¿Es posible un nuevo sindicalismo clasista?

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio drástico en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a una ideología de la concertación social pensada en tiempos en los que la correlación de fuerzas era completamente distinta.

 

Los sindicatos están a la defensiva en todo el mundo, bajo la enorme presión de poderosas fuerzas económicas y políticas. Enfrentamos una multiplicidad de crisis. Las patronales atacan desde todos los frentes y la pandemia se está usando como excusa para debilitar aún más a los sindicatos, los salarios y las condiciones de trabajo.

Desde que empezó la ofensiva neoliberal alrededor de 1980, hemos experimentado un cambio enorme en el equilibrio de poder, desde la fuerza de trabajo hacia el capital. A pesar de eso, grandes sectores del movimiento sindical siguen aferrándose a la ideología de la concertación social –con el diálogo social como principal método de influencia–, lo cual, en las actuales circunstancias, está demostrando ser contraproducente.

Sin embargo, un número creciente de sindicatos están tomando conciencia de que estamos en una situación crítica y de que tenemos que dar nuevos y audaces pasos para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que reformar nuestros sindicatos, para convertirlos en instrumentos más eficaces y prepararlos mejor para las confrontaciones por venir.

Falta de discusión

Los sindicatos se oponen a la reestructuración neoliberal de nuestras sociedades. Están unidos contra la privatización y la desregulación de nuestros servicios públicos. Demandan empleos más seguros, mejores condiciones laborales, de salud y de seguridad en el trabajo y una «transición justa» para evitar una catástrofe climática. En general, los sindicatos tienen una lista impresionante de demandas progresistas.

El problema es que esto suele terminar ahí. Hay una ausencia de discusión y de políticas respecto de cómo seguir en caso de y en el momento en que nuestras demandas específicas se adopten y cumplan. Y dado que los procesos económicos, sociales y políticos van mayormente en el sentido opuesto, es importante que también evaluemos nuestras organizaciones, tanto sus debilidades como sus fortalezas.

El desarrollo de nuestras estrategias es un desafío singular. Nuestros objetivos más amplios requerirán transformaciones sociales y económicas profundas, por lo que enfrentamos una lucha basada en el interés. En verdad, es una cuestión de poder. Por lo tanto, necesitaremos más sindicatos que sean capaces de luchar y que estén dispuestos a hacerlo. Tenemos que construir alianzas sociales más amplias. Serán necesarias la movilización masiva de las fuerzas sociales y la solidaridad mutua. Sin embargo, enfrentamos un problema, ya que sectores importantes del movimiento sindical internacional están presos en la trampa del diálogo social.

Otro ámbito de lucha

En la interpretación dominante, el diálogo social se ha convertido en un fin en sí mismo, una forma de avanzar en relación con los empresarios y con los gobiernos. Por supuesto, la posibilidad de hablar cara a cara con los empresarios es importante, pero en sí misma no nos da más poder. Simplemente nos presenta un nuevo ámbito de lucha en el que podemos expresar el poder que ya tenemos. Es la representación de nuestros integrantes, con su habilidad y predisposición para tomar acciones, lo que nos da poder en el «diálogo», como así también en la mesa de negociaciones. No obstante, la ideología de la concertación social se ha distanciado cada vez más de las relaciones de poder de las que surgió.

Nadie critica a los sindicatos por concurrir a reuniones con empresarios. Por supuesto, eso es necesario e importante. Lo que cuestionamos es que se actúe como si el diálogo social fuera el medio principal para ganar influencia. En lugar de humillarse implorando por «un lugar en la mesa», debemos dirigir nuestros recursos y políticas hacia construir sindicatos más fuertes con musculatura en la industria. En la sociedad capitalista de hoy, queda bastante claro que quien no representa una amenaza potencial para los intereses de las empresas, no tiene poder, con o sin diálogo social.

Compromiso de clase

Es muy útil echar un vistazo al origen del diálogo social. Todo se remonta a la institucionalización del compromiso de clase histórico entre la fuerza de trabajo y el capital después de la Segunda Guerra Mundial, con su epicentro en Europa occidental. Este compromiso (no importa lo que opinemos de él) se construye sobre la base del poder. Fue el resultado de un desarrollo histórico muy específico, en el que el movimiento sindical y de trabajadores fue capaz de amenazar los intereses del capital mediante la movilización y la lucha.

El compromiso de clase no fue el resultado de los reclamos a los empresarios, sino de haberles enseñado una lección mediante la acción en las industrias. Los empresarios se interesaron en cerrar un acuerdo con los trabajadores no por ser amables, sino para evitar algo peor, cualquier tipo de socialismo. El compromiso de clase se estableció sobre la base de 50 años de dura lucha de clases. Fue el cambio asociado en las relaciones de poder en favor de la fuerza laboral lo que le dio al movimiento sindical influencia a través de negociaciones tripartitas y diálogo social.

Ahora, dado que las relaciones de poder se han modificado considerablemente en favor de los empleadores, el compromiso de clase ya ha colapsado o está a punto de hacerlo. Con un movimiento sindical y de trabajadores débil, muy a la defensiva, los empresarios ya no están interesados en compromiso alguno, incluido un diálogo social eficaz. Una prueba de la crisis que enfrentamos es que los sindicatos europeos se han reducido en promedio a la mitad durante los últimos 40 años, una embestida contra los sindicatos sin precedentes en tiempos modernos. Confiar en que el diálogo social nos salve en esa situación es como mínimo ingenuo.

Estrategias eficaces

No es difícil entender qué es lo que persiguen los empresarios. Quieren abolir el Estado de Bienestar, privatizar porciones aún mayores de nuestras economías y sociedades y derrotar al movimiento sindical. Para enfrentar eso, necesitamos sindicatos más fuertes que estén dispuestos a desafiarlos. Debemos analizar la coyuntura política presente, desarrollar programas y políticas e idear visiones que puedan crear entusiasmo y optimismo; también generar estrategias eficaces para poder concretarlas.

Pero las relaciones de poder son cruciales: el lugar en la mesa de negociaciones estará disponible tan pronto como los empresarios se den cuenta de que es mejor tenernos ahí antes que en las calles o en los piquetes de huelga.

Fuente: Social Europe.

Traducción: María Alejandra Cucchi

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La educación "no escapa a la lógica del mercado neoliberal": educadores

La virtualización de la educación derivada de la pandemia y las políticas neoliberales están llevando a la pérdida de derechos de millones de estudiantes y trabajadores del sector en todo el mundo, por lo que urge que los maestros de distintos países hagan un frente común para luchar por la educación pública, sostuvieron este viernes representantes de organizaciones de trabajadores de 20 países.

En la inauguración del Congreso Mundial de Educación 2020: en Defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo, en el que se busca establecer una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de Argentina, manifestó que la docencia ha intentado sostener el derecho humano a la educación para terminar con las políticas neoliberales que "solamente han dejado una acumulación obscena en pocas manos a expensas del crecimiento pavoroso de la pobreza en nuestros países".

Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que "trabajamos para mantener nuestra escuela y nuestra educación viva, para nuestros niños, que son la esperanza del mundo".

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, señaló que ante la imposibilidad de que se reanuden las clases presenciales por la emergencia sanitaria, "los empresarios han aprovechado para imponer sus negocios digitales sobre nuestro sufrimiento y para abrir las puertas a la privatización de la educación".

"Ante este escenario, que se repite de país en país, es hora de que unifiquemos nuestras luchas", fue el llamado de Martínez.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, dijo que los sistemas educativos "no escapan a la lógica del mercado neoliberal", por lo que llamó a estar alerta ante los planteamientos de los gobiernos de derecha para la educación en tiempos pandemia.

Laura Isabel Vargas, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, admitió que la educación ha sido el eslabón más débil en esta pandemia, pero también lo ha sido para el neoliberalismo. Por ello, dijo, es necesario mostrar que los maestros de todo el mundo están dispuestos a dar la lucha en defensa de la educación pública y de un mundo mejor.

Rosa Berrio, del USTEC-STEs, sindicato mayoritario entre los docentes en Cataluña, España, lamentó que no haya ninguna señal de que se pretenda detener el ataque a los pilares básicos de las sociedades: la educación y la salud, por lo cual "nos vemos obligados a continuar la lucha".

Eduardo Gonzalez, vocero del Movimiento por la Unidad Docente de Chile, dijo que hoy hay una carencia de proyectos contrahegemónicos que se enfrenten al neoliberalismo. Señaló que se deben "construir lineamientos de trabajo en conjunto que nos permitan avanzar en un proyecto político-pedagógico-educativo que ponga en el centro la educación pública".

Este sábado continúa el congreso, que se puede seguir en el canal de YouTube "Otras Voces" y en los perfiles de Facebook de los sindicatos que participan.

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Viernes, 25 Septiembre 2020 05:06

De nuevo en primavera

Manifestación contra el gobierno de Sebastián Piñera, en Santiago de Chile AFP, MARTIN BERNETTI

Chile, hacia una nueva Constitución

 

El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al plebiscito de esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la nueva carta magna supondrá apenas el inicio de una larga discusión sobre el proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la revuelta popular.

El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile», que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.

En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una: apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre, estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención constitucional.

El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.

«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El cronograma

La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.

De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa. «Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado», afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación será con toque de queda durante la noche.

Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970», dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.

Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980 «entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».

El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay 155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el proceso venidero.

La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez) se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en 2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el 21 de noviembre de 2021.

La legitimidad de la Constituyente

Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos, en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.

Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.

«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad importante», precisa Bassa.

Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos –actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».

Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de que participen de la convención actores del mundo independiente, por ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de integrar la Constituyente.

«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés general», plantea Bassa.

Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos», comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista Comunes.

Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional partidaria».

En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una cocina», no tendrá legitimidad política.

Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención. González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que queremos».

En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una actitud complaciente de Carabineros.

La Constitución: el principio de todo

La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación». Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar hacia un sistema solidario».

Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello, la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la politóloga.

Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».

Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder. Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad popular».

Por Cristian González Farfándesde Santiago 
24 septiembre, 2020

Publicado enInternacional
Viernes, 11 Septiembre 2020 05:50

¿El poscapitalismo ya está aquí?

¿El poscapitalismo ya está aquí?

La pandemia ha reforzado aquello que ha venido minando los cimientos del capitalismo desde 2008: el vínculo entre ganancias y acumulación de capital. La crisis actual ha revelado una economía poscapitalista en la que los mercados de bienes y servicios reales ya no coordinan la toma de decisiones económicas, la tecnoestructura actual (que incluye a las grandes tecnológicas y a Wall Street) manipula el comportamiento en una escala industrial y el demos está excluido de nuestras democracias.

 

El 12 de agosto sucedió algo extraordinario. Se dio a conocer la noticia de que, en los primeros siete meses de 2020, la economía de Reino Unido había sufrido su mayor contracción en la historia (una caída del ingreso nacional superior al 20%). La Bolsa de Londres reaccionó con un alza en el FTSE 100 (su principal índice bursátil) de más del 2%. El mismo día, cuando Estados Unidos empezaba a parecerse a un estado fallido, no solamente a una economía en problemas, el indice S&P 500 alcanzó un pico sin precedentes.

Sin duda, los mercados financieros desde hace mucho tiempo han recompensado los resultados que aumentan la miseria. Las malas noticias para los trabajadores de una empresa –despidos planificados, por ejemplo– suelen ser una buena noticia para sus accionistas. Pero cuando las malas noticias afectaban a la mayoría de los trabajadores simultáneamente, los mercados bursátiles siempre caían, debido a la expectativa razonable de que, cuando la población se ajustara el cinturón, todo el ingreso, y por lo tanto las ganancias y dividendos promedio, se comprimirían. La lógica del capitalismo no era bonita, pero era comprensible.

Ya no más. No existe una lógica capitalista para los acontecimientos que culminaron el 12 de agosto. Por primera vez, una expectativa generalizada de menores ingresos y rentabilidad condujo a un frenesí de compra sostenido en Londres y Nueva York –o al menos no lo impidió-. Y esto no es porque los especuladores estén apostando a que las economías de Reino Unido y Estados Unidos hayan tocado fondo, haciendo que este sea un gran momento para comprar acciones. No, por primera vez en la historia, a los financistas no les importa en absoluto la economía real. Ven que el covid-19 ha colocado al capitalismo en una animación suspendida. Ven cómo desaparecen los márgenes de ganancias. Ven el tsunami de pobreza y sus efectos de largo plazo en la demanda agregada. Y ven cómo la pandemia revela y refuerza las profundas divisiones clasistas y raciales preexistentes.

Los especuladores ven todo esto, pero lo consideran irrelevante. Y no se equivocan. Desde que el covid-19 colisionó con la enorme burbuja que los gobiernos han venido utilizando para reflotar al sector financiero desde 2008, los mercados bursátiles en auge se volvieron compatibles con una implosión económica masiva. Fue un momento históricamente significativo, que marcó una transición sutil pero discernible del capitalismo a un tipo peculiar de poscapitalismo.

Pero comencemos por el principio.

Antes del capitalismo, la deuda aparecía al final del ciclo económico. En el feudalismo, lo primero era la producción. Los campesinos trabajaban los campos de los señores y la distribución venía luego de la cosecha, cuando el sheriff recolectaba la parte que le correspondía al señor. Parte de esta cuota luego se monetizaba cuando el señor la vendía. Recién entonces surgía la deuda, cuando el señor prestaba dinero a los prestatarios (muchas veces, inclusive, al rey).

El capitalismo revirtió el orden. Una vez que la mano de obra y la tierra se habían mercantilizado, la deuda era necesaria incluso antes de que comenzara la producción. Los capitalistas sin tierra tenían que endeudarse para rentar tierra, trabajadores y máquinas. Los términos de estos arriendos determinaban la distribución del ingreso. Recién ahí podía comenzar la producción, generando ingresos cuyo residual era la ganancia de los capitalistas. En consecuencia, la deuda alimentó la promesa temprana del capitalismo. Pero fue recién en la Segunda Revolución Industrial cuando el capitalismo pudo reformular el mundo a su imagen.

El electromagnetismo dio lugar a las primeras compañías en red, que producían de todo desde plantas de generación de energía y la grilla de electricidad hasta bombillas para cada habitación. Las colosales necesidades de financiamiento de estas empresas engendraron el megabanco, junto con una capacidad considerable para crear dinero de la nada. La aglomeración de megafirmas y megabancos creó una tecnoestructura que usurpó mercados, instituciones democráticas y medios de comunicación, lo que primero derivó en los «locos años 20» y luego en la crisis de 1929.

Desde 1933 hasta 1971, el capitalismo global estaba planificado centralmente bajo diferentes reproducciones del marco de gobernanza del New Deal, incluidos la economía en guerra y el sistema de Bretton Woods. Como ese marco fue arrasado a mediados de los años 1970, la tecnoestructura, disfrazada de neoliberalismo, recuperó sus poderes. Luego vino un aluvión de «exuberancia irracional» al estilo de los años 20, que culminó en la crisis financiera global de 2008.

Para reflotar el sistema financiero, los bancos centrales canalizaron olas de liquidez muy barata al sector financiero, a cambio de una austeridad fiscal universal que limitó el gasto de los hogares de bajos y medianos ingresos. Al no poder beneficiarse de los consumidores golpeados por la austeridad, los inversores pasaron a depender de las constantes inyecciones de liquidez de los bancos centrales, una adicción con efectos colaterales graves para el propio capitalismo.

Consideremos la siguiente reacción en cadena: el Banco Central Europeo otorga nueva liquidez al Deutsche Bank a un interés de casi cero. Para sacarle provecho, el Deutsche Bank debe prestar ese dinero, aunque no a la «pobre gente» cuyas circunstancias deterioradas han debilitado su capacidad de pago. Entonces, se la presta, por ejemplo, a Volkswagen, que ya está inundada de ahorros porque sus ejecutivos, por temor a una demanda insuficiente de nuevos autos eléctricos de alta calidad, pospusieron inversiones cruciales en nuevas tecnologías y empleos bien remunerados. Aunque los jefes de Volkswagen no necesitan el dinero extra, el Deutsche Bank les ofrece una tasa de interés tan baja que lo toman e inmediatamente lo usan para comprar acciones de Volkswagen. Naturalmente, el precio de la acción se dispara y, con él, los bonos de los ejecutivos de Volkswagen (que están asociados a la capitalización de mercado de la compañía).

De 2009 a 2020, estas prácticas ayudaron a desvincular los precios de las acciones de la economía real, lo que resultó en una «zombificación» corporativa generalizada. Así estaba el capitalismo cuando llegó el covid-19. Al afectar el consumo y la producción al mismo tiempo, la pandemia obligó a los gobiernos a reemplazar los ingresos en un momento en que la economía real tenía la menor capacidad para invertir en la generación de riqueza no financiera. Como resultado de ello, se llamó a los bancos centrales a estimular de manera aún más grandiosa la burbuja de deuda que ya había «zombificado» a las corporaciones.

La pandemia ha reforzado aquello que ha venido minando los cimientos del capitalismo desde 2008: el vínculo entre ganancias y acumulación de capital. La crisis actual ha revelado una economía poscapitalista en la que los mercados de bienes y servicios reales ya no coordinan la toma de decisiones económicas, la tecnoestructura actual (que incluye a las grandes tecnológicas y a Wall Street) manipula el comportamiento en una escala industrial y el demos está excluido de nuestras democracias.

Fuente: Project Syndicate

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Los chalecos amarillos llaman a retomar las calles ante la crisis en Francia

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

 

En un contexto marcado por un desastre social sin precedentes, los chalecos amarillos están pidiendo que la gente salga a las calles ante la crisis. Para el 12 de septiembre, junto con el regreso de las vacaciones, varios colectivos que integran el movimiento están pidiendo salir a las calles por un “retorno a las bases” de sus demandas.

 

 Los chalecos amarillos de Francia piden un "retorno a las bases", en referencia a los métodos y las demandas que impulsaron el movimiento disparado por la crisis económica. La convocatoria promovida por Jérôme Rodrigues, figura del movimiento, para salir a las calles el 12 de septiembre se publicó a principios de agosto y rápidamente se unieron a muchos colectivos de chalecos amarillos de toda Francia.

En ese momento, Jérôme Rodrigues pidió un retorno a las fuentes, no sólo volviendo a los Campos Elíseos, escenario de los primeros actos masivos del movimiento, sino también recordando sus demandas. Entrevistado por RT France, el referente de los chalecos amarillos recordó los grandes ejes programáticos del movimiento en torno a "una vida mejor, una democracia directa y participativa, el fin de los privilegios de nuestros gobernantes y en contra de la violencia policial".

Esta movilización se producirá en un contexto social explosivo, marcado por una profunda crisis económica y el ataque directo a las condiciones laborales de muchos trabajadores. “Hay una ola de despidos, 700.000 jóvenes que llegan a un mercado laboral casi inexistente. (…) El descontento y la rabia que veremos en septiembre no será sólo de los chalecos amarillos: será de todos los ciudadanos”, dijo Rodrigues. "Estamos aquí para restaurar no la economía de Francia, sino la economía de nuestras casas. Porque los que hacemos vivir a Francia somos nosotros, los Chalecos Amarillos, los ciudadanos enojados, los que trabajan todos los días, los que dieron la vida durante la pandemia de coronavirus”, señaló durante un vivo de Facebook.

Para los chalecos amarillos, esta fecha es una oportunidad para salir a la calle de forma visible. El movimiento ha ido evolucionado en sus formas tras el primer aniversario de su existencia en noviembre de 2019. Si las manifestaciones de los sábados fueron mucho más pequeñas en 2020, incluso en París, esto no impidió que los chalecos amarillos estuvieran presentes en los piquetes y en las manifestaciones del movimiento contra la reforma previsional, sino también que hayan influido en este movimiento mediante sus métodos. Esta primera fecha de movilización, el próximo sábado, servirá también de puntapié inicial para el “retorno social” luego de las vacaciones.

La cuestión de la unidad surge de manera contundente

Ante un regreso marcado por la crisis sanitaria y económica, la cuestión de la unidad es un tema importante para las próximas movilizaciones. Consultado por RT France sobre la cuestión de la "convergencia", Jérôme Rodrigues volvió a llamar a todos los que luchan por otra sociedad y contra el Gobierno a "unirse". Un llamado que corresponde al estado de ánimo de todos los que participaron en las últimas movilizaciones.

En este sentido, podemos ver cierta confusión en el texto de la convocatoria de manifestaciones antirracistas, que que parte diciendo “¡No nos dividirás! El único racismo sistémico que existe en Francia es el del bloque de élite, de la burguesía, frente al resto de la población, de ‘los que no tienen nada’”. Esta formulación da la impresión de negar la existencia de un racismo sistémico en Francia, contra el que decenas de miles de jóvenes se levantaron en junio. Movilizaciones antirracistas en las que también han participado Jérôme Rodrigues y otros Chalecos Amarillos.

De hecho, los Chalecos Amarillos y los habitantes de los barrios obreros enfrentan los mismos problemas de precariedad y desempleo, como lo demostraron las convergencias logradas en 2018-2019, en particular con el Comité Adama (en referencia a Adama Touré, jóven afrodescenciente asesinada por la policía). Asimismo, la violencia policial que sobrevino al movimiento de los Chalecos Amarillos se despliega regularmente en los barrios obreros, un verdadero campo de pruebas para "mantener el orden" como lo fueron las colonias en su época.

Este tema es muy importante, en un momento en que, siguiendo los pasos de la extrema derecha, el Gobierno ha lanzado una ofensiva racista y de seguridad, tratando de polarizar el debate público sobre el tema de la inseguridad y contrarrestar la importante dinámica de movilización abierta contra el racismo y la violencia estatal a raíz de las revueltas en Estados Unidos. Una ola de movilización que ha puesto en primer plano el racismo de Estado, que ahora el Gobierno busca utilizar para dividir a la clase trabajadora. En este sentido, más que querer dejar de lado esta cuestión, la unidad implica por el contrario luchar y denunciar el racismo y la violencia policial que se despliegan a diario en los barrios obreros, señalando al enemigo común de quienes luchan contra el racismo, por unas condiciones de vida dignas y por otra sociedad.

La unificación de la bronca

De manera más amplia, este debate plantea la cuestión de la unidad de la bronca que se necesita para el regreso del período vacacional. De hecho, estará marcado por el desastre social generado por la crisis con la eliminación de 800.000 puestos de trabajo bajo el creciente número de Planes Sociales que indican el aumento de la pobreza, pero también los ataques a las condiciones laborales en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo. Ataques contra trabajadores llevados a cabo después de que el Gobierno anunciara un plan de $100 mil millones de euros dirigidos centralmente a grandes corporaciones.

En este contexto, un plan de lucha real será fundamental, para ir más allá de la simple jornada interprofesional [de distintos sectores laborales] llamada para el 17 de septiembre por los sindicatos. Este plan de lucha tendrá que articularse en torno a demandas que rechacen que los trabajadores y la mayoría de la población paguen la crisis. Un objetivo en linea con el de los chalecos amarillos. Como subraya Sabine, un chaleco amarillo entrevistado por el medio francés Slate“El descontento se ha ampliado con la exposición de las mentiras del Gobierno y sus aliados mediáticos, farmacéuticos o financieros, de su implacable criminalidad para seguir eliminando camas y saqueando nuestro sistema de salud. Y a pesar de las ganancias y los miles de millones otorgados a grandes grupos, ¡los despidos se han acelerado!".

Por tanto, un programa contra la crisis debería incluir el rechazo absoluto de los despidos y su prohibición, la nacionalización bajo el control de los trabajadores de las empresas amenazadas de cierre, el reparto del tiempo de trabajo como respuesta al desempleo que ya afecta a más de 6 millones de personas en Francia, pero también el fin de los contratos precarios que constituyen un método de ajuste de los empresarios ante la crisis. Un programa de este tipo, articulado con un plan de lucha para imponerlo en la calle y por la huelga, sería central para unificar a los Chalecos Amarillos y al movimiento obrero en torno a demandas comunes contra el Gobierno, pero también los grandes patrones que dictan a Macron su política económica. Finalmente, mientras Gérald Darmanin, Ministro del Interior, prepara una larga ofensiva racista con las fuerzas represivas, esta lucha tendrá que ir de la mano de una clara denuncia de la política gubernamental que intensificará la represión contra las clases populares y el racismo.

Si los chalecos amarillos continúan mostrando su aspiración a la unidad, las direcciones sindicales deberían como mínimo iniciar la ruptura del diálogo social. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha tratado de recuperar el liderazgo del movimiento obrero aumentando el número de reuniones con las direcciones sindicales. Estas obviamente no permitieron obtener concesiones e incluso jugaron un papel traidor en un momento en que muchos sindicatos locales luchaban para cerrar sus negociaciones y obtener condiciones sanitarias dignas. En el mismo sentido, el “diálogo social” constituye un verdadero obstáculo para el surgimiento de demandas y un plan de lucha que esté a la altura, y por ende a la unidad de todos los sectores a los que el Gobierno pretende hacer pagar la crisis.

Por Paul Morao

Martes 8 de septiembre | 12:52

Publicado enInternacional
Miércoles, 02 Septiembre 2020 08:37

Venezuela: ¿Volver a las aulas?

Venezuela: ¿Volver a las aulas?

Elementos para la consulta educativa 2020

 

El día viernes 21 de agosto el presidente Maduro convocó una consulta pública sobre las posibilidades de volver a las aulas en Venezuela. Celebramos esta convocatoria, porque permite repolitizar el debate y sacarlo del simple lugar de la “emergencia sanitaria”, abriendo las compuertas institucionales para un auténtico debate político pedagógico.

Desde la consulta por la calidad educativa del 2014 no se presentaba una oportunidad de estas dimensiones, por lo cual el movimiento pedagógico venezolano debe aprovechar la ocasión para que florezcan los miles de debates educativos que están germinando en los márgenes.

Esperamos que en el curso de este debate aparezca vivo y sano el amigo y hermano de camino Carlos Lanz Rodríguez[1], con quien aprendimos a caminar juntes desde las diferencias, privilegiando las coincidencias. Carlos es necesario en este debate, incluso para discrepar en algunos temas con él. Este debate sobre la orientación educativa de la revolución Bolivariana sin Carlos Lanz Rodríguez, es un debate a medias.

Avivemos el debate necesario, no partiendo de cero, sino de las discusiones, alcances, coincidencias y diferencias que han emergido desde el Proyecto Educativo Nacional (PEN) de la Constituyente Educativa (1999) hasta el presente. Se trata entonces de activar la Constituyente Educativa para avivar el lema “Constructores de sueños, profesionales de la esperanza “.

 

1. No hay texto sin contexto

 

La consulta educativa 2020 tenemos que situarla en sus dimensiones nacionales e internacionales. En el plano nacional, este debate se auspicia en el marco de crecientes rumores sobre acciones militares norteamericanas contra Venezuela, lo cual merece el total repudio del magisterio venezolano. Debatir en un contexto tan delicado para la soberanía nacional implica una reivindicación del pensamiento crítico y la pluralidad de miradas, algo que hemos insistido fortalece la unidad nacional.

Además, esta convocatoria ocurre en pleno repunte de la pandemia de COVID-19, como lo muestran las cifras diarias de 600 a 800 contagiados y de muertes cada 24 horas que se aproximan a los dos dígitos, en un marco de deterioro dramático del salario de los y las docentes y de convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional. En este último aspecto aspiramos que este debate eleve el vuelo por encima de las disputas y polarización propia del proceso electoral; la sociedad venezolana reclama en el presente un debate amplio y constructivo sobre el tema educativo.

En el plano internacional esta convocatoria a debatir sobre un eventual retorno presencial a las aulas ocurre en medio de un nuevo capítulo de la disputa entre neoliberalismo educativo y alternativas anti capitalistas que en sus dimensiones estructurantes adquiere formas muy precisas desde la década de los ochenta con la globalización económica y la mundialización cultural.

Desde ese momento el neoliberalismo ha intentado posesionar el paradigma de la sociedad educadora, que no es otra cosa que la intención de ir transfiriendo las responsabilidades de los Estados nacionales a los y las ciudadanos. En el caso de la educación ello implica que los y las estudiantes, docentes y familias asuman un rol central en el financiamiento de lo educativo.

 

2. La sociedad educadora en la nueva etapa capitalista

 

Este posicionamiento paradigmático lo logró el neoliberalismo de manera desigual en la región; en unos países como Chile avanzó de manera acelerada, en otros tuvo más resistencias que obligo a mediaciones de paradigmas.

El paradigma de la sociedad educadora tiene como uno de sus soportes la cultura evaluativa, con sus nociones de calidad, pertinencia e impacto. El desarrollo desigual y combinado del paradigma de la sociedad educadora lo podemos ver con las pruebas estandarizadas que en unos países se aplicaron como su máxima expresión y en otros la correlación de fuerzas no lo permitió. Sin embargo, la ausencia de pruebas estandarizadas no es sinónimo de territorio libre del paradigma de sociedad educadora.

Este paradigma se cruza con la noción capitalista de “crisis educativa permanente” que expresa el desfase de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial, respecto a los requerimientos de una nueva escuela para la sociedad de la información y la tercera/cuarta revolución industrial.

La “crisis educativa” no resuelta crea la paradoja histórica de una escuela criticada por el capital, pero también por las alternativas anti capitalistas. La falta de claridad y precisión sobre las salidas a esta paradoja desde la izquierda, profundizó las turbulencias de lo escolar y la desorientación de un importante sector del cambio radical.

Con el desarrollo científico-tecnológico de la tercera revolución industrial, el capitalismo cognitivo del siglo XXI comienza a platearse seriamente el asumir a escala planetaria el modelo de “home scholl” o “escuela en casa”, que es otra autopista para impulsar el paradigma de la sociedad educadora.

Desde el 2015 venimos denunciando este fenómeno en lo que denominamos como el riesgo cierto de que ocurriera un Apagón Pedagógico Global (APG). Este APG se convertía en una posibilidad del capital para ahorrar costes en el sostenimiento de los aparatos escolares y la formación docente. La virtualidad escolar y el modelo de educación digital soportaron esta tendencia al APG. Proceso que de concretarse –como lo hizo- se convertiría (convierte) en una posibilidad cierta de avivar la industria tecnológica, uno de los sectores más dinámicos del capital en la última década y que venía sufriendo el impacto de la crisis económica capitalista planetaria.

 

La ruta al APG se fundamentaba en:

 

a) La despedagogización del hecho educativo;

b) La cultura evaluativa;

c) La creciente conectividad al internet;

d) El acceso masivo a computadores de escritorio y dispositivos móviles (celulares);

e) El incremento de las experiencias pilotos en el uso de los videos tutoriales, como soportes del hecho educativo;

f) La inusitada aceleración de la innovación tecnológica;

g) La decretada obsolescencia de la maquinaria educativa newtoniana derivada de la primera y segunda revolución industrial

 

A ello contribuye el proceso de transición del modelo societal de la tercera a la cuarta revolución industrial, que implicaba:

 

a) Una reconceptualización del modo de producción impactado por la tecnología y el inminente desembarco de las fabricas 4.0 a escala planetaria;

b) La transición hacia el comercio electrónico y el “delivery”, que ubicaba la casa, el hogar, en una nueva centralidad del consumo;

c) La redefinición de una parte importante del empleo hacia el trabajo en casa, el teletrabajo, para producir desde allí mercancías materiales e inmateriales, lo cual implicaba una redefinición del mundo del empleo;

d) El emerger de la “nueva sociabilidad” expresada a través del mundo digital, especialmente de las redes sociales, que muestra y modela nuevas nociones de espacio y tiempo para aspectos como amistad, amor, diálogos y encuentros;

e) La infraestructura y capacidad instalada por las corporaciones tecnológicas para desarrollar un sistema de plataformas para la educación virtual y de contenidos digitales vinculados al modelo de educación en casa en el siglo XXI;

f) La aceleración de la innovación tecnológica y su impacto en el mundo educativo.

 

Las narrativas capitalistas de educación en casa parten de imaginarios de segregación con perspectiva de clase media y clase alta, que desconocen la existencia de un número importante de excluidos del mundo digital, tanto en los países de la periferia capitalista como en los sectores pobres del llamado “primer mundo”.

Ciertamente la exclusión no es una preocupación del capitalismo cognitivo. Incluso una parte importante de los teóricos de la transición capitalista a la cuarta revolución industrial, como Klaus Schwab o Ray Kurzweil, justifican que, así como la primera y segunda revolución industrial dejó rezagada a 1.300 millones de personas del mundo de la electricidad y los servicios básicos, este nuevo giro tecno-social podría dejar fuera la mitad de la población del planeta.

Por ello denunciábamos y advertíamos entre 2015 y 2019 que las naciones y pueblos de la periferia capitalista deberíamos estar conscientes de la ruta constitutiva de este Apagón Pedagógico Global que podía dejar a millones de seres humanos en la periferia de la periferia capitalista. En ese periodo (2015/2019) realizamos más de cincuenta eventos en los distintos estados de Venezuela y 42 foros internacionales, como queda evidencia en las redes sociales.

Estas advertencias sobre el APG se fundamentaron en la mirada crítica respecto a los análisis que realizaban las bancas de desarrollo, organismos multilaterales de lo educativo y en la literatura de las corporaciones tecnológicas. Incluso el matrimonio educativo entre Google y la Nasa había iniciado desde 2008/2009 un experimento en Silicon Valley sobre otro modelo de universidad para la élite de la cuarta revolución industrial.

El Apagón Pedagógico Global (APG), es una frase fuerza para alertar respecto al pase abrupto de la presencialidad a modelos mixtos o integrales de educación virtual en casa. Siempre se nos preguntaba ¿cómo podría ocurrir una transición tan drástica a nivel planetario? En cada oportunidad que nos formulaban esta interrogante respondimos de manera responsable, que no podíamos anticipar los eventos que lo facilitarían, pero que el capital ya venía trabajando en esa dirección.

Mientras muchos permanecían incrédulos, incluso desde el campo de las resistencias anti capitalistas, el gran capital aprovechó esta inercia para avanzar en la construcción de la infraestructura del modelo de virtualidad educativa en casa. Las grandes corporaciones tecnológicas como Google Education, Discovery Education, Pearson Education, Microsoft, avanzaron en conformar la más importante “nube educativa” del planeta, desarrollando además, contenidos digitales y preparando las plataformas virtuales para el modelo masivo de educación en casa. Los gobiernos estaban mirando para otro lado hablando de calidad educativa en abstracto, pertinencia del siglo XIX o XX e impacto limitado a la inclusión; poco hicieron para construir una infraestructura tecnológica independiente y un eje de contenidos digitales alternativos que garantizaran soberanía educativa.

La posibilidad o no de estar informados sobre la aceleración de la innovación, la existencia o no de una nube digital, plataformas virtuales, contenidos digitales y prácticas pedagógicas en entornos de alta circulación de metadatos, inteligencia artificial y nanotecnología, se convierte de hecho, en un importante campo de acción para la preservación o pérdida de soberanía educativa en el siglo XXI. Por ello, la autonomía educativa en entornos virtuales y digitales no es solo una perspectiva sobre lo tecnológico, sino un tema de seguridad de Estado para las naciones de la periferia capitalista.

Desde las alternativas pedagógicas el desprecio por el impacto de la aceleración de la innovación tecnológica en lo educativo, hizo que descuidáramos las demandas formativas respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje y mucho más la construcción de paradigmas libertarios y emancipatorios en entornos virtuales y digitales de aprendizaje.

El COVID-19 se convirtió en el evento utilizado por el neoliberalismo para impulsar un nuevo modelo de educación virtual, que al parecer, en la transición contendrá fases de interacción entre presencialidad y virtualidad. La pandemia del Coronavirus se constituyó en evento usado por el capital para avanzar en el Apagón Pedagógico Global (APG). El modelo de educación hibrida pareciera ser el nuevo signo discursivo de la transición hacia los sistemas escolares en la cuarta revolución industrial y estimo que ello determinará los modelos de neo privatización que conoceremos en los próximos años. Por ello, su abordaje político pedagógico no es un tema de coyuntura sino de carácter estratégico.

Sin embargo, como nos ha enseñado la historia de la lucha de clases y las disputas entre intereses contrapuestos, el futuro dependerá de la acumulación de resistencias y las correlaciones de fuerzas. Por ello, la importancia de hacer un adecuado debate político pedagógico en la actual coyuntura, a partir del cual delinear alianzas con los reales intereses emancipadores desde lo político pedagógico, convergencias que permitan trazar rutas alternativas al desastre excluyente que hoy amenaza a la escuela pública. No es hora de hacer una debate parcial que desconozca la relación en las dinámicas locales y las mundiales.

 

3. [email protected] y [email protected] del mundo los grandes garantes del derecho a la educación

 

La pandemia del COVID-19 ha mostrado que la sociedad latinoamericana puede contar con sus maestras y maestros, con sus [email protected] populares, quienes han asumido el desafío de buscar algún nivel realista de continuidad del proceso escolar en medio de consignas y propuestas grandilocuentes de los gobiernos.

El magisterio de a pie, ese que antes de la pandemia iba todos los días a las aulas y que conoce la importancia de la relación directa con sus estudiantes, ha desarrollado todo tipo de iniciativas para garantizar que cada niño y niña, cada joven sienta que la escuela sigue atendiéndoles, acompañándoles y no les deja rezagades en medio del desconcierto de la pandemia.

Son los mismos docentes latinoamericanos cuyos salarios de sobrevivencia no les permiten siquiera tener una vivienda propia y para quienes hablar de “educación en casa” es un sin sentido. Los pueblos admiran a ese magisterio que le entra a la adversidad con amor, creando ideas e impulsando esfuerzos que lleven las letras, números, ciencia, reflexión y pensamiento crítico allí donde están los y las estudiantes. Es ese magisterio que tiene que inventar para no errar, pues sus deteriorados salarios no les permiten comprar una computadora nueva o repotenciar la que tiene para poder asumir la virtualidad, ni pagar los planes de datos, es el mismo magisterio que mantiene viva por distintas vías la llama de la educación pública.

Pero este magisterio no permanece insensible ante esta situación que muestra de manera descarnada todas las exclusiones y el terrible impacto de la brecha digital. Por ello como lo hemos visto en EEUU, Puerto Rico, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia. Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, para solo citar algunos casos, sus organizaciones gremiales y sindicales democráticas están a la vanguardia de la lucha por la renta básica mínima universal, empleo digno, vivienda, servicios públicos, pero también por ampliación democrática, derechos humanos, contra el patriarcado, la homofobia y por la defensa del medio ambiente.

En todos los territorios de nuestra américa retumba la defensa de la escuela presencial, pero también la demanda por salarios justos, el logro de un sistema de jubilaciones digno, por conectividad universal, dotación de equipos de computación para todes (estudiantes y docentes). Son esos docentes quienes con mucha voluntad y precario apoyo de los gobiernos exploran y desarrollan propuestas educativas emancipatorias en contextos de aprendizaje virtual.

Es el mismo magisterio que no se deja manipular por frases vacías que hablan de la mística docente, mientras los gobernantes que así lo señalan no hacen nada para detener la tendencia al desfinanciamiento educativo.

Por ello, los maestros y maestros del mundo deberían hoy estar postulados al Premio Nobel de La Paz, por su trabajo a favor del encuentro y la solidaridad humana en condiciones tan adversas. Mi reconocimiento a este magisterio que tararea cada vez con más fuerza la frase “El maestro que lucha también está enseñando con el ejemplo”.

 

4. Balance mundial de la actuación del capital en materia educativa durante los 5 meses transcurridos de pandemia y cuarentena

 

Desde mediados de marzo de 2020 la cuarentena preventiva generó un caos educativo sin precedentes, pues al haber rehuido los gobiernos la posibilidad de discutir anticipadamente escenarios pedagógicos vinculados a la aceleración de la innovación tecnológica y así poder anticipar salidas para coyunturas como esta, muchas respuestas coyunturales fueron solo “garrotazos de ciego”. Ignorar o desestimar esta situación en los prolegómenos de la pandemia solo hizo que nos estrelláramos con la cruda realidad, del impacto de la aceleración de la innovación tecnológica en la gobernabilidad capitalista del siglo XXI y, dentro de ello, la ruta trazada a los sistemas educativos.

Las respuestas de los gobiernos ante la pandemia fueron:

 

a) Suspensión temporal del año escolar y los semestres. En la mayoría de estos casos (salvo Bolivia), luego se daría continuidad mediante combinaciones erráticas entre virtualidad y educación a distancia;

b) Transición abrupta desde un inicio a modelos de educación virtual en casa, enseñanza a distancia en las universidades u otros nombres que mostraban una mirada común;

 

Como esta iniciativa estaba dejando excluida a más de la mitad de la población estudiantil, se ensayaron “modalidades complementarias” de módulos impresos para auto aprendizaje en casa, educación radial o televisión educativa, que en la mayoría de los casos resultaron ser un salto al pasado o modelos de educación para pobres

 

c) Cierre del año escolar, esperando resolver las tensiones internas para el inicio del nuevo año escolar (caso Bolivia)

d) Modelos escalados de reincorporación a las aulas con protocolos de bio seguridad (Uruguay).

 

La situación educativa del COVID-19 develó las inequidades existentes en los países, que en el caso de América Latina alcanzaron el 37 % de pobreza, unos 231 millones pobres, de los cuales unos 80 millones quedaron ubicados en la franja de pobreza extrema. El desempleo se convirtió en un nuevo elemento de crisis social. En el planeta la pandemia lanzó al desempleo a más de 400 millones de seres humanos.

En lo educativo las cifras facilitadas por la UNESCO a finales de abril 2020 eran dramáticas. De los 1.370 millones de niños, niñas y jóvenes fuera de la escuela, 800 millones no tenían acceso a computadores y 706 millones no disponían ningún tipo de conexión a internet, siquiera de dispositivos móviles. Es decir, lo que señala UNESCO es que casi la mitad de la población estudiantil del mundo está quedando fuera de las posibilidades de prosecución, en los modelos de enseñanza virtuales y de contenidos digitales. Este balance no es una derrota del modelo de educación virtual, por el contrario, muestra su eficacia para producir nuevas exclusiones y fragmentaciones sociales que es uno de sus propósitos centrales.

Los datos de exclusión no fueron una sorpresa, el Informe de Statista de 2017, empresa encargada de estudiar la penetración de internet en el mundo, señalaba que solo el 54% de la población tenía acceso a internet, una buena parte a través de dispositivos móviles. En enero de 2020 la plataforma wearesocial señalaba que la penetración del internet alcanzaba para ese momento los 4.540 millones de personas, pero ello solo representaba el 59% de la población mundial. En ningún lugar del mundo la cobertura del internet era del 100%, y ese promedio de 59% era terriblemente desigual entre el centro y la periferia capitalista. Las cifras de los censos realizados por gremios docentes de la región mostraron que por lo menos un 40% de las y los maestras(os) no contaban con un computador con capacidad para la conectividad que demandaba el modelo de enseñanza con plataformas virtuales.

La concreción del Apagón Pedagógico Virtual (APG) no estaba limitado por esa diferenciación en el acceso a internet y computadores, sino que se fundamentaba en la exclusión de partida, para producir con ello nuevas formas de control y dominación, pero también para empujar hacia escenarios de privatización educativa centrados en la virtualidad y lo digital. Es decir, el capital generó una “respuesta educativa contingente” en el marco de la pandemia, cuyos resultados previstos expulsaban o colocaban en los márgenes del sistema (de manera “congelada”) a millones de estudiantes.

Esto ocurrió con la complicidad y el silencio de muchos gobernantes, ministros de educación y medios de comunicación del mundo capitalista, quienes mostraban ante la prensa una supuesta cobertura escolar del 100% en la pandemia, ocultando la realidad de inequidad existente en materia de conectividad y acceso a equipos. Tamaña irresponsabilidad ocurre en un mundo con una penetración real del internet que no excede el 60% en promedio y donde la ciudad con más computadores por habitantes es Hong Kong, con acceso de 72 personas de cada 100.

El capital sabía de antemano la terrible exclusión que generaría el modelo de educación virtual en casa, pero lo impulsaron porque formaba parte de la construcción de las nuevas exclusiones, fragmentaciones y marginalización que caracterizarán a la sociedad de la cuarta revolución industrial.  

El modelo de educación virtual en casa, introducido con pocas resistencias a escala planetaria sin mediar los análisis de conexión a internet y posesión de equipos, fue justificado con el discurso de continuidad del vínculo pedagógico en situación de emergencia, que evidenció un absoluto desconocimiento del saber pedagógico, que señala que precisamente ese vínculo pedagógico esta mediado por presencia, afecto, empatía dialógica. Transmitir conocimientos por medios virtuales no es necesariamente una continuidad del vínculo pedagógico, sino una inercia incesante por cumplir con el currículo preestablecido, por la programación escolar, una pulsión incesante de la moribunda máquina educativa newtoniana.

Desde las alternativas se planteó que se hiciera un alto en la continuidad de la gestión curricular de cada grado y se usara los distintos niveles de conexión (internet, televisión, radio, prensa, ocasionales encuentros con distancia física) para promover el encuentro dialógico en casa, el descubrimiento y aprendizaje compartido respecto a todas las dinámicas en casa, el conocer el funcionamiento de los artefactos, los fenómenos de exclusión que se evidenciaban en casa. Es decir, fortalecer la capacidad de análisis contextual y pensamiento crítico como hilo conductor de lo educativo en la pandemia. También para despertar conciencias y solidaridades respecto a aquellos y aquellas que no poseen ni una casa. Pero para la burocracia educativa lo importante continuó siendo la administración curricular, la “eficacia” en el cumplimiento del currículo establecido y ello lo único que profundizó fue el número de desaparecidos del sistema escolar y los torturados por un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el producto y no en los procesos.

 

5. ¿Que logró el neoliberalismo en los cinco meses de pandemia?:

 

a) Consolidar la idea de lo educativo como trasmisión de conocimiento, cuyo logro es medible por productos: tareas, exámenes y no por la capacidad alcanzada de aprender a aprender;

b) Instalar una disputa que no existía en febrero de 2020. Esta disputa es entre educación presencial en las escuelas versus educación virtual en casa. Este posicionamiento abrió múltiples caminos para el paso impune del paradigma neoliberal de sociedad educadora;

c) Generar una brutal neo privatización educativa transfiriendo a les estudiantes, docentes y familias la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fueron las familias, docentes y estudiantes quienes tuvieron que repotenciar sus computadores o comprar nuevos equipos, pagar el acceso a planes de datos e internet, en algunos casos cancelar los costos del acceso a plataformas virtuales. El Estado se desentendió de ello con un discurso que exaltaba la mística de les educadores y las familias, con lo cual ocultaban el abandono de su responsabilidad de garantizar conectividad, equipos para todes, plataformas autónomas y repositorios pedagógicos digitales.

El paradigma de la sociedad educadora se impuso de manera abrupta, ahora eran los y las [email protected] quienes asumían los costos básicos de la educación. Un ensayo a escala planetaria que serviría para que el capital comenzara a diseñar estrategias similares de carácter permanente.

Ciertamente volveremos a la escuela presencial a nivel mundial una vez que se aplique la vacuna y levante la cuarentena, pero la escuela ya no será nunca más la de febrero de 2020; el neoliberalismo usará la disputa entre presencialidad y virtualidad para hacer parecer a la escuela como cosa del pasado y el modo virtual como el futuro. Ello le permitirá al capital avanzar hacia novedosas y engañosas formas de privatización educativa en el marco de la cuarta revolución industrial y la llamada sociedad de la información;

d) La educación gratuita sufrió un duro golpe. Durante la pandemia si les docentes, estudiantes y familias no pagaban el internet no había clases. La educación pública (responsabilidad del estado) y gratuita (sin costes para las familias) dejo de serlo, de hecho, al menos durante la pandemia;

e) Consolidar la premisa que señala que la educación solo tiene razón si está vinculada con el empleo y que la educación digital contiene la orientación teórico-práctica para formar los empleados profesionales de un mañana mediado por la aceleración de la innovación tecnológica. Esto ha significado un nuevo golpe a las concepciones humanistas y de desarrollo integral de los aprendizajes defendidas por las alternativas en los últimos siglos;

f) Potenciar el espíritu antitecnología en vastos sectores de la población y les docentes, un requerimiento básico para generar auto exclusión con la menor conflictividad. Un volumen importante de la población actual está siendo trasladada a la “zona cero” de la exclusión y si ello ocurre con auto satisfacción de quienes están recibiendo el impacto, los “daños colaterales” aparecen como manejables.

No se trata de estimular el culto por la chatarra tecnológica, pero tampoco podemos promover una especie de neo ludismo cuya epistemología se fundamente en pensar que si nos alejamos de lo tecnológico se podrá controlar el profundo impacto que tendrá en los próximos años la aceleración de la innovación tecnológica.

Desde las alternativas tenemos que entrarle al debate y las praxis emergentes respecto a cómo tejer resistencias eficaces en un marco de invasión en la cotidianidad de lo tecnológico, de minería de datos personales, de sociedad de control a través de los inventos y desarrollos científicos del mundo digital. Cerrando los ojos o mirando para otro lado no vamos a enfrentar de manera más eficaz lo que ocurre, al contrario, tenemos que plantarnos críticamente y de frente ante esta vorágine como camino para la acumulación de fuerzas necesaria para abrir paso a un auténtico cambio radical a favor de la vida, la naturaleza y la solidaridad. Decir solo no miro, no acepto, con la actual correlación de fuerzas es una forma de rehuir el combate contextual;

g) Generar una nueva y brutal segmentación educativa, que no es otra cosa que la destrucción de la capacidad igualadora de las instituciones educativas. La escuela moderna irrumpió contra la concepción elitista en la apropiación del conocimiento. Al desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de unas condiciones materiales comunes expresadas en el salón de clases, mediante pupitres iguales, criterios similares, laboratorios compartidos independientemente del origen social y poder adquisitivo, los y las estudiantes tenían un punto de partida común en el aula, que, si bien no disolvía las diferencias de clases ni de capital cultural, construía una equidad en el acceso al conocimiento en la escuela. El modelo de educación virtual rompió con esa conquista social. Ahora bajo la égida del paradigma de sociedad educadora, las condiciones mínimas de aprendizaje tenían un claro tinte de clase, determinado por quienes pueden o no, acceder a los bienes materiales y la innovación tecnológica. La exclusión adquirió nuevo rostro, el de la virtualidad y el mundo digital.

Surgió una educación de primera, para aquellos(as) que cuentan con computadoras y conexión a internet, quienes pudieron acceder a contenidos digitales actualizados, diálogo virtual permanente con les docentes y acompañamiento de las familias en casa; de hecho, fueron la minoría.

Educación de segunda para aquellos(as) estudiantes que, a pesar de contar con equipos y planes de datos, no tenían un soporte familiar que les apoyara. Todes sabemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se tratan de simples dinámicas de trasmisión de conocimiento, sino que comportan un alto nivel de empatía entre docentes y estudiantes, que involucra dinámicas socio emocionales que quedan rotas con la simple virtualidad. Muchos de estos estudiantes, no pudieron seguir el ritmo porque no contaban con una familia, un referente personal que les acompañara.

Educación de tercera para aquellos/aquellas estudiantes y docentes que solo cuentan con un dispositivo móvil con capacidad de WhatsApp limitado al consumo disponible de datos. No tiene el rango de educación a distancia, sino más bien de comunicación en entornos asociados a transmisión de conocimientos. Sin embargo, su continuidad está mediada por la capacidad que se tenga para pagar de manera incesante los datos que se consumen.

Educación de cuarta para aquellos(as) estudiantes que no tienen ningún dispositivo ni planes de datos para acceder al proceso educativo en modalidad de distancia. Para ellos se construyó el modelo de guías vinculadas a la televisión y la radio, al estilo de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, que constituye una marginalización de las dinámicas digitales que comienzan a hegemonizar la sociedad, la selección para el empleo y el vínculo con el conocimiento, en el marco de la cuarta revolución industrial. Se trata de una educación para ajustarse a la franja de exclusión y marginalidad. Los gobiernos se justifican señalando que es lo que tienen disponible, ocultando que no fueron capaces de anticipar lo que se venía, obligación que tienen quienes gobiernan.

Educación de quinta para aquellos que viven en regiones de difícil acceso, dónde no llega ni la radio ni la televisión y a donde se les envía guías para trabajar. Son aquellos y aquellas estudiantes cuyos padres viven en pobreza o pobreza extrema, muchos de los cuales no saben leer ni escribir y no existe un maestro a kilómetros a la redonda.

Estas segmentaciones si no se abordan de manera rápida podrán tener un impacto duradero en la población y modelarán una parte importante de las exclusiones del mañana.

h) Instalar la idea de obsolescencia de la escuela, liceo y universidad presencial. Las dificultades mostradas por los sistemas educativos para afrontar el desafío del modelo de educación virtual y de contenidos digitales, está siendo aprovechada para mostrar a las instituciones educativas como museos y, al mundo virtual como la actualidad.

Se oculta que esas dificultades que presentaron los educadores están vinculadas a las inequidades económicas en cada país, al desfasado sistema de formación docente (inicial y permanente) que no enseñó a les docentes a trabajar en tornos digitales y virtuales. Esta carencia fue una construcción desde el poder expresada en la creciente desinversión y desactualización de la infraestructura de formación de formadores. Por otra parte, un discurso fundamentalista y de interpretación de las prioridades de formación docente ancladas en el pasado, en un tiempo histórico diferente, resultó funcional a esta tarea del capital.

i) Movilizar una parte importante de las tareas de reproducción cultural históricamente asignadas a la escuela, a la esfera de los medios y mercancías del complejo industrial cultural. La masificación de los sistemas escolares tenía como una de sus tareas centrales la reproducción cultural, algo que se correspondía a un momento histórico de bajo protagonismo de los medios de comunicación. La tercera revolución industrial puso en el centro de la reproducción cultural al complejo industrial cultural, que cada vez tuvo mayor capacidad de disputar a la escuela las tareas que le habían sido asignadas por el sistema, como alienación política, educación y orientación del consumo, orientación vocacional, entre otras. No estamos diciendo que la escuela no cumple hoy un papel de reproducción cultural, lo que señalo es que le surgió un competidor que amenaza su papel central en esta tarea.

j) Se experimenta y pone en marcha un modelo de flexibilización del trabajo docente, de recarga en sus tareas que se convierte en un ataque certero a las Recomendaciones de la OIT y UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966) y la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior (1997), las convenciones y contratos colectivos nacionales, así como la tradición de la relación de trabajo de los y las docentes.

Ahora les docentes tienen que trabajar el doble o triple de carga horaria, sin que ello sea reconocido en materia de remuneración, en un contexto en el cual los controles y la supervisión de la labor se convierten en una nueva forma de sociedad del control. Una parte importante de los sueldos de los docentes ha tenido que ser destinado a la actualización o compra de equipos, el pago de los planes de datos y hasta la adquisición de plataformas para el trabajo virtual. El descanso del fin de semana y nocturno prácticamente se elimina porque se debe atender a les estudiantes en el tiempo real en el que ellos se pueden conectar.

Esta flexibilización y sobre carga laboral es parte de la construcción de hegemonía que construye el capitalismo cognitivo de la cuarta revolución industrial respecto al mundo del trabajo, el empleo y las condiciones de sobre explotación en la actualidad. Por ello, resulta central el trabajo de los gremios y sindicatos docentes en la denuncia y resistencia a estos modelos de sobre carga de trabajo.

k) Usar la pandemia para avanzar en nuevos formatos de desinversión y desfinanciamiento educativo. El capital ha usado la pandemia para reducir las horas de trabajo docente y en consecuencia dejar sin empleo a miles de trabajadores docentes en el mundo. Por ejemplo, en Uruguay se han reducido 50.000 horas docentes lo que ha implicado la perdida de 2.000 empleos, además de la eliminación silente de áreas humanistas de enseñanza. Este fenómeno se ha expresado de manera desigual, pero con un mismo patrón en muchos lugares. En Argentina afectó a les docentes que atendían a los estudiantes internacionales, muchos de los cuales lo hacían bajo la figura de contratados y vieron amenazados sus puestos de trabajo. A la Universidad de Panamá se le restaron más de 20 millones a su presupuesto anual. Estos son solo algunos ejemplos de esta oleada de desfinanciamiento cubierta con la noción de “emergencia sanitaria”.

 

En la medida que pasan las semanas y los meses los comerciantes y el sector empresarial presiona para que se rompa la cuarentena. Aún el uso de comercio electrónico no sustituye al comercio presencial y los números de muchas empresas están en rojo. En agosto se desataron en América Latina todas las presiones para la vuelta a clases, que en realidad expresaban esfuerzos para garantizar la “normalidad” comercial en el último cuatrimestre del año, especialmente para intentar repuntar con las tempranas compras decembrinas. Esto ha venido generando intentos contextualizados a las realidades nacionales, de vuelta a la presencialidad, cuya fundamentación central es la activación del aparato económico. Es decir, las ganancias por encima de los interese por la vida. Ya Trump y Bolsonaro dieron clases en ese sentido, de profundo desprecio por la vida y humanidad.

 

6. Casos que muestran de manera comparativa como les docentes han encarado la pandemia

 

En Puerto Rico la lucha de la Federación de maestros de Puerto Rico (FMPR) logró que al 70% del magisterio se le dotara de computadores para dar clases y están en la disputa para que sea al 100%, pero también para que se inicie la dotación de equipos a los estudiantes que así lo requieran. En ese contexto realizan jornadas para explorar formas emancipadoras de trabajar en los nuevos entornos educativos virtuales y digitales.

Hace una semana se inició el año escolar en ese país en situación colonial norteamericana. Inicialmente se pretendió que comenzará con la presencia de los y las docentes en las escuelas y liceos, mientras los estudiantes recibían clases virtuales en casa, pero la mesa social de ese país generó un documento contundente de rechazo porque no estaban dadas las condiciones mínimas de bioseguridad; este documento lo suscribimos desde otras voces en educación. La administración educativa retrocedió en esa medida la noche anterior al inicio del año escolar y permitió que les docentes impartieran clases desde sus casas, sin embargo, en la primera semana los datos son dramáticos, casi el 50% de los y las estudiantes no han podido conectarse.

El día 18 de agosto la Asociación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico anunció un paro virtual de tres días, 19, 20 y 21 de agosto, para denunciar los efectos de la reducción del 50% de presupuesto de esta casa de estudios, ocurrido en la última década. Una nueva reducción del presupuesto se expresaba en sobrecarga de estudiantes y materias para los profesores de planta y reducción del personal contratado. Además, los profesores de la UPR denunciaron que los “ahorros” derivados de la recensión de contratos se contradecían con los costes de la firma de un contrato millonario con Microsoft, justificado con los argumentos de sostenibilidad de la plataforma virtual de la universidad, algo que se venía desarrollando mediante un modelo de acceso gratuito.

Los y las jubilados docentes protestaron con caravanas de carros guardando las medidas de bio seguridad, pues la pandemia se estaba usando para atacar al sistema de pensiones y retiros, cuyos montos ya de por si resultaban exiguos antes de la pandemia. Es dramática la situación del sector de jubilados quienes entregaron sus vidas al ejercicio de la docencia.

El magisterio puertorriqueño denunció y accionó contra los intentos de imponer el paradigma de la sociedad educadora y hoy trabaja en resistencia desde las casas, pero ello no le impidió abrir muchos de los comedores escolares, ante la tragedia humanitaria que significa para miles de niños y niñas el cierre de las escuelas. Aproximadamente el 70% de la población escolarizada en América Latina recibe por lo menos una comida en la escuela, que en muchos casos se convierte en el único alimento para estos niños y niñas.

En Puerto Rico los y las docentes, con apoyo ciudadano amplio, han dicho que no volverán a las aulas presenciales hasta que desaparezca el riego para la vida de les estudiantes y el magisterio. Estas formas de resistencia adquieren especial relevancia en los EEUU, un país en el cual la locura del señor Trump le ha hecho desestimar los dramáticos efectos sociales de la pandemia. El señor Trump cuya única preocupación es el mercado y las ganancias, ha visto golpeada sus aspiraciones de relección por un electorado que ha visto morir a miles de sus ciudadanos por los efectos de la pandemia.

En Panamá, el año escolar para los estudiantes inicia el marzo y termina en diciembre. Una vez suspendidas las clases el 11 de marzo, ante la noticia del primer fallecimiento por COVID-19 que fue precisamente de un docente, se abrió un debate respecto a la modalidad de continuidad educativa. Decretada la cuarentena a mediados de marzo se anunció el desarrollo de varias estrategias de prosecución por televisión, radio e internet, pero realmente un importante número de estudiantes no se conectaron a ninguna de estas modalidades. De los 827.583 estudiantes registrados al inicio del año escolar solo 524.719 lograron vincularse a algunas de estas estrategias, es decir 302.864, quienes representan el 37%, resultaron desenganchados de la actividad escolar.

En los prolegómenos del reinicio del año escolar para julio 2020, se manejó la idea (rumores) de un retorno parcial y programada por grupos a la actividad en las aulas, lo cual fue abiertamente rechazado por les docentes que temían por la vida de sus estudiantes y por la de ellos mismos.

El 20 de julio se reinicia el nuevo año escolar con la orientación de incorporar cuando fuera posible a los y las estudiantes a la virtualidad y los materiales digitales de aprendizaje Esto es complementado con una estrategia combinada del MEDUCA y las universidades que contemplaba apoyos e: a) fascículos de lectura y escritura para los niños de primer grado; b)para la educación primaria cuadernos de trabajo sobre cuatro asignaturas (matemáticas, español, ciencias naturales y estudios sociales) y, c) guías de aprendizaje para premedia y media, d) virtualidad para el sector universitario.

Los datos señalan que, de los 3.111 planteles educativos, en el 84% de ellos, es decir en 2.616, el mayor instrumento de comunicación y conexión es el WhatsApp, es decir, no capacidad para desarrollar de manera masiva la virtualidad. En las últimas semanas la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) realizó asambleas en 10 de las 16 regiones escolares de ese país y el informe que se obtuvo de esta gira fue que cuando se habla de conexión para dar continuidad educativa en la mayoría de los casos se está refiriéndose al WhatsApp y solo una minoría lo asocia con plataformas virtuales. De hecho, el MEDUCA reporta que el nivel de conexión de les estudiantes no supera el 25%

De hecho, en un país de un poco más de cuatro millones de habitantes y donde aproximadamente 1.250.000 son trabajadores informales, seriamente afectados por la cuarentena laboral, las familias tienen serias limitaciones para cubrir los costes de acceso a las plataformas y el pago incesante de planes de datos. Los padres y madres de les estudiantes están pidiendo cuadernos de trabajo para primaria y las guías de auto aprendizaje para seguir las clases por radio y televisión. Se ven forzados a ello ante la imposibilidad de contar con recursos para entrar al circuito de “excelencia” o “calidad” educativa en la actual coyuntura. Las plataformas virtuales también son repudiadas por muchos docentes porque no pueden costearlas o porque no han tenido una adecuada formación para trabajar en entornos educativos virtuales y con contenidos digitales de última generación.

El gobierno panameño anunció la puesta en marcha de la plataforma Ester, fundamentalmente para los 32.000 estudiantes de último año de bachillerato, que este año se graduarían. A pesar de la publicidad el dato de la primera semana fue dramático, porque apenas un poco más de 4.000 estudiantes se conectaron a Ester, mostrando con ello la enorme brecha digital existente.

El día 19 de agosto el magisterio de Panamá llevó a cabo un Paro Virtual del magisterio por la defensa de la vida y para denunciar los problemas del modelo de educación virtual.

Los docentes de Panamá han dicho de manera contundente que, si les pretende forzar a una vuelta a la presencialidad sin que haya llegado la vacuna al país, van a responder de manera contundente para salvaguardar la vida de sus estudiantes y la propia

En México, en la ruta para el cierre del año escolar la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE), denunció los intentos de obligar a girar el sistema educativo a un modelo estandarizado de educación virtual. Entre marzo y julio la CNTE desarrollo propuestas alternativas, focalizadas en la cotidianidad. Las denuncias se centraron en mostrar que el modelo virtual no cubría ni siquiera el 50% de la población escolar inscrita, fundamentalmente por problemas de conectividad y de acceso a equipos.

Para el comienzo del nuevo año escolar, el 24 de agosto 2020, la Secretaria de Educación Pública (SEP) de ese país planteó la conveniencia de ir a un modelo híbrido, que no era otra cosa que combinar presencialidad por grupos, con distancia social en la escuela y educación virtual en casa. La CNTE reaccionó de manera contundente exigiendo que para desarrollar ese modelo híbrido se debía primero dotar de computadores a todes los docentes y estudiantes, ir a un acceso gratuito universal al internet, una consulta magisterial sobre el modelo contingente de enseñanza-aprendizaje y el uso de contenidos digitales y conexión virtual, así como para desarrollar un programa de formación actualizado a los y las docentes. Además, exigió la CNTE el diseño de un programa de bio seguridad supervisado por las organizaciones sindicales democráticas del magisterio. La SEP respondió suspendiendo el modelo híbrido y anunciando un modelo de educación por televisión.

Ante el anuncio del año escolar teniendo a la televisión educativa como su centro, la CNTE fijó posición señalando que en México lo acertado para no excluir a nadie, era esperar a iniciar el año escolar de manera presencial cuando las condiciones de bio seguridad lo permitieran, de caso contrario desarrollar modelo de libertad de cátedra y autonomía pedagógica para que en cada territorio se contextualizar la forma de avanzar en el trabajo docente.

Hace una semana se inició el nuevo año escolar en México, donde lo nuevo es una inversión millonaria del Estado en televisoras privadas para desarrollar un modelo de educación por esta vía, especialmente en una de las televisoras vinculada a los intereses del actual Secretario de Educación Pública. Nuevamente la CNTE ha sido contundente en mostrar las limitaciones de este modelo, que intenta centrarse en la reproducción mecánica de conocimientos, en nuevas formas de educación bancaría.

En México una parte importante del sector docente se ha declarado en resistencia activa contra el modelo de educación bancaria por televisión y de falta de cobertura del modelo virtual. Han propuesto el desarrollo de modelos locales y contextuales de abordaje pedagógico, que procuren la mayor inclusión posible en un escenario de contingencia, pero que desarrolle acciones para que nadie se quede rezagado.

El magisterio mexicano difícilmente aceptaría una imposición de vuelta presencial a las aulas que pueda significar riesgos para la vida de les estudiantes o docentes.

 

Bolivia

 

La situación en Bolivia es muy sui generis porque la pandemia se presenta en el marco de un golpe de Estado fascista y neo conservador. La cuarentena se decreta el jueves 12 de marzo de 2020 y eso afecta el trabajo educativo. En buena medida el año escolar queda detenido. En ese país el gobierno emite un decreto en el cual expresa que la responsabilidad de la prosecución de estudios en el modelo virtual es de los y las docentes, así como de las familias y les estudiantes. La norma jurídica expresa en toda su plenitud el paradigma de la sociedad educadora.

La coordinadora de maestros rurales de Bolivia y la Coordinadora de maestros urbanos de ese país denuncian que la brecha digital impide avanzar en el modelo de educación en casa y que de hacerlo dejará atrás a miles de bolivianos y bolivianas. El gobierno insiste que la continuidad es responsabilidad de les docentes, mientras se niega a asumir su responsabilidad del Estado en garantizar las condiciones mínimas para la prosecución del año escolar; ni siquiera acepta reunirse con los gremios docentes.

Los gremios docentes y los padres/madres de familias organizados iniciaron a finales de junio una huelga de hambre con el propósito que el Estado Boliviano asumiera su responsabilidad en garantizar el derecho a la educación, asumiendo la dotación de computadores a estudiantes y docentes, así como la conexión universal para la población. El gobierno de la señora Añez se negó a dialogar con les maestras/os y las familias.

En respuesta a las exigencias del magisterio el gobierno dictatorial boliviano respondió con una Resolución Ministerial del 2 de agosto mediante la cual daban por concluido el año escolar, culpando de ello a les educadores. Esa decisión inconsulta fue protestada por el magisterio, y los sectores populares quienes accionaron ante los tribunales de ese país, pidiendo la nulidad de tal acto administrativo. El miércoles 19 de agosto sale el fallo judicial que dejaba sin efecto la culminación del año escolar; en el fallo se conmina al ejecutivo de ese país para que en un máximo de diez días hábiles se retorne a las actividades escolares o para dar continuidad al año escolar, aun en esta situación de contingencia, mediante distintas modalidades.

El propio fallo contempla que para ello se debe convocar de manera expedita a los gremios docentes, a las asociaciones de padres y madres, pero hasta el momento de redactar este artículo esas reuniones no se no habían producido. El plazo concedido en la sentencia para el reinicio del año escolar culmina el 2 de septiembre 2020.

Ello replantea la demanda del magisterio sobre la necesidad de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del proceso educativo (computadores, internet, planes de datos gratuitos), pues la pandemia impide el retorno presencial a las aulas.

En Brasil, el año escolar inicia en febrero y en un primer tramo termina en junio, con vacaciones en julio; en agosto se retoma hasta diciembre. Las universidades trabajan por semestres, el primero de febrero a junio y el segundo de agosto a diciembre. La pandemia generó una cuarentena que afectó la actividad escolar a solo semanas de haber iniciado el año escolar. Entre los días del 17 al 21 de marzo se aplicó la medida de cuarentena en educación

La enseñanza privada de manera inmediata desarrolló modelos de enseñanza en entornos virtuales y digitales para poder cobrar las mensualidades. En el caso de la educación pública se suspendió el calendario escolar y la adhesión al modelo de educación fue contextual, pues cada ciudad, estado o localidad ha tenido horarios y expresiones diferenciadas de abordaje.

Por ejemplo, en las instituciones educativas pertenecientes al radio de acción del sindicato SINASEFE (Sao Paulo) recién el 31 de agosto se estarán incorporando a la prosecución escolar. La presión mayor para que no se suspenda el año escolar y continúen las clases bajo cualquier modalidad proviene del sector privado de la educación, quienes perderían importantes sumas de dinero si ello ocurriera. En un país tan desigual como Brasil pretender generalizar el modelo de educación virtual en todos los territorios implicaría una brutal exclusión, pero la vuelta presencial a las aulas en medio de la pandemia es ampliamente rechazada por el magisterio y la población.

 

Argentina

 

El año escolar de inicial, primaria y secundaria se inició el 1 de marzo y hubo clases presenciales hasta el 14 de marzo. La cuarentena inicia el lunes 16 de marzo y desde ese momento a la fecha se intentó dar continuidad pedagógica desde el punto de vista virtual. Pero esta medida dejó al desnudo toda la falta de infraestructura tecnológica escolar, los problemas de conectividad y la carencia de equipos (computadores) en las casas de docentes y estudiantes.

Desde hace quince días el gobierno de ese país está intentando retomar las actividades presenciales desde el interior del país hacia la capital federal. Son los casos de las provincias de Formosa y San Juan, pero que rápidamente tuvieron que volver al punto cero de cuarentena porque el reinicio se vio acompañado del incremento de los casos de contagio. En el caso de la provincia de Buenos Aires el gobierno dice que va a habilitar las escuelas como lugares para usar plataformas para que puedan acudir los que no han podido acceder al modelo por carecer de computadores y conectividad; pero en realidad es un intento de reinicio general, con un calendario que culminaría el 14 de septiembre con la apertura de las escuelas. La pretensión gubernamental es que el año escolar continué en septiembre en las escuelas y que el mismo culmine en diciembre. Esto ocurre ante la presión de empresarios, comerciantes y por la necesidad de activar el consumo rumbo a las fechas decembrinas. Esto generó asambleas docentes de emergencia el día 24 de agosto, para coordinar la oposición a la medida, en un día en el cual ocurrían más de 300 fallecidos y 8.000 infectados por el COVID-19. Se prevé conflictividad docente contra la medida de vuelta a clases porque a pesar de los anuncios del gobierno los y las docentes señalan que no hay medidas de bio seguridad suficientes, ni en la escuela ni en la ruta a los planteles educativos.

En Colombia, el año escolar inicia en enero con vacaciones en Semana Santa y mitad de año, y finaliza en noviembre. La pandemia sorprendió al inicio del año escolar y desde marzo se decretó la cuarentena. Eso llevó a crear tres modalidades para poblaciones diferenciadas por su acceso a la conectividad; una primera mediante modalidad virtual, una segunda por la radio y la televisión y, una tercera a través de guías escritas como en educación a distancia.

En junio el gobierno nacional sacó una directiva en la cual planteaban el paso a un modelo llamado de alternancia que combinara la educación presencial y virtual. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Asociación Distrital de Educadores (ADE) de Bogotá rechazaron esta directiva porque no había las condiciones de bio seguridad para la alternancia; el gobierno sigue presionando y el magisterio ha anunciado que si insisten en esa dirección irán a la desobediencia civil.

FECODE ha exigido computadores para todos los docentes y el cumplimiento de un decreto que planteaba que se les daría subsidio a los y las docentes para sufragar los gastos de conectividad. La situación se ha agravado en ese país porque producto de la situación económica se ha venido reduciendo el presupuesto educativo, congelando los ascensos, pagando el escalafón con presupuesto futuro, es decir comprometiendo el del año siguiente. Por todas estas condiciones el 12 de agosto FECODE convocó a un paro virtual para rechazar las implicaciones de este modelo; este paro se cumplió de manera exitosa en todo el país.

Por otro lado, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia lanzaron una lucha, incluida huelga de hambre, por el logro de la matrícula cero, para poder acceder a la educación en un contexto de agravamiento de las limitaciones económicas de los sectores populares obligados a permanecer en sus casas con precarios o nulos ingresos.

El papel del magisterio colombiano ha sido fundamental para mantener el máximo vinculo docente, pero no es un problema de voluntad sino de realidad de infraestructura tecnológica nacional. Se considera que un 60% de los estudiantes han quedado en la periferia o excluidos del sistema escolar por no poder dar continuidad a la escolaridad en estas circunstancias; en el caso del medio rural solo accedieron dos de cada diez y en ciudades como Bogotá solo accedieron al modelo virtual 6 de cada 10 estudiantes.

La indignación es enorme ante la pretensión del gobierno colombiano de retornar a las aulas cuando los números de contagio alcanzan los 10.000 diarios y el número de muertes per cápita es la más alta del continente. Difícilmente el gobierno colombiano podrá obligar a las familias a mandar a sus hijos a clases en estas circunstancias y, que los docentes vuelvan a las aulas antes de que cese la pandemia.

En Perú el año escolar debía iniciar el 16 de marzo, pero debido a la pandemia se suspendió su inicio. El Ministerio de educación de ese país oficializó el inicio del año escolar el 6 de abril de 2020 a través de la estrategia de “aprendo en casa”, con una orientación de desarrollarlo todo virtual. La directriz ministerial señala que el año escolar debería culminar el 22 de diciembre.

A pesar de intentos del gobierno de posesionar la idea de volver a las aulas presenciales, aún en la pandemia, el magisterio y la ciudadanía ha rechazado esta pretensión. No obstante, los viceministerios del despacho educativo han anunciado que pondrán en marcha un plan de evaluación del impacto del modelo de “aprender en casa” para valorar su continuidad o no.

Pero la verdad es la misma de toda la región, donde más del 50% de los y las estudiantes están quedando fuera de la cobertura por problemas de conectividad (internet), limitaciones para pagar los planes de datos, inexistencia de equipos (computadores) y por imposibilidad de muchas familias para acompañar a sus hijos en esta estrategia de aprendizaje, ya que por la precariedad económica están en modo de subsistencia buscando el pan de cada día.

El informe presentado por el SUTEP, el gremio docente más importante de ese país, señala que antes de la pandemia la carencia de personal docente ya afectaba a 110.000 estudiantes y que los anuncios de un abordaje educativo de la pandemia han fracasado. De hecho, el 18 de abril el presidente Vizcarra y el ministro de educación Benavides anunciaban la compra de más de 840.000 tabletas con internet móvil, que serían destinadas al sector rural, lo cual no se cumplió.

De los 7.800.000 estudiantes de ese país, 5.800.000 pertenecen al sector público, pero el 79% de los planteles oficiales no cuenta con internet, por lo cual no había una cultura del trabajo con contenidos digitales y en plataformas virtuales. El informe del SUTEP señala que solo un 40% de los niños y niñas estudiantes del Perú tienen acceso a internet, por lo que estaríamos hablando de una exclusión del 60% en el modelo de “aprender en casa”.

Un estudio de la organización “Estudios Peruanos (EP)” señala que la pandemia ha hecho que el 55% de los padres y madres de familias se involucren directamente en el trabajo educativo de sus hijos, ayudándoles a buscar las tareas en internet o por otros medios, lo cual es muy positivo, pero también se muestra como un significativo avance del paradigma neoliberal de sociedad educadora.

Finalmente, como el Ministerio de Educación anunció que el modo de educación a distancia bajo el modelo de “aprender en casa” se extiende hasta el 31 de julio del año próximo, el magisterio peruano está demandando la recuperación de la responsabilidad del estado en garantizar condiciones de igualdad para desarrollar el derecho a la educación en ese país (dotación de equipos e internet).

En Uruguay se suspendieron las clases el 14 de marzo. En formación docente se pasó a virtualidad el primer semestre y ahora están con un retorno escalonado a las aulas. A finales de abril en el medio rural de la educación primaria inició el retorno a las aulas debido a los casi inexistentes contagios en ese sector y ya hoy están a tiempo completo. En mayo se inició el regreso de las escalonado de las escuelas primaria urbanas.

En educación media en junio se aperturaron de manera escalonada los liceos, por niveles y con estrictos protocolos sanitarios. Cada centro escolar implementó a su manera el retorno, con clases presenciales cada quince días o con medio grupo cada vez; cada grupo con cuatro horas por turno. Desde las autoridades siempre se dijo que, en los niveles de primaria y media, la virtualidad era importante para mantener el vínculo, no solo por plataformas institucionales (que se saturaron) sino por otras vías (correos electrónicos, WhatsApp u otras plataformas).

El retorno a clase fue progresivo, desde el interior del país a toda la República. Desde julio hasta mediados de agosto en todo el sistema el retorno a las aulas fue a tiempo parcial, solo algunas horas y en horarios diferenciados. En primaria ahora los niños y niñas van dos días a la semana medio grupo y otros dos días el otro medio grupo; el día miércoles es destinado a la limpieza y desinfección de las escuelas. En la secundaria van todos los días medio grupo, turnando los grupos por semana o cualquier otra modalidad rotativa.

Hace una semana se inició la extensión horaria de los turnos en la medida que se pueda, de cuatro a seis horas, siempre y cuando se cuente con personal que pueda desinfectar entre turno y turno. La asistencia de estudiantes sigue sin ser obligatoria.

Todo ello ocurre a pesar de la alta conectividad e infraestructura tecnológica de ese país, con relación a la media al resto del continente. Eso debe en gran medida a la baja tasa de contagios existentes en ese país.

Es Uruguay los sindicatos defienden la vuelta a la presencialidad para frenar el impacto de la virtualidad y debido a los bajos niveles de contagio, mientras las evaluaciones realizadas a los estudiantes en este contexto fueron solo apreciaciones sin calificaciones, que partían del diagnóstico de conectividad de cada uno(a).

Hace una semana los docentes se movilizaron en todo el país contra la reducción de las 50.000 horas docentes que afecta a 2.000 empleos, así como por estrictos protocolos de bio seguridad en las escuelas y los transportes públicos. El mayor problema que se han encontrado en esta semana fue el precario servicio de transporte público que permanecía paralizado por efectos de la cuarentena.

En última instancia han surgido serias críticas desde el magisterio, respecto a que la situación de la pandemia ha sido utilizada para avanzar en un modelo de “acreditación de los saberes” en la educación de adultos, que con una prueba “muy superficial· otorga certificados de culminación y que se usa para disminuir las horas docentes y con ello se golpea el empleo de les educadores.

En Ecuador la situación adquiere dimensiones de tragedia. La Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncia que el 70% de los y las estudiantes, unos 3.200.000 estudiantes quedaron fuera del modelo de educación virtual en casa. El rotundo fracaso de la estrategia en ese país ha llevado a solicitar la inmediata destitución de la ministra de educación, petición que ha encontrado oídos sordos en la actual administración de ese país.

Podríamos seguir mostrando la desigual pero muy parecida situación educativa regional, pero considero que estos casos ilustran lo que ocurre, una enorme resistencia del magisterio contra las pretensiones de la vuelta a clases presenciales en un marco de descontrol de la pandemia del COVID-19 y una renovada exigencia para que los Estados garanticen las condiciones mínimas igualitarias para desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje.

 

7. Como ha abordado la izquierda pedagógica este tema

 

La pandemia del COVID-19 y los intentos regionales de posesionar la educación virtual y el paradigma de la sociedad educadora despertó las alarmas del movimiento de las pedagogías críticas, las educaciones populares, así como de los gremios y sindicatos docentes con perspectiva anti capitalista.

 

Que logramos desde las resistencias anticapitalistas en estos cinco meses:

 

a) Elevamos el nivel de diálogo e intercambios de experiencias;

b) Entendimos que de esto no salimos solos, que las soluciones nacionales son limitadas;

c) Estamos construyendo espacios de articulación internacional que puede permitir la construcción de una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional;

d) Estamos iniciando el necesario debate en defensa de la tradición pedagógica contestataria, la comprensión de nuevas realidades que demandan miradas novedosas y comenzamos a valorar mucho mejor el impacto de la aceleración de la innovación en lo educativo;

e) Ni virtualidad absoluta ni presencialidad temeraria en precarias condiciones de bio seguridad pareciera ser el grito que recorre nuestra américa;

f) Entendimos que a las intenciones neoliberales de hacer desaparecer la escuela presencial se le frena estudiando, analizando, movilizando conciencias y prácticas

 

Estamos en mejor situación político estratégica que antes de la pandemia y ello implica actuar son serenidad y responsabilidad.

El magisterio latinoamericano aprendió en la pandemia la necesidad de elevar los niveles de comunicación y articulación entre los esfuerzos que se realizan en cada país. Por ello, hoy está convocando a un I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, evento que se desarrollará de manera virtual los días 26 y 27 de septiembre. Este evento contempla la construcción de un espacio de Coordinación Internacional de les trabajadores de la educación (CITE), que facilite el diálogo y las sinergias en defensa de la educación pública presencial, emancipadora, laica, popular y transformadora.

 

8. La situación de Venezuela

 

En Venezuela el año escolar inicia en septiembre y termina en julio. La pandemia hizo que a mediados de marzo de 2020 se decretara la cuarentena y la suspensión de actividades escolares presenciales. En pocos días se propuso un modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” que se asumía inicialmente sería de corto plazo.

Este paso abrupto del modelo presencial al modelo virtual se da con la sana premisa de intentar dar continuidad a la educación. Pero había una serie de elementos que desde su inicio nos hicieron prender las alarmas:

a) el informe citado de Statista de 2017, reflejaba que la situación de conectividad en Venezuela antes de las criminales sanciones económicas de EEUU (2018), mostraban una penetración del internet que alcanzaba el 60%, lo cual se fue deteriorando en el periodo de las sanciones norteamericanas (2018-2020), como lo muestran los problemas de conectividad que presentan la estatal CANTV y las operadoras privadas.

El internet existente en el país al momento de inicio de la pandemia era muy inestable y fenómenos como el robo de cableado añadían limitaciones al alcance de penetración en todo el país. No es osado señalar que la penetración de internet cayó en los últimos dos años por lo menos en un 20%. En la medida que arreció el bloqueo norteamericano, la conexión a internet se hizo más inestable y con menor penetración, pero además su uso reflejaba el impacto que tiene en nuestra sociedad el complejo industrial cultural. Casi el 80% del consumo de internet en el país se hace para acceder a las redes sociales, los productos de google y de netflix. Ello no se puede resolver con un tema administrativo de limitar el acceso a estos productos, sino generando contenidos alternativos para entrar a la disputa ideológico comunicacional.

Pero suponiendo que se mantuviera la conectividad de 2017, un 40% de la población no tenía (ni tiene) acceso al internet y por lo tanto tenía (y tiene) limitaciones concretas para desarrollar la propuesta de educación en casa, por ello expresamos nuestra preocupación sobre la exclusión que estaba generando el modelo de educación y universidad en casa. Los y las docentes que son parte de este universo que vive las limitaciones de acceso a la internet hicieron hasta lo imposible para sostener la continuidad de la iniciativa, pero cuando uno habla con ellos las cifras de exclusión que informan resultan alarmantes.

b) En Venezuela en los últimos diez años se desarrolló una extraordinaria y novedosa iniciativa de distribuir gratuitamente millones de computadoras y Tablet (canaimitas). Esta encomiable labor lamentablemente se desarrolló con un problema pedagógico estratégico, ya que solo se dotaba a estudiantes y no a docentes, asumiendo que les educadores contaban con equipos.

Es imposible desarrollar de manera exitosa una estrategia pedagógica de actualización tecnológica a les estudiantes, sin que ello vaya acompañado de dotar y calificar a los docentes para su desarrollo; esto derivó en una subutilización de las herramientas ya que muchos(as) docentes carecían de un equipo propio de computadora para entrar en el uso pedagógico de contenidos digitales y poder acompañar el esfuerzo de les estudiantes.

Por otra parte, la dotación personalizada no encontró un correlato en el equipamiento de computadores en las escuelas, lo cual, aunque planteado desde una perspectiva comprometida con la ruptura de las desigualdades terminaba siendo estructuralmente funcional a la transición del modelo neoliberal de educación presencial en escuelas a la educación virtual en casa, porque los estudiantes tenían las computadoras en casa y no en las escuelas.

Eso terminaba rompiendo con el papel igualador de la escuela y es algo que debe ser corregido de manera urgente en la post pandemia, centrado la dotación de computadores en las escuelas. Si esto se hubiese encarado de manera correcta, se le habría podido facilitar a cada estudiante en la contingencia una computadora para que de manera coyuntural se la llevara a casa mientras estábamos en cuarentena. Este apoyo contingente habría sido universal y no solo parcial. El costo que pagamos es alto porque miles de estudiantes no cuentan hoy con computadores para desarrollar la propuesta de educación virtual en casa. Recuerdo que incluso un viceministro fue destituido cuando a principios de la estrategia de dotar de computadores a les estudiantes, este planteó que los alumnos deberían devolverlas a la escuela al terminar cada año escolar, porque ello era un bien público y no privado.

La personalización en la dotación de computadores terminó dejando sin equipos a los segmentos de nuevos estudiantes, ya que resultaba imposible dotar al 100% de los inscritos en el sistema escolar y dotar cada año a los nuevos ingresos, amén de acompañar las actualizaciones, reparaciones, actualizaciones y mantenimiento que demandaban todos estos equipos.

La subutilización escolar de estas computadoras personales, creó las condiciones de posibilidad para que muchos y muchas llegaran incluso a venderlas en el mercado negro, ya que su uso no era vinculante con la actividad educativa en las aulas.

Esto se evidenció en problemas estructurales para poder desarrollar exitosamente el modelo de educación virtual en casa. La relación entre posesión de computadores por parte de los docentes y posibilidades de desarrollo de la estrategia de educación virtual en casa ha resultado dramática. Un sondeo de la realidad de los docentes en los centros de trabajo realizada a través del equipo del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE de CLACSO) encontró que un 35% de les educadores no contaban con equipo de computación en sus casas y que del universo que, si disponían de por lo menos de uno, el 40% debían repotenciarlo para desarrollar el modelo de educación virtual. Esto ocurre en un contexto de salarios docentes inferiores a los 20 dólares mensuales en contraste con el coste de equipos portátiles cuyo costo en ningún caso es menor a los 350 dólares.

En el caso de los y las estudiantes mientras unos tenían posibilidades de desarrollar la propuesta educativa virtual por poseer equipos y conexión, otres hacían enormes esfuerzos pidiendo equipos prestados por algunas horas, mientras otros no pudieron seguir el ritmo. Un compañero me comentaba que al llegar a una estación de gasolina para surtir de combustible a su vehículo le preguntó a uno de los jóvenes surtidores si estaba estudiando. La respuesta del joven fue lapidaria: “yo no dejé el estudio, el estudio me dejó a mí”.

Ante esta situación propusimos modelos remediales de generación de contenidos en la radio y la televisión que fueran acompañados de una reactivación de las misiones educativas para que los y las misioneros fueron a buscar a los nuevos excluidos por la contingencia. Pero que los contenidos no podían ser de secuencia curricular sino de estímulo al desarrollo de pensamiento crítico de aprender a aprender. Esto implicaba una descurricularización del sistema educativo en la contingencia que solo era posible si nos centrábamos en que les estudiantes aprendieran a reconocer las dinámicas de la cotidianidad, el funcionamiento de los equipos existentes de casa, las formas de exclusión que emergían en la pandemia en su entorno familiar.

c) Volviendo a la arquitectura mínima necesaria para abordar un modelo educativo no presencial en situación de pandemia, debemos señalar que una iniciativa tan importante como la dotación de computadoras se realizó segmentada, no como una estrategia de amplio espectro. Por ello, la entrega de computadores no se vio acompañada del desarrollo de plataformas autónomas robustas y con capacidad de conexión simultánea en tiempo real de todes los estudiantes.

Esto no es un problema de “esnobismo tecnológico” ni de demandas de la clase media, sino una cuestión estratégica. Hoy la mayoría de guerras no convencionales en el planeta tienen una expresión concreta en el ciberespacio y trabajar en ese terreno es una tarea de soberanía e independencia nacional. No se trata de comprar y dar, sino de dotar para resistir con claridad respecto al impacto de la aceleración de la innovación en la gobernabilidad y la sostenibilidad de proyectos progresistas.

El capital si está consciente de ello y por eso desarrolló en los últimos diez años una robusta red de plataformas de conexión virtual expresadas en lo que hoy conocemos como Zoom, Google Meeting, Skype, entre otras, labor que hoy nos lleva a estar veinte o treinta años detrás, prácticamente en la “zona cero” del impacto tecnológico en el marco de la pandemia.

La carencia de una plataforma propia obligó a que el modelo de educación en casa, de universidad en casa, se cobijara y solo fuera posible mediante plataformas privativas y buscadores que usan metadatos para hacer minería de información personal. Incluso, en un acto internacional de una universidad del sector tecnológico pudimos ver como se elogiaba el uso de las plataformas como google o Microsoft; el despiste de estos funcionarios fue tal magnitud que poco les faltó para decir que las trasnacionales Microsoft o google eran anti imperialistas.

d) Una cosa son las plataformas virtuales y otra la arquitectura de una nube educativa. Para entender cómo funciona la nube debemos despojarnos de la noción física del disco duro y entender que se trata de un mecanismo de almacenamiento virtual en ciberespacio. La nube demanda una arquitectura de funcionamiento y alcance que cada vez se vincula más a manejo de metadatos, inteligencia artificial y biología digital.

Una adecuada arquitectura de la nube educativa podría facilitar el ensamblaje armonioso entre plataformas virtuales, contenidos digitales, interactividad en tiempo real y construcción de conocimientos.

Por ello, urge la construcción de la arquitectura educativa del proceso Bolivariano, no porque creamos que todo debe ser virtual, sino porque lo que se demande en ese formato cuente con mayores niveles de soberanía y autonomía de tráfico y almacenamiento. Algo que no contamos en la actualidad.

e) Todos sabemos que el internet tiene dueño, y que su manejo está muy vinculado a los modelos de gobernanza imperial, pero también es cierto que la posesión de satélites puede estar vinculada a mayores niveles de autonomía y capacidad de uso de la internet. Al parecer (comentarios informales) los satélites que ha poseído Venezuela están limitados en ese sentido. Por ello, cualquier negociación a futuro para el desarrollo de la carrera satelital debería tener un gran componente en materia de optimización del uso de la internet, incluso para plantearnos el desafío de dar acceso universal a la conectividad;

f) Disponiendo de nubes educativas propias, mayor autonomía en el tráfico del internet y plataforma autónomas tendríamos que plantearnos el desafío de desarrollar contenidos digitales para acompañar la educación presencial, nunca para sustituirla. Estos contenidos digitales, no son técnicamente ni paradigmáticamente neutros, por lo cual deberían ser formulados desde una perspectiva crítica, descolonial, feminista y abiertamente anti capitalista.

Para ello existe una limitante epistemológica y es que muchas veces la aproximación al tema de los repositorios digitales se hizo desde la lógica del libro impreso y no desde los formatos emergentes de educación en entornos virtuales y digitales. El pensamiento crítico adquiere un nuevo performance en la virtualidad, que debe ser complementario al que se desarrolla en la presencialidad, nunca contradictorio. Pero esa complementariedad no niega la especificidad, algo que debemos debatir.

La carencia en este abordaje ha hecho que durante la pandemia lo que se llame virtualidad se parezca más al fotocopiado digital de textos impresos y la conexión remota, que a un modelo de desarrollo de auténticos contenidos digitales.

Los contenidos digitales, desde perspectivas emancipatorias, privilegian las frases fuerzas, al estilo de las preguntas generadoras, que van conduciendo a hipervínculos que amplían la información a la cual se llega por interés derivado de cada contexto. Estos múltiples hipervínculos que se tejen para vincular expectativas de los otres conducen a la resolución compartida de problemas que demandan un abordaje desde la contradicción entre dominación y liberación.

Desde esta perspectiva la brevedad de los mensajes y contenidos, que se amplían en la medida que despiertan interés y utilidad situada, privilegian la imagen, color y sonido, así como la posibilidad de edición en tiempo real. La relación con el híper texto es interactiva y no uní direccional.

Esta maraña de estilos de aprendizaje requiere del desarrollo de capacidades de trabajo con inteligencia artificial y metadatos, con una lógica de final abierto y no de carácter instrumental cerrado como lo trabaja la lógica del capital.

El uso del mundo digital demanda una enorme presencialidad para romper con la alienación. La virtualidad como totalidad implica una alienación instrumental y una colonización cognitiva. En consecuencia, cualquier aproximación a la virtualidad demanda trabajo presencial.

Por ello, es que el modelo de administración curricular en casa simplemente por medios virtuales planos y contenidos cerrados, se convierte en una alienación que rompe las posibilidades de perspectiva crítica transformadora.

El problema es que como no disponemos de estas herramientas y modalidades, caemos en los brazos del Morfeo ideológico de las transnacionales y corporaciones tecnológicas que instrumentalizan y estandarizan los aprendizajes para hacerlos funcionales a la lógica del modo de producción tecnologizado del capitalismo cognitivo.

Por ello, consideramos que es urgente detener la secuenciación curricular, determinar prioridades mínimas de aprendizaje por año escolar (con un máximo de extensión de una hoja de papel) y dar libertad creativa a la relación de estudiantes y docentes en este contexto de pandemia. En esta orientación, el encuentro virtual sería para la socialización del trabajo experiencial y práctico, de la reflexión crítica sobre las dinámicas vinculadas al entorno y la realidad familiar (cuando exista familia), para conversar sobre lo aprendido y las dudas surgidas para la comprensión de las cosas que hay en casa.

g) En Venezuela el salario y las condiciones de trabajo de los y las docentes ha caído a niveles irreales para el mundo del trabajo. Los salarios docentes ubicados en menos de 20 dólares mensuales, con los precios de los artículos a precios del mercado mundial, hace la labor docente especialmente compleja.

Los y las docentes tienen muchas veces que salir en medio de la pandemia a “matar tigritos” que garanticen llevar el alimento a casa. Las bolsas alimentarias que entrega el gobierno Bolivariano mitigan la situación, pero no resuelven los problemas de alimentación derivados del limitado poder adquisitivo del salario. Esta situación dificulta la apertura cognitiva necesaria para encarar creativamente el trabajo pedagógico en entornos virtuales.

 

Por ello, las salidas tienen que ser de carácter anticapitalistas y no de conciliación de clases. La recomposición del salario docente pasa por aspectos como:

 

    • - La reapertura de los mecanismos de negociación colectiva con los gremios docentes. Negociaciones que deben ser de acceso público en tiempo real, usando la tecnología virtual “en vivo” (live) u otras modalidades. Es urgente recomponer la mediación sindical en un momento que demanda la construcción de nuevas mentalidades para el abordaje educativo en la post pandemia;
    • - Desarrollar un plan de impuestos a las grandes transacciones bancarias (superiores a mil dólares), impuestos a las ganancias de las grandes corporaciones y empresas que hacen su “agosto” en el país, usar el 20% del aumento de la gasolina, todo ello para iniciar un proceso de mejora sostenida del salario docente. Este plan a cinco años debería trazarse como meta llevar el salario mínimo docente a 1.200 dólares mensuales. Esto demandaría un acuerdo nacional, para el cual es muy importante la participación de las familias, padres y madres de les estudiantes, docentes y los sindicatos de educadores.
    • - El fortalecimiento del IPAS-ME y el sistema de salud del magisterio, invirtiendo lo que hoy se usa para las aseguradoras privadas para la recomposición del sistema de salud de los y las docentes;
    • - Desarrollar un ambicioso plan de dotación de equipos de computación para los y las docentes;
    • - Decretar la conexión libre a la internet para los docentes y familias con estudiantes

h) Fui maestro de primaria por muchos años y mi experiencia de aula me señala la enorme dificultad que se tendría para mantener con la distancia de metro y medio a niños, niñas y adolescentes para los cuales la escuela es un espacio lúdico, de encuentro, de conversa con los amigos, de contacto físico positivo. Por mucho que se intente, al menos en la realidad venezolana, sería muy complejo lograrlo;

i) Impactadas por el criminal bloqueo norteamericano sobre nuestra economía y por ineficiencias en la administración, la mayoría de nuestras escuelas no cuentan con las condiciones para instalar los protocolos de bio seguridad, lo cual podría impactar de manera negativa la estrategia sanitaria sobre la pandemia;

j) Por último, es importante mencionar otro problema que hemos tenido en Venezuela en estos últimos años: es la narrativa de la escuela presencial mirando al mundo del siglo XIX y un concepto de comunalidad que desestima el impacto de la aceleración de la innovación.

Por supuesto que tenemos que trabajar la territorialidad, recuperación de la memoria histórica y la cultura ancestral, pero ello debe combinarse con el cumplimiento de una de las tareas asignadas a la escuela por su contrato social fundacional: la democratización y comprensión contextual del conocimiento actualizado.

Por ello, la situación del COVID-19 debería servir para impulsar una redefinicón de la escuela emancipadora, en un contexto de aceleración de la innovación y en la tercera década del siglo XXI.

 

9. ¿Volver a las aulas antes de la vacuna?

 

Finalmente, considero que la vuelta a la presencialidad en estas condiciones de expansión de la pandemia, aunque se haga por grupos, terminaría siendo una “explosión” del contagio y generaría múltiples resistencias de les docentes y las familias. Quienes postulan y defienden la pronta vuelta a clases parecieran no estar midiendo el impacto que ello podría tener en medio de la dinámica político electoral nacional, si ocurren contagios a otra escala por el retorno a las aulas. Los espejos de lo que le ocurre a Trump o a Bolsonaro deberían servir para desestimar tan temeraria iniciativa.

Ciertamente si se abren las aulas de escuelas, liceos y universidades en la ruta a la lección del 6 de diciembre, se multiplican las posibilidades de impulsar el voto dormido que es proclive al gobierno. Pero ello sería como caminar en el filo de la navaja, porque si se disparan los números de contagios y muertes por la vuelta a clases en medio de una campaña electoral, la factura política que pasen los electores sería muy importante.

Por otra parte, una medida como esta se colocaría de espaldas a lo que está planteando el magisterio nuestro americano, lo cual también podría traer importantes consecuencias políticas, en un momento en el cual la correlación de fuerzas internacionales pesa a la hora de conjurar el riesgo de una invasión.

Para redactar este artículo hice una pequeña encuesta personal que abarcó cerca de 170 docentes en ejercicio. Ante la pregunta sobre la vuelta al salón de clases, más del 50% me respondió que preferían renunciar antes que arriesgar su vida. Muchos(as) padres y madres a quienes les consulte me indicaron que preferían que sus hijos perdieran las clases, incluso que perdieran el año escolar antes de mandarlos a los planteles donde se arriesgara sus vidas.

Una maestra me dijo recientemente: “No hemos podido controlar los piojos en la escuela, menos podemos aspirar a mantener a raya la pandemia en las aulas antes de que llegue la vacuna”. El centro de la preocupación educativa actual debe ser la preservación de la vida y garantizar la salud a los millones de estudiantes y los miles de docentes de la patria. Y si queremos sorprender al mundo con medidas vanguardistas le propongo:

a) Desarrollar en los meses que restan a la pandemia un modelo de educación descurricularizada, que atiende el aprender a aprender a partir de la cotidianidad de la casa;

b) Iniciar un reseteo de TODAS las instituciones de formación docente, las cuales ven al mundo con lentes del pasado, haciendo un daño terrible a la soberanía educativa de nuestro país;

c) Lanzar una campaña nacional e internacional en defensa de la escuela presencial en la post pandemia;

d) Enfatizar que la escuela en la post pandemia tiene que dar un giro de 180 grados para empalmar tradición con aceleración de la innovación tecnológica, dialéctica de lo local con lo global, eso sí, desde una perspectiva crítica;

e) Crear un impuesto a las grandes corporaciones y trasnacionales ubicadas en Venezuela y las otras medidas enumeradas en el anterior numeral, para con ello iniciar una labor urgente de mejora de los sueldos de les docentes, la dotación tecnológica de las escuelas (computadores + internet) e inicio de construcción de la infraestructura tecnológica educativa para defender con pie firme la escuela presencial en los próximos años;

f) Abrir un debate sobre el impacto de la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad en la construcción social, la educación y las pedagogías y, cómo a partir de ello diseñamos y ponemos en marcha la escuela libertaria del siglo XXI;

g) Lanzar el debate internacional sobre el papel de las pedagogías críticas en la construcción de pensamiento crítico y la formación de personalidades libertarias, autónomas, solidarias y transformadoras en el presente;

h) Desarrollar una campaña de prevención del contagio, con rostros docentes, invitando a cuidar la vida en nombre del futuro de la población venezolana

 

En mi próximo artículo estarán reflejadas algunas notas sobre la escuela necesaria en la post pandemia, un debate que considero debe ser vinculante a la actual consulta

 

[1] Carlos Lanz Rodríguez (CLR) es un militante revolucionario y pedagogo popular venezolano quien, al momento de escribir este artículo lleva 18 días desaparecido. CLR fue el coordinador del Proyecto educativo Nacional (PEN) que definió líneas centrales para la transformación del sistema educativo en el marco del proceso Bolivariano.

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Introducción

 

La llegada de la pandemia al planeta tierra intensificó los efectos de una pesadilla. La crisis que desató el Covid-19 dejó ver y agudizó las múltiples crisis que ya existían y las condiciones inhumanas en las que ya vivía una buena parte de la humanidad.

El eje del análisis se basa en la hipótesis de que la mayoría de los Estados actuales son estructuralmente incapaces de enfrentar una amenaza como la del SARS-CoV-2 sin estrategias que impliquen actos inhumanos, violatorios de derechos humanos y potencialmente criminales. Estas estrategias tienen que ver tanto con su debilidad estructural como con dinámicas más profundas relacionadas con la forma en que se configuran las relaciones de poder. Nos enfocamos en el poder Estatal entendido como dominio sobre la vida y la muerte de quienes viven o transitan por sus territorios o jurisdicciones, sobre todo en situaciones de “emergencia”.

El análisis parte de la combinación entre la violencia, los derechos humanos y el desarrollo en una situación de emergencia y la lógica del triage social como justificación ética de actos inhumanos. A partir de la revisión de algunos casos que hemos identificado como graves pretendemos identificar las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido durante la pandemia por causas preexistentes agudizadas con la crisis sanitaria o bien por la ejecución de las medidas de emergencia. Abrimos la pregunta de si esos actos que han violado derechos humanos configuran crímenes de Estado. El ejercicio de señalar los actos nos parece esencial para desnormalizar lo que pretende imponerse como normal en el contexto de la pandemia.

Aunque nos enfocamos en algunos casos de algunos países del continente americano que permiten tener una visión general de las dinámicas Estatales en la región, vemos este texto como un primer paso en un análisis que valdría la pena hacer a mayor profundidad y en todas las geografías posibles. No es un texto fríamente calculado (aunque los cálculos sean fríos) o con pretensiones de objetividad y asepcia, surge de la indignación por las atrocidades que pretenden ocultarse bajo la tragedia de la pandemia, surge de la inquietud por encontrar rumbo para actuar frente a los crecientes abusos, surge de la urgencia por buscar señales de esperanza en medio de la incertidumbre.

Este texto es un inicio y a la vez es una invitación para construir o compartir análisis similares que puedan darnos una visión más clara de las dinámicas de poder en esta nueva etapa pandémica y de los actores que pretenden usar la crisis para sostener estructuras y relaciones que nos están llevando de una catástrofe a otra hasta que no quede nada más que (tal vez) ellos.

La pandemia

Un virus, un ser infinitamente pequeño, implicó una crisis social planetaria. La metáfora convertida en realidad sobre la fragilidad del mundo globalizado es devastadora. El origen griego de la palabra pandemia, “pan” (todo) “demos” (pueblo) pareciera un estado idílico de la humanidad, el único problema es que lo que en el 2020 une a todo el pueblo de este planeta es una elusiva y compleja enfermedad que demuestra la profunda vulnerabilidad de la humanidad. La pandemia no es resultado únicamente de la existencia del virus SARS-CoV-2, ni de las mutaciones que puede haber tenido, ni de los padecimientos que provoca, es resultado del impacto social que tienen la combinación de contagios, padecimientos y la capacidad de contención y respuesta que podemos tener como humanos y como sociedades. Lo que también hace distinto a una pandemia, y a esta en particular, es su dimensión global.

Desde el año pasado existían advertencias sobre el aumento de enfermedades provocadas por la deforestación en todo el mundo. Se sabía que esta práctica cada vez menos regulada podía implicar el surgimiento de enfermedades infecciosas. (Zimmer, 2019)

Según un reporte especial del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, 2020) los virus de origen zoonotico son enfermedades que están emergiendo de los animales y saltando a los humanos. De todas las nuevas y emergentes infecciones en humanos alrededor del 75 por ciento vienen de “especies de salto”, de otros animales a las personas. La mayoría de las zoonosis pasan de forma indirecta a través del sistema alimentario. En el estudio identifican siete factores que pueden estar provocando la aparición de estas enfermedades: 1) el aumento de la demanda humana de proteína animal; 2) la intensificación de la agricultura insostenible; 3) mayor uso y explotación de la vida silvestre; 4) utilización insostenible de los recursos naturales provocado por el acelerado crecimiento de las urbes, el cambio de uso del suelo y las industrias extractivas; 5) aumento de viajes y transporte; 6) cambios en las cadenas de producción y suministro de alimentos; y 7) el cambio climático.

Las condiciones para que llegara esta catástrofe se fueron anunciando. La pandemia es un desastre y lo que lo configura como tal no es la amenaza natural sino las vulnerabilidades o capacidades de enfrentar esa amenaza. El desastre es un fenómeno social que pone en crisis la “normalidad”, en el caso del Covid-19 lo que se pone en crisis es la capacidad de contener los contagios y evitar las muertes, algo que pone a prueba los sistemas sanitarios, económicos y políticos. Como cualquier desastre, la pandemia provoca tiempos acelerados a los que cualquier sociedad responde con aquello que tiene, es decir, lo que hay para enfrentarla es con lo que se puede enfrentar, sean capacidades técnicas, estructurales, económicas o hasta culturales.

Esta pandemia, la del coronavirus, es como cualquier desastre, pero no es cualquier desastre, es uno que ha puesto en crisis prácticamente a toda la humanidad, y en situaciones de crisis, como en un barco que se hunde, surgen todo tipo de reacciones y decisiones, sabias, solidarias, oportunistas y crueles.

 

La crisis de un mundo en crisis

 

Desde que llegó el Covid-19 ciertamente nada es igual que antes, la cruda realidad que se venía creando día a día provocada por el capitalismo desenfrenado que vivimos en casi todo el mundo nos llevó a tener las cifras de terror que tenemos ahora. Hoy en día prácticamente todos los seres humanos del planeta estamos siendo afectados por la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus. Esa incertidumbre nos está haciendo añorar las crisis globales que teníamos antes de estar en esta crisis, pues como bien dicen muchos analistas como Naomi Klein (2020), el mundo ya estaba en crisis antes de esta crisis, estaba en llamas, en un deterioro ambiental catastrófico, con millones de personas sin posibilidades de sobrevivir y el resto apenas sobreviviendo, con un 1% de excepción. La privatización de la salud en casi todos los países y la situación de olvido en la que viven amplios sectores de la población han jugado un papel fundamental en el impacto que ha generado la pandemia del SARS-CoV-2.

Hemos presenciado miles de contagios, miles de muertes, y zozobra en todo el mundo frente a un enemigo mortal que parece apocalípticamente amenazante. Sin embargo, el viral coronavirus no es un monstruo mitológico invencible, es un organismo que provoca una nueva enfermedad, grave, en proceso de ser entendida, potencialmente mortal, pero con la rápida respuesta de médicos e investigadores en todo el mundo, tratable y curable sin necesidad de magia o soluciones espectaculares, simplemente con hospitales capaces de recibir a los enfermos, doctores bien capacitados y medicamentos adecuados y disponibles podría ser suficiente. Pero a pesar de ser en términos patológicos un problema remediable más allá de la existencia o no de una vacuna, el Covid-19 está resultando una tragedia de proporciones globales.

Más allá de las teorías de conspiración sobre el origen del virus (desde los estofados de murciélago hasta la guerra biológica), la realidad es que nadie estaba preparado. Prácticamente todos los países del mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar la llegada del virus o para tratar de retrasarla o aplanar la ya paradigmática curva de contagios. Algunos países han tenido reacciones más ágiles y efectivas que otros, pero la realidad es que ningún país parece salvarse.

Byung-Chul Han (2020) hace un interesante análisis de las condiciones culturales y políticas que permitieron a los países asiáticos enfrentar la pandemia con relativa efectividad, el resultado a largo plazo de su análisis es casi más preocupante que el virus en sí. China, Japón, Corea, Taiwán logran controlar el primer ciclo de la pandemia porque tienen un control casi total de la cotidianidad de las personas que viven dentro de sus fronteras. Vigilancia digital permanente, cámaras de seguridad en todos los espacios sean públicos o privados, reconocimiento facial, capacidad absoluta de control poblacional, sumisión completa al Estado (o confianza si nos gustan los eufemismos), y eso sí, cubrebocas, muchos cubrebocas.

La crisis sanitaria y humana que estamos viviendo en el mundo está siendo aprovechada sin duda para controlar a la población, aumentar la polarización en cada país y a nivel global, pasar leyes que en otros momentos habrían provocado mayores reacciones sociales, militarizar la vida social y la seguridad pública, vender, especular y continuar con la misma lógica que nos ha dejado en dónde estamos a nivel social, político, económico y ambiental.

 

¿Salvar vidas o salvar la economía?

 

Las respuestas de cada país, de cada persona, han sido diversas y hasta paradójicas desde las compras de pánico (sobre todo de papel higiénico y cervezas, esenciales al parecer para la supervivencia humana) que presuponen que un “otro mezquino” acumulará los recursos; la exigencia de estrategias de cuarentena coercitiva y vigilancia digital; hasta la “confianza” en la civilidad ciudadana. En toda crisis grave saca lo peor y lo mejor de la humanidad, como señaló Rodríguez Lascano (2020) “cada uno comienza a elaborar sus criterios de supervivencia, unos quieren asegurar papel de baño, pero otros se cuestionan una vieja forma de relación social y enseñan una solidaridad horizontal”.

En muchos aspectos, la pandemia, como apunta Zibechi (2020), acelera tendencias preexistentes que van desde la interrupción de la integración económica y el debilitamiento político del sistema hasta profundas transformaciones psicológicas y culturales.

En medio de la incertidumbre y del exceso de información verdadera, falsa y combinaciones entre ambas, algunas cosas se han vuelto evidentes: la primera es que la propagación del virus nos mostró el nivel de interconexión que hay entre los seres humanos de este planeta, contagio tras contagio. Ha sido necesario forzar el distanciamiento social para tratar de disminuir la frecuencia de esas conexiones y así tratar de reducir el número de contagios. La segunda es que los efectos y temores económicos y de abastecimiento de insumos médicos, alimentos, materias han mostrado el nivel de interdependencia global desde las grandes cadenas de producción hasta las cuestiones más cotidianas de la vida. La tercera es que, en tiempos del Big Data, de la nanotecnología, del aparente entendimiento y control minucioso que los humanos teníamos sobre el planeta, el imaginario de nuestra aptitud suprema de supervivencia y dominio sobre la naturaleza se desmorona y hace explícita nuestra vulnerabilidad como especie.

Algo que es importante apuntar es que esta pandemia pudo haberse prevenido, no la aparición del virus, los contagios iniciales, tal vez ni siquiera su expansión por algunos países, pero sí su dimensión global y su letalidad. En su análisis sobre la pandemia y el sistema-mundo, Ramonet (2020) muestra que en varios reportes recientes de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en análisis de expertos y en múltiples foros se había planteado la posibilidad de una pandemia de estas proporciones por un virus con las características del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y en muchos casos se hicieron recomendaciones para establecer las medidas sanitarias para poder prevenirla o enfrentarla.

No eran necesarias medidas espectaculares ni tecnologías de avanzada sino estrategias simples con herramientas tan sencillas como el jabón, herramientas de costura para los tapabocas y la implementación de medidas de distancia, y evidentemente, un sistema de salud pública eficaz. Como señala Ramonet, Vietnam es un ejemplo interesante pues con unos cuantos contagios estableció estrictas medidas de distancia y logró controlar el brote en cuestión de semanas y sin un gran número decesos. Otros casos interesantes de reacción temprana son Nueva Zelanda y Cuba. En el primer caso limitando la hipermovilidad y estableciendo “burbujas” comunitarias que permitieron la interacción entre personas sanas. Los resultados de esas medidas los conocemos, contuvieron los contagios. En el caso de Cuba con un sistema de salud pública robusto, con claros protocolos de respuesta ante una situación como ésta, un importante desarrollo de medicamentos y diagnosticando casa por casa sin necesidad de grandes recursos espectaculares, simplemente con buena práctica médica. Es decir, había la experiencia, la información y las advertencias necesarias para que el mundo, y sobre todo la economía capitalista, aceptara con humildad una pausa en su avance devastador y evitara el número de muertes que se está registrando. Pero lo que se hizo se hizo tarde y con la excusa de la sorpresa, y esto ha tenido efectos graves en la vida de prácticamente todos los seres humanos del planeta, extendiéndose en el tiempo y afectando las relaciones sociales y sí, también las económicas.

A lo largo de la pandemia hemos escuchado reiteradamente la contraposición entre medidas sanitarias orientadas a evitar contagios, en particular las medidas de distancia social, y la economía global que aparentemente requiere volver a las actividades habituales y a la interacción directa entre personas, lo que ha planteado un aparente dilema entre salud y economía. El argumento de las medidas médicas y sanitarias para salvar vidas es directo, la distancia evita contagios, evitar contagios salva vidas. El argumento en favor de la reactivación de las actividades económicas es completamente indirecto, es decir que se basa en la idea de que la reactivación económica, la producción y el consumo, implica evitar el crecimiento del desempleo, de la pobreza y que eso resulta en mejores condiciones de supervivencia para todos. Plantea la idea de que la economía global salva vidas, tantas o más que el evitar contagios. Como si el sistema económico predominante antes de la pandemia beneficiara a todos.

La lógica neoliberal tiene un fuerte componente de sacrificio de poblaciones que dentro del cálculo de costo-beneficio para la economía considera menos valiosas y por lo tanto descartables, como lo señala puntualmente en una entrevista Mbembe (Bercito, 2020). Estas poblaciones suelen ser las mismas de siempre, aquellas que son consideradas menos valiosas o aquellas que sufren una violencia sistemática y estructural, es decir, aquellos que se encuentran en la zona del no-ser como diría Fanon (1973).

Meses después del inicio de esta crisis podemos ver cómo en muchos países los gobiernos están privilegiando la economía por encima de la salud, desde los rostros más grotescos, como el de Trump y Bolsonaro, hasta los llamados gobiernos progresistas. La mayoría han optado por salvar la economía, por presionar a la reapertura de la producción, por invitar a consumir, y por hacerlo con medidas sanitarias de protección individual (cubrebocas, lentes, guantes, etc), por comenzar a acostumbrarnos a lo que llaman una “nueva normalidad”.

Las medidas sanitarias de distancia implican una protección colectiva en donde como dice Marcos Roitman (2020b) el no salir no solo implica cuidarme yo de no contagiarme, sino también el cuidar que yo no contagie a otros, la distancia es una medida de protección colectiva, sobre todo en los numerosos casos asintomáticos que parecen ser característicos de este coronavirus. Estas medidas implican que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todos tengan las mejores condiciones posibles de supervivencia dentro de la lógica del distanciamiento. También implica que los propietarios o socios de las empresas privadas tienen que asumir costos por mantenerse inactivos durante un tiempo sin recurrir a despidos que harían más precaria aún la situación de los trabajadores. En este contexto también se requiere de servicios públicos robustos, sobre todo en lo sanitario, en la atención a quienes dependen de la economía informal para sobrevivir cada día y en la regulación de las actividades de producción esenciales (alimentación, energía y comunicaciones). Un Estado que depende de servicios privatizados depende entonces de la disposición del sector privado o de tener los recursos económicos y políticos para su expropiación y así poder asumir los requerimientos de las medidas de distancia. Evidentemente, como se ha visto en varios países, existe también la posibilidad de establecer medidas extremas de distancia sin prever las condiciones de supervivencia de la población más vulnerable, sobre todo aquella que vive día a día de la economía informal.

La reactivación de las actividades económicas presenciales implica un aumento en la interacción directa entre personas y por lo tanto una mayor exposición de la población al contagio del virus, por lo tanto requiere un énfasis en la protección individual. Esto exime a las empresas privadas de tener que asumir costos por las medidas de protección pues les permite reactivar su actividad lucrativa y hace dispensable la necesidad de que los empleadores asuman medidas de protección de la salud de los empleados. Asimismo, el Estado puede desafanarse de la necesidad de asumir la responsabilidad directa de que todos tengan los medios indispensables de supervivencia. Los servicios esenciales pueden seguir su camino de privatización, incluida la salud.

En este último escenario la responsabilidad de evitar el contagio recae completamente en los individuos y en su capacidad por aislar su cuerpo, lo que evidentemente será más o menos fácil dependiendo de su ubicación en las relaciones de producción. Un accionista adinerado de una empresa estará en mejores condiciones para distanciar su cuerpo de los virus que un obrero.

La pregunta aquí es cuántos Estados tienen aún las condiciones institucionales para asumir medidas de protección colectiva ante la pandemia, y cuántos están dispuestos a asumir los costos políticos y económicos para tenerlas. Lo que ya se percibe como una realidad en construcción es un nuevo ciclo de operación de los dos binomios en el proceso del capitalismo neoliberal que identificaba el Subcomandante Marcos (1997) hace más de veinte años: destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento.

 

El Estado de Malestar en la Cuarta Guerra Mundial

 

Desde hace décadas se fue instalando lo que Rodríguez Azueta (2019) llamó el Estado de Malestar después de que se fue desmantelando su opuesto, el Estado de Bienestar, así que ya teníamos normalizada la anormalidad que implicó que el Estado no gestionara la vida sino la muerte. Esto es lo que los zapatistas (Subcomandante Insurgente Marcos, 1997) llamaron la Cuarta Guerra Mundial, considerando que la Guerra Fría fue la tercera. Para ellos esta Cuarta Guerra es la peor y la más cruel, una que el neoliberalismo libra contra la humanidad. En esa guerra la política se convirtió en organizador económico, ya no en organizadora del Estado nacional. El crimen organizado fue penetrando los sistemas políticos y económicos de los Estados nacionales, las medidas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional impuestas después de la crisis de la deuda mundial de los ochentas agudizaron las crisis de los negocios legales, la crisis de la deuda mundial provocó que los países “subdesarrollados” presentaran una reducción en sus ingresos dando pie al origen de una economía ilegal para llenar el vacío dejado por la caída de los mercados nacionales.

Antes de la llegada del SARS-CoV-2 ya habíamos presenciado rescates económicos y bancarios a costa de la gente. La economía que se instaló entonces ha estado basada y sostenida en la desigualdad. La lógica brutal de la etapa neoliberal del capitalismo trajo consigo una creciente gestión burocrática de la barbarie que se sintetiza en lo que Rodríguez Lascano (2017) define como la nueva ideología del dominio: la guerra humanitaria.

En estas circunstancias, el repliegue en tiempos de crisis de los derechos humanos como herramienta de resistencia ante los abusos del poder es brutalmente claro. De pronto la discusión de los derechos humanos regresó a la preservación de la vida, y a primera vista pareciera que a costa de todos los demás derechos. El año 2001 marcó el auge de los estados de excepción permanentes y de la seguridad como derecho supremo a reclamar, además de como fuente primaria de legitimidad. Poco a poco esta lógica se ha matizado entre escándalos por crímenes de guerra (reconocidos y no) y por la crisis de 2008 que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero global y la voracidad de las corporaciones transnacionales. Pero esas coyunturas que han evidenciado la brutalidad y la debilidad de los Estados se han enfrentado con la agudización de las condiciones que las provocaron. En el caso de la seguridad con el inicio de una guerra interminable en Medio Oriente y con la criminalización de quienes denuncian los actos atroces en esas guerras, como ocurre con el caso de Julian Assange. En el tema financiero la respuesta fueron costosos rescates que llevaron dinero público a bolsillos privados. Tanto la experiencia de 2001 en el campo de la seguridad como la de 2008 en el financiero nos enseña que una palabra que parece generar una aceptación casi mágica de las soluciones más aberrantes es “emergencia”.

Rajagopal (2007) señala que los estados de emergencia fueron un mecanismo para deslegitimar los movimientos de liberación en las colonias europeas y negarles a esos conflictos el estatus de guerra o de desafío al Estado, los reducía a situaciones que requerían el restablecimiento del orden. Por otra parte, el estado de emergencia permitió eliminar la aplicabilidad de normas jurídicas internacionales que podrían tener efectos en una situación normal de desorden interno. Esta experiencia, este mecanismo, se trasladó de los imperios al derecho internacional, que como Anghie (2015) señala deriva de los primeros, y de ahí a todos los Estados que de alguna manera se han armonizado con las formas jurídicas europeas. El efecto de este traslado es que en un estado de emergencia no existen muchas normas jurídicas que puedan aplicarse, no es una situación de guerra por lo tanto el derecho internacional humanitario queda relegado, y no es una situación normal, no es tiempo de paz por lo que los derechos humanos quedan mayormente sujetos a los criterios que el Estado establezca para la emergencia.

Existen algunas normas internacionales como los Principios de Siracusa adoptados por la ONU en 1984 que establecen algunas disposiciones que deben aplicarse cuando por una declaración de emergencia un Estado pretenda limitar o derogar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cosas establece garantías que no pueden ser suspendidas como el derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de pensamiento, entre otras, y establece criterios de necesidad, legalidad, racionalidad, proporcionalidad y temporalidad para las declaratorias de emergencia. Sin embargo, así como establece protecciones a ciertos derechos insuspendibles, también establece criterios para que los Estados puedan suspender otros derechos en situaciones que consideren de emergencia, aludiendo al mismo tiempo a la responsabilidad de los Estados en cuanto a lo “estrictamente necesario”. En el caso de las emergencias como la que presenta el Covid-19, los Principios de Siracusa determinan que:

 

“La salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados.” (UN Commission on Human Rights, 1984).

Estas normas tienen una redacción general y están sometidas a los criterios geopolíticos que determinan su aplicabilidad como ocurre recurrentemente en el derecho internacional. A esto hay que agregar que una catástrofe de la que deriva una emergencia genera un estado de conmoción en la población que la inmoviliza por lo menos temporalmente y que la hace susceptible a aceptar las acciones que determinen quienes aparentan tener el control (Klein, 2007). Esto dificulta la posibilidad de poner la atención sobre normas internacionales poco difundidas y dificulta su aplicabilidad, ya no sólo por el contexto geopolítico global, sino por la dificultad de enfrentar simultáneamente la conmoción y enfrentar los abusos de los agentes del Estado. El estado de conmoción que produce la catástrofe, en este caso la pandemia, aumentado por la acción del Estado deriva en un comportamiento de socialconformismo (Roitman, 2020a) que inhibe la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se presenta como responsable. Todo esto permite que durante una catástrofe se dé el ambiente para que la gestión de la vida y la muerte quede en manos de quienes detentan el poder del Estado o están en condiciones de manipularlo.

A este proceso de la emergencia hay que agregar otro elemento que tiene orígenes anteriores a la pandemia. Ulrich Beck (2003) señalaba dos procesos que permean los Estados y las sociedades en el proceso general de globalización, el del régimen neoliberal y el de los derechos humanos. Por una parte, en el período neoliberal los derechos humanos pasaron de ser una forma de defensa contra el poder a ser la concreción del poder como apunta Douzinas (2005). Por otra parte, el neoliberalismo llevó en las últimas décadas del siglo XX a acelerados procesos de privatización en sectores antes bajo el control del Estado, convirtiendo a este último en la representación de una facultad técnica administrativa que posibilitó el crecimiento de una economía global corporativa (Sassen, 2007).

En una especie de armonización entre el régimen neoliberal como forma de estructuración de las relaciones económicas y Estatales en la globalización con los derechos humanos como su discurso moral, toma fuerza otro discurso heredado del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el del desarrollo. Esta preocupación por el desarrollo surge tanto de las problemáticas que representaban las ex-colonias y ahora nuevos Estados en términos de pobreza en combinación con la necesidad de las antiguas metrópolis por recuperarse tras la guerra (Naredo, 2015). Si bien el concepto de desarrollo en la posguerra tomó un carácter eminentemente pragmático, durante el período neoliberal ese pragmatismo se volvió tan brutal en lo concreto como eufemístico en el discurso. Desde los sesenta y setenta el desarrollo se volvió casi un sinónimo de bienestar, y a finales de los noventa ese bienestar potencial parecía justificar cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier violencia.

Como también advierte Rajagopal (2007), la violencia del desarrollo suele ser un punto ciego de los derechos humanos, habitualmente se le ubica fuera de ese campo, a pesar de la cantidad de violaciones sistemáticas que derivan de ella. Si bien la violencia del mercado es regularmente señalada en toda clase de movimientos sociales, foros y discursos para denunciar los efectos perversos del capitalismo, ésta se ha ido adaptando y se oculta bajo esa otra violencia del desarrollo que es menos señalada. Estar en contra del mercado en América Latina puede ser hasta habitual, es ir en contra de los ricos en países mayoritariamente pobres (independientemente de las alquimias estadísticas), pero estar en contra del desarrollo significa ir en contra de los intereses del bien común del país, por lo tanto, la violencia generada por el desarrollo tiende a volverse aceptable.

La justificación de la violencia en nombre del desarrollo resulta en una argumentación capaz de socavar cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos, porque si bien es posible condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de desarrollo, suelen seguir su curso.

Una noción que resulta muy útil para referirse a la relación entre comercio y violencia en la economía política contemporánea es la de Necrocapitalismo (Banerjee, 2008) que establece que las formas contemporáneas de acumulación organizacional implican desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte. En el necrocapitalismo la violencia, el despojo y la muerte, son resultado del proceso de acumulación, ahí se generan espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica y política, provocando la suspensión de la soberanía. Las corporaciones aprovechan cualquier situación para implantar estados de excepción y beneficiarse económicamente de ellos. Aquí entran los desastres, las guerras que aplanan el camino para la posterior reconstrucción que implica el endeudamiento de los países y la ejecución de programas de ajuste.

El Covid-19 no llega a un mundo en blanco, se expande en ese mundo, en ese contexto de necrocapitalismo, de violencia, de eufemismos, de bienestar privatizado, de servicios públicos insuficientes y de Estados profundamente dependientes de los actores más poderosos del mercado. En conjunto con esto, en esta crisis de 2020, la del SARS-CoV-2, no nos enfrenta a “otros” humanos, sino a un “otro” invisible y aparentemente incontenible que pone en riesgo nuestra posibilidad de respirar y por lo tanto de vivir. Esto ha generado una enorme incertidumbre sobre lo que queremos proteger de “lo humano” y sobre cómo responder, sobre todo porque está implicando ponerse frente al sistema hegemónico y a sus inocultables contradicciones y sus peligrosas deficiencias.
El Triage Social: ¿Salvar qué vidas para qué economía?

La pandemia del Covid-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el “bien común” o ideologías que resuelven el dilema ético de quién los merece y quién no.

Un algoritmo es una mala pronunciación latina de Al-Khwarizmi, el matemático persa del siglo IX, cuyo nombre durante la edad media se usó para describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. Algoritmo actualmente tiene muchas definiciones, es un árbol de decisión, es un sistema al que se le ingresa información y del que se obtienen respuestas, es un conjunto de instrucciones que el usuario sigue de manera mecánica y de las que obtiene un resultado ideal (Steiner, 2012). Desde la edad media el estudio de los algoritmos ha dado resultados interesantes en la búsqueda de respuestas, sin embargo es hasta Claude Shannon que a finales de los treinta combinaría la matemática binaria de Leibnitz con el álgebra booleana para diseñar circuitos electrónicos capaces de guardar información y resolver problemas. Como lo analiza Castells (1999) la importancia de la producción y gestión de información desde ese momento y sobre todo a partir de finales del siglo XX ha transformado las relaciones sociales en el mundo en todos los ámbitos, incluidas las relaciones de poder y la política. Una muestra de la relevancia de la información es la cantidad que se produce y almacena, hasta 1986 la cantidad era de 2.64 billones de gigabytes (entre digital y análoga), para el 2007 (hace 13 años) la cantidad era ya de 294.98 billones de gigabytes, es decir que en 20 años se ha almacenado más de cien veces más información que desde el inicio de la historia hasta 1986 (Hilbert y López, 2011).

Además de la cantidad, la velocidad cuasi simultánea del flujo de información a nivel global ha llevado a requerir y depender de algoritmos capaces de procesar grandes cantidades en poco tiempo que permiten a quienes diseñan y controlan esos algoritmos tomar decisiones. En este sentido los algoritmos se han convertido en una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre en un mundo global y a la vez reforzar las relaciones de dominación (Rodríguez Lascano, 2020). Los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve y a partir de ello decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos. Esto a su vez implica analizar la base sobre la cual se construye esa ruta mecanizada, es decir su propósito y su origen contextual e ideológico.

Uno de los algoritmos ético-sociales, o de justicia distributiva como argumentan Moskop y Iserson (2007), más conocidos actualmente es el triage médico, que viene de la palabra francesa trier (filtrar, seleccionar, clasificar y separar lo útil de lo desechable) utilizada en la actividad agrícola, cuyo origen se atribuye al Baron Dominique-Jean Larrey, jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, que desarrolló un sistema para evaluar y clasificar la atención a los soldados heridos en batalla entre los que requerirían atención inmediata por la severidad de sus lesiones y los que podrían esperar para ser tratados. A mediados del siglo XIX el cirujano naval de la Armada Británica John Wilson agregó la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir aún con tratamiento. Sobre esta base hay una larga historia de adaptaciones en los entornos militares, médicos y de servicios de emergencia. En todos los casos se utiliza para que en una situación de recursos médicos limitados se pueda ordenar, clasificar y discriminar pacientes.

La idea general es que en un escenario de múltiples víctimas provocado por un evento catastrófico la crisis, en términos médicos, tiene un protocolo claro de triage, de clasificación en grupos: los de fácil recuperación sin intervención, los críticos sin posibilidad de recuperación aún con una intervención y los graves con posibilidad de recuperación con una intervención. Este es un proceso que se puede realizar en varios momentos que van desde el lugar en el que ocurrió el evento catastrófico hasta la atención hospitalaria. El criterio es simple y existen varias versiones y adaptaciones del algoritmo de triage para tomar estas decisiones, pero en el terreno la clasificación depende de los conocimientos científicos, capacidades técnicas y valoración ética de quien decide, y quien decide normalmente será médico o paramédico porque habitualmente son los que están socialmente (moral y legalmente) legitimados para tomar esa decisión.

Ahora pensemos en una situación en donde la humanidad es ese escenario de múltiples víctimas provocado por la catástrofe de nuestras propias acciones. Así ha ocurrido con la pandemia del coronavirus en casi todo el mundo, el Estado está asumiendo las decisiones temporalmente, pero poco a poco el mercado y el Estado-gestor reasumen su relación para una gestión presuntamente “eficiente” de esos recursos limitados que favorece las relaciones de poder asimétricas. Las decisiones frente a la pandemia y sobre las prioridades (sanitarias o económicas) al respecto están estableciendo la clasificación de la sociedad y sobre cómo gestionar los recursos limitados de cada Estado y del mundo.

Sjoberg Vaughan y Williams (1984) definieron el concepto de triage social como el mecanismo mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más “desfavorecidos” de la población. Mientras que en el triage médico, heredado de las guerras napoleónicas, los descartados por ser irrecuperables mueren, en el triage social, a los descartados, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el “bien mayor”. Un crudo ejemplo de una de las formas más obscuras del triage social es el que se dio en el primer periodo del régimen Nazi en Alemania cuando el gobierno de Hitler asesinó selectivamente a todos los que tuvieran alguna “discapacidad” para evitar que se contaminara la “pureza racial aria”.

En el caso de la actual pandemia el triage ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social. Cada Estado ha definido criterios para adjudicar los recursos sanitarios limitados a la población afectada por el SARS-CoV-2. A partir de criterios de bioética definen algoritmos para otorgar o negar atención médica directa, hospitalización o respiradores artificiales. Por otra parte toman decisiones sobre las actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, sobre a qué sectores favorecer con programas públicos, es decir sobre qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia.

Aquí surge un meta-triage, es decir una clasificación sobre qué sistemas de clasificación son más importantes. Se trata de salvar vidas, pero vidas específicas y a la vez de decidir sostener el sistema económico. Este meta-triage social, estas formas de decidir los criterios para clasificar a la población para decidir sobre la vida, la muerte, y sobre todo sobre las formas de vivir, de morir o de sobrevivir tienen que ver con las intervenciones y controles reguladores de la población que caracterizan a la biopolítica (Foucault, 1991) y a esas formas de existencia social características de la necropolítica (Mbembe, 2003), condiciones de vida a las que son sometidos grandes sectores de la población que los dejan en calidad de muertos vivientes.

En un estado de emergencia se hace explícito el triage como forma de poder, en donde todo lo que está formalmente bajo el dominio del Estado se convierte en un campo, en un espacio de excepción que cada vez más tiende a volverse permanente. Ahí y entonces, el soberano, el que puede determinar la excepción y definir los criterios del triage, asume el control para decidir sobre la nuda vida (Agambem, 2001), sobre los humanos como seres biológicos y de ahí determinar quienes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados (más allá de la documentación que tengan o no) merecedores de ayuda humanitaria o persecución policíaca, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido.

En la emergencia específica de la pandemia, un criterio de triage es favorecer la protección del mayor número de personas de posibles contagios y evitando así que la demanda de servicios y recursos médicos supere los recursos existentes. Esto implica optar por ocupar mayores recursos públicos para asegurar la supervivencia de aquellos que dependen de la actividad productiva normal y presencial para sobrevivir. Además significa la reducción de ciertas formas de producción y consumo lo que implica, como habíamos establecido antes, una mayor presión sobre las empresas privadas en términos económicos y laborales, y a su vez una mayor presión política sobre los Estados. En este punto es importante anotar que algunos países han priorizado evitar la saturación del sistema de salud (camas y ventiladores) haciendo que las personas infectadas y con síntomas permanecieran en sus casas, algo que ha llevado a que muchos mueran sin llegar a los hospitales o que al llegar sean casos de gravedad extrema.

Otra posibilidad es favorecer la producción y el consumo y asumir el riesgo de mayores contagios y la sobre saturación de los servicios de salud que inevitablemente deriva en más muertes. La decisión de priorizar la actividad económica sobre la protección de la salud implica considerar esenciales a los actores con mayor poder de generación de riqueza y considerar “irrecuperables” o descartables a amplios sectores de la población con menor relevancia económica.

El debate entre la protección de la salud ante posibles contagios y la saturación del sistema de salud, la urgencia por “normalizar” la actividad económica y una especie de reconcientización de la necesidad de tener un planeta “sano” para poder sobrevivir como humanos, resultan en procesos definidos en la mayoría de los casos por unos cuantos “tomadores de decisiones” y “expertos” basados no sólo en una visión filosófica de lo humano ni en un diagnóstico o pronóstico de la sociedad, también en gran medida por coyunturas en las relaciones de poder, en su futuro mediato.

El triage social presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas en el que tienen que ver la gestión de la supervivencia y la discriminación de las poblaciones que rigen, igual que el paramédico, médico o primer respondiente en un escenario de múltiples víctimas donde sus decisiones de triage médico le permiten justificar la muerte de aquellos que determina irrecuperables. En este punto es importante preguntarnos si esas decisiones, bajo la justificación del triage o no, en el contexto del necrocapitalismo, implican violaciones de derechos humanos y si estas implican crímenes de Estado.

Si entendemos crimen de Estado como la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de derechos humanos (Green y Ward, 2000) entonces sí, quizás estemos ante la configuración de éstos considerando que la desviación organizacional se dio por privilegiar el funcionamiento de una economía desigual que ejerce formas estructurales de violencia y que beneficia fundamentalmente a una minoría sobre la necesidad de salvar el mayor número de vidas ante la crisis sanitaria.

 

La pandemia y los derechos humanos en crisis

 

Tanto la conceptualización de los derechos humanos como su aplicación y sus efectos están en una etapa de mucho debate y cuestionamiento. Y en estos tiempos se profundizan las crisis pre-existentes.

Un cuestionamiento central es el tema de su universalidad. La crítica conceptual de los derechos humanos tiene un argumento fuerte en que son producto de la narrativa europea de la modernidad que como señala Mignolo (2010) es la cara visible y benevolente de la colonialidad, por lo tanto su presunta universalidad tiene como centro una concepción eurocentrada en lo humano, patriarcal, blanco, heterosexual y capitalista, donde los que más se acercan a ese modelo se pueden considerar ciudadanos, dejando al resto de la humanidad en calidad de bárbaros peligrosos, salvajes inconscientes o seres antropomórficos sin la madurez genética o genérica para ser sujetos. No es coincidencia que sea precisamente el discurso de los derechos humanos el que se constituya como el discurso moral de la modernidad-colonialidad capitalista, como un vapor que respiramos y nos define sin percibirlo con claridad. En estas condiciones, los derechos humanos, su universalidad tiene un tono imperialista e implica la legitimación del sistema hegemónico instituido. En términos de Laclau (2005), los derechos humanos tienen como límite demandas intra-sistémicas.

Esa lógica intra-sistémica moderno-colonial está en las formas cristalizadas, sólidas de los derechos humanos, en la transformación de norma moral a norma jurídica que se concreta en la forma de garantías constitucionales o tratados internacionales. Aunque es un campo profundamente dependiente de los movimientos de la geopolítica, al convertirse en normas reconocidas dentro de las formas jurídico-institucionales del poder pueden adquirir una característica relevante, obligatoriedad. Evidentemente esta obligatoriedad, cuando existe, está limitada por el juego político, sin embargo, el laberinto jurídico de los derechos humanos ha logrado en algunos casos encontrar salidas a situaciones de injusticia.

En condiciones jurídicas los derechos humanos representan la concepción europea, moderna, liberal y colonial del Estado, y es cierto que su uso confirma las relaciones de dominación, sin embargo, en algunos casos concretos, pueden ser una herramienta complementaria que permite detener abusos, despojos, agresiones e incluso omisiones.

Otra forma de los derechos humanos está sujeta a la lógica de la política coyuntural que surge de la contraposición entre dominación y resistencia. Por un lado el hecho de que los derechos humanos se configuraran como el discurso de justicia y dignidad de la modernidad-colonialidad capitalista los convierte en el discurso de legitimación del poder y por consiguiente del Estado. Esto los hace también una narrativa que alimenta una retórica hipócrita que permite que las injusticias concretas y los abusos del Estado y de quienes ejercen alguna forma de poder se invisibilicen. Es decir, el Estado utiliza los derechos humanos como ideales abstractos, intangibles, desconectados de la cotidianidad política. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría, los derechos humanos, junto con la democracia y el desarrollo, se han convertido cada vez más en uno de los discursos de legitimación del Estado, que paradójicamente llega a servir para justificar o enmascarar abusos e injusticias.

El otro lado de esa misma moneda es lo que ocurre con los derechos humanos vistos desde quienes padecen esas injusticias y abusos. Hobsbawm (1982) argumenta que en el siglo XVII los reclamos no eran sobre derechos universales sino peticiones sobre agravios concretos. De muchas maneras, los derechos humanos se han convertido en una herramienta más de quienes sufren, para algunos, específicamente aquellos que no logran estar en condiciones para configurarse como sujetos rebeldes, son el único recurso de defensa que les permite condiciones mínimas de resistencia. En estas situaciones, los derechos humanos permiten señalar la hipocresía del Estado, deslegitimarlo desde su propio discurso de legitimación. Esto evidentemente implica muchas estrategias de entre las cuales los derechos humanos son sólo una, pero en ocasiones muy útil.

Durante la pandemia los derechos a la vida, a la salud, a la salud pública y a un medio ambiente sano han tomado relevancia en la arena pública. En simultáneo a esto están las declaraciones de emergencia que ponen en segundo término otros derechos como el libre tránsito o la privacidad. Las mismas declaraciones de emergencia sanitaria están reemplazando a los derechos humanos como discurso de legitimación con uno de justificación sobre sus actos, el del triage social. La lógica del triage social funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza como discurso legitimador a los derechos humanos. Plantea una nueva narrativa hipócrita, que el cometer actos inhumanos en una situación como la de esta pandemia es justo y en defensa de la dignidad común.

En este punto resulta importante desenmascarar ese nuevo discurso hipócrita, lo que requiere demostrar que la lógica del triage social no es un manejo de recursos limitados en beneficio de las mayorías sino un mecanismo de eliminación o sacrificio de población desechable en beneficio de las minorías más poderosas y señalar la responsabilidad estructural de los Estados al llevar a cabo o favorecer actos inhumanos.

Para el análisis específico de la pandemia y los derechos será útil definir salud y salud pública. Salud es un derecho humano fundamental, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios” (Asamblea General ONU, 1948).

Para la Organización Mundial de la Salud salud es el “estado de completo bienestar físico, mental y social”. (International Health Conference, 2002). Según la OMS los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Además debe prever el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la educación para la salud, la mejora de los cuidados materno-infantiles, las condiciones de trabajo seguras. El derecho a la salud para todas las personas según la OMS significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.

La salud pública implica que se consiga la máxima salud posible para el máximo número de personas mediante la aplicación del conocimiento científico acorde a cada contexto social, histórico y político (Benach, 2014). Esto permite afirmar que en la actual pandemia en múltiples casos no se ha respetado el derecho a la salud pública, pues desde antes de la pandemia las condiciones de acceso al agua potable, al saneamiento básico y a los servicios de salud eran de por sí precarias en muchas partes del mundo. Ahora con la crisis sanitaria ha muerto gente por no tener acceso a un sistema básico de protección de la salud.

Esto nos plantea muchas interrogantes hablando de derechos humanos, ¿Podríamos estar ante crímenes de lesa humanidad? Si se retoma lo que dicen los estatutos de la Corte Penal Internacional estaríamos ante los que entran en el inciso k) “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Asamblea General ONU, 1998)

La Corte interamericana de derechos humanos en una jurisprudencia en referencia al artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asentó una idea que es de gran utilidad para analizar los derechos vulnerados en el contexto actual:

 

“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también del derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”. (Corcuera y Guevara, 2001:142).

 

Esta jurisprudencia da la pauta para afirmar que el derecho a la vida no implica solo el derecho a no ser privado de ella, así podríamos comenzar a afirmar en el presente contexto global que uno de los derechos fundamentales vulnerados sería precisamente: la vida.

Entonces, aunque las violaciones de derechos humanos han sido una realidad cotidiana en el mundo, partimos de que específicamente los derechos a la vida, a la salud y a la salud pública han sido violados frecuentemente desde que llegó la pandemia. Existen otros derechos que han sido vulnerados como el derecho a la libertad de expresión y a la información, entre otros más.

Es importante anotar que además de las cuestiones de salud y salud pública violatorias de derechos humanos hay un complejo contexto de conflictos bélicos o potencialmente bélicos previos al Covid-19 que entrelazan la geopolítica de la guerra y la economía con la de la salud pública. El bombardeo de Israel en contra del territorio palestino de Gaza en plena pandemia pasó prácticamente desapercibido, igual ocurrió con los ataques de Turquía a los suministros de agua del Kurdistán, y en general la guerra que se desarrolla en la región. Están también las señales de una intervención armada que la administración Trump amenazó (y amenaza) con lanzar sobre Venezuela, esto a pesar de los contagios entre personal naval de los portaaviones y destructores estadounidenses.

En otro campo, está el continuo bloqueo promovido por Estados Unidos, aún para asistencia humanitaria, en contra de Cuba e Irán, y los mini-bloqueos que impuso a Alemania y Canadá, por lo menos en lo que respecta al abastecimiento de mascarillas N95. Habría que agregar también las medidas que han derivado en el reforzamiento de modos de control social, como ocurrió con la ley de seguridad China y sus implicaciones en Hong Kong.

En el campo del trabajo, algo que estamos viendo es que como resultado de la deslocalización del capital, la reproducción de la mano de obra en funciones no es indispensable, existe un ejército de reserva global que en el contexto de la pandemia permite reemplazar a los contagiados o muertos, como se ha visto en Brasil, India, Sudáfrica, México e incluso en Estados Unidos.

Además de las respuestas, oportunismos y problemas particulares entre los Estados y de los Estados frente a las poblaciones bajo su dominio o influencia, hay situaciones en las que los actos inhumanos han sido un patrón casi global. Las condiciones en las que se encuentra el personal sanitario son preocupantes a nivel mundial. Hasta este momento han muerto por lo menos 3,000 profesionales de la salud, según un informe de Amnistía Internacional (2020). Las condiciones que provocaron su muerte no tienen que ver solo con la protección que debían tener y con las medidas sanitarias que requerían para atender enfermos de Covid-19 sino con represalias de las que han sido objeto. Según el mismo informe del 13 de julio de 2020 estas represalias han sido: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos. Los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

Otra situación que se está viviendo también a escala global es la que padecen los presos ante la pandemia. Si de por si la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles en la mayor parte del planeta es muy fuerte, ahora con la pandemia el riesgo de contagio y de muerte es aún más alto. Como lo ha denunciado Zaffaroni (2020) “nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las cárceles. Si no se hace nada, se mueren”. Desde casos en los que permiten esto por razones políticas como el de Julian Assange, hasta los de las personas presas por delitos comunes, la constante es que los seres humanos que viven en las cárceles parecen considerarse población desechable.

El 13 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del SARS-CoV-2 llamó a los Estados a enfrentar la grave situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, así como a asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos (CIDH, 2020). En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Los centros de detención de migrantes presentan las mismas condiciones que muchas de las cárceles en el mundo y por lo tanto los mismos riesgos de contagio. Esta población creciente en el mundo parece ser también parte de la inhumana lista de los desechables por partida doble, tanto por las condiciones que los expulsan de su país de origen, como por las condiciones con las que se encuentran en los países de destino. El Covid-19 está dando la pauta, la excusa perfecta para que se levanten muros como el que Trump pretende terminar entre América Latina y Estados Unidos, o como la fortaleza que se ha pretendido construir alrededor de Europa para separarlos de sus antiguas colonias en África y Asia. La situación en la que se encuentran los migrantes del mundo ante la pandemia es brutal, en estos momentos deberían de ser atendidos, no expulsados. La violación del derecho a la vida y a la salud en estos casos ha sido grave y vulnerada sistemáticamente.

Los pueblos originarios (como los de Latinoamérica, de Angloamérica y de otras partes del mundo) o las naciones no estatales o no reconocidas formalmente (como el Kurdistán o Palestina) para sobrevivir se ven ahora forzadas a enfrentar no sólo las amenazas que representan los Estados y los mercados sino también a tratar de contener los contagios y evitar más muertes.

El panorama global es complejo y preocupante, y los procesos que se desarrollan en la pandemia requerirán mucho tiempo de análisis y esperemos que de aprendizajes. Sin embargo, para poder hacer un esbozo de lo que todo esto está implicando es necesario escoger solo algunos casos. No porque sean más importantes sino porque pueden resultar ilustrativos de la conjunción de los elementos que hemos mencionado.

 

El continente americano: ¿Derechos humanos o desechos humanos?

 

Después de la diseminación del coronavirus por Asia y Europa, con desenlaces trágicos y poniendo en evidencia la vulnerabilidad humana a nivel global, el epicentro de la pandemia pasó al continente Americano con cifras de contagios y muertes que superaron rápidamente a los demás continentes.


Casos de contagio de COVID-19 por millón de habitantes. Fuente: World Health Organization

 

 

Muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Fuente: World Health Organization

 

Una característica importante en la mayor parte de Latinoamérica (y en menor medida en Angloamérica) son los altísimos niveles de desigualdad, a pesar de tener algunas de las economías más grandes del mundo. De acuerdo con los últimos datos del índice GINI (World Bank, 2020) en los últimos diez años la mayor parte del continente se ha mantenido entre niveles medios y altos de desigualdad. Los índices GINI miden qué tanto la distribución de la riqueza en un país se desvía de una distribución completamente equitativa, en donde 0% de desviación es el una distribución completamente equitativa y 100% es una distribución completamente inequitativa. Un país puede tener un gran crecimiento económico, un ingreso per cápita promedio muy alto, pero en la realidad eso significa que hay un 10% de la población que concentra el 90% de esa riqueza.

 

Índice GINI Fuente: World Bank

País   Año más reciente Valor más reciente
Argentina201841.4
Bolivia201842.2
Brasil 201853.9
Chile201744.4
Colombia 201850.4
Ecuador  201845.4 
El Salvador 201836.6 
Guatemala201448.3
Honduras201852.1
México201845.4
Perú201842.8
Estados Unidos201641.4

 

Otra característica del continente americano es el proceso de privatización que han seguido casi todos los países como parte de las políticas neoliberales impulsadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y que ha convertido el poder adquisitivo en un factor de filtración en el acceso a la sanidad. La salud es uno de los sectores que ha sido tendencialmente privatizado, algo que cobra relevancia al momento de requerirse atención sanitaria de manera masiva, como ocurre en un caso de pandemia.

 

 

Además, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en el continente existen enormes disparidades y deficiencias en la capacidad hospitalaria.



Camas de hospital por cada 1000 habitantes Fuente: World Bank

 

En términos de derechos humanos la situación continental tampoco es alentadora, incluso si sólo se toman en cuenta mediciones cuantitativas muy generales como el índice de fragilidad estatal (Fund for Peace, 2015). De acuerdo con su calificación de violaciones de derechos humanos para los Estados del mundo en 2014, donde 0 es mejor y 10 peor, y que retoman variables como la libertad de prensa, libertades civiles, libertad política, tráfico de personas, prisión política, persecución religiosa, encarcelamientos, tortura y ejecuciones. Aunque el diseño del índice puede tener un sesgo en cuanto a las variables que retoma, sí muestra una situación bastante preocupante en el continente americano, tomando en cuenta que existen pocos conflictos armados reconocidos oficialmente y la mayoría de los países son presuntamente democráticos, con calificaciones medias (si se excluye Canadá y Uruguay).

 

Fuente: Fund for Peace (Fragile States Index)

 

De acuerdo con el Índice de Astringencia (Hale, 2020) de la Universidad de Oxford que mide qué tantas medidas de distancia y restricción de movilidad aplica un país para evitar contactos entre personas y por lo tanto contagios (cierres de centros de trabajo, escuelas, espacios públicos, aeropuertos, transporte público, limitaciones a la circulación territorial, cuarentenas, toques de queda, etc.), en América Latina la respuesta en estos términos ocurre con mayor intensidad entre marzo y abril de 2020 en donde Argentina, El Salvador y Honduras se encuentran entre los países que aplicaron mayores y más estrictas medidas de distancia social y Brasil, Estados Unidos y México las menores.

 


 

Con este contexto de telón de fondo, en América hay además un sinnúmero de proceso complejos, de conflictos y crisis previas a la pandemia que se agudizan con esta nueva crisis, que han evidenciado graves injusticias, detonado decisiones inhumanas y actos atroces. Aquí abordaremos casos con antecedentes pre-coronavirus, pero que con la pandemia han desembocado en situaciones graves que podrían representar violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de Estado.

La cantidad de actos y decisiones inhumanas o potencialmente criminales de los Estados durante la pandemia difícilmente se pueden agotar en un sólo texto y en un sólo análisis, sobre todo uno que se desarrolla mientras el SARS-CoV-2 sigue siendo el protagonista de la coyuntura global. Lo que tratamos de hacer aquí es presentar algunos casos específicos en algunos países del continente, aquellos que hemos identificado como graves. El propósito no es agotar el análisis y señalamiento de estos actos inhumanos, sino sumar en su impulso.

Elegimos estos casos como una muestra general de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, algunas detonadas por la pandemia, otras por enfrentarla y otras que se agravaron por la crisis sanitaria.

 

Argentina

 

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional registró 69 asesinatos y una desaparición forzada que involucran a instituciones o agentes estatales entre el 20 de marzo y el 24 de julio de 2020. De ese total, 22 muertes ocurrieron en cárceles, 14 en comisarías y 24 fueron casos de “fusilamiento de gatillo fácil” (cuando la policía dispara sin clara justificación para hacerlo). Además tres feminicidios que involucran a fuerzas de seguridad, dos más en casos “intrafuerza” (intrafamiliar), dos arrollados deliberadamente por un patrullero, y dos detenidos por la policía que aparecieron muertos días después. A esto se agrega el caso de desaparición forzada en el mes de abril de Facundo Astudillo Castro. El 16 de agosto se encontró un esqueleto que podría ser de Facundo (el cuerpo se encontraba en un grado avanzado de descomposición), su madre, Cristina Castro, señaló que a un lado apareció un zapato tenis como el que él usó la última vez que lo vio, el tenis estaba limpio, como ella dice, esto bien puede ser un mensaje. Hasta el momento no hay confirmación de las muestras de ADN (Pedulla, 2020). Los agentes que cometieron estos actos pertenecían a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Sergio Berni, que parece ambicionar algún cargo público de alto nivel y de quién exigen la renuncia, a la Policía Federal, a la Gendarmería, al Servicio Penitenciario Federal y a los servicios penitenciarios y policías provinciales (CORREPI, 2020).

 

Bolivia

 

Bolivia se encuentra con la pandemia en plena convulsión política. Tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeannine Añez, el país se encontraba en una situación precaria, con un régimen que intentaba a la vez consolidar su poder por medios represivos y reestructurar las políticas internas y externas del país de acuerdo con su agenda. Para 2020 estaban previstas nuevas elecciones. El contexto electoral boliviano se combina con intereses en los recursos naturales del país que significaron el apoyo de empresas trasnacionales al golpe de Estado. Un claro ejemplo de esto es el reconocimiento público que Elon Musk hizo en su cuenta de Twitter en apoyo al golpe, en un país con importantes yacimientos de litio, materia prima esencial para la industria tecnológica.

El Covid-19 ha evidenciado la fragilidad institucional boliviana, con una situación sanitaria crítica, hospitales desbordados, cementerios saturados y escasez de agua. A la par de esta situación de crisis sanitaria, la Asociación Nacional de Prensa (ANP, 2020) manifestó su preocupación por la promulgación del Decreto 4231 que en conjunto con declaraciones de varios ministros en las que amenazan con encarcelar a quien difunda “desinformación” parece significar que la intención es castigar penalmente a los medios de comunicación que cuestionen las estrategias de respuesta al coronavirus por parte del gobierno de Añez. Esto complica aún más el contexto cuando al mismo tiempo el gobierno boliviano pretende posponer el proceso electoral, algo que ha detonado grandes movilizaciones.

El contexto político ha hecho que la pandemia se convierta en parte de la pugna electoral, al tiempo que los contagios y las muertes siguen aumentando en Bolivia sin una respuesta institucional de contención efectiva. Oscar Olivera describe la situación de manera cruda cuando dice “Los de arriba muestran mucha inoperancia, pillaje y chantaje. La clase política sólo está interesada en su poder, lo último que les interesa es la gente. Tanto en el gobierno como en la oposición hay un aprovechamiento de la desgracia y de la impotencia de la población abandonada a su suerte. La política de arriba es un circo putrefacto” (Zibechi, 2020b).



Brasil

 

Brasil se encuentra con el coronavirus bajo la administración de Jair Bolsonaro, un presidente que se ha caracterizado por la implantación de políticas autoritarias, cercano al ejército y a las grandes empresas agroindustriales. Su mandato ha sido crecientemente hostil y explícitamente racista hacia las poblaciones indígenas de la región amazónica. En los recientes incendios masivos de la selva, el gobierno de Bolsonaro no sólo tardó mucho en poderlos controlar sino que se negó a recibir apoyo internacional para detenerlos, al tiempo que minimizó la gravedad de las consecuencias ambientales y sociales.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil en el diagnóstico de su plan para enfrentar el Covid-19 en Brasil, titulado “Emergencia Indígena” (APIB, 2020) , registra 113 pueblos indígenas afectados con 8847 infectados y 365 muertos hasta el 25 de junio de 2020. De acuerdo con la información de la APIB, el SARS-CoV-2 llegó a los territorios indígenas más remotos a través del Ejército y de los médicos y equipos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) del gobierno brasileño. Estas infecciones se dan a la par de los constantes ataques e invasiones de los territorios indígenas por parte del gobierno y empresas interesadas en los recursos que ahí se encuentran.

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la situación en la que se encuentran los indígenas del Amazonas es grave, sobre todo desde que se ha comenzado a invadir su territorio. La invasión provocó condiciones parecidas a las que se presentaron en el territorio Yanomami en los ochentas cuando una quinta parte de la población murió de enfermedades después de que un grupo de trabajadores (40 mil garimpeiros) inundaron la reserva. La situación actual es muy similar con los 20 mil garimperos que hay en la zona (Phillips, 2020). Con la actual invasión garimpeiro Bolsonaro dijo que la reserva es demasiado grande para su población de alrededor de 26,000 indígenas, y que sus riquezas minerales deberían ser explotadas. Es importante anotar que Bolsonaro está denunciado ante la Corte Penal Internacional por genocidio desde 2019 (CADHU, 2019).

 

Colombia

 

De acuerdo con la información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2020) desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 se han cometido casi mil asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios “desconocidos” probablemente vinculados a terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y a políticos vinculados con ellos. Más de la mitad de las víctimas son campesinos e indígenas y vinculados a conflictos producidos por la minería, posesión de la tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos y narcotráfico. De estos asesinatos, las instancias oficiales han documentado menos de la mitad.

La crisis sanitaria no detuvo los asesinatos, tan solo entre el 6 de marzo, cuando se contabilizó el primer caso de Covid-19 en Colombia y el 8 de agosto de 2020, el INDEPAZ (2020b) registró 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en diversas regiones. La mayoría de ellos son de la región del Cauca en donde hay procesos organizativos potentes y profundos como el de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (2020) denunció en marzo la agresión del Ejército Colombiano a su guardia indígena responsable del control territorial en el contexto de la pandemia, en algo que identifican como una estrategia del gobierno colombiano no sólo con la intención de atacar sus territorios, sino de usar esos ataques para propagar el virus entre la población indígena, “… nos declaramos en máxima alerta, por las intenciones de permear nuestro territorios con la guerra y expandir la pandemia”.

 

Chile

 

En los meses anteriores a la pandemia, Chile se encontraba viviendo masivas movilizaciones detonadas por el descontento hacia el gobierno de Sebastián Piñeira, pero que se orientaban a la búsqueda de cambios más profundos y que tuvieron una respuesta violenta por parte del gobierno chileno. Durante esas movilizaciones, entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2020) de Chile documentó 3.765 personas heridas, 500 por balas. Las acciones del Estado derivaron en 1.312 acciones judiciales iniciadas por el INDH, 5 de ellas por homicidios cometidos por agentes estatales, 195 por violencia sexual y 951 por tortura. Un actor central en estas propuestas fue el pueblo Mapuche, que durante años ha denunciado la invasión de sus territorios por parte de empresas agroindustriales y extractivas, y que ha padecido una represión sistemática por parte del Estado Chileno.

Durante la crisis por el SARS-CoV-2, la situación de los mapuches se ha recrudecido aún más. Desde el 4 de mayo de 2020, 27 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre que despertó movilizaciones solidarias, que como respuesta fueron reprimidas. Los presos mapuche han sido excluidos de las medidas mínimas de prevención de contagios. Por otra parte, en la región de la Araucanía, los mapuches ocuparon edificios municipales en protesta por la precaria situación de salud de los 27 presos. En esa misma región, el 4 de junio el vocero de la comunidad We Newen, Alejandro Treuquil, fue asesinado y en la agresión otras tres otras personas resultaron heridas (Comunidad Autónoma We Newen, 2020). El 1 de agosto un grupo de civiles armados, con la aquiescencia de la policía, entraron en los edificios violentamente y agredieron a las mujeres, hombres y menores que se encontraban en el interior (Vocería de Machi Celestino Cordova, 2020). El pueblo Mapuche denunció que la policía permitió que ocurrieran los hechos aún cuando los agresores se encontraban violando el toque de queda con motivo del estado de emergencia. Los territorios Mapuche en esa región han sido recurrentemente agredidos por fuerzas estatales y por grupos empresariales interesados en el control de los recursos que se encuentran en esos territorios.

 

Ecuador

 

La situación de Ecuador ha sido difundida como ejemplo de horror en la pandemia. Las imágenes de los cadáveres en las calles de Guayaquil muestran un sistema de salud y de los servicios públicos forenses totalmente colapsados. Sin embargo, la situación no es exclusiva de esa ciudad ecuatoriana, es un problema nacional que tiene sus causas inmediatas en decisiones económicas que derivaron en una crisis estructural.

Desde 2019 el gobierno de Lenin Moreno inició la aplicación de políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, así como de las condiciones laborales y del sistema de pensiones, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) suscrito febrero del 2019. Estas políticas han precarizado aún más a los sectores de la población de por sí empobrecidos, beneficiando a empresas trasnacionales, bancos entre otros sectores acomodados. Entre las medidas está la contracción del sistema de salud pública. De acuerdo con datos del Parlamento Plurinacional de los Pueblos (2020), el presupuesto de salud pública se redujo de 353 millones de dólares en 2017 a 186 millones en 2019. Desde 2017 el gobierno ecuatoriano había condonado 4,500 millones de dólares en impuestos a las 500 empresas más grandes. A la par, en marzo de 2020, el gobierno de Moreno decidió realizar un pago de 324 millones de dólares de su deuda externa, precarizando aún más al país y sus posibilidades de enfrentar la pandemia.

Según la OIT en Ecuador en 2019 el número de personas que perdieron su empleo era de 311, 000 y calculan que para finales de 2020 la cifra sea de 850,000 nuevos desempleados. A pesar de esto, para enfrentar la pandemia, el gobierno de Moreno creó la “Ley Humanitaria”, con la que pretende crear un impuesto de facto (contribución) al trabajo que implicaría que los trabajadores ecuatorianos absorbieran el 60% del costo de la crisis.

 

El Salvador

 

Desde inicios de marzo de 2020, la administración del presidente Bukele de El Salvador estableció centros de cuarentena en donde confinaron a viajeros que llegaban al país durante 30 días sin medidas de sanidad ni prevención de contagio adecuadas. En esos mismos centros retienen a personas detenidas por las fuerzas militares y policíacas por violar la orden de quedarse en casa impuesta en la declaración de Estado de Emergencia y el posterior Estado de Excepción. De acuerdo con la información del Gobierno de el Salvador (2020), hasta el mes de agosto más de 16 mil personas habrían sido retenidas en los 23 centros de cuarentena de las cuales 2400 habrían sido retenidas por violar la cuarentena. De acuerdo con el informe sobre violaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19 del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, 2020) una gran cantidad de estas detenciones han sido arbitrarias y con un uso excesivo de la fuerza, abusos que no sólo no han sido investigados o frenados por las autoridades sino que han sido alentados por el propio presidente Bukele, violando incluso la decisión de la Suprema Corte de que sólo se detuviera a quienes se considerara infectados.

En paralelo a esto, la administración de Bukele se ha mostrado hostil ante periodistas y radios comunitarias y han obstaculizado el acceso a la información sobre la respuesta gubernamental a la pandemia. Como nota complementaria, Bukele solicitó un préstamo de 389 millones de dólares al FMI al tiempo que redujo en 33 millones el presupuesto de salud.

 

Estados Unidos

 

Lo que Gordon y Green (2020) llaman racismo estructural y que otros han llamado racismo sistémico en Estados Unidos quedó evidenciado con el surgimiento del movimiento social Black Lives Matter después de que George Floyd fuera asesinado a manos de policías. El hecho de que este movimiento se haya convertido en la protesta social más grande en la historia estadounidense (Brooks, 2020) y que esto se haya dado en el contexto de la pandemia resulta sumamente importante. Como dice Brooks, ese movimiento empieza a cuestionar los fundamentos del sistema estadounidense y su injusticia económica, social y política protegida a través de la violencia racista oficial. Como hemos podido ver la serie de burdas declaraciones de altos funcionarios y la ejecución de actos inhumanos se han vuelto cotidianas en Estados Unidos y se han agudizado con la pandemia.

Tras el asesinato de George Floyd y las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter (entre otros) en las principales ciudades de Estados Unidos, la administración Trump decidió utilizar a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), perteneciente al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) y que incluye a la Patrulla Fronteriza, como policía federal para enfrentar a los manifestantes. De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, 2020), la CBP y la Patrulla Fronteriza han actuado como policía secreta durante años, llevando a cabo arrestos violentos de migrantes sin papeles en todas las ciudades estadounidenses. Tanto la ACLU como otras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales desplegadas por el gobierno de Donald Trump. A esto se agrega el uso también de la agencia de Ejecución de Aduanas e Inmigración (ICE) que ha sido responsable de las brutales deportaciones de migrantes durante los años recientes.

De acuerdo con información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno estadounidense la población negra ha sido desproporcionadamente más afectada con mayor necesidad de hospitalización. Muchas de las personas que no pudieron dejar de trabajar y que se contagiaron del virus han sido en su mayoría negros y latinos. De acuerdo con los datos del Rastreo Racial del Covid-19 en Estados Unidos (The Atlantic, 2020), la población negra está muriendo 2.5 veces más que la población blanca (con 74 muertes por cada 100 mil habitantes) seguidos por la población indígena y la población latina (con 40 muertes por cada 100 mil habitantes cada una) y por la población de origen asiático (con 31 muertes por cada 100 mil habitantes).

Es importante resaltar que la CBP se ha convertido en una fuerza militarizada, violenta y con un alto grado de impunidad, la ACLU tiene un registro de 102 personas asesinadas en los últimos diez años en encuentros con este cuerpo de seguridad y muertes en custodia por las cuales ningún agente ha sido enjuiciado. Los agentes de la CBP incurren en actividades criminales fuera de sus tareas oficiales cinco veces más que cualquier otro cuerpo policíaco. El secuestro, violación o desaparición de niños y familias de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza es recurrente.

Esta agudización de la violencia interna en Estados Unidos se da en medio de un contexto más amplio de hostilidad racial y social que ha sido alimentado por la administración del presidente Trump. Un ejemplo claro ha sido su constante hostilidad hacia la población migrante sin papeles, que no ha disminuido con la crisis sanitaria. La expulsión de niños migrantes se ha vuelto cada vez más crítica, entre marzo y abril al menos 915 menores de edad fueron expulsados y al menos 60 fueron deportados desde el interior del país en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales. De acuerdo con reportes de diversas organizaciones las deportaciones han sido en plena madrugada y sin que los guardianes legales de los niños fuesen notificados. Algo que se vuelve cada vez más evidente es que Trump está aprovechando la crisis del coronavirus para endurecer sus políticas migratorias y medidas de deportación.

El caso de Estados Unidos es particularmente complejo por la cantidad de abusos simultáneos que se están cometiendo y por el impacto regional y global que tienen.

Guatemala

En Guatemala el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró entre junio y julio Estado de sitio en varios municipios de la región Q’echi’ y Garínagu (garífuna) de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Sololá. Estas declaraciones han sido rechazadas por decenas de organizaciones, sobre todo porque la normatividad del Estado de sitio es la misma que existía durante el conflicto armado interno, dentro de la Ley de Orden Público de 1965, y presenta condiciones para que las fuerzas de seguridad cometan abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, 2020) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA, 2020) han documentado y denunciado que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil han cometido detenciones arbitrarias, han hecho allanamientos ilegales, efectuado interrogatorios incluso a menores de edad y han agredido a mujeres.

 

Honduras

 

La situación en Honduras era ya compleja antes de la llegada del SARS-CoV-2, el contexto político que detonó el golpe de Estado se ha agudizado. Como lo ha documentado el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, se exacerbaron los conflictos territoriales, al mismo tiempo el uso de la policía militar para implementar las medidas de distanciamiento ha desencadenado una ola represiva violenta de detenciones arbitrarias, se han usado armas de fuego en contra de manifestantes y se ha cometido por lo menos un homicidio a manos de agentes estatales como lo denuncian las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Honduras (2020).

Además de la situación general, la población Garínagu (garífuna), que ya sufría condiciones cercanas al apartheid con condiciones de enorme discriminación y el despojo de sus tierras y comunidades con fines turísticos, durante la cuarentena la violencia en su contra se ha acentuado con la aquiescencia y posible colusión del Estado, a pesar de la existencia de una sentencia de la CIDH que exige su protección. La Coalición contra la Impunidad denunció a finales de julio de 2020 la desaparición forzada de cuatro hondureños garínagu y la muerte de otros dos, todo esto enmarcado en el contexto de violencia sistemática en contra de estas comunidades de la costa caribeña (Dávila, 2020).

 

México

 

El coronavirus llega a México en un contexto de crisis humanitaria detonada por la guerra abierta que, el gobierno del expresidente Felipe Calderón desató en contra de los cárteles del narcotráfico a poco tiempo de ser nombrado presidente en un proceso electoral muy cuestionado con funcionarios ahora enjuiciados por vínculos con el crimen organizado y que ha derivado en cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Esta es una estrategia que continuó con la administración de Enrique Peña Nieto. En la gestión de López Obrador la militarización de la seguridad pública tomo un nuevo giro con la creación de la Guardia Nacional en 2017, compuesta en su mayoría por policías militares, navales y federales y bajo un mando compartido militar y civil.

Esto se enmarca en un crecimiento de la influencia militar, que con la pandemia se acrecentó. Es importante señalar que dentro de la crisis de violencia que se vive en México y con la crisis sanitaria tomando fuerza, el 11 de mayo de 2020 el congreso legalizó la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad hasta el año 2024, presuntamente como una medida para dar tiempo a la consolidación de la Guardia Nacional.

Desde el inicio de la pandemia en México, el presidente López Obrador se negó a detener la construcción de grandes proyectos de infraestructura que presentaban fuerte resistencia local y nacional, específicamente el aeropuerto de Santa Lucía (obra en manos del Ejército Mexicano), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico (proyecto iniciado desde la administración de Vicente Fox en el marco del Plan Puebla Panamá y continuado en las siguientes gestiones). En los cuatro casos, y sobre todo en los dos últimos, proyectos que ya representaban una amenaza para el medio ambiente y para poblaciones locales y sobre las que el gobierno mexicano había establecido una estrategia que derivaría en la confrontación entre actores locales.

El ejemplo más claro, reciente y brutal fue la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar el 21 de junio de 2020, en la que un grupo de indígenas Ikoot que se dirigía en autobús a una reunión informativa fueron detenidos en un filtro sanitario para después ser atacadas con armas de fuego por un grupo armado perteneciente a la policía municipal. Tras el ataque las autoridades Ikoot solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. Al regresar a su comunidad, Huazatlán del Río, la agencia municipal estaba tomada por un grupo armado. Ante esto la Guardia Nacional no sólo no se quedó a resguardar a la población, sino salieron del lugar agrediendo a las personas que les pedían ayuda (Asamblea de San Mateo del Mar, 2020).

De acuerdo con los comunicados de las comunidades afectadas, que publica el Congreso Nacional Indígena (Alcaldía Único Constitucional San Mateo del Mar, 2020), el retén donde se dio la emboscada, que aparentaba ser un filtro sanitario por el Covid-19, había sido instalado por el presidente Municipal Bernardino Hinojosa Ponce y por su asesor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, quién, además es socio de la empresa Construcciones Airad y administrador del Grupo Constructor Pritzker dedicados a proyectos de infraestructura y que ha sido protagonista de varias agresiones similares en los últimos cinco años. En esos mismos documentos se encuentran comunicados denunciando agresiones armadas por ese mismo grupo desde principios de mayo de 2020, advirtiendo la posible escalada de violencia y solicitando la acción preventiva gubernamental que nunca llegó.

En San Mateo del Mar había ya una fuerte resistencia al proyecto industrial y de infraestructura transístmica desde sexenios anteriores, en particular contra un proyecto de energía eólica que afectaba a varias comunidades. Asimismo, la consulta que realizó la administración de López Obrador sobre la continuación y desarrollo del Corredor Transístmico fue fuertemente denunciada por privilegiar la consulta en comunidades que no serían directamente afectadas por los proyectos.

Vale la pena anotar que el ambiente político en torno a la crisis sanitaria es complejo pues se enmarca en un contexto de gran agresividad de partidos de oposición al partido oficial y grupos políticos vinculados al expresidente Calderón y algunos gobernadores han tratado de utilizar la respuesta al SARS-CoV-2 con propósitos electorales, lo que ha detonado que las políticas en torno a la pandemia empiecen a estar condicionadas por el conflicto entre partidos políticos, afines o contrarios a la presidencia de López Obrador.

Al mismo tiempo, el 7 de julio el presidente López Obrador realizó su primer viaje internacional con Estados Unidos como destino para reunirse con el presidente Trump con motivo de la firma del Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC). En ese viaje, la comitiva mexicana incluyó a varios de los empresarios más ricos de México, incluidos Carlos Slim, el hombre más rico de México con importantes inversiones en proyectos mineros y Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios que se negaron a adoptar las medidas de astringencia. Este viaje reflejó el peso de la economía en medio de la pandemia, en conjunto con el juego electoral tanto en Estados Unidos en dónde Trump pretende lograr la reelección en noviembre de 2020 y en México donde se avecinan las elecciones del congreso en 2021.

 

Perú

 

El 27 de marzo de 2020 el congreso promulgó la “Ley de protección policial” que había sido aprobada por la legislatura anterior en julio de 2019. La nueva ley implicaba una actualización de normas anteriores que protegen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú de consecuencias penales por provocar lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. Entre las objeciones que manifestaron numerosas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, 2020) hay dos matices de la Ley Nº 31012 que resultan preocupantes: el primero es que impide a los jueces dictar prisión preventiva a los agentes, aún cuando exista riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, lo cual puede en los hechos favorecer condiciones de impunidad; el segundo es que se deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Este último elemento, aunque no exime al Perú de la normativa internacional en la materia, sí significa eliminar un candado legal a los abusos por parte de la policía y el ejército y otorga un cheque en blanco a la violencia por parte de los cuerpos de seguridad que acentúa un contexto de excepcionalidad producto de la emergencia sanitaria.

La situación se complica cuando a los tres días de la promulgación de la Ley de Protección Policial el presidente Martín Vizcarra anuncia medidas de “inmovilización total obligatoria” entre las 18:00 hrs y las 5:00 hrs, medida que implementó la Policía Nacional y que ha resultado en miles de detenciones.

En paralelo la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP, 2020) ha denunciado que durante la cuarentena varios defensores ambientales han sido asesinados y no sólo se ven en la necesidad de enfrentar la crisis del coronavirus sino también las amenazas de madereros y empresas extractivas. Una exigencia de los pueblos originarios peruanos ha sido la ratificación del Acuerdo de Escazú que facilitaría la exigencia de acceso a la información sobre proyectos potencialmente dañinos al medio ambiente, así como de mecanismos de consulta para su implementación en territorios biodiversamente ricos, que coinciden con los territorios indígenas. Grupos empresariales y mineros se oponen a la ratificación del instrumento internacional.

El congreso peruano ha dado mayor agilidad a normativas como la Ley de Protección Policial que establece condiciones de mayor violación de derechos humanos en un país en el que se le permite a la policía incluso dar servicios de seguridad privada a empresas mineras, mientras que rezagan acuerdos como el de Escazú que favorecen condiciones de mayor protección tanto al medio ambiente como a quienes lo defienden y cuidan.

 

¿Crímenes de Estado en la pandemia?

 

Se suele tener la idea de que un crimen de Estado se comete solo bajo regímenes explícitamente autoritarios o en situaciones de guerra, pero no. Generalmente implican actos que por su naturaleza se ocultan porque quien los cometió tiene a su mando el aparato punitivo, la impartición de justicia y el uso del monopolio de la fuerza, es decir que quienes los cometen tienen como garantía la impunidad. Por eso la necesidad de señalar esos actos radica en la urgencia de nombrar lo que normalmente no es nombrado.

Después de analizar el conflicto y la discusión por la que atraviesan hoy los derechos humanos es importante pensar en cómo se pueden empezar a nombrar aquellos actos. Actualmente casi cualquier persona en cualquier parte del mundo reconoce que los Estados cometen violaciones de derechos humanos. Existe toda una aceptación respecto a la existencia de esa realidad. Pero si se pregunta si el Estado cometió un crimen entonces puede haber duda, rechazo o desconcierto. Por eso es necesario retomar algunas ideas sobre los crímenes de Estado.

Los crímenes de estado son prácticas desviadas estatalmente organizadas (Green y Ward, 2004) que incurren en la violación de los derechos humanos. El término desviación es el comportamiento que infringe una regla, en este caso una regla estatal. Para Green y Ward se da una práctica desviada cuando existe cierta aceptación de esa regla, cuando se interpreta ese acto como una violación de la regla y hay disposición de aplicar sanciones importantes o significativas contra el acto que violó la regla.

En muchos casos, y claramente en la crisis del Covid-19, esa desviación es programada porque responde a una lógica de triage social. La desviación programada sumada a la muerte como esencia del necrocapitalismo produce la gradualidad de la muerte social. Las redes de poder que se alimentan del sistema capitalista-colonial necesitan del control de la vida y de la organización y la programación de la muerte para sostenerse, necesitan establecer las condiciones de excepción para que los Estados cometan crímenes y no existan consecuencias ante esos actos.

Estos crímenes son estatalmente organizados, es decir actos legalmente señalados como criminales que son cometidos por funcionarios estatales en el desarrollo de sus funciones (Chambliss, 1989). No se les puede ver como actos aislados o individuales. Bailone (2017) identifica estos como crímenes de poder, y los distingue de los crímenes de los poderosos como aquellos que cometió un individuo que es parte de la estructura estatal. Refiriéndonos a los crímenes ejecutados desde la estructura de poder estatal existe un debate en torno al castigo que hay en respecto a estos. Se les juzga en lo individual, cuando se les debería de juzgar en lo individual y estructural porque generalmente hay una relación entre los actos criminales y la cadena de mando. Hasta ahora no se pueden juzgar entes abstractos, aunque deberían de comenzar a sentarse modos para que esos actos sean juzgados de otro modo. Para Osoria (2016) cuando estos crímenes son investigados y condenados se enfatiza en los individuos que cometieron la acción, no se condena el sistema ni las estructuras gubernamentales que generaron esas acciones y así se despolitiza la criminalidad estatal. Desde esa perspectiva politizarla sería darle sentido a que los actos son estructurales y se han posibilitado no solo por el Estado, sino como estamos viendo a nivel global por la implantación de un sistema que está implicando muerte y que está basándose en desechar gente.

Los crímenes de Estado se cometen bajo el peso de un discurso justificante (Zaffaroni, 2017), muchas veces en nombre de un “bien general”. Esos actos llevan por delante la negación de quiénes los han ejecutado (neutralización) que se manifiesta desde la negación literal “no pasó nada”, la negación interpretativa “lo que ocurrió es realmente otra cosa”, hasta la negación implicatoria “lo que sucedió es justificado” (Cohen, 1955).

Otra característica importante es que los crímenes de Estado causan más daño que los crímenes individuales porque éstos muchas veces generan daños masivos, daños que acaban con la vida de mucha gente o que la lesionan y le causan sufrimientos.

Ward (2013) sugiere las siguientes preguntas para responder si se está ante crímenes de Estado:

 

1. ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista de ese comportamiento?

2. ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal?

3. ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

 

La combinación entre las declaraciones de emergencia y la lógica del triage social pareciera dar la pauta perfecta para que la ejecución de actos atroces tenga una justificación tal que las decisiones inhumanas se expliquen con cierta normalidad y generando aceptación. Dentro de esta dinámica es necesario detenernos para preguntarnos si los actos cometidos en esa dinámica pueden estar configurando crímenes de Estado. Esto no significa que en todos los casos se estén cometiendo crímenes de Estado, pero hay elementos claros de violencia directa y estructural y de responsabilidad del Estado en ellas, pero por su gravedad y por la crisis coyuntural, resulta importante señalarlos y en otro momento sería importante profundizar en sus implicaciones específicas y en las acciones necesarias para detenerlos.

En los casos en los que los Estados han optado por la economía por encima de la vida de la gente no estamos ante violencia de Estado, aunque bien se le podría encuadrar en un tipo de violencia estructural (Gordon y Green, 2020), hay otros en los que la violencia la ejercen directamente agentes estatales y hay combinaciones entre ambos con la participación de agentes estatales y no-estatales.

La combinación entre las medidas de astringencia social que muestran los índices con el tipo de agresiones y violaciones de derechos humanos dan indicios de las perspectivas de triage social con las que se aborda la emergencia sanitaria. En unos casos se ha enfrentado priorizando la economía y se define como desechable a la población que los Estados consideran que obstaculiza objetivos económicos o que es reemplazable dentro de la actividad económica. En otros se prioriza el control de la movilidad y cualquiera que desafíe o no se someta al ese control es desechable, sobre todo si es parte de poblaciones previamente definidas como desechables, es decir, los de abajo. En ambos casos el elemento de control poblacional se acentúa con la emergencia para contener o eliminar a poblaciones que no responden, resisten o se rebelan a los propósitos de quienes detentan el poder del Estado y de quienes utilizan indirectamente el poder del Estado (el mercado).

Algo que resalta es que en los tres países con menor índice de astringencia (Brasil, México y Estados Unidos) fueron en los que los casos de violencia tienen que ver con violencias estructurales derivadas de intereses económicos y aspectos culturales como el racismo. En contraste, los tres países con mayores índices de astringencia (Argentina, El Salvador y Honduras) es en donde la violencia fue cometida directamente por agentes estatales. Esto pareciera indicar que la respuesta de los Estados a la crisis sanitaria tiene una correlación (o tal vez causalidad) con el tipo de violencia que ejercen directa o indirectamente, por agendas explícitas o dinámicas estructurales.

En algunos casos deliberadamente la decisión de los Estados ha sido sacrificar la vida de la gente, por locura, interés económico o electoral, una versión trágicamente caricaturesca son las frases como “Los abuelos están dispuestos a morir para no dañar la economía” del vicegobernador de Texas, o la ilustre frase de Bolsonaro al inicio de la pandemia, “todos moriremos algún día”.

Lo que estamos viviendo, las imágenes que llueven en medios y redes sociales de los cementerios que desbordan y las filas y filas de ataúdes no son provocados solo por la pandemia, sino como mencionamos antes, por la implantación de un sistema que sacrifica vidas y que para funcionar necesita hacerlo. Como dicen Gordon y Green (2020), la crisis generada por la pandemia también está exponiendo los crímenes estructurales de los gobiernos. Con estructurales hacen referencia a las medidas que los estados han instituido contra sus propias poblaciones, esa criminalidad tiende a precipitar la muerte social, que es gradual. Desde 2004 Ward y Green se plantearon que en diversos desastres naturales el estado había sido culpable de acciones criminales y prácticas negligentes sobre todo relacionadas con las causas estructurales preexistentes.

Las expectativas de que los gobiernos surgidos de procesos de izquierda, los llamados gobiernos progresistas funcionaran radicalmente distinto a aquellos provenientes de las derechas o los múltiples y ambigüos “centros” han resultado en grandes decepciones, más allá de algunos matices, algunos más relevantes que otros. Aunque las personas y grupos que llegan a convertirse en gobierno pueden modificar ligeramente las trayectorias de los Estados y de la dinámica social, están sujetos al mismo sistema, se vuelven parte de ese sistema, para llegar al poder y sostenerse pactan, acuerdan, responden a la misma dinámica. Algo que ha mostrado la pandemia es que los procesos que llevan a lógicas de triage social y a crímenes de estado no dependen de la ideología de unos cuantos funcionarios públicos, son un problema estructural, es un sistema que se alimenta del control y la gestión de la vida y la muerte. Un sistema que saquea, despoja, deja sin territorio, sin recursos, sin sistemas de salud, sin vida. Planteado de una manera más simple, como lo han dicho muchas y muchos antes, no se trata de izquierda contra derecha, es los de arriba contra los de abajo.

Si consideramos que la pandemia está demostrando una situación ambiental que podría repetirse debemos de actuar en la lógica de sentar precedentes, no legales sino sociales, sentar actos de condena colectivos que cierren la puerta a que cada vez sea peor. La tendencia que ahora vemos de normalizar lo atroz debe ser detenida. Bolsonaro y Piñeira ya están estableciendo leyes que impiden que sus actos durante la pandemia sean juzgados. Entonces, las piezas están puestas. Decidir qué se puede aceptar como normal y qué no es algo vital y básico para enfrentar la crisis humana que atraviesa el planeta.

De los casos revisados emergen algunos patrones generales. Por una parte, se hace evidente la incapacidad Estatal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia, tendiendo hacia formas autoritarias y arbitrarias de toma de decisiones, más allá de las cuestiones específicamente sanitarias y justificadas mediante discursos de triage social. Por otra parte hay una tendencia a aprovechar las condiciones de vulnerabilidad social de la crisis sanitaria para avanzar agendas que afectan a comunidades y sectores de la población que en el fondo consideran desechables, para salvaguardar el sistema económico capitalista o en favor intereses de minorías poderosas.

Por otra parte se han mostrado los intereses electorales y de abuso de poder que han minimizado la pandemia porque no les ayuda a continuar con sus campañas provocando que el modo de responder a la crisis sea básicamente sacrificando a la población. Hay los casos en los que la pandemia ha dado la pauta perfecta, la excusa para que el genocidio se disfrace y la causa de la muerte sea atribuida a hechos naturales, como parecen indicar con mayor claridad los casos de Brasil y Colombia. Para esto, los Estados cometen actos injustos y en muchos casos inhumanos, que además constituyen violaciones de derechos humanos y potencialmente crímenes de Estado, que en un ambiente de excepción como el que presenta una emergencia sanitaria de estas dimensiones permite encontrar justificaciones para actos que en otro momento se considerarían atroces.

La condena social a estos actos se ha manifestado de distintos modos, desde las protestas masivas en Estados Unidos, Bolivia y Chile, hasta la respuesta de desconfianza explícita de comunidades de protegerse solas por la historia de abusos en su contra por parte de policías y militares. Una particularidad en la pandemia es que hay además un amplio porcentaje de la población (mayoritariamente de clase media urbana) que se ha mantenido en confinamiento, obligado o autoimpuesto, que desde el encierro manifiestan regularmente su descontento a través de las plataformas electrónicas.

Otra fuente de protesta muy relevante ha surgido de los médicos y del personal sanitario en casi todo el mundo, reclamando no sólo condiciones laborales y de seguridad mínimamente dignas para poder cumplir con su trabajo en la primera línea, sino también cuestionando las decisiones de quienes gobiernan.

Pero las preguntas y puntos expuestos anteriormente en torno a los crímenes de Estado son preguntas abiertas para ir trazando una ruta de respuesta, para que desde diversas geografías podamos caracterizar, identificar y señalar esos crímenes de Estado y que nos enlacemos para compartir y actuar.

 

¿Qué sigue?

 

En este texto no hemos abordado las contradicciones que también ocurren en el abajo, en la población que de uno u otro modo responde como ha podido y con lo que puede responder. No se puede esperar que millones de personas que viven al día dejen de trabajar y se encierren a morir de hambre. Eso ha demostrado la desigualdad ya muy mencionada en este texto, el contraste tan fuerte que se dio entre los que podían permanecer en aislamiento y los que no puso mucho a pensar en el tipo de relaciones y comunidades que debemos de construir. Por otro lado, también hubo muchas personas que pudiéndose encerrar para evitar contagios siguieron saliendo sin entender que el salir podía provocar más contagios y que eso no era una decisión personal.

La tendencia a asumir que la amenaza es externa a el círculo social de cada persona, así como una costumbre de impunidad y privilegio han llevado a las élites a asumirse inmunes al virus o a sus efectos, sea por creer que el tener acceso a servicios de salud privados puede favorecerlos o porque asumen que quienes los rodean no tienen las mismas características biológicas que ellos. Pareciera que existe la creencia de que el dinero, las conexiones políticas o las jerarquías sociales pueden permitirles controlar el virus o eximirlos de su responsabilidad hacia aquellos a los que contagian.

En contraste existe también una reacción que combina la necesidad de socialización, de consumo y de delegación en el Estado de su sentido de prudencia frente a los contagios potenciales. Esto lleva a amplios sectores de la población a decidir sobre su movilidad a partir de declaraciones o decretos gubernamentales más que desde la información concreta sobre el número de contagios.

Además, está la población que durante la pandemia han tenido que trabajar por estar en sectores esenciales o en empresas que no pudieron o se negaron a cerrar temporalmente, y la que sobreviven del más amplio sector laboral del continente, la economía informal. Para estos sectores hubo condiciones mínimas o inexistentes de protección, lo que también influye en su percepción sobre las medidas sanitarias. Hay que recalcar que fueron también los sectores más afectados, en términos de salud y económicos.

La supervivencia en este contexto quiere decir algo muy distinto para cada sector. Para unos significa mantener su estado de excepción y de inmunidad a los males de la sociedad, y para otros significa seguir sobreviviendo a todos los males de la sociedad, de los cuales la pandemia es el menor.

Lo que es innegable en este momento es que el virus es un mal que ha golpeado a toda la humanidad y que explicitó la interconexión humana. La interconexión tiene varias aristas. No todos los cuerpos pudieron encerrarse y muchos entendieron que la interconexión completamente palpable representa ahora más que nunca nuevas pistas. Una de las tristes realidades que salió a relucir fueron los grandes porcentajes de población que no entendieron los riesgos de la interconexión que quedó expuesta con este virus. Por otra parte está la conciencia de la importancia de la otredad, de la dependencia de la vida de cada uno con la vida y las decisiones de todos los demás. La relación dialéctica entre cuidar-me y ciudar-nos se ha vuelto ineludible.

En estos momentos esa otredad necesita atención tanto para percibir lo que nos enriquece como lo que nos vulnera. Por lo contagioso que ha resultado el coronavirus existe el grave riesgo de criminalizar al otro, de profundizar el aislamiento y la desconfianza. En las ciudades la fragmentación ya era un problema profundo que muy posiblemente esté en aumento y corre el riesgo de agudizarse después de la pandemia.

En algunos lugares se manifestaron modos creativos de no dejar solo al otro y de no criminalizarlo. Se organizaron cacerolas comunes, redes de apoyo en las cuales campesinos apoyaron a personas de las ciudades. Muchos esfuerzos independientes de organizar comedores gratuitos, no sin la gran dificultad que implicó ser solidario con el contagio de por medio. La solidaridad más que nunca cuando fue cuerpo a cuerpo implicó en algunos dar la vida.

Otro ejemplo muy interesante es la Nación Wampis de Perú que en el contexto del saqueo y del extractivismo se determinó autónoma en 2015. Los días 8 y 9 de agosto de 2020, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (2020) acordó declarar su territorio, la naturaleza y su biodiversidad como el Hospital Natural de los Wampis. Esta declaratoria incluye la exigencia de respeto al equilibrio ambiental y a los conocimientos que entraña la biodiversidad de su territorio, así como la creación de un Comando Covid-19 encargado con la tarea de afrontrar la pandemia con acciones de prevención y atención sanitaria. Todo esto ante la desconfianza de las capacidades e intenciones del Estado peruano.

Como dice Zibechi (2020a) las posibilidades de esperanza surgen de las formas de vida heterogéneas, eso resuena con la crítica a la universalidad que podría ser un modo en común de señalar a los de arriba desde nuestras diversidades; también plantea la idea de que cuando el Estado es genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades. Esto ya lo venía gritando el movimiento feminista de los últimos años, la necesidad de pensar el cuidado en común, que hoy no solo se ve como un acierto sino como una urgencia.

Una señal de alerta, un síntoma alarmante sobre nuestra forma de relacionarnos como humanidad y con el planeta es que al mismo tiempo que estamos padeciendo una crisis global que tiene en sus causas el deterioro ambiental que hemos provocado, los asesinatos y agresiones de defensores del medio ambiente van en aumento y se han normalizado, y las comunidades que se oponen a proyectos que destruyen los frágiles equilibrios del planeta son criminalizadas y olvidadas.

 

¿Qué sigue?

 

Cuando vemos las respuestas estatales, la crisis del sistema, con la serie de atrocidades que hemos repasado, más una larga lista que no cabe en estas líneas, surge una imagen: La de una humanidad que viaja toda en un gran barco, el timón lo manejan unos irresponsables, desquiciados, borrachos de poder y ambición que nos llevan directo a una colisión catastrófica. Las preguntas y el desconcierto abundan: ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Peleamos por el timón? ¿Cerramos los ojos? ¿Esperamos un milagro? ¿Buscamos salir de ahí para ir a otra embarcación? ¿Improvisamos un bote salvavidas? ¿Nos lanzamos a nadar solos? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que sabemos que ya no podemos seguir por ahí, o es trágicamente claro lo que va a pasar. Seguimos navegando a toda velocidad hacia la catástrofe y hemos agotado todo aquello que parecía funcionar y que por más que intentamos remendarlo, reacomodarlo, sigue siendo igual que lo que nos ha conducido a este punto.

 

¿Qué sigue?

 

Para tener esperanza hay que sobrevivir. La esperanza que puede surgir en esta crisis no está en cómo recuperar el rumbo, sino en hacer que todo tome otro rumbo. El sostener el mismo sistema económico, las mismas relaciones de poder, la mismas relaciones con el planeta llevarán inevitablemente a situaciones iguales o peores. No es posible seguir viendo hacia el mismo lugar, es necesario mirar distinto, relacionarnos distinto. Esto no es un ejercicio de ingenuidad o locura, es la más profunda sensatez, es algo que hacen muchas, muchos en muchas partes del mundo, tan distintas en historias y geografías como la Selva Lacandona o el Kurdistán.

 

¿Qué sigue?

 

“Tal vez la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad del sueño?’ debería ser acompañada de la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad de la pesadilla?’” (Subcomandante Insurgente Marcos (2004)

 

 

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Zaffaroni, R. (2017). El crimen de estado como objeto de la criminología. Criminología y Sociedad, No. 2 y 3.

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¿Por qué el capitalismo está en constante conflicto con la democracia?

El sistema económico capitalista ha tenido siempre grandes problemas con la política en sociedades dotadas de sufragio universal. En previsión de tal situación, la mayoría de los capitalistas se opusieron y resistieron durante mucho tiempo a extender el sufragio más allá de los ricos poseedores de capital. Solo presiones masivas desde abajo forzaron repetidas ampliaciones del derecho al voto hasta que se logró el sufragio universal, al menos legalmente. Hasta el día de hoy, los capitalistas desarrollan y aplican todo tipo de mecanismos legales e ilegales para limitar y restringir el sufragio. Entre todos aquellos que están comprometidos con la conservación del capitalismo, el miedo al sufragio universal es profundo. Trump y sus republicanos ejemplifican y actúan sobre ese miedo al avecinarse las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

El problema surge de la propia naturaleza básica del capitalismo. Los capitalistas que poseen y gestionan empresas comerciales —los empleadores como grupo— constituyen una pequeña minoría social. En cambio, los empleados y sus familias son la mayoría social. La minoría de empleadores domina claramente la microeconomía dentro de cada empresa. En las corporaciones capitalistas, los principales accionistas y la junta directiva que aquellos seleccionan toman todas las decisiones clave, incluida la distribución de los ingresos netos de la empresa.

Sus decisiones asignan una gran parte de esos ingresos netos a ellos mismos en forma de dividendos de accionistas y paquetes remunerativos para los ejecutivos de la alta dirección. Por tanto, sus ingresos y riqueza se acumulan con mucha mayor velocidad que los promedios sociales. En las empresas capitalistas privadas, sus propietarios y altos directivos se comportan de manera similar y disfrutan de un conjunto parecido de privilegios. La renta y la riqueza desigualmente distribuidas en las sociedades modernas fluyen principalmente de la organización interna de las empresas capitalistas. Los propietarios y sus altos directivos utilizan así su desproporcionada riqueza para moldear y controlar la macroeconomía y la política que va entretejida con ella.

Sin embargo, el sufragio universal permite a los empleados deshacer por medios políticos las desigualdades económicas subyacentes del capitalismo cuando, por ejemplo, las mayorías ganan las elecciones. Los empleados pueden elegir políticos cuyas decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales reviertan efectivamente los resultados económicos del capitalismo. Las leyes sobre impuestos, salario mínimo y gasto público pueden redistribuir el ingreso y la riqueza de muchas formas diferentes. Si la redistribución no respeta la forma en que las mayorías han elegido acabar con los inaceptables niveles de desigualdad, pueden adoptarse otras medidas. Las mayorías podrían, por ejemplo, votar a las organizaciones internas de empresas en transición de las jerarquías capitalistas a las cooperativas democráticas. Los ingresos netos de las empresas serían entonces distribuidos no por las minorías que están en lo alto de las jerarquías capitalistas sino por decisiones democráticas de todos los empleados, cada uno con un voto. Así, los múltiples niveles de desigualdad típicos del capitalismo desaparecerían.

El problema político actual del capitalismo ha sido cómo evitar de la mejor forma posible que los empleados formen precisamente esas mayorías políticas. Durante sus épocas recurrentes de especial dificultad (cracs periódicos, guerras, conflictos entre industrias monopolizadas y competitivas, pandemias…), el problema político del capitalismo se intensifica y amplía. Y se convierte en la mejor manera de evitar que las mayorías políticas de los trabajadores acaben por completo con el capitalismo e impulsen a la sociedad hacia un sistema económico alternativo.

Para resolver el problema político del capitalismo, los capitalistas, como pequeña minoría social, deben forjar alianzas con otros grupos sociales. Esas alianzas deben ser lo suficientemente fuertes como para desactivar, disuadir o destruir todas y cada una de las mayorías emergentes de trabajadores que puedan amenazar los intereses de los capitalistas o la supervivencia de sus sistemas. Cuanto más pequeñas o débiles son las minorías capitalistas, más importante es la alianza con los militares. En muchas partes del mundo, el capitalismo está asegurado por una dictadura militar que ataca y destruye los movimientos emergentes a favor del cambio anticapitalista entre los trabajadores o entre los sectores no capitalistas. Incluso donde los capitalistas son una minoría relativamente grande y bien establecida, si su dominio social se ve amenazado, por ejemplo, por un gran movimiento anticapitalista desde abajo, la alianza con una dictadura militar puede ser un mecanismo de supervivencia de último recurso. Cuando tales alianzas culminan en fusiones de capitalistas y aparato estatal, se produce la llegada del fascismo.

Durante momentos no extremos del capitalismo, cuando no se ve amenazado por inminentes explosiones sociales, su problema político básico permanece. Los capitalistas deben impedir que las mayorías de trabajadores arruinen el funcionamiento y los resultados del sistema económico capitalista y especialmente sus distribuciones características de ingresos, riqueza, poder y cultura. Con ese fin, los capitalistas buscan segmentos de la clase trabajadora con quienes aliarse para desconectarlos de otros compañeros de trabajo. Por lo general, trabajan con partidos políticos y los utilizan para formar y mantener tales alianzas.

En palabras del gran teórico marxista Antonio Gramsci, los capitalistas utilizan a sus partidos políticos aliados para formar un “bloque político” con porciones de la clase trabajadora y posiblemente otras de fuera de la economía capitalista. Ese bloque debe ser lo suficientemente fuerte como para frustrar los objetivos anticapitalistas de los movimientos de la clase trabajadora. Para los capitalistas, en el mejor de los casos, su bloque debería gobernar la sociedad —ser el poder hegemónico—, controlar los medios de comunicación, ganar elecciones, producir mayorías parlamentarias y propagar una ideología en las escuelas y más allá que justifique el capitalismo. De esta forma, la hegemonía capitalista mantendría los impulsos anticapitalistas desorganizados o incapaces de construir un movimiento social en un bloque contrahegemónico lo suficientemente fuerte como para desafiar la hegemonía del capitalismo.

Trump ilustra las condiciones actuales de la hegemonía capitalista. En primer lugar, su gobierno financia generosamente y homenajea a los militares. En segundo lugar, concedió un enorme recorte de impuestos en 2017 a las corporaciones y a los ricos, a pesar de haber disfrutado de varias décadas anteriores de redistribución ascendente de la riqueza. En tercer lugar, sigue desregulando empresas y mercados capitalistas. Para mantener la generosidad de su gobierno hacia sus patrocinadores capitalistas, cultiva notoriamente alianzas tradicionales con segmentos de la clase de los empleados. El Partido Republicano que Trump heredó se había permitido ciertos fallos, se había debilitado y provocado pérdidas políticas peligrosas. Había que reconstruirse y fortalecerse o, de lo contrario, el Partido Republicano ya no podría ser el medio para que los capitalistas construyeran y mantuvieran organizativamente un bloque hegemónico. El Partido Republicano probablemente se evaporaría, dejando que los capitalistas se aliaran y utilizaran al Partido Demócrata para lograr ese bloque tan hegemónico.

Los capitalistas han cambiado repetidamente de aliados y agentes hegemónicos entre los dos partidos principales en la historia de Estados Unidos. Al igual que el Partido Republicano dejó caer sus alianzas con sectores de la clase trabajadora abriendo el espacio para Trump, también lo hizo el Partido Demócrata con sus aliados tradicionales. Eso abrió espacio para Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y los progresistas. Para recuperar y reconstruir el Partido Republicano como aliado hegemónico con los capitalistas estadounidenses, Trump tuvo que dar bastante más a los fundamentalistas cristianos, los supremacistas blancos, las fuerzas antiinmigración, los chovinistas (y antiextranjeros), los entusiastas de la ley y el orden y los amantes de las armas que el antiguo establishment republicano. Esa fue la causa de que pudiera derrotar a ese establishment. Por razones históricas, Clinton, Obama y el antiguo establishment del Partido Demócrata sobrevivieron una vez más a pesar de dar muy poco a sus aliados de la clase empleada (trabajadores, sindicatos, afroamericanos, latinos, mujeres, estudiantes, académicos y desempleados). Mantuvieron el control del partido, bloquearon a Sanders y el creciente desafío progresista y ganaron el voto popular en 2016. Pero perdieron las elecciones.

Los capitalistas prefieren utilizar a los republicanos como socios hegemónicos porque estos cumplen de manera más fiable y regular que los demócratas lo que quieren los capitalistas. Pero si/cuando el bloque republicano de alianzas se debilita o funciona de manera inadecuada como socio hegemónico, los capitalistas estadounidenses se inclinarán hacia los demócratas. Aceptarán políticas menos favorables, al menos por un tiempo, si obtienen a cambio un socio hegemónico sólido. Si las alianzas de Trump con segmentos de la clase de los empleados se debilitaran o se disolvieran, los capitalistas estadounidenses se decantarían por los demócratas Biden-Clinton-Obama en su lugar. Si fuera necesario, también se unirían a los progresistas, como hicieron en la década de 1930 con Franklin Delano Roosevelt.

Trump intenta repetidamente fortalecer sus alianzas con más de un tercio de los empleados estadounidenses que parecen aprobar su régimen, sin importar cuánto ofenda a los demás. Él cree que eso es suficiente para que la mayoría de los capitalistas se queden con los republicanos. Después de todo, la mayoría de esos capitalistas prefiere a los republicanos; su régimen ha apoyado con toda firmeza el lucro militar y empresarial. Solo los fracasos colosales de Trump y los republicanos para preparar o contener tanto la pandemia como el colapso económico causado por el capitalismo podrían cambiar el sentimiento de los votantes y elegir a los demócratas. Así que Trump y los republicanos se concentran en negar esos fracasos y distraer la atención pública de los mismos. El establishment del Partido Demócrata intenta persuadir a los capitalistas de que un régimen con Biden manejará mejor la pandemia y el colapso, brindará una base de masas más grande que apoye al capitalismo y solo marginalmente reformará sus desigualdades.

Para los progresistas de dentro y fuera del Partido Demócrata se avecina una gran elección. Muchos están sintiéndolo así. Por un lado, los progresistas pueden acceder al poder como los aliados hegemónicos más atractivos para los capitalistas. Al agudizar las críticas sociales en lugar de moderarlas, los progresistas pueden dar a los empleadores capitalistas alianzas hegemónicas más fuertes con los empleados que las que el establishment tradicional demócrata puede o se atreve a ofrecer. Eso es más o menos lo que hizo Trump al desplazar al establishment tradicional del Partido Republicano. Por otro lado, los progresistas se verán tentados por su propio crecimiento a romper con la alternancia bipartidista que mantiene la hegemonía del capitalismo. Además, los progresistas podrían abrir la política estadounidense para que el público tuviera una mayor libertad de elección: un partido anticapitalista y prosocialista compitiendo contra los dos partidos tradicionales procapitalistas.

El problema político del capitalismo surgió de su yuxtaposición intrínsecamente antidemocrática entre una minoría de empleadores y una mayoría de empleados. Las contradicciones de esa estructura chocaron con el sufragio universal. Las interminables maniobras políticas alrededor de bloques hegemónicos con sectores alternativos de empleados permitieron sobrevivir al capitalismo. Sin embargo, esas contradicciones excederían finalmente la capacidad de las maniobras hegemónicas para contenerlas y controlarlas. Una pandemia combinada con un colapso económico importante puede provocar y permitir que los progresistas rompan con todo eso, cambien la política de los Estados Unidos y hagan realidad cambios sociales largamente esperados.

(Este articulo contó con el apoyo de Economy for All, un proyecto del Independent Media Institute.)

Por Richard D. Wolff, profesor emérito de economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst. Actualmente es profesor invitado en la New School University de Nueva York. Pueden consultarse sus trabajos en: rdwolff.com y en democracyatwork.info.

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Fuente:
https://www.counterpunch.org/2020/08/11/why-capitalism-is-in-constant-conflict-with-democracy/

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Covid-19: oportunidad del neoliberalismo para impulsar una brutal neo privatización educativa en América Latina

Escalamiento del Apagón Pedagógico Global 

 

Desde el año 2015 venimos denunciando el riesgo que ocurriera un Apagón Pedagógico Global(APG). Advertíamos que este APG tendría una expresión concreta en la virtualización y la relocalización en la  casa  de una parte importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo decíamos por tremendismo, sino porque esta tendencia al APG había sido anunciada en varios documentos de las Bancas de Desarrollo y de los organismos multilaterales. Sin embargo, buena parte de la izquierda pedagógica desestimó este escenario al considerarlo improbable. Comprender esta realidad implicaba reconocer que estamos ante un reseteo planetario de la cultura educativa, lo cual desafiaba muchas de las certezas construidas en el campo de las alternativas pedagógicas. La más reciente publicación del Foro Económico Mundial de Davos “COVID-19: el Gran Reseteo” (julio, 2020) confirma las valoraciones y análisis prospectivos que hacíamos hace años.

Siempre señalamos responsablemente, que no sabíamos cuál sería el evento o el mecanismo para ello, pero que la tendencia del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial apuntaba en esa dirección. El COVID-19 se convirtió en el evento que construyó las condiciones de posibilidad para el desarrollo a escala planetario del Apagón Pedagógico Global.

La transición entre la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial hizo inminente el APG. Esta transición comportaba la consideración, por parte del capital, de la obsolescencia de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial. Obsolescencia determinada por el impacto de la aceleración de la innovación en los procesos educativos.

La cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19 obligó a generar respuestas en materia de escolaridad y educación. Las medidas educativas elaboradas por las burocracias de los ministerios de educación, fueron construidas a partir de la apelación al concepto de “emergencia”. La real emergencia sanitaria, fue usada para desarrollar un giro inusitado, dramático y excluyente en la educación. La llamada emergencia educativa sirvió de pretexto para que en la mayoría de países se intentara dar continuidad a las labores escolares, ya no en las escuelas, liceos y universidades sino “en casa” y por mecanismos remotos, en su mayoría codificados al público bajo las expresiones de “educación virtual en casa, “universidad en casa”.

 

El paradigma neoliberal de la sociedad educadora

 

Esta “nueva Realidad” nos obliga a revalorar el paradigma educativo neoliberal de la “sociedad educadora”, que desembarcó con fuerza en la región en la década de los ochenta del siglo XX.  Esta iniciativa, en la era de la transnacionalización del capital y de la mundialización cultural contemplaba la intención de ir transfiriendo a las familias, docentes y estudiantes, las condiciones mínimas para el cumplimiento al derecho a la educación.

El fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el pago de las matrículas y “colaboraciones para las sociedades de padres y representantes” en las escuelas públicas, sirvieron como caballo de Troya para intentar recargar en las familias los costes del mantenimiento de los planteles escolares, las actividades extraordinarias, los docentes suplentes, etc., en la ruta para que las madres y los padres fueron asumiendo la responsabilidad educativa que correspondía a los Estados. Cada vez más se le fue transfiriendo a las familias muchas de las responsabilidades que otrora habían asumido los Estados.

Esta intención pudo concretarse solo parcialmente y de manera desigual en los países de la región, gracias a la movilización del magisterio, los profes universitarios y los estudiantes; las familias lo hicieron en menor medida, atrapadas por la cultura evaluativa de la calidad educativa.

La exigencia de mayores aportes a los sistemas escolares por parte de las familias se encubría con el discurso funcional de la co-responsabilidad para alcanzar una educación inclusiva de calidad, algo que se convertía en un chantaje funcional para la desmovilización de las familias. Esa “noción” de la co-responsabilidad comporto un salto en la construcción de hegemonía, sobre la necesidad que los Estados “compartieran” con las familias los costes de la educación pública. Esta operación de propaganda, abrió las puertas a reformas en las constituciones nacionales y las leyes de educación que implicaron un abandono drástico de las responsabilidades del Estado, encubiertas con discursos progresistas.

 

La obligación de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para el derecho a la educación

 

Desde una perspectiva emancipadora y de Estado Docente, la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es de los Estados Nacionales. Es decir, los Estados entre otras cosas, deben garantizar que a) el presupuesto destinado a la educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto o menor del 20% presupuesto público; b) exista una legislación educativa que garantice el acceso universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones, por lo menos, a los estudiantes de educación inicial y primaria. En algunos países esta obligación se extiende al bachillerato; c) elaborar los planes de estudio y los modelos de enseñanza-aprendizaje que garanticen un aprendizaje contextualizado a cada realidad, desafíos epocales y necesidades de la población; d) construir la infraestructura necesaria (escuela, liceos, preescolares, universidades) para garantizar la igualdad de condiciones de aprendizaje; e) dotar las escuelas, liceos y universidades de los elementos, equipos y contenidos inherentes a la aceleración de la innovación y garantizar que todes los y las estudiantes tengan las mismas condiciones de acceso a estas tecnología y conocimientos; f) desarrollar una continua actualización de la formación inicial y permanente de los y las docentes que permita  garantizar el papel de la escuela como institución democratizadora del conocimiento entre los sectores populares.

Previo a la pandemia, muchas de estas condiciones mínimas de partida no eran cubiertas por los Estados nacionales, lo cual generaba resistencias, movilizaciones y denuncias del movimiento magisterial y estudiantil.

La desinversión en educación y la precarización de las condiciones de trabajo de los y las docentes actuaban como disparadores de la premisa neoliberal de abandonar la responsabilidad de los Estados con la educación pública, dando paso al modelo de sociedad educadora.

Debemos tener cuidado que el logro del 6% del PIB como piso mínimo no sea usado en buena medida para la firma de contratos con las grandes transnacionales tecnológicas en materia de contenidos educativos digitales y virtuales, ni para construir la infraestructura base para la transición a la cuarta revolución industrial, escenario en el cual se continue recargando en las familias, estudiantes y docentes el grueso de la inversión en equipamiento tecnológico básico (computadores, laptos, celulares) y la conectividad al internet. Subrayar siempre que esto es (y sería) privatización educativa y triunfo del paradigma neoliberal de sociedad educadora.

En el plano internacional el neoliberalismo educativo cada vez más se aseguraba que en muchos de los protocolos de los organismos multilaterales, el derecho a la educación apareciera sin sus apellidos sustantivos de gratuita, popular, científica y laica. Cada vez más en estos protocolos aparece el compromiso de vincular el sector privado al cumplimiento del derecho a la educación, que no es otra cosa que la transición a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una mercancía.

El tránsito abrupto de un modelo de educación presencial en las escuelas, al modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” y, el temor del contagio mortal, posibilitó un acelerado abandono de las premisas de responsabilidad de los Estados Nacionales que le obligan a garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del derecho a la educación.

 

La neo privatización educativa en el marco de la pandemia del COVID-19

 

El Coronavirus aceleró y escaló a una dimensión impensable solo meses atrás, las tendencias privatizadoras de la educación. El modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” que han impulsado los sistemas educativos en América Latina ha comportado una privatización de hecho. Las responsabilidades de los Estados de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido abandonadas y se ha entrado en la lógica del neoliberalismo educativo.

Ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19 son las familias, les estudiantes y los y las docentes, quienes deben asumir los costes del pago del internet, la suscripción a plataformas privativas para poder dar clases, la compra o reparación de sus computadoras para dar clases. Los Estados se desentienden de su responsabilidad usando el acostumbrado lenguaje de la “vocación docente”, de la “mística de los educadores”. Se trata de una Neo privatización educativa a escala global.

Muchos de los contenidos educativos en este contexto de “virtualidad en casa”, son aquellos que están disponibles en las plataformas privativas. Los y las docentes no fueron formadas y no están siendo formados adecuadamente para trabajar en entornos digitales, lo cual ha implicado una serie de déficits y problemas derivados del ensayo y error, de “como va viniendo vamos viendo”.

Se pretende culpabilizar de los errores de la coyuntura a los y las docentes, convirtiéndose el Estado en un evaluador que con desenfado traslada su responsabilidad a terceros, usando los criterios de la cultura evaluativa. La culpabilizacióna  los docentes, es una cortina de humo que procura ocultar que se está produciendo una brutal privatización educativa.

Las condiciones en las cuales se están desarrollando los procesos de enseñanza aprendizaje son desiguales y estratificadoras. Muchos estudiantes no cuentan siquiera con una casa donde estudiar de manera estable, otros no poseen familia que les apoyen, la mayoría no tienen textos o acceso a internet, ni computadoras.

La escuela, con sus programas alimentarios procuraba garantizar que todes comieran por lo menos una vez al día, precisamente para igualar las condiciones de partida para aprender a aprender. Las medidas tomadas por los ministerios de educación han roto en solo meses, la conquista social de asociar el derecho a la educación con garantías de igualdad de condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esa “nueva normalidad” está siendo poco denunciada, por el contrario, en muchos casos, está dinámica ocurriendo con el silencio cómplice de importantes sectores de la academia y los sindicatos burocráticos patronales.  Como en todo proceso de opresión, las resistencias marcan la diferencia y hoy casi un centenar de organizaciones del magisterio en la región, educadores populares y pedagogos críticos han comenzado a denunciar y movilizarse en contra de esta realidad.

 

Educación de primera para incluidos en la tecnología, educación de tercera para los excluidos de la tecnología.

 

Para colmo, con el pretexto de la emergencia sanitaria se está produciendo una nueva estratificación de la educación. Los que tienen acceso a computadores e internet, cuyo porcentaje no excede el 50% de la población en América Latina y el Caribe, son los que tienen la posibilidad de participar en la educación remota que intenta darle continuidad a los procesos de escolarización. Estas condiciones previas son las que se venden como logros de acceso a la formación, que en realidad son simplemente acceso a a información actualizada. Se confunde la capacidad individualizada de navegación conducida por la red de internet con aprendizajes.

Los otros y otras, la mayoría de estudiantes, que no tiene acceso a computadora e internet, están recibiendo enseñanza por televisión o radio, con contenidos y metodologías de la televisión educativa de los sesenta del siglo XX, transitando el aprendizaje con una mirada desde el retrovisor, no hacia el presente y el futuro.   Esto redundará en nuevas formas de exclusión. Es una educación de segunda para pobres.

Por otra parte, quienes viven en zonas de difícil acceso y precaria conectividad, con limitadas posibilidades incluso de acceder a una señal de radio, están recibiendo una educación por módulos, educación de tercera, que trata de ocultar que les están dejando en los bordes de la marginalidad intelectual.

La apelación a la contingencia y la emergencia para producir esta privatización educativa no tiene justificación alguna, más aún cuando las autoridades educativas desoyeron las advertencias que hicimos desde cinco años sobre un inminente Apagón Pedagógico Global (APG) y la obligación que tenían los Estados para prepararse para escenarios como estos, con la mirada pensada en la inclusión educativa y la justicia social.

 

La escuela no volverá a ser lo que era

 

Esta realidad no puede hacer que nos refugiemos de manera conservadora en intentar volver a las condiciones existentes antes de la pandemia. La escuela, liceo y universidad que teníamos en febrero del 2020 tampoco representaban la aspiración de los sectores populares y críticos, respecto a lo que debería ser una educación liberadora y emancipadora.

Se trata entonces de comprender y trabajar de manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica, científica y presencial, que reivindique la tradición y el saber pedagógico acumulado por décadas, pero que sea también sea capaz de empalmar con lo nuevo, lo emergente en clave de resistencia anticapitalista.

 

Alternativas 

 

Ciertamente lo peor que puede pasar es que un niño, niña o adolescente quede desconectado del sistema escolar. El hecho que consideremos que es necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la educación por televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la conexión digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva estratificación, con un claro sentido de clase.

Son los pobres, las mujeres trabajadoras, la clase obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de marginalidad en los barrios quienes están resultando más afectados por la neo privatización educativa en marcha y la estratificación de la escolarización determinada por el acceso a computadores y conexión a internet.

Las alternativas están en el plano epistémico y en la organización para la resistencia.  En el primero, la sorpresa y la sensación de vértigo que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha causado en amplios sectores progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es clarificar lo que está pasando y establecer de manera compartida el horizonte inmediato contra la opresión neoliberal.

Lo segundo, reivindicar que las experiencias de colectivos pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con fuerza como una práctica muy potente para avanzar de manera colectiva, desde abajo, en la comprensión de lo ocurre y la elaboración de resistencias anticapitalistas.

Tercero, fortalecer la unidad de los sindicatos y gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores populares y pedagogos críticos para de manera conjunta elaborar una ruta de acciones coyunturales y estratégicas.

Es momento de inventar para no errar.

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En plena pandemia de coronavirus, Jair Bolsonaro avanza con la privatización del agua

El Senado le allanó el camino

 

El Senado de Brasil aprobó el miércoles un proyecto oficialista que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El presidente Jair Bolsonaro había pedido al Congreso prioridad para la iniciativa, a pesar de la pandemia del coronavirus, bajo la excusa de que atraerá más inversión privada al sector que se encuentra en un estado de precariedad.

El proyecto de ley, que había sido aprobado la Cámara baja en diciembre, fue sancionado por una votación de 65 a 13 en el Senado. La iniciativa, que el presidente firmará en las próximas horas, pondría un recurso público vital en manos privadas, en momentos en que muchos países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua

El saneamiento era el último sector importante de infraestructura en Brasil que no había sido privatizado. Bolsonaro, que impulsó una agenda radical de reformas de libre mercado, celebró su aprobación.

De acuerdo al mandatario, el proyecto tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar, dijeron sus impulsores. "Casi la mitad de la población de este país carece de saneamiento básico", dijo el principal patrocinador del proyecto, el senador Tasso Jereissati del partido de centro derecha PSDB.

La votación fue resultado de una sesión remota debido a la pandemia de coronavirus, que ha resaltado la urgencia de abordar los problemas de saneamiento para los pobres en el país.

El país tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos. Muchos brasileños carecen de acceso a lo más básico necesario para prevenir el contagio: agua limpia para lavarse las manos.

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