Jueves, 23 Noviembre 2017 11:55

Vámonos de Vuelta

La coyuntura política, asociada al período social, económico, nacional e internacional en que hemos entrado, enfrenta a los actores alternativos colombianos ante el inmenso reto de cómo proceder para lograr: 1. Reencontrarse con el país nacional, o las mayorías de pobres y excluidos; 2. Propiciar la unidad de la izquierda; 3. Crear y desplegar una metodología que permita que estas mayorías tomen el futuro en sus propias manos, dejando a un lado las delegaciones y, como efecto inverso, las suplantaciones.

Para lograr el primero de estos propósitos, esta vez la coyuntura abre un interrogante: ¿Cómo construir una metodología que lleve a las mayorías a actuar desde una agenda propia, sin dejarse distraer por la agenda institucional que, como se sabe, entra en el ciclo del formalismo electoral?

Y la preocupación que subyace en esta ruptura con lo formal-institucional no es de segundo plano ni se reduce al dilema eterno: votar vs. abstenerse, ni implica, por tanto, adelantar campaña en favor de uno u otro proceder. No. La preocupación va mucho más allá, situándose en el dilema: ¿construir y desplegar un accionar político propio, que devele y contradiga los procederes y limitantes del poder o limitarse al discurso y lógica institucional, a sus tiempos y propósitos, a sus formas y métodos?

La alternativa es el accionar político propio, cuyo objetivo en los días que corren es procurar el reencuentro con el país nacional. Para materializarlo, nos preguntamos por lo que es más procedente en la coyuntura: ¿tensionar los lazos institucionales (electorales), que, como se sabe, no logran movilizar a las mayorías nacionales? o, haciéndole un vacío a tal realidad, buscando no encallarnos en la inmediatez de tal coyuntura, ¿tendrá mejor recibo desplegar una agenda de reencuentro con ese país de excluidos que desde hace más de 60 años no se identifica con una opción nacional?

En desdeabajo nos inclinamos por esta segunda opción. Un primer paso en tal dirección, en procura del reencuentro nacional, lo denominamos Vuelta a Colombia. Un recorrido por el país del ‘centro’ y de la ‘periferia’, un viaje al país profundo para compartir opiniones entre iguales; para desentrañar pesares, angustias y esperanzas que disponen para la movilización a los siempre negados(as); para aprender a escuchar, estructurando en común una plataforma de acción o de combate que identifique un norte por perseguir.

De la misma manera, se trata de concentrar fuerzas y de poner en práctica formas alternas de poder y de gobierno con las cuales tejamos una real dualidad de poderes, cimentándola a través de los espacios y las prácticas necesarias para recuperar y potenciar la confianza en que otro mundo sí es posible. En nuestro caso puntual, para reconocer que otra democracia sí posee posibilidades de tomar forma, una democracia mucho más allá de la realmente existente e imperante, la desplegada por una clase dominante valida de ella para propiciar la concentración de poder en unos pocos, así como para justificar la injusticia extendida por siglos entre los nuestros, sometiéndolos(nos) unas veces con el discurso y las formas institucionales, otras con la “violencia legalmente instituida”, pero a lo largo de nuestra historia con una combinación de ambos procederes (garrote y zanahoria le dicen a tal accionar del poder).

Tras estos propósitos, para potenciarlos, planteamos una metodología de diálogo y compartir que torne a la democracia en tema central de toda la sociedad, develando las limitaciones que hoy porta, y diseñando entre todas las manos aquello que consideramos que la recupera y potencia en su real y necesaria configuración.
¿Por qué la democracia, como tema central? Porque en ella, como columna vertebral del régimen político, descansa la legalidad y la legitimidad del proyecto burgués. Pero principalmente porque, radicalizándola, podremos vivir de modo diferente en este país, de forma mucho mejor que como vivieron nuestros antepasados inmediatos (primera y segunda mitad del siglo XX) y como han vivido las nuevas generaciones (finales del siglo XX y lo corrido del siglo XXI).

Como podrá recordarse, en su lucha contra reyes y monarquías, la burguesía reclamó igualdad y otros derechos fundamentales, ofreciendo justicia y participación al conjunto social. Participación social, como formalidad a través de las elecciones, sí garantizó(a), pero el resto de promesas en ello quedaron. La participación le sirvió para justificar el dominio de la minoría sobre la mayoría, en el siglo XIX a partir del voto condicionado (por capacidad patrimonial, porque sólo votaban quienes sabían leer o eran hombres, quienes tenían esclavos, etcétera), y en el siglo XX-XXI a través de la aplicación de la tensión de todos sus recursos económicos, mediáticos, clientelares, etcétera o, de ser necesario, mediante la misma tensión abierta y sin disimulo de la fuerza.

Este ejercicio y concreción de democracia parcial, dejó un vacío por llenar: la intervención de las relaciones de producción y de distribución, que la democracia se torne vida allí donde se produce vida; en todos los puntos de trabajo, debatiéndose allí, entre todos, cómo administrar lo colectivo, planificando la alocada producción que hoy llena todos los rincones del mundo de cosas innecesarias que nos están ahogando entre necedades y consumos compulsivos, garantizando con ello, con la producción ordenada y colectiva, que la riqueza generada entre el conjunto social también tenga una redistribución social, equitativa, bajo la máxima “De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.

La democracia real que hoy padecemos, sumón del poder oligárquico, acumuló un agravante en las últimas décadas, producto del despliegue neoliberal: la riqueza terminó (re)concentrada de manera evidente en cada vez menos manos, las que a la vez determinan el poder político. Ambas realidades –la económica y la política– implican una tercera realidad/negación de la democracia: la militarización de sociedades como conducto privilegiado para contener opositores y disidentes; conducto por medio del cual, como consecuencia evidente, hasta la mismísima participación terminó desnudada en su real ineficacia, pues quedó reducida a su mínima expresión –el voto.

Entonces, alrededor de la temática de la democracia, de todos y cada uno de los derechos conquistados por la humanidad –arrebatados al poder, no concedidos sin lucha ni sangre–, reflexionando sobre las formas de actuar del poder para perpetuarse, procederemos a la discusión colectiva, explicándonos cómo se articula y funciona el poder entre nosotros, e imaginándonos cómo actuar para confrontarlo.

A partir de esas reuniones-diálogo como concreción de la Vuelta a Colombia, de ese conversar alrededor de sorbos de líquidos fríos o calientes, de risas y caras duras, proponemos que se vayan constituyendo comités de impulso de la campaña en favor de otra democracia que sí es posible y necesaria, y que, de acuerdo a la acogida y la multiplicación que logre la propuesta, entre el conjunto interesado, se cite a la realización de asambleas periódicas (como mínimo semestrales), citaciones de las cuales deberán emerger los planes de acción colectivos, las consignas, las acciones puntuales y/o las campañas de acción pública o de formación de amplios sectores sociales. Las vocerías, cada vez más colectivas, descentralizadas si fuera necesario, rotativas, también.

Proceder de otra manera muy seguramente será para instrumentalizar e imponer criterios e intereses de grupo, actuando, por tanto, de espaldas al país nacional. De lo que se trata acá, tanto como metodología, como propósito, es de invertir lógicas y prioridades: a quienes les corresponde diseñar y liderar la confrontación contra aquellos que han negado la felicidad de las gentes deben ser, precisamente, esas mismas gentes, con el afán y los ritmos que ellas mismas impongan, sin los afanes ni las agendas que despliega el calendario institucional. Hay que tomar el tiempo de la realidad, que es muy distinto al de los activistas, mucho más cuando son profesionales de los partidos de izquierda.

La izquierda tiene el deber histórico y moral de alcanzar la unidad, pero ésta, más allá del deseo y la buena voluntad, es imposible por fuera de las dinámicas y los procederes sociales: así lo ha demostrado la historia. Las lógicas de izquierda que hacen creer a cada grupo que el suyo es el fundamental, solamente pueden romperse por acción de las gentes, que en sus procederes desnuda las formas del poder y de la negación incubadas también en quienes se dicen alternativos. Unidad que, para ser posible, también requiere un tiempo de rupturas donde no prevalezca la ideología sino el proceder y la prioridad social –el encuentro con el país nacional–, una política de irrupciones demandada por la realidad, donde la confrontación con el poder dominante, con su violencia “legalmente desplegada”, obligue al accionar común de todos, como forma de protección pero igualmente de concentración de fuerzas, de todo lo chico y “despreciable” para neutralizar y superar a los aparatos del poder ungidos por la formalidad democrática.

De manera tradicional y rutinaria la izquierda cree que puede construir la unidad por fuera de la agenda social, pero las matrices ideológicas, así como las lecturas dispares de la coyuntura atentan contra su buena voluntad. Impuesta la realidad, terminan distantes por la manera de proceder en la coyuntura electoral. Una vez más, todas las veces, la agenda institucional impone sus determinantes. De lo anterior cabe sacar una enseñanza: hay que construir una agenda propia, con una metodología y unos tiempos que estén más allá del reloj institucional.

Si así se despliega una y otra vez la realidad, ¿por qué seguir haciéndole el juego?

Es un tema de procederes y de primacías-, en los cuales no hay lugares yuxtapuestos, pero sí prioridades. Las de los tiempos que hoy corren invitan a tres cosas: 1. Darle partida a la Vuelta a Colombia; 2. Definir como premio mayor Otra democracia sí; 3. Decidir como premio de montaña la unidad de la izquierda.

La diferencia en esta Vuelta es que aquí no caben los espectadores; aquí hombres y mujeres, de cualquier edad, pedaleamos para hacer realidad el encuentro de iguales y la construcción de sueños. Pero también el batirse por su concreción. Aunque esto es cuestión de tiempo, pues sin escucharnos y sin definir entre el conjunto no es posible pasar a la confrontación en contra del poder realmente existente.

¿Cómo imagina, todo aquel que haya leído este texto, que pudiéramos darle partida y concretar esta Vuelta a Colombia? ¿Cuáles debieran ser sus etapas? ¿Cruzando cuáles territorios? ¿Bajo cuáles consignas y referentes? ¿Cuál el ritmo por imprimir en cada una de ellas?

Todos tenemos algo por decir y proponer. No deje de escribir a desdeabajo sobre ello.

Publicado enEdición Nº241
XIX Congreso del PCCh: el tercer tiempo chino

El próximo 18 de octubre el Partido Comunista Chino se reune para decidir la configuración de sus máximos órganos de dirección: el Comité Central, el Buró Político y el Comité Permanente.

Una cierta y en gran medida inevitable expectación rodea el XIX Congreso del Partido Comunista de China que iniciará sus debates el próximo 18 de Octubre en Beijing. Como es habitual, muchas miradas se dirigen hacia la configuración de sus máximos órganos de dirección, es decir, el Comité Central, el Buró Político y, sobre todo, su Comité Permanente, un proceso que transcurre en medio de la no menos habitual opacidad.


A estas alturas, la única certeza es la continuidad del secretario general Xi Jinping y del primer ministro Li Keqiang, aunque en este caso, algunas especulaciones sugieren que podría pasar a desempeñar otro cargo (presidente de la Asamblea Popular Nacional). Es improbable. Como también lo es la continuidad de Wang Qishang, el jefe de la lucha anticorrupción, a jubilarse, como los otro cinco miembros del actual Comité Permanente, por razones de edad. Por otra parte, la defenestración de Sun Zhengcai, ex jefe del Partido en Chongqing y uno de los llamados a dirigir el PCCh a partir de 2022, deja abierta más de una incógnita con respecto a la composición del nuevo Comité Permanente e incluso sobre la posibilidad de que Xi opte a un inusual tercer mandato.


Entre los que se dan como prácticamente seguros en el nuevo Comité Permanente suele citarse a Hu Chunhua, jefe del Partido en Guangdong, y al viceprimer ministro Wang Yang, quien podría presidir la Asamblea Popular Nacional. Los dos son afines a Hu Jintao, secretario general entre 2002 y 2012. Entre los próximos a Xi, podría entrar Li Zhanshu, que asumiría la lucha contra la corrupción, y la gran revelación, Chen Min´er, actual jefe del Partido en Chongqing. El jefe del Partido en Shanghai, Han Zheng, podría presidir la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.


La hora del xiísmo


Pero más allá de los nombres y las especulaciones, la importancia del XIX Congreso se deriva del afán por solemnizar un tercer tiempo en la trayectoria de la República Popular China, que en 2049 celebrará su primer centenario. Así, se trataría ahora de seguir profundizando en la reforma iniciada por Deng Xiaoping pero auspiciando un nuevo modelo de desarrollo que pase página de la “fábrica del mundo” para instaurar una economía moderna y sostenible, basada en la innovación y el conocimiento. Esa voluntad, plasmada ya en los últimos años de Hu Jintao, ha estado en la agenda del PCCh en el último lustro, promoviendo la reducción de los excesos de capacidad, la reforma del sector público, el salto tecnológico, el aumento de los salarios, la ampliación de los servicios, el fomento del consumo o un nuevo enfoque de los problemas ambientales.
Dicha reforma económica tendría su complemento en lo político en dos frentes principales. Primero, un ajuste interno en el PCCh resucitando la “línea de masas”, la disciplina, la lealtad y otros atributos del modus operandi habitual en la era maoísta con vistas a tensar el compromiso de los casi 90 millones de militantes del Partido que deben afrontar una etapa crucial en la que está en juego la culminación de la modernización balbuceada a finales del siglo XIX y gestionada por el PCCh desde mediados del siglo XX. Segundo, la actualización del sistema institucional introduciendo conceptos, políticas y procedimientos que aporten nuevos esquemas que mejoren el funcionamiento general del aparato estatal con la máxima prioridad de garantizar la condición hegemónica del PCCh.


El xiísmo, que será incorporado de forma extraordinaria a los Estatutos del PCCh en este congreso, concretará la voluntad del PCCh de propiciar una mejor gobernanza de cuño propio y por lo tanto sin concesiones al liberalismo occidental, con una economía que una vez ajustada podría dar un salto definitivo a la cima mundial, con una sociedad con más acceso a ciertos derechos de orden social y con un papel internacional diseñado para ocupar una posición central en el sistema global.
La China y el PCCh de Xi Jinping acarician el sueño de haber encontrado la fórmula para establecer una síntesis dinámica y en equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, entre la planificación y el mercado, entre el autoritarismo y la democracia, que debe servir para asegurar que el XXI será su siglo.


Cierto que las quiebras de dicha prescripción no son menores y que arrojan poderosas sombras sobre la estabilidad pero la envergadura histórica del radiante momento, con la modernización al alcance de la mano en contraste con aquella China postrada y humillada por Occidente de hace dos siglos, obnubila cualquier matiz que pudiera hacerse al optimismo oficial y, en buena medida, también cívico.

Publicado enInternacional
Laudato si'. (El papa Francisco y el cuidado de la Común)

... “No puedo haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. Son temas tan importantes que los Pueblos y sus organizaciones de base no pueden dejar de debatir. No pueden quedar sólo en manos de los dirigentes políticos.Todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones: la paz y la naturaleza”.

 

Papa Francisco

 

Incluye: "Discursos a los movimientos sociales"

 

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Publicado enCoediciones
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 17:16

Ecos de un despertar

Ecos de un despertar

Las últimas semanas del mes de mayo y las primeras de junio, con diversidad de movimientos y conglomerados sociales movilizados en defensa de sus reivindicaciones, desnudaron el verdadero espíritu del Gobierno que encabeza el señor Santos –por si alguien tenía dudas sobre el particular–, aireando al país con una ventisca de necesaria democratización e indicando desde ahora que esta será la pauta que marque al país en los años por venir.

 

De los conglomerados sociales movilizados, Buenaventura (ver página 11) y Quibdó dan la pauta. Dos territorios que otrora fueron uno solo –parte de lo conocido como Gran Cauca–, poblados por descendientes de esclavos, mirados por el poder como tierra de Misiones y así entregados a la Iglesia para su adoctrinamiento, de lo cual no dudaron los ‘enviados divinos’.

 

Aquel territorio, desde el centro del poder nunca fue valorado en su real dimensión –¡indios y negros!, rodeados de animales y selvas. Los gringos sí sabían parte de lo allí existente, y en particular en el Chocó construyeron sus enclaves mineros. Esa población, pese al desinterés oligárquico, logró sobrevivir con parte de sus saberes y tradiciones conservados. Apenas hace pocas décadas la crisis mundial del capitalismo descubre su verdadero potencial en biodiversidad, con territorios cruzados por variedad de fuentes de agua, con minerales diversos en sus entrañas. El surgimiento de China como potencia también redescubre la importancia geopolítica de esta parte del país (de ahí el puerto de aguas profundas localizado en Buenaventura), recordando que al fin y al cabo una fortaleza del país es la salida que tiene por dos mares. Cuando permitieron el desmembramiento de Panamá, a pesar de lo visionado por Bolívar en su Carta de Jamaica, los ‘ilustres’ radicados en la Sabana de Bogotá ni entendían el país que tenemos ni imaginaban que hacíamos parte del mundo. Ignorancia prolongada en el tiempo.

 

Olvidados por siempre, de manera ininterrumpida sus pobladores sufrieron la desidia oficial. Sus territorios padecieron (padecen) la extracción de materias primas y ganancias para llenar los bolsillos de unas pocas familias. La extracción devastó todo aquello que tocó: Andagoya y otros municipios chocoanos así pueden testimoniarlo, pero también las cuencas de innumerables ríos, entre ellos el San Juan y el Atrato.

 

Aunque todo tiene un límite, y así lo reafirma el dicho que enfatiza que “no hay mal que cien años dure/ ni cuerpo que lo resista”, y para la muestra dos botones, los cuales, pese a sus reclamos y acuerdos con el alto gobierno, fueron objeto de burla del mismo, incumpliendo la palabra empeñada. El irrespeto despertó desconfianza y decisión de lucha, hasta la declaratoria de paros cívicos indefinidos. La capacidad para sostener la decisión ciudadana, colectiva, terminó por torcer, así fuera en parte, el discurso oficial de que “no hay plata”, de que “la regla fiscal” no nos permite comprometer más recursos. Pues, quebrantando la Regla, los acuerdos exigidos se firmaron, enseñando a todo el país que un tipo de protesta como el paro cívico debe ser preparado con mucha antelación, estructurando una entramada red que lo soporte, con exigencias claramente establecidas, así como los liderazgos por exponer, siempre debidos en sus negociaciones a la decisión última de las asambleas ciudadanas.

 

Como en 1977, cuando el país fue estremecido por el primero y único de los paros cívicos que conoce, en realidad nacionales y paralizantes, estos de ahora externalizan un factor organizativo de nuevo tipo, donde diversos movimientos sociales, entretejidos con sus poblaciones, logran aislar al establecimiento, permitiendo divisar quién(es) es/son los contrarios por enfrentar y cómo hacerlo.

 

Resalta en ambos casos que sus pobladores perdieron credibilidad en el gobierno de turno (queda por identificar si también en el establecimiento), así como el miedo sembrado allí por el paramilitarismo. Tanta manipulación oficial, con tantos incumplimientos, no da para menos. Un interrogante por esclarecer es si esta ruptura fue posibilitada por la participación del paramilitarismo en las protestas, que, de ser así, ubica a los actores políticos y sociales alternativos ante la realidad de un proyecto de poder fascista con base social. La participación de la Iglesia, con su profundo enraizamiento, también realza un factor de poder, superador de su simple visión y misión ideologizante tan reiterativa y destructiva hasta los años 80, para transformarse en factor de esperanza para miles de familias arrinconadas por el desgreño estatal, así como por el factor paramilitar y el conjunto de la guerra desatada en sus territorios.

 

El papel de las iglesias, como espacio para compartir el dolor y la memoria, tan evidentes en Quibdó y otras poblaciones situadas a lo largo del río Atrato, al igual que en Buenaventura y todo el territorio que cubre la diócesis allí existente, así como su acompañamiento a los miles de desplazados y expropiados de todo lo suyo, son las bases evidentes para la movilización que hoy toma forma.

 

Con el tablero a la calle

 

La pérdida de credibilidad también resalta en la protesta de los docentes responsables de la educación pública en todo el país. Con renovada energía y decisión de lucha por sus derechos, las bases del magisterio llevan a la dirección de Fecode a no ceder en lo demandado, abriendo un espacio social a través del cual, como no se veía desde hace varias décadas, docentes y comunidad educativa podrían reencontrarse, dejando el espacio abierto para que un nuevo movimiento urbano tome aliento en el país en los años por venir.

 

La desinformación que emana de la Casa de Nariño de la disputa en curso, y el eco que los medios oficiosos le garantizan al discurso gubernamental, difícilmente creíble, también abren un espacio en la sociedad para que Santos pierda la escasa credibilidad que le quedaba. Con el sol a cuestas, esta realidad bien pudiera darle paso a cualquier protesta social, de grande o pequeño calado, cuestionando a su paso a la totalidad del establecimiento en procura de democracia económica pero no sólo formal –política o electoral. Una democracia de nuevo tipo en cuya consecución la sociedad colombiana pueda dar un salto de calidad en sus luchas, rompiendo la unidad del establecimiento. Falta imaginación y vocación de lucha para que así sea. ¿O tal vez es el factor electoral el que maniata a unos y otros?

 

La agenda de paz, en el cumplimiento de lo acordado entre Gobierno y Farc, sin duda es un elemento que ayuda a que esto no ocurra. Es sorprendente cómo se dividen las agendas de lucha, perdiendo la mirada de país al quedar ensimismados en el factor particular. Sin superar errores de siempre, organizaciones alternativas de diverso cuño siguen priorizando su agenda particular como el propósito fundamental por encarar, dejando a un lado al país nacional, que una y otra vez les recuerda que deben renovar sus formas de analizar y proceder.

 

En medio de estas luchas, que también congregan a los trabajadores estatales (ver página 14) en procura de estabilidad y mejora salarial, así como otro cúmulo de reivindicaciones sectoriales, llama la atención el surgimiento y el posicionamiento de la consulta popular como una nueva forma de lucha irrigada por decenas de poblaciones pequeñas y medianas, en defensa de sus territorios y de la vocación agrícola de sus suelos. Las consultas populares, para que sus habitantes decidan si allí se llevan a cabo o no, explotación minera, va dejando en claro que la conciencia ambiental gana cada día más espacio, y que la gente prefiere lo poco pero perdurable, a lo mucho pero efímero.

 

De las formas de lucha se ha escrito mucho, y aquí una vez más queda reafirmado que nadie en particular las inventa sino que aquéllas toman forma a la luz de los sucesos particulares, para luego, desde un sitio puntual, extenderse como referente por todos los lugares donde se vivan iguales circunstancias.

 

De lo escrito aquí deberán pasar meses para que se sepa con toda propiedad el rumbo que toman los acontecimientos y si, como todo parece indicarlo, los movimientos sociales del país empiezan a transitar la senda de la recuperación de su iniciativa. Mientras ello sucede, no se puede perder tiempo: la democracia directa y refrendataria aparece como una necesidad imperiosa. Como canal para facilitarlo, se requiere darle cuerpo a un sistema nacional de comunicación alternativa, desde el cual la naturaleza del poder quede al desnudo, a la par que se entreteja una gran diversidad de agendas sociales, dejando su particularidad para saltar en calidad hacia un común referente nacional.

Publicado enEdición Nº236
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236

 

“Es tiempo de crear, construir
y transitar nuevos caminos”.
Isabel Rauber

 

¿Alguien tendrá memoria de la primera convocatoria realizada en Colombia con el supuesto propósito de lograr la unidad entre las organizaciones sociales y políticas? ¿Sucedió hace 40 años? ¿O tal vez fue hace 3 décadas? ¿Quizás la convocatoria tuvo lugar hace 25 años? Como sea, desde varias décadas, una y otra vez los movimientos sociales y organizaciones políticas, a pesar de actuar enconchadas en su imaginario y diseño político, dicen buscar la unidad. Para lograrla han convocado infinidad de congresos, seminarios y talleres.

 

El pasado mes de marzo, durante los días 17 y 18, sesionó en Bogotá otro evento con igual postulado. Citación similar a la realizada hace varias décadas, o tal vez una, o tal vez cinco años atrás, o quizás el año inmediatamente anterior. Unidad, su necesidad es inobjetable, la pregunta vuelve y juega, ¿es posible?

 

La del 17 y 18 decía: “Asistimos a un momento que requiere un salto cualitativo [...]. La unidad política de todos los sectores partidarios y sociales [...]”.

 

¿Alguien está en contra de tal propósito? No. Desde hace cinco décadas, o desde hace unos pocos años, o desde el año inmediatamente anterior, todos los actores sociales dicen desearla, estar dispuestos a ella. Si es así, entonces, ¿por qué no se concreta?

 

Si leemos unos renglones más abajo de la cita ya relacionada encontramos una afirmación que dice mucho del objetivo pretendido con la unidad en los actuales momentos: “Si no se consolida el proyecto político de la unidad democrática, desde la construcción de poder popular, los acuerdos de paz no pasarán de ser buenos propósitos o efímeras reivindicaciones que pronto serán absorbidos por el modelo de dependencia y dominación”.

 

Hay que releer bien este párrafo para comprender, como también ocurrió en otros momentos de nuestra reciente historia nacional, por qué la unidad del campo popular termina siendo una quimera: “Si no se consolida el proyecto político de la unidad democrática [...] los acuerdos de paz no pasarán de ser buenos propósitos [...]”. La argumentación es categórica.

 

Ante tal afirmación cabe hacerse este par de preguntas –más allá de la importancia que le indilguemos al Acuerdo de paz en la coyuntura que corre: ¿Los acuerdos de paz compendian todos los contenidos por los cuales debe luchar la izquierda y el pueblo colombiano en este momento de su historia? ¿Si los acuerdos no recogen algunas o muchas de las necesidades inmediatas, mediatas y de más largo aliento con las cuales sueñan las mayorías nacionales, cómo será el contenido sustantivo de la unidad y el camino para lograrla?

 

En cuanto a que la unidad de la izquierda, incluso la que a toda vista es más difusa y difícil: la unidad democrática, sea la garantía para la realización de los objetivos de la paz, habría que decir que dado por sentado que el Acuerdo sí recoge lo fundamental de las reivindicaciones sociales, todavía será muy largo el trecho por caminar para su concreción, lo que demandará una manera muy distinta de accionar político para que amplios sectores sociales se sientan interpelados, convocados y, sobre todo, partícipes de un proyecto que sintetice sus necesidades. Por ello, más allá de la unidad, lo requerido es capacidad para sustentar y desplegar fuerzas en una disputa que de paso a una nueva relación poder tradicional – sectores alternativos, a través de la cual le quede claro al país nacional por qué, a pesar del Acuerdo firmado, las circunstancias de vida de las mayorías nacionales no varía, por qué la concentración de la riqueza y la desigualdad social prolongan su realidad de injusticia, por qué la violencia conserva sus dominios en muchos territorios del país, por qué la democracia continúa siendo una palabra vacía de sustancia, etcétera.

 

Insistimos: ¿Es posible sellar la unidad –la más ampliamente posible–, estableciendo en su centro un propósito que puede estar más acá y por lo tanto insuficiente ante las necesidades y afanes de quienes la izquierda dice representar, y más allá del conjunto de prioridades del tejido plural de los movimientos sociales y de la izquierda como un todo?

 

La respuesta ¡no! es categórica. Respuesta que nos invita a recorrer nuevas vías, a implementar otras formas de proceder, a girar, a romper con tradiciones políticas sepultadas por nuestros propios errores y por la historia misma.

 

Es claro. No es posible lograr la unidad del más amplio espectro social y político si ella está predefinida como vía para lograr el propósito central de uno o de varios proyectos de izquierda, sobre todo de quienes parecen que repiten el llamado a la unidad como si el problema fuera ella misma, como si la ‘cosa’ tuviera vida propia por fuera de un cuerpo –en este caso político y social– y de un tiempo, sin parar a preguntarse por qué ha sido imposible, tantas veces, sellarla como factor consustancial para un salto cualitativo y cuantitativo de quienes la pretenden.

 

Ahora sucede que el llamado a la unidad vuelve y queda en el aire –a pesar de supuestamente ser fundamental para la concreción de los acuerdos de paz–, pero si repasamos la historia reciente del país, seguramente encontraremos que la ‘unidad’ tenía como propósito, en unas ocasiones, ganar las elecciones, en otras lograr la liberación de los presos políticos, garantizar mayor presencia en uno u otro territorio de la geografía nacional también podía ser uno de los motivantes. Tales propósitos seguro que correspondían a necesidades sentidas en aquellos momentos por parte de uno u otro proyecto político, por lo cual tenían validez, pero con toda seguridad no cobijaban los intereses del conjunto político alternativo. Y con seguridad tampoco recogían los intereses y necesidades de las mayorías empobrecidas y marginadas, a las cuales se las ‘representa’ pero no se les consulta.

 

Una vez más. El propósito de la unidad es innegable en su imperiosa necesidad, pero la forma de procurarla no resulta procedente. Con seguridad, en los eventos realizados para discutir su necesidad todos, o la mayoría de los convocados, llegaron y expusieron sus argumentos –sus análisis de coyuntura–, en los cuales confirmaron de manera afirmativa la necesidad de la unidad, pero también, con seguridad, en los hechos siguieron concentrando sus fuerzas alrededor de la concreción de su ideario ideológico, político y lo que éste les indicara que era más imperioso, reforzando su proceder con lo indicado por su programa, mínimo y máximo.

 

Así, como en un diálogo de sordos, este tipo de eventos recorre, una y otra vez, un camino que a ninguna parte verdaderamente importante conduce, un reencuentro para saludos y despliegue de buenos propósitos que, cuando más, lleva a coordinaciones puntuales, bien para realizar un evento, una jornada de protesta, o realizaciones similares.

 

Sin embargo, volvamos a lo que nos dice Isabel Rauber, intelectual argentina que abrió el evento realizado en marzo anterior: “Es tiempo de crear, construir y transitar nuevos caminos”.

 

Y en esa orientación, las conclusiones del evento en cuestión realzan que “[...] el Método y la Ética es central para el ejercicio de una política renovada”. Método, categoría siempre relegada pues lo fundamental es el propósito y la seguridad en el objetivo central del proceder de cada proyecto político y social. Y ética, la cual, por descontado, se supone pulcra y unánime, pues el propósito de “liberación de la humanidad” así lo dispone.

 

Por fortuna los tiempos cambian. Ahora no es suficiente con acertar en el propósito central, ahora es indispensable establecer cómo proceder para su concreción. El Método, precisamente ese que es necesario explorar con nueva vista pues en los tiempos remozados que vivimos ya no es posible proseguir tras la ‘unidad’ –política– sin partir de las mismas luchas e imaginarios populares, de sus demandas inmediatas y mediatas.

 

Método, cambio de proceder para alcanzar un certero vínculo social, que nos obliga a alistarnos para realizar entre las diversas organizaciones y proyectos proclives a la ‘unidad’, una verdadera vuelta a Colombia a través de la cual identifiquemos en diálogo con las mayorías sociales– de las más diversas identidades y territorios–, intereses, necesidades y sueños, fruto de lo cual estructuremos una plataforma de lucha común con la cual construyamos una “unidad social”, algo más concreto que la “unidad política e ideológica”.

 

Tal vez si así procedemos, logremos romper el esquema y el dogma, los mismos que llevan a que cada cual parta para el análisis del país y de los tiempos que corren, únicamente de sus esquemas ideológicos. Actuar similar al adoptado, desde siempre, por iglesias e imperios, para los cuales los otros siempre fueron bárbaros y por ello era necesario someterlos. La pluralidad no tenía cabida en su lógica. Occidente enseña mucho sobre este particular.

 

Y la ética, esa misma que las mayorías encuentran totalmente marchita en el proceder cotidiano de los políticos, hay que fundirla como sello indeleble en el actuar de los sectores alternativos.

 

Es por ello que, en esa perspectiva de creación, de transitar nuevos caminos, de coherencia ética, mientras alcancemos esa edad de madurez que demanda la misma ‘unidad’, es indispensable superar la lectura y el interés de grupo y abrazar el interés mayoritario de los excluidos y empobrecidos. Mientras esto llega a ser una realidad, lo que corresponde de manera sensata en todas las organizaciones dispuestas a ello es la coordinación, la unidad de acción.

 

Diagnóstico reforzado por las mismas conclusiones emanadas por el evento unitario acá comentado, el cual enfatiza que el llamado a la unidad realizado por el mismo es: “[...] un hecho inédito e histórico [...]”!! ¿Hace cincuenta años, hace cuarenta, o hace un año, no se decía lo mismo?

 

Un lugar común. Como no lo fue otra de sus conclusiones: “[...] evaluar, crítica y propositivamente, las experiencias históricas pasadas y presentes...”.

 

Reto obligatorio de encarar sí de verdad existe disposición, como nos invita Isabel Rauber, para transitar nuevos caminos, pues como está comprobado, una y otra vez: “él que no conoce la historia está condenado a repetirla...”. Conocimiento que demanda de otro ingrediente de igual importancia: la disposición a reconocer los errores, a superarlos, dejando a un lado las agendas de grupo, las cuales presuponen que siempre sea más importante lo definido por mi colectivo que lo priorizado por los otros.

 

Propósitos, uno y otro, que no son factibles de materializar por fuera de la acción social concreta, pues solamente la necesidad obliga a romper con las pesadas herencias que todos y cada uno de los proyectos sociales y políticos cargamos.

 

Así lo enfatiza también Isabel Rauber: “Apostar a la construcción del protagonismo colectivo de los pueblos para construir la fuerza político-social de liberación es el factor neurálgico que marcará el rumbo y las dinámicas políticas del presente y el futuro inmediato en los procesos populares en curso en cada país y en la región. Es vehículo, también, para la construcción de la unidad de los pueblos”.

Publicado enEdición Nº234
Sábado, 22 Abril 2017 07:33

Perder lo recuperado

Perder lo recuperado

Desde fines de 2015 en Argentina las políticas neoliberales amenazan en varios frentes a las empresas recuperadas. Aumentos de tarifas, vetos a leyes que las protegen, y la apertura de causas judiciales apuntan a terminar con una experiencia social vigorosa que nació tras la crisis de 2001 y fue un ejemplo para otros países.

 

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió temporalmente el desalojo del hotel Bauen, emblema de las empresas recuperadas en Argentina, a pocas horas de cumplirse el plazo que había fijado una jueza de primera instancia para su ejecución. “Es apenas un granito de arena a favor de los trabajadores”, dijo a Brecha el abogado de los cooperativistas, Ataliva Dinani, cuando se conoció la decisión del tribunal, el martes 18 a la tarde. La Cámara deberá expedirse en 30 días sobre la cuestión central: dejar sin efecto, o no, el fallo de la jueza Paula Hualde que intimaba a los cooperativistas a abandonar el inmueble en la medianoche del miércoles 19, a riesgo de ser desalojados por la policía.


Con el fallo de la jueza Hualde las 130 fuentes de trabajo del hotel Bauen, ahora Cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional (Bauen), penden de un fino hilo legal y político. La jueza decidió que el inmueble de la empresa recuperada debe volver a sus controvertidos propietarios originales. Su sentencia fue motivada por el decreto que el presidente argentino, Mauricio Macri, firmó el 27 de diciembre pasado vetando la ley con la que se expropiaba el edificio del hotel, ubicado en Callao y Corrientes, pleno centro de Buenos Aires, para entregarlo a sus trabajadores, ley que había sido aprobada por ambas cámaras legislativas nacionales.


La resolución de este caso sentará un precedente para el resto de las 367 empresas recuperadas por los trabajadores (Ert) durante los últimos 16 años en todo el país, desde la crisis de 2001. “Creemos que si pueden con el Bauen se van a animar con cualquier otra empresa recuperada. Somos quizá el ejemplo mayor por nuestra historia, por la cantidad de personas que formamos la cooperativa y por el apoyo que cosechamos en estos 15 años”, dijo a Brecha Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.


El intento de desalojo del Bauen sería otro globo sonda más del gobierno macrista, que desde su asunción en diciembre de 2015 pretende desarmar el entramado de políticas solidarias y la regeneración del tejido social surgidos tras la debacle de 2001. Los recursos destinados al Instituto Nacional de Economía Solidaria (Inaes), y en general a las áreas cooperativas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, fueron recortados por vía del ahorro directo o bien por el recorte de funciones a esas áreas, acusadas desde el oficialismo de ser manejadas por funcionarios de carrera cercanos al kirchnerismo. Otra medida denunciada es la paralización de actividades y cuentas en sectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, de forma que no hay despidos ni recortes presupuestarios, pero tampoco se ejecutan los dineros destinados a las Ert. En contrapartida, sí se aumentaron las asignaciones presupuestarias a fondos y programas para emprendedores individuales (empresas unipersonales), y en el discurso oficial éstos desplazaron a los cooperativistas. Este discurso en contra de las empresas recuperadas cuenta además con el apoyo empresario en general y de la usina mediática encabezada por el diario La Nación, que el 14 de marzo pasado publicó un editorial reivindicando no sólo la decisión de la jueza Hualde, sino también el decreto de Macri que vetó la ley nacional que protegía al Bauen. La retórica del diario apunta a la necesidad de defender la propiedad privada, amenazada por los cooperativistas y un “parlamento populista, heredero del kirchnerismo”. Nada dice sobre la historia fraudulenta del Bauen desde su nacimiento en plena dictadura militar.

 

NACIMIENTO


El 28 de diciembre de 2001 el hotel Bauen cerró sus puertas y dejó en la calle a los trabajadores, quienes el 21 de marzo de 2003 se hicieron cargo de las instalaciones de la empresa bajo la consigna “Ocupar, resistir y producir”. Desde entonces el hotel se mantuvo abierto, sus empleados siguieron trabajando y reinvirtieron buena parte de las ganancias en el mejoramiento de su fuente de empleo.


Pero el hotel existe desde hace varias décadas. En 1977 el empresario Marcelo Iurcovich obtuvo un crédito blando del hoy extinguido Banco Nacional de Desarrollo (Banade) gracias a sus fluidos contactos con miembros de la Armada nacional cercanos al almirante Emilio Massera, integrante de la gobernante Junta Militar. Uno de esos oficiales de la Armada era Alberto Lacoste, titular del Ente Autárquico Mundial 78, quien recomendó a Iurcovich para la construcción de un hotel de lujo, una forma de crear el escenario que la dictadura necesitaba mostrarle al mundo para el campeonato mundial de fútbol. Así nació el hotel Bauen, y fue construido en tiempo récord: menos de un año. Pero Iurcovich nunca pagó el crédito, que se sumó a la tanda de deudas y agujeros negros dejados por la dictadura. En democracia, el hotel siguió funcionando hasta que estalló la crisis en 2001, luego de una década de políticas neoliberales de la mano del menemismo, golpeando la estructura productiva del país, en especial a las pequeñas y medianas empresas.


El propio “superministro” de Economía en 2001, Domingo Cavallo, reconoció la importancia del sector de las pymes: dan trabajo y mueven el 70 por ciento de la economía nacional, aseguró. Era una verdad de Perogrullo, si se tiene en cuenta el peso de estas empresas en la industrialización de la posguerra, a partir de 1945. Argentina tampoco es el único caso donde las pymes activaron la economía de un país.


El menemismo aplastó la estructura industrial y la de servicios de mediana y pequeña escala y favoreció el capitalismo financiero, con una política similar a la del ciclo de la dictadura militar iniciado en 1976. La privatización de empresas públicas y el aumento imponente de impuestos dejó un tendal de emprendimientos de mediana escala en la ruina, allanando así el camino a los grandes grupos empresariales que se quedaron con esas porciones del mercado. El costo fue un crecimiento del desempleo que saltó del 7,6 por ciento, en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín a casi el 21 por ciento a mediados del período menemista.


UN EJEMPLO MUNDIAL


En ese contexto nació la Central de Trabajadores Argentinos (Cta), que incorporó al léxico social la categoría “trabajadores de­socupados” para graficar una mano de obra activa pero sin posibilidad de producir. Junto con la Cta llegaron los piqueteros, trabajadores desocupados que se hicieron visibles en 1995 en las zonas petroleras de Cutral-Có, de la patagónica provincia de Neuquén, y en los pozos petroleros salteños de General Mosconi y Tartagal. El desempleo llevó a miles de trabajadores a reclamar por fuentes de trabajo, primero mediante piquetes y más tarde organizándose para recuperar las empresas quebradas y ponerlas a trabajar. El movimiento piquetero, y a partir de 2001 el movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores, resultaron ejemplos mundiales, y fueron un laboratorio de prácticas sociales frente a los resultados de la devastación neoliberal de fines del siglo pasado. Los sociólogos John Holloway y Teotonio dos Santos señalaron al movimiento de empresas recuperadas como un ejemplo de economía alternativa a seguir para los países latinoamericanos y europeos devastados por la reciente crisis financiera.


UN ACTOR SOCIAL


En Argentina, desde la llegada del kirchnerismo al poder, el 25 de mayo de 2003, el movimiento de empresas recuperadas se plantó como un actor social y político y logró reconocimiento por generar una nueva forma de producción y contención social. El parlamento nacional sancionó algunas leyes que acompañaron el crecimiento sostenido del movimiento y colaboraron con su estabilidad económica (por ejemplo a través de subsidios y regulaciones de los aumentos de tarifas de los servicios públicos).


La cooperativa del Bauen logró la aprobación de una ley que expropiaba el edificio a sus dueños originales, lo convertía en propiedad estatal y lo entregaba a los trabajadores a cambio de un pago. La ley 27.344 fue aprobada primero por mayoría simple en la Cámara de Diputados en noviembre de 2015, y contó con 60 votos sobre 72 en el Senado –más de dos tercios del cuerpo– un año más tarde, el 30 de noviembre de 2016, antes de ser vetada por Macri.


VUELVE EL PATRÓN


Luego de 16 años de ausencia, Iurcovich vuelve a la carga. Esta vez bajo la figura empresarial de la firma Mercoteles SA, a la que presuntamente habría vendido el Bauen en 2001. La abogada de la empresa es Susana Espósito, una comunera del oficialista Pro (los comuneros son las autoridades locales elegidas para representar a cada una de las 48 comunas ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires). Espósito no sólo es comunera del barrio de Caballito, sino también la esposa del comisario Ricardo Pedace, ex vicejefe de la Policía Metropolitana y desde enero pasado actual jefe de la Agencia Gubernamental de Control (Agc), según el periodista Ricardo Ragendorfer en la revista digital Nuestras Voces. Su nuevo cargo le da a Pedace la responsabilidad de habilitar edificios públicos y privados en lo referido a cuestiones arquitectónicas y de salubridad alimentaria. Es decir que cualquier pedido de clausura del Bauen pasaría por sus manos y por la Agc.

 

JUEZA AMIGA


Esto no sería tan preocupante si no fuera porque Espósito y Pedace mantienen una relación cercana con la jueza Paula Hualde. Algo que resultó evidente en noviembre pasado, cuando Espósito corrió a abrazar a la jueza en el escenario mientras ésta recibía el premio a la excelencia judicial, otorgado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) –del que salió el actual ministro de Justicia, Germán Garavano– y el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (Idea), dos grandes elefantes entre los think tanks liberales y amigos históricos de las dictaduras militares. Espósito presentó a Hualde la última documentación para expropiar el Bauen cooperativo y entregárselo a Mercoteles SA. Y la jueza falló en contra de la cooperativa.


El editorial de La Nación y el embate legal del presidente y la jueza conforman una operación de pinzas de la que a los trabajadores les resulta difícil zafar. La única opción que le queda a la Cooperativa Bauen, según Tonarelli, es volver a presentar el proyecto de ley de expropiación en el Congreso para que sea aprobado esta vez por una mayoría calificada de dos tercios, que inmunizaría la ley frente a un posible veto presidencial. Los trabajadores cuentan con los votos necesarios en el Senado, pero en la Cámara de Diputados necesitan superar la mayoría simple con la que fue aprobado el proyecto en 2015.“Se hace difícil conseguir los votos”, señaló Tonelli. “Con este Congreso es más difícil porque el macrismo aumentó la cantidad de legisladores en diciembre de 2015”, insistió.

 

367 EJEMPLOS


Solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 72 empresas recuperadas, según un informe de mayo 2016 elaborado por el área de extensión de la Universidad de Buenos Aires (Uba) y coordinado por el sociólogo Andrés Ruggeri, autor del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora.


En todo el país son 367 los emprendimientos recuperados por sus trabajadores. El más nuevo se inició el 29 de marzo pasado, cuando los propietarios del café y pizzería Mi Tío, en pleno corazón del barrio bonaerense de San Telmo, abandonaron el negocio y sus ocho empleados decidieron armar la cooperativa con apoyo de los vecinos. Para ellos y para el resto de los emprendimientos cooperativos recuperados en la ciudad de Buenos Aires lo que ocurra con la Cooperativa Bauen será decisivo. Saben que están en un territorio hostil: desde que Mauricio Macri se hizo cargo de la jefatura del gobierno de Buenos Aires vetó sistemáticamente todas las leyes de la legislatura local que ampararan a las empresas recuperadas y que reconocieran el derecho al trabajo por sobre el de propiedad, incluso cuando esas normas fueran votadas por los legisladores macristas. Antes de abandonar ese cargo para embarcarse en la carrera presidencial lo hizo en 2011 y luego en 2013.


El nuevo jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ícono de las familias patricias argentinas, siguió por este mismo camino al vetar la ley 5.500/15, que permitía a los trabajadores de un restaurante quedarse con los muebles del local tras la quiebra y fuga de sus propietarios.


EMBLEMAS


Además del Bauen, en la historia del movimiento de empresas recuperadas se han destacado otros casos emblemáticos.


En diciembre de 2003 los trabajadores, en su mayoría mujeres, de la empresa de confección Brukman volvieron a producir. Dos años antes la fábrica, ubicada en la capital argentina, les había cerrado las puertas. Las trabajadoras decidieron ocupar y resistieron varios desalojos violentos hasta que consiguieron su objetivo. De las 300 operarias quedaron 60 organizadas en una cooperativa, pero contaban con una sentencia judicial firme contra la patronal, por la quiebra.


Cerámicas Zanón, ahora llamada Fasinpat (Fábrica sin Patrones), en la provincia de Neuquén, está organizada como cooperativa desde 2002, tras la quiebra del grupo Zanón en diciembre de 2001. Fue una de las primeras en ser recuperadas y puesta en marcha con apoyo social y político de todo el país, incluso desde Europa. Poco antes había surgido Impa, una fábrica de plásticos ubicada en la capital. Fue uno de los primeros ejemplos recientes de recuperación de fábricas. Aunque formalmente era una cooperativa desde 1961, en la práctica se gestionaba como una empresa capitalista común, hasta que a mediados de 1998 los gerentes abandonaron sus puestos y los trabajadores decidieron continuar con el emprendimiento reorganizándose y tomando el control de la fábrica. Otro caso similar fue el de una cooperativa de trabajo en Campo Herrera, Tucumán, fundada en 1967 tras el cierre de 11 ingenios azucareros durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Los cooperativistas fundaron su unidad económica de trabajo y su propio pueblo para habitar. Pero desde entonces y hasta la crisis del fin del milenio pasado las cosas funcionaron bajo el modelo clásico del capitalismo empresarial.


PANORAMA INCIERTO


Según el informe de la Uba, las Ert vieron modificada su situación a partir de la llegada al poder del macrismo, por el trato diferenciado que el nuevo gobierno les dispensa.


En la provincia de Buenos Aires la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, del Pro, lleva en su haber tres vetos a leyes que favorecían a empresas recuperadas, pese a que fueron votadas incluso por el oficialismo macrista. En todos los casos, según apunta el informe de la Uba, el cuestionamiento a las empresas recuperadas es netamente ideológico y no toma en cuenta que se trata de fuentes de trabajo que tienen una utilidad social, y tampoco se considera el rol organizador que tiene el trabajo, más allá del económico. Macri, Rodríguez Larreta y Vidal se refieren a los trabajadores que quedan expuestos al desempleo como“grupos privados”. Y para Vidal, por ejemplo, la solución es que un nuevo empresario compre las empresas en cuestión.


El martes 11 de abril el Bauen convocó a una cena-beneficio para afrontar las nuevas medidas judiciales tras el veto presidencial. Fue en realidad un encuentro social de resistencia a las políticas macristas donde se pudo ver a Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sectores parlamentarios del Frente para la Victoria, dirigentes sindicales de la Cta y buena parte del universo de las empresas recuperadas. El Bauen fue desde siempre un punto de referencia y encuentro para las Ert. En marzo de 2016 se reunió allí un plenario de Ert para discutir cómo afrontar la embestida oficial en materia tarifaria y legal, que había elevado los costos de producción de las empresas entre un 200 y un 400 por ciento, lo cual comenzó a desatar las alarmas en el grupo. Un eventual desalojo del hotel Bauen representaría un punto de quiebre en la vida de estas nuevas formas de resistencia social y económica frente a las políticas neoliberales.

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Divisiones del trabajo. ¿Pleno empleo?, ¿readaptación laboral?, ¿economía del conocimiento? Nuevos tipos de trabajo requieren nuevas ideas y nuevas formas de organización

 

La clase obrera, o al menos la parte blanca, se ha revelado como nuestro gran misterio nacional. Tradicionalmente demócratas, han ayudado a elegir a un ampuloso y ostentoso milmillonario a la presidencia. "¿Qué les pasa?" insisten los comentaristas liberales. ¿Por qué se creen las promesas de Trump? ¿Son estúpidos o simplemente deplorablemente racistas? ¿Por qué la clase obrera se ha alineado en contra de sus propios intereses?

Yo nací en esta clase escurridiza y permanezco estrechamente conectada a ella a través de amistades y familia. En la década de 1980, por ejemplo, yo anclé, personalmente, un centro cultural de la clase trabajadora en mi propia casa en Long Island. La atracción no era yo, sino mi marido (entonces) y amigo de siempre Gary Stevenson, un antiguo trabajador de almacén que se había convertido en organizador del sindicato Teamsters. Los suburbios de Long Island pueden considerarse como una comunidad dormitorio para los que se desplazan diariamente a Manhattan, o un portal a los Hamptons, pero por entonces eran también un centro industrial, con más de 20.000 trabajadores empleados en Grumman solamente. Cuando mi hermana se mudó a nuestro sótano, desde Colorado, encontró rápidamente un trabajo en una fábrica a una milla de nuestra casa, al igual que miles de otras personas, algunas de las cuales venían en bus desde el Bronx. Hospedamos principalmente a residentes locales que pasaron por nuestra casa para asambleas por la noche o fiestas de fin de semana: camioneros, trabajadores de fábrica, conserjes y eventualmente enfermeras. Mi trabajo consistía en hacer chili con carne y procurar que hubiera sitio en la nevera para los ziti[1] que invariablemente traerían los demás. Una vez traté de explicar el concepto de "socialismo democrático" a algunos obreros de talleres mecánicos y me permití una breve perorata contra la Unión Soviética. Me miraron con tristeza a través del mostrador de la cocina hasta que uno gruñó: "al menos allí tienen asistencia médica".

En la época en que mi pequeña pandilla se reunía en la casa del rancho, las aspiraciones de la clase obrera eran pisoteadas en todas partes. En 1981, el presidente Reagan rompió el sindicato de controladores aéreos despidiendo a más de 11.000 trabajadores en huelga, una señal clara de lo que estaba por venir. Unos años más tarde, organizamos un picnic para Jim Guyette, el líder de un local militante de empaquetado de productos cárnicos de Minnesota que había emprendido una huelga salvaje contra Hormel (evidentemente en nuestro picnic no se sirvieron productos Hormel). Pero el trabajo había entrado en una era de reducciones y concesiones. El mensaje era: o arrastrarte o quedarse sin trabajo. Incluso los "poderosísimos" sindicatos de viejo cariz obrero, aquellos por los que nuestro pequeño grupo había luchado tanto ya sea para construirlos ya para democratizarlos, estaban amenazados de extinción. En cuestión de un año, el local, no oficial, fue aplastado por su propio sindicato, United Food and Commercial Workers.

Las fábricas de acero se callaron, las minas donde mi padre y mi abuelo habían trabajado cerraron, las fábricas se fueron al sur de la frontera. En este proceso se perdió mucho más que los trabajos; todo un modo de vida en el centro del mito americano estaba llegando a su fin. Los empleos disponibles, en campos como las ventas al por menor y la atención sanitaria, estaban mal pagados, haciendo más difícil para un hombre sin educación universitaria mantener a una familia por su cuenta. Pude ver esto en mi propia familia, en que los nietos de los mineros y de los trabajadores ferroviarios estaban aceptando trabajos como conductores de camiones de reparto o encargados de restaurantes de comida rápida o incluso competían con sus esposas para convertirse en trabajadores minoristas o enfermeros. Tal como observó Susan Faludi en su libro de 1999 Stiffed[2], la desindustrialización de América llevó a una profunda crisis de masculinidad: ¿Qué significaba ser un hombre cuando un hombre ya no podía mantener a una familia?

No era sólo un modo de vida lo que se estaba muriendo sino también muchos de los que lo habían vivido. Una investigación realizada en el año 2015 por Angus Deaton, ganador del Premio Nobel de Economía, junto con su esposa, Anne Case, mostró que la brecha de mortalidad entre los blancos con estudios universitarios y los blancos sin estudios universitarios se había ampliado rápidamente desde 1999. Unos meses más tarde, unos economistas de la Brookings Institution encontraron que para los hombres nacidos en 1920, había una diferencia de seis años en la esperanza de vida entre el 10 por ciento mejor pagado y el 10 por ciento más bajo. Para los hombres nacidos en 1950, esa diferencia había pasado a más del doble, a 14 años. El tabaquismo, que actualmente es un hábito sobre todo de la clase trabajadora, podría representar sólo un tercio del exceso de muertes. El resto era aparentemente atribuible al alcoholismo, las sobredosis de drogas y el suicidio, generalmente por disparos de arma de fuego, lo que a menudo se denomina "enfermedades de la desesperación".

En el nuevo panorama económico de empleos mal pagados en el sector servicios, algunas de las viejas panaceas de la izquierda han dejado de tener sentido. El “pleno empleo”, por ejemplo, fue el mantra de los sindicatos durante décadas, pero ¿qué significa cuando la paga de tantos puestos de trabajo ya no es suficiente para vivir? La idea era que si todos los que querían un empleo podían conseguirlo, los patronos tendrían que aumentar los salarios para atraer nuevos trabajadores. Sin embargo, cuando a finales de los años noventa fui, como periodista encubierta, a comprobar la viabilidad de los puestos de trabajo de nivel de entrada, me encontré con que mis compañeros de trabajo (camareros, cuidadores de ancianos, criadas con un servicio de limpieza, "asociados" de Walmart) vivían en su mayor parte en la pobreza. Como expliqué en el libro resultante, Nickel and Dimed, algunos no tenían un hogar y dormían en sus coches, mientras que otros se saltaban el almuerzo porque no podían permitirse más que una pequeña bolsa de Doritos. Eran trabajadores a tiempo completo y era una época, como la actual, de casi pleno empleo.

Otra solución en boga a la crisis de la clase trabajadora era la readaptación laboral. Si la nuestra es una "economía del conocimiento" -que suena mucho mejor que una "economía de bajos salarios"- los trabajadores desempleados sólo tenían que espabilarse y reciclarse a otras habilidades más útiles. El presidente Obama promovió el reciclaje laboral, al igual que Hillary Clinton como candidata presidencial, junto con muchos republicanos. El problema era que nadie estaba seguro del tipo de formación que se necesitaba; la informática estaba en boga en los años 90, la soldadura también lo estuvo y ha pasado de moda, y las carreras en el sector todavía creciente de la salud se ven como las mejores apuestas actualmente. Tampoco hay una medida clara de la eficacia de los programas de readiestramiento existentes. En 2011, la Government Accountability Office (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EE.UU.) encontró que el gobierno federal apoyaba 47 proyectos de capacitación laboral en 2009, de los cuales sólo cinco habían sido evaluados en los últimos cinco años. Paul Ryan ha elogiado en repetidas ocasiones un programa en su ciudad natal, Janesville (Wisconsin), pero un estudio de 2012 de ProPublica encontró que las personas despedidas que pasaron por él tenían menos probabilidades de encontrar trabajo que los que no lo hicieron.

No importa lo bueno que sea el programa de reciclaje, la idea de que la gente debe ser infinitamente maleable y pronta a recrearse para acomodarse a cada cambio en el mercado de trabajo seguramente no es realista y desde luego no es respetuosa con las habilidades existentes. A principios de los 90 cené en una Pizza Hut con un minero despedido en Butte, Mont (en realidad, los despedidos son los únicos mineros existentes en Butte). Este cincuentón se rió cuando me dijo que le estaban aconsejando obtener un título de enfermería. No pude evitar reírme también, no por la incongruencia de género, sino por la idea de que un hombre cuyas herramientas habían sido una piqueta y la dinamita debiera ahora cambiar tan radicalmente su relación con el mundo. No es de extrañar que cuando a los trabajadores de cuello azul se les diera la opción entre el reciclaje de empleo, tal como proponía Clinton, y la recuperación no se sabe como, milagrosamente, de sus antiguos empleos, como proponía Trump, se decantaran por este último.

Actualmente, cuando los políticos invocan a la “clase obrera”, es probable que se refieran, anacrónicamente, a una fábrica abandonada. Sería más realístico servirse de un hospital o un restaurante de comida rápida como referencia. La nueva clase obrera consiste en muchas de las ocupaciones tradicionales de cuello azul (conductor de camión, electricista, fontanero) pero en general, es más probable que sus miembros usen más bien fregonas que martillos y bacinillas en vez de paletas. También desde el punto de vista demográfico, la clase obrera ha evolucionado desde los años 80 en que los grupos que se reunían en mi casa eran, de forma aplastante, masculinos y blancos. Negros e hispanos han sido desde hace tiempo una parte importante, aunque no reconocida, de la clase obrera, y ahora es más femenina y contiene muchos más inmigrantes también. Si el estereotipo de la vieja clase obrera era un hombre con casco, el nuevo está mejor representado por una mujer cantando, “¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Los antiguos empleos no volverán, pero hay otra forma de abordar la crisis provocada por la desindustrialización: pagar mejor a todos los trabajadores. La gran innovación laboral del siglo XXI han sido las campañas dirigidas a elevar los salarios mínimos locales o estatales. Los activistas han logrado aprobar leyes de salarios suficientes para vivir en más de cien condados y municipios desde 1994 apelando a un simple sentido de justicia: ¿Por qué se debería trabajar a tiempo completo, durante todo el año y no ganar lo suficiente para pagar el alquiler y otras necesidades básicas? Las encuestas demostraron que había grandes mayorías que favorecían el aumento del salario mínimo; estudiantes universitarios, miembros de la iglesia y sindicatos se unieron a las campañas locales. Los sindicatos comenzaron a tener en cuenta a grupos de trabajadores anteriormente desatendidos como conserjes, ayudantes sanitarios en el hogar y jornaleros. Y donde los sindicatos han vacilado, han surgido nuevos tipos de organizaciones: asociaciones a veces respaldadas por los sindicatos y a veces por fundaciones filantrópicas: Our Walmart (Nuestro Walmart), la National Domestic Workers Alliance (Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos) y los Restaurant Opportunities Centers United (Centros de Oportunidades de Restaurantes Unidos).

Nuestro viejos tiempos de Long Island se acabaron hace muchos años: la casa vendida, las antiguas amistades desgastadas por la edad y la distancia. Lo encuentro a faltar. Como grupo no teníamos ninguna ideología en particular, pero nuestra visión, que se articulaba a través de nuestras fiestas, en vez de con un manifiesto cualquiera, era utópica, especialmente en el contexto de Long Island, donde si querías alguna ayuda del condado tenías que ser un republicano registrado. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos hacerlo con la vieja palabra “solidaridad”: si te unes a mi piquete yo me uno al tuyo y quizás podemos ir todos juntos, con los niños, a protestar a la planta química que está infiltrando toxinas en nuestro suelo, y luego haremos una barbacoa en mi jardín. No nos interesaba la pequeña política. Queríamos un mundo en que se respetara el trabajo de cada uno y se oyera cada voz.

Nunca esperé formar parte nuevamente de algo así hasta que en 2004 descubrí un grupo similar, mucho mejor organizado en Fort Wayne, Indiana. El Northeast Indiana Central Labor Council (Consejo Laboral Central del Nordeste de Indiana), como se llamaba entonces, reunía a inmigrantes mexicanos que trabajaban en la construcción y que habían sido contratados para reemplazar a los miembros de los sindicatos de la construcción nacidos allí, más trabajadores de la fundición despedidos y trabajadores birmanos, profesores adjuntos y conserjes. Su objetivo, según el presidente de la época, Tom Lewandowski, un antiguo obrero de General Electric que actuó en la década de 1990 como enlace de la AFL-CIO con el movimiento insurgente polaco Solidarnosc, era crear una “cultura de solidaridad”. Se inspiraron en la constatación de que no basta con organizar a las personas que tienen trabajo; hay que organizar también a los desempleados, así como a los “empleados con ansiedad”, lo que significa potencialmente toda la comunidad. Su táctica no demasiado secreta eran las fiestas y los picnics, a algunos de los cuales tuve la suerte de asistir.

El panorama de Fort Wayne incluía a gente de todos los colores y colores de cuellos, trabajadores legales e indocumentados, liberales y conservadores políticos, algunos de los cuales apoyaron a Trump en las últimas elecciones. Se demostró que había un nuevo tipo de solidaridad, aún cuando los antiguos sindicatos no estuvieran preparados. En 2016, el debilitado AFL-CIO, que durante más de seis décadas había luchado para mantener unido el movimiento obrero, disolvió de repente el Consejo Laboral Central del Nordeste de Indiana citando oscuros imperativos burocráticos. Pero el consejo de trabajo no se dejó desanimar. Se reinventó rápidamente como el Workers’ Project (Proyecto de los Trabajadores) y atrajo a más de 6.000 personas al picnic local del Día del Trabajo, a pesar de haber perdido su acceso a Internet y al equipo de oficina del AFL-CIO.

La última vez que hablé con Tom Lewandowski, a principios de febrero, el Workers’ Project había logrado organizar a 20 trabajadores contratados de Costco en una unidad colectiva propia y estaban planeando celebrarlo con, por supuesto, una fiesta. El impulso humano de hacer causa común, y pasárselo bien haciéndolo, es difícil de suprimir.

 

[1] Ndt: Especie de macarrones horneados.

[2] Ndt: Timados.

 

 

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Martes, 07 Marzo 2017 07:15

Un 8 de Marzo diferente

© Pixabay/Flachovatereza

 

"Somos protagonistas de una revolución sensible", dijo la periodista argentina Marta Dillon, al presentar en conferencia de prensa el Paro Internacional de Mujeres que se realizará el 8 de marzo. En Buenos Aires el paro comenzará a las 12 de la mañana con un "ruidazo" y luego habrá una marcha desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo.

 

En la rueda de prensa la periodista, hija de desparecidos y activista por los derechos humanos, leyó un comunicado que comienza con una frase simbólica: "Este 8 de marzo la tierra tiembla". Argentina es seguramente el país de América Latina que más se ha destacado por la potencia de los movimientos de mujeres, que desde 1985 organizan el anual Encuentro Nacional de Mujeres que en las dos últimas ediciones, en Mar del Plata 2015 y Rosario 2016, congregaron entre 60 y 70 mil personas en cientos de talleres y debates.

Estamos ante un 8 de Marzo especial, por lo menos en la región sudamericana, donde las mujeres han protagonizado movilizaciones multitudinarias contra la violencia machista y los feminicidios. Una parte sustancial de los 200 mil muertos que se ha cobrado la "guerra contra las drogas" en México, son mujeres jóvenes pobres que trabajan en maquilas. Algo similar sucede en Guatemala y en la mayoría de los países centroamericanos.

La potencia del feminismo actual no se basa sólo en las masivas movilizaciones, sino que muestra una fuerza discursiva que han perdido otros movimientos sociales. Y una gran capacidad de análisis de la situación internacional. "Tejemos un nuevo internacionalismo", dice el comunicado de las mujeres. Y agrega: "Vemos que frente al giro neo-conservador, en la región y el mundo, el movimiento de mujeres emerge como potencia de alternativa".

La escritora y activista ítalo-estadounidense Silvia Federici, explica este nuevo activismo y las movilizaciones que se registran estos días en Estados Unidos: "Esta es una crisis de trabajo, una crisis de falta de tiempo para sí mismas, una crisis de la relación con los otros, es el no tener recursos, no tener tiempo ni acceso a los servicios más fundamentales".

Pero destaca también que el movimiento debe crecer en su comprensión estratégica del mundo actual y no olvidar nunca el internacionalismo: "Creo que hoy las mujeres debemos estar más presentes en las luchas contra la guerra. En estas manifestaciones en Estados Unidos no se le ha dado suficiente atención a la problemática de la guerra. Existe una relación fuerte entre la guerra permanente y la militarización de la vida aquí, por eso es importante esta temática. ¿De qué internacionalismo hablamos si no?".

En el Cono Sur de Sudamérica, la violencia doméstica y los feminicidios se han convertido en temas destacados en los medios masivos, sobre todo en la televisión argentina, donde las estrellas de la farándula no pierden ocasión para manifestar su apoyo a la causa de las mujeres, aunque suelen "descafeinar" los contenidos. En Brasil una de las críticas más frecuentes al gobierno ilegítimo de Michel Temer es que en su gabinete no hay ninguna mujer.

En Uruguay saltó al ruedo nada menos que el ex presidente Julio María Sanguinetti, uno de los referentes regionales del conservadurismo político e ideológico. En un artículo titulado "La cultura machista", Sanguinetti apoya la causa de las mujeres aunque critica la inclusión del feminicidio en el Código Penal, porque en su opinión ya existe como figura agravante el asesinato de miembros de la familia, en especial mujeres e hijos.

Aunque afirma que los movimientos feministas en ocasiones han "rozado el ridículo", critica el machismo y llama a docentes, artistas y políticos a manifestar públicamente su rechazo al machismo. Hay que "sacarse de la mente la idea de que quien comprende y sigue a su mujer no es un "pollerudo" sino lo contrario, un ser maduro, consciente de su fuerza, que necesita de la fuerza de "la otra" para que la vida valga la pena ser vivida", escribió Sanguinetti en el semanario Opinar.

Mucho más allá de sus cuestionables opiniones, lo más destacable es el hecho que un político como Sanguinetti haya salido a hablar del tema. Es un síntoma del vuelo que adquirió el debate sobre los derechos de las mujeres en la sociedad. Por lo pronto, en Uruguay y Argentina las centrales sindicales y sindicatos convocan un paro el 8 de Marzo como forma de manifestar su apoyo a las mujeres, actitud que refleja la expansión que están teniendo las demandas de los movimientos.

En Brasil las nueve centrales sindicales decidieron salir a la calle el 8 de Marzo contra la reforma del sistema de pensiones y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En Argentina confluyen las luchas del sindicato de maestros (la inmensa mayoría maestras) con el paro que apoyan las centrales sindicales. En Uruguay el PIT-CNT convoca un paro general de cuatro horas.

Quizá el hecho más notable de este 8 de Marzo es que evidencia que las demandas y las voces de las mujeres han desbordado los marcos de los sectores organizados y se han hecho carne en amplios estratos de las sociedades, tanto entre las clases medias profesionales como entre los sectores populares, los más afectados por la violencia machista. Hay varias razones que explican este cambio: desde la ampliación del casco militante, la maduración de una nueva cultura y una más sólida conciencia ciudadana de los derechos. En este último aspecto, lo realizado por los gobiernos progresistas en relación a las mujeres ha contribuido a amplificar las viejas demandas del movimiento feminista.

Pero hay un hecho adicional que parece decisivo y que puede ser el trasfondo de la masividad adquirida por la cuestión femenina. El capitalismo en la etapa actual, de hegemonía del capital financiero, está mostrando su peor faceta: militarista, destructiva del medio ambiente y de las personas.

Este es el capitalismo realmente existente en América Latina, que está tratando los cuerpos de las mujeres con la misma ferocidad destructiva con la que ensaña con la naturaleza.

 

 

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