Relecturas 2020. La débil reacción fiscal frente al coronavirus

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.

 

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Quienes hayan financiado complots contra Ortega no podrán ser candidatos en 2021

HRW: el gobierno busca impedir a opositores participar en los comicios

 

Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó ayer una ley para evitar que puedan contender en las elecciones generales del próximo año aquellas personas que se compruebe hayan financiado intentos para derrocar al presidente Daniel Ortega o alentado sanciones contra sus funcionarios.

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz fue aprobada por 70 votos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, 15 en contra y cuatro abstenciones.

Los críticos del gobierno ven la norma como un intento de amordazar a la oposición de Ortega, quien en noviembre de 2021 buscará un cuarto mandato. La ley no especifica cómo se determinará la inelegibilidad de los candidatos.

"Ésos que piden sanciones internacionales contra Nicaragua o sus funcionarios, que vayan y sean candidatos en el imperio", sostuvo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, uno de los 27 funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.

El gobierno de Ortega acusa a la oposición de intentar lanzar un golpe de Estado y de presionar para que se impongan sanciones a los funcionarios después de que estallaron las protestas en su contra en abril de 2018.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, más de 320 personas murieron en los enfrentamientos subsiguientes, mientras el gobierno y grupos armados leales a Ortega buscaban sofocar los disturbios.

Eliseo Núñez, ex legislador de oposición, aseguró que Ortega busca anular cualquier competencia de cara a las presidenciales de 2021 y sólo cedería si hubiera suficiente presión de la administración entrante de Estados Unidos.

Ortega enfrenta la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos para ofrecer garantías de comicios transparentes en 2021.

La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, celebró la aprobación de la ley, tras calificar a los opositores de "traidores" y "serviles", y acusarlos de ser "esclavos de los imperios, que al silbato del amo se movilizan como manadas, qué vergüenza".

A la misma hora que el Parlamento aprobaba la nueva norma, se conoció que Estados Unidos sancionó a otros tres funcionarios oficialistas. También fueron sancionados los nicaragüenses Marvin Ramiro Aguilar García, Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

El director de Human Rights Watch, José Vivanco, indicó que el gobierno "presentó este proyecto para impedir que la oposición participe en las elecciones presidenciales de 2021", lo que viola el derecho a la participación política y "ayudará a consolidar a la dictadura Ortega-Murillo".

Nacionalizan empresas de electricidad

La Asamblea Nacional del país centroamericano aprobó anoche, en sesión extraordinaria, la nacionalización de dos empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad: Disnorte y Dissur, al sancionarse la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense, que fue remitida de urgencia por el presidente Ortega.

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Mueren decenas de agricultores en las protestas de India

LEYES AGRÍCOLAS EN INDIA

Según cifras oficiales al menos 25 manifestantes han muerto en las tres semanas de protestas, mientras que el primer ministro, Narendra Modi, ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones para romper

 

Al menos 25 personas murieron, varias de ellas debido al frío punzante, durante las tres semanas de protesta de los agricultores y agricultoras en las fronteras de la capital india, dijo la policía, mientras el primer ministro Narendra Modi ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones con el granjeros protestando.

El líder campesino Darshan Pal le dijo a Al Jazeera que “el número de muertos podría llegar a 35”. Dijo que murieron en la lucha contra las “leyes negras [agrícolas]” que erosionarán sus ingresos y ayudarán a las grandes corporaciones.

Al menos cinco agricultores murieron en accidentes cuando se dirigían a unirse a las protestas, dijo Ashutosh Mishra, portavoz del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh.

Los agricultores, muchos de ellos en sus sesenta años o más, han estado desafiando el duro invierno del norte de la India para acampar al aire libre con sus tractores y remolques estacionados parachoques contra parachoques.

Las olas de frío que azotan el norte de la India con temperaturas que caen en picado a tres o cuatro grados por la noche han empeorado la situación, dijo Mishra.

Modi ’Humildemente dispuesto a hablar’

Decenas de miles de agricultores, en su mayoría de Punjab y Haryana, han estado estacionados en varias carreteras en las fronteras de Nueva Delhi desde fines de noviembre para exigir la revocación de las nuevas leyes destinadas a flexibilizar las normas que rigen sobre precios, almacenamiento y comercialización de cultivos.

Los agricultores advierten que las empresas privadas se beneficiarán y dictarán las condiciones para actividad agropecuaria. Y temen que el gobierno deje de comprarles granos como el trigo y el arroz a un precio mínimo garantizado.

Modi defendió el viernes las leyes e invitó a los agricultores que protestaban a más conversaciones, a pesar de que varias negociaciones no lograron romper el enfrentamiento.

Después de una serie de reuniones previas con los ministros de Modi, los manifestantes han dicho solo la anulación oficial de las tres leyes podrá cambiar su posición.

El viernes, en declaraciones a los agricultores del mayor estado productor de trigo del país, Madhya Pradesh, Modi dijo que "no debería haber motivo de preocupación" y repitió la posición del gobierno de que los agricultores tendrían asegurado un precio.

"Las modernas instalaciones disponibles para los agricultores de las principales naciones también deberían estar disponibles para los de la India, no se puede retrasar más", dijo.

"Aún así, si alguien tiene alguna aprensión, y en interés de los agricultores del país y para abordar sus preocupaciones, estamos muy humildemente dispuestos a hablar sobre todos los temas".

Rakesh Tikait, un líder campesino, dijo después del discurso de Modi que el primer ministro estaba tratando de privatizar la agricultura para beneficiar a las empresas y no a ellas.

Un gran conflicto obrero

El Gobierno de Modi ha venido desarrollando un fuerte perfil nacionalista, xenófobo y racista hacia musulmanes, paquistaníes y, también aprovechando la confrontación con China, para intentar soldar una unidad nacional reaccionaria para avanzar el un ataque sobre los trabajadores. Modi aprovechó la pandemia para avanzar en los planes de liberalización del campo y con leyes laborales de corte neoliberal. El coronavirus a su vez ha golpeado fuertemente en India ubicándolo como segundo a nivel mundial en cantidad de casos y fallecidos.

Las explosivas manifestaciones muestran la dificultad que enfrenta el gobierno indio para aprobar reformas económicas en un sector donde hay enormes intereses capitalistas. También es un ejemplo de una tendencia emergente en la que el gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha metido en problemas después de aprobar leyes importantes unilateralmente

La protesta de agricultores y agricultoras contra las nuevas leyes agrícolas se ha convertido en un conflicto obrero de gran magnitud contra el gobierno de Narendra Modi, dándole continuidad a la huelga más grande del mundo que paralizó la producción de 250 millones de trabajadores.

el estancamiento.

La Izquierda Diario // Agencias

Con información de Al Jazeera.

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Michelle Bachelet condenó el aumento de la "horrenda violencia" en Colombia

Naciones Unidas registró 66 masacres y 255 muertos en el país durante 2020

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le exigió al gobierno de Iván Duque "medidas más sólidas y mucho más efectivas" para impedir que la violencia siga "normalizada".

 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet condenó el aumento de la violencia ejercida contra campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Bachelet convocó a las autoridades del país a tomar acciones concretas para cuidar a la población y lamentó que tras décadas de conflicto armado la "horrenda violencia" atribuida a "grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia" siga "normalizada" especialmente en las zonas rurales. Allí se concentra la mayor parte de las 66 masacres y 255 muertos registrados este año, de acuerdo a Naciones Unidas. 2020 será sin duda un año para el olvido si se considera lo poco que se avanzó en la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz firmado hace ya cuatro años.

"La señora Bachelet está llamando de manera urgente al gobierno colombiano a desarrollar iniciativas efectivas para frenar esta ola de masacres que tiene conmovida al mundo", planteó en diálogo con Página/12 Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En Colombia, el Indepaz define una masacre como "el homicidio colectivo intencional de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar".

"Violencia persistente" en Colombia

"En lo que va de este año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", aseguró Michelle Bachelet a través de un comunicado. "Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país", denunció la expresidenta chilena, que incluyó en la categoría de víctimas a "los que se quedaron" en el territorio pese a la violencia y que "permanecen casi completamente indefensos".

Bachelet reclamó "medidas más sólidas y mucho más efectivas" a las autoridades colombianas, teniendo en cuenta que el Estado debe considerar como un "deber" el simple hecho de "estar presente" en todo el país. "No se nota un plan de acción ni una política pública en el presidente Iván Duque y esto contribuye a que se reiteren los procesos de violencia, que la impunidad siga y que las comunidades indígenas sigan desprotegidas", agregó en ese sentido el presidente de Indepaz, Camilo González.

La última masacre registrada en Colombia tuvo lugar el domingo por la noche, cuando al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en la población de Cuturú, en el departamento de Antioquia. Indepaz señaló al poderoso Clan del Golfo como potencial responsable del ataque en el que "aproximadamente 50 hombres vestidos con uniformes de camuflado y armamento largo" bajaron de sus lanchas e irrumpieron con disparos en Cuturú. 

El gobierno salió rápidamente a responsabilizar por los hechos al narcotráfico y a los distintos grupos armados que operan en la región. Estos se disputan los negocios ilegales abandonados por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde Indepaz calificaron de "precipitado" el diagnóstico emitido por el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ya que al asumir "el papel de fiscal y juez" no solo "no queda bien", sino que también "puede simplificar el problema y desorientar a la opinión pública".

"Los funcionarios suelen llegar a a los lugares donde se cometieron las masacres a presidir consejos de seguridad hasta días después del hecho, ofrecen recompensas y se marchan sin proponer soluciones estructurales al fenómeno de violencia", manifestó en ese sentido Camilo González.

Cifras dispares 

"Los números que mencionamos de las masacres son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos", dijo desde Ginebra la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. Las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado. 

Ante la ausencia de cifras oficiales confiables, cada institución elabora su propia estadística. En ese sentido Indepaz va más allá de Naciones Unidas al registrar 84 masacres en Colombia en lo que va del año, una cifra comparable a los niveles de 2005. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 al 15 de diciembre de 2020, fueron asesinados 1.091 defensores y defensoras de derechos humanos. De ese total, 695 perdieron la vida durante el gobierno de Iván Duque.

"En el informe de Indepaz se muestra cómo a pesar de las oposiciones y fallas en la implementación, el proceso de paz sigue vigente y ha permitido evitar decenas de miles de víctimas", destacó González. Para el investigador, Colombia se encuentra en el "coletazo de la guerra" y en una "transición traumática" en la que, por un lado, crecen las movilizaciones por la paz, mientras en paralelo existen fuerzas que "quieren hacer trizas los acuerdos y llevar al país a nuevos ciclos de violencia".

Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. El reto que aún asoma lejano para que no se pierda lo alcanzado en la disminución de la violencia armada es la implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados el 26 de septiembre de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Los alcances no imaginables ni sustentables de la mordaza

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.

En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo siguiente:

  • El domingo 15 de noviembre de 2020en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento  del municipio de Turbo. En la contienda resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo que había ocurrido allí esa noche.
  • El miércoles 18 de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por nuestras denuncias, pues éstas “no tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.  

Quienes representaron a la Corte en esta ocasión, con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias  T-249/03;  T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle limitaciones y proteger a quienes las emiten”.

Pero un análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste en darle prevalencia alderecho al buen nombre de una institución sobre el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento, ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales (incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no existe no se puede defender.

Esta sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre” (negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno, esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya ha solicitado  que se declare su nulidad.

No podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.

  •  El sábado 21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en el hospital.
  • El domingo 22 de noviembre de 2020en horas de la mañana, en la vereda La Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo, tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía, ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante. Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante, hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.  
  •  El lunes 23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.
  • El viernes 27 de noviembre de 2020en horas del día, en la vereda La Resbalosa, en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín, entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los campesinos de esas veredas.  
  • El sábado 28 de noviembre de 2020, en el punto conocido como La Máquina,  de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al parecer estuvieron allí por varios días. 
  • En  la última semana de Noviembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz. Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron numerosos delitos procesales.
  • En la primera semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien actuó como comandante en veredas de Córdoba y luego ha sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá, Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las manos”,

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 13 de 2020

Publicado enColombia
Lunes, 14 Diciembre 2020 05:56

¿El gran perdedor?

¿El gran perdedor?

No hay nada que aguante menos Trump que ser calificado de "perdedor"; es literalmente una condición sicológica, parte de su síndrome narcisista. Un bully que pierde, huye o se esconde, pero un bully que tiene el puesto más poderoso del mundo es sumamente peligroso, y Trump está dispuesto a llevarse a todo el país antes de aceptar que fue derrotado.

Trump, responsable junto con todo su equipo del manejo irresponsable de la pandemia, a tal grado que se le puede atribuir un gran porcentaje de las casi 300 mil muertes y casi 14 millones de contagiados, ha estado abiertamente impulsando un autogolpe de Estado. O sea, él y cientos de políticos republicanos han declarado que para salvar la república y su democracia tienen que destruirlas.

Cientos de miles, millones, apoyan esto aquí. Una mayoría abrumadora de republicanos o los que votaron por Trump creen que hubo fraude, a pesar de una ausencia de pruebas. Más aún, sólo 27 de los 249 republicanos en el Congreso federal han reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden.

Aún es difícil creer que más de 74 millones votaron por lo que cualquier ser consciente y racional tiene que concluir que es el peor presidente, el más corrupto y peligroso jamás visto, impulsor de un gran engaño populista que convenció a amplios sectores de trabajadores, devastados por políticas neoliberales y sus efectos, y hartos de los que justifican esas políticas, incluyendo las grandes figuras demócratas y su retórica elegante. Aún más difícil es aceptar que millones –sobre todo sus supuestos representantes políticos– creen, o pretenden creerle al presidente más mentiroso de la historia que ganó la elección. Y ahora algunos están listos para golpear e incluso matar a otros estadunidenses para defender ese engaño.

En las calles de la capital y en otras ciudades, el equivalente de las camisas cafés, las milicias nazis que ayudaron a llevar a Hitler al poder, ahora se llaman Proud Boys y los Bogaloo, y dicen que están listos para dar la vida a su causa.

El distinguido profesor de leyes en Harvard, Laurence Tribe, recientemente advirtió que "al aproximarnos al 20 de enero (día de la transición presidencial), es más probable que el sector armado de la base de Trump se vea inminentemente amenazado con la extinción y responda con violencia. Ésa es la amenaza más inminente que enfrentamos como estadunidenses".

La violencia en este país es parte integral de su historia y no se puede entender casi ningún capítulo de su existencia sin tomar en cuenta la sangre que corre a lo largo de su gran experimento democrático, como a este país le gusta llamarse. Es una historia que nace con el "encuentro" violento y genocida con el mundo indígena, el secuestro brutal de africanos y su esclavitud y el racismo tan presente, la historia de la explotación y discriminacion de trabajadores inmigrantes, largo historial de represión oficial contra los que se atrevieron a luchar contra la violencia sistémica, una historia de guerras que no han cesado.

Esa violencia prevalece debajo en esta coyuntura definida entre la agenda neoliberal imperante durante los últimos 40 años y el ascenso al poder del proyecto neofascista de los últimos cuatro años. Entre las nuevas camisas cafés por un lado y un llamado al "regreso a la normalidad" ofrecido por los viejos neoliberales que ganaron la elección, ninguna puede resolver la crisis que atraviesa Estados Unidos. Por lo tanto la gran interrogante es si este país –o bien sus mayorías– tienen salvación, o si ahora este país –el cual se autoproclama el gran campeón del mundo– está por convertirse en el gran perdedor, junto con su presidente.

Eso dependerá de las corrientes rebeldes defensoras de la dignidad y que actúan en nombre de la solidaridad, que hablan y cantan en cientos de idiomas que han democratizado –o luchado por ello– a este país desde sus orígenes hasta ahora. Eso ya empezó, una vez más.

We gotta get out of this place. The Animals. https://www.youtube.com/watch?v=Q3mgapAc VdU&feature=youtu.be

Rock and a hard place. Rolling Stones. https://www.youtube.com/watch?v=RiTw4hwr7 YI&feature=youtu.be

Publicado enInternacional
Domingo, 13 Diciembre 2020 05:51

La ira en las entrañas del odio

	 La Policía guatemalteca reprime a manifestantes que exigen la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei. Afp, Johan Ordóñez

CON LA INVESTIGADORA Y FEMINISTA GUATEMALTECA ANA COFIÑO

Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista, Ana Cofiño evoca en esta entrevista las protestas recientes en Guatemala, poniéndolas en el contexto de un país que alguna vez Eduardo Galeano definiera como «el rostro, torpemente enmascarado», de gran parte de América Latina.

 

Durante dos fines de semana seguidos, los dos últimos de noviembre, miles de guatemaltecos salieron a las calles. Primero para protestar por la aprobación por el Congreso, el 17 de noviembre, de un presupuesto para 2021 que, en vez de reforzar las prestaciones sociales en un país cada vez más hundido en la pobreza, recortaba el dinero para salud y educación (y en plena pandemia de covid-19), reforzaba al sector privado y aumentaba el gasto de los propios parlamentarios. Era el presupuesto más alto en la historia reciente del país (unos 13.000 millones de dólares, 25 por ciento mayor al anterior) y se manejaba con esas bases. Los manifestantes pedían también la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, no sólo por haber aprobado ese presupuesto, sino por su gestión de la pandemia (Guatemala es el país con más infectados y muertos de América Central) y la corrupción creciente de su gobierno. Y pedían la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La represión de las manifestaciones fue tan brutal y desproporcionada, «justificada» por la quema por parte de un grupo de manifestantes de instalaciones del Parlamento, que, a la semana siguiente, a las reivindicaciones anteriores se les sumó el pedido de destitución del ministro de Gobernación (Interior), el militar retirado Gendri Reyes. Las marchas fueron otra vez violentamente reprimidas y el escándalo llevó a que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera una investigación de todo lo sucedido. Previamente Giammattei había reclamado que quien interviniera fuera el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, invocando la carta democrática del organismo y acusando a los manifestantes de buscar derrocarlo y propiciar un golpe de Estado. Dios los cría.

Las manifestaciones terminaron logrando que el presupuesto para 2021 fuera anulado.

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«¿Cómo no va a haber ira en este país?», dice Ana Cofiño. Y destaca que lo del presupuesto del Congreso era una vergüenza horrorosa: con casi el 60 por ciento de la población en la pobreza y un desempleo enorme, se congelaba el gasto social. Se pretendía, por ejemplo, suprimir un programa que combatía la desnutrición infantil. Al mismo tiempo, se aumentaban los gastos de los propios congresistas en dietas para alimentación y se destinaban enormes fondos a apoyar a empresas pertenecientes a los dueños del país.

Pero no es sólo eso: dice que, en los diez meses que lleva en el gobierno, Giammattei ni ha rozado, a pesar de que dijo que algo haría, las estructuras que conducen a la reproducción de la corrupción y la miseria. Desde que se inició la pandemia, el Congreso pidió préstamos por 3.800 millones de dólares y no se sabe en qué se utilizaron. A los guatemaltecos les llegó menos del 15 por ciento. Los parlamentarios y el Ejecutivo manejaron la pandemia con la misma opacidad con que definieron el presupuesto para el año próximo, sin dar cuenta a la oposición, por ejemplo. «En ese comportamiento errático y opaco del gobierno y el oficialismo, se vio que había una robadera, que la corrupción lo permeaba todo», agrega.

El huracán Iota, el mes pasado, fue otro ejemplo de «lo poco que le importa la gente a este Estado». Si alguien prestó asistencia a las decenas de miles de personas que todo lo perdieron por las inundaciones, por los deslaves, fueron las propias comunidades. El Ejecutivo tardó un mes en nombrar una comisión especial para ver qué hacía. Y es que, además de haber sido creado por y para las elites y estar asentado en un racismo estructural –Cofiño lo remarca: un racismo estructural–, el Estado guatemalteco tiene casi todas sus estructuras cooptadas por las mafias: las aduanas, el organismo de contralor fiscal, la Corte de Constitucionalidad, el organismo electoral, las fuerzas de seguridad… Este año debían ser cambiados los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ahí siguen.

La única institución pública que funciona adecuadamente e intenta proteger a los ciudadanos es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a cargo del abogado Jordan Rodas, que ha protestado por la represión y se ha sumado a los pedidos de destitución del ministro de Gobernación. En el próximo presupuesto, no por azar, a la PDH se le iban a bajar los rubros. Después de que el año pasado, bajo el anterior gobierno de Jimmy Morales, fuera desmantelada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 bajo el auspicio de la ONU y que consiguió llevar a la cárcel a decenas de corruptos, la Procuraduría ha quedado sola, atacada desde todas partes. Es un islote que intenta no ser arrasado.

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Hay que ver de dónde viene Giammattei. El actual presidente saltó a la fama por una matanza, en 2006, cuando era director del sistema penitenciario. En la madrugada del 25 de setiembre de ese año, unos 3 mil policías entraron a la Granja Penal de Pavón, una cárcel de las afueras de la capital. El objetivo, se aseguraba, era restituir el orden en una prisión que estaba en manos de narcos. Ocho presos murieron en la operación y Giammattei, su coordinador, se ganó galones como hombre de mano dura que sabe poner en su lugar a los delincuentes. Desde ahí, como tantos otros, catapultó su carrera política. Luego la CICIG descubrió que el verdadero objetivo de la toma de la cárcel era liquidar a los ocho detenidos. No había habido enfrentamiento alguno, como dijo el hoy presidente, y salió a la luz que los asesinados habían sido previamente torturados y se les había disparado a quemarropa. Giammattei estuvo unos meses detenido. Se declaró «preso político». Y al tiempo volvió al ruedo.

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Cofiño es antropóloga y, como tal, además de como militante social, ha trabajado largo tiempo entre las comunidades indígenas en un país donde prácticamente la mitad de sus casi 15 millones de habitantes se autoidentifica como descendiente de mayas, garífunas y otros pueblos originarios. Trabajó, por ejemplo, en Comalapa, comunidad de algo menos de 50 mil habitantes, que Giammattei visitó en julio. La idea del presidente, según él mismo dijo, era «dialogar con los indígenas, saber sus inquietudes». Cofiño cuenta que el alcalde de Comalapa lo recibió «con esa gentileza, ese decoro formal y modesto que distingue a los indígenas», pero en un momento de su discurso tuvo la osadía de decir que el principal problema que tenían en el municipio, «además» de la pobreza, era la actividad de las empresas mineras, que estaban arrasando el territorio, y que a esas empresas su comunidad las rechazaba. Indignado, Giammattei «le respondió al alcalde como un patrón de finca», dice Cofiño.

Rigoberto Pérez, líder de un consejo que reúne a varias nacionalidades indígenas, relató a la revista digital Mongobay cómo, de a poco, los megaproyectos mineros e hidroeléctricos y los monocultivos se han ido comiendo las tierras donde viven esas comunidades y que el aparato del Estado no sólo promueve las actividades de las empresas que los llevan a cabo, sino que cubre a los matones que amenazan, golpean y, cada vez más a menudo, matan a quienes se les resisten. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señaló, a mediados de año, que en 2020, en las zonas donde funcionan los megaproyectos, esos ataques se han incrementado: 677 entre enero y junio, contra unos 500 en todo 2019. El año pasado, 111 de los ataques habían sido dirigidos directamente contra indígenas (es.mongabay.com, 16-IX-20).

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Hay una idea de Guatemala como país resignado. Es un país sometido y empobrecido, es cierto, pero no ha parado de luchar, insiste Cofiño. No por nada durante los 30 años de guerra el Ejército masacró a tanto «rebelde» (la Comisión de Esclarecimiento Histórico habló de 200 mil asesinados y 45 mil desaparecidos). En 2015 fue la gente, con sus protestas en las calles, la que logró la caída del presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Roxana Baldetti, por armar una trama de corrupción, apunta Cofiño. La acción de la CICIG los llevó a la cárcel. Y este movimiento de ahora «no fue espontáneo»: «Venía calentando, calentando, y lo del presupuesto encendió la mecha. El propio gobierno creó las condiciones de la indignación. Muchos jóvenes quieren quemarlo todo. Cómo no lo querrían». También es cierto, dice, que no hay una articulación de los movimientos sociales con suficiente fuerza como para que las cosas cambien en lo político. Hay ira, rabia. Falta un proyecto unificador. Algún grupo de izquierda por aquí, otro por allá, más o menos tibio, más o menos «radical»… Cuando cayó el general Pérez Molina, «las elites, las cámaras empresariales y varios partidos, todos apoyados por la embajada de Estados Unidos, negociaron y pusieron a un presidente provisorio de derechas; luego convocaron a elecciones, bajo una ley esencialmente antidemocrática». Las ganó el evangelista Morales. Y luego, en enero, vino Giammattei.

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Cofiño es feminista y la fundadora y animadora de un colectivo llamado La Cuerda, surgido en 1998, dos años después de la firma de los acuerdos de paz. Al salir de la guerra, la situación de las mujeres era particularmente terrible en el país. Pero lo era también antes. Y lo sigue siendo hoy. Guatemala tiene uno de los índices de violencia contra las mujeres más altos del mundo. Para empezar, de femicidios, la punta más bestial del iceberg, de la espiral. Desde 2008 los femicidios no han bajado de los 650 por año, con picos de hasta casi 900, según las estadísticas publicadas por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Entre 2000 y abril de este año el GGM relevó 12.188 muertes violentas de mujeres, un promedio de 610 por año. Y están las formas de violencia que no llegan al asesinato. En lo que va de 2020, rememora Cofiño, hubo 55 mil violaciones y embarazos de niñas menores de 13 años.

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Desde el pique La Cuerda se quiso transversal, abierta no sólo a las distintas corrientes del feminismo (su creadora se dice ecofeminista; otras se definen como feministas decoloniales), sino también a la confluencia con otros movimientos sociales. «No queremos ser vanguardia de nada: eso ya se demostró que va al fracaso. Queremos articular con otras, con otros. Y proponer», dice la antropóloga. Tampoco cree que haya que limitarse a exponer la violencia padecida: «Las mujeres aquí han vivido siglos de opresión, una opresión que ha ido cambiando de forma, pero nunca de fondo. Y, al mismo tiempo, han resistido, creando redes de resistencia, que hay que mostrar tanto como se muestran las estadísticas y las imágenes de la violencia». Piensa que en Guatemala La Cuerda ayudó a sacar al feminismo del clóset y sirvió para que confluyeran colectivos de mujeres que habían participado en los movimientos de los sesenta, los setenta, los ochenta (como ella, que tiene 65 años) y la posguerra.

El grupo se abrió a que en el medio que editan (lacuerda.com) escribieran hombres, pero tal vez uno de los mayores  signos de la «voluntad de articular» que las impulsa desde el principio fue que en 2007 comenzaron a tener una coordinación estable con representantes del movimiento indígena campesino. «Ese que en la teoría marxista es el movimiento social más conservador, pero que, además, está marcado por una ideología patriarcal. No fue fácil ir por un camino así, pero ha sido bastante fructífero. Y es que no sólo somos feministas: la nuestra es una propuesta emancipatoria para toda la sociedad, y en Guatemala cualquier propuesta emancipatoria pasa por combatir al mismo tiempo la esencia clasista de este Estado, el patriarcado y el racismo. Todo junto», apunta Cofiño. El racismo «ha herido a todos», aunque con las mujeres la saña haya sido tan particular, tan perfilada, tan dedicada.

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Cofiño es consciente de la inviabilidad inmediata de las reivindicaciones de las movilizaciones de noviembre: «En el contexto político de este país son casi imposibles de lograr en el corto plazo. Imaginate pretender que el Congreso se autodisuelva, se suicide para convocar a una asamblea constituyente… La derecha nos llama comunistas por, entre otras cosas, proponer eso, que es apenas un comienzo de algo distinto, que en sí mismo no tiene contenido, pero tenemos que plantearlo. Tenemos que ir poniéndolo en la agenda, aunque suene loco». Y si locas suenan esas propuestas instrumentales, cómo sonará la idea de una sociedad otra: «La invasión estadounidense del 54 y las masacres que siguieron después destruyeron el tejido social. Consolidaron el Estado elitista, patriarcal, racista. Y una herencia de todo eso es que hoy Guatemala es un país con mucha desconfianza, mucho recelo, mucho rencor. Nos odiamos. Y eso hace tan difícil todo». Hay un odio que se explica, dice. Y una ira abajo que ídem. Cuestión, tal vez, de darles sentido.

Por Daniel Gatti
11 diciembre, 2020

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Los primeros pasos de Luis Arce en el laberinto boliviano

Después de una inesperada victoria con más del 55% de los votos, Luis Arce Catacora cumplió su primer mes en el palacio presidencial con la crisis económica como principal desafío. El nuevo mandatario constituyó un gabinete más «técnico» que los del pasado, aunque tiene que responder a las demandas y presiones las organizaciones sociales que son su base de apoyo, y convivir con Evo Morales, que aún debe encontrar su espacio como ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

 

En su primer mes como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ha organizado un gobierno «tecnocrático de izquierda», aunque con áreas manejadas por los sindicatos y organizaciones sociales que lo apoyan, y ha establecido una cierta «división del trabajo» con Evo Morales, el poderoso líder de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En su corto tiempo en La Casa Grande del Pueblo, el ex ministro de economía buscó diferenciarse del ex presidente con un estilo menos mediático y austero de gobierno (viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales).

Arce cumplió sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal en efectivo de 140 dólares a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez. Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dado los primeros pasos de una muy necesaria reforma del sistema judicial, el poder más cuestionado de Bolivia, la cual podría requerir de un cambio parcial de la Constitución.

Arce también ha cometido sus primeros errores. Uno de ellos, hablar de una posible devaluación del boliviano, que se mantiene estable, con pequeñas variaciones frente al dólar, desde hace veinte años. Junto al impuesto a las grandes fortunas y los nervios poselectorales, estas declaraciones causaron la pérdida de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en su nivel más bajo en décadas. Por eso, el desafío más complicado que tiene el estratega de la prosperidad boliviana durante la mayor parte de los 14 años del gobierno del MAS es impedir que la recesión derivada de la pandemia de coronavirus y las dificultades crónicas de la industria gasífera, la principal actividad exportadora del país, hagan escasear las divisas y detonen una crisis financiera. Algunos economistas consideran que este problema se tornará agudo apenas Bolivia recupere un ritmo más normal de actividad económica y comience a importar bienes extranjeros en mayores cantidades.

Caracterización del gobierno

Arce ha llenado el gobierno, sobre todo el área económica, de «técnicos» que responden a sus directrices y que se foguearon como funcionarios en el tiempo de Evo Morales (2006-2019). Los funcionarios que ocupaban la «segunda línea» durante la administración del MAS han dado un paso adelante y ahora son los mandamases del Estado. De ahí la importancia que ha adquirido el discurso de «renovación dentro del proceso de cambio», el cual apunta a impedir que los espacios de poder vuelvan a ser ocupados por el llamado «entorno» del ex-presidente. El regreso de este grupo de dirigentes al gobierno sería algo así como el retorno de los ex-jefes de quienes hoy ostentan los principales cargos. Como es lógico, esto es algo que no desean. Los miembros del viejo «entorno», por su parte, ya han expresado algunas quejas sobre su situación de marginalidad, lo que podría agravarse en el futuro.

El resultado neto ha sido un gobierno con cierta inclinación tecnocrática; una orientación que nadie hubiera relacionado con el MAS de los años «heroicos», esos en los que surgió del campo, avanzó lentamente sobre las ciudades y, ganando elecciones, forjó su dominio sobre la política nacional. En cambio, el espíritu tecnocrático ya estaba presente en el último tramo de la larga gestión de Morales, por la inevitable cooptación de un partido emergente por parte de las estructuras y dinámicas estatales, y por el agotamiento de la rentabilización política de los logros simbólicos, al comienzo los más importantes. No obstante, cabe señalar que el espíritu técnico marcó, durante los 14 años de gestión, al Ministerio de Economía liderado por Arce, una área que siempre se mantuvo «blindada» a los movimientos sociales y fue manejada con prudencia, sin los experimentos que se hicieron en otras áreas del Estado plurinacional.

La preponderancia de los profesionales que, en palabras de Arce, son «aymaras y quechuas que se prepararon en las universidades gracias al proceso de cambio», sigue sin ser suficientemente meritocrática para la oposición. Esta corriente expresa a la clase media tradicional, que en el pasado era «dueña» de estos puestos. Por tanto, los opositores han preferido destacar críticamente el hecho de que algunos ministerios y viceministerios, como los de Educación, Culturas y Desarrollo Rural, fueran encomendados a dirigentes de las organizaciones sociales. También ha criticado las disputas por «pegas» –como se denomina coloquialmente en Bolivia a los puestos estatales–, pasando por alto que estas peleas se registran desde el nacimiento de Bolivia y que incluso se remontan a la Colonia. En un país pobre y con pocas actividades privadas florecientes, trabajar en el Estado es la mejor y muchas veces la única vía de ascenso social. En todo caso, en esta ocasión los enfrentamientos entre militantes que demandan ser contratados están siendo más intensos a causa de la grave crisis económica que vive el país. Esta se expresa, entre otros indicadores, en una caída de 8% del PIB y en un desempleo abierto de 11%, más del doble que el de 2019.

La crisis es peor si se es pobre

Un refrán dice que «con dinero hasta la pobreza es más llevadera». Esta paradoja se aplica perfectamente a la situación de Bolivia en las dos décadas pasadas, en el «tiempo de bonanza». Entonces el país siguió siendo pobre, el segundo más carenciado de Sudamérica, pero tuvo más ingresos que nunca en su historia y esto le permitió montar el «Modelo Económico Comunitario Social y Productivo», que es la obra de la que Arce está más orgulloso.

En su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, volcó la abundancia monetaria hacia el mercado interno y, como las finanzas nacionales estaban bien equilibradas y no había inflación, este flujo aumentó la capacidad de compra y, con ello, el bienestar general de los bolivianos. Es cierto que una parte de este poder adquisitivo se aplicó a la importación de bienes extranjeros, pero los ingresos por exportaciones eran lo suficientemente altos como para proveer las divisas necesarias. En cambio, otra parte de la liquidez se convirtió en demanda interna, dinamizando los emprendimientos, generando empleos nuevos y mejorando los existentes, todo lo cual disminuyó la pobreza y la desigualdad.

Una de las principales razones por las que Arce fue electo con más del 55% de los votos en octubre pasado fue la confianza de la población en sus dotes como economista, que él aprovechó convirtiendo la superación de la «corona-crisis» en el eje de su propuesta electoral. Ahora le toca cumplir lo prometido, en un contexto muy distinto al que, años atrás, supo modelar a favor del país. No solamente por la recesión productiva provocada por la pandemia, que finalmente puede considerarse un fenómeno coyuntural, sino sobre todo por el agotamiento del «ciclo del gas» como fuente del excedente nacional.

Debido a su peculiar conformación geográfica y geológica, la montañosa y selvática Bolivia se ha especializado en la extracción de recursos naturales no renovables, y no cuenta con muchas alternativas a este tipo de explotación. Para dar una idea de ello, digamos que la primera exportación «no tradicional» del país es la soya, con apenas tres millones de toneladas por año, esto es, 5% de lo que produce Argentina, 3% de lo que vende el Brasil y un tercio de la producción de Paraguay.

Pues bien, las reservas de gas del país, que en los años 90 llegaron a ser las principales reservas certificadas de Sudamérica, han decaído significativamente y la renta que generan en favor del Estado, que en 2013 fue del orden de los 3.500 millones de dólares, en 2019 rondaba los 1.500 millones. La causa externa de esta caída es la disminución de los precios, pero también hay una causa interna vinculada a la falta de nuevos descubrimientos. Desde 2006 se han perforado 74 pozos exploratorios –una cantidad baja respecto a los parámetros internacionales–, y ninguna de las perforaciones resultó exitosa.

La escasez de las inversiones en extracción de gas y minerales constituye uno de los puntos flacos del modelo eminentemente redistribuidor diseñado por Arce y Morales. Esta debilidad se ha ido manifestando en los últimos años en un creciente desfinanciamiento de la economía, que ha sufrido déficits comerciales y fiscales cada vez mayores. La recesión producida por la pandemia ha acelerado y profundizado esta deriva, lo mismo que, según ha denunciado Arce, la irresponsabilidad de las autoridades que lo precedieron, al mando de Jeanine Áñez. El déficit fiscal de este año será superior al 12% del PIB. Además, de acuerdo al Ministerio de Economía, el gobierno interino aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares, con lo que esta pasó del 27% al 30% del PIB, e incrementó la deuda interna en 2.700 millones de dólares, hasta un total de 8.700 millones de dólares, que equivale al 21% del PIB. Por tanto, un mayor endeudamiento resulta hoy desaconsejable. Por otra parte, desde octubre de 2019 –es decir, antes de la crisis política ocurrida tras las elecciones de ese mes y el posterior derrocamiento del presidente Evo Morales– hasta el momento actual, las reservas de divisas cayeron de 7.400 a 5.100 millones de dólares.

No está claro qué hará Arce para corregir el comportamiento de la economía boliviana. Por lo pronto, ha abrogado la mayoría de los decretos económicos aprobados por Áñez, que en su opinión abrían una senda de retorno al neoliberalismo. Entre ellos estaba la liberalización de las exportaciones agroindustriales, aprobada por presiones de los agroexportadores de Santa Cruz y con el anunciado propósito de compensar con una mayor venta de alimentos las pérdidas que registraba el país en el comercio internacional. Arce volvió así a la vieja política de fijar cupos a las exportaciones agrícolas, lo que le permitirá controlar los precios internos de algunos alimentos. La oposición ha criticado esta decisión como un «preocupante» retroceso a unas circunstancias del pasado que ya no existen más. En este momento Bolivia no solo no tiene inflación, sino que incluso está siendo amenazada por la deflación.

La polarización sigue agazapada

La contundente victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado ha dejado a la oposición noqueada: al mismo tiempo, la reducción de los contagios de coronavirus ha provocado un clima de distensión. Sin embargo, la polarización política y social que divide a la población boliviana solo se sumergió por un tiempo y resurgirá nuevamente cuando la pandemia vuelva a apretar (aparentemente antes de lo esperado), cuando se realicen las elecciones municipales y autonómicas, en marzo del próximo año, o si la crisis económica se agrava.

La clase media «tradicional» –lo que, derechamente, significa «blanca»– hizo de la derrota del MAS en las elecciones –e incluso de la desaparición de esta fuerza como opción electoral– su gran objetivo político. Así que está viviendo el momento presente con gran amargura, pues el resultado en las urnas le confirma que constituye una minoría étnico-racial y político-electoral en el país. Sin embargo, aunque por lo pronto de encuentren exhaustas por todo lo vivido y por la crisis, estas capas medias van a sentirse nuevamente empujadas a la política en caso de que la situación se deteriore.

La polarización en sordina de este momento se alimenta de las acciones judiciales que están siendo instrumentadas contra los supuestos autores de las graves violaciones de los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores a la asunción de Áñez a la presidencia, que se saldaron con más de 30 muertos y cientos de heridos de bala. Y también de los procesos contra el ex-líder cívico cruceño y ex-candidato presidencial Luis Fernando Camacho, por supuestamente haber instigado a la Policía y las Fuerzas Armadas a plegarse al «golpe de Estado» que, según el MAS, fue el que causó la caída del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se halla investigando los hechos en torno a esta fecha; al mismo tiempo, un fiscal ordenó la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición de Cochabamba, acusado de haber dirigido a las tropas que reprimieron una marcha en Sacaba, en la que murieron diez manifestantes. Inmediatamente después, el alto mando de las Fuerzas Armadas rompió los protocolos conocidos y apareció en la televisión leyendo un comunicado en el que se declaraba «desconcertado» por el hecho de que este general estuviera siendo procesado por vía ordinaria. También recordó que Áñez había emitido un decreto que exoneraba a los militares de ser investigados por los tribunales civiles.

El gobierno de Arce no respondió directamente a esta inusitada iniciativa militar, pero sus voceros han insistido en que los militares responsabilizados por la represión deben someterse a los procedimientos comunes y en que las Fuerzas Armadas están obligadas a informar al Grupo de Expertos sobre los sucedido en Sacaba y en otras acciones violentas, como el desbloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, en el cual murieron otras once personas. Hasta ahora los militares han considerado la información sobre la represión ordenada por Áñez como un secreto militar.

Arce no parece tener una estrategia para cumplir su promesa de justicia para las víctimas de las masacres y al mismo tiempo conservar unas relaciones razonablemente cordiales con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, se ve sobrepasado por iniciativas descoordinadas de los fiscales, los cuales suelen tratar de congraciarse con los gobiernos de turno, y de ciertos miembros del MAS ansiosos de notoriedad, como los que están demandado a Camacho. Esta última iniciativa puede resultar muy onerosa para el gobierno por el carácter político de las acusaciones, la preocupación que estas han despertado en los organismos de derechos humanos y la popularidad del dirigente cruceño, posible candidato en las elecciones regionales de marzo próximo.

Lucho y Evo, ¿Lucho versus Evo?

A esta altura, la división del trabajo entre «Evo», de un lado, y «Lucho», como se conoce popularmente al presidente, del otro, ha quedado definida. El delfín se ocupará de administrar los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales «orientará» la brigada parlamentaria del MAS, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y seguirá siendo el jefe de su partido. Se trata de dos libretos distintos, pero relacionados entre sí, por lo que nada garantiza que no se vayan a dar choques en el futuro. Algunos roces ya se han producido en este corto mes a cargo del poder ejecutivo.

Por ejemplo, Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión ni asistió a los actos de celebración por el retorno de este último del exilio en Argentina. En cambio, ambos dirigentes almorzaron con cordialidad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede del poder ejecutivo. Se sabe que Morales le ha pedido a Arce más de una vez que no descartara para los altos cargos del Ejecutivo a los colaboradores de sus tres gobiernos, tal como el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca prometieron durante la campaña electoral. Este veto le parece a Morales una censura implícita a su gestión, que él encuentra exitosa para el país y para el MAS. Hasta ahora, Arce no le ha hecho caso. También se sabe que en el «entorno» evista se cree que el gabinete es demasiado técnico y juvenil, y que no cuenta con un equipo político que esté a la altura de los desafíos que plantea la coyuntura.

Es probable que la tensión principal se vaya a dar entre Morales y Choquehuanca, que también es indígena, que ha tenido roces con el jefe de su partido en el pasado –especialmente tras su salida de la Cancillería, que ocupó entre 2006 y 2017–, y que en su discurso de juramentación pareció criticarlo («El poder debe circular igual que la sangre», aseveró entonces). Los seguidores de Choquehuanca no han logrado muchas posiciones en el gabinete, pero han comenzado a aparecer en los cargos inmediatamente inferiores. Ambos líderes son aymaras, pero se considera que Morales tiene más fuerza en la zona quechua del país, donde vivió la mayor parte de su vida.

Evo Morales casi nunca ha podido evitar hacer confidencias públicas y tampoco sabe circunscribirse al espacio que se supone que le corresponde. En este último tiempo, por ejemplo, deseó en voz alta que Álvaro García Linera, sea elegido como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues podría usar su capacidad expositiva para explicar en esta organización que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, como definió y publicitó su secretario general, Luis Almagro, hoy el mayor enemigo internacional de Morales y del MAS. Es improbable que este deseo se vea satisfecho, lo que solo terminaría incomodando al anterior vicepresidente. En relación a estas características de su personalidad, Arce declaró que Morales «no va a cambiar. Y tampoco pretendemos que cambie. Va a ser así nomás».

Morales se encuentra por el momento concentrado en las elecciones de marzo, organizando la compleja selección de candidatos en el MAS y preparando la campaña electoral, una de las actividades que más lo animan. Luego de esos comicios posiblemente se vea tentado de incidir más en el rumbo del gobierno.

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Luis Arce derogó decretos para derribar el "andamiaje neoliberal" del gobierno de facto

A un mes de la asunción, el presidente de Bolivia busca superar la crisis económica

Desde el gobierno denunciaron que dichos decretos carecían de respaldo técnico y financiero. Además beneficiaban a los grandes empresarios poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el "andamiaje neoliberal" dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos "carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios" poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales. 

Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado "Bono Contra el Hambre". "Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano", señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.

Rumbo a la reconstrucción 

"Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019", dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria. 

Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.

El presidente de Bolivia también aplaudió la aprobación de las leyes de devolución del IVA a los trabajadores de bajos ingresos, y el esperado impuesto a las grandes fortunas. "Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía", aseguró Arce, quien asumió la presidencia el pasado ocho de noviembre luego de arrasar en los comicios de octubre.

En la madrugada del jueves Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos bolivianos de las personas naturales (poco más de cuatro millones de dolares). El proyecto ahora pasará al Senado, también de mayoría masista.

"Se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia", aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de la votación en el Congreso.

"Vamos a reconstruir el modelo económico que es un modelo basado en la actividad productiva del país", expresó Montenegro en diálogo con periodistas. "La economía boliviana había sido la primera en crecimiento de la región. Un andamiaje económico que se está intentando reconstruir nuevamente a partir del viraje neoliberal que se tuvo en Bolivia durante once meses", planteó en el mismo sentido el abogado y politólogo Gabriel Villalba.

Claro que para desarrollar ese modelo, que fue virtuoso de la mano de Luis Arce en la cartera de Economía, primero hace falta atender las prioridades. Por eso el gobierno boliviano comenzó a pagar hace pocos días el "Bono contra el Hambre". Durante la campaña, Arce había prometido el pago de este bono de mil bolivianos (unos 144 dólares) como mecanismo para reactivar la demanda interna. Para Villalba, esto demuestra que "la estrategia electoral del MAS se está cumpliendo, por eso el gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación en la ciudadanía". 

Además de exponer el descalabro económico y social que dejó a sus espaldas el régimen de Áñez, el cambio de gobierno destapó varias irregularidades de la justicia. Una avalancha de procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto contra líderes del MAS ya fueron rechazados por fallas de procedimiento. En tanto, otras causas que permanecieron paralizadas durante once meses, como las que atañen a las masacres de Sacaba y Senkata, empiezan a reactivarse lentamente. 

Con el objetivo de ir a fondo, el ministerio de Justicia encabezado por Iván Lima convocó a un grupo de expertos en distintas áreas del derecho para encarar una reforma judicial. Lima afirmó que el cambio en el sistema de justicia se realizará "contra viento y marea y contra quien se oponga", aunque "buscando la unidad".

Balance y perspectivas 

Analistas bolivianos consultados por este diario coincidieron en los avances del gobierno de Luis Arce a apenas un mes de su asunción. "Este mes de gestión es profundamente más social que económico en su agenda, porque primero está el tema de la reforma de la justicia y segundo el Bono contra el Hambre que tiene que ver con la redistribución de los recursos", aseguró el politólogo Marcelo Arequipa, quien a su vez destacó un elemento novedoso de este nuevo proceso. 

"Por primera vez en la historia política de este país se dividen las funciones. Una cosa es la administración del poder político y otra es la administración de la organización política, es decir el MAS. En la primera función están Luis Arce y David Choquehuanca y en la segunda está Evo Morales", planteó Arequipa. 

Para su colega Gabriel Villalba el saldo de este mes es "positivo aunque con muchísimos desafíos". Villalba calificó al nuevo gabinete como uno de "emergencia", ya que "tiene el rol de allanar el camino para el próximo gabinete que va a asumir el 22 de enero". En esa fecha se celebra en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, donde se nombra al gabinete que acompañará al presidente por el lapso de un año. "Quizás muchos de los actuales ministros sobrevivan y otros no, pero no será una crisis de gabinete sino una articulación histórica", agregó Villalba. 

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Una de las zonas golpeadas por el huracán Iota en Providencia.FOTO: REUTERS | VIDEO: AFP

La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia que hay damnificados viviendo en carpas de mala calidad. El Gobierno de Iván Duque prometió una reconstrucción que aún no ha comenzado

Hace veinte días, cuando el huracán Iota destruyó el 98% de la isla colombiana de Providencia, el presidente, Iván Duque, se desplazó hasta allá, hizo su programa de televisión diario desde el Archipiélago de San Andrés, llevó a decenas de funcionarios y prometió que en menos de cien días Providencia estaría reconstruida. La realidad es, de momento, otra y, según denunció la Defensoría del Pueblo, “hay personas que no están en albergues y se encuentran a la intemperie debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos”. El Gobierno instaló carpas de campaña para el contingente de funcionarios que llegaron a la isla y entregó 2.000 tiendas de campaña para quienes se quedaron sin casa, pero las lluvias de los últimos días las inundaron y causaron más angustia entre los isleños.

“Se necesitan carpas más decentes para albergarse y tejas para aquellos que tienen parte de sus casas en pie, pero se están mojando igual. Aunque han hecho lo imposible con la limpieza, han fallado mucho en solucionar el tema del techo que es algo básico para pensar en lo que viene”, dijo Juanita Ángel, propietaria de Cabañas de Agua Dulce, una posada hotelera de Providencia.

La recolección de escombros, que fue otra de las promesas de Duque, también va muy lenta. A la fecha han retirado 3.000 toneladas. Si bien los residentes agradecen el trabajo de la fuerza pública, con 120 policías y 1.100 miembros de la Armada, se quejan de que el Gobierno no dimensionó la cantidad de escombros. “¿Por qué a la carretera la limpian una y otra vez mientras nuestros patios y el interior de nuestras casas, devastadas por el viento y la lluvia, consumen nuestras fuerzas en la lucha por ponerles un mínimo de orden y condiciones de habitabilidad?”, escribió en el diario El Isleño Germán Márquez, biólogo y fundador del la organización Sea Land & Culture Old Providence Foundation (Prosealand).

La Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia, Susana Correa, comenta a EL PAÍS que esperan 12.000 toneladas y admite que “será imposible tener lista la recolección para esta semana”. “No revisamos que había que bajar los escombros de las casas, ni pensábamos que iban a salir tantas toneladas, ya cambiamos la estrategia”, reconoció Correa, quien anunció que contrataron a 100 isleños para ayudar en la limpieza.

Después de la carta del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que urge al Gobierno “a apoyar a la comunidad en la recuperación de las viviendas” y agilizar la adaptación de los techos, Correa aseguró que este miércoles comenzarán a cubrir con tejas las casas que quedaron con afectaciones leves y llevarán plásticos. ¿Por qué no hubo previsión?. Susana Correa dice que “sí se previó, pero era muy difícil hacer algo sin antes tener una caracterización”. Hoy saben que el 45% de las viviendas de la isla colapsaron, el 38% perdió sus cubiertas y un 13% quedó con afectaciones leves. “De nada servía poner tejas y que la casa se cayera”, dice Correa.

Aunque han pasado veinte días, el censo de la población- de 6.650 habitantes- aún no ha terminado y el Gobierno tampoco sabe cuántos de los pobladores, que se fueron a San Andrés tras la emergencia, han retornado a la Isla. En medio de la emergencia, se han presentado 61 casos de la covid-19 y un fallecido por la enfermedad.

La reconstrucción se ve lejana

Por esos tropiezos es que los residentes ven lejana la reconstrucción anunciada para comenzar este 10 de diciembre. “Acá no se ha dado una solución de emergencia. Si no agotamos la etapa humanitaria no podemos enfrentar la de reconstrucción”, dijo Amparo Antón, habitante de la isla. No se entiende- dijo- cómo cuando llegaron venezolanos a Cúcuta se hicieron refugios en tiempo récord y en la isla la respuesta no ha sido igual de efectiva. Su reclamo tiene un subtexto: para muchos habitantes de Providencia, que tienen su propia lengua, hay un abandono histórico por parte de Colombia y una mirada centralista que no contempla su cultura. Para ellos esto se evidenció con la propuesta de instalarles casas prefabricadas.

Pero Correa aseguró que aún no está definido el diseño de las viviendas y que se decidirá en concertación con los habitantes. “Solo trajimos tres casas para presentar estilos diferentes, pero habrá reuniones con constructores de la isla en los próximos días”, dijo la Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia a este diario. Sin embargo, tampoco tienen una cifra de cuánto costará el proyecto porque cada ministerio debe presentar su presupuesto y aún no lo han consolidado.

En todo caso, según ella, “el pico” de reconstrucción de Providencia se hará entre enero y febrero, algo que para los isleños es una eternidad si es que continúan a la intemperie y con más lluvias como se ha denunciado.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 09 Dec 2020 - 23:23 CET

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