Tras su detención, Añez es escoltada miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.  ________________________________________ Imagen: AFP

Detenida en Bolivia, fue acusada de sedición, conspiración y terrorismo

Tras ser arrestada el viernes, la expresidenta de facto eligió no declarar  en la primera oportunidad que tuvo. Hasta ahora se limitó a enviar cartas: una al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otra para Michael Dóczy, embajador de la delegación europea en Bolivia.

 

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió no declarar este sábado ante la Fiscalía de La Paz. La exmandataria hizo uso de su derecho al silencio en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de Gobierno, donde pasó la primera noche después de su detención.

Áñez está siendo investigada por delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa por el golpe de Estado al presidente constitucional Evo Morales Aymá en noviembre de 2019. También fueron acusados varios de los miembros de su exgabinete, así como exaltos mandos militares y de la policía.

Áñez fue detenida ayer en la localidad de Trinidad en Beni, casi 600 kilómetros al noreste de la capital boliviana un poco antes de la una de la madrugada y después de una búsqueda intensa por parte de agentes de la policía. Según informó el  diario santacruceño El Deber, la familia de la exmandataria de facto intentó impedir la detención de Áñez. Sus primos y su hija incluso fueron detenidos brevemente por resistir el arresto  de la exsenadora y exmandatario de facto. El matutino La Razón informó que Áñez cumplió con una entrevista policial realizada por el comandante Aguilera y posteriormente fue transportada en avión a la capital.

Detención  y cartas a la OEA


Las imágenes que trascendieron en la televisión boliviana mostraron a una Áñez que no llegó esposada al aeropuerto y que estuvo escoltada por el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Castillo y varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, Áñez giró en las últimas horas cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Así lo informó el diario La Razón de Bolivia. Según el matutino, la exmandataria interina espera que los organismos envíen misiones para evidenciar la supuesta persecución política por las acusaciones que se le hacen a raíz del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Una de las cartas están dirigidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quién aún no se ha pronunciado sobre la detención de Áñez. La otra misiva tiene como destinatario al embajador de la delegación europea en Bolivia, Michael Dóczy.

Respuesta internacional

El Grupo de Puebla, una de las alianzas de países más activas de Iberoamérica, mostró su respaldo a la detención. “Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Sin justicia ni reparación ante las violaciones de DDHH, las sociedades no sanan. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un Golpe de Estado y debe ser juzgado”, compartieron en el perfil de Twitter.

En cambio desde la Casa Blanca no fue emitido ningún comunicado sobre las detenciones de la administración de facto. El único mensaje de Estados Unidos vino de la encargada interina de Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung y tampoco hizo una alusión directa a los arrestos por la investigación del golpe de Estado que depuso al exmandatario constitucional en 2019. "Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana", publicó Chung en su cuenta de Twitter.

Sacaba y Senkata

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que el Alto Mando Militar hizo desaparecer documentación e información digitalizada sobre las represiones en Sacaba y Senkata, que dejaron 37 muertos y más de 500 personas heridas. Novillo habló el viernes en un acto realizado en el comando de Estado Mayor de la ciudad de La Paz. “No existe al cien por ciento toda la información, es el primer dato. Al momento de irse los militares golpistas han limpiado huellas, documentación (e) información cibernética, en datos y computadoras,” dijo. Además, afirmó que cada una de las fuerzas iniciará un sumario para identificar a los responsables de la pérdida de documentación e información digital.

La Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa hizo un llamado para recordar a las víctimas de Sacaba y Senkata. Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas descartó que la detención de la expresidenta y sus funcionarios se trate de una cacería. “No es cacería, que rindan cuentas a la Justicia”, aseveró Flores en conferencia de prensa.

La causa

La orden de la fiscalía para detener a la expresidenta de facto y a miembros de su gabinete se realiza a partir de la denuncia por el golpe de Estado de 2019 presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS). El viernes se conocieron las disposiciones de captura para Jeanine Áñez y los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). El documento de la fiscalía además argumenta que las órdenes de detención se establecen por el riesgo de fuga de los involucrados  y la facilidad  que tienen de abandonar el país. Actualmente los exministros de Gobierno y Defensa,  señalados en la causa por la ruptura constitucional de 2019, residen en EE.UU.

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Jeanine Añez, fungiendo como presidenta de Bolivia

 

La orden de captura alcanza también a cinco de sus exministros y a la cúpula militar que en 2019 pidió la renuncia del expresidente Evo Morales

 

La Policía de Bolivia detuvo la madrugada de este sábado a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, bajo la acusación de “sedición y terrorismo” por los sucesos que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales del poder y su marcha del país en noviembre de 2019. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desde las redes sociales. La detención se produce horas después de que la justicia del país sudamericano ordenara su captura.

Las órdenes alcanzan también a miembros de su Gabinete de Ministros y a la cúpula de las Fuerzas Armadas de entonces. Las detenciones se han acelerado tras la petición de un fiscal, que cargó contra todos los jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de Morales. Las autoridades sospechan que parte de los buscados se encuentran ya fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al Socialismo, en el Gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió Áñez el viernes en su cuenta en Twitter.

El día que la cúpula militar forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo. Allí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre.

Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial se encuentran bajo detención domiciliaria. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado y ahora vive en Colombia.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. Está a la espera de acceder a la detención domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en el pasado. Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra del Gobierno de Morales. La Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con el excomandante. Si está fuera del país, no lo ha hecho legalmente, según los registros.

Las órdenes de detención alcanzaron también al sector político. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Áñez, fue arrestado pese a que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro estatal”. También fue detenido el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. La orden de detención incluye al exministro de Gobierno Arturo Murillo; el de Presidencia, Yerko Núñez, y el de Defensa, Fernando López. El arresto de los exministros sorprendió a la opinión pública boliviana, ya que el proceso se había concentrado hasta ahora en juzgar los momentos previos a la renuncia de Evo Morales y sus causas.

Una de las aristas relevantes de este caso es la naturaleza de los delitos que se les atribuye a los detenidos. Sedición y terrorismo conllevan en Bolivia penas de entre cinco y 20 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía se suma así a la tesis del oficialismo, que denuncia que los acontecimientos de 2019 fueron un “golpe de Estado”. La oposición ha defendido, sin embargo, que aquellos sucesos fueron tan explosivos que terminaron por arrastrar a las instituciones del orden a participar en un “levantamiento popular” contra la reelección de Morales.

Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina, reprochó que la justicia continúe “persiguiendo a jefes militares”. “El presidente [Luis Arce] comete un error al dejar que fiscales politizados compitan para usar los derechos humanos para ganar puntos con el Gobierno. Las relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado”, ha dicho en Twitter.

De acuerdo con la demanda original, el juicio debería incluir también a dos civiles: el líder de las protestas contra Morales y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un conocido empresario, a los que se acusa de haber pagado a varios policías para que se sumaran al motín. Un hecho clave que precipitó la caída del Gobierno del MAS. Los fiscales no los han imputado hasta ahora, aunque sí han tratado dos veces de convocar a Camacho como testigo. En las dos ocasiones el político convirtió los actos judiciales en los que debía declarar en multitudinarias demostraciones políticas.

Por Fernando Molina

La Paz - 13 mar 2021 - 06:25 UTC

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"No puedo permitir que esto le pase a alguien más": el impactante testimonio de una fotógrafa que fue drogada y abusada sexualmente por un colega

El presunto agresor fue capturado por las autoridades colombianas la mañana de este lunes.

 

Las autoridades colombianas capturaron al fotógrafo colombiano Daniel Alexander Buitrago Cruz, denunciado en un video por presuntamente drogar y abusar sexualmente de su colega Diana Quirós, en Bogotá, la víspera de que realizaran las fotos de una boda.

Quirós publicó en las redes un registro audiovisual donde narró detalladamente lo ocurrido entre la noche del 26 de febrero y la madrugada del día siguiente, en la capital colombiana, con el fotógrafo de eventos sociales conocido en el medio como Alex Cruz.

"Es una situación muy humillante para mí, para mi familia, pero no puedo permitir que esto le pase a alguien más, no puedo estar tranquila si sé que está por ahí, acercándose a quinceañeras, tomándoles fotos", afirmó la joven en el clip que colgó en todas sus redes sociales.

La captura

La Fiscalía publicó en su página web que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en la localidad bogotana de Kennedy, "a un fotógrafo que fue denunciado por una colega a través de medios de comunicación, por el presunto acceso carnal al que la habría sometido". 

En la cuenta de Twitter del organismo se colgó un video donde se observa el momento de la detención del hombre, cuya identidad es protegida, y que fue efectuada este lunes en su vivienda. 

Previamente, el esposo de la fotógrafa había adelantado la información en la cuenta de Facebook de ella.

¿Qué ocurrió?

En el duro testimonio de Quirós, quien reside en Medellín, la joven explicó que ambos habían acodado hacer el registro de un matrimonio que se llevaría a cabo en Villa de Leyva, departamento de Boyacá, el 27 de febrero.

De acuerdo con lo narrado, la fotógrafa se trasladó a la capital colombiana, la noche anterior al compromiso laboral, para desplazarse al día siguiente al lugar donde sería el matrimonio, a unas tres horas de distancia de Bogotá.

"Había hecho una reserva para amanecer en un hotel, pero Cruz me dijo que la cancelara porque me tenía una habitación en casa de su hermana", contó la víctima.

En el camino compraron comida y media docena de cervezas. Al llegar al sitio, Quirós se dio cuenta de que la vivienda era de un hermano, y no de una hermana, como le había dicho su compañero. Al verlos, el hombre se fue del lugar con una maleta y los dejó solos en el apartamento.

"No le vi nada de malo porque tenía a Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida. Me sentí en compañía de un buen amigo, realmente", asevera en el clip de poco más de cinco minutos.

"No recuerdo nada más"

Mientras Quirós revisaba en la computadora las imágenes del sitio a dónde irían, su anfitrión se ausentó y bajó a la portería del edificio.

"Cuando subió, comenzó a preparar los alimentos, tomamos cerveza, normal. De un momento a otro, no recuerdo nada más", afirma.

La joven asegura que tiene lapsus de lo ocurrido entre las 11:30 de la noche y las 2:00 de la mañana. "Desperté por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos, tenía a Cruz encima, con las dos manos en mi cuello y me estaba ahorcando". En medio de la agresión, como pudo, salió corriendo del departamento y pidió auxilio en la calle a un taxista que la llevó a un hotel.

En el video se observan mensajes escritos por Cruz a su celular. "Dianita, no me hagas eso, quedo preocupado, te lo pido con el corazón. Háblame, ¿estás bien? Vas conmigo, te necesito".

En el hotel llamó a la Policía y al número 155 de atención a la mujer. Posteriormente, la recogió una ambulancia y fue llevada a la Clínica Palermo, en la capital, donde estuvo hospitalizada por dos días.

Drogada y abusada

"No se imaginan lo que son esos exámenes para verificar si hubo o no abuso sexual, luego tener que repetirlos en Medicina Legal", dice la joven con la voz entrecortada.

En las páginas el informe forense, del que se ven fragmentos en el video, se lee que la víctima dio positivo para fenciclidina, una droga con efectos alucinógenos y neurotóxicos, más conocida como 'Polvo de ángel', 'Píldora de la paz' ​​o 'Hierba mala'.

Finalmente, Quirós leyó un mensaje escrito en la pantalla de su teléfono celular: "Lo cierto es que una mujer debería tener derecho y libertad de estar en cualquier lugar del mundo, en compañía de la persona que sea, sin sentir miedo, sin ser violentada. No puede ser que este tipo de actos se vean justificados porque uno como mujer confió, porque creyó que estaba con una persona que sería incapaz de hacer daño".

En 2020, Medicina Legal practicó 15.462 exámenes por presuntos hechos de violencia sexual a mujeres en Colombia, recoge la organización no gubernamental Sisma Mujer en un

Publicado: 8 mar 2021 20:57 GMT

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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Lunes, 08 Marzo 2021 05:39

Rebeliones

La batalla actual para sindicalizar un mega-almacén de Amazon en Alabama se acompaña, como todas las luchas en Estados Unidos, por los ecos de la historia de rebelión en el país. En la imagen del viernes pasado, un participante en una protesta de apoyo a la sindicalización de trabajadoras de la empresa Amazon en Nueva York.Foto Afp

La historia de Estados Unidos, como todas, no se puede entender sin contar las rebeliones. Esa historia está sujeta a incesantes intentos de borrarla, purificarla, domarla –hasta proclamar días festivos oficiales a líderes rebeldes y ponerles monumentos que ocultan más de lo que revelan– y mantenerla semisecuestrada para que no vaya a inspirar a nuevas generaciones. Todos los días se batalla por la historia real y completa del país, y cada movimiento contemporáneo tiene que dedicarse a rescatar a sus antecesores. Esa historia rebelde es aun menos conocida afuera de este país, y sin ella es fácil reducir la visión sobre lo que ocurre en Estados Unidos a una versión de estereotipos demasiada centrada en Washington, Hollywood y Disneylandia.

La lucha contra la amnesia histórica no es tan simple, ya que no es resultado de censura explícita y más aún existe material vasto, con algunas aportaciones excepcionales, generado por Hollywood y la televisión (comprobando que una parte de la izquierda estadunidense se puede encontrar en ese mundo entre guionistas y directores).

Esa historia es presentada de manera fragmentaria en museos y en la academia, como en bibliotecas y por innumerables proyectos literarios. Aun así, esa historia de rebeliones es capturada y presentada de tal manera para que no vaya a provocar, pues, rebelión.

Uno puede visitar los monumentos a Martin Luther King y festejar su día oficial, al igual hay avenidas llamadas César Chávez en California, ver películas sobre Malcolm X y John Reed, y algunas clásicas basadas en los libros de Steinbeck y más recientes como la del Juicio de los 7 de Chicago, como todo tipo de expresiones y exposiciones sobre líderes de la lucha feminista, de los gays, algunas –muchas menos– de luchas obreras, ambientalistas, y más pocas aún sobre luchas indígenas.

Vale recordar que historiadores rebeldes como Howard Zinn dedicaron su vida a rescatar la "otra historia" de este país, junto con Mike Davis, Eric Foner, Greg Grandin entre otros, junto con periodistas que hacen presente la historia como Studs Terkel y Bill Moyers, y existe un magnífico mosaico de proyectos de educación popular como los impulsados por el Highlander Center en Tennessee que hacen viva y resucitan la historia rebelde del país, junto con otros proyectos (https://www.zinnedproject.org; https://studsterkel.wfmt.com; https://highlandercenter.org).

Nuevos movimientos están rescatando a sus antecesores y los hacen presentes hoy día. La Campaña de los Pobres explícitamente reinicia la última lucha del reverendo King, donde él fusionó las demandas por derechos civiles con las de la justicia económica y derechos de los trabajadores (algo de lo cual casi nunca se menciona en los festejos oficiales de su vida). La lucha indígena apache en defensa de su tierra sagrada en Arizona contra mineras transnacionales, como la de los pueblos sioux y otros contra los gasoductos en el norte del país; la batalla actual para sindicalizar un mega-almacén de Amazon en Alabama, su dueño el multimillonario más rico del planeta.

La batalla de años por elevar el salario mínimo a 15 dólares impulsado por trabajadores de comida rápida y ahora bajo debate en el Congreso, las luchas que fueron claves en derrotar el proyecto neofascista en las elecciones federales, sobre todo las impulsadas por coaliciones y alianzas extraordinarias y sin precedente entre movimientos afroestadunidenses, latinos e indígenas, así como las incesantes luchas por los derechos de los inmigrantes -–que usan consignas de luchas anteriores aquí como las de las luchas de sus pueblos de origen–, todas son acompañadas por los ecos de la historia de rebelión en Estados Unidos.

Pero el rescate de la historia de los pueblos es parte del rescate de su futuro. "Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado", dijo George Orwell. Por eso, en los ecos de historia de rebelión que se manifiestan hoy, están las claves del futuro de este país.

Bruce Springsteen & Tom Morello. Ghost of Tom Joad. https://www.youtube.com/watch?v=B-c6GphpAeY

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La Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en los territorios palestinos

Pone bajo la lupa delitos cometidos desde junio de 2014 

Mientras el premier israelí Benjamin Netanyahu lanzó fuertes críticas hacia la decisión del tribunal con sede en La Haya, la Autoridad Nacional Palestina saludó la "medida largamente esperada".

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció hoy que abrió una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel o por grupos armados palestinos en los territorios bajo ocupación israelí.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó en un comunicado que la investigación iniciada por su oficina abarcará los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en el texto. En 2019 Bensouda afirmó que había fundamentos razonables para abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y en la colonización israelí de Cisjordania.

A inicios del pasado febrero un fallo de la CPI dictaminó que el organismo cuenta con la autoridad para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. La decisión suscitó fuertes críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que en ese momento calificó al CPI de “tribunal político”.

"El tribunal creado para evitar que vuelvan a suceder atrocidades como las perpetradas por los nazis contra el pueblo judío ahora se pone en contra del Estado del pueblo judío", afirmó Netanyahu sobre la decisión de abrir una investigación. Sumándose a las críticas, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi también calificó la decisión como “política” y aseguró que Israel tomará las medidas necesarias para proteger a sus civiles y soldados.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) saludó la decisión de la fiscal Bensouda, que dejará su cargo en junio próximo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también celebraron la investigación de la CPI. “Esta medida largamente esperada sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz", informó el ministerio en un comunicado. La ANP suscribió a la CPI en 2015 y desde entonces busca que se investigue las acciones de Israel en territorio palestino.

La ANP pidió específicamente que se investiguen las acciones israelíes durante un ataque militar ocurrido en Gaza en 2014 y que tenía como objetivo al movimiento islamista palestino Hamas. También pidió la investigación sobre la creciente colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén. Bensouda afirmó que también investigarán a Hamas por lanzar cohetes de forma indiscriminada hacia territorio israelí durante la ofensiva de 2014.

Desde Hamas también saludaron la la decisión de la fiscal Bensouda. "Damos la bienvenida a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra de la ocupación israelí contra nuestro pueblo. Es un paso adelante en la senda hacia la paz", dijo el vocero de Hamas en Gaza, Hazem Qassem."Nuestras acciones (de resistencia) son legítimas", agregó.

La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) se mostró a favor de la decisión de la corte internacional. "Los países miembros de la CPI deben estar listos para proteger fuertemente el trabajo del tribunal de cualquier presión política", dijo en un comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de HRW.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos. El organismo comenzó a funcionar en 2002 y es el único tribunal internacional que juzga a responsables de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:26

Impuesto global a las corporaciones

Impuesto global a las corporaciones

Propuesta de reconocidos economistas a Joe Biden

 

Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh, con el apoyo de otros economistas como Thomas Piketty, le escribieron una carta abierta a Joe Biden pidiendo remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales y eliminar "uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales".

"Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos".

Los economistas calculan que con las desviaciones de ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales: "Este déficit afecta no sólo a Estados Unidos, donde alrededor del 50 por ciento de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor", agregan los economistas.

La propuesta más fuerte en este sentido es la de imponer un impuesto mínimo global: si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25 por ciento sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90 por ciento de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25 por ciento o más. "Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas", explica la carta.

Los economistas reforzaron que no existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. "Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar", concluyen. 

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Domingo, 21 Febrero 2021 05:37

Guerra de nervios

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

La resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por “calumniar” a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar “con efecto inmediato” al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de “injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano” y afirmó que la exigencia es “de antemano incumplible”, porque pretende “suplantar la justicia rusa y anular un veredicto”.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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