Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

Publicado enColombia
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Cuba aprueba su nueva Constitución tras la celebración de un referéndum

El 86,8 % de los votantes (73,3 % de todos los electores cubanos) votó 'Sí' a la reforma de la carta magna surgida del debate popular realizado entre agosto y noviembre de 2018.

Este domingo 24 de febrero los cubanos y cubanas votaron en un referéndum a favor de reformar la Constitución vigente desde 1976. Con una participación del 84,40 % (el voto no es obligatorio), el 86,85 % de los votantes respondió 'Sí' a la pregunta: "¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?".


Esto corresponde a un apoyo de 6.816.169 ciudadanos (el 73,31 % del padrón electoral), mientras que 706.400 personas (el 7,59 % del padrón y el 9,39 % de los votos válidos) marcaron el 'No' en la consulta popular. La Comisión Electoral Nacional cubana anuló 127.100 boletas, y las restantes 198.674 quedaron en blanco.


El jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, declaró a los medios, luego de asistir al centro de votación, que se trata de una carta magna "moderna" que "formula un Estado socialista de derecho". "Nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida en la construcción del modelo económico-social", añadió.


A su vez, recordó que "el 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera Constitución socialista, ya en Revolución", lo que implicó un "momento de crecimiento, de avance institucional, jurídico y constitucional".


Finalmente, sostuvo que la votación fue "también por América Latina, por Venezuela y la dignidad de la región". "Estamos viviendo un momento de amenaza imperial, existe la intención de imponer una plataforma de restauración capitalista en América Latina", agregó en relación a la crisis que se vive en Venezuela y las amenazas de intervención militar por parte de EE.UU


"Los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Esta guerra que se nos hace es económica, ideológica y cultural", completó.
¿Qué plantea la nueva Constitución.


El texto aprobado en el referéndum de este domingo supone una serie de modificaciones de distinta índole y mantiene derechos consagrados por el modelo cubano. Entre los artículos más importantes se destacan:


• Título II: actualización del modelo económico y reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para hacer frente al bloqueo de EE.UU.
• Artículo 4: se ratifica que el país no volverá al capitalismo y se destaca el carácter "irrevocable" del sistema socialista.
• Artículo 82: se considera al matrimonio como una forma de organización familiar que "se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges". De esta manera, se modifica la descripción que planteaba que era la unión de un varón y una mujer, abriendo la puerta para que el matrimonio igualitario sea legalizado en el futuro.
• Artículos 126 y 127: se crea el cargo de presidente del país que tendrá un mandato de cinco años con opción a una sola reelección por un período de tiempo similar. Además, la edad mínima requerida para aspirar a este cargo serán 35 años y la máxima 60 a la hora de presentarse por primera vez.
• Artículo 15: se explicita el carácter laico del Estado y se mantiene la libertad de credo y el respeto igualitario a todos ellos.
• Artículo 55: se declara que "los medios fundamentales de comunicación social", en cualquiera de sus formas y soportes, son de propiedad socialista y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

• Artículo 42: todas las personas recibirán "igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna".

• Artículos 72 y 73: tanto la Salud como la Educación serán garantizadas por el Estado de forma gratuita.

• Artículo 86: se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho para garantizar "su desarrollo armónico e integral" teniendo en cuenta "su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan".


Un proceso de debate inédito en el mundo


El primer borrador de la nueva Constitución fue presentado a mediados de 2018 en la Asamblea Nacional y sometido a un debate popular de varios meses, que comenzó el 13 de agosto y finalizó el 15 de noviembre.


Según informó Prensa Latina, casi 9 millones de cubanos –sobre 11.500.000 habitantes– participaron de 133.000 reuniones de discusión que se llevaron a cabo en barrios, centros de trabajo y estudio. De allí surgieron alrededor de 783.000 propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos.

Publicado: 25 feb 2019 20:22 GMT | Última actualización: 26 feb 2019 09:31 GMT

Publicado enInternacional
Nos hemos conformado con una concepción superficial de la democracia. Y eso es peligroso

A lo largo de los últimos decenios, muchos en Occidente han llegado a aceptar una concepción notablemente estrecha de para qué sirven la economía y una democracia. La economía existe para enriquecernos, o al menos para pagar las facturas. Se cree que funciona cuando suben la bolsa y el PIB. Democracia es votar por alguno de que esté “de tu lado”. Ambas están vinculadas cuando votas por alguien que promete que te hará rico, o al menos que te bajará los impuestos.

A riesgo de afirmar algo que se ha vuelto obvio en años recientes, esta visión materialista de la economía y la democracia es, en el mejor de los casos, pobre; y en el peor, es peligrosa. La insatisfacción económica prolongada y nuestra concepción de la democracia poco consistente han abierto un agujero espiritual que ha empujado a los votantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica a los abrazos de populistas irritados y nacionalistas, que ofrecen un nuevo espiritualismo basado en la nación.


Pero hay otra tradición democrática, prácticamente perdida, en la que los objetivos de una democracia y una civilización digna están irreduciblemente ligados al vigoroso desarrollo de sus ciudadanos en dimensiones sociales, intelectuales y espirituales. En esta vieja concepción, una democracia excelente es aquella que sirve de crisol para la forja del buen carácter y la búsqueda de una vida digna: una que incluye la seguridad material, pero que también va más allá.


Esta versión de la democracia no pone el acento en las urnas o en los valores bursátiles, sino en la calidad de la vidas de los ciudadanos tal y como son vividas. Reconoce, de este modo, que el crecimiento personal saludable no ocurre por sí solo: requiere de libertades y seguridad con las que el florecimiento humano sea posible.


Según esta noción, todos los ciudadanos deberían tener la seguridad como para trascender una brutal refriega por la supervivencia y sentirse a salvo, y la libertad para aspirar a hacer algo más con sus vidas. Como una vez lo expresó el jurista estadounidense Louis Brandeis: “el ‘derecho a la vida’ garantizado por nuestra Constitución” debería ser entendido como “el derecho a vivir, y no meramente a existir”.


La opinión de Brandeis tiene implicaciones radicales respecto a cómo deberían ser un país y su economía. En particular, exige que reconozcamos, limitemos y equilibremos sendos peligros sobre nuestras vidas: tanto el de la opresión gubernamental como el de la coerción privada. Eso significa, claro está, la protección ante la censura y la represión del gobierno. Pero también significa libertad ante la dominación industrial, la explotación o tanta inseguridad económica como para que uno tema constantemente al desempleo o a la pobreza. Como escribió Brandeis, nadie es realmente libre “si depende, en el terreno laboral, de la voluntad arbitraria de otro”.


Desde la revolución industrial, hemos tenido que contar con el crecimiento del poder privado: antes en forma de trust o cártel, ahora en la forma de la gran corporación, el monopolio y la multinacional. El poderío y la riqueza de estas instituciones puede exceder incluso el de los gobiernos. Especialmente en los Estados Unidos, estas empresas también han reivindicado para sí mismas muchos de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión, a gastar dinero para influir en la política y a la libertad de culto corporativo –hasta ahora, prácticamente todo excepto el derecho a votar–.


Para la mayoría de las personas en los países industrializados hoy en día, nuestro sentido de la autonomía y la seguridad está igual o más influenciado por fuerzas privadas y estructuras económicas que por el gobierno. Las condiciones de trabajo –desde la cantidad de nuestro salario y la duración de la jornada, hasta los riesgos de ser despedido, acosado o maltratado por los jefes, e incluso la seguridad personal– determinan hoy qué parte de nuestras vidas es realmente vivida.


Fuera del trabajo, nuestras vidas diarias están también profundamente determinadas por cuestiones económicas como el alquiler, el acceso al transporte o la compra diaria de alimentos, así como el seguro médico, incluso mucho más que cualquier otra libertad abstracta. Es por eso que la libertad real debe ser comprendida como ausencia de coerciones públicas y privadas: un aspecto que ha sido completamente olvidado por los denominados libertarianos, conservadores e incluso la mayoría de neoliberales.


Esto dirige a otra intuición crucial ulterior: que el “gigantismo” –la dominación de la economía y la política por parte de empresas gigantes– es una calamidad.


Desde la perspectiva de la libertad individual hay una diferencia fundamental entre una economía dominada por multinacionales gigantes y una que abarque intereses más pequeños en condiciones de competición. Cuando el poder privado está concentrado, los ciudadanos corporativos [las empresas] pueden desplazar con sus exigencias a los humanos. Emerge cierta inhumanidad, y perdemos de vista que el florecimiento humano debería ser el objetivo.


Las condiciones de trabajo hacen esta dinámica particularmente clara. En los Estados Unidos, los empleados están sujetos regularmente a infracciones que van desde lo invasivo hasta lo abiertamente tiránico. A los trabajadores poco cualificados se les prohíben regularmente las conversaciones casuales o demorarse en la tarea (a lo que Walmart llama “robo de tiempo”), se les deniega el acceso al baño (Tyson Foods), son cacheados al salir del trabajo (Amazon), o sujetos a controles antidroga masivos sin sospecha alguna, incluso para trabajos rutinarios (en muchas industrias).


Más en general, el crecimiento de empleos inestables a tiempo parcial y su otra cara, la sobrecarga de trabajo, ha tenido un efecto corruptor y corrosivo sobre cómo la vida es realmente vivida. Tal vez más perniciosamente, el poder privado, tal y como se experimenta en la forma de un puesto de trabajo pleno de dominación, puede destruir la vida familiar. Esto tiene efectos intergeneracionales profundos, obstaculizando el desarrollo y limitando las oportunidades futuras de los hijos cuyos padres no pueden dedicarles el tiempo y la atención que necesitan.


Proteger la libertad humana y proveer de la seguridad consistente con la prosperidad humana no requiere solo de regulaciones humanas de las condiciones de trabajo, sino también de una economía abierta, compuesta de pequeñas empresas que realmente obedezcan las leyes. Para lograrlo, necesitamos poner fin, o al menos limitar radicalmente, el poder de los monopolios.


Como Brandeis entendió, la verdadera libertad implica una suspicacia contra las corporaciones enormes y los gobiernos enormes. El principio unificador es este: el poder concentrado en cualquiera de sus formas puede ser peligroso; las instituciones deben construirse a escala humana, y necesitamos, por encima de todo, perseguir metas humanas.

 

Por Tim Wu. Es profesor de derecho en la Universidad de Columbia. Su especialidad es la legislación contra los monopolios, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se le atribuye la creación del concepto de “neutralidad en la red”. Es el autor de "El interruptor principal: Auge y caída de los imperios de la información" (Fondo de Cultura Económica, 2016). Acaba de publicar su último libro, del cual este texto es una adaptación, "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" (Columbia Global Reports, 2018).

 

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“No se trata de sobrevivir en el sistema capitalista, sino de minar sus bases”

Amigo personal de Lula, el veterano fraile dominico brasileño y teólogo de la liberación es sin embargo crítico con algunas de las políticas aplicadas por los gobiernos del PT, de los que se distanció hace más de una década.


—¿Cómo explica el triunfo de Jair Bolsonaro?


—El PT realizó las conquistas más importantes de la historia reciente de Brasil, sobre todo en el área social, pero el último mandato de Dilma Rousseff no fue muy positivo, más bien lo contrario. Llevó a cabo políticas de corte neoliberal, aliándose con sectores de derecha, que alejaron al PT de lo que habían sido sus principios históricos. A eso hay que sumarle la desestabilización política conducida desde dentro del propio gobierno, por el vicepresidente Michel Temer, y desde fuera. Eso fue creando las condiciones para lo que siguió después.


Al mismo tiempo, el PT, en sus 13 años de gobierno, dejó en el tintero muchos temas. Uno de ellos fue la alfabetización política del pueblo, otro la democratización de los medios de comunicación. Y tuvo la “mala suerte” de que varios de sus líderes estuvieran envueltos en redes de corrupción.


—¿Mala suerte? ¿Esos casos de corrupción no fueron consecuencia de aceptar unas reglas del juego que se suponía se iban a combatir?


—Fue un error pensar que para asegurar la gobernabilidad había que hacer alianzas con determinados partidos. Pienso que lo más importante para asegurar esa gobernabilidad era favorecer la movilización de los movimientos sociales, que fueron la base histórica del PT, surgido precisamente como un “partido de los trabajadores”, de los más pobres.


Otro factor que jugó mucho en la llegada al poder de Bolsonaro fue la manipulación de los medios de comunicación. En eso hubo una incidencia de gente como el estadounidense Steve Bannon, que ya había tenido éxito en la promoción de Donald Trump y en la fabricación de “noticias falsas”. Bannon asesoró a Jair Bolsonaro y lo está haciendo en decenas de países (se habla de unos 50), con dirigentes de extrema derecha. Es gente que contribuye a una degradación extrema de la democracia.


El encarcelamiento de Lula contribuyó en mucho también, sin duda, a la victoria de Bolsonaro. Ahora ha quedado clarísimo que se trató de una conspiración en su contra: quien lo acusó, sin pruebas serias, consistentes, fue el juez Sergio Moro, a quien Bolsonaro designó como su futuro ministro de Justicia. Lula molestaba, y era muy probable que pudiera ganar fácilmente las elecciones. Ahora, con este panorama, no sé si no va a terminar sus días en la cárcel.


—¿Usted piensa que las denuncias de corrupción que pesan sobre una cantidad de dirigentes de gobiernos progresistas latinoamericanos obedecen a una campaña global orquestada?


—Es muy posible, pero eso no excluye que haya habido hechos de corrupción concretos, probados. En el caso de Brasil, ha habido incluso muchas confesiones. Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula, admitió haber sido corrompido y haber sido corruptor. Y así otros dirigentes del PT.


Hay que tener en cuenta que este tema de la corrupción es muy sensible sobre todo para la gente pobre, que admite cada vez menos que las elites roben, se enriquezcan, cuando ellos la pasan mal, siguen pasando mal. Hay una exigencia ética muy fuerte en ese sentido, sobre la cual por supuesto se monta la derecha intentando explotarla sin legitimidad.
El PT, en este como en otros temas, no ha hecho autocrítica alguna al respecto.


—¿Cómo son actualmente sus relaciones con el PT?


—Nunca fui militante de ningún partido. Tenía y tengo relaciones personales con algunos de sus dirigentes, especialmente con Lula, con quien mantengo vínculos fraternales. Lo he ido a ver a la cárcel, y pienso ir a verlo, si me autorizan, antes de Navidad. Eso no implica que no pueda criticarlo, y mucho, siempre dentro de la izquierda.


—Usted ha sido muy duro con los gobiernos del PT, por ejemplo en su libro La mosca azul, de 2006.


—Y también en Calendario del poder (publicado en 2007), que no está traducido, y que es una suerte de diario de trabajo de cuando estaba en el gobierno y me decepcioné de sus políticas. Yo había sido parte del programa Hambre Cero, concebido como un plan monitoreado por los movimientos sociales a través de comités de gestores. Pero el propio gobierno lo remplazó con Bolsa Familia. Hambre Cero era un programa emancipatorio, Bolsa Familia fue un programa compensatorio. No es que dar dinero, subvenciones, a los más pobres, esté mal en sí mismo, pero no se les permitió a las familias marchar hacia su emancipación financiera y sustentable.


—Es una concepción con la que se manejaron casi todos, si no todos, los gobiernos progresistas de la región.


—Exactamente. No dieron a la gente condiciones para que saliera durablemente de la miseria, a través del acceso a la vivienda, a la tierra, al trabajo.


En Brasil se priorizó el acceso a los bienes personales. Vas a una favela y adentro hay smartphones, tevé plana y a color, heladera, computadora, pero la casilla en la que viven es la misma casilla miserable de antes. La gente no tiene vivienda digna, no tiene saneamiento, no tiene trabajo, los niños no van a la escuela. Se debería haber priorizado el acceso a los bienes sociales y crear una sociedad diferente, basada en una cultura en la que los bienes sociales fueran los más importantes. Eso no se hizo. Tampoco se puso énfasis en un tipo distinto de educación. Ahora Bolsonaro propone volver a una educación aun más retrógrada, en la que a los niños se les enseñe que la teoría de la evolución es falsa, y lo va a poder hacer, porque no se trabajó para consolidar una base impermeable a ese tipo de barbaridades.


Lo que quiero decir es que no se trata de apuntar, como se hizo bajo los gobiernos del PT, a sobrevivir en la sociedad capitalista, sino a minar las bases de la sociedad capitalista, a darle nuevo sentido a la vida, fomentar un sentido de comunidad. La gente que entraba a los partidos comunistas en los años veinte, treinta, cuarenta, en sociedades capitalistas, sentía que vivía un mundo solidario, fraterno. Con las diferencias claras del caso, hay que volver a ese espíritu.


—Los partidos progresistas afirman que una cosa es la “cultura de oposición” y otra la “cultura de gobierno”, y que una vez que llegan al poder se encuentran con problemas que no preveían. En Brasil, el PT dice que tuvo que operar en un sistema político atomizado y corrupto, y con ese argumento justifica las alianzas que hizo o el mensalão…


—Son excusas. Se podría perfectamente haber hecho de todas maneras cosas que no se hicieron: implementar la alfabetización política de la gente; lo que hablaba antes, de los programas emancipatorios y no asistencialistas; apoyar a los medios de comunicación alternativos, en vez de a los medios grandes; tomar medidas redistributivas más fuertes, y muchas otras cosas que se optó por no hacer a pesar de que se contaba con el apoyo de los movimientos sociales.

Daniel Gatti
30 noviembre, 2018

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EE.UU.: Elecciones de mitad de mandato históricas, cifra de votantes vergonzosa

Las pasadas elecciones de mitad de mandato estadounidenses hicieron historia, sobre todo porque el Partido Demócrata volvió a liderar la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una cifra sin precedentes de cien mujeres resultaron electas para el Congreso, entre ellas, las primeras indígenas, musulmanas, afroestadounidenses, latinas y LGTBQ.

Pero también es cierto que menos de la mitad del electorado acudió a las urnas: un 47%. A pesar de ser la participación en elecciones de mitad de mandato más alta en medio siglo, es una cifra vergonzosa. El motivo principal son las agresivas acciones de supresión de votantes que el Partido Republicano ha llevado a cabo con éxito durante décadas, principalmente en los estados en los que detentan la mayoría en la legislatura estatal y que son gobernados por republicanos. La población se está organizando en contra de esta privación del derecho al voto generalizada y puede sacar dos importantes lecciones de estas elecciones de mitad de mandato: primero, que la organización de base obtiene resultados; y segundo, que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar una democracia justa y representativa con un electorado comprometido y empoderado.


Basta con ver lo que sucedió en el estado de Misisipi, donde se acaba de realizar una segunda vuelta para el Senado de los Estados Unidos. En una elección cargada de racismo, la republicana Cynthia Hyde-Smith derrotó por aproximadamente ocho puntos porcentuales al demócrata afroestadounidense Mike Espy, que ha sido miembro del Congreso y secretario de Agricultura de Estados Unido. Si bien puede parecer una victoria sólida, uno de los dirigentes sociales más brillantes y experimentados del sur, el reverendo Dr. William Barber, lo ve de otra manera: “Mike Espy, en cierta forma, ya ha hecho historia al llegar a una segunda vuelta. Hace cinco o diez años, no se veía lo que estamos viendo en Georgia, Florida, Texas y ahora en Misisipi”.


El Reverendo William Barber se está refiriendo al fuerte avance de personas de color y progresistas en estados que se consideraban fortalezas conservadoras.


En Georgia, Stacey Abrams, quien bien podría haber sido la primera mujer gobernadora afroestadounidense en Estados Unidos, perdió por un margen muy reducido ante el republicano Brian Kemp, que se desempeñaba como secretario de Estado de Georgia durante la campaña. Kemp se negó a renunciar al cargo y finalmente supervisó la elección en la que era candidato. Como secretario de Estado, Kemp eliminó a 1,3 millones de votantes del registro electoral de Georgia y dejó en suspenso el procesamiento de 53.000 formularios de registro de votantes que en su mayoría eran de personas de color, que tienden a votar por los demócratas. Una orden judicial finalmente lo obligó a registrar a esos votantes. Stacey Abrams anunció que creó una nueva organización, Fair Fight Action, que ha presentado una demanda federal para forzar a los funcionarios electorales de Georgia a solucionar lo que, según afirma, son problemas sistémicos del sistema electoral de Georgia.


En Florida, el afroestadounidense Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee, perdió por estrecho margen ante Ron DeSantis, el protegido de Donald Trump, en una campaña también empañada por llamadas automáticas con mensajes racistas y comentarios racistas por parte de DeSantis, entre los que se cuenta el convocar a la ciudadanía a “no hacer la monería” de apoyar a Gillum. La contienda fue lo suficientemente estrecha como para forzar un recuento de los votos y aunque Gillum finalmente perdió, en la misma elección los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 4, que restaura el derecho al voto de 1,4 millones de floridenses con antecedentes penales.


Barber ha estado organizando lo que llama la “tercera reconstrucción”, una reorganización política en el sur de Estados Unidos. El reverendo explicó cómo la segunda vuelta para el Senado de Misisipi sirvió como oportunidad de organización: “Pude ir allí y estar en iglesias con las personas que acudieron, blancas, negras y latinas, que se estaban organizando, que reconocen que Misisipi no es un estado republicano, sino que es su estado, y que tienen posibilidades en Misisipi porque los índices demográficos han cambiado. Y tenemos que empezar a ver eso también. Comprenden que, en 2016, el 45% de las personas no votaron. Comprenden que solo el 29% del electorado acudió a votar en 2014 en la elección que ganó [el exsenador republicano Thad] Cochran. Este ganó por solamente 125.000 votos, y unos 600.000 afroestadounidenses que podrían haber votado no lo hicieron, y casi un millón de personas blancas que podrían haber votado tampoco lo hicieron”.


Mike Espy, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos y excongresista de Misisipi, perdió ante la actual senadora republicana de Misisipi por poco más de 68.000 votos, un margen menor al 8% (Hyde-Smith fue designada para reemplazar a Thad Cochran en abril de este año, cuando este renunció por motivos de salud). La victoria de Hyde-Smith se produjo después de que ella bromeara sobre los ahorcamientos públicos en la campaña electoral y luego de que se hiciera pública una fotografía en Facebook que la mostraba posando con una gorra y un rifle del Ejército Confederado, en la que escribió como pie de foto: “¡Lo mejor de la historia de Misisipi!”.


Como señala el reverendo Dr. William Barber, hay más de 600.000 afroestadounidenses en Misisipi que reúnen las condiciones para votar, pero que no acudieron a las urnas. Un esfuerzo concertado para lograr la participación de estos ciudadanos, para empoderarlos con el fin de que ejerzan el voto, podría cambiar fácilmente los resultados de las elecciones en Misisipi.


Barber concluyó: “El sur está cambiando. La llamada “Estrategia sureña” del Partido Republicano comienza a romperse. Ya vamos sintiendo el dolor de parto de esta tercera reconstrucción”.

 

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Sábado, 17 Noviembre 2018 06:02

A la libertad por la universidad

A la libertad por la universidad

En la imaginaria Ciudad del Sol de Campanella, rodeada de siete murallas, hay una casa con tantos maestros como ciencias: “el astrólogo, el cosmógrafo, el geómetra, el lógico, el retórico, el gramático, el médico, el físico, el político, el moralista… y un solo libro que contiene la totalidad del saber humano, que debe conocer todo el pueblo”.


Esta visión renacentista es el mejor símil de la universidad, un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser.


Lo aprendí cuando en 1959 entré a estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la única que existía entonces, con sede en la ciudad de León, y que tenía apenas mil estudiantes. Las clases se extendían fuera del aula y uno podía visitar a los profesores en sus casas, prestar libros de sus bibliotecas y aun sentarse con ellos a las mesas de los bares. Una intimidad académica y de por medio mucha curiosidad juvenil.


El rector de la universidad era Mariano Fiallos Gil, quien había luchado por conquistar la autonomía universitaria. Fuimos sus discípulos y formamos lo que se llamó la generación de la autonomía.


Creó el lema A la libertad por la universidad, que proclamaba un humanismo beligerante, la universidad fuera del claustro, y así salíamos a la calle a enfrentarnos con la realidad de que el país se hallaba bajo la férula de una dictadura familiar.


Solía repetir a Terencio: Soy un hombre, nada humano me es ajeno. Y nada de lo humano es ajeno a la universidad, inmersa en un entorno que en América Latina es injusto con tanta desmesura. Si a la universidad se le arrebata el humanismo y se burla su autonomía, nada queda de ella.


Es lo que hace un siglo enunciaba el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”.
Las universidades fueron en América Latina fortalezas éticas que criticaban a los gobiernos autoritarios y denunciaban los abusos de poder. Por eso fueron blanco no pocas veces de las dictaduras militares, que mandaban ocuparlas con tropas y tanques de guerra.


Ahora, cuando en las encuestas de opinión se pregunta sobre las instituciones de mayor prestigio, las que ejercen influencia sobre los ciudadanos, se olvida a las universidades, como si se hubieran ausentado de la vida pública.


La excelencia académica es un reto. Pero también las universidades tienen otro papel que cumplir más allá de las aulas. Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico.


Hay nuevas formas de populismo y de caudillismo, y las universidades no se libran de la férula ideológica, alineadas al poder político como ocurre hoy en Nicaragua, donde se ha perdido todo vestigio de autonomía en las universidades públicas y la autoridad académica se subordina a la de los comisarios políticos. Son universidades intervenidas.


Los profesores que no responden a las líneas políticas oficiales son despedidos y decenas de estudiantes han sido expulsados o se hallan en la cárcel acusados de actos de terrorismo. La lealtad política sustituye al rendimiento académico, y por tanto la calidad de la enseñanza se empobrece hasta el ridículo.


La democracia es una herramienta ineludible e insustituible, sin la que no son posibles ni la paz social ni la institucionalidad ni la transformación social ni el progreso económico. ¿Tienen que ver las universidades con la defensa de la democracia? Deben estar a la cabeza. La democracia necesita ser defendida con las herramientas del pensamiento elaborado de manera crítica en los recintos académicos. En el ejercicio pleno de su autonomía y en libre debate de las ideas, las universidades deben ser ellas mismas escuelas de democracia.
No se ha roto el molde del dogma. Un dogma vuelve siempre a sustituir a otro y el antídoto sólo está en poner en cuestión la verdad absoluta, rasgar su coraza y hacer que surja el pensamiento libre. Y crear pensamiento libre de manera incesante es tarea de las universidades.


La primera prédica de la universidad, que por su naturaleza y su misión encarna la diversidad, es en beneficio de la libertad para cerrar así el paso a la intolerancia de quienes no admiten el pensamiento ajeno y buscan anularlo. Quienes expulsan de las universidades toda forma diferente de pensar son quienes terminan levantando los cadalsos e inflamando las hogueras donde se empieza quemando libros y se terminan quemando personas, según las palabras de Heine, que nunca debemos olvidar.


Madrid, noviembre de 2018
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E-democracia: la innovación democrática que no termina de arrancar

Varios países han avanzado mucho en la participación ciudadana a través de mecanismos de e-información, consulta y toma de decisiones. Sin embargo, sus expertos alertan de la dificultad de implicar a la ciudadanía en herramientas que pueden hacer de dique ante la progresiva reducción a lo representativo de la política institucional.

Más de una década llevan la Universidad de Wanseda en Japón y la Academia Internacional de CIO estudiando las tendencias globales de Gobierno Digital. Con indicadores como la infraestructura digital, la política de Datos Abiertos o la participación ciudadana a través de mecanismos de e-información, consulta y toma de decisiones, elaboran un ránking mundial. El de 2017 lo lidera Singapur, por su uso de la Inteligencia Artificial en la administración pública, seguido de Dinamarca, reconocida "pionera" en la utilización de tecnologías emergentes en ese ámbito. Desde su creación en 2015, el país escandinavo también lidera el DESI, índice de Desarrollo de Sociedad y Economía Digitales realizado por la Comisión Europea.

"Seamos sinceros, hace dos o tres décadas la digitalización en Dinamarca estaba muy dirigida a la eficiencia; gracias a ella podías reducir la burocracia por ejemplo. Pero ahora estamos en una encrucijada: el foco de atención está en cómo la tecnología puede realmente mejorar los servicios públicos, la protección del consumidor, en mantener los valores democráticos ...", afirma Casper Klynge, su embajador Tecnológico desde 2017.


Tras digitalizar el sector público, incluidos algunos experimentos con robótica y automatización, la diplomacia danesa propone la TechPlomacia. "La influencia de la tecnología en los temas globales va a ser enorme. Así que, en lugar de hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores o el de Transporte, lo hacemos con algunas de las grandes tecnológicas, no solo en la UE y Estados Unidos, sino en todo el mundo", explica. Con oficina en Copenhague, Pekín y Silicon Valley, reconoce que vela por los derechos de los daneses "vigilando a los gigantes tecnológicos" con especial atención a los asiáticos como Alibaba, Tencent o Baidu, " cada vez más grandes y poderosos".


GIGANTES TECNOLÓGICOS Y MÍNIMOS DEMOCRÁTICOS

"Puede que no estemos de acuerdo con todo lo que pasa en Silicon Valley o con cómo lidian con ello los reguladores europeos o la Comisión, pero tenemos que mantenernos unidos ya que la ética de estas empresas es muy cuestionable. Algunas de ellas operan en el vacío normativo más absoluto, sin tener en cuenta fundamentos democráticos básicos", advierte Klynge.

Mientras, plataformas como Uber concentran toda la preocupación de gobiernos y legisladores. Suecia, Noruega y Dinamarca después, le prohibieron operar en sus territorios. "Estamos muy a favor de la economía colaborativa, pero tiene que haber un mínimo, algunos contrapesos donde los operadores cumplan con nuestra forma de vida. Hemos trabajado muy duro los últimos 50 años en Escandinavia y en Europa para desarrollar algunos de los principios básicos con los cuales regimos nuestras sociedades. Y de eso se trata: de proteger la democracia", recalca Klynge.


Además, valora como un “gran avance” que Dara Khosrowshahi —CEO de Uber— admitiera que su plataforma “no estaba cien por cien alineada con los valores democráticos” y su intención de “reinventar la empresa y ser más responsables con los operadores y consumidores”. Considera ésta una “tendencia” en el resto de plataformas y el punto donde “gobierno y sector privado tenemos que trabajar para asegurarnos de no alterar la forma en que hemos vivido en las últimas décadas”.


La aplicación fue expulsada también de Taiwán. Dos meses después, Taipei resolvió el conflicto entre Uber y los taxistas locales con una herramienta de mediación online. Esta visualizaba las comunidades de opinión y establecía un diálogo en directo entre las partes, buscando coincidencias. El resultado fue tan positivo que dio pie al Public Digital Innovation Space, un lugar desde el que “compartir la agenda del poder con la gente”. Audrey Tang, ministra Digital taiwanesa, lo explicaba en el Personal Democracy Forum de Nueva York. “Antes, la democracia era una especie de enfrentamiento entre dos visiones diferentes. Ahora, debe convertirse en una conversación entre visiones diversas”. Y añadía, “en Taiwán, internet y democracia no son dos cosas, sino una sola”.


En el Báltico se encuentra la que, según Wired, es la “Sociedad Digital más avanzada del mundo”. Tras independizarse de la URSS en 1991, Estonia vislumbró en la tecnología una salida a su situación de “recursos limitados”, como recuerda la experta de E-Governance Academy Kristina Reisalu. “Éramos un país muy pobre, con menos de un millón y medio de habitantes y la tecnología estaba ahí, disponible”, cuenta.


Ese fue el punto de partida para mantener las instituciones públicas al mínimo y hacer realidad su aspiración de entrar en el euro. La crisis de 2009, con la producción desplomándose un 15%, se resolvió con la devaluación interna: reducción de los presupuestos en un 9% del PIB y recorte del salario del 61% de los funcionarios y del 40% de los trabajadores del sector privado —porcentajes que un año después se ampliaron al 71 y al 44 por ciento—. La baja afiliación y presencia sindical, garantizaron una escasa respuesta social ante las medidas de austeridad.


Hoy, la digitalización de historiales médicos y de recetas es prácticamente total en el sistema de salud estonio. Un avance que lo coloca por delante de los países de su entorno, pero por debajo del promedio en la UE: Estonia dedica el 6,5% de su PIB a la salud, frente al 9,9% de media comunitaria, Además, su apuesta por el modelo Bismarck, donde cada trabajador destina el 13% de su nómina a financiar su seguro médico, lo convierte en un “sistema vulnerable” por su “extrema confianza en las nóminas”, según un informe del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud.


Reinsalu explica este desequilibrio entre Sociedad Digital y bienestar. “El objetivo era construir de cero la estructura de un e-Gobierno, por lo que servicios electrónicos se concentraron en la Administración, en facilitar la vida de los funcionarios en la gestión de datos; el foco se ha puesto recientemente en nuestros ciudadanos”.


“Incluso aquellos con menos recursos o que viven en zonas rurales tienen acceso a los e-servicios del Estado, ya que lo primero fue garantizar el acceso a internet a través de puntos gratuitos”, añade. Para esta experta, lo verdaderamente importante es el potencial de la tecnología para “cambiar la toma de decisiones en la Sociedad de la Información, haciéndola abierta y distribuida”.


"NO SOLO ES LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA; ES LA INICIATIVA POLÍTICA"

Es decir, aportar innovaciones democráticas que no se limiten a “incluir a más ciudadanos en el proceso político”, sino que consigan, mediante la participación ciudadana, “que los gobiernos tengan mayor capacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, que las instituciones sean más responsables respecto de sus acciones, fortalecer el estado de derecho y promover la igualdad social”, como afirma LATINNO, la mayor base de datos sobre estas experiencias en América Latina.

“No es solo la capacidad tecnológica, es la legislación y la iniciativa política”, explica Yago Bermejo, responsable de proyectos de Inteligencia Colectiva para la Democracia en MediaLab Prado. “Cuando unimos, como sucedió en el 15M, la deliberación en red y los espacios presenciales, se genera conocimiento, una especie dethink-tank colectivo. ¿No se puede usar esta inteligencia colectiva para decidir cómo hacer las cosas en una democracia?”. La respuesta es Decide Madrid, la plataforma de iniciativas ciudadanas del Ayuntamiento: “Ahora mismo hay gente pensando propuestas de manera distribuida (crowdsourcing) que a la institución no le daría tiempo a pensar. Con ideas bottom-up [de valoración sencilla mediante un botón que apoya o descarta una idea] puede abordar las necesidades sociales de manera distribuida. Por eso los presupuestos participativos son un buen punto de partida”, cuenta Bermejo.


Bermejo reconoce que a la gente le cuesta participar, puesto que “requiere un esfuerzo”. “Aunque los canales para la participación están abiertos, ni los agentes sociales ni la ciudadanía los han incorporado a sus prácticas. Se lanzan propuestas para cambiar cosas en Change.org en las que el consistorio tienen competencia, pero no desde Decide Madrid. ¿Por qué?. Porque mucha gente aún sigue la lógica de 'tenemos que convencer o presionar a alguien'. Y ese es el salto que tenemos que dar”, critica.


“En Estonia muchas veces, el problema radica en la pasividad de los ciudadanos”, asegura Kristina Reinsalu. “No es tanto un desafío tecnológico, ya que generalmente se trata de programación, sino de cómo cambiar la actitud de las personas cuando dicen "soy escéptico", "no soy nadie", "a mí no me molesta", etc. La sociedad civil debería mostrar más responsabilidad; la e-democracia es un proceso de decisión iniciado por un lado donde el otro debería estar participando electrónicamente. La tecnología lo ha facilitado, pero el cambio drástico aún no se ha producido”, concluye.

 

2018-07-22 05:00:00

 

 

 

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¿Nuevos tiempos, nueva Constitución?

Ya funciona en Cuba una comisión parlamentaria encargada de modificar la Constitución y crear un marco legal para las “nuevas formas de gestión” –inversión extranjera, pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias– promovidas por el gobierno.

 Alguna vez, entre finales de los años noventa y principios de los dos mil, se comenzó a hablar en Cuba de la necesidad de eliminar la “doble moneda”. Dos décadas más tarde esta práctica persiste. Ni siquiera la preocupación de Fidel Castro por la circulación de una moneda paralela (la población llegó a emplear incluso el dólar estadounidense) bastó para cambiar una realidad que abrió las puertas al fenómeno social más temido por la ortodoxia revolucionaria: la desigualdad.

“Antes del Período Especial todos éramos prácticamente iguales, pero cuando se cayó la Urss y quitaron la prohibición de tener dólares, ese sueño se desvaneció”, comenta Caridad, una vendedora de divisas de la ciudad de Matanzas, cien quilómetros al este de La Habana. Hace alrededor de diez años que compra y vende Cuc, el peso cubano “convertible”, equivalente al dólar y 25 veces más valioso que el peso cubano “normal” o Cup. Se trata de un negocio ilegal, que le asegura unos ingresos constantes y nada despreciables, confiesa.


A Caridad no la inquieta que algún día vaya a desaparecer su fuente de recursos: “Cuando empecé en esto ya decían que iban a quitar los Cuc, y todo ha seguido como si nada. Posiblemente, ese cambio no lo vean ni mis hijos”.


La historia parece darle la razón. La celeridad no ha sido nunca característica distintiva de los gobiernos de la revolución. Ni siquiera a comienzos de la década de 1990, cuando La Habana quedó prácticamente aislada en el mundo luego de la desaparición del socialismo real. Por entonces Fidel Castro condujo con cautela extrema un proceso de reformas que se extendió de 1991 a 1997 y tuvo como premisa no adoptar decisiones que pusieran en peligro “las conquistas del socialismo”. Una década más tarde, en julio de 2006, Raúl Castro relevó de forma inesperada a su hermano. Apenas asumida la nueva responsabilidad, el general de Ejército enarboló como bandera el principio de “avanzar sin prisas pero sin pausa”, un compromiso que cumplió al pie de la letra… sobre todo en cuanto al primer aspecto.


El pasado 19 de abril, durante la entrega oficial de la presidencia a su sucesor, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro señaló la necesidad de contar con una carta magna más acorde a la realidad del país. El principal motivo detrás de esta iniciativa del gobierno es adecuar el marco legal existente a los grandes cambios económicos que se vienen dando en la isla desde hace más de una década, por ejemplo con el emergente sector privado.


UN PROCESO EXPRÉS.

La redacción de la nueva Constitución, anticipaba Raúl Castro, estaría a cargo de “una comisión de diputados que se propondrá a ustedes (la Asamblea Nacional del Poder Popular, Anpp) en el mes de julio”, es decir al comenzar el período ordinario de sesiones (uno de los dos que en el año establece la ley para la Anpp). Pero cuando el pasado 28 de mayo el Palacio de la Revolución anunció inesperadamente la convocatoria anticipada de la legislatura quedó claro que el proceso de reescritura de la Constitución era una de las principales prioridades del gobierno. El sábado pasado fueron aprobados los 33 nombramientos de la comisión constituyente, que –como cabía esperar– es presidida por Raúl Castro en su condición de primer secretario del Partido Comunista. Tampoco se dejó margen a la improvisación al elegir al resto de los constituyentes. Treinta de los puestos están ocupados por dirigentes políticos o administrativos a distintos niveles. Los tres restantes son un historiador muy vinculado al Comité Central del partido, una jueza de un tribunal de provincia, y Raúl Castro.


De la labor de este grupo emergerá un anteproyecto de reforma constitucional que luego transitará por dos períodos de discusión en la Asamblea y un proceso de consultas entre la población, antes de ser sometido a un referéndum nacional.


Tal como lo señaló la periodista Andrea Rodríguez, de Associated Press (AP), esta iniciativa del gobierno llega tras una década en que “se configuró un país diferente: se abrieron las puertas a una incipiente iniciativa privada y al mercado de bienes raíces, al tiempo que miles de personas ostentan orgullosas su doble ciudadanía –prohibida por la carta magna– y los derechos de la comunidad gay están en franco avance”.


Crear un marco constitucional para las “nuevas formas de gestión” promovidas por la política de actualización económica –inversión extranjera, pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias– es una de las principales prioridades del gobierno cubano, así lo han manifestado varios de sus funcionarios en diferentes ocasiones.


AGENDAS DIVERSAS.

Mientras el gobierno pretende circunscribir la reforma a algunas cuestiones económicas y otras de orden “administrativo” (como el límite de dos mandatos promovido por Raúl Castro para los principales cargos públicos), hay sectores sociales que esperan que este proceso incluya también otros cambios de carácter político (que probablemente sean más difíciles de conseguir). Y aunque muy tímidamente, ya han comenzado a promover sus propias agendas.


Tal es el caso de la comunidad Lgtbiq, interesada en la regularización de derechos, como el matrimonio igualitario; por otra parte, en círculos académicos, sobre todo de ciencias políticas, se discute y promueve la posibilidad de profesionalizar a los diputados de la Asamblea Nacional y reducir su número (en la actualidad son 605); y entre la disidencia y ciertas franjas de la intelectualidad se considera la oportunidad de comenzar un período de transición hacia el pluripartidismo o un sistema electoral diferente, con todo lo que esa nueva circunstancia pudiera implicar. Desde la izquierda se discute cómo modificar el sistema político, mientras que desde la derecha se intenta buscar las maneras de remplazarlo.


“Esta podría ser la contienda política más importante de los últimos años en Cuba, porque va a haber un debate muy importante”, consideró en una entrevista reciente con AP el abogado cubano y profesor de la Universidad de la Habana Julio Antonio Fernández Estrada, para quien la gran pregunta que estará en discusión es en qué tipo de sociedad vivirán sus conciudadanos en el futuro.


LEGITIMACIÓN.

“La intención política de acometer su reforma (de la Constitución) en el contexto de cambios que experimenta la sociedad cubana forma parte de un proceso mucho más complejo que le trasciende”, reflexionaba en febrero pasado el ensayista y profesor de la Universidad de Oriente René Fidel González García. En una larga conversación con los redactores del sitio digital cubano de izquierda La Tiza, alertaba que cualquier acción que se emprenda en ese sentido deberá tener en cuenta “la urgencia de blindar, ampliar y modernizar en derechos, institucionalidad y prácticas ciudadanas los logros y estructuras civilizatorias alcanzadas en Cuba (…) pero también las necesidades de legitimación y construcción de consensos políticos y sociales”.


La actual Constitución –de fuerte influencia soviética– entró en vigor en febrero de 1976 avalada en un referéndum por más del 98 por ciento de la ciudadanía. En sus más de cuatro décadas de vigencia ha sido objeto de dos reformas importantes. La primera en 1992, a tenor con el comienzo del Período Especial (la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética), cuando se buscó democratizar el sistema de gobierno otorgando a los ciudadanos el derecho a elegir los diputados nacionales y los delegados a las asambleas de las provincias, y fueron creados los Consejos Populares, las instancias de administración local. El segundo proceso modificatorio tuvo lugar en 2002, en respuesta al llamado Proyecto Varela, una suerte de consulta alternativa promovida por grupos disidentes. Por entonces, Fidel Castro impulsó la recolección de millones de firmas reclamando que se modificara la carta magna, incorporando en su articulado el “carácter irrevocable del socialismo”.


Dieciséis años después la realidad de la isla conserva sólo unas pocas trazas de aquellos contextos históricos. Hoy más de una décima parte de su fuerza laboral está empleada en el “sector no estatal” –es decir en el privado–; alrededor de 40 mil cubanos emigran cada año, y gana protagonismo una pequeña pero pujante clase media. Es un país que ha cambiado


La persistencia de la doble circulación monetaria –con su carga de inflación y restricciones al consumo para el ciudadano de a pie– pudiera considerarse un ejemplo paradigmático en Cuba. Modificar la Constitución seguramente resultará más fácil que eliminar una moneda de su sistema económico. En su discurso de investidura, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anticipó el derrotero que guiaría todos los ámbitos de su administración, incluido el tema de la actualización constitucional: “No habrá lugar en Cuba para quienes luchan por la restauración del capitalismo”, aseguró. Llevarlo al papel no se perfila como algo demasiado complicado; la cuestión es cómo asegurarse de que ello no ocurra en la realidad.

 

Amaury Valdivia

8 junio, 2018

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¿Pueden los locos ser sujetos políticos? ¿Y las locas?

Da vueltas en medio de la sala, levanta la voz sin motivo, desborda carcajadas mirando a los ojos al centenar largo de activistas que la escuchamos perplejos y algo incómodos. “No-soy-normal”, repite Conchi una y otra vez, golpeando cada palabra, como queriendo remachar un diagnóstico de esquizofrenia que moldea su vida con tanta intensidad como su vocación militante.


Conchi es una de las tres militantes de los Grupos de Apoyo Mutuo (Flipas-GAM), que participó en la Escuela de Movimientos Sociales Ramón Fernández Durán, que llevó su cuarta edición al periférico barrio Buenos Aires, en la coqueta Salamanca ( http://escuelaramonfdez.org ). La parroquia acogió a la escuela integrada por activistas de CGT, Ecologistas en Acción y Baladre, a las que este año se sumó el colectivo Reas, focalizado en la economía solidaria.


Los GAM están en Madrid, Barcelona y un puñado de ciudades y buscan “afrontar el sufrimiento psíquico desde lo colectivo”. Se definen como una “comunidad de lucha contra las etiquetas, la marginación social, la manipulación y la violencia”. Rechazan tanto a la industria farmacéutica como al modelo psiquiátrico paternalista y opresor. Para trabajar en colectivo la locura, crean espacios “seguros, diversos y libres”, en los que se organizan y se cuidan mutuamente.


A diferencia de otros colectivos similares, los GAM no trabajan con especialistas, sino “en primera persona”, porque confían en que su emancipación sea obra de ellos y ellas mismas. Se consideran “supervivientes de la psiquiatría” y por lo mismo trabajan “reivindicando la dignidad y consideración social de la locura y motivando a quien sufre para que desarrolle una cosmovisión y un modelo de relación con el entorno que desplace su sufrimiento y le de sentido a su vida”.


Algunos de sus textos se pueden encontrar en el blog del colectivo (goo.gl/P7pjG4) o en los “Mapas locos” que se pueden bajar de la página otraesquizofreniaesposible (goo.gl/eipeJp).


El hecho de que un puñado de movimientos, entre los más activos, anti-capitalistas y anti-patriarcales del Estado Español, se hayan decidido a trabajar con colectivos de locos y locas, los lleva a un lugar especial, ya que se internan en uno de los temas más duros y dolorosos, algo visible en la incomodidad y la emoción que provocan sus intervenciones. Para las izquierdas pragmáticas y electorales no rinde trabajar con estos colectivos, ya que deben dedicar mucho tiempo y energías a cuestiones que interesarían, apenas, a minorías sin posibilidad de influir en la sociedad.


Nada más lejano a la realidad. No se trata de trabajar con el dolor ajeno, aunque hay algo de eso. Primero, porque la locura no está fuera de nosotros, nos forma y nos moldea, en una sociedad donde no existen sanos y enfermos porque toda ella padece enfermedad. Segundo, porque siento que trabajar con el dolor es la única forma de crecer como personas y como colectivos. De lo contrario, mejor dedicarnos a otras cosas, como bloquear nuestros dolores consumiendo y votando.


“Tenés que enfrentarte a que no te internen”, dice Víctor del GAM. “Vivimos en un hilo”, agrega Conchi. “Está el riesgo de la sobredosis, por eso la cuestión es engañarlos durante la internación”. Aborda una cuestión que ignoramos los que nunca estuvimos internados: “Medicada no puedes quedar embarazada”, remata ante el silencio atento de la sala.


En casi todos los países de la región existen colectivos que trabajan con locos y locos. O, mejor, que descubrieron que sólo en comunidad hay posibilidades de vivir mejor, porque lo colectivo dignifica. Es salud.


En Argentina un grupo de psiquiatras crearon la emisora La Colifata en el hospital Borda, en 1991, que aún funciona y fue replicada en una decena de países. Entre ellos en Uruguay, donde Radio Vilardevoz creada en 1997 en el hospital Vilardebó, emite todos los sábados y tiene amplio reconocimiento social.


En los GAM españoles trabajan ellos y ellas solos, enfocados en la auto-emancipación. En ese proceso se han convertido en sujetos políticos, que ya no sólo pelean por salvarse cada quien sino, como dice Conchi, por “sanar la sociedad”.

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