Liderazgo social alternativo para enfrentar la pandemia, y más allá de ella

El Covid-19 nos colocó como sociedad global ante el espejo, y su reflejó es el capitalismo, destructor, atomizador de relaciones humanas, destructor de la naturaleza, aniquilador de vida y de la esperanza.

Esa es una realidad. Pero también nos colocó cara a cara entre procesos sociales y políticos, con su característica atomización y pretensión de hacer cada uno por cuenta propia, con la fragilidad de no proyectar el mediano ni el largo plazo, así como de no retomar las capacidades y debilidades de cada uno para entre todos y todas, sacando lo mejor de sus particularidades, extender ante el país una alternativa que propenda por el liderazgo común, de los millones que somos, para así, con la fuerza totalizante de sueños y disposiciones poder avanzar tras la construcción de la gran vivienda que aspiramos sea nuestro país. Una vivienda donde cada quien encuentre su lugar, así como posibilidad de realización, personal y colectiva.

Tenemos ante nosotros, por tanto, una posibilidad –a pesar de todo lo negativo que esconde la coyuntura, manipulada por el poder global y local–. Actuemos de acuerdo al reto.

Como ya es coincidencia social, la cuarentena decretada no puede implicar multiplicación de hambre y penurias para quienes están al margen del sistema; de ahí que necesitemos un plan humano, inmediato, para los de abajo. Pero tampoco puede significar, una vez superada la coyuntura, continuidad de lo que ya traía el país, de una economía organizada a favor de unos pocos, y una participación de forma pero no decisoria; pero tampoco puede significar, producto de la crisis/recesión económica a la que se adentra el sistema mundo capitalista, ahondamiento de desempleo, pobreza y segregación social. La primera lección de la crisis es que necesitamos un país para los 50 millones que somos.

Es por ello que el país está de cara a toma, ya, sin más dilación, medidas como:

Medidas inmediatas

- Entrega de alimentos y otras ayudas para cada familia. Para ello, disponer las sedes de las Juntas de Acción Comunal, así como iglesias, centros educativos, para concentrar alimentos, y logística en general, que demanda la atención de la crisis, para distribuirlos en cada uno de los barrios.

- Para facilitar la entrega de estos recursos. Constitución de grupos juveniles para la selección de todo lo recibido y su entrega, casa a casa. Recordar que quienes están en edad juvenil son las personas menos propensas a un golpe duro por parte del Covid-19

- Realización urgente de censo, barrio a barrio y con duración no mayor a un día, de personas en necesidad de apoyo alimentario, reconexión de servicios públicos, atención médica –terapias y otros tratamientos–, y entrega de la información a las alcaldía locales –para el caso de Bogotá– y a los despachos de los alcaldes en cada una de las otras ciudades. Se supondría que el Dane, o departamentos sociales y comunitarios de cada alcaldía debiera contar con esta información, pero todo indica que no es así, o que no tienen una información totalmente actualizada, producto de que los programas sociales diseñados por años están enfocados no para todos los sectores excluidos sino para algunos de estos.

- Atención directa a personas con alguna discapacidad, así como acompañamiento psicosocial y de todo tipo para personas que lo requieran.

- Protección a mujeres y niños/as sometidos a violencia intrafamiliar.

- Acompañamiento a estudiantes que no cuenten con computador y/o red de internet en sus casas.

- Entrega de salario mínimo generalizado, hasta que dure la crisis, para desempleados e informales.

- En tanto las guarderías también fueron cerradas, despliegue de asistencia social para acompañar madres cabeza de familia, realización de terapias de estímulo a niños y niñas con capacidades especiales, implementación de recreación dirigida en los barrios populares, así como garantía de entrega de apoyos alimentarios para cada uno de estos infantes.

- Diseñar programas urgentes en procura de una conexión con los productores directos en el campo, algunos de ellos organizados en redes de producción y distribución –como lo evidencia la realización de ferias campesinas periódicas en distintas partes del país, algunas de ellas con asiento en plazas principales de ciudades–, rompiendo así la intermediación comercial, estabilizando de esta manera precios y brindando a los campesinos, por esta vía, ingresos seguros.

En pocos meses

La crisis humanitaria pasará, no así la económica, y en ese momento, para que el país vaya avanzando hacia una política cada vez más humana y digna, debemos implementar un conjunto de medidas de manera autónoma, sin esperar para ello la reacción del Estado y de los grupos que lo detentan; política lideradas por los movimientos sociales, dándole vitalidad a:

Soberanía alimentaria. Coordinación de redes de producción y de mercadeo agrario. Así debemos proceder. La coyuntura ha demostrado que el acceso a un abastecimiento suficiente y eficiente a todos los niveles es una de las primeras preocupaciones de las familias. El miedo al desabastecimiento, la especulación con los precios de los alimentos más esenciales para la mesa cotidiana, es un factor de desequilibrio y control social.

Construcción de tiendas comunitarias en todos los barrios populares, a través de las cuales se mercadee lo producido por las redes agrarias, garantizando calidad y control de precios.

Edificar la sociedad a la altura de nuestros sueños, sin depender del Estado. Redes comunitarias en salud, educación, comunicación, deporte, recreación, y demás particulares que facilitan que la vida sea más amena y satisfactoria. Más participación con capacidad decisoria, menos delegación.

Participación. Ampliación de los mecanismos de participación directa de las comunidades, con capacidad decisoria: implementación de asambleas comunitarias, como mínimo mensuales, donde se aborde y decida sobre la vida comunitaria en todos los niveles, donde se decida sobre la administración de lo público, y donde la democracia directa gane concreciones medibles.

Implementación de programas de agricultura urbana, realmente comunitaria, no individual. Para ello, disposición de espacios comunales –lotes– en los barrios. Estos lotes pueden ubicarse tras un censo de todos aquellos espacios que pertenecen a las alcaldías y que están sin uso o en comodatos.

Puesta en marcha de programas ambientales de las más diversas características e impactos: recuperación de cuencas y microcuencas, reforestación, reciclaje en la fuente, control de vehículos y emisión de gases, modernización de procesos productivos en todas las fábricas que por algún motivo generen altos niveles contaminantes, etcétera.

Instalación de industrias para la fabricación de ropa y útiles de aseo de todo uso, abriendo así políticas de empleo comunitario, al tiempo que programas de vida sana y vida digna.

Para ir cerrando las causas del eterno conflicto armado colombiano, amplia movilización por la demanda de restitución de la tierra a todos los usurpados y desplazados, concretando con ello lo definido en el Acuerdo de Paz firmado en reciente fecha. A su par, izar la bandera de reforma agraria integral, con lo cual se daría un paso fundamental para concretar el programa de soberanía alimentaria, así como los complementarios a la misma.

La crisis abre una oportunidad para los de abajo. Otra democracia, directa, radical, plebiscitaria, es posible. Actuemos en consecuencia.

 

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Publicado enColombia
Hardt y Negri: ‘Asamblea’, o cómo articular las luchas de la multitud (II)

En esta segunda entrega del análisis de la última obra de Hardt y Negri, abordamos las propuestas que ofrecen ambos autores en Asamblea para la organización de los ciclos de luchas y la institución de nuevas formas de vida.

Tomando como punto de partida la afirmación según la cual “no sabemos de qué es capaz la multitud cuando se reúne en asamblea”, en su última obra Hardt y Negri plantean la necesidad de producir las condiciones necesarias para liberar la potencia creativa de todas aquellas expresiones subjetivas de carácter subversivo. Como ya apuntamos en la primera parte de este texto, los autores desarrollan esta tesis siguiendo dos ejes principales: el de la organización interna de los movimientos políticos y sociales y el de la institución de las formas de vida que se generan al margen del modelo neoliberal.

En este sentido, con la noción de asamblea se hace alusión al espacio en que la toma de decisiones se produce desde la horizontalidad y en base a los principios de la democracia absoluta, pero también al conjunto de dispositivos que cabe poner en funcionamiento para conseguir, tanto la destitución del poder constituido, como la constitución de una nueva articulación de las relaciones en el campo social. De esta manera, si los procesos de destitución y constitución se definen, en sentido estratégico, como el principal objetivo alrededor del cual plantear las luchas en el contexto actual, los autores apuntan a la organización y a la institución como las vías más adecuadas para llevar a la práctica tal aspiración.

Luchas sin vanguardias: el problema de la organización

En su producción anterior, Hardt y Negri hablan de manera profusa sobre las formas de articular la multitud. En Asamblea, los autores plantean de manera explícita el problema de la organización de las revueltas que se han producido los últimos años. Cabe recordar, por este lado, que nos encontramos en un contexto caracterizado no solo por la existencia de centros de poder diseminados, lo que conlleva que sea difícil plantear un combate focalizado y con unos objetivos claros, sino también, en muchas ocasiones, en un marco en el que destaca la ausencia de líderes, lo que en principio podría implicar dificultades a la hora de decidir la estrategia a seguir en las luchas. En este sentido, en Asamblea se aborda la cuestión de cómo tomar la iniciativa, por parte de los movimientos políticos y sociales, cuando el esquema tradicional de una vanguardia dirigente que representa los intereses de la masa ha dejado de ser, en buena medida, operativo.

Desde esta perspectiva que proponen los autores, el proletariado está formado en la actualidad por todas aquellas y todos aquellos capaces de generar una riqueza en términos colectivos y que, en este sentido, sufren de una manera u otra la explotación capitalista, tanto en lo que respecta a la producción estrictamente material como a la (re)producción inmaterial expresada en la creación de formas de vida. El espacio amplio y heterogéneo de la multitud cuenta así entre sus filas con las expresiones subjetivas que escapan del patrón patriarcal, heteronormativo y racista. Asimismo, junto con los sectores que integran la clase trabajadora tradicional, la multitud se conforma a través de lo que los autores llaman el proletariado intelectual o el cognitariado, las y los estudiantes, la mano de obra del sector terciario y los sectores productivos no tradicionales. Si se quiere decir en términos de Deleuze y Guattari, con la multitud se expresa en la actualidad el devenir minoritario de todo el mundo.

Los autores inciden así en uno de los puntos centrales de su obra. En la línea tanto de los movimientos autónomos italianos de los años setenta como de las demás luchas que se dan alrededor del año 68 en distintas partes del mundo, en Las verdades nómadas (1985) se plantea la necesidad de articular los movimientos llamados minoritarios que, cada vez más, ocupan un espacio central a la hora de dinamizar las luchas. En este texto, surgido de un intercambio epistolar entre Negri y Guattari cuando el primero se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Rebibbia, los autores empiezan por rechazar la organización centralista de las luchas. En su lugar, reivindican un multicentrismo funcional con capacidad para neutralizar los efectos del capitalismo y, al tiempo, para articular las luchas de los movimientos enfrentados al poder constituido. Asimismo, los autores plantean la posibilidad de llegar a una coimplicación multivalente entre la clase obrera tradicional y las trabajadoras y los trabajadores del sector terciario, así como con las precarias y precarios. Estos elementos constituyen el doble eje de lo que los autores definen como un método de agregación molecular, en referencia a las luchas que se dan por debajo del ámbito de la representación política.

De esta manera se avanzan, asimismo, algunos de los elementos que Negri tratará posteriormente en títulos como La fábrica de la estrategia (2004), desde la perspectiva de renovación del aparato conceptual marxista que apuntamos en la primera parte de este análisis. A partir del ejemplo que ofrece la toma del poder por parte de Lenin, aunque situados ahora en el contexto del capitalismo postindustrial, Negri trata de caracterizar la emergencia de una nueva subjetividad colectiva ―los soviets del nuevo siglo― alrededor de dos elementos principales. En primer lugar, la necesidad de organizar las luchas, así como las relaciones sociales en su conjunto, sobre la base de la toma colectiva y directa de las decisiones. En segundo lugar, las posibilidades que por esta parte ofrecen los procesos productivos basados en el avance de los dispositivos tecnológicos; sobre todo en la medida en que tales dispositivos pueden contribuir a una actividad más autónoma, es decir, desligada de los procesos capitalistas de atribución de valor, por parte de las nuevas figuras productivas.

Como se puede observar, los rasgos característicos del espacio que constituye la multitud, como un todo abierto y dinámico, atravesado por una heterogeneidad radical aunque con capacidad para proponer unos objetivos en común, obligan a plantear la cuestión de la organización interna del movimiento o los movimientos. En este sentido, el dilema sobre la necesidad o no de una organización para las luchas expresa, en opinión de los autores, un falso problema: no hay duda de que los ciclos de luchas y los movimientos que los protagonizan necesitan proponer unos objetivos y la orientación más adecuada para conseguirlos. En todo caso, esto no supone que se deban recuperar los liderazgos caracterizados por la concentración de funciones y la dirección vertical, de arriba a bajo, con que se ejerce el poder. Son los movimientos mismos, desde el interior y en sentido horizontal, los que deben decidir hacia dónde y cómo se orientan las luchas. En este sentido, si con la noción de liderazgo se hace alusión a la posibilidad de organizar las acciones de manera eficaz, regular y masiva, con capacidad para conmover las relaciones a todos los niveles, más que eliminar esta posibilidad, se trata de llevar el liderazgo al lugar de la inteligencia colectiva que se pone de manifiesto en el interior de los propios movimientos. No se trata, pues, de rechazar la noción de liderazgo, sino de eliminar su carácter trascendente y, por tanto, separado del movimiento.

La propuesta de Asamblea pasa así por invertir el plano en que la tradición marxista ha elaborado buena parte del análisis de las luchas contra el capital. Como apuntan los autores, de lo que se trata ahora es de dar la vuelta a las dos mitades del centauro, de manera que la parte pensante y, en este sentido, las decisiones y el poder ejecutivo sobre la estrategia a seguir se alberguen en la base, en manos de la militancia y del movimiento. Reservando asimismo la posibilidad, en sentido táctico y de manera provisional, de abstraer una parte del movimiento para que se encargue de tareas de tipo representativo. En vez de mantener el esquema según el cual el proletariado debe devenir una clase en sí y para sí a través de la mediación y la organización de una cúpula dirigente, los autores reivindican la posibilidad de organizar las luchas sobre un plano de inmanencia, en la medida en que es el movimiento mismo el que puede diseñar, a través de sus acciones, un principio fuerte y compartido de articulación colectiva.

Igualmente, Asamblea alerta sobre el peligro de reproducir las relaciones que se dan en el interior del sistema capitalista cuando se trata de organizar las luchas. Lo que, dicho así, puede parecer una evidencia, no lo es tanto si tenemos en cuenta el contexto biopolítico en el que nos movemos. De esta manera, si se trata de combatir el poder de mando capitalista, el tipo de organización que se de a sí mimo el movimiento debe prefigurar y constituir un ensayo ―si bien a dimensión reducida― del conjunto de relaciones a las que se trata de dar vida con cada nuevo ciclo de luchas. En este sentido, puede servir como base y ejemplo el potencial productivo de la multitud, que late rebelde bajo las redes de la explotación capitalista.

Luchas descentralizadas: el problema de la institución

Una vez que se han dado algunas claves para pensar la organización de las luchas en manos de los movimientos, falta por apuntar cómo se puede llegar a concretar los efectos de tales luchas mediante la creación de un proceso institucional de carácter abierto e inacabado, aunque duradero y estable. Con estas dos líneas, siguiendo la lectura de Maquiavelo que los autores no abandonan a lo largo de su obra, tendríamos garantizadas para los movimientos y sus ciclos de luchas la virtud (que se concentra en las capacidades estratégicas de la multitud) y la fortuna (que se expresa, como veremos a continuación, a través de la creación institucional del común).

Para empezar, si se trata de instituir las relaciones de la multitud es porque Hardt y Negri no rechazan la toma del poder como vía para construir un nuevo orden social. Esto es lo que lleva a los autores a abandonar la terminología que habían utilizado hasta este momento, en referencia a la tensión que se produce entre la capacidad productiva de la multitud y la capacidad de absorción del capitalismo. En los títulos anteriores, siguiendo la distinción spinoziana entre la potestas y la potentia, los autores definían el poder imperial, propio del capitalismo en la actualidad, mediante el término de biopoder, reservando la noción de biopolítica para la potencia creativa de la multitud. Ahora, en Asamblea, Hardt y Negri utilizan el mismo término ―poder― para referirse a la gestión de la propiedad capitalista (Poder) y a la articulación del espacio del común (poder) ―si bien utilizando la mayúscula o la minúscula para la letra inicial en cada caso―.

Así pues, quizá de forma más clara que en ningún otro lugar de su obra, los autores inciden en Asamblea sobre este punto: de la misma manera que no se trata de abandonar el espacio de la organización y del liderazgo, sino de dotarlo de un contenido liberador y eficaz para las luchas colectivas en el contexto actual, ahora se trata de tomar el espacio del poder no solo de otro modo, sino, sobre todo, con unos objetivos distintos de los que plantea el sistema capitalista. En definitiva, se trata de crear un espacio estable para las relaciones autónomas de la multitud y, pues, para la construcción y la defensa de la riqueza que emerge del común.

En este sentido, si ―como ya apuntamos en el texto anterior― hasta ahora los autores habían utilizado la noción de éxodo, en Asamblea, en cambio, esta estrategia del poder dual, que se expresa desde el interior y en contra del sistema, se complementa tomando elementos de otras dos vías que no rechazan, en este caso, la toma del poder institucional: la del reformismo antagonista y la de la hegemonía.

Mediante la noción de éxodo se trata de prefigurar, a pequeña escala y partiendo de la organización de los propios movimientos, la articulación futura de un espacio amplio y estable de relaciones al margen del sistema capitalista. Entre los ejemplos actuales que ofrecen los autores encontramos los centros sociales ocupados de Italia en los años setenta y, más recientemente, las acampadas surgidas alrededor del ciclo de luchas de 2011. La segunda vía trata de infiltrarse, por medios electorales, en las instituciones, con el objetivo de transformarlas desde el interior. Proyectos de carácter municipalista y partidos como Podemos o Syriza ―aunque este caso constituye un ejemplo del fracaso de la hipótesis basada en el reformismo antagonista―, se encontrarían entre las propuestas de este tipo. Por último, la estrategia de la hegemonía plantea la destitución más o menos rápida del orden establecido, sin desestimar la vía electoral, a lo que debe seguir la construcción de un nuevo espacio institucional a todos los niveles. Las experiencias que se han dado en algunos países de América Latina durante las dos últimas décadas, pueden constituir una muestra por esta parte. En este sentido, se trataría de hacer confluir las tres líneas ―los tres rostros de Dioniso para el (auto)gobierno de la multitud, como apuntan los autores― con el propósito de llevar más allá el alcance, habitualmente relativo, y de fortalecer la capacidad de resistencia, a menudo frágil, de los proyectos de carácter prefigurativo.

Así pues, el nuevo espacio institucional debe impugnar la propiedad capitalista en favor de la producción cooperativa del común. Al mismo tiempo, la nueva creación institucional debe desbordar los límites impuestos por la soberanía y su materialización en el seno del aparato estatal. Decae así, igualmente, el peso de los mecanismos de representación en la esfera de lo político. Superar la soberanía quiere decir, en este caso, que no se acepta ni la abstracción que supone un sujeto unificado como el de pueblo ―o el de nación―, ni la alienación de la capacidad de decisión que, sobre este cuerpo político, acaba ejerciendo el modelo representativo. Como apuntan los autores, el objetivo de disminuir al máximo la distancia entre gobernantes y gobernados debe constituir, por esta parte, uno de los motores del nuevo espacio institucional. En este sentido, el comunismo se reivindica desde la posibilidad de llevar a la práctica procesos de producción, circulación y atribución del valor, así como también de expresión y de participación política, que ni caigan bajo las redes del Mercado ni se encuentren encerrados en los límites del Estado. Por este lado, como indican los autores, experiencias como el confederalismo democrático kurdo o las comunidades autónomas zapatistas ofrecen un ejemplo de buena parte de los aspectos implicados en la construcción de un nuevo espacio institucional.

Como dijimos al principio, Asamblea constituye por esta parte un espacio en el que desarrollar y concretar, en el que poner a trabajar conjuntamente las principales herramientas conceptuales que Hardt y Negri han forjado con su obra a lo largo de los últimos veinte años.

Por Miquel Martínez Josep Artés

Profesores de Filosofía

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Publicado enPolítica
Domingo, 17 Noviembre 2019 06:11

El legado imborrable de los chalecos amarillos

El legado imborrable de los chalecos amarillos

Un año después de la irrupción explosiva del malestar, el número de manifestantes ha decaído de forma significativa en Francia. Pero la solidaridad y la construcción de lo común persisten como herencia de las protestas.

Un chaleco amarillo gigantesco colgado de una ventana llama la atención del transeúnte. Unos metros más adelante, delante de un portal, en una pancarta aparece escrito: “Casa del pueblo". En pleno centro de Nantes, un colegio católico abandonado se ha convertido en el nuevo epicentro de los chalecos amarillos de esta localidad del noroeste de Francia. Entre las paredes de hormigón de un edificio ostensiblemente abandonado, intentan mantener la llama de la indignación que el 17 de noviembre del año pasado llenó de gente las carreteras, rotondas y calles de Francia. Y puso contra las cuerdas al presidente francés, Emmanuel Macron.

Un año después de la irrupción explosiva de los chalecos amarillos, las manifestaciones se siguen repitiendo cada sábado, pero estas son cada vez más minoritarias, salvo ocasiones excepcionales como las protestas para conmemorar este sábado el primer aniversario. Aunque las calles se han ido vaciando, persiste un legado de solidaridad y construcción de lo común. La “Casa del pueblo” es una buena prueba de ello.

“Nuestro objetivo es reapropiarnos de espacios comunes para intentar resolver la miseria actual y evitar que haya gente que duerma en la calle”, asegura Renz, de 37 años. Este militante, con “dedicación completa desde hace tres años”, se trasladó a Nantes en julio cuando impulsaron la primera “Casa del pueblo” de esta localidad. Tras ser expulsados de un primer espacio, se instalaron en octubre en el colegio Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Sentado en torno a una mesa en el patio de este recinto, Renz recuerda al detalle cómo vivió la emergencia de los chalecos amarillos el 17 de noviembre del año pasado. “Estuve bloqueando la circulación en un centro comercial durante una semana en Pau (sur de Francia) y después fui a Saint-Nazaire, donde intentamos impedir el acceso a uno de los principales puertos industriales del país”, explica este manifestante, con una barba bien poblada e inseparable de su gorro de lana. En Saint-Nazaire, cerca de Nantes, descubrió la primera “Casa del pueblo”, impulsada a principios de diciembre. Estos edificios ocupados se multiplicaron desde entonces por el territorio francés: Marsella, Burdeos, Caen, Lorient, Tours…

“Los chalecos amarillos permitieron a la gente que no llegaba a fin de mes que dejara de esconderse. Estos salieron a la calle y dijeron que estaban hartos”, afirma Mathieu Herbomel, un hipnoterapeuta que nunca antes había militado hasta la emergencia de este movimiento. Ahora es uno de los coordinadores de la “Casa del pueblo” de Nantes. “Acogemos a unas 30 personas. Un tercio de ellas son migrantes y otro tercio franceses sin techo”, indica sobre este espacio ocupado que se inspira en el espíritu del barrio anarquista de Atenas Exarchia y en casas okupas de Barcelona y Madrid. Además de las asambleas semanales de los chalecos amarillos, “también se celebran reuniones de colectivos de estudiantes, militantes ecologistas y de asociaciones de acogida de refugiados”.

“Macron nos ha permitido descubrir la fraternidad”

Las “Casas del pueblo” resultan la continuidad de las miles de rotondas ocupadas hace un año cuando empezaron las protestas a través de cortes de carreteras. La presencia de manifestantes fue permanente durante semanas y meses a lo largo del invierno. Las fuerzas de seguridad desalojaron la mayoría de ellas. No obstante, algunos chalecos amarillos aún resisten como galos. “No hemos logrado gran cosa por parte del presidente Emmanuel Macron, pero al menos hemos conseguido que el movimiento no se detenga durante un año. Cuando emergió, nadie hubiera creído que duraría tanto tiempo”, asegura Erick Simon, de 58 años, portavoz de los chalecos amarillos de Coutances, una localidad normanda de 8.000 habitantes, situada a unos 330 kilómetros al oeste de París, en la que la rotonda des Îles ha estado ocupada de forma casi continuada durante los últimos doce meses.

“Al menos Macron nos ha permitido descubrir una fraternidad que antes ignorábamos”, presume Simon sobre los fuertes vínculos de solidaridad establecidos entre los chalecos amarillos de su región y, en concreto, de su localidad. Allí conmemoran este domingo el primer aniversario “preparando una gran sopa para comer y debatir con todos los vecinos que se acerquen a la rotonda”. Esta reivindicación de lo local es una de las herencias más fuertes de este movimiento transversal, que en diciembre logró frenar la ofensiva neoliberal del joven presidente francés.

“La ocupación de las rotondas permitió crear nuevos colectivos de personas en zonas periurbanas y rurales donde vivían de forma muy aislada e individual”, defiende el politólogo Laurent Jeanpierre, autor del libro In Girum. Les leçons politiques des ronds-points (La Découverte, 2019). Según este profesor de la Universidad París 8, “ha representado un movimiento de educación popular que ha dado lugar a una nueva sociedad civil en zonas que estaban muy despolitizadas”. Para muchos chalecos amarillos, estas protestas representaron la primera militancia de sus vidas. Entonces, descubrieron “que la política no solo consiste en votar. Aprendieron que hablar de los problemas cotidianos de salud, empleo o transporte también es una forma de hacer política”.

Normalización de las barricadas y los disturbios

Además de la solidaridad de las rotondas, la identidad de los chalecos amarillos se vio reforzada por la experiencia de la confrontación con la policía. “En un inicio no había la voluntad de manifestarse a través de disturbios y de forma insurreccional”, recuerda Romain Huet, que publicó recientemente el libro Le vertige de l’emeute. De la Zad aux gilets jaunes (PUF, 2019). Pero fruto de su voluntad de hacerse visibles en el espacio público y perpetuar su presencia en los barrios ricos de las grandes ciudades, las barricadas y los disturbios se convirtieron en una forma habitual de manifestarse. “Reflejaron una cierta impotencia de la política, dado que no es posible expresar su indignación solo manifestándose de forma pacífica”, añade este profesor en comunicación en la Universidad de Rennes sobre unas protestas conflictivas que en los últimos meses se reprodujeron en Hong Kong, Ecuador, Chile o incluso en Catalunya.

Unas manifestaciones que experimentaron una dura represión de las fuerzas de seguridad francesas. Así lo refleja el balance de las víctimas de violencias policiales en los últimos doce meses: 2 muertos, 2.448 heridos, 315 manifestantes con heridas en la cabeza, 24 que perdieron un ojo, 5 que se quedaron sin una mano…

Fue para denunciar estos abusos policiales que Gabin Formont creó en diciembre de 2018 el medio Vécu (Vivido), cuya página de Facebook ya cuenta con más de 100.000 seguidores. “No era normal que casi ningún medio hablara en diciembre de las violencias policiales”, asegura este joven de 29 años, que no es periodista de formación y que se manifestó ese 17 de noviembre prácticamente por primera vez en su vida. Desde entonces, se consagra a su tarea de “reportero-ciudadano”. Ante el tratamiento hostil de los grandes medios, los chalecos amarillos prefirieron informarse a través de publicaciones alternativas, como Brut, ThinkerView, Le Média o la edición francesa de la cadena rusa RT.

¿Un movimiento con vocación municipalista?

Doce meses después de que el aumento del precio del combustible desatara esta protesta, “el cabreo social permanece”, reconoce Jeanpierre. Aunque los chalecos amarillos son el movimiento que más ha obligado a ceder a Macron, que adoptó una serie de medidas sociales y bajadas de impuestos para las clases medias valoradas en 17.000 millones de euros, “las dificultades económicas persisten”, afirma este politólogo.

“El precio de la gasolina no ha dejado de aumentar. También sube la electricidad y los productos de primera necesidad. El gobierno no ha cambiado nada”, lamenta Laure Courbey, integrante de los chalecos amarillos en Nemours, en el sur de la región parisina, donde mantienen una rotonda ocupada. Según un sondeo del instituto Elabe para la cadena BFM TV, el 55% de los franceses sigue apoyando las reivindicaciones de los chalecos amarillos, aunque el 66% no desea que sus movilizaciones se intensifiquen.

Priscillia Ludosky y Jérôme Rodrigues, dos de las figuras del movimiento, enviaron a finales de octubre una carta a Macron pidiéndole una reunión antes del 16 de noviembre. Una petición denegada. Su objetivo era transmitirle las 59 propuestas elaboradas a través del “verdadero debate”, una plataforma impulsada por los chalecos amarillos como alternativa al “gran debate” del presidente francés y que contó con un millón de contribuciones. Unas medidas focalizadas en la justicia fiscal, ecología solidaria, refuerzo de los servicios públicos y una transformación del sistema político.

Ludosky, que originó las protestas con una petición en internet contra el aumento del precio del combustible que obtuvo más de un millón de firmas, también anunció este viernes la creación de un lobby ciudadano. Una iniciativa con la que quiere hacer emerger reivindicaciones locales y nacionales, sobre todo de las zonas periurbanas y rurales. Otros “chalecos amarillos” apuestan por estructurarse a través del modelo asambleario. Unos 600 delegados de asambleas locales se reunieron, del 1 al 3 de noviembre, en Montpellier para debatir sobre el futuro del movimiento en la cuarta “asamblea de las asambleas”.

“También existe la voluntad de presentarse en las elecciones municipales de marzo del año que viene”, asegura Jeanpierre, quien subraya que es el “movimiento más descentralizado en la historia reciente de Francia”. En grandes localidades como Burdeos, Niza o Grenoble, pero también en pequeñas como Commercy (nordeste), donde se celebró la primera “asamblea de las asambleas”, grupos de chalecos amarillos ya preparan “listas ciudadanas”. Sus expectativas resultan muy inciertas. En las pasadas elecciones europeas, candidaturas que querían encarnar el espíritu de las protestas obtuvieron unos resultados ínfimos.

“Nuestra apuesta es concentrarnos en la convergencia de luchas”, defiende, por su lado, Herbomel. Este militante de la “Casa del pueblo” de Nantes cita como muestra del malestar persistente las recientes manifestaciones en el sector sanitario o de los estudiantes después de que la semana pasada un joven de 22 años intentara inmolarse prendiéndose fuego a sí mismo delante de un restaurante universitario en Lyon. Los indignados franceses no solo tienen marcado en rojo en el calendario este fin de semana, sino también la huelga del 5 de diciembre contra la reforma de las pensiones. El legado de los chalecos amarillos no se transmite, se transforma.

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Jueves, 24 Octubre 2019 08:15

El deber de acompañar

El deber de acompañar

¿Quién hará lo que tenemos que hacer, y nadie podrá hacer, nadie, si no lo hacemos todos juntos? Martí

 Han publicado esta semana la información sobre la posible entrega de veinte mil millones de pesos por parte del clan Uribe a las iglesias cristianas para que orienten en voto a sus rebaños hacia los candidatos del Centro Democrático.

En muchos lugares del país, sin que las capitales departamentales estén exentas de ello, fluye el dinero del narcotráfico y sus lavadores hacia los candidatos que, no solo defenderán sus intereses, sino que devolverán con contratos, inversiones y empleos lo que invierten sus financiadores. Por supuesto, los grandes grupos económicos también invierten, incluso a varias bandas, en candidatos que retornaran con creces las sumas recibidas.

En este escenario turbio y maloliente, brillan con luz propia los candidatos que participan en la asimétrica justa, sin otro respaldo que sus vidas, largas o breves, consagradas al servicio de las comunidades.

Lo menos que podemos hacer como ciudadanos, es acompañar con nuestro voto. No como una dadiva, sino como un deber elemental. Con la conciencia plena de que un voto sufragado sin anhelo diferente al aliento a la pureza en el proceder, tiene el valor infinito de apostar por la virtud, por la capacidad, por ese valor tan olvidado y tan indispensable en los tiempos barbaros que corren: la honestidad.

Por otra parte, consideramos que ante la incapacidad de los liderazgos genuinamente democráticos por alcanzar acuerdos decisivos en la tarea vital de reencausar desde los poderes del Estado el proceso de paz (atacado de la forma más vil que cabe imaginar: afirmando que se le defiende, mientras se da rienda suelta a los ataques criminales), es necesario apoyar desde las ciudadanías las opciones democráticas más opcionadas y dar un ejemplo de unidad fraterna desde abajo.

En el caso de Bogotá, hay candidaturas a edilato como los de Jorge Caceres en Puente Aranda, con una larga vida consagrada a mejorar las condiciones concretas de vida de los humildes y a promover la organización popular, o Christian Robayo en Ciudad Bolivar, con un desempeño ejemplar en su primer periodo como edil; y hay candidatos al Concejo como David García, con excepcional capacidad en la crucial tarea de elevar la cultura de nuestras comunidades.

Con relación a la Alcaldía Mayor, nuestro voto acompañara a Claudia López, por encarnar una opción democratizadora en un escenario decisivo para la ciudad y para las elecciones presidenciales del 2022. Es por Claudia López, no por Sergio Fajardo, que tiene no poca responsabilidad en el retorno del uribismo al poder.

Hay muchas mujeres y hombres que contemplan la política como deber sagrado, como servicio sin mácula, como una labor asumida para responder de modo ejemplar a la confianza de quienes no venden su conciencia. Los nombres mencionados, son unos de muchos, que son muy pocos frente al oprobio imperante.

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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La ONU señala el sindicalismo como “fundamental” para la salud mental

 

El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales.

La toria lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la atención de calidad.

Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—. 

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.

Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental

El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.

“Todavía hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.

El informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.

El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.

El informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.

Otro de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.


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2019-06-25 06:10:00

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Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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La “disputa del sentido común” entre códigos mafiosos

Prometen que resolverán problemas, que corregirán desigualdades, que desterrarán el hambre, la desnutrición y la pobreza. Prometen recortar impuestos, abrir más escuelas, mejorar los salarios, construir hospitales, carreteras, presas e infraestructura de “primer mundo”. Juran que serán infatigables, que no habrá despotismo, autoritarismo, sectarismo ni privilegios para amigos ni familiares. Se desgarran las vestiduras por la patria, por la república, por las leyes y por las “buenas costumbres” y bla, bla, bla. Todo eso montado en la ninguna estructura legal que los obligue a rendir cuentas por cada mentira proferida y cada falacia premeditada. “Por el engaño nos han dominado más que por la fuerza” decía Simón Bolívar. Hoy incluye engaño con “trolls”, “bots”… y todo tipo de canalladas en “redes sociales”. 

No se trata de un “arte de genios”, engañar a los pueblos es una industria del capitalismo, muy rentable, ideada para ganar votos -a como dé lugar- gracias a emboscadas mafiosas que “naturalizan” conductas delincuenciales como si fuesen prendas morales inmaculadas. Fabrican un cierto “sentido común” cuajado de mentiras disfrazadas de “procesos electorales” donde engañar, impúdicamente, parece ser “cualidad” de “políticos”. Un “mérito” de la modernidad... un logro de la estulticia. Pero en realidad es un delito... es un fraude.


Los sistemas y procesos electorales, con sus leyes y sus reglamentos, sus “valores entendidos” y sus tradiciones… (que nada tienen de ingenuos) han permitido una serie de perversiones mediáticas diseñadas por “expertos” para hacer pasar por “democráticos” los embustes de los “candidatos” oligarcas, sus partidos y sus adláteres. Nos han llenado las páginas de la historia con engaños de todo tipo, especialmente con saliva de “políticos” lenguaraces que, para “ganarse la confianza” de los electores, despliegan todo género de argucias y falacias. Y todo eso legalizado y naturalizado por la fuerza del negocio implícito en vender campañas políticas al margen de la ética más elemental. Otro capítulo es el delito de lesa humanidad que consiste en prometer el cumplimiento de tareas que jamás se cumplen o que se cumplen al contrario de lo prometido. “Fortaleceremos la economía”, “defenderemos el empleo”, “garantizaremos la salud”, “mejoraremos la educación”, “garantizaremos la vivienda” y bla, bla, bla, bla. Jamás un tribunal especializado en delitos de falacias electorales, fraudes o traiciones a mansalva. Jamás una herramienta de justicia para los pueblos que miran desfilar ante sus ojos y sus oídos la retahíla nauseabunda de palabrería electorera diseñada corruptamente para el engaño serial. Delincuencia con premeditación, alevosía y ventaja. Sin atenuantes.


Millones de dólares gastan las campañas políticas. Maquillan el oportunismo electoral con artilugios de propagada, rostros felices, poses glamorosas. Casi nunca ideas y menos trabajo real. Lo urgente, para ellos, es sumar votos, más tarde les vendrá un sueldo y para las masas el olvido. Se trata de vender ilusiones. Plagan las ciudades con carteles, volantes, anuncios televisivos, radiales, periodísticos. Saturan cuanto espacio está al alcance de sus patrocinadores, (sus patrones), para aparecer renovados y resucitar de su mediocridad, frescos, carentes de memoria... recién nacidos... van por el mundo recitando soluciones que presumen conocer y que pueden aplicar en un santiamén. Dicen que lo pueden todo, que lo quieren todo para el pueblo todo, todo a cambio de votos, votos, muchos votos. Las campañas basadas en despliegues mediáticos ostentosos suelen ser repeticiones de lo mismo, de mala calidad y poca información: frases ambiguas, remates rimbombantes y desconocimiento de problemas reales y urgentes en la vida cotidiana. Invierten sumas obscenas. Por ejemplo Odebrecht


Hay escándalos de financiamientos irregulares en Inglaterra, Alemania, Francia, España, Colombia, Brasil; Nicaragua, Perú, Ecuador. Parece que es cosa frecuente y nunca sancionada. Hay cuentas especiales que se manejan en secreto para engordar los montos de presencia pública. No pocos sospechan de dinero aportado por narcotraficantes y mafias de toda índole. Acaso la subsistencia de estos últimos dependa de ciertas alianzas con aquellos funcionarios golondrinos. La mitad de la población mundial padece pobreza y exclusión.
Los grandes beneficiados de las campañas, además de los aparatos burocráticos que pagan, son los monopolios multimedia, las agencias publicitarias y los estudios de marketing político que reinan impúdica e impunemente en alianzas con funcionarios de turno. Esas campañas quieren hacernos creer que su idea de política nos es imprescindible, que es muy decente, muy oportuna. Quieren hacernos creer que eso es la democracia, que la democracia consiste sólo en votar, que votar es ser “buen ciudadano”, “buen patriota”, votar para que otros decidan y gasten. Especialmente los que más se anuncian y luego el olvido. Su único programa de fondo es conservar al capitalismo vivo cueste lo que cueste. Y ya costó mucho.

Mientras esto no quede superado desde abajo, nosotros debemos evaluar y sancionar, la justicia y la defensa de los votos democráticos de verdad; evaluar y sancionar la injerencia de los monopolios mediáticos y la intromisión de caciques banqueros, terratenientes y empresariales. Evaluar y sancionar cuánto abonan y pagan para profundizar la alienación y deformar la realidad para acaparar votos. Con evidencias nítidas sobre la asimetría tecnológica y el derecho a las herramientas electorales... con la garantía irrevocable del derecho al referéndum revocatorios en todos los cargos; con fundamentos hacia una nueva legislación la justicia electoral en términos de derecho y de igualdad de condiciones para la participación de todos... un referéndum con voto directo y comprometido que sea capaz de poner a consideración de todos la urgencia de una nueva educación electoral bien informada, sin coerciones, sin emboscadas… Referéndum revocatorio contra toda mentira y todo mentiroso, en fin, Justicia electoral de cabo a rabo como herramienta emancipadora y como ventana abierta de la democracia verdadera.


Mientras avanzamos hacia ese consenso, producto de nuestra organización y nuestra movilización, con un programa de transparencia electoral y participación directa de las bases, llamémonos a perfeccionar la crítica contra todas las trampas ideológicas que se pasean impunemente por todos los medios. Esto es un problema de seguridad nacional, tan peligroso y amenazante como las bases militares imponiéndose en nuestros territorios.


Que nunca más quienes roban, torturan, reprimen, saquean y humillan sistemáticamente a un pueblo, puedan salir victoriosos en unas elecciones. Que nunca más el que exhibe con impudicia –impune- en los hechos, su obscenidad ideológica, sus derroches, sus corruptelas, su servilismo, su entreguismo… su estulticia, pueda ganar el voto de una mayoría y representarla. Esos que se muestran circenses y faranduleros, insensibles al dolor popular, embriagados con su “vida empresaria” o “funcionaria”, henchidos de glorias fraudulentas, desfigurado el rostro por su mentalidad corrupta, deformados por su ignorancia y señalados como delincuentes, criminales y traidores… todo junto y por partes no pueden ser elegidos. Tenemos a la vista casos estruendosos. Todo análisis simplista prueba ser fallido.


Si se cree que todo lo resuelve una “buena foto” y un “buen slogan” repetidos hasta la nausea… si todas las formas del maltrato operan ideológicamente como fatalidad para el pueblo y golpe de suerte para el “político”… en suma si los trabajadores nos son protagonistas ni conductores de la acción política, incluso electoralmente ¿En qué piensa el que vota, cuando vota? Como está de moda que los “candidatos” de las oligarquías no expliquen, no respondan no postulen… convicciones, programas o planes. (moda en España, México, Argentina, Colombia…) porque es “tendencia” en el mercado de las “ingenierías de imagen”. Como se estila la pose más que la idea, quizá en la lógica “moderna” de la burocracia burguesa prospera el silogismo infeliz de que: el elector que no piensa es el elector anhelado. O mejor aún, el elector que sólo piensa lo que le decimos que piense, es decir nada, será el elector más codiciado por los estrategas de la vaciedad electoral.


Y todo eso a precios demenciales con episodios de obscenidad inenarrable a la hora en que no hay cuenta que salga si hacemos balance de costos de “campañas” electorales. Los grandes triunfadores como siempre son los monopolios y consorcios televisivos, radiofónicos y editoriales que con formato de “propaganda oficial” o camuflados con entrevistas, referencias o noticias facturan a destajo en el reino del mercenarismo mediático esta vez disfrazado de “democracia”. El costo por voto es una bofetada (otra más) a la clase trabajadora que paga por estos circos el precio de ser humillada, despreciada y robada por el modelo de fraudes políticos consuetudinarios. Y dicen, algunos “politólogos” que eso es lo “moderno”.
Dicen muy despatarrados los señorones y los señoritos que medran con los procesos electorales (funcionarios, publicistas, asesores, encuestadores, periodistas….ufff) que al pueblo le gusta ver a los “políticos” en contacto con la realidad (pero sin decir qué harán con ella, qué mandato obedecen ni cuánto cobran por eso) Dicen los “eruditos” del voto que a la gente le gusta que el “político” debata (pero al estilo televisivo, con tiempos recortados, sin mucho enredo y calculando los anuncios publicitarios sin los cuales en negocio de la imagen no se sostiene… dicen) Dicen los “jefes de campaña”, de los candidatos oligarcas, que la gente vota por la “gestión” y no por el discurso. Y le llaman gestión a salir en la foto, en la tele, en los cines en carteles públicos… con su sonrisa de vencedor y su slogan de coyuntura. Dicen que eso es hacer “política”. Confunden a los pueblos con los “públicos”.


En el fondo de la historia la cosa es muy distinta. Los pueblos votan acosados por una sistema de presión primero económico-política, con ello ideológica y mediática, en el que reina la incertidumbre y el chantaje omnipresentes, bajo miles de trastadas cotidianas y en el pantano de la desinformación y la manipulación de la realidad. Si hubiese información libre y suficiente, si la comunicación sirviera para organizarnos críticamente y para confiar en la fuerza de los trabajadores y no para el individualismo y el linchamiento mediático de las luchas a nadie se le ocurriría votar por sus verdugos aunque se disfrazaran de santos o de “buenos muchachos”. Nadie pondría un voto a cambio de babas gerenciales salpicadas contra la historia de despojos y humillaciones incontables. Nadie votaría ni por el “glamour” de campaña ni por el fetiche. Nadie pondría su confianza en el torturador histórico que ha mentido, robado y vuelto a mentir y robarnos sempiternamente. Nadie permitiría semejante farsa y fraude, si pudiésemos votar libremente. Sin capitalismo. Votaríamos sólo por quienes conocemos, con nosotros, en lucha hombro a hombro, diariamente y por el bien de todos. ¿Exagero?


Es urgente una Revolución de la Justicia Social en los procesos electorales. Antes, durante y después. Sanciones para los que mienten, para los que no sancionan las mentiras, para lo que idean y ejecutan fraudes con votos y con promesas… sanciones al aparato electoral de los oligarcas por desigual, opaco, amañado y excluyente. Sanción para quien permita elecciones asediadas, plagadas con amenazas (así sean “sutiles”), sin auditorias o sin protocolos éticos manejados por los electores. Sanción para el dispendio y para la censura… para el tráfico de miedos. Sanciones para los que ponen la cara en episodios electorales y jamás vuelven a las bases, para los que no rinden informes y para lo que se disfrazan de “reporteros”, comentaristas u opinólogos para hacer propaganda embozada. Someter a juicio a la democracia burguesa.

Por Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

Publicado enInternacional
Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

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