Trump muestra una portada de periódico sobre su impeachment.- EFE

El Senado de Estados Unidos absuelve al expresidente en su segundo juicio político por 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, aunque se necesitaban 67 votos favorables.

 

El expresidente de EEUU Donald Trump ha sido absuelto este sábado por el Senado, bajo control demócrata, de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, constituido como jurado en este juicio político  o impeachment, salvaron a Trump e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes votos para condenarle.

El propio Trump ha dado la bienvenida a su absolución y ha avisado de que su movimiento para "Hacer a EEUU grande de nuevo" ("Make America Great Again") solo "acaba de empezar".

"Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para 'Hacer a EEUU grande de nuevo' solo acaba de empezar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!", dijo en un comunicado

Los siete republicanos contra Trump

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por "incitar a la insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

El marcador final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al examandatario, algo que desde el principio parecía altamente improbable debido a la influencia que Trump aún tiene en su base de votantes.

A favor de absolver al expresidente votó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, una figura muy influyente en el partido y que al principio se había mostrado abierto a una condena.

Sin embargo, esta mañana, el equipo de McConnell filtró a la prensa que pensaba absolver al exmandatario, lo que con toda seguridad influyó en el voto de algunos de sus correligionarios.

En las últimas horas del juicio político, la defensa de Trump se esforzó por defender el derecho a la libertad de expresión del expresidente y lo retrató como un garante de "la ley y el orden" en un retrato manipulado de los hechos, en el que culpó a los demócratas de incitar a la violencia, algo que es falso.

"Este juicio político ha sido una farsa completa de principio a fin. Todo este espectáculo no ha sido más que la búsqueda desquiciada de una vendeta política de larga data contra el señor Trump por parte del partido de la oposición", dijo uno de los letrados del exmandatario, Michael Van Der Veen.

Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de "fiscales" en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente asilado.

Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

En un último intento por ganar una batalla que ya se veía perdida, el legislador demócrata Jamie Raskin, que lidera la acusación contra Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y votaran su conciencia, poniendo a EEUU por encima de sus colores políticos.

"Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?", preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio.

"Senadores -rogó Raskin,- este no puede ser nuestra nueva normalidad. Esto tiene que acabar".

El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de "fiscales"; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.

Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible.

washington

13/02/2021 21:52 Actualizado: 13/02/2021 22:44

EFE

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Domingo, 14 Febrero 2021 05:31

Brasil: razones y dilemas de Lula

Brasil: razones y dilemas de Lula

Desde Río de Janeiro.Lula da Silva (foto) vive una situación similar a la que vivió en 2018. Condenado, espera el desenlace de su situación jurídica, para tomar una decisión definitiva. Pero Brasil está atravesando una situación diferente y esto puede marcar la diferencia en las razones y dilemas de Lula. Pude conversar con él para entender mejor su posición.

Sabe que las situaciones son similares, pero con varias diferencias significativas. En 2018, a pesar de que fue arrestado y condenado, era el favorito para ganar en la primera ronda, como lo demuestran las encuestas. Extendió el plazo al máximo, esperando que su situación cambiara y fuera candidato. Cuando consideró que se habían agotado los plazos, lanzó a Fernando Haddad como candidato.

Ahora la expectativa es formalmente la misma, pero en un escenario político muy diferente. Con la desmoralización de Lava Jato y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, la erosión de la imagen del presidente Jair  Bolsonaro, el clima político y legal es muy distinto. Incluso en sectores  insospechados de ser lulistas hay consenso para reconocer no solo su inocencia, sino también que hubo un operativo expreso para evitar su elección. Que es una forma de reconocer que hubo un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores (PT) y que la elección de Bolsonaro fue producto de una manipulación gigantesca

Y que, por lo tanto, Brasil no vive en democracia, hay que restaurarla. (Contrariamente a la afirmación del juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que reiteradamente difunden en los medios de comunicación, en la que dice “vivimos en una democracia muy consolidada”.)  Por supuesto, esta gente todavía necesita atar los cables, para que el razonamiento sea completado, pero el consenso es favorable a Lula, independientemente de las decisiones del Poder Judicial.

Pero la posición de Lula es, en esencia, la misma que terminó adoptando en 2018:  preferiría ser candidato, solo no lo sería si la Justicia se lo impidiera. Sabe que la disputa es dura y decisiva en 2022 y está dispuesto a afrontarla si ha recuperado sus derechos políticos.

Lula también saca conclusiones de la experiencia de 2018. No cree que tenga derecho a dejar el PT a la espera de una situación similar. Por eso le dijo a Haddad que ocupara sus espacios, que no se quedara esperando, pendiente de la situación de Lula, que se estiró mucho. Aunque tiene mucho más tiempo, se hace más largo.

Ya há vivido esa situación y prefiere no repetirla. Está listo para pelear. Cuando le dicen que regrese a las calles lo antes posible, reacciona con entusiasmo. Pero también él tiene mucha consideración y confianza en Haddad. Da la impresión de que, si es el candidato y vuelve a ser presidente de Brasil, Haddad tendrá un lugar esencial en su gobierno. Y, de hecho, si no puede ser candidato, apoyará a Haddad.

La diferencia está en la gigantesca presencia de la imagen de Lula, que lo llevó a ser gran favorito en 2018 y las dificultades de la candidatura de Haddad. Por supuesto, Haddad fue víctima de la monstruosa operación mediatica y de la huida de los debates por parte de Bolsonaro, con la complacencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación.

Bolsonaro ya demostró, en su enfrentamiento con el Parlamento, que utilizó todos los recursos para derrotar a sus oponentes en el campo de la derecha - Joao Doria y Rodrigo Maia, después de haber logrado marginar a Moro-, para demostrar que la batalla de 2022 será la madre de todas las batallas.

La izquierda debe hacer todo lo posible para contar con Lula, el mejor candidato para enfrentar a Bolsonaro. Si la izquierda es consciente de que su principal objetivo es derrotar a Bolsonaro, restaurar la democracia y retomar un modelo de desarrollo con distribución de ingresos, tiene que luchar por la candidatura de Lula como objetivo central.

Todos los de la izquierda deben enfrentar los desafíos que definirán el destino de Brasil durante mucho tiempo. No es de extrañar de que el PT estará a la altura de sus responsabilidades y tendrá su propia candidatura en la primera vuelta, que debe ir a la segunda vuelta y contará con los votos de otros candidato de izquierda en la segunda vuelta. Que el PT debe estar presente en el ballotage, con Lula o Haddad. La victoria depende de la capacidad para unir todas las fortalezas, elegir las mejores alternativas y llegar unidos en la segunda vuelta.

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Lo que la izquierda debería pensar sobre los impuestos

Cada vez se oye más a menudo que “los impuestos no pagan el gasto del gobierno”. La idea de que los impuestos son en el mejor de los casos innecesarios y que en el peor de los casos son un problema, está ganando fuerza entre la izquierda. El tesoro [británico] ha tanteado la posibilidad de incrementar los impuestos incluyendo la retirada de rendijas en el sistema que benefician a los más ricos. Es importante que estos cambios están siendo considerados por un ministro conservador. ¿Cómo debería responder el partido Laborista?

De momento, la línea oficial es que las subidas de impuestos no son pertinentes durante la actual crisis económica: el portavoz de Starmer ha dicho que “este es el peor momento para hablar de subidas de impuestos”. Esta respuesta se basa en el teoría keynesiana convencional por la cual en una crisis provocada al menos parcialmente por una falta de gasto, debe evitarse cualquier cosa que reduzca aun más el gasto del sector privado. Y aunque esto ha provocado cierto enfado entre la izquierda, que correctamente considera prioritaria la justicia impositiva, hay un cada vez más un bullicioso grupo en la izquierda que protesta en contra de incrementos impositivos por razones distintas.

El alegato comienza con que no hay de hecho ninguna conexión entre la imposición y el tamaño del sector público: el gasto del gobierno puede ser incrementado a cualquier nivel, así se afirma, sin necesidad de preocuparse por incrementar los ingresos fiscales para “pagar por” ello. El razonamiento detrás de esa afirmación se presenta a menudo de forma compleja, pero esencialmente se reduce a una simple observación: el Banco de Inglaterra –una institución del sector público- es el emisor de la libra esterlina. Siempre que el Banco de Inglaterra quiera seguir emitiendo libras en nombre del gobierno, este podrá gastar sin necesidad de gravar impuestos.

El argumento es técnicamente correcto en términos técnicos –el gobierno del Reino Unido nunca se quedará sin libras. Pero la conclusión de que “los impuestos no pagan el gasto” es incorrecto. Esto es porque se mezclan dos diferentes significador de “financiar”. El primero es el acto de liquidar una transacción. Es bien entendido por el público en general que cuando se hace un pago –al comprar en el supermercado, por ejemplo- esto llevará a cambios en los saldos de los balances: el efectivo del comprado, ya sea en dinero físico o electrónico, será reducido y el balance del supermercado será incrementado por el mismo importe.

“Pago” en este sentido se refiere a los tecnicismos de la transacción: ¿tiene el comprador suficiente dinero efectivo para comprar el bien o servicio? Si no, la transacción no puede llevarse a cabo. Dado que una falta de efectivo nunca puede limitar el gasto del gobierno en un sentido técnico del término, se dice, los impuestos no pagan o financian el gasto. El gasto, en cambio, “se paga” con el nuevo dinero que el Banco de Inglaterra emite electrónicamente.

De nuevo, esto es técnicamente correcto –pero es una estrecha, mecanicista y a últimas engañosa definición de cómo el gobierno “paga” su gasto-.  Lo que realmente importa son los bienes y servicios que los balances de dinero efectivo pueden comprar. El gobierno puede adquirir más cosas imprimiendo más dinero si se cumplen dos condiciones. La primera es que haya cierta atonía en la economía: en otras palabras, que haya desempleo o subempleo que pueda emplearse para producir bienes y servicios. La segunda condición es que el sector privado (hogares y empresas) estén dispuestas a aceptar el dinero extra creado por el gobierno.

Siempre que esas condiciones se cumplan, hay de hecho una barra libre para el gobierno debido a su habilidad de imprimir dinero fresco. Pero mientras que la mayoría de economías operan con cierta atonía –siempre hay personas desempleadas- esta capacidad tiene límites. En algún momento, se llegará al punto en el que los bienes y servicios comprados por el gobierno no puedan ser nuevamente producidos, de modo que el gobierno tenga que competir por los recursos económicos con el sector privado.

De igual modo, la disposición a aceptar más efectivo en los balances tiene sus límites: en algún momento los tenedores de esas libras creadas nuevamente las usarán para gastar en bienes y servicios, o adquirirán activos como casas o acciones de empresas. Los inversores podrían vender en los mercados de divisas por otras monedas, reduciendo así el valor de la libra.

Existe, por tanto, un límite a cuánto puede “pagar" el gobierno por su gasto con la impresión de nueva moneda. Más allá de este límite, el gobierno debe o tomar dinero prestado, o gravar impuestos. Este es el sentido en el cual los impuestos “pagan por” el gasto: hacen que haya recursos económicos disponibles para el gobierno que de otra manera no estarían disponibles.

Al gravar impuestos, el gobierno puede reducir el gasto de algunos individuos, o reducir el gasto en ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, gravando a aquellos con mayores ingresos, el consumo en lujos altamente contaminantes puede ser reducido. Así más recursos estarán disponibles para otras actividades, como la construcción de infraestructuras para el transporte o para la provisión de necesidades de consumo para los trabajadores.

La emergencia climática y la pandemia requieren una reestructuración fundamental de la economía. El nivel de inversión que se necesita implica que los cuellos de botella son inevitables, requiriendo reducciones en el gasto en algún otro lugar. Por ejemplo, un mejor aislamiento de los hogares puede significar una reducción del gasto en nuevas calefacciones.

Hace un flaco favor y es confuso afirmar, por ejemplo, que el Green New Deal puede implementarse sin aumentar los impuestos a los ricos: los tecnicismos monetarios son más bien irrelevantes –lo que importa es que el consumo despilfarrador de los ricos tiene que ser reducido para liberar los recursos para el gasto social útil.

Los cambios discutidos por el Tesoro británico incluyen igualar las tasas impositivas de las ganancias de capital a las del ingreso, eliminar las desgravaciones de las pensiones a los más ricos e incrementar los impuestos a las empresas. Esto son cambios progresivos y que se necesitan desde hace un buen tiempo. La propuesta de cambios también ha congregado un amplio apoyo público. Oponerse a ellos supone alinearse con los ricos en vez de con la clase trabajadora y los más pobres.

Al mismo tiempo, los progresistas deben continuar abogando por el activismo fiscal para mantener los puestos de trabajo y transformar la economía. La pretensión de que los incrementos de la deuda pública debidos a la pandemia deben ser pagados son simplementes incorrectos y deben ser refutados.

El deficit público se mantendrá en niveles elevados hasta que la crisis se acabe y el ratio entre deuda y PIB incrementará –tal y como debe ocurrir, por otra parte-. El Banco de Inglaterra puede y debe continuar usando su poder de emitir moneda para asegurar que el incremento de la deuda pública ocurra sin generar inestabilidad financiera o económica.

Pero los ingresos impositivos y el tamano del estado no pueden divergir de manera constante en el tiempo. Aquellos que quieran un mayor y más eficaz estado deben abogar por cambios progresivos en el sistema fiscal que aseguren que el ingreso aumenta más o menos al mismo tiempo que los gastos en el largo plazo. Esto no quiere decir que los dos sean igual: no lo deben ser. El déficit público ha sido el estado normal de las cosas durante décadas –pero los déficits fiscales no puedes crecer sin límite alguno.

No debemos permitir que el argumento de que “los impuestos no pagan el gasto” erosionen el sistema impositivo, incrementen la desigualdad y abran la puerta a los fanáticos del mercado a abogar por la necesidad de rebajar el gasto en programas sociales básicos. Si queremos ver un cambio de sistema, es momento de que la izquierda abogue por una reforma fiscal progresiva en sus propios términos.

Por Jo Michell

economista post-keynesiano, profesor de la University of West of England.

05/02/2021

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Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

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El presidente Joe Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas en la Casa Blanca para atender las crisis que marcan prioridad en su agenda. Lo observa la vicepresidenta Kamala Harris.Foto Afp

El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños migrantes, mientras el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su par ruso, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.

Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrieron los ojos de millones de estadunidenses y millones en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.

También recordó que entre quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las cuatro que sufre el país junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático, que ha identificado como las prioridades de su gobierno.

Sus órdenes ayer, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de migrantes jamaiquinos y esclavos estadunidenses), son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno.

En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid-19 que los blancos y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada 11 latinos están ahora desempleados, mientras las comunidades indígenas sufren condiciones aún peores.

Una de las órdenes firmadas ayer –la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas– es parte de la respuesta a demandas para reformar el sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de migrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, 81por ciento de migrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.

Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y dar pasos para combatir la xenofobia y los actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el virus chino).

Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorando del gobierno de Trump que proclama una política de tolerancia cero, según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad que viajan con adultos no podían permanecer encarcelados con ellos, de acuerdo con la ley, y como resultado agentes federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenara en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.

Relaciones exteriores

Mientras el enfoque político del gobierno de Biden ayer fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la externa. Biden se comunicó la tarde de ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de abordar varios temas, como extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) y también para expresar críticas y advertencias.

Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas. Agregó que también se habló de la agresión contra Ucrania y de las versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.

Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden ayer fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia.

A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.

No todo cambia

Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como halcón y fue opositor a la normalización de la relación diplomática con Cuba (él es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).

Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y ayer la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, sólo reiteró que el objetivo de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela por medio de elecciones libres e imparciales y subrayó que Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y buscará proceder por conducto de la diplomacia multilateral.

¿Impunidad otra vez?

Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado estuvo a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, sólo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los demócratas (50), lo que indica que no habrá suficientes votos –por ahora– para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para comenzar el 9 de febrero.

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Miércoles, 20 Enero 2021 05:14

Trump indulta a Steve Bannon

Trump indulta a Steve Bannon

Su exconsejero fue detenido en agosto de 2020 acusado de desviar fondos recaudados para la construcción del muro con México

 

Donald Trump ha indultado a Steve Bannon. A pocas horas de dejar su cargo como presidente de los Estados Unidos, el mandatario republicano ha cumplido con las previsiones y ha concedido el perdón a más de 70 personalidades, entre ellas su exasesor, quien está siendo investigado por apropiarse de dinero recaudado en donaciones por Internet para construir el muro en la frontera con México.

Su perdón presidencial llega tras días de debate en el círculo de Trump, donde se cuestionaba la idoneidad de otorgar el indulto al que fue uno de los arquitectos de su campaña electoral en 2016, ahora en el punto de mira por defraudar a trumpistas.

La detención de Bannon se produjo en agosto del pasado año, cuando fue acusado junto a otras tres personas de desviar más de un millón de dólares que habían sido recaudados para levantar el polémico muro fronterizo. Una parte del dinero habría sido destinada a pagar a un funcionario de campaña. La otra habría servido para sufragar los gastos personales de Bannon. Él se declaró inocente.

Pese al destacado papel que tuvo durante la campaña electoral del candidato republicano en 2016, Bannon fue apartado poco tiempo después de que Trump fuera investido presidente por criticar a los hijos del mandatario. De él llegó a decir que había “perdido la cabeza” y que “cuando fue despedido lloró y rogó por su puesto”. Sin embargo, en los últimos meses su relación dio un giro.

Fue el propio Trump quien, tras su derrota en las urnas frente al demócrata Joe Biden, acudió al asesor para que le ayudara a permanecer en el poder alegando un fraude electoral que nunca fue probado. De poco le sirvió.

Ahora, el indulto preventivo anula la acusación y evita que, en el caso de que hubiera sido hallado culpable de los cargos que se le imputan, Bannon tuviera que cumplir condena. El indulto presidencial solo se aplica a los delitos federales y para llevarlo a cabo el gobernante no debe aportar ninguna razón. Además, la Administración no puede revocarlo.

Hasta el momento, ni el propio Trump ni ningún miembro de su familia han sido indultados. Según detalló una fuente cercana al caso a la agencia Reuters, los asesores de la Casa Blanca le han recomendado no recurrir a ello porque consideran que daría a entender que son culpables de algún delito. Tampoco ha sido indultado su abogado Rudy Giuliani, quien no ha sido acusado formalmente de ningún cargo, pero ha sido objeto de investigaciones por sus actividades en Ucrania.

Trump también ha otorgado el indulto al exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, quien cumplía una pena de prisión de 28 años por cargos de corrupción. El rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne, que se declaró culpable de un delito federal de tenencia de armas el año pasado, también figura entre los indultados; así como el rapero Bill Kapri, conocido como Kodak Black, quien cumple condena por falsificar documentos para obtener un arma de fuego. 

Se espera que Trump ofrezca hasta un centenar de indultos y conmutaciones en las horas previas a su salida del cargo al mediodía de este miércoles, según dos han revelado a la agencia AFP dos fuentes cercanas al presidente.

Por Miriam Elies

20/01/2021 07:00Actualizado a 20/01/2021 09:59

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¿De qué hablamos, cuando hablamos de Renta Básica?

La pregunta que plantea el título creo que es muy pertinente, porque en estos últimos tiempos en que se oye a hablar mucho de Renta Básica hay bastantes errores en la interpretación de este término. Lo más sencillo, para responder la pregunta, es consultar qué dice al respecto la Red Renta Básica que es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN): «La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, aun si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive». Y añade, por si no queda claro con la anterior definición: «una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población».

Hay dos rasgos fundamentales a destacar en esta definición: la universalidad, la reciben todos, y la no condicionalidad, no hay restricciones para acceder a la misma. Y esto nos lleva nuevamente al título, porque en Catalunya todavía hay mucha gente que confunde la Renta Básica con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un subsidio para pobres que se aprobó en el año 2017, el balance del cual es abrumadoramente negativo con respecto a su principal objetivo de eliminar o paliar la pobreza (seguro que este balance será objeto de algún que otro artículo en este mismo espacio). Ahora, sólo quiero apuntar que la RGC tal como ha demostrado en estos tres años con su despliegue, es todo lo contrario de universal e incondicional, y que estas son las principales razones de su fracaso.

También, desde este pasado junio, en el reino de España, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que desde este gobierno PSOE-UP, se anunció como la panacea para eliminar la pobreza. El IMV, con un recorrido bastante menos reducido en el tiempo que el de la RGC, ya nos ha señalado, sin embargo, sus carencias fundamentales: no llega a quien tiene que llegar. Y esto pasa, fundamentalmente, porque las condiciones que se imponen al colectivo de personas que deberían ser su principal destinatario, mayoritariamente las incumplen y, también, obviamente, porque no es universal. Las estadísticas, relativas a su desarrollo, hablan de que sólo menos del 10% de las personas de las que se esperaba a priori que deberían resultar beneficiadas han podido acceder al mismo (tampoco tengo ninguna duda de que sus resultados, cuando se hayan dado a conocer con más detalle, serán objeto de análisis en este mismo espacio).

La Renta Básica, e insisto de nuevo en las características universal e incondicional y, a diferencia, por tanto, de la RGC y el IMV, sí es una medida de política económica que puede eliminar la pobreza, pero no sólo eso. Es una medida que aumentaría la libertad de las personas, porque incrementaría la libertad de colectivos como los trabajadores precarios, el de las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, el de los jóvenes con pocos recursos y, lógicamente, el de las personas pobres, porque no puede haber libertad sin que las condiciones materiales para la existencia estén cubiertas. Esta última cuestión nos permite enlazar con otro elemento clave: la justificación republicana de la Renta Básica (otro apartado que merecerá igualmente un análisis más detallado en este espacio).

Por supuesto, la Renta Básica se enfrenta a numerosas críticas con independencia del ideario político desde el que se efectúen, por citar algunas: es injusto que también los ricos la reciban, la gente no trabajará si la percibe, recortará el estado del bienestar actual, es inviable económicamente… Ya se ve que hay que dar respuesta a todas ellas, y este también es el espacio que se utilizará para hacerlo.

Pero, siguiendo con el ideario político, también quiero dejar claro que soy partidario de una Renta Básica que suponga una mejora sustancial de toda aquella población que pueda considerarse no rica y, además, que la manera de financiarla no suponga alterar, es decir, no tocar ni un solo euro del gasto social, básicamente sanidad y educación, efectuado por el estado. Contrapuesta, claro, a una forma de Renta Básica que figuras relevantes de las teorías monetaristas y neoliberales propusieron a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en forma de impuesto negativo sobre la renta, pero que venía acompañado de la supresión de la inversión social del estado. En este sentido, elimina cualquier duda al respecto la enmienda que se introdujo en la propia definición de Renta Básica en el congreso de 2016 del BIEN «Estable en cantidad y frecuencia y suficientemente alta para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos».

Bueno, espero que las líneas precedentes hayan servido para responder a la pregunta que formulaba el título.

Por Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

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La relevancia de Gandhi en tiempos de crisis globales

Cuando llega el 2 de octubre los líderes políticos, religiosos y de los negocios en India y otros lugares recuerdan al Mahatma Gandhi, cantan sus alabanzas y juran vivir según los ideales que él apoyaba. Un día después, o quizás esa misma noche, se le deja atrás tan rápidamente como fue recordado esa mañana. Peor aún, vuelven a asesinarlo a él y a los ideales de no violencia, autodependencia y bienestar universal por los que vivió y murió. Y sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en este mes de su 151 aniversario, sigue teniendo relevancia en un mundo cada vez más desgarrado por conflictos y crisis de todo tipo?

De manera interesante, en los últimos años parece haberse reavivado la atención por su vida, ideas y acciones. Varios movimientos locales y globales están aplicando principios como la desobediencia civil y la no violencia, con el reconocimiento explícito e implícito de su inspiración en Gandhi. Otros recuerdan su visión clarividente sobre los impactos ecológicos del ‘desarrollo’ sin restricciones. Pero está también la atención adversa sobre él por algunos de los movimientos antiracistas que recuerdan los puntos de vista racistas que parecía haber apoyado en sus primeros años como activista en Sudáfrica. Y en India se ha convertido en un símbolo cínicamente conveniente de los programas preferidos del gobierno sobre limpieza y, más recientemente, autodependencia; ¡aunque algunas personas animadas implícitamente por el actual régimen hipernacionalista celebran incluso a su asesino Nathuram Godse como un patriota!

Sea lo que sea lo que uno piense sobre la naturaleza en contraste del interés recientemente revivido por su figura, no hay duda de la relevancia de Gandhi en las luchas e iniciativas diarias de gentes de todo el mundo. Directa o indirectamente, sus ideas de swarajsatyagrahasarvodaya y ahimsa están vivas, y se han vuelto aún más importantes en un mundo desgarrado por desigualdades crecientes, devastación ecológica y formas antiguas y nuevas de privación de las necesidades básicas para más de dos miles de millones de personas.

Satyagraha: decirle la verdad al poder

Múltiples crisis globales preexistentes se han exacerbado con la pandemia del covid 19 y todavía más por las respuestas de los estados ante ella. En muchos países, el gobierno la ha utilizado como excusa para incrementar las tendencias autoritarias, entre las que se incluye la vigilancia de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Además, se ha utilizado como una oportunidad para la toma de decisiones que van abiertamente contra los trabajadores y contra el medio ambiente, sabiendo que la capacidad de disentir se ha reducido mucho entre poblaciones que se supone no deben aventurarse en las calles. Es aquí donde la idea gandhiana de satyagraha, de decir la verdad al poder de forma no violenta, es tan importante.

De muchas maneras diferentes, Gandhi practicaba satyagraha, resistiéndose al poder colonial o a la marginación de los musulmanes en una sociedad con mayoría hindú. Es también interesante que lo usó como un medio para conseguir una base ética para la transformación. Por ejemplo, cuando desconvocó el movimiento nacional de no cooperación contra el dominio colonial como señal de expiación por un incidente en el que miembros del movimiento quemaron una comisaría y mataron a varios policías. Esto está estrechamente relacionado con su constante insistencia en la ahimsa o no violencia, especialmente relevante tanto en la resistencia a las fuerzas de opresión como a no albergar sentimientos de venganza violenta.

Nelson Mandela estuvo inspirado por este llamamiento a un proceso de ‘verdad y reconciliación’ que permitió una transición pacífica para salir del apartheid en Sudáfrica, en lugar de un periodo de actos de venganza sangrienta contra los colonos blancos (que hubiera sido totalmente comprensible dados los horrores del apartheid). Otro discípulo de este enfoque, Martin Luther King, es uno de los predecesores del actual movimiento antiracista en los EEUU, incluida la última rebelión por George Floyd, que es explícitamente no violenta. (Como comentario al margen es interesante que la conexión más explícita con Gandhi parece ser la demanda entre algunos elementos del movimiento antiracista de derribar sus estatuas para protestar por lo que es visto como una actitud racista por su parte cuando estuvo en Sudáfrica, un punto de vista que ha sido matizado por diversos especialistas en Gandhi, incluso profundizando en el periodismo del movimiento negro de ese periodo).

Entre otros que han recogido el enfoque de satyagraha se incluye Extinction Rebellion, un movimiento global de ruptura no violenta que llama la atención sobre la devastación masiva del planeta y de la vida humana por la crisis climática causada por el sistema político y económico dominante. En India, jóvenes de todo el país convocaron una satyagraha el 25 de agosto para protestar por el intento descarado por parte del gobierno de debilitar la legislación que obliga a una valoración del impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo. Muchos movimientos de base de resistencia en India han tenido una inspiración similar. El Movimiento Chipko en el Himalaya, organizado por antiguos gandhianos, intentó salvar los bosques de la tala por parte de la industria en los años 70. Como uno de los movimientos medioambientales y de protección de los medios de bida más icónico del mundo, ha inspirado iniciativas similares para salvar bosques en los EEUU y otros lugares. El Narmada Bachao Andolan contra megapantanos en India central ha sido explicitamente no violento, y ha inspriado a movimientos similares en otras partes del mundo. El movimiento global por la paz, la desnuclearización y el desarmeo tiene un legado similar. Esto incluye la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo, en el que negociadores indios influenciados directamente por Gandhi tuvieron un papel importante.

Sarvodaya: elevar el bienestar colectivo de todos

Para Gandhi, sin embargo, la satyagraha era solo una caja de herramientas de enfoques para conseguir justicia. Viajando a lo largo y ancho del país, comprendió que los niveles abismales de privación y marginación, nacidos de una historia intensamente colonial y feudal, debían ser abordados. No solo se tenía que decir la verdad al poder, sino también dirigirse hacia una acción fundamentada hacia la sarvodaya, la elevación de todos de una manera justa, o como dijo Gandhi en Young India, no «la fórmula utilitaria del mayor bien para el mayor número (sino) … el mayor bien para todos». Esto se podía conseguir mediante nirman, o reconstrucción. Él mismo, y alguno se sus seguidores o consejeros, como el economista JC Kumarappa, inspiraron varios experimentos en generación de medios de vida locales dignos y autodependencia, siendo el hilado de tejido khadi un símbolo crucial.

En la actualidad, diversas iniciativas para conseguir medios de vida dignos y la autodependencia se han inspirado en enfoques gandhianos de una ‘economía no violenta’. El trabajador gandhiano (y conocida personalidad teatral) Prasanna, inició Charaka, una cooperativa de khadi gestionada por mujeres que ha proporcionado medios de vida dignos a 200 mujeres a la vez que promocionaba el trabajo a mano, la autodependencia, y la producción con sensibilidad medioambiental. Ha aparecido recientemente en las noticias (septiembre-octubre de 2020) al ejercer la satyagraha denunciando el impago de cuotas por parte del gobierno, por lo que tuvieron que cerrar durante un mes. No lo han hecho mediante la típica protesta callejera, sino limpiando públicamente las oficinas de la administración local, distribuyendo ropa a los pobres y otros métodos para ‘cambiar el corazón’ de aquellos en el poder.

Elango R., un sarpanch [jefe de la administración local] dalit cerca de Chennai, combina explícitamente los principios gandhianos y marxistas y el anticastismo del icono dalit Babasaheb Ambedkar (quien encabezó el comité para la redacción de la Consitución de India) en su intento de transformar la aldea de Kuthambakkam, donde vive, para dar más dignidad y seguridad de medios de vida a familias dalit. Él ha abogado por una ‘economía en red’ en la que grupos de unas 20 aldeas puedan ser autosuficientes respecto a sus necesidades básicas. Una idea puesta en marcha de una manera algo diferente por otra trabajadora social de inspiración gandhiana, Ela Bhatt, con su idea de una autodependencia ‘en un radio de 100 millas‘. Todas estas ideas son cada vez más discutidas en una India afectada por el covid, mientras las historias de respuesta comunitaria durante el periodo de confinamiento muestran que donde hay comida y autodependencia de medios de vida, hay la máxima resiliencia.

Por todo el mundo hay ejemplos extraordinarios de alternativas constructivas al actual sistema dominante: agricultura sostenible y holística, soberanía comunitaria sobre agua/energía/alimentación y conservación de la naturaleza, solidaridad y economía del compartir, ocupación obrera de instalaciones productivas, recursos y conocimientos comunes, gobernanza local, salud comunitaria y aprendizaje alternativo, fomento de la paz intercomunitaria, reafirmación de la diversidad cultural, pluralismo sexual y de género, y muchas más (véase por ejemplo Vikalp Sangam para cientos de ejemplos de India; para otros lugares, véase Democracia Ecológica Radical. La mayor parte de ellos no tienen necesariamente una inspiración directa en Gandhi, pero el clima de sus ideas y prácticas es probable que haya influido en muchas de ellas, como por ejemplo en los movimientos campesinos de anna swaraj (soberanía alimentaria).

El principio de sarvodaya, y el concepto relacionado de fideicomiso (trusteeship) que defendía Gandhi, puede llevarnos a un cambio radical de foco sobre lo común en lugar de sobre la propiedad privada. En 2013, el gram sabha (asamblea de aldea) de Mendha-Lekha (distrito de Gadchiroli, Maharashtra), tomó la decisión histórica de convertir toda su tierra agrícola privada en tierras comunes de la aldea. Para darle respaldo legal usaron la prácticamente olvidada Ley Gramdan [literalmente ‘donación de tierra’], que fue inspirada por el discípulo de Gandhi Vinoba Bhave.

Gandhi ha sido criticado (quizá de manera justa) por no ser explícitamente anticapitalista, como por ejemplo con sus súplicas a los empresarios industriales para que adoptasen la idea de fideicomiso. Pero también dijo:

«Todo el mundo debería poder conseguir trabajo suficiente como para permitirle llegar a fin de mes. Y este ideal solo se puede conseguir de manera universal si los medios de producción de las necesidades elementales de la vida permanecen bajo control de las masas. Deberían estar disponibles libremente para todos, como deberían estarlo el aire y el agua de Dios. No deberían convertirse en un vehículo de tráfico para la explotación de otros. Su monopolización por cualquier país, nación o grupo de personas sería injusta.»

Esto indica que estaba claramente en contra de que un puñado de individuos (o incluso el estado) poseyese o controlase los medios de producción, como también contra la concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Defendía también un enfoque más oriental para conseguir «un socialismo más verdadero y un comunismo más verdadero que el que el mundo haya soñado hasta ahora». Recientemente se han presentado una serie de propuestas para la distribución radical de la riqueza desde la horriblemente perversa concentración a la que se enfrenta hoy el mundo mediante los impuestos, la abolición de la herencia e incluso de la propiedad privada, y otros medios. Estos se pueden ver como medios para conseguir la sarvodaya.

También en el sector de la salud se ven ecos del foco fuertemente articulado de Gandhi sobre la autocuración, sobre facilitar los poderes naturales del cuerpo, sobre el uso de tratamientos con hierbas, etc. en los numerosísimos centros ayurvédicos y de naturopatía por toda India. El Instituto Nacional de Naturopatía radicado en Pune ha construido su extenso programa y alcance según el enfoque de Gandhi sobre la salud. En tiempos de covid, la necesidad de tener cuerpos sanos para estimular la imunidad usando estos enfoques, para una recuperación más rápida y más plena ha sido ampliamente demostrada. Como también la necesidad de ser autodependiente para las necesidades personales en lugar de la debilitante dependencia de hoy de los ‘profesionales’. Un enfoque defendido con fuerza por el brillante académico Ivan Illich, quien estuvo influenciado por el economista gandhiano JC Kumarappa.

Swaraj: verdadera democracia

Para Gandhi, la máxima expresión de autodependencia era swaraj, traducido de manera bastante inadecuada como autogobierno. Swaraj tiene en realidad un enfoque profundamente democrático y ético que avergüenza a las democracias liberales de hoy, incorporando la libertad y la autonomía pero con responsabilidad hacia la libertad y autonomía de otros, posible únicamente si uno también vive la ética de la autocontención en lugar del loco consumismo promovido por la economía de hoy.

Esta idea de una democracia directa, radical, tiene que ser un eje central de la respuesta a las crisis globales. La mayor parte de los movimientos progresistas políticos y sociales se han orientado a la ‘toma del estado’, a intentar reemplazar los partidos políticos retrógrados por progresistas y hacer que el estado sea responsable. Aunque esto es necesario mientras el estado exista, no supone en lo fundamental un desafío a la naturaleza del estado, o, de hecho, a si es necesario que exista un estado centralizado o no. Ni se ha planteado un desafío adecuado a la centralidad del estado-nación en nuestras vidas, a pesar de los enormes fracasos de esta estructura al abordar tanto problemas internos de su población como asuntos globales (siendo el clima un ejemplo espectacularmente escalofriante). Diversas formas de anarquía, marxistas o gandhianas, han sido básicamente relegadas a los márgenes.

En India, el gobierno solo ha dado algunos pasos titubeantes hacia la democracia directa, y se ha movido muy lejos del ideal de autodependencia para las comunidades (o el país en su conjunto). Las enmiendas constitucionales 73 y 74 prometieron la descentralización del poder de toma de decisiones a aldeas y centros urbanos, pero lo restringieron gravemente al no proporcionar financiación y traspaso de competencias legales. En cualquier caso, su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, vacilante. El proceso de Kerala de planificación a nivel de aldea y la iniciativa de comunalización de Nagaland en la que una parte de los fondos del estado (para educación, salud, electricidad, carreteras) van directamente a los consejos de aldea, son ejemplos de estados que se han acercado a las intenciones de la Enmienda 73. Pero incluso ellas han tenido fallos o no es han mantenido el tiempo suficiente.

Para Gandhi swaraj se tiene que construir de abajo arriba, desde la aldea hacia afuera a lo largo del paisaje en lo que él denominaba ‘círculos oceánicos’. Por toda India, diversos individuos que formaron parte del movimiento juvenil del activista gandhiano Jayaprakash Narayan, Chhatra Yuva Sangharsh Vahini, han trabajado con comunidades de aldea para crear autodependencia local en áreas como el agua y la alimentación, y para luchar por la toma de decisiones basada en los gram sabha (asambleas de aldea). En la India central y del este, adivasis y otras comunidades locales han intentado diversos grados de autogobierno. Como declaró hace tres décadas Mendha Lekha (citado más arriba) ‘nosotros elegimos el gobierno en Delhi, pero en nuestra aldea nosotros somos el gobierno’. Unas 90 aldeas en esa misma parte de India han formado una Maha Gramsabha (federación de asambleas de aldea) con una orientación similar.

Paralelos cercanos a estos son las luchas por la autodeterminación de pueblos indígenas y otras comunidades locales en muchas partes del mundo, incluido el derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta externa para un proyecto en sus territorios. Los zapatistas en México y el movimiento kurdo en Asia occidental han conseguido una democracia radical de este tipo a una escala relativamente grande. Muchos otros pueblos en América Latina han proclamado y conseguido el reconocimiento de una plena autodeterminación, y movimientos que reclaman soberanía territorial para las Primeras Naciones en la Isla Tortuga (Canadá / EEUU) y Australia tienen una base similar. Muchas de ellas emanan de cosmologías indígenas que están próximas (aunque la mayoría de manera inconsciente) con los principios gandhianos de swarajsarvodaya y satyagraha… y pueden incluso ir más allá en su inmersión completa en la naturaleza.

Se puede plantear por tanto una extensión de swaraj y sarvodaya para abarcar toda la vida, una ‘eco-swaraj‘ o ‘prakritik (natural) swaraj‘, o una democracia ecológica radical. Una avalancha de resoluciones judiciales y legales y demandas de ciudadanos y comunidades en muchas partes del mundo han proclamado que la naturaleza (o algunos de sus elementos, como ríos y montañas) tienen un derecho intrínseco, similar al de una ‘persona jurídica’. Aunque formuladas a menudo dentro del discurso formal occidental y por tanto con tendencia a tener serias limitaciones, estas pueden estar alineadas con visiones del mundo indígenas que reconocen que todos los aspectos de la naturaleza tienen su propio espíritu, que merece tanto respeto como el de los humanos. Viene a la mente el comentario de Gandhi de que el valor de una civilización se puede medir por cómo trata a los animales.

Estas perspectivas han surgido también desde dentro del ‘vientre de la bestia’, por así decir. Movimientos basados en enfoques ecofeministas, por ejemplo, destacan con fuerza la necesidad de acabar con un dominio milenario de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad, sanando simultáneamente la ‘brecha metabólica’ entre los humanos y el resto de la naturaleza. Los retos a patrones insostenibles de producción y consumo, incluida la creciente demanda de decrecimiento radical de las economías llamadas ‘desarrolladas’, tendrían una clara relación con la perspectiva gandhiana de autocontención inherente a swaraj, y su crítica mordaz al industrialismo como explotador tanto de la naturaleza como de los humanos.

Es importante destacar que los movimientos de base de resistencia y las alternativas no están atrapados necesariamente en un campo ideológico u otro. Esto es más la preocupación de académicos y activistas profesionales. Más bien, estos movimientos consciente o inconscientemente toman prestado de diversas figuras inspiradoras de la historia, incluidos aquellos en su propio pasado que lucharon por la justicia. Ni habría que presionarlos para una única ‘alternativa’ homogénea para todo el mundo. Una integración continua de tales legados diversos, y el entretejido de un pluriverso de visiones del mundo y prácticas, es lo que nos guiará para dejar atrás un mundo desgarrado por las crisis.

Por Ashish Kothari | 19/12/2020 

Traductor: Carlos Valmaseda
Fuente: https://wsimag.com/economy-and-politics/63741-gandhis-relevance-in-the-time-of-global-crises

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EEUU demanda a Facebook por monopolio y pide que desinvierta en Instagram y WhatsApp

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos  en conjunto con una coalición de fiscales de 46 estados del país ha presentado este miércoles una demanda contra Facebook que aspira a reducir el tamaño de la empresa y su posición de mercado.

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

Así, acusan a Facebook de privar a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad mediante la adquisición de dos de sus principales competidores, Instagram y WhatsApp.

Entre las medidas que buscan destaca la posibilidad de que los tribunales fuercen a Facebook a deshacerse de esas dos populares aplicaciones, que compró por miles de millones de dólares.

"Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios cotidianos", señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda estatal.

El director de la Oficina de Competencia de la FTC, Ian Conner, apuntó en un comunicado que el objetivo del Gobierno es frenar la "conducta de Facebook" y "restaurar la competencia" en el mercado.

La empresa californiana pagó en 2012 unos 1.000 millones de dólares para hacerse con Instagram y en 2014 desembolsó 19.000 millones para comprar WhatsApp, ambas operaciones aprobadas en su momento por la misma agencia reguladora, la FTC, que ahora presenta la demanda.

Las autoridades defienden que con esas compras Facebook ha podido controlar la competencia, dictar los términos para los desarrolladores que usan esas plataformas y ganar miles de millones de dólares con la venta de publicidad

La red social Facebook respondió este miércoles a las demandas antimonopolio presentadas en su contra por el Gobierno federal.

"Tras haber aprobado nuestras adquisiciones hace años, ahora el Gobierno quiere un segundo intento sin importarle el impacto que un precedente así tendría para el conjunto de la comunidad empresarial o para la gente que elige usar nuestros productos cada día", indicaron desde esa red social en un comunicado

san francisco

09/12/2020 22:21 Actualizado: 09/12/2020 22:38

agencias

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Foto: Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando se amotinaron en Cochabamba (Archivo - Tarija 200, foto de Daniel James)

La Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación de los motines policiales de noviembre del 2019. Sectores de la Policía se declaran en emergencia y Anssclapol advierte al Gobierno que "no jueguen con fuego".

 

Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.

Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.

Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].

Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.

A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.

Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.

Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.

Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.

Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.

El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?

En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.

Cabe recordar que inicialmente la CIDH califició de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.

Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.

Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Sábado 5 de diciembre | 00:01

[1https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201203/principal.php?n=39&-esposas-de-policias-en-emergencia-por-procesos-a-implicados-en-motin

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