subdirector del Instituto de Filosofía, en La Habana.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 7 de septiembre 2020

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Francia: una huelga inaugura la confrontación social en pleno rebrote

El impacto económico y sanitario del coronavirus

Empleo, salarios, jubilaciones y servicios públicos fueron las consignas de una jornada en la cual, apenas salieron de la Place de la Republique, los manifestantes gritaban “No queremos un mundo peor que el de antes”.

 

El nuevísimo gobierno del primer ministro Jean Castex estrenó este jueves 17 de septiembre su primer movimiento social con una serie de huelgas y manifestaciones que se prenden en el horizonte incierto de la crisis sanitaria en plena resurrección. Huelgas y manifestaciones convocadas por la CGT y organizaciones juveniles inauguran la confrontación social con un Ejecutivo trastornado por la amenaza de una “segunda ola” de contaminaciones cuya gestión responde al imperativo fijado por el presidente Emmanuel Macron: “vivir con el virus” sin adoptar medidas drásticas como, por ejemplo, un segundo confinamiento generalizado. Empleo, salarios, jubilaciones y servicios públicos fueron las consignas de una jornada en la cual, apenas salieron de la Place de la Republique, los manifestantes gritaban “No queremos un mundo peor que el de antes”.

No se percibe, por el momento, un clima de revuelta, aunque si de exasperación en el cual la sociedad busca sus marcas. Hay dos lecturas de la situación y los sindicatos apostaron por la segunda: la primera apunta a que las restricciones en vigor y lo ignoto y plural de la crisis disuadan todo intento de manifestación masiva: la segunda radica en que, pese a ello, la gente asiste al cierre de empresas que se acumulan, al desempleo y la nebulosa cada vez más extendida que ha dejado el virus. 

Aunque huelgas y Covid se han combinado en un espacio con mucha confusión, la movilización social ha sido más bien tímida y muchos analistas se preguntaban qué le pasó por la cabeza a la CGT para activar una protesta social en un momento de arenas movedizas. La confusión es un elemento muy arraigado, tanto más cuanto que las informaciones pueden ser percibidas como contradictorias. Cada semana hay más y más contagios, pero estos no tienen por ahora el impacto de antes. Hoy hay 796 personas en reanimación en los hospitales contra 7.000 en el peor momento de la pandemia (abril de 2020). Con todo, se contabilizan entre 7.000 y casi 10.000 nuevos casos por día. 2.100 clases fueron clausuradas y 81 estabelecimientos escolares cerrados, lo que representa un 0,13% de los 6.0000 existentes. A su vez, la Organización Mundial de la Salud no cesa de advertir sobre “la alarma” implícita en la progresión constante de infecciones en Europa. La zona Europa de la OMS comprende 53 países con Rusia incluida y en esa área se registraron 5 millones de casos oficiales y 227.000 mil muertos provocados directamente por la covid-19.

Antes que imponer una salva de restricciones el Ejecutivo decidió apoyarse en el argumento de la responsabilidad colectiva para contener el empuje de la pandemia. También optó por mejorar los dispositivos vigentes, particularmente el triángulo de las pruebas, la trazabilidad de los contagiados y su aislamiento. La otra opción hubiese sido activar protocolos y prohibiciones cuyo impacto político y económico no habría tardado en ser negativo. La sociedad ha tomado conciencia de que el virus permanecerá activo mucho tiempo más y el gobierno también advirtió que el plan de reactivación económica que presentó al final del verano europeo tenía un aliento muy corto. El consejo científico que asesora al gobierno ya consideró que la estrategia de contención elegida había sido “un fracaso”. Como en muchos otros lugares el mundo, en Francia también se filtra una lectura científica y otra política de la situación. En el medio se meten un ejército de charlatanes, pseudo científicos y comentaristas cuyas opiniones no hacen más que incrementar la sensación de un barco a la deriva. 

El delirio es la palabra clave. Cualquier apresurado sale con sus previsiones al mejor estilo Nostradamus, cuando no son los mismos médicos quienes siembran desconfianza y temor. Un clérigo de expertos patentados dice un día una cosa y al otro día un clérigo del otro bando afirma lo contrario. El pasado 11 de septiembre unos 30 investigadores, médicos y universitarios se pronunciaron en el diario Le Parisien para criticar el discurso del gobierno “tendiente a inducir”, y hasta pusieron en tela de juicio la legitimidad del consejo científico. El epidemiólogo Laurent Toubiana afirmó que “en este momento la amenaza no existe, sino que la fabrican”. Dos días después, en otro diario, Le Journal de Dimanche (ambos populares), un grupo de médicos hizo un llamado contrario: "hay que permanecer atentos frente la segunda ola que se anuncia y limitar los desplazamientos”. Delirios, manipulaciones, batalla de egos y de circuitos científicos, la cacofonía es otro de los espectáculos de una actualidad indigerible. En este contexto, el ministro francés de Salud, Olivier Veran, adelantó nuevas medidas y protocolos sanitarios destinados a las escuelas, así como esfuerzos suplementarios que se concentrarán en las ciudades de Paris, Lille, Toulouse, Rennes, Dijon y dos regiones del sur. Es allí donde la covid-19 circula con más frecuencia.

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Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

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Daniel Ellsberg

Continúa el juicio de extradición contra el creador de Wikileaks

Durante la presidencia de Richard Nixon, Ellsberg filtró 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y al Washington Post. "Las publicaciones de WikiLeaks tienen una importancia comparable”, sostuvo el exmilitar.

 

Daniel Ellsberg, exanalista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que filtró en 1971 los “Papeles del Pentágono”, declaró en el juicio de extradición contra Julian Assange. Durante la presidencia de Richard Nixon, Ellsberg envió 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y luego al Washington Post. Los documentos mostraron que el gobierno norteamericano había decidido continuar la guerra aun sabiendo que no la ganarían y que causaría miles de muertes en sus filas. Ahora, el fiscal James Lewis que representa a la Justicia estadounidense intentó mostrar que a diferencia de las filtraciones hechas por Ellsberg, Wikileaks puso en riesgo la vida de informantes secretos. Sin embargo el exmiembro de las FFAA rechazó ese contrapunto. “Estoy totalmente en desacuerdo con la teoría del 'buen Ellsberg / mal Assange'”, sostuvo el analista informático.

"No es un juicio justo"

El miércoles fue el día siete de esta segunda parte del juicio que había empezado en febrero pero fue suspendido tras la llegada de la pandemia. El jueves pasado la jueza Vanessa Baraitser había decido detener otra vez el proceso ya que algunos de los asistentes tuvieron síntomas de la covid-19. La justicia inglesa deberá decidir si acepta la extradición del creador de Wikileaks a Estados Unidos. El gobierno norteamericano lo acusa de espionaje y piratería informática tras haber publicado en 2010 más de 700.000 documentos clasificados. De avalarse su extradición, podría ser condenado a 175 años de cárcel. Assange se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra desde abril de 2019. Antes había pasado siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres.

Las revelaciones que hizo Wikileaks habían mostrado los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Iraq y Afganistán. A su vez el sitio también había publicado miles de cables diplomáticos del gobierno norteamericano, que dejaron al descubierto la influencia directa de la Casa Blanca sobre buena parte del mundo. Por ese motivo la Justicia estadounidense pidió la extradición del periodista australiano con la finalidad de juzgarlo puertas adentro.

Durante la audiencia del miércoles la defensa de Assange presentó a Ellsberg como uno de sus testigos. El analista de inteligencia de 89 años reconoció la importancia de las revelaciones hechas por Wikileaks. “A lo largo del tiempo reconocieron que mis acciones en relación con los ´Papeles del Pentágono´y las consecuencias de su publicación generaron un cambio de interpretación radical. Considero que las publicaciones de WikiLeaks de 2010 y 2011 tienen una importancia comparable”, sostuvo el exmilitar. A su vez también destacó la valentía de su colega Chelsea Manning quién filtró los archivos clasificados. “Me impresionó mucho que la fuente de estos documentos, Chelsea Manning, estuviera dispuesta a arriesgar su libertad e incluso su vida para hacer pública esta información. Fue la primera vez en 40 años que vi a otra persona haciendo eso, y sentí afinidad con ella ", dijo el analista.

Tras la publicación de los “Papeles del Pentágono” Ellsberg y su colaborador Anthony Russo fueron acusados por el gobierno norteamericano de robo, conspiración y violación a la Ley de Espionaje. El exmilitar criticó esta norma ya que imposibilita un proceso legal justo. “La Ley de espionaje no permite filtraciones. Así que no yo tuve un juicio justo, nadie desde que mi caso tuvo un juicio justo por estos cargos, y Julian Assange no puede ni remotamente obtener un juicio justo por esos cargos si fuera juzgado”, sostuvo el analista informático. Tras un largo proceso judicial Ellsberg y su colaborador fueron sobreseídos. El juicio había sido anulado al constatarse que la administración Nixon y la Fiscalía habían cometido toda clase de atropellos como prevaricación, supresión de pruebas, ocultación de testigos, obstrucción a la justicia, e incluso robo de información.

El efecto de las filtraciones

A la hora de interpelar a Ellsberg el fiscal Lewis intentó establecer una comparación entre su caso y el de Assange. Según el fiscal en 1971 el exmilitar no había publicado cuatro volúmenes de documentos para resguardar al gobierno norteamericano. Pero sí había entregado todos los archivos al Senado. Sin embargo, el analista aclaró que al momento de dar con los documentos secretos Estados Unidos y Vietnam estaban en negociaciones de paz. Ellsberg no quería que la publicación de los mismos se usara como pretexto para romper el diálogo, por lo que demoró su entrega a los medios. Respecto al argumento del fiscal de que Assange puso en riesgo la vida de informantes, el exmilitar dijo que él también había dado información sobre un agente clandestino de la CIA. Justificó esa decisión argumentando que no quería que el público pensara que los archivos habían sido editados o interferidos. Para demostrar que el gobierno estaba cometiendo atrocidades en Vietnam Ellsberg necesitó que esos documentos se mantuvieran impolutos y que nadie pudiera decir que con su intervención estaba encubriendo algo, sostuvo el exmilitar

Lewis también intentó que Ellsberg admitiera que los archivos de WikiLeaks eran más dañinos. Sin embargo el analista dijo que ya durante el juicio a Manning el Departamento de Defensa no había podido mostrar una sola muerte como resultado de esas filtraciones. El fiscal mencionó que algunos informantes habían tenido que huir de sus países. El exmilitar pidió comparar esos casos y el del periodista australiano. “Las personas que tienen que abandonar el país deben ubicarse en el contexto de Assange tratando de poner fin a una guerra que causó 37 millones de refugiados y más de un millón de muertes”, sostuvo Ellsberg.

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Luis Arce lidera los sondeos pero no evitaría el ballottage

A 35 días de los comicios presidenciales en Bolivia

El candidato del MAS, partido de Evo Morales, aventaja en 10 puntos a Carlos Mesa, de cara a las elecciones del 18 de octubre. 

 

 A 35 días de las elecciones en Bolivia solo existen dos certezas. El futuro político del país se definirá bajo las condiciones que impusieron los golpistas y el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera todas las encuestas tiene asegurado su paso a una eventual segunda vuelta. Como en los comicios de octubre de 2019, resta saber si le sacará un margen indescontable a Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza. Luis Arce Catacora orilla una ventaja cercana a los 10 puntos sobre Carlos Mesa, porcentaje que necesita además del 40 % de los votos para no ir al ballottage donde los distintos partidos de derecha se aliarían en su contra. En esa eventual entente están Juntos, de la presidenta de facto Jeannine Añez, el Frente Cívico de Luis Fernando Camacho que lidera los sondeos en su bastión, Santa Cruz y otros candidatos como Chi Hyung Chun y Tuto Quiroga que por ahora no mueven demasiado el amperímetro. El otro dato clave es que Evo Morales fue proscripto la semana pasada y no podrá aspirar a una banca en el Senado. Lo reemplazará por el Departamento de Cochabamba el dirigente cocalero Leonardo Loza.

  El panorama electoral convive en Bolivia con la pandemia que atraviesa un crecimiento sostenido de los casos. Hay 125.172 contagiados y 7.250 muertos según las últimas cifras conocidas. El país lejos está de detener al coronavirus. Añez admitió errores en su política sanitaria a fines de mayo e incluso separó del cargo al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien quedó detenido por un hecho de corrupción en la compra de respiradores. El gobierno y los sectores que acompañaron el golpe creen haberse librado del MAS con las medidas judiciales que tomaron para marcarle la cancha pero están muy lejos de conseguirlo. Algunas señales de preocupación se perciben en el oficialismo y las fuerzas destituyentes que apartaron del poder a Morales el 10 de noviembre pasado. 

El candidato a vice de Añez, Samuel Doria Medina, uno de los hombres más ricos de Bolivia y referente de Unidad Nacional (UN), dijo: “voy a gastar lo que sea necesario para que ganemos”. Según las últimas encuestas difundidas, la fórmula que integra con la presidenta viene tercera cómoda detrás de Mesa, el exmandatario que podría pasar a la segunda vuelta si el exministro de Economía de Evo no le saca una ventaja decisiva.

En el MAS también analizaron como un gesto de nerviosismo la invitación con cierto apuro a debatir que le cursó Mesa al candidato que encabeza las pesquisas electorales. El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, le comentó a la red Unitel: “Estamos expectantes a su respuesta, esperamos que ésta sea positiva y que Luis Arce se anime y no como hacía Evo Morales, huir del debate”. Sebastián Michel, el vocero del Movimiento al Socialismo, respondió: “que guarde un poco de paciencia que vamos a tomar una decisión a cuál de todos los debates vamos a asistir”. Uno de ellos está programado para el 4 de octubre en La Paz con los ocho candidatos presidenciales y lo convocaron la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y varios medios de Comunicación.

La estrategia de Añez

Añez sabe que no le dan los números para prolongar su estadía en el gobierno y apunta a esmerilar a Mesa que le llevaría hasta ahora casi 7 puntos porcentuales. En sus últimas declaraciones señaló que consiguió frenar al partido de Evo “en dos oportunidades”, y se preguntó: “¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”. Su estrategia se completa con el intento de poralizar con Morales – como si fuera un candidato imaginario -, quien se encuentra refugiado en la Argentina y vio caer su última chance de competir por una senaduría la semana anterior.

“Aún tenemos la lucha contra el virus, por la reactivación y el empleo, y la lucha contra el tirano, porque Evo Morales intentará volver para tumbar a este gobierno y al siguiente, pero mientras yo esté en esta presidencia quiero garantizarles algo: ese señor solo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia”. El ataque de la presidenta se produjo durante un mensaje que dio el último sábado al cumplir diez meses de mandato.

Arce Catacora se muestra aplomado en cada aparición pública y aún cuando es presionado por la prensa complaciente con el régimen de Añez, no consiguieron correrlo de su eje. Sobre la medida judicial que le impide competir a Evo por una banca señaló que se respetará la decisión del Tribunal paceño, tal como había anticipado el líder histórico del MAS el lunes. Incluso agregó que “no hay posibilidad legal de realizar otro recurso”. La resolución se tomó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara a Morales y que el fallo fuera validado por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra.

Querella por crímenes de lesa humanidad

Donde también avanzó una causa pero contra el gobierno de facto de Añez es en Córdoba. La Cámara Federal de la provincia deberá resolver una querella por crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Uno de los abogados que se presentó ante el tribunal de la provincia, Rafael Ortiz, aportó como pruebas para invocar la jurisdicción universal informes de Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo boliviana, entre otras organizaciones. El próximo 8 de octubre, además, está convocada una audiencia ante la CIDH. El frente internacional nunca dejó de ser complicado para los golpistas. Hace unos días se conoció un informe de Human Rights Watch titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que advirtió sobre los “cargos desproporcionados contra Evo Morales” y le exigió al gobierno que abandonara su campaña contra el expresidente en el exilio.

El TSE que le impidió inicialmente al líder del MAS presentarse a las elecciones lo conduce el sociólogo y escritor Salvador Romero designado por el gobierno de facto. Revelaciones de WikiLeaks en el pasado hicieron evidente su estrecho vínculo con el Departamento de Estado de EE.UU. y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una organización de superficie que opera a menudo como un solo bloque junto a la CIA.

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:13

¿Quién dio la orden?

La policía avanza hacia los manifestantes en Bogotá el 9 de septiembre. Efe / Youtube

El 9 y 10 de septiembre la Policía Nacional de Colombia abrió fuego contra manifestantes durante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez a manos de agentes de la institución. El país suma otra masacre y ya son 56 en lo que va del año

 

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Bogotá arde. Mientras, policías, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y guardias de seguridad armados con pistolas, palos y motos protagonizan una imagen que antes se entendía como aislada. Al caer la noche, miembros de la Policía Nacional se convierten en verdugos. Disparan contra el pueblo y, como lo registran decenas de videos en todo el país, asesinan indiscriminadamente. 

Los gritos, disparos y sirenas se mezclan en el aire. Agentes apuntan y disparan por las angostas calles bogotanas en contra de quien tengan en frente. ”Quiubo, gonorrea”, “apague eso”, “¿se va a hacer matar?”, son algunas de las consignas que se desprenden de las gargantas excitadas de policías en toda la ciudad. El sonido de los balazos es seco. Las motos aceleran sobre los cuerpos de manifestantes. La gente corre y responde con piedras, patadas, insultos. 

Van al menos once muertos y 403 heridos. 72 con heridas de bala. Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, afirma que las autoridades “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía” y cierra con la pregunta que ronda a esta masacre: “¿Entonces a quién obedecen?”

Algunos culpan a vándalos. Hablan de violencia como si el Estado no tuviera responsabilidad. Lloran por buses y hormigón. Se pasan la pelota entre instituciones mientras la sangre de la noche anterior se seca en el adoquín cubierto de escombros y casquillos. 

Las protestas comenzaron tras el asesinato de Javier Ordoñez, un hombre de 43 años que, acusado de violar la cuarentena, fue sometido por miembros de la Policía con constantes descargas eléctricas. A pesar de esto, los forenses encontraron nueve fracturas craneales y golpes en el pómulo, el cuello, los hombros y el tórax que desembocaron en su muerte. La golpiza le fue propinada dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI).

“Por favor, no más”, fueron las palabras del abogado que suplicaba por su vida. Una vez difundida la noticia de su muerte, el coronel Alexander Amaya declaró ante medios nacionales que durante el procedimiento una persona  “presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales”. 

Bogotá arde y en las calles agentes persiguen a manifestantes para golpearlos entre varios. Los patean en el piso. “¡Asesinos!” gritan los testigos. 

Durante dos noches los Centros de Atención Inmediata son abrazados por las llamas. No sólo por el caso de Javier. La lista es interminable. 1. En el CAI de Bosa Laureles policías abusaron de una mujer. 2. En el CAI de Codito policías torturaron y obligaron a detenidos a jugar ruleta rusa. 3. En el CAI de Soledad los policías torturaron y robaron a defensores de derechos humanos. 4. En el CAI de La Gaitana se denunció que secuestraron y torturaron a un joven. 5. En el CAI de Britalia doce policías fueron vinculados con microtráfico de drogas. 6. En el CAI de Oneida policías extorsionaban a los residentes. 7. En el CAI de Las Américas cuatro policías violaron a una niña de 13 años que fue a usar el baño. 8. En el CAI de San Diego, dos mujeres de 22 y 23 años denunciaron abuso sexual por parte de uniformados durante las protestas del 10 de septiembre.

Bogotá arde y la gente se pregunta: ¿quién nos cuida? 

Son las diez de la noche del 10 de septiembre y mientras el fuego se atiza, el miedo crece. Los videos son contundentes y no dejan espacio para supuestos: La Policía está disparando contra manifestantes. Lo hacen apuntando a la cabeza, al corazón y a las piernas. No son balas perdidas, no son errores de procedimiento. Nos están matando. 

Los videos inundan las redes. En Twitter se habla de muertos. Cuerpos tirados en el piso sobre charcos de sangre son iluminados por las llamas. “¡Lo mataron, lo mataron!, tombos hijueputas. No lo dejemos ahí. Lo mataron”— se puede escuchar en un video en el que un manifestante con un disparo en la cabeza es rodeado por otras personas. 

Luego de dos noches de masacre a manos del Estado el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo afirma que todo es orquestado a través de las redes sociales. Saltan las siglas ACAB, el término antifa, y una declaración: “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia”. A la par, la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal afirma, en un medio de amplia difusión nacional, que el expresidente Juan Manuel Santos está detrás de todo. 

¿Cómo se ve una dictadura? Hace una semana Transparencia Internacional alertó sobre la concentración de poder del presidente Iván Duque. Resaltó el hecho de que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” y que la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están en manos de allegados y exfuncionarios del gobierno. Todo esto poco después de que se dio a conocer que el ejecutivo pagó a la firma Du Brands para perfilar a los influenciadores que hablaban bien o mal del gobierno, misma compañía que firmó un contrato de más de $3.000 millones de pesos, de recursos para la paz, con el fin de mejorar la imagen del mandatario.

A esto se le suman las 55 masacres ocurridas en Colombia durante lo corrido de 2020. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en nueve meses ha habido doce masacres en Antioquia, ocho en Cauca, Nariño y Norte de Santander, cinco en Putumayo, cuatro en Chocó, dos en Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar, tres en Atlántico, una en Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta y Cesar. Y a pesar de que Iván Duque insista en llamarlos “homicidios colectivos”, la lengua no tiene medias tintas. La matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida es una masacre. 

Bogotá arde y todos son culpables menos los que disparan.

Los disturbios crecen. Los proyectiles se incrustan en rejas, postes, muros y carne —“¡Socio, no se vaya. No se vaya, perro!” se puede escuchar en otro video mientras jóvenes intentan mantener a un manifestante con vida después de recibir un disparo. 

Cabe resaltar que la brutalidad policial no es nueva en Colombia. Hace poco más de dos meses Anderson Arboleda, un joven de 24 años, murió en Puerto Tejada después de que un policía lo golpeara en la cabeza por violar la cuarentena. Al igual que en noviembre de 2019 Dylan Cruz fue asesinado por el ESMAD con una escopeta calibre 12 durante el Paro Nacional. En Colombia la muerte no envejece. 

¿Dios y Patria? El lema institucional de la Policía Nacional de Colombia habla de amor perfecto, generosidad absoluta y justicia plena. Pero el accionar de sus miembros durante décadas no deja más que rabia y frustración. Las manifestaciones siguen, así como los disparos y el fuego. El ritmo febril de la violencia se toma la capital del país.

En la mañana del 11 de septiembre, entre las cenizas de los CAI, se erigen bibliotecas comunitarias en respuesta a la brutalidad policial. Los ciudadanos las bautizan en honor a los muertos. Se pintan murales, decenas de libros son donados y la música aparece. En la noche las protestas serán pacíficas aunque la Policía seguirá persiguiendo y atacando. 

El gobierno ofrece recompensas y las calles siguen tibias. Los testimonios de personas agredidas por agentes aumentan. Incluso gente que estaba en su casa, como Alexis Valencia Conto, relata el momento en el que desde la misma dirección en la que estaba la Policía empezaron a llover balas calibre 9mm. Una de ellas se alojó en el pecho de su hermano, Robert. 

Agentes con chaquetas al revés para que no puedan ser identificados, amenazas a periodistas, golpizas deliberadas en grupo, persecución, perfilamiento, ataques a residencias y nombres que no deben ser olvidados: Andrés Felipe Rodríguez, 23 años; Julieth Ramírez Mesa, 18 años; Alexander Fonseca, 17 años; Fredy Alexander Mahecha, 20 años; Germán Fuentes, 25 años; Angie Paola Baquero, 29 años; Jaider Alexander Fonseca, 17 años; Christian Andrés Hurtado, 27 años; Larwan Estiben Mendoza, 26 años; Gabriel Estrada Espinosa, 31 años y Julián Mauricio González, 27 años.

Son las nueve y treinta y siete de la mañana del 12 de septiembre de 2020 y anoche, durante una alocución presidencial, Iván Duque habló de que la Policía tuvo una actitud gallarda durante la masacre, mencionó deportaciones e invitó a tener confianza en las instituciones. Se sabe, también, que el mandatario rechazó la reforma estructural de la Policía. Por ahora, mientras la sangre ya es una mancha seca, los políticos le “ofrecen el perdón a las víctimas”, los actos simbólicos continúan y la cúpula de la institución sigue intacta después de que, en palabras de la alcaldesa, ocurriera el hecho “más grave que ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia”, el 6 de noviembre de 1985. 

Mientras Bogotá arde Colombia es manejada desde una finca.

Por Nicolás Rocha Cortés 12/09/2020

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