¿Cuáles son los países con más crímenes? ¿Y las ciudades?

Los homicidios generan más defunciones en el mundo que los conflictos armados. Más de cinco veces, según un reciente informe de Naciones Unidas con datos de 2017. El Salvador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica lideran estas escabrosas listas. En cuanto a las ciudades, Caracas es la que más muertes violentas registra, en un top-ten en el que hay cuatro sudafricanas y tres brasileñas. Aunque otros indicadores sitúan a San Salvador y a la hondureña San Pedro Sula por delante.

 

La Agencia de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen (UNODC) reveló a mediados de julio su informe anual sobre índices de homicidios en el mundo. Con resultados inequívocos. Más de 464.000 personas murieron en el planeta, en 2017, por causas violentas, superando en más de cinco veces los fallecimientos ocasionados por los distintos conflictos armados que se hallaban en activo, que cifra en torno a las 89.000 defunciones.

Su Estudio Global sobre Homicidios 2019 incluye la violencia de género además de las distintas figuras delictivas relacionadas con muertes trágicas, en las que han intervenido la acción humana para acabar con la vida de las víctimas. En su objetivo esencial, los expertos de esta oficina oficial de la ONU insisten en que su radiografía de situación pretende “ofrecer datos crudos de la realidad con objeto de que las autoridades de los distintos países tomen medidas efectivas para reducir sus registros de violencia armada y se comprometan a luchar contra el crimen organizado”, explica su director ejecutivo Yuri Fedotov, quien recordó que todas las naciones que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta institución multilateral han adquirido el reto de reducir cualquier forma de violencia en sus sociedades para 2030.

El escenario que dibuja la UNODC, según sus siglas en inglés, es más que preocupante. Sus datos demuestran que es una lacra que avanza sin remedio. En el último cuarto de siglo se ha pasado de 395.542 homicidios violentos en 1992 hasta los 464.000 de 2017. Aunque la ratio de víctimas se haya reducido por efecto de la explosión demográfica global desde los 7,2 fallecimiento por cada 100.000 personas a los 6,1. Las organizaciones criminales fueron responsables del 19% de los homicidios. Pero su repercusión desestabilizadora del entramado institucional de los países, unido a sus perjuicios directos sobre la prosperidad económica y su obsesiva meta de erosionar los estados de derecho donde operan, requieren de medidas urgentes, alerta el informe. Sobre todo, en según qué regiones del planeta. Porque la tasa de criminalidad salta al 17,2 en América Latina y al 13 en África, mientras que en Europa, Oceanía y Asia se diluye hasta los 3, 2,8 y 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Más en concreto, focaliza en América Central y Sudamérica los territorios con riesgos sistémicos por muertes violentas, entre los que también contabilizan los suicidios o los actos en legítima defensa. El Salvador, el país que la UNODC sitúa a la cabeza de su lista negra, alcanzó las 62,1 muertes por cada 100.000 habitantes y Venezuela, las 56,8. En estas zonas, la violencia mortal se ha colectivizado, hasta el punto que ciertas comunidades civiles sobreviven en una atmósfera de conflicto armado con innumerables factores de riesgo. De forma mayoritaria, las víctimas son hombres, pero las mujeres son, muy a menudo, pierden su vida por acciones intimidatorias de grupos delictivos. El 81% de ellas, fueron de género masculino -incluidos menores-, que también copan, con más del 90% de los casos, las imputaciones de sospechosos. Aunque el criterio del género varía en función de la edad. Hasta los nueve años, las tasas de mortalidad permanecen en niveles similares, pero a partir de esta cota, las víctimas masculinas superan claramente el 50%. Aunque los adolescentes, entre 15 y 29 años, son los núcleos de mayor riesgo de homicidio.

Los datos de esta agencia de la ONU se corroboran, aunque con matices, con información oficial recabada por otras fuentes, públicas y privadas. Numbeo, considerada la mayor base da datos oficiales de países y ciudades, elabora un ránking con un Índice de Criminalidad que evalúa los niveles de siniestralidad mortal, de 0 a 100, y otro de Seguridad, que supone el diferencial entre el primer registro y el cómputo total. Su análisis establece cinco baremos: de 0 a 20, calificados de muy bajos; entre 20 y 40 (bajos); entre 40 y 60 (moderados); 60-80: altos y más de 80, índices excesivamente elevados. En su clasificación por países señala a Venezuela (84,86) como nación menos segura, la que mayor número de homicidios genera; seguida de Papúa Nueva Guinea, con 80,26. Son las dos únicas naciones que exceden el límite del 80. Sudáfrica (77,02), Honduras (75,84), Afganistán (73,26) y Trinidad y Tobago (73,15). Un grupo de 16 países completan la frontera entre los índices moderados de criminalidad: Brasil, El Salvador, Namibia, Siria, Jamaica, Bangladesh, Puerto Rico, Nigeria, Perú, Kazajistán, Argentina, Kenia, Libia, Malasia, República Dominicana e Islas Fiyi. Por el contrario, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Taiwán y Hong-Kong son los cinco estados más seguros para esta clasificación. España ocupa el lugar 91 de 123 naciones; es decir, el trigésimo segundo país más seguro.

La recopilación de Numbeo también engloba a las grandes ciudades, núcleos donde el crimen se reproduce con mayor intensidad. Siete urbes superan la cota 80. Caracas, Pietermaritzburgo, capital de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal; Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea; San Pedro Sula (Honduras) y Pretoria Durban y Johannesburgo (Sudáfrica). Justo por debajo de este límite, aparecen cinco ciudades brasileñas: Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife. Intercaladas entre otras urbes de mercados emergentes o en desarrollo figuran las primeras de potencias industrializadas; entre las cotas 60 y 80. Mayoritariamente de EEUU: Detroit y Baltimore -por encima de México DF-, Alburquerque, San Luis, Milwaukee, que sigue a Damasco, en pleno conflicto armado, Oakland, Nueva Orleans, Chicago, Atlanta, Houston y la ciudad-condado de Alaska, Anchorage, a la que precede Bogotá, en el puesto 55. Filadelfia es la primera del siguiente grupo, con 59,56. La canadiense Surrey, Catania (Italia) y Townsville (Australia) también están en el elenco de urbes de economías con rentas altas, pero con niveles de homicidios peligrosamente altos. Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Quebec (Canadá), Taipei (Taiwán) y Múnich (Alemania) forman el top-five de baja siniestralidad criminal. Málaga, en el puesto 293 de un total de 328, donde se ubica la capital de uno de los siete emiratos de EAU.

Pero, quizás, el más completo de estos compendios de homicidios en el mundo sea el de Global Residence, consultora dedicada al negocio inmobiliario que ofrece a sus clientes información de siniestralidad y altercados delictivos en las ciudades en las que desarrolla su actividad. Recopila los datos de Numbeo y otros barómetros de criminalidad, como el Global Peace, del think-tank australiano que lleva este nombre, los riesgos políticos o de seguridad -entre otros- para dibujar su mapa de peligrosidad por países. Y, entre sus 181 enclaves analizados, señala a San Salvador, como la mayor amenaza para vivir. A la que siguen otras tres latinoamericanas: la hondureña San Pedro Sula, Caracas y Tegucigalpa, capital de Honduras. El resto del top-ten lo configuran Damasco, Ciudad de Guatemala, Port of Spain (Trinidad y Tobago), Ciudad del Cabo (Sudáfrica); la brasileña Belo Horizonte y Johannesburgo. El triángulo centroamericano de San Salvador, San Pedro Sula y Tegucigalpa, con tasas de homicidios que superan el 80, impulsadas por la elevada actividad criminal de las maras, el fenómeno de grupos delictivos juveniles que ha expandido el terror por los países del istmo de América Central y que, en no pocos territorios, ha usurpado la autoridad de sus estados. Sus destinos más seguros son Vaduz (Liechtenstein); Andorra la Vella; Douglas (Isla de Man), Mónaco, Saint Helier (Jersey), Gibraltar, Singapur, Zúrich (Suiza), Reikiavik (Islandia) y Tokio.

12/08/2019 08:26 Actualizado: 12/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ

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Viernes, 26 Octubre 2018 05:48

La irresistible atracción del macho alfa

La irresistible atracción del macho alfa

Las elecciones brasileñas muestran una enorme diferencia de comportamientos entre varones y mujeres, tan amplia y profunda como pocas veces se registra en nuestras sociedades. Según la primera encuesta de Datafolha luego de la primera vuelta, existe un "empate técnico" entre las preferencias femeninas: 42 por ciento apoyaban a Jair Bolsonaro y 39 por ciento a Fernando Haddad, cuando el primero tiene casi 20 puntos de diferencia (goo.gl/B769dj).

Las preferencias masculinas se vuelcan en 57 por ciento por el candidato de la extrema derecha y sólo 33 por ciento por Haddad. La diferencia es tan grande que merece alguna explicación. Bolsonaro es un personaje machista, militarista y racista, que nunca ocultó sus opiniones y hasta se jacta de ellas, de modo que quienes lo apoyan es porque simpatizan con sus ideas y actitudes. Lo que debemos explicarnos entonces son las razones por las cuales la mayoría de la población brasileña se siente atraída por él.

La primera es la profunda crisis, tanto económica como social, con un aumento importante de la violencia. En 2017 se produjeron casi 64 mil muertes violentas, una cifra que aumenta de modo exponencial: al comienzo del periodo neoliberal en 1990 eran 14 mil y en 2002, cuando Lula ganó las elecciones, eran 49 mil personas muertes cada año (goo.gl/82jd9i). La violencia no deja de crecer y se ha llevado medio millón de personas en la reciente década.

Un aspecto central de la crisis es la disolución de los vínculos sociales y comunitarios. Mucho antes de la centralidad que adquirió Bolsonaro, las grandes ciudades se habían convertido en espacios de violencia desbordada. La principal diferencia desde 2013, es que ahora la violencia arraigó también en los barrios de clase media, cuando históricamente estuvo focalizada en las favelas y periferias urbanas, donde la sociedad más desigual del mundo descerrajaba sus armas contra la población negra.

La segunda es el clima de inseguridad imperante. Por curioso que parezca, en los barrios populares las cosas han cambiado poco. En la noche, en la Maré, la mayor favela de Brasil en Río de Janeiro, la gente continúa haciendo su vida en calles que siempre están atestadas. En los barrios "nobles" (así le llaman en este país a la ciudad formal), las calles están desiertas y los pocos peatones deambulan como fantasmas apurando el paso.

La inseguridad es cosa de clase media, ya que los más pobres nunca vivieron otra realidad que el temor a la Policía Militar y a sus aliados: políticos conservadores, traficantes y, más recientemente, iglesias pentecostales y evangélicas que persiguen con saña las religiones afro.

Son los miedos de las clases medias los que se vuelven noticias, sus paranoias ganan titulares y sus barrios se llenan de guardias privados, cuando pueden pagarlos. Con la crisis un sector muy amplio de las clases medias teme, además, perder el empleo y el estatus económico y social. En este punto, Bolsonaro promete acabar con la inseguridad, se ofrece como el gran protector, liberando el gatillo contra los pequeños delincuentes y prometiendo castración química a los violadores. Todo parece tan fácil que resulta poco creíble.

La tercera cuestión es que el macho alfa, en sus variantes duras o blandas, es el estereotipo conocido, tanto a derecha como a izquierda. Salvo el pequeño sector de universitarios exitosos, el resto de la población sigue creyendo en la mano dura y el hombre fuerte que la practique, desde la familia y el barrio hasta las instituciones estatales. Por algo las fuerzas armadas gozan de tan buena reputación, al punto que toda la campaña de Bolsonaro gira en torno a militares que no rechazan ni la tortura ni las soluciones represivas.

La cuarta cuestión se relaciona con el campo emancipatorio. Los partidos y movimientos, incluso los varones que nos decimos antipatriarcales, no hemos trabajado otros modelos masculinos diferentes a los que nos ofrece el sistema. Nuestra izquierda sigue apostando en caudillos, algo que parecía hasta cierto punto entendible hasta la revolución mundial de 1968.

Hemos hablado de leninismo, de peronismo y de castrismo. Ahora seguimos por el mismo camino: chavismo, lulismo y todos los ismos imaginables vinculados siempre a un caudillo que, naturalmente, remite al patriarcado. Somos tan grotescos que incluso cuando un movimiento cubre las caras de sus portavoces y los denomina subcomandantes para que se entienda que obedecen a las comunidades, incluso en este caso, los analistas creen que son Galeano y Moisés los que mandan.

Nuestra cultura política no deja de producir machos alfa. Vladimir Putin y Xi Jinping provocan suspiros de amor revolucionario entre no pocos intelectuales que, en tanto, se horrorizan cuando el macho resulta de signo contrario a sus ideologías.

Finalmente, creo que no debe confundirse la figura del guerrero/guerrera, necesaria para defendernos, con el macho alfa. Éste se manda solo y hace lo que su testosterona le indica. El guerrero obedece a su pueblo.

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América Latina, el continente más homicida del mundo

Sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener sólo el 8% de su población


Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países más afectados

 América Latina ha sufrido más de 2,5 millones de asesinatos desde el comienzo de este siglo y se enfrenta ahora a una grave crisis de seguridad pública que requiere soluciones urgentes e innovadoras. Esto es lo que advierte un nuevo informe que acaba de ser publicado.


"Las dimensiones totales de la violencia homicida son impresionantes", dice el informe del Instituto Igarapé, un think tank de Brasil que se centra en asuntos de seguridad y desarrollo. La publicación, que vio la luz este jueves, muestra un retrato sombrío de lo que llama el continente más homicida del mundo.


América Latina sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener solamente el 8% de su población. Una cuarta parte de los homicidios que se producen en todo el mundo se concentran en cuatro países –Brasil, Colombia, México y Venezuela– y todos ellos se están preparando para elecciones presidenciales, en las que uno de los grandes temas va a ser el de la seguridad.


"La tendencia general que se presenta en estos momentos en América Latina es la de que sigan aumentando los homicidios y el deterioro de la seguridad", dice Robert Muggah, uno de los autores de este informe.


"América Latina es un área inmensa y hay muchas variaciones. Pero como región –incluyendo a México, a Centroamérica y a Sudamérica– la tasa de asesinatos seguirá aumentando hasta 2030. Los únicos otros dos lugares en los que vemos aumentos parecidos son partes del sur y del centro de África y algunas zonas en guerra".


El informe también pone de manifiesto que los jóvenes latinoamericanos se sienten desproporcionadamente afectados, ya que casi la mitad de todas las víctimas de asesinato han sido personas de entre 15 y 29 años. También denuncia el "increíble" papel que tienen las armas de fuego.


"Además de tener estos niveles extremadamente altos de homicidios, la gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. En el 75% de los casos, se han utilizado pistolas", añade Muggah. La media del uso de pistolas en casos de homicidio es de un 40%.


La crisis de seguridad ha ocupado un lugar central este año, ya que las naciones más violentas de la región se encaminan a elecciones presidenciales. Colombia y Venezuela celebrarán elecciones a finales de mayo, mientras que México, que el año pasado registró su peor tasa de asesinatos desde que existen este tipos de informes, votará el 1 de julio y Brasil lo hará en octubre.


Algunos aspirantes a presidentes han expresado ideas verdaderamente radicales al intentar sacar partido de la furia pública en torno a este asunto. Este domingo, un candidato mexicano, Jaime Rodríguez, sugirió cortar las manos de los ladrones. "Es una propuesta seria, no me la acabo de sacar de la manga", aseguró.


En Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, uno de los primeros candidatos a la presidencia, se comprometió a relajar las leyes de control de armas. "Debemos dar a todos el derecho de llevar armas, como en EEUU", dijo a O Globo esta semana. "Ya tenemos un bang bang abierto en Brasil, pero solo uno de los lados tiene permitido disparar".


Muggah explica que teme que muchos votantes elijan opciones populistas de estilo férreo que ofrezcan "soluciones simplistas, enérgicas y agresivas para lo que consideran uno de sus principales problemas".


"Existe el peligro de que los latinoamericanos se sientan seducidos por este discurso de la mano dura. Pero esto no resolverá este problema, simplemente provocará que haya más presencia policial, sentencias más largas y más prisiones", concluye el especialista.

Por Tom Phillips - Ciudad de México
26/04/2018 - 19:56h


Traducido por Cristina Armunia Berges

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Sábado, 01 Abril 2017 09:09

Entre universalismo y colonialismo

Entre universalismo y colonialismo
Desde el 20 de marzo se desarrolla una revuelta popular histórica en Guyana Francesa que ha cobrado una fuerza sin precedentes y que denuncia la desigualdad social y económica entre este departamento francés del norte de Sudamérica y la Francia “metropolitana”.

 

Guayana Francesa arde. Desde el 20 de marzo se desarrolla allí una movilización popular que ha cobrado una fuerza sin precedentes y que denuncia la desigualdad social y económica entre este departamento francés del norte de Sudamérica y la Francia “metropolitana”. El puerto comercial de Dégrad-des-Cannes ha sido bloqueado y cortadas las rutas hacia todas las ciudades del departamento y a lo largo de la costa atlántica. Cerraron escuelas, comercios y oficinas públicas. Las protestas culminaron el lunes con una huelga general y el martes con “las manifestaciones más grandes de la historia” en el territorio, según las autoridades. De los casi 250 mil habitantes del departamento, unos 14 mil salieron a las calles y paralizaron las ciudades, en lo que se llamó “El día muerto”.

“Estamos en Francia pero no se nos considera verdaderamente franceses”, expresó una docente francoguayanesa al diario francés Le Monde (28-III-17).
Su frase resume el trasfondo del movimiento francoguayanés que reclama la igualdad y el universalismo que el Iluminismo y la revolución francesa les prometieron a todos. Es que la realidad en este territorio, que fue colonia francesa entre 1676 y 1946, es muy diferente a la del “metropolitano”: el desempleo es de 23 por ciento, los sueldos 30 por ciento inferiores, mientras que el costo de vida es 12 por ciento superior. Pero además la inseguridad es endémica, con la mayor tasa de homicidios de todos los departamentos del país (radio Europe 1, 25-I-17). En 2016 fueron asesinadas 42 personas de esta escueta población.

El punto culminante, afirmó un policía francoguayanés llamado Pierre a Le Monde, fue “cuando dos jóvenes fueron abatidos como perros en febrero o marzo”. En respuesta surgieron Los 500 Hermanos Contra la Delincuencia, un grupo de hombres musculosos que se manifiestan con las caras cubiertas por pasamontañas y exigen medidas contra la inseguridad a la vez que se reivindican pacifistas.

Los francoguayaneses reclaman un nuevo “Plan Marshall”, y sus reivindicaciones son diversas: piden mejoras en la infraestructura, de la red de atención a la salud (en los hospitales faltan médicos, muchos pacientes tienen que viajar a Europa para tratarse y, según los profesionales, en los centros de salud se trabaja en condiciones deplorables); los docentes demandan inversiones masivas para mejorar la educación; los campesinos denuncian retrasos en el cobro de las subvenciones europeas; los indígenas denuncian los proyectos de explotación de oro.

Guayana Francesa también es un lugar de grandes contrastes, al lado de una sociedad que carece de buenos servicios básicos sociales existe una ciudad como Kourou, con su Centro Espacial Guayanés, desde donde la empresa Arianespace lanza cohetes al espacio. “Kourou es el Estado dentro del Estado. He visto helicópteros sobrevolarlo y pienso: ‘¿Ah, sí? ¿Tenemos todo eso aquí?’ Ya vemos cuáles son las prioridades de Francia en Guayana, son los cohetes lo que le interesa”, declaró un manifestante en Kourou al portal francés Médiapart (24-III-17).
Debido a las movilizaciones, la empresa de satélites Arianespace se vio obligada a postergar el lanzamiento de uno de sus cohetes.

Las respuestas de París a las protestas revelaron la distancia que todavía existe entre la capital y el llamado “ultramar”. Ante la histórica movilización, el gobierno francés terminó anunciando, el lunes, que enviaría dos ministros a Guayana, pero llevaba una semana negándose a hacerlo. La ministra de Ultramar, Ericka Bareigts, propuso que el diálogo se llevara a cabo en París, mientras que el movimiento reclamaba que se hiciera en suelo francoguayanés. A pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas, el ministro del Interior, Matthias Fekl, declaró que “no se dialoga con un pasamontañas, se dialoga con el rostro descubierto”, en referencia a los 500 Hermanos.

Al cierre de esta edición de Brecha, los dirigentes de la movilización popular, sentados a la mesa para conversar con la ministra de Ultramar y el ministro del Interior, suspendieron las discusiones en Cayena a pocos minutos de comenzar, reclamando transparencia en las negociaciones.

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Lunes, 30 Noviembre 2015 06:35

Sustos

Sustos

El país más poderoso del planeta, y de la historia, es también el más temeroso e inseguro.


Aquí todo es amenaza, todo es peligro, todos son sospechosos. Y aunque los políticos y los medios suelen repetir que las amenazas provienen de afuera –terroristas islámicos, narcotraficantes colombianos/venezolanos/mexicanos, inmigrantes no blancos–, la amenaza mayor proviene desde muy adentro, y es muy estadunidense, y suele ser muy blanca.


Por ahora, los únicos que han violado la Constitución, las libertades civiles, los derechos fundamentales tan elogiados en cada discurso, en cada partido deportivo, en cada Día de Acción de Gracias, en cada momento patriótico, son políticos estadunidenses.


Como han advertido intelectuales y sabios de gran talla y variedad ideológica, desde Noam Chomsky, Gore Vidal y el economista premio Nobel Joseph Stiglitz hasta el ex presidente Jimmy Carter, entre muchos más, no sólo se ha desvanecido eso que se llamaba república, sino que este país y sus políticas son cada vez más parecidos a una oligarquía.
Y como demostraron Edward Snowden, Chelsea Manning y otros filtradores o denunciantes, el gobierno secreto es más omnipresente de lo que se pensaba, y oye lo que cada uno opina. George Orwell está presente; si estuviera vivo, estaría bajo vigilancia.


Algunos izquierdistas han empleado la palabra fascismo en tantas ocasiones en el pasado que ha perdido su significado y, más bien, ya se entiende como un insulto. ¿Pero a qué extremo está este país que algunos conservadores ahora acusan a uno de sus colegas de fascista? En los últimos días, después de que Donald Trump propuso un registro nacional de musulmanes y acorralar y expulsar a extranjeros, entre otras medidas que analistas, medios y contrincantes han comparado con medidas estilo nazi, algunos de su mismo ámbito político lo denuncian por ser demasiado extremo. Trump es un fascista, comentó Max Boot, analista en el Consejo de Relaciones Exteriores y asesor del precandidato Marco Rubio. El asesor sobre seguridad nacional de Jeb Bush afirmó que un registro federal obligado de ciudadanos estadunidenses, basado en la identidad religiosa, es fascismo. Punto.


Pero Rubio, Bush, el doctor chiflado Ben Carson y los otros precandidatos republicanos, igual incitan el temor y la inseguridad ante amenazas externas como parte fundamental de sus discursos.


Todo esto ha generado, a propósito, una mayor xenofobia con consecuencias cada vez más peligrosas. La intensificación del clima de odio se traduce en acciones violentas y amenazas a todo lo que parezca diferente o extranjero. Inmigrantes, musulmanes, mujeres que ejercen sus derechos básicos, minorías raciales (afroestadunidenses y latinos sobre todo), opositores a guerras, ambientalistas, entre otros, ahora viven en un país donde se promueve abierta y explícitamente la violencia en su contra.


La derecha ha impedido que medidas mínimas para proteger a inmigrantes sean implementadas. Una clínica de Planned Parenthood en Colorado que, entre otros servicios de salud, incluye el del aborto, fue atacada por un hombre blanco armado el pasado viernes, quien mató a tres personas, entre ellas un policía, y dejó nueve heridos. Organizaciones musulmanas reportan incrementos de ataques y amenazas contra sus comunidades, agrupaciones de defensa de derechos migrantes se sienten cada vez más vulnerables, tres blancos disparan contra manifestantes afroestadunidenses que condenan la violencia policiaca. Los ejemplos no alcanzan a ser contados.


Los estadunidenses están mucho más en riesgo de violencia por fanáticos blancos cristianos armados que por musulmanes, afirma el comentarista y profesor de historia Juan Cole. Sin embargo, la guerra contra el mundo musulmán es la que promueven los políticos.


Después de las guerras más largas de la historia del país, se anuncia que habrá más guerra. Más jóvenes estadunidenses serán enviados a matar a más jóvenes, familias, niños, estudiantes, magos, músicos, artistas, carpinteros, granjeros, periodistas, pescadores, todos esos personajes anónimos que no registran las cifras oficiales de las víctimas de guerra, cuyos sobrevivientes conforman los ríos humanos de refugiados. Dicen que es para salvarlos de los malos, de aquellos extremistas religiosos, mientras sus contrapartes, los extremistas religiosos estadunidenses, hablan igual; todo es como una mala película sobre las Cruzadas.


También hay guerra para muchos aquí adentro. La violencia, sobre todo con armas de fuego, sigue cobrando vidas cada día en Chicago, Baltimore, Detroit y decenas de ciudades más. Si el ejemplo lo ponen los líderes del país, de que las balas son la respuesta para enfrentar enemigos, pues con qué autoridad moral se reprueba a los jóvenes aquí cuando hacen lo mismo para resolver sus conflictos.


Entre las dos guerras, la interna cobra muchas más víctimas estadunidenses. Durante la guerra contra el terror (de 2001 hasta 2013), 406 mil 486 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos, según cifras oficiales; de acuerdo con el Departamento de Estado, en ese mismo periodo murieron 350 estadunidenses en actos de terrorismo en el extranjero. Si se incluyen actos de terrorismo dentro de Estados Unidos, entre ellos los del 11 de septiembre, junto a toda la racha de atentados perpetrados por terroristas domésticos blancos, el total de muertos es de 3 mil 380, según un cálculo de CNN.


Cada día mueren 89 personas en promedio por armas en este país, más de 32 mil cada año, según la Brady Campaign.
¿Y cuál es la razón para tener el derecho a tantas armas? La respuesta es obvia según los dueños de las más de 300 millones de armas en manos privadas en este país: para protegerse ante tanta amenaza e inseguridad.


Qué país tan asustado. Y da susto lo que eso provoca.


La única cosa que tenemos que temer es el temor mismo, la célebre frase del presidente Franklin Roosevelt en su famoso discurso de toma de posesión de 1933, es más contemporánea que nunca.

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Miércoles, 29 Julio 2015 05:44

Cuatro años difíciles para Perú

Cuatro años difíciles para Perú

El modelo económico neoliberal, la corrupción y la creciente inseguridad ciudadana son las principales razones de la baja aprobación del presidente peruano. En el activo del gobierno están los programas sociales.


El presidente Ollanta Humala cumplió ayer su cuarto y penúltimo año de gobierno enfrentado a las bases populares que lo llevaron al poder, debilitado, con una aprobación que está apenas entre 15 y 19 por ciento, según diversas encuestas. El modelo económico neoliberal, la corrupción y la creciente inseguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia son las principales razones de la alta desaprobación del presidente Humala.


"Hay una gran frustración frente a alguien que prometió cambiar el país y no lo ha hecho. Humala ganó como un candidato progresista, pero el suyo es un gobierno de derecha, de continuismo del modelo económico neoliberal. El gobierno de Humala es una tragedia por su traición a las propuestas de cambio", le señaló a Página/12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén. "Además de traicionar su programa, Humala ha sido un presidente ineficiente, que no ha podido gestionar bien el Estado", remata Adrianzén. En el activo del gobierno humalista están los programas sociales para aliviar la pobreza y los importantes recursos dados a estos programas. Y a ese tema dedicó el presidente buena parte de su mensaje anual ante el Congreso, que duró una hora y quince minutos. Humala habló ayer ante un Congreso presidido, por primera vez en estos cuatro años, por la oposición, que dos días antes le había arrebatado al oficialismo, disminuido por las disidencias internas, la presidencia del Poder Legislativo. El mensaje presidencial, que careció de filo político, estuvo centrado en un largo inventario de cifras y obras.


"Nuestros esfuerzos han estado dirigidos a la recuperación de un país fragmentado", comenzó su discurso el presidente Humala. Inmediatamente se extendió en un amplio recuento de datos de los programas sociales implementados por su gobierno y en el presupuesto destinado a ellos. Al final de su discurso volvió al tema de los programas sociales, la principal bandera de su gobierno. "Nuestro reto ha sido, y sigue siendo, la inclusión social en un país fragmentado, seguir avanzando en cerrar las brechas de exclusión y desigualdad", dijo.


Humala destacó los programas sociales como el mayor logro de su gobierno y habló de éxitos en la reducción de las desigualdades y brechas sociales. Sin embargo, se le critica que su política de inclusión social está centrada en planes sociales fundamentalmente asistencialistas y no en cambios estructurales. Diversos analistas señalan que buena parte de la reducción de la pobreza en estos cuatro años, que ha bajado de 30,8 a 22,7 por ciento, se basa en estos programas asistencialistas y la entrega de subsidios económicos, y cuestionan que se mantenga intacto un modelo económico poco redistributivo que refuerza las causas de la exclusión.


El crecimiento económico –basado en los altos precios internacionales de los minerales, principal exportación del país con más del 50 por ciento de la canasta exportadora– que en la última década ha oscilado entre 5 y 10 por ciento anual, se ha desacelerado por la caída de los precios de los minerales. En 2014 cayó hasta cerca del 2 por ciento. Este desaceleramiento de la economía, que pone en riesgo el financiamiento de los programas sociales, y cómo enfrentarlo, fue una de las grandes ausencias en el mensaje de Humala.


Otras ausencias significativas en el discurso presidencial fueron temas como la corrupción y la inseguridad ciudadana, dos problemas centrales, sobre los que Humala dijo muy poco y no hizo ningún anuncio para destacar. Obvió mencionar las denuncias de corrupción que golpean a su gobierno, incluyendo a su esposa, Nadine Heredia, investigada por sus ingresos y gastos poco claros. Tampoco habló de los graves conflictos sociales que ha enfrentado, y sigue enfrentando, su gobierno, y que en estos cuatro años han dejado más de 40 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad. Sobre política exterior, el presidente peruano destacó su compromiso central con la Alianza del Pacífico, acuerdo entre Perú, Chile, Colombia y México, que promueve políticas de libre comercio. No hubo más en ese tema. "En su política exterior, como en la política interna, Humala también ha hecho todo lo contrario a lo que ofreció. En su programa estaba el fortalecimiento de la integración regional y dejar a la Alianza del Pacífico solamente como una asociación económica no prioritaria, pero, en lugar de eso, ha fortalecido su relación con la Alianza del Pacífico y reiterado su sociedad estratégica con Estados Unidos", indica Alberto Adrianzén.


"Aunque no esperaba mucho, el mensaje de Humala ha sido decepcionante, no dijo nada de los problemas de fondo", fue el balance del historiador y analista político Nelson Manrique.

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¡Entre otras mil eres madre gentil, patria amada, Brasil!

Andreia dos Santos Pereira, de edad no divulgada (por las fotos, algo entre 35 y 40 años), deficiente auditiva –una manera políticamente correcta de decir que era sorda o casi–, llegó, a eso de las seis y media de la mañana, a trabajar en el boliche donde le tocaba freír empanadas. Todo eso en una zona modesta de Guarujá, un balneario de ricos y nuevos ricos a unos 70 kilómetros de São Paulo.


Esa era la única función de Andreia: freír, pasar las empanadas a alguien más, y listo.


Pero de repente, tres tipos le anunciaron que era un asalto. Ella, por sorda, no entendió lo que le decían a gritos, no sabía dónde estaba el dinero, no entendió nada. Le dieron una paliza feroz. Y Andreia murió: cuatro costillas rotas, traumatismo craneano, hemorragia interna. Según los testigos, los asaltantes eran niños de entre 14 y 17 años.


A unos 500 kilómetros de distancia de esa playa, en Río de Janeiro, quizá el principal referente –y la principal referencia– de Brasil frente a los ojos del mundo, se hace otra contabilidad.


Nada más en la región metropolitana de Río, en los últimos 15 días (el dato es del viernes 28 de mayo) se registraron, oficialmente, 15 asaltos con chuchillo. Detalle: no se trata de asalto a mano armada, que fueron muchísimos más. Se trata de informar que al menos una vez al día alguien fue herido por cuchillo en un robo. Y de esos 'alguien', al menos uno murió: James Gold, un cardiólogo importante y reconocido, fue acuchillado a muerte en la Lagoa Rodrigo de Freitas, una laguna incrustada en la más noble zona urbana de la ciudad.


Pedaleaba su bicicleta, al borde de uno de los paisajes urbanos más formidables del mundo. Lo acosaron dos o tres salteadores, según los testigos. Todos muy niños, según esos testimonios.


El asaltado no reaccionó. Los delincuentes le abrieron un tajo en el pecho de sur a norte. Pese a las ocho horas de cirugía, el hombre no resistió. Los supuestos malhechores están detenidos: hay serias dudas sobre quién hizo qué en la muerte del cardiólogo.


Esos son dos fragmentos de un escenario de horrores. Menciono cosas que ocurrieron en Guarujá, una playa de ricos y nuevos ricos, y en Río de Janeiro, ciudad icono de Brasil. Menciono crímenes brutales y gratuitos cometidos por adolescentes.


A la 'deficiente auditiva' no la despojaron de nada, una vez que ella no entendió lo que pasaba. Bueno, le robaron, claro, la vida.


Al renombrado y reconocido cardiólogo le arrebataron un teléfono celular y una elegante bicicleta. Además, claro, de la vida.
Reza el himno nacional brasileño, en una clara prueba de que los himnos nacionales son capaces de cursilerías inimaginables: "De los hijos de este suelo eres madre gentil/ patria amada, Brasil'.


¿Habrá la patria amada sido gentil con la muchacha sorda –perdón: deficiente auditiva– que no entendió que la asaltaban? ¿O con el incauto cardiólogo que andaba en bicicleta en un paisaje de ensueños?


Hace muchos años –32, para mayor exactitud– un brasileño, el antropólogo y educador Darcy Ribeiro, junto al entonces gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, icono indiscutible de la izquierda brasileña por décadas, trataron de impedir que el actual escenario ocurriese.


La solución propuesta era sencilla y, hay que reconocer, cara: escuelas públicas en periodo integral, es decir, de las siete de la mañana a las cinco de la tarde, con clases curriculares más clases de arte, atención médica amplia, dentistas incluso, deportes, es decir, una vida completa: del desayuno al almuerzo hasta una merienda, algo que jamás en sus miserables vidas los muchachos de la vida real brasileña hubiesen soñado.


La derecha más recalcitrante y una izquierda idiotizada (me refiero, con todas las letras, al PT) se impusieron contra el proyecto. Recuerdo claramente a un amigo, muy de derechas, bramando: Comida, clases, todo eso es aceptable. Pero, ¿clases de ballet y de arte? ¿Para ellos?. Léase: ¿para los pobres?


Y de la misma forma recuerdo, claramente, a amigos militantes del PT diciendo: Comida, clases, todo es aceptable. Pero, ¿y la carga horaria de clases? ¿Quién cobrará por las horas suplementares?


Leonel Brizola y Darcy Ribeiro querían construir mil centros integrales de educación (CIEP) en Río. Creían que por esa vía –la educación– cambiarían, de una vez y para siempre, el mapa de miseria en que vivimos.


De haber logrado construir, en estos últimos 30 años, todos los CIEP soñados, serían, por lo menos, 30 millones de niños que hubieran tenido educación y apoyo básico, esencial, fundamental.


Ahora mismo se discute, en mi país, una revisión de la ley para rebajar la edad mínima en la cual un brasileño es imputable frente a la ley. Se busca, frente a un cuadro de creciente violencia urbana (si es que será posible, en el caso nuestro, el de la madre patria gentil, que crezca aún más esa violencia...) aumentar la pena a los adolescentes criminales.


Desde Brizola y Darcy, nadie se preocupó, a fondo, de combatir el problema desde la raíz. O sea, con más atención básica, más educación, para no tener que, años después, como ocurre ahora, buscar más punición.


Así las cosas: de gentil, la amada patria tiene muy poco. Y de amada, casi nada.

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En Bogotá, no es raro que alguien le cuelgue el teléfono y lo justifique con que está en la calle. No tiene nada que ver con el ruido o la falta de cobertura, sino con el miedo a que le arranquen el móvil de la mano. A Diego Medina, un empleado de banco de 40 años, le ha pasado dos veces en tres meses. Ni siquiera ha terminado de pagar los plazos del último celular, que le robaron hace diez días. Fue junto a su casa, en un barrio de clase media a las cuatro y media de la tarde. "Aparecieron cinco personas en dos bicicletas, uno se me cruzó y me dio un puñetazo, otro me tiró al suelo, intenté resistirme, me patearon y otro me puso un revólver en el pecho. Ya no hice nada", cuenta. Nadie le ayudó, nadie llamó a la policía. De hecho, él tampoco lo hizo: "Es tiempo perdido, no sirve de nada".


El robo de teléfonos móviles es el más común en la capital de Colombia, uno de los que generan mayor alarma —varias personas han sido asesinadas este año por resistirse—, de los que más se habla en la prensa —El Tiempo, el principal periódico, tiene una categoría de noticias dedicada solo a este hurto— y al que los candidatos presidenciales se han referido en sus propuestas. Pese a que la policía dice que se ha reducido un 18%, se ha convertido en el símbolo de la inseguridad, uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos en un país que ha reducido enormemente los niveles de violencia, desmanteló los grandes cárteles de la droga, desmovilizó a los paramilitares y que está negociando la paz con la guerrilla. Sin embargo, tiene aún una tasa de 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Más que Brasil o México, por ejemplo.


La guerra y el conflicto con las FARC quedan ahora muy lejos de las ciudades. Es algo que se percibe como lejano frente al problema diario de la inseguridad, que ha ido cambiando. "Hasta finales de los noventa, en Colombia había grandes organizaciones criminales que controlaban toda la cadena del narcotráfico, como por ejemplo el cártel de Medellín, de Pablo Escobar", explica el experto en seguridad de la fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. "Pero a medida que fueron cayendo y que los mexicanos se quedaron con el grueso del narcotráfico, se fragmentó el negocio en bandas que actúan en las ciudades muy especializadas en la extorsión y el tráfico de drogas a pequeña escala, el robo de celulares... Esos negocios se han descentralizado, pero no son anárquicos", argumenta.


Siempre atestado de gente, en una ciudad de ocho millones de habitantes donde no hay metro, en el Transmilenio —un sistema de autobuses articulados— se produce la mayoría de los robos. "Yo siempre me cierro los bolsillos al entrar y me coloco el bolso delante", explica Paula, una estudiante de Sociología de 18 años, cerca de una céntrica estación. Va con Tomás, al que ya han atracado tres veces en los cinco años que lleva en Bogotá, siempre a punta de navaja. "Antes de salir a hacer deporte planifico la ruta, según la hora que sea, o ya no me paro a hablar con desconocidos que me dicen algo, como al principio", cuenta.


Para María Victoria Llorente, experta en seguridad y directora de la Fundación Ideas para la Paz, "aunque objetivamente no ha aumentado la inseguridad ciudadana, lo que diferencia a Colombia en cuanto a, por ejemplo, el robo de móviles, es el uso de la fuerza. Seguimos siendo una sociedad tremendamente violenta", reflexiona.


"Aquí nos enfrentamos a un problema de criminalidad normal, pero tenemos una policía que destinó a toda su élite y sus recursos a luchar contra el narco y contra la guerrilla, donde fue muy eficaz", explica. "Ahora hay que desmilitarizarla", enfocarse, cuenta, en formar a los equipos de agentes de calle para un tipo de amenaza que ya ha cambiado, al menos en las ciudades.

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Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo

Existe un lugar en el que se entrecruzan todas las crisis y se llama hambre. En ese espacio se encuentran la crisis económica, la especulación financiera, la crisis energética y el paradigma quebrado del neoliberalismo. Las instituciones del poder buscan siempre esconder las raíces y la magnitud del problema.

 

En Roma se lleva a cabo la reunión plenaria del Comité sobre seguridad alimentaria de la FAO. Está dando a conocer su informe para 2013 sobre inseguridad alimentaria (SOFI, por sus siglas en inglés y disponible en FAO). Para el estándar de los informes de la FAO, el SOFI 2013 no es tan malo, pero cuando llega a los problemas medulares, siempre prefiere endulzar el diagnóstico. Hoy un estudio riguroso e independiente le enmienda la plana.

 

La principal conclusión del estudio SOFI 2013 es que ha habido un progreso generalizado en la lucha contra el hambre. Señala que entre 1990 y 2007 se puede apreciar una clara tendencia a la reducción del hambre en el mundo y que a partir de la crisis esa tendencia se ha mantenido, aunque a un ritmo más lento. La realidad es que los datos sobre los avances en la lucha contra el hambre están concentrados en dos países, China y Vietnam (el 91 por ciento de la reducción desde 1990 corresponde a estos dos países). El mismo informe revela que entre los segmentos de la población más vulnerable el problema se ha agravado: en los países menos desarrollados, hay un incremento de 59 millones de personas afectadas por la subalimentación en los últimos 20 años.

 

Las estimaciones de la FAO sobre población afectada por el hambre están basadas en un cálculo del umbral de calorías por debajo del mínimo requerido por una persona durante un año y con un estilo de vida "sedentaria". Esta forma de medir el hambre conduce a una subestimación significativa del problema. De esta manera el informe de la FAO puede alegremente indicar que hay "progreso" en la lucha contra este problema, pero la realidad es diferente. El número de personas con hambre podría aumentar del reportado por la FAO (868 millones) a unos mil 300 millones.

 

La FAO concluye que las metas mundiales de reducción del hambre están a nuestro alcance si se regresa a la tasa de crecimiento económico que prevalecía antes de la crisis. Pero este mensaje resulta engañoso porque el proceso de crecimiento en los años anteriores a la crisis estuvo marcado por mayor desigualdad y dependencia alimentaria. Además a la FAO parece no preocuparle el efecto del cambio en el uso de tierras cultivadas hacia la producción de biocombustibles en detrimento de la oferta de alimentos. Tampoco le inquieta la falta de regulación en los mercados de futuros y de productos básicos que ha permitido la especulación financiera en estos mercados con efectos nefastos en los precios de los alimentos. Y no le llama la atención la presencia de profundas distorsiones en los mecanismos de fijación de precios en los mercados altamente concentrados de granos e insumos agrícolas. Tal pareciera que la FAO considera que estos problemas son irrelevantes y de ahí su optimista conclusión.

 

Al igual que casi todos los informes de las agencias especializadas de Naciones Unidas, el informe SOFI 2013 evita discutir los rasgos de la economía mundial que han conducido a la crisis y que tienen serias consecuencias para la inseguridad alimentaria. De hecho, para el informe tal parece que lo único que permite reducir el hambre es el crecimiento económico. Según la FAO esto es lo que hace posible reducir la pobreza, hambre y desnutrición. A pesar de que el vínculo entre crecimiento y reducción de la desnutrición no es muy robusto, el mensaje principal de SOFI 2013 es que el crecimiento es el principal instrumento para reducir hambre y subalimentación. De este modo, la FAO evita mencionar el importante hecho de que las políticas públicas orientadas a fortalecer la equidad han sido clave en la reducción del hambre y la desnutrición. Y es precisamente en los países que acusan mayores adelantos en la lucha contra el hambre en los cuales se han aplicado políticas que fortalecen la equidad, sobre todo en términos de propiedad de activos productivos. En contraste, la FAO en su informe concentra su atención en las políticas asistencialistas de corte neoliberal.

 

De hecho, el mismo informe SOFI 2013 reconoce que sus datos no cubren los efectos de los aumentos en los precios de los alimentos de los años 2007-08 y que tampoco consideran las consecuencias de la caída en la tasa de crecimiento económico a partir de 2009. Esto es suficiente para invalidar la principal conclusión del estudio porque la crisis global ha sumido al mundo en un proceso de empobrecimiento del que no saldremos fácilmente. La cifra de 868 millones de personas que padecen hambre no es válida.

 

El informe de la FAO está marcado por un injustificado optimismo que no permite realizar un análisis objetivo sobre el problema del hambre en el mundo. Sin entender las raíces del problema no será posible solucionarlo.

 

Twitter @anadaloficial

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–¿Por qué la inseguridad se ubicó como el problema principal en la opinión pública, en América latina?

–Ateniéndonos a las cifras, hay motivos reales para el ascenso de la inseguridad ciudadana. El indicador típico es el de número de homicidios cada 100 mil habitantes por año. En 1980, había 12 homicidios cada 100 mil habitantes en América latina. Actualmente, la cifra es de 25. Los riesgos han aumentado. Ahora, las diferencias de percepción son muy grandes entre los países.

–¿A qué se deben tales diferencias?

–Si bien los riesgos han aumentado en promedio, las situaciones son muy heterogéneas. No es lo mismo el aumento del riesgo en México que en Uruguay. A las diferencias en el aumento del riesgo objetivo se suman las percepciones del riesgo subjetivo, que están dadas por factores propios de la realidad de cada país.

–¿Qué papel juegan los medios de comunicación en tal percepción de inseguridad?

–El relato que construyen sobre esta realidad puede jugar un rol muy importante en las percepciones. Si es un relato totalmente descontextualizado, que muestra episodios puntuales y no da claves para entender el contexto, la sensación puede ser de mucho miedo e impotencia. Si el relato que construyen presenta la historia como repetida e inevitable, aumenta el riesgo y aumenta la impotencia. Si el relato que construyen tiende a propiciar salidas autoritarias, están construyendo una falsa ilusión.

–¿Por qué?

–Porque las salidas autoritarias no han resuelto el problema en ningún lugar. Entonces, el relato de los medios es muy importante, tanto en la sociedad en su conjunto para la percepción de la inseguridad, como para algunos actores sociales. Está claro que los medios deben denunciar, con todas las señales, al mundo del narcotráfico, que hoy es el principal enemigo, en muchos países latinoamericanos, de la democracia misma. Pero llaman la atención investigaciones como la que desarrolló Alicia Cytrynblum, desde Periodismo Social, en la que analizó 120.000 noticias periodísticas en la Argentina en los últimos años, referidas a niños que han cometido delitos. Y la conclusión es que se estigmatiza antes de que haya una investigación seria, judicial. Los niños pobres, sospechosos, ya están precondenados por una cantidad de medios.

–Además de la forma en que los medios encuadran este asunto, ¿qué otras causas influyen en el miedo de la gente al delito?

–En Uruguay, la percepción del miedo es alta pero más baja que en el promedio de América latina. Se ha hecho una campaña sistemática desde el gobierno del Frente Amplio para tratar –sin negar el problema– de demostrar que una parte importante está totalmente ligada al cambio de modelo en términos de inclusión social. Hay tres grandes tipos de delito en nuestra sociedad.

–¿Cuáles?

–El crimen organizado, que tienen que enfrentar fundamentalmente la policía y la justicia. La policía y la justicia deben ser ayudadas, apoyadas, modernizadas, dotadas de los presupuestos necesarios y tecnificadas, para poder enfrentar al crimen organizado y desarticularlo totalmente. Otro es la criminalidad de jóvenes, lo que yo llamo la delictualidad joven.

–¿Qué rasgos distinguen a esta delictualidad joven?

–Tiene que ver con el modelo. Las últimas cifras muestran que 20 por ciento de los jóvenes de la región están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. Y no por decisión propia, sino por las regresividades del modelo. El tercer tipo de delictualidad es la violencia doméstica, muy significativa en nuestra sociedad, y su génesis tiene que ver con la cultura del machismo y con el modo en que esas estructuras han permeado las instituciones que deberían dar respuesta. En lugar de resolver, muchas veces consagran la impunidad en este campo y movilizan la sensación de impotencia de la víctima. En uno de los simposios que organizamos para estudiar este tema, vino la ministra del Interior del Uruguay, del Frente Amplio.

–¿Y cuál era su posición frente a esta cuestión?

–Ella dijo: “Nosotros invertimos en seguridad el 60 por ciento del presupuesto público”. Nosotros nos interrogamos qué quería decir esa cifra. Y ella aclaró: “Claro, porque el 60 por ciento del presupuesto público está invertido en educación, salud e inclusión de jóvenes. Entonces, la inversión en ‘seguridad’ lleva el 60 por ciento del presupuesto público”. Ese es un modelo.

–¿Qué relación existe entre la percepción de inseguridad y la tasa de victimización efectiva? Hay autores que hablan de que hay una autonomía relativa entre estos dos niveles.

–Se corre el riesgo de caer en un maniqueísmo.

–¿En qué sentido?

–Sería maniqueo decir que la gente siente inseguridad sólo por los medios. Siente inseguridad porque, objetivamente, la tasas de inseguridad han aumentado en la región y las correlaciones entre eso y el aumento de la pobreza y de la juventud excluida es muy clara. O sea, si hay inseguridad en el Gran Buenos Aires en una medida mucho mayor que en la mayor parte de los centros urbanos, es porque hay una delictualidad joven de 500 mil a 800 mil, según las estimaciones que se tomen. Ese es un factor absolutamente real. Pero también es maniqueo no entender el rol que juegan las informaciones que todos los días se repiten a la población sobre el problema.

–¿Cree que el problema reside en la cantidad de información?

–No, es un problema de encuadre de la información. Cualquier medio en el mundo que durante todo el día difunde noticias sobre actos criminales, aunque esos actos sean seis por día nada más, se puede crear un clima de alarma muy serio en la población. Por eso importa el encuadre. En cambio, difunde 50 por día pero los encuadra; hay una tasa de desocupación altísima, hay una deserción escolar muy grande, en cuanto bajemos los niveles de deserción escolar y desocupación esto se va a reducir... es otra la percepción de la realidad. Entonces, yo diría que no hay una autonomía relativa, están ligadas pero sí hay niveles de percepción que tienen que ver con cómo se maneja la comunicación de masas y cómo se maneja el mensaje desde las alturas del poder.

–¿No cree que la inseguridad excede al delito? Que hay otros aspectos que la integran.

–El delito produce todo tipo de daños en la sociedad. Daños directos e indirectos. Entre los daños indirectos está el miedo. La presencia del delito y su centimetraje en los medios supone un mensaje de mano dura, una combinación casi de película de terror. Por un lado, está el delito que sube. Por otro, algunos medios buscan ganar rating utilizando el delito como centimetraje. Además, está el discurso de la mano dura que agranda la magnitud de lo que está sucediendo, para lograr apoyo a propuestas draconianas.

–¿Y cuáles son las consecuencias de ese discurso?

–El discurso de la mano dura en término de políticas públicas ha fracasado permanentemente, ha logrado subir efectivamente el presupuesto de seguridad, pero no ha logrado reducir para nada el delito. Entonces, es un discurso que termina en frustraciones y magnifica la sensación de impotencia.

–También se habla de inseguridad en referencia a los jóvenes –sobre todo de sectores populares– que temen a la policía. Entonces, ¿inseguridad para quiénes y frente a qué actores?

–Yo mencionaba anteriormente que hay inseguridad en la ciudadanía y que hay inseguridad, injustamente, en aquello que ha sido puesto bajo sospecha. Tal es el caso de los millones de niños considerados sospechosos por ser pobres, en la Argentina y en otros países de América latina. De antemano, son considerados delincuentes en potencia. En algunos casos lo están pagando con la pena de muerte.

–¿En qué casos, por ejemplo?

–En varias ciudades prosigue el exterminio de niños de la calle. Las bandas parapoliciales les aplican la pena de muerte directamente. Por otro lado, una parte importante de los delitos están concentrados, son delitos al interior de la pobreza. Entonces, la inseguridad ciudadana, en primer lugar, la pagan los pobres, que están bajo sospecha, reciben una dosis importante de los delitos y, además, no tienen cómo protegerse ni defenderse. Mientras las clases altas han inventado los autos blindados o viajan en helicóptero a sus tareas, como sucede con algunos altos ejecutivos de América latina. Los que están en inseguridad mayor, en términos proporcionales, son los sectores más pobres, lo que no quita que sea totalmente legítimo el reclamo de cualquier ciudadano, sea de clase alta o media.

–¿Por qué cree que a la inseguridad se la ha dado un tratamiento eminentemente policial?

–El tema tradicionalmente se ha colocado en el encuadre puramente policial. Desde ya que hay componentes policiales. Para mí, el crimen organizado es un tema policial y judicial. Hoy debe ser encarado desde esa óptica, con una policía de la máxima eficiencia, que hay que construir en América latina.

–¿Y en cuanto a los delitos que exceden el crimen organizado?

–Encuadrar el tema de la delictualidad joven como un tema policial es un error gravísimo para una sociedad. Es relevante el caso de los Estados Unidos, donde durante mucho tiempo se encuadró el tema de la delictualidad joven como un tema policial. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo: dos millones cien mil reclusos, el mismo número que estudiantes en los Colleges. Y las cárceles se han vuelto insostenibles desde el punto de vista presupuestario. A tal punto que muchos Estados exigieron otras soluciones, no por ideología sino porque es imposible financiar el presupuesto de seguridad.

–¿Cuánto destina Estados Unidos a la seguridad?

–Es mayor al de los departamentos sociales del gobierno juntos: trabajo, salud, bienestar social. Hay un regreso a la revisión del encuadre, encabezado por los medios masivos –The New York Times, Los Angeles Post, Los Angeles Times–, con editoriales permanentes sobre el tema. Hay investigaciones serias que demostraron que este camino es inviable, que es imprescindible buscar mecanismos alternativos. Una propuesta de The New York Times, juntamente con muchos Estados, es multiplicar los grupos terapéuticos de apoyo para la rehabilitación de los consumidores de drogas, en lugar de meterlos en las cárceles. En América latina es difícil aplicar ese tipo de políticas.

–¿Por qué?

–Porque los grupos de apoyo para la salida de las drogas son escasísimos. El The New York Times propone despenalizar los consumos pequeños para uso personal y reemplazar la pena por apoyo terapéutico. La ley de la segunda oportunidad ha sido aprobada masivamente por el Congreso norteamericano, mientras que en América latina el enfoque puramente policial lleva a que, cuando alguien sale de la cárcel y comete un delito, desde la mano dura y desde algunos medios masivos de comunicación, se culpa a los jueces y se dice “debieron haberlo mandado por muchos más años a la cárcel”. En Estados Unidos descubrieron que dos terceras partes de los delincuentes jóvenes salen de la cárcel y vuelven antes de tres años. Se encontró con que las mismas razones que los llevaron originalmente a la cárcel –falta de trabajo, pobreza, desesperación para sobrevivir– se agravan totalmente cuando salen de la cárcel, porque en su currículum vitae figura que estuvieron en la cárcel.

–¿De dónde surge ese estudio?

–De universidades en Estados Unidos. The New York Times lo llama “la puerta giratoria”, pues se condenan si el Estado no les da una segunda oportunidad en la vida. Ahora, si alguien sale de la cárcel, la política pública está obligada a apoyarlo, entrenarlo, conseguirle trabajo, incluirlo.

–¿Mediante qué planes específicos?

–Mediante la Ley de la Segunda Oportunidad. El que sale de la cárcel y no recibe eso puede demandar al Estado y exigirlo.

–Aquí también hay mucha influencia de los medios sobre la ciudadanía, y no se trata de medios que hagan propuestas progresistas en este sentido.

–Un día antes de la última elección, The New York Times publicó su encuesta. En su editorial pidió votar por los demócratas, porque los diarios en Estados Unidos se suelen definir en sus editoriales por quién votar. Pero su primera página daba las cifras del resultado: una ventaja muy grande para los sectores más conservadores. Ese es un ejemplo de cómo un diario tiene una línea principista en cuanto a su ideología, pero la veracidad de la información estaba por encima de cualquier postulación.

–En términos estructurales, ¿debe un medio proponer políticas públicas?

–Los medios son un factor de poder, es una realidad. La cuestión, a partir de ahí, es cómo manejan ese poder, si lo manejan a través de la honestidad periodística y el principismo periodístico o manipulando su poder para obtener beneficios en pos de determinados intereses económicos. La noticia amarilla con respecto al crimen es una manera de manejar poder para vender más, sin tener en cuenta los perjuicios fenomenales que eso causa y el miedo que eso genera en la población. La prensa amarilla existe en Nueva York, diarios que tienen noticias amarillas desde sus primeras páginas y venden mucho. Y también existe The New York Times, considerado un líder mundial en credibilidad periodística, junto con Le Monde. Los medios tienen poder. La cosa es cómo lo usan. En el tema de la seguridad ciudadana hay que discutirlo en profundidad, porque pueden formar parte de la solución, pero también del problema.

–En el libro, Rafael Filizola, ministro del Interior del Paraguay, habla de un falso dilema entre inseguridad y derechos humanos. ¿A qué se refiere con esta idea?

–En Argentina se habla de “garantistas” y “pragmáticos”. En Paraguay, la percepción es mucho más baja que en otros países de América latina. Y allí hay una campaña de lo que yo llamo el “enfoque integral”. Está la policía, pero también está la propuesta de crear empleo para los jóvenes excluidos, crear cobertura educacional para los niños pobres. Más educación, más seguridad. Asimismo, otro factor fundamental para prevenir la delincuencia es la familia. Si opera, transmite valores éticos y tutorea. El tema “mano dura o derechos humanos” se ha planteado en los enfoques totalitarios con muchísima frecuencia. “Obediencia debida o derechos humanos”. Las propuestas del ex presidente Menem de confiarle al Ejército la seguridad ciudadana pueden llevar a un camino muy regresivo. Se sacrifican los derechos humanos con el argumento de que el fin justifica a los medios, y el fin no se cumple jamás. El “enfoque integral” donde estamos junto con Filizola, con la ministra del Interior del Uruguay, con Lula, con la gente que empezó ahora en la Argentina y va a implementar en la provincia de Buenos Aires “la segunda oportunidad”, da salidas.

–¿En qué instancia está la segunda oportunidad en la provincia de Buenos Aires?

–Se está aprobando legislación por la cual algunos reclusos que salgan de la cárcel van a tener opción de tener un puesto de trabajo en el Estado. Sacrificar los derechos humanos no conduce a ningún lugar, la seguridad real tiene que ver con respetar los derechos humanos de los excluidos. Por ejemplo, un país en el mundo donde se respetan los derechos humanos de todos es Noruega. En Noruega, la cantidad de homicidios cada cien mil habitantes es menor a uno. En América latina es 25. Lo consiguen en base a respetar los derechos humanos de todos los jóvenes, mediante la inclusión total: todos lo jóvenes tienen derecho a primaria, preescolar, universidad, al trabajo, a la salud. El verdadero respeto de los derechos humanos de la población es un pilar para la seguridad ciudadana.

–¿Y qué sucede con el crimen organizado y la corrupción policial, por ejemplo? En muchos casos, los jóvenes son obligados por la propia policía para cometer delitos, a veces, con desenlaces fatales.

–Hubo experiencias en la provincia de Buenos Aires donde se trató de crear una escuela para formación de nuevos cuadros, que fue exitosa el tiempo que duró. Entonces, se puede construir una policía democrática y pro población. No es imposible. Se menciona, con frecuencia, la experiencia de Nicaragua.

–¿En qué consiste?

–En un trabajo de décadas se ha logrado construir una “policía de vecindad”, que tiene excelentes lazos con el vecindario y trabaja junto con los poderes públicos en la prevención de la delincuencia juvenil. No se trata de que no necesitamos ninguna policía, necesitamos una policía moderna, democrática, meritocrática y que trabaje con la sociedad permanente.

Por Natalia Aruguete
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