Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Publicado enInternacional
Martes, 19 Noviembre 2019 18:18

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Noviembre 2019 09:59

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Neoliberalismo, ¿tercera fase?

Es una dinámica conocida: la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de incrementar la explotación de la fuerza de trabajo impulsan al capitalismo a tres tipos de disputas: 1) pugnas entre países por mayores porcentajes en el comercio global y saqueos de las economías periféricas, contradicción que en repetidas ocasiones se salda con guerras diferidas o directas; 2) implementación de reformas en la mayor cantidad de países posibles, con el propósito de esquilmar los ingresos directos e indirectos de quienes generan la riqueza social, acción que provoca la reacción/defensa de los afectados como exigencia de respeto a sus derechos históricos y, en lo posible, mejoras en sus condiciones de vida; en ocasiones, demanda de cambio total de las reglas de juego –otro sistema social–, pero no siempre es así; 3) brutales ajustes económicos que implican reducir el gasto público social, las importaciones, y la demanda interna de bienes de la canasta familiar para cubrir la brecha de pagos de la deuda externa y honrar sus deudas reprogramadas con el capital financiero transnacional.


Vivimos estos escenarios en los meses y días que pasan. Entre ellos, por un lado y como parte de la geopolítica global, las potencias dirimen tal disputa en territorios ajenos y a través de terceros países –Arabia Saudita vs. Irán, con Yemen como país afectado; Estados Unidos vs. Rusia, con una confluencia de otras fuerzas que implican a Turquía, Israel, Iraq, Irán, Isis, con Siria como país afectado y telón de fondo; Estados Unidos vs. China, en una conocida disputa comercial que antecede la posible confrontación global de próximas décadas. En nuestra subregión, sin ascender aún a lo bélico, la contienda compromete a los Estados Unidos y sus aliados regionales (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros) en contra de Venezuela, Bolivia y, más allá de la subregión, Nicaragua y Cuba, y en el trasfondo Rusia y China.

Como es típico de los Estados, con preeminencia de los imperios, en estas disputas, en cualquiera de las formas que asuman, defienden de manera prioritaria a sus multinacionales, consiguiendo para ellas beneficios de todo tipo, además de propiciarles mano de obra abundante, especializada y por pagar con salarios mucho más bajos que los cancelados en la metrópoli.

Es una disputa, una contradicción latente y permanente que nos recuerda que ‘mercado libre’ y guerra van de la mano, y que los cañones son precisamente la otra materialización de la ‘diplomacia’, los martillos que derrumban muros e imponen las lógicas del poder, de manera tal que todo aquello que el capital no logra someter a través de leyes, endeudamiento, amenazas, bloqueos, condicionantes y similares, su violencia, legitimada por distintos conductos, lo impone, así sea destruyendo el país objeto de sus cañones, cuya reconstrucción será el conducto para imponer los mandatos del capital.

Por otro lado, lo vivimos actualmente en el sur de nuestro continente, donde los detentadores del capital avanzaron en los últimos años usurpando las condiciones de vida digna de amplios sectores sociales, así como de sus derechos políticos –Chile– y en otros –Ecuador–, pretendiendo arrinconar a la sociedad para despojarla de buena parte de sus conquistas históricas.

El de Suramérica es un escenario ya sufrido por amplios sectores sociales, en tanto que en décadas recientes ya les habían arrebatado, tanto en los países relacionados como en todos los que integran el mapa de esta subregión del mundo, parte de sus conquistas laborales, económicas y políticas, a través de lo que se conoce como reformas neoliberales de primera y segunda generación. Pero ahora, ante la prolongada caída de la tasa de ganancia y el cambiante cuadro geopolítico global, vuelven por las mismas.

Como efecto de las aludidas reformas, en los años 80 del anterior siglo, en una primera ofensiva del capital sobre el trabajo, parte de los activos públicos sufrieron su privatización y el comercio perdió controles de Estado hasta ser liberalizado en su totalidad. El mercado laboral empezó su flexibilización, iniciando la contratación indirecta de mano obra, legalizando las empresas de intermediación y contratación laboral, zafando al patrón de la contratación directa, y abriendo de esta manera las puertas para quebrar el salario y la estabilidad laboral. La ofensiva contra los sindicatos y la sindicalización encontró acá también un espacio: una agresiva política laboral y económica sobre la cual volverán.

En los años 90 de igual centuria, impusieron la segunda ofensiva, precedida y presionada asimismo por el Consenso de Washington (1), con la cual van mucho más allá, en la medida en que las reformas con afectaciones particulares ya no son el propósito sino que en el centro de la misma entró como prioridad la reforma del conjunto del Estado, legalizándose la ofensiva neoliberal a través de las cartas constitucionales de los países objeto de esta ofensiva. Es así como toda la administración pública es adecuada para que el capital opere y pueda fluir sin obstáculo alguno, hasta el punto de que todo le es permitido, para lo cual la administración pública se ajusta a sus demandas y con ella la administración de justicia, aparato adecuado para proteger en forma integral los intereses de las minorías.

Entre una y otra reforma, como resultado del dominio del capital financiero en el nivel global, la financiarización entra a reglar la economía y los intercambios sociales. De este modo, la globalización, por este y otros conductos, impone sus dominios, lógicas e intereses, recordando la máxima de Henry Kissinger, secretario de Estado en la era Nixon: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el sistema financiero y controlaras el mundo”.
La concreción de estas reformas no fue impune, ya que en diversos países se sucedieron resistencias sociales como el famoso caracazo, el alzamiento zapatista en contra del Tclan, que, como todos los tratados comerciales de estas dé, aplican como punta de lanza para obligar a la apertura neoliberal, la crisis de Argentina de los años 2000, así como los alzamientos sociales que dieron cuenta de tres presidentes en Ecuador. Y mientras todo ello sucedía, antes, en medio y después, la intervención de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo la égida de Estados Unidos, hegemónico en ese momento en el panorama global.

Para el caso de Colombia, que en 1991 ajustó su Carta Magna a tales postulados, la crisis económica de 1999 fue ocasión para someter al Estado y la sociedad toda a la dinámica neoliberal, para lo cual la conjunción, con todo el instrumental guerrero –legal e ilegal–, fue el conducto para contener cualquier inconformidad social. Una particularidad continental necesaria de resaltar, adjunta al efecto del narcotráfico como un producto de exportación y colchón económico, además de somnífero cultural y atomizador social.

Estos factores, los culturales, con amplios efectos sociales, son la otra variable neoliberal que permeó a las sociedades, sometidas a una ofensiva consumista como vehículo para estimular la producción de los grandes y medianos grupos económicos, de cuya mano se eleva la tasa de ganancia que dinamiza al capitalismo. Indicadores en el PIB de las potencias de ciento y más por ciento llegó a ser su reflejo, con la excepción de China, siempre muy por encima de tal indicador. Se trata de un crecimiento que revienta en 2007 con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica y financiera que desata, de la cual el capitalismo no logra todavía recuperarse totalmente.

Precisamente, como una de las variables que buscan dar cuenta de tal realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos, aferrado a un nacionalismo proteccionista que desdice parcialmente de la globalización pero no así del neoliberalismo, desata la guerra comercial en curso, con China como con otros países, a la par de lo cual el cuadro territorial del Sistema Mundo Capitalista va adquiriendo inéditas coordenadas: unos mercados pasan a manos de nuevos intereses, otros entran en disputa y algunos más quedan compartidos, todo ello en medio de tensiones que por momentos hacen tambalear el tablero global.

Es esta una realidad cambiante que por ratos parece indicar que el neoliberalismo está quebrado, pero es sólo la impresión, ya que sus manifestaciones sociales y culturales más profundas no han sufrido resquebrajamiento alguno, como tampoco el mercado global. Además, ni la financiarización ni los ataques contra el mundo del trabajo dejan de sucederse, al igual que otras manifestaciones típicas de esta forma y dinamizador económico y político, con expresiones de gobierno claramente identificables.

Realidad comprobable en el reciente paquetazo que intentaron imponer en Ecuador (ver, “Ecuador, las razones de la rebelión de octubre”, pág. 10), para el cual el conocido argumento del déficit fiscal regresa como excusa para imponer políticas privatizadoras y para la reducción del rol del Estado, para justificar más impuestos para los asalariados y menos para los más ricos, así como “necesaria” flexibilización laboral y menos control a la circulación de divisas, entre otros objetivos pretendidos.
Esto en Ecuador. Pero 22 meses atrás –diciembre de 2017–, ya habían logrado reformar las pensiones en Argentina, pese a la resistencia de sus fuerzas sindicales (2), propósito que también lograron concretar en Brasil (3) y que asimismo buscan implementar en Colombia, donde la sociedad ya está avisada del trámite futuro de más flexibilidad laboral, a la par de transformar el sector de las pensiones, para beneficio del sector financiero y empresarial en general. Tales reformas les aseguran a las oligarquías de esta parte del mundo los recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda pública, según las exigencias del cancerbero del sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional.

Una vez más, tales reformas repiten experiencias ya vividas: apertura económica y laboral, desmonte de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos, privatización de los pocos bienes que continúan en manos públicas, todo para que el capital gane más, medidas estas argumentadas desde la promesa nunca cumplida de crear más empleo, reducir los niveles de amplia desigualdad social que registran estas sociedades y otros decires similares aireados por la mass media oficiosa, promesas que el viento se lleva.

En esta ocasión, la nueva ofensiva va de la mano de la banca multilateral, de organizaciones tipo Ocde, así como de instancias de coordinación y convivencia entre países, como la OEA, en un intento asimismo por recuperar recursos naturales, dominio territorial y mercados como Venezuela, Bolivia, Cuba y otros, a fin de asegurar el dominio de Estados Unidos.

La dificultad que encuentran estos organismos e instancias regionales y globales para aplicar sus mandatos es que todo su recetario ya es conocido, y que sus efectos han sido perversos al ahondar las tasas de desigualdad conocidas por estas sociedades, así como acrecentar su deuda externa, a la par de acostumbrarlas a vivir con el desempleo como problema estructural.

En estas condiciones, no es casual la insubordinación social que conmocionó a Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre. Tampoco lo es la mayúscula movilización social que conmociona a Chile, respuesta creciente y solidaria de un pueblo que por más de treinta años ha padecido el neoliberalismo, y con éste la privatización de los derechos humanos: salud, educación, pensiones, transporte, etcétera, a la par del dominio de un disciplinamiento social solamente útil para el capital.

Insubordinación con logros específicos que permiten asegurar que el capital sufre en esta parte del mundo una derrota parcial. Pero es necesario recordar que el neoliberalismo es flexible, que no tiene un solo cuerpo y que sabe esperar. Por ahora, guardará la cabeza en algunos de los países de la región, mientras en otros actuará, dependiendo de la correlación de fuerzas. Como sea, más tarde o más temprano, regresará tras su pretendida recuperación de la tasa de ganancia a costa de quienes viven de su fuerza de trabajo, y que únicamente podrá ser derrotado si encuentra en toda la región, y más allá de ésta, un modelo social, económico y político, una propuesta de Estado integral, humanista, basada en la solidaridad y la defensa del bien común, con un modelo de vida que armonice a la humanidad con la naturaleza, que lo confronte y logre ganar el apoyo de los cuerpos sociales.


Hace dos o tres décadas, la sociedad desconfiaba de tal posibilidad. Hoy, producto de la cuarta revolución industrial en marcha y la gigantesca masa de información potenciada por la misma, reconoce que sí son posibles la justicia, la democracia integral y la concreción plena de la Carta de Derechos Humanos, y con ello la materialización de vida digna como precepto elemental de cualquier sociedad, todo ello, como es evidente, antípoda del neoliberalismo. La lucha de clases está de vuelta.

 

1. Con ese nombre se conoció el cambio de paradigma cuyo origen está ligado a la crisis de la deuda de 1982. Los países de Latinoamérica habían estado viviendo de dinero prestado desde mediados de los años 70, los años en que vivió más allá de sus posibilidades. Finalmente le pasaron la cuenta de cobro a la región con gran severidad. El viejo modelo de intervención estatal y proteccionismo había llevado a distorsiones económicas de escala patológica. Pero el remedio, el neoliberalismo, fue peor que la enfermedad.
2. https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/19/5a38f493268e3e3e718b4632.html.
3. https://www.france24.com/es/20191023-brasil-senado-reforma-pensional-bolsonaro.

Publicado enColombia
El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

Publicado enInternacional
El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

Publicado enEconomía
Miércoles, 13 Noviembre 2019 06:27

Piñera no puede frenar la protesta en Chile

Imágen satelital de la masiva marcha que ayer copó el centro de Santiago. Imagen: AFP

Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros.

Con un discurso de urgencia desde el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile Sebastián Piñera se mostró decidido a endurecer su postura frente al conflicto social. Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros en las calles, y la presentación de querellas contra los manifestantes que generen disturbios. La única concesión del presidente fue la convocatoria a un plebiscito ciudadano tendiente a la reforma de la Constitución, una de las principales demandas de los manifestantes y la oposición chilena. Más temprano, Piñera había celebrado un acuerdo con la oposición que le permitirá implementar reformas tributarias. La jornada cerró con un desplome del peso chileno del 3,1 por ciento, y una baja en La Bolsa de Comercio de Santiago del 1,57 por ciento.

Pasadas las 10 de la noche, Piñera destacó los fundamentos de lo que llamó un acuerdo “por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución”. Su primer anuncio tuvo que ver con el aumento de carabineros en las manifestaciones: “Hemos establecido la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la PDI de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y un servicio destacado”, destacó, amparado en los incidentes registrados durante el día en distintas regiones del país.

En la misma línea, informó que su gobierno presentará querellas contra aquellos manifestantes que generaron disturbios durante las movilizaciones que tuvieron su inicio el pasado 18 de octubre. “He instruido al Ministerio del Interior que presente querellas por Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o promovido la comisión de graves delitos”, expresó.

También se refirió a un acuerdo por la justicia, cuyo contenido no quedó demasiado claro: “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos una robusta agenda social”.

A la vez, Piñera anunció que daba inicio al proceso de reforma constitucional. “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática”, expresó.

En los últimos días, Piñera había anunciado que se encontraba dispuesto a iniciar un proceso de reforma, pero no se había manifestado a favor de un plebiscito. Esta vez, propuso la participación ciudadana: “Un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos no solo participen en su elaboración, sino que tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita”. Todavía no quedó claro si el plebiscito derivaría luego en una Asamblea Constituyente, como piden los manifestantes y todo el arco opositor chileno, o en un Congreso Constituyente, que es hasta ahora la postura oficial.

“La grave situación que vive nuestro país exige con urgencia dejar de lado todas las pequeñeces y actuar con grandeza, generosidad y patriotismo”, cerró su discurso Piñera. El presidente había empezado el día celebrando un acuerdo con la oposición que le permitirá aplicar una reforma tributaria. Gracias a esa medida, su gobierno recaudaría unos dos mil millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales realizados por el presidente días atrás.

Paro general con movilización

La jornada había arrancado con barricadas en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió a decenas de miles de personas en la popular Plaza Italia, culminó una nueva jornada de protestas en Chile, a 26 días del inicio del conflicto. Se produjeron serios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que volvieron a reprimir la protesta con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Por la mañana, los cortes de calle impedían el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. La capital del país fue el escenario de una marcha que convocó a 80 mil personas de acuerdo a cifras oficiales. Los manifestantes avanzaron sobre la céntrica avenida Alameda, escenario de varias movilizaciones.

Flameando banderas chilenas y de los gremios que convocaban al paro, los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas desde el estallido social del 18 de octubre. Desde allí la movilización recorrió varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Cuando los manifestantes pasaron por el frente del Palacio de la Moneda se registraron enfrentamientos con carabineros. También se produjeron incidentes y saqueos en Valparaíso. Más temprano, la Corte de Apelaciones de esa ciudad había aceptado un recurso de amparo presentado contra Carabineros, calificando como ilegal el accionar de los policías implicados, que balearon un adolescente de 16 años en una de las manifestaciones. La manifestación se nutrio de miles de chilenos que habían respondido a una convocatoria a hacer una huelga general de la llamada Mesa Social. Dicha agrupación reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de aeropuertos. Las escuelas públicas se sumaron al paro y gran parte de los privados también. La mayoría de las universidades permanece sin actividades desde el inicio del conflicto. Ni siquiera el mercado financiero le dio buenas noticias a Piñera. Durante la jornada del martes, el peso chileno se desplomó 3,1 por ciento y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída del 1,57 por ciento.

Publicado enInternacional
Cuarta semana de protestas en Chile se inicia con llamado a huelga general

Santiago. La cuarta semana de crisis política y social en Chile comenzará con un nuevo llamado a mantener la movilización social y con la proyección de una huelga general para el martes 12, en tanto que la noche del domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el gobierno tomó la decisión de "iniciar el camino" hacia una nueva Constitución política, a través de un Congreso Constituyente.

Es la primera vez que la administración, luego de varias semanas de crisis, dice abrirse a la gestación de una nueva Constitución.

Las declaraciones de Blumel se dieron luego de una reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos.

"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Carta Magna. Entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer pensando en el país."

La mejor fórmula es una asamblea constituyente

Agregó: "El mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar en un proceso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante".

Apenas ayer, Piñera, en una entrevista con el conservador diario El Mercurio, había insistido en que estaba disponible para modificaciones a la actual Constitución, pero no en una nueva Carta Magna.

Sindicatos alientan paro

Mientras tanto, desde la organización denominada Mesa de Unidad Social, surgida al calor de la protestas de las últimas semanas, se afirmó que representantes de sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, educación, salud, agricultura, agroindustria y públicos, entre otros, se decidió a convocar a una huelga general para mañana martes.

"Se va a llamar a todas las organizaciones sindicales a paralizar el país, para exigir el petitorio que está construido, y tiene como demandas principales una nueva Constitución y una asamblea constituyente”, establece el dirigente Mario Villanueva, de la organización No más AFP, que rechaza el sistema privado de pensiones.

Publicado enInternacional
Sábado, 09 Noviembre 2019 06:14

El derecho de vivir en paz

Pintada en una pared de Santiago de Chile, año 2008. Imagen: Andrés Osojnik

Lo que pasa en Chile está más visto que contado. No cesan los relatos visuales escalofriantes, a su vez documentos sobre la represión descontrolada que castiga a hombres, mujeres, ancianos, niños, estudiantes, discapacitados; que castiga sin relación entre el balazo y el castigado. Lo que pasa en Chile nos envía también a nosotros al recuerdo de las épocas más oscuras y salvajes del siglo XX. Lo que vemos además nos reconfirma que la pelea con los grandes medios no fue un episodio argentino de la década pasada, sino que se trata de un dispositivo de blindaje que existió siempre, pero hace poco que tenemos conciencia colectiva de que los grandes medios, cuando se concentraron, fue para ser una pata más del neoliberalismo.

Los medios no sólo han actuado sólo contra los chilenos: le han ocultado al mundo qué había atrás de aquello a lo que le hacían propaganda. Y seguimos sin ver nada de Haití, seguimos sin coberturas sobre el genocidio por goteo en Colombia, no tenemos idea de lo que pasa en Africa. El nuevo intento de golpe en Bolivia se hizo visible también por las redes, en videos movidos, mostrando una de las escenas más bárbaras y asquerosas que puedan concebirse, con la alcaldesa de Vinto retenida por la turba de la derecha, vejada, golpeada, teñida de rojo. El odio es profundo y está acicateado, estimulado y otra vez quieren muertes. Y uno piensa, mientras escucha a los chilenos cantar de a miles El derecho de vivir en paz, que sí, que basta ya, que se traguen su odio y que se calmen, que a veces se gana y a veces se pierde, y que si pierden que soporten, como acabamos de hacer en la Argentina, a gobiernos que detestan. Pero la derecha no soporta no ganar. Y derroca, invade, injuria, encarcela, censura, miente, roba, mata.

Sin embargo, lo que pasa en Chile no viene sólo con el olor de la opresión, sino también con el perfume de las primaveras. Por muy poco menos que esto la prensa mundial habló de la primavera árabe, que terminó siendo su propio reverso. Y es una confesión de parte que los medios hoy no hablen de la primavera chilena: ven vándalos donde, cuando a sus mandantes les convenía, veían pueblos rebelándose contra la tiranía. Entendámoslo: el neoliberalismo es una forma de tiranía.

Lo que pasa en Chile viene con el olor turbio de la opresión, pero también con el perfume de aquella resistencia que, como en Chile nunca fue reivindicada institucionalmente, reaparece ahora con una fuerza acojonante. Ver tocar ante una multitud a la Sinfónica de Chile los temas de Víctor Jara es un fenómeno de renacimiento. Lo reprimido, lo aplastado, lo hundido a sangre y fuego por la vara de la normalidad de los militares y la elite, retoma su énfasis en un pueblo que hoy es otro y es el mismo. Eso es un pueblo, una cadena transgeneracional que conserva el fuego de su identidad encendido aun en las peores circunstancias. Hay varias generaciones que no son contemporáneas a Víctor Jara. Pero la cultura popular también tiene sus clásicos, que son los que en cualquier latitud, en cualquier idioma y en cualquier época expresan lo que necesita cantar el pueblo para hacer comunión con sus emociones. Y uno ve pibes de secundario cantar sus letras y entonar sus melodías, y ve y escucha un Te recuerdo Amanda que son ellos mismos, que son los de antes y los de ahora y serán los de mañana. La identidad chilena que fue condenada guardó sus íconos y sus tótems. Guardó su espíritu.

Decían que la historia había muerto. En uno de los lugares donde anclaron esa idea fue en Chile. Que la historia había muerto significaba que habían implantado un orden inmodificable. Y a ese orden le llamaron, desde entonces, “normalidad”. Atrás quedaban los crímenes de Pinochet. Como en España los de Franco. Durante décadas los impulsores del fin de la historia nos aturdieron con los magníficos atributos del Pacto de la Moncloa y con la Concertación chilena. El modelo exitoso que nunca acercaba el foco a la población de Chile sino que mostraba planillas con números. Cada tanto las revueltas eran tan grandes, especialmente las de los estudiantes y las de los mapuches, que teníamos noticias pero luego se apagaban, porque había vuelto la “normalidad”.

Esa normalidad incluye y siempre incluyó el abuso de poder. Chile hasta ahora ha sido un gran abuso, como lo han sido los últimos cuatro años argentinos. Somos pueblos abusados por elites. Están convencidas de su supremacía. No hay supremacía posible si no se aplasta a otro. Y el otro de las elites es el 99 por ciento de la población. Pero al parecer hay una sincronía histórica que nos hace vivir a muchos pueblos al mismo tiempo un despertar de lo que parecía la vigilia y era un ensueño, un folleto, una cáscara, la publicidad de un producto que éramos nosotros mismos, vendidos como trabajadores baratos.

El Chile que vemos muestra a un gobierno y unas fuerzas de seguridad cometiendo a los ojos del mundo un monstruoso delito de lesa humanidad contra todo el pueblo chileno. Se pueden pretextar asesinatos diciendo que fueron enfrentamientos, se pueden justificar represiones salvajes diciendo que hubo vándalos, pero allá ya son más de veinte las denuncias comprobadas de violaciones a mujeres y homosexuales detenidos. Es algo que no es nazismo ni fascismo pero que pertenece a esa familia de regímenes de bajos instintos morales: es el neoliberalismo defendiéndose en el poder.

La dignidad, la claridad conceptual y la conciencia política con la que el pueblo chileno ha salido a la calle tienen mucho que ver con haber preservado, como vemos, la memoria. No tuvieron juicios a genocidas, como aquí, pero preservaron la cultura que les dejó esa generación, y con Víctor Jara hoy cantan los vivos y los muertos.  

Publicado enInternacional
Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

Publicado enSociedad