Conflictos en América Latina: expectativas y demandas

Presentamos dos investigaciones sobre la realidad iberoamericana, con temas referentes a la expectativa de los jóvenes sobre su futuro inmediato y las dinámicas de la protesta social en América Latina. Sus conclusiones pueden ofrecer elementos para la reflexión sobre el acontecer nacional y sobre los recientes sucesos de protesta acaecidos en varios países de la región.

 

Se presentaron hace algunas semanas los resultados de la Primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes realizada por la OIJ en la cual se mide qué tan positivos o negativos son los jóvenes ante las actuales situaciones que viven y ante la posibilidad de un mejor futuro –proyectado a cinco años.

 

Los resultados son diversos. En general, los jóvenes expresan mayor confianza y optimismo en las capacidades propias, miradas dentro de los entornos donde actualmente se desenvuelven.

 

Si bien los jóvenes tienen más confianza en su futuro personal, no ocurre lo mismo con el de sus naciones; al parecer la crisis de nuestros países no tiene relación lineal con sus expectativas. Esta disonancia nos lleva a pensar en la ilusión personal, frustrada por la realidad colectiva. Entre los principales problemas, percibidos como amenaza por y para las nuevas generaciones, se destacan la drogadicción, el alcoholismo y la ausencia de empleo.

 

A la par, entre los países con una expectativa más positiva para los jóvenes figuran Ecuador, Costa Rica y Nicaragua; en contraste con otros más negativos como Portugal, Guatemala y Brasil. Colombia está muy cerca de este último grupo de países, ocupando el décimo séptimo lugar. Donde se registran indicadores de mayor optimismo, también destacan expectativas de mejoras esperadas ante temas como medio ambiente, reducción de la corrupción y de la desigualdad.

 

Mientras todo el continente latino ve con buenos ojos el libre tránsito entre países, una moneda única y la solidaridad entre las naciones, no es similar la visión en el país que califica en la actualidad cómo potencia emergente. Los brasileños son los jóvenes más apartados de estas ideas.


No dejan de ser inquietantes estos resultados, ¿cómo pueden ser optimistas estas generaciones ante las grandes brechas abiertas por desigualdad y que dominan en la región? Son cerca de 150 millones de personas que –entre los 15/29 años– viven en toda Iberoamérica, pero la mitad de ellos se concentran en países con graves problemas de bienestar social como Brasil y México. El 80% de toda esa población reside en ciudades, una densidad urbana mayor en países andinos y del Cono Sur. Un optimismo que se desinfla para quienes ven como entre recortes y reformas se frustran sus aspiraciones. Y en el caso de América Latina cuando el 31.4% de toda la población vive en la pobreza, lo que representa más de 177 millones de personas, con 70 millones de indigentes, es decir el 12.3% del total de la población continental.

 

Poder, conflicto e intereses

 

Así llegamos al segundo documento, un estudio social sobre registros de la prensa escrita en América Latina que reseñan las protestas sociales de todo el continente. Desde un enfoque del constructivismo político, los autores quieren presentar la necesidad de reconocer la pluralidad de intereses de los distintos sectores sociales ante las desigualdades estructurales, y en el mismo sentido cómo los juegos del poder deben encontrar un orden común dentro de procesos de conflicto. Una mirada algo ingenua sobre la hegemonía de los sectores que se benefician con estos órdenes institucionalizados.

 

El estudio destaca el ente estatal como actor central entre esos juegos de poder y conflicto. Es referente de las demandas sociales y centralizador del malestar colectivo, por lo que es el principal productor de conflictividad, algo que no muestran los grandes medios. También porque cada vez más muestra su limitada capacidad de gestionar o resolverlos, restricciones de ese gran Leviatan que nos describe Thomas Hobbes, en algunas de sus partes ahora menguado por el mercado.

 

Por otro lado se evidencia una fragmentación en la multiplicidad de las demandas de estos diversos sectores, y el surgimiento de nuevas acciones colectivas que trascienden los movimientos sociales tradicionales. Así, el conflicto en realidad es la inconsistencia del Estado ante las demandas de su población y su poca capacidad para poner en marcha políticas institucionales para satisfacerlos con soluciones eficaces.

 

Hay una tríadica causalidad: entre mayores brechas sociales, menores niveles de legitimidad del régimen institucional y, a su vez, mayor cantidad de conflictos. Es interesante destacar que si bien no existe una relación directa entre la cantidad de conflictos en un país con su nivel de radicalización, estos sí guardan una relación con el nivel de legitimidad de sus instituciones. El grafico adjunto nos proporciona un plano cartesiano entre el clima social (entendido como la tolerancia a la protesta como forma de expresión del malestar social) y la capacidad que tiene el Estado de procesar los conflictos en aras de soluciones eficaces. Las dos coordenadas ubican a los países en distintas realidades según el cuadrante establecido, las flechas indican las tendencias que cada uno de ellos podrían seguir tomando.

 

 

 


Es decir, la estabilidad del sistema democrático liberal depende de la eficacia interna para resolver sus conflictos, pero también de la legitimidad que se otorga al Estado para resolverlos. A la vez, concluye –para resolver o manejar los conflictos–, influye el tratamiento mediático, donde se impone –como lo demuestra el cubrimiento dado al conflicto desatado en el Catatumbo–, la criminalización de los actores que lideran la protesta.

 

El estudio reitera que es en las clases medias, y en las tensiones laborales, donde se expresa el bienestar decreciente, convirtiéndose en el nuevo termómetro para medir el malestar social en un país dado.

 

La investigación permite concluir, a la vez, en la necesidad de cambiar la manera de concebir los conflictos, con sociedades abocadas a la demanda de un nivel de mayor democracia, entendiendo esta tendencia como la vitalidad de la pluralidad y un mayor grado de tolerancia con las protestas. Sin duda, los sujetos juveniles son un importante actor para la movilización, con nuevas demandas culturales, en especial relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 

Los sectores juveniles poseen una mayor capacidad de agenciamiento colectivo para organizar movilización, mayor circulación de información en redes sociales –cada vez más transnacionales– que inciden en el agenciamiento público y mediático. Pero su potencial depende de su capacidad para escapar de la falsa idea de que pueden tener un mejor futuro con independencia del bienestar colectivo de la nación. Vincular las expectativas personales con las necesidades de los demás propicia que la protesta social no sea el sólo acto de violencia que presentan los grandes medios de comunicación, sino mecanismos legítimos de presión ante un modelo institucional que es permisivo de realidades injustas, e ineficaz para atenderlos.

 

La protesta es un derecho a expresar y disentir de aquello que nos quieren imponer, en especial de esa tendencia estatal que quiere que prevalezca el respecto a la institucionalidad, sin importar las condiciones de vida.

 

Recuadro

Índice de expectativas juveniles

 

1Ecuador77,3
2Costa Rica71,3
3Nicaragua70,0
4Uruguay68,9
5Venezuela68,2
6Panamá67,0
7Perú66,8
8España66,3
9Bolivia65,2
10El Salvador65,1
11Argentina65,0
12Chile65,0
13Honduras64,3
14Paraguay62,4
15República Dominicana62,3
16México61,6
17Colombia61,4
18Brasil55,9
19Guatemala54,5
20Portugal44,9
Publicado enEdición 194
Martes, 23 Julio 2013 06:26

“Traer la voz de los jóvenes”

“Traer la voz de los jóvenes”

Son las once de la mañana en esta ciudad y el único fantasma que asusta es el calor: el termómetro marca 35 grados y el pronóstico no augura que eso vaya a cambiar. En el jardín del palacete de Linares funciona una confitería y, en una mesa a la sombra, el argentino Alejo Ramírez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud, ultima detalles para la ceremonia de presentación de la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes, que se llevará a cabo algunas horas más tarde en el auditorio del lugar. “Esta encuesta implica traer la voz de los jóvenes”, afirma Ramírez. En una de las esquinas más emblemáticas de Madrid, frente a la Fuente de Cibeles, se encuentra el Palacio de Linares, un edificio barroco del 1900 que, dice un mito popular, está habitado por los fantasmas de sus ocupantes originales, que murieron de forma trágica luego de una historia de amor prohibido. Sin embargo, no son espíritus los que recorren ahora los salones: allí funciona, desde hace dos décadas, la Casa de América, una institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores español, dedicada a estrechar lazos entre ambos lados del Atlántico.

 

El estudio sobre la juventud, que anticipó el domingo Página/12, es la conclusión del análisis de más de veinte mil encuestas en los veinte países de la región, y es el primero en su tipo. Entre preparativos, Ramírez dialogó con este diario acerca de los resultados de la encuesta y otros temas relacionados con la juventud, la participación política y los desafíos hacia futuro:

 

–¿Dónde reside la importancia de esta encuesta?

 

–Los estudios que se hacen sobre juventud en general van sobre lo que los jóvenes no tienen: indagan sobre la falta de empleo o la baja calidad educativa, indagan que no tienen paz, y nos parecía que hacía falta hacer un estudio en el que no se les pregunte si van o no van a la escuela, sino sobre cuáles son sus percepciones sobre esa realidad. No les preguntamos si tienen empleo, sino cuál es su visión sobre la cuestión empleo, amén de si son empleados, subempleados o desocupados. ¿Creen que el empleo es un camino para desarrollarse? ¿Lo ven como algo para toda la vida? Sus percepciones sobre la realidad. La sensación que tenemos es que los índices de desempleo, o los NINI, son importantísimos en términos sociodemográficos, pero terminan estigmatizándolos, afectando la percepción que tiene la sociedad sobre ellos. Esta encuesta implica traer la voz de los jóvenes y además empezar a hablar de otras cosas.

 

–Con los resultados en la mano, ¿qué fue lo que más llamó su atención?

 

–Hay tres cosas que me sorprendieron. Uno, es el optimismo. Me sorprendió que el 70 por ciento de los jóvenes crea que va a estar mejor de acá a cinco años. El segundo tema es Brasil, que pareciera estar jugando a otro juego y se diferencia del resto en casi todo. El tercer tema es que los jóvenes se han mostrado más conservadores de lo que creía en temas como aborto o marihuana.

 

–¿Cómo interpreta el hecho de que los jóvenes españoles, en un contexto de crisis, parezcan tan optimistas como los latinoamericanos?

 

–Esta encuesta habla de que los contextos de crisis económica no son determinantes respecto de las expectativas de futuro y hay otras variables “blandas”, como puede ser el acceso a la salud o la percepción respecto de la ecología. Ahí yo creo que está el hallazgo del índice: que no se basa solamente en datos duros, no es sólo comparar PIB o acceso a la educación o la vivienda, sino también entran otras variables en juego. Todavía hay que profundizar ese análisis para entenderlo mejor.

 

–¿Qué lectura hace de la irrupción de la juventud como un actor político en algunos países de la región?

 

–Nuestro análisis de la juventud, desde la OIJ, está basado en tres palabras: la juventud es compleja, es diversa y es desigual. Es compleja, porque hay paradojas: es la generación más formada y a la vez la que más desempleados tiene, es global pero también migra; es diversa porque las realidades son muy distintas, entre el campo y la ciudad, el que tiene acceso a la educación universitaria y el que no, que más que una juventud se puede hablar de juventudes, y el tercer punto tiene que ver con la desigualdad que es un eje transversal que atraviesa a toda la juventud. En ese contexto, mi análisis es que los gobiernos del Cono Sur han comprendido mejor que nadie eso, y desde ahí han planteado un vínculo muchas veces directo entre los jefes de Estado y las juventudes. Primero se comprendió y después se dialogó. No se fue sobre lugares comunes. Se abrieron canales de participación y de comunicación y eso se plasma no solamente en dejar algunos cargos clave en manos de jóvenes sino también en políticas públicas.

 

–¿Cuáles son las políticas públicas más efectivas en relación con la juventud?

 

–En el caso de Brasil, se destacan dos: el ProJoven, sobre capacitación laboral y acceso a empleo, y el ProUni, un programa revolucionario que permitió un aumento tremendo en el acceso de los jóvenes a la universidad. En el caso de Uruguay, Compromiso Educativo y el Plan Ceibal son dos planes estupendos. En el caso de la Argentina, Conectar Igualdad y la Asignación Universal, que si bien no es un programa específicamente juvenil, ha revalorizado el rol del joven en la familia. Esas son iniciativas destacables porque parten de la premisa de que no solamente es necesario invertir en los jóvenes sino que en ese proceso los jóvenes tengan protagonismo.

 

–¿Por qué en estos países puede verse tanta resistencia hacia la emergencia de la juventud como actor político?

 

–Yo creo que en el fondo lo que se estigmatiza no es la juventud sino las ideas y proyectos que están llevando adelante. En el caso de Argentina, particularmente, no es un problema con los jóvenes, sino con las políticas que están llevando adelante. Cuando se tocan determinados intereses, así lo hagan jóvenes o viejos, se va a atacar a los que llevan esa bandera, porque no pueden discutir las políticas de fondo.

 

–El título de la encuesta es “El futuro ya llegó”. Entonces, ¿qué viene después?

 

–Más allá de las políticas públicas, el desafío es integrarlas y volverlas más transversales. Nuestros países necesitan organismos de juventud que estén en un lugar políticamente clave y desde ahí se articule con el resto de las áreas del gobierno. No podemos tener el área de juventud encerrada en la órbita de un ministerio determinado. Tienen que tener una mirada panóptica y desde ahí articular. Creo que es necesario en esta etapa usar más las orejas que la voz, escuchar lo que los jóvenes están planteando: hoy en muchos aspectos los jóvenes están un paso más allá que los gobiernos y eso es algo positivo.

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Demodiversidad: las luchas por otras democracias

El nuevo ciclo de movilizaciones populares que se extiende por las calles y plazas del mundo, desde las primaveras árabes hasta la reciente ola de protestas en Turquía y Brasil, tiene como substrato común la lucha por la demodiversidad o, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, por “la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas”.


 
Las luchas por la demodiversidad implican una doble tarea: 1) denunciar las limitaciones de la democracia liberal, que se ha revelado un sistema político ineficiente, opaco, reproductor de desigualdades, subordinado a intereses privados y sostenido, en buena medida, por la corrupción, el conformismo y la apatía. Y 2) rescatar experiencias democráticas alternativas desacreditadas por la concepción arrogante y empobrecedora de la democracia que predomina en la academia y la sociedad. La “democracia primitiva” sumeria estudiada por Jacobsen; la deliberación directa del demos en la ekklesia en la Atenas de Pericles; la democracia directa en determinados cantones suizos que inspiró las ideas políticas de Rousseau; la democracia jacobina en la Francia revolucionaria; los procesos de decisión política en la lógica del poder comunal del que habla Tocqueville en referencia a la comuna de Nueva Inglaterra; la democracia oral ejercida en torno al árbol de palabras en aldeas africanas, alrededor del cual se toman decisiones sobre la vida cotidiana; la Comuna de París, exponente histórico de la democracia obrera participativa; la democracia de los soviets (consejos de trabajadores, soldados o campesinos) en los inicios de la Revolución rusa; la formación de comunas campesinas en la China de Mao Zedong; la democracia comunitaria directa de los ayllus andinos; el “mandar obedeciendo” y la “palabra verdadera” de la democracia zapatista; los consejos comunales en Venezuela; las democracias populares en Europa del este entre 1945 y 1989; los presupuestos participativos; las democracias feministas, que incluyen las expectativas y exigencias de las mujeres; la democracia electrónica; la planificación participativa en Kerala (India); la participación ciudadana en la evaluación de impactos científicos y tecnológicos son, todas ellas, experiencias de demodiversidad situadas en los márgenes de la historia política moderna.


 
A mi modo de ver, las luchas presentes y futuras por la demodiversidad se articularán sobre los siguientes ejes:


 
La batalla por la definición y el significado de la democracia. Las luchas por la demodiversidad son luchas por la resignificación política y social la democracia; luchas por desnaturalizar la semántica de la democracia liberal y forjar lenguajes democráticos alternativos. Nos hemos acostumbrado demasiado a definir la democracia en términos de derechos individuales, libertades civiles y protección de la esfera privada contra el Estado, y muy poco en términos de gobierno popular participativo e igualitario.


 
La batalla por la incorporación de nuevos sujetos políticos. Las luchas por la demodiversidad exigen el reconocimiento de la amplia gama de sujetos cuyas formas de lucha no se inscriben necesariamente en las clásicas estructuras partidarias y sindicales. Estos sujetos presentan múltiples formas de organización y participación política: mareas ciudadanas, el 15M, Occupy, el movimiento 5 Stelle, Syriza, las CUP en Cataluña, partidos piratas, entre otras.


 
La batalla por otros espacios de construcción democrática. Las luchas por la demodiversidad redefinen y amplían los espacios de la política, abriendo un campo político popular y democrático de acción extrainstitucional que señala el agotamiento de la democracia de partidos y reclama nuevos esquemas participativos. No es casual que en la actualidad las luchas más promisorias por la demodiversidad se den al margen (y a menudo en contra) de los espacios institucionales de la democracia: en calles, plazas, escuelas, fábricas, redes sociales, etc.


 
La batalla por otras prácticas democráticas y de participación popular. Acampadas, asambleas populares, marchas indignadas, ocupaciones de lugares públicos, gritos mudos, desobediencias cívicas pacíficas, cercos al Congreso, performances artísticas, escraches, plebiscitos populares, entre otras iniciativas, dan cuenta de un vasto repertorio de formas de ejercicio del poder popular y ciudadano que desbordan los límites de una democracia insuficiente que no sólo no lo permite, sino que lo bloquea y a menudo lo criminaliza.


 
La batalla por formas de sociabilidad alternativas. Las luchas por la demodiversidad son portadoras de una cultura política en sentido amplio fundada en bases más igualitarias y participativas que se alejan de las formas de sociabilidad (individualismo, clasismo, consumismo, etc.) propias del mundo liberal y capitalista institucionalizado.


 
¿Será el actual ciclo de luchas por la demodiversidad el germen de una nueva ola de democracia participativa que arrollará la anterior?

 

10 jul 2013

Por Antoni Aguiló, filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra

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Lunes, 24 Junio 2013 06:48

La revuelta de los veinte centavos

La revuelta de los veinte centavos

El aumento en el precio del transporte fue la brecha por la que se coló el profundo descontento que vive la sociedad brasileña. En apenas dos semanas las movilizaciones se multiplicaron: de 5 mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades. La desigualdad, la falta de participación y la represión son los grandes temas.


Los abucheos y rechiflas dieron la vuelta al mundo. Dilma Rousseff no se inmutó, pero sus facciones denotaban incomodidad. Joseph Blatter sintió la reprobación como algo personal y se despachó con una crítica a la afición brasileña por su falta de fair play. Que la presidenta de Brasil y el mandamás de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, fueran desairados por decenas de miles de aficionados de clase media y media alta, porque los sectores populares ya no pueden acceder a estos espectáculos, refleja el hondo malestar que atraviesa a la sociedad brasileña.

 

Lo sucedido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia saltó a las calles, amplificado, el lunes 17, cuando más de 200 mil personas se manifestaron en nueve ciudades, en particular jóvenes afectados por la carestía y la desigualdad, que se plasma en los elevados precios de servicios de baja calidad, mientras las grandes constructoras amasan fortunas en obras para los megaeventos a cargo del presupuesto estatal.

 

Todo comenzó con algo muy pequeño, como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI. Un modesto aumento del transporte urbano de apenas 20 centavos (de 3 a 3.20 reales, dos pesos uruguayos). Primero fueron pequeñas manifestaciones de militantes del Movimiento Pase Libre (MPL) y de los comités contra las obras del Mundial de 2014. La brutalidad policial hizo el resto, ya que consiguió amplificar la protesta convirtiéndola en la mayor oleada de movilizaciones desde el impeachment contra Fernando Collor de Melo, en 1992.

 

El viernes 7 de junio se realizó la primera manifestación en São Paulo contra el aumento del pasaje con poco más de mil manifestantes. El martes 11 fueron otros tantos, pero se quemaron dos autobuses. Las dos principales autoridades, el gobernador socialdemócrata Geraldo Alckmin, y el alcalde petista Fernando Haddad, se encontraban en París promoviendo un nuevo megaevento para la ciudad y tacharon a los manifestantes de “vándalos”.

 

El miércoles 12 una nueva manifestación se saldó con 80 autobuses atacados y ocho policías heridos. El jueves 13 los ánimos estaban caldeados: la policía reprimió brutalmente a los 5 mil manifestantes provocando más de 80 heridos, entre ellos varios periodistas de Folha de São Paulo. Un tsunami de indignación barrió el país que se tradujo, pocas horas después, en los abucheos contra Dilma y Blatter. Hasta los medios más conservadores debieron reflejar la brutalidad policial. La protesta contra el aumento del boleto convergió sin proponérselo con la protesta contra las millonarias obras de la Copa de las Confederaciones. Lo que parecían manifestaciones pequeñas, casi testimoniales, se convirtieron en una ola de insatisfacción que abarca todo el país.

 

Síntoma de la gravedad de los hechos es que el lunes 17, cuando se produjo la quinta movilización con más de 200 mil personas en una decena de capitales, los políticos más importantes del país, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva condenaron la represión. “Descalificarlos como vándalos es un grave error. Decir que son violentos no resuelve nada. Justificar la represión es inútil”, escribió Cardoso quien atribuyó las protestas al “desencanto de la juventud frente al futuro”.

 

Lula tuiteó algo similar: “La democracia no es un pacto de silencio, sino una sociedad en movimiento en busca de nuevas conquistas. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía, sino de mesas de negociación. Tengo la certeza de que entre los manifestantes la mayoría están dispuestos a ayudar a construir una solución para el transporte urbano”. Además de desconcertar a las élites, los manifestantes consiguieron que se suspendieran los aumentos.

 

La sensación de injusticia

 

El transporte público en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro es uno de los más caros del mundo y su calidad es pésima. Un relevamiento del diario Folha de São Paulo analiza los precios del transporte público en las dos mayores ciudades del país respecto del tiempo de trabajo necesario para pagar un pasaje, en relación con el salario medio en cada ciudad. El resultado es catastrófico para los brasileños.

 

Mientras un habitante de Rio necesita trabajar 13 minutos para pagar un pasaje y un paulista 14 minutos, en Buenos Aires sólo se tiene que trabajar un minuto y medio, 10 veces menos. Pero la lista incluye las principales ciudades del mundo: en Pekín el pasaje equivale a 3 minutos y medio de trabajo; en París, Nueva y Madrid, seis minutos; en Tokio, nueve minutos, lo mismo que en Santiago de Chile. En Londres, una de las ciudades más caras del mundo, cada pasaje demanda 11 minutos de trabajo ( Folha de São Paulo, 17 de junio de 2013).

 

El periódico cita al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para ejemplificar lo que debería ser la democratización urbana: “La ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres andan en auto, sino aquella en la que los ricos usan el transporte público”. En Brasil, concluye el diario, está sucediendo lo contrario.

 

En los últimos ocho años el transporte urbano en São Paulo se ha deteriorado según revela un informe de O Estado de São Paulo. La concesión vigente fue asignada durante la gestión de Marta Suplicy (PT) en 2004. El sistema de transporte colectivo creció de mil 600 a 2 mil 900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14 mil 100 unidades a 13 mil 900. La conclusión es casi obvia: “Más gente está siendo transportada pagando un precio más caro en menos omnibus que hacen menos viajes” ( O Estado de São Paulo, 15 de junio de 2013). En cada unidad viaja 80 por ciento más de pasajeros.

 


Según la Secretaría Municipal de Trasportes de la ciudad, la mejora en la situación económica ha provocado un aumento de la cantidad de pasajeros pero, a su vez, los autobuses hacen menos viajes por el congestionamiento del tránsito, lo que inevitablemente “recae sobre los usuarios que sufren por la ineficiencia del sistema, con el aumento en el tiempo de los viajes”. Los costos también se han disparado por la ineficiencia que supone un mal aprovechamiento de la infraestructura.

 

Si a esto se suma el despilfarro que suponen las inversiones millonarias en las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, con su secuela de traslados forzados de pobladores, puede comprenderse mejor el malestar reinante. Los seis estadios que se inauguraron en la Copa de las Confederaciones insumieron casi 2 mil millones de dólares. La remodelación de Maracaná superó 500 millones y otro tanto el Mané Garrincha, una obra monumental con 288 columnas que le confieren un aspecto de “coliseo romano moderno”, según el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke. Todo ese dinero público para recibir un partido durante la Copa y siete en el Mundial.

 

Son recintos de lujo construidos por media decena de grandes constructoras, algunas de las cuales se adjudicaron también la administración de estas arenas donde se realizarán espectáculos a los que muy pocos tendrán acceso. El costo final de todas las obras suele duplicar los presupuestos iniciales. Aún faltan seis estadios que están en obras, la remodelación de aeropuertos, autopistas y hoteles. El BNDES acaba de conceder un préstamo de 200 millones de dólares para la finalización del Itaquerão, el nuevo estadio del Corinthians, donde se jugará el primer partido del Mundial 2014.


Cansados de pan y circo

 

La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa difundió un informe en el que señala que en las 12 ciudades que albergarán partidos del Mundial hay 250 mil personas en riesgo de ser desalojadas, sumando las amenazadas por realojos y las que viven en áreas disputadas para obras (BBC Brasil, 15 de junio de 2013). Hubo casos en que una vivienda fue demolida con un aviso previo de sólo 48 horas. Muchas familias realojadas se quejan de que fueron trasladadas a lugares muy distantes con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, de menos de cinco mil dólares en promedio.

 

Para completar este panorama, sólo para la Copa de las Confederaciones se dispuso un operativo militar que supuso la movilización de 23 mil elementos de las tres armas que incluye un centro de comando, control e inteligencia. El dispositivo moviliza 60 aviones y 500 vehículos. La disputa del Mundial 2014 ha obligado a Brasil a construir 12 estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, siete pistas de aterrizaje y cinco terminales portuarias. El costo total para el Estado de todas las obras será de 15 mil millones de dólares.

 

Ante semejante despliegue de gastos para construir recintos de lujo resguardados con máxima seguridad, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) divulgó un comunicado en el que condena la brutalidad policial asegurando que lo sucedido el 13 de junio en São Paulo “nos remite a tiempos sombríos de la historia de nuestro país” (www.conic.org.br). El texto de las iglesias denuncia la falta de apertura al diálogo y asegura que “la cultura autoritaria sigue siendo una característica del Estado brasileño”.

 

Le recuerda al gobierno que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer varias recomendaciones, entre ellas poner fin a la policía militar. La CONIC cree que la represión policial contra las manifestaciones es la misma de “los exterminios de jóvenes que suceden cotidianamente en las periferias de las ciudades”. Finaliza diciendo que los grandes eventos que sólo traerán más ganancias “al mercado financiero y a los mega conglomerados empresariales”. “No queremos sólo circo. Queremos también pan, fruto de la justicia social”.

 

Si este es el estado de ánimo de las iglesias, puede imaginarse cómo se sienten los millones de jóvenes que invierten dos horas en ir a trabajar, tres en retornar a sus casas “en ómnibus estúpidos y caros y enfrentan 200 kilómetros de congestionamiento”, como describe el escritor Marcelo Rubens Paiva ( O Estado de São Paulo, 16 de junio de 2013). Todos los paulistas saben que los ricos viajan en helicóptero. Brasil posee una de las mayores flotas de aviación ejecutiva del mundo. Desde que gobierna el PT la flota de helicópteros creció 58.6 por ciento, según la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).

 

São Paulo tiene 272 helipuertos y más de 650 helicópteros ejecutivos que realizan alrededor de 400 vuelos diarios. Muchos más que ciudades como Tokio y Nueva York. “Actualmente la capital paulista es la única ciudad del mundo que posee un control de tráfico aéreo exclusivo para helicópteros”, dice la ABAG. Por eso fluye a indignación y por lo mismo tantos festejaron el retorno de la protesta, para lo que tuvieron que esperar nada menos que dos décadas.

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Sábado, 22 Junio 2013 17:49

Participación política

Participación política

Los diálogos de La Habana avanzan. Sus logros no son tantos como desearía la mayoría de sociedad colombiana, pero hay luces sobre el horizonte. Las dificultades también son evidentes, así las maticen unos y otros. Por ahora, la constante repetición del Jefe de Estado y de su equipo de gobierno de que no habrán cambios estructurales siembran escepticismo sobre los reales logros que se pueden esperar de las conversaciones. Preguntamos: ¿Es posible construir justicia y democracia sin tales cambios, en una sociedad que es todo lo contrario de lo que estas dos palabras implican? Los tiempos electorales siembran otro tanto de lo mismo.


En medio de estas realidades, las partes se adentran en el segundo de los puntos acordados en su agenda de negociación: Participación política. Sobres ésta, un primer acercamiento de amigos y colaboradores del periódico desde abajo. Para continuar en la reflexión y el debate, las páginas, como siempre, están abiertas a todas las contribuciones.

 

"Romper el silencio donde la palabra se muere, donde la guerra se impone, no es fácil"

por Luisa María Navas C. pág. 13

Camino a la II República

por Luis I. Sandoval M. pág. 16

Democracia política para poder político

por Alfredo De León Monsalvo pág. 19

 

Publicado enEdición 192
"Romper el silencio donde la palabra se muere, donde la guerra se impone, no es fácil"

El martes 11 de junio de 2013, en la ciudad de La Habana, el gobierno colombiano y las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc-ep, comenzaron a debatir el tema de la participación política, en desarrollo de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De antemano, a finales del mes de abril, en Bogotá, sectores de la sociedad colombiana se reunieron para intercambiar sus planteamientos sobre el mismo aspecto, aceptando el pedido de la mesa de producir un documento con todas las propuestas que surgieran de este encuentro y entregárselo como un insumo primordial de su debate. ¿Quiénes asistieron y a qué sectores representaban?, ¿qué contenidos intercambiaron?, ¿de qué manera se convocó este encuentro?, ¿cuáles fueron los resultados?, ¿qué puede destacarse con respecto a las expectativas?

 

El Acuerdo que firmaron en septiembre de 2012 el gobierno colombiano y la organización insurgente farc-ep en la ciudad de La Habana, Cuba, contiene una agenda de seis temas que deben debatir los dos actores en su orden: la política de desarrollo agrario integral, la participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas y el último: implementación, verificación y refrendación1. En mayo pasado anunciaron consenso sobre el contenido del primer punto y comienza ahora la discusión sobre el segundo.

 

Iniciativas

 

Abril de este año estuvo como ningún otro mes cargado en Colombia de manifestaciones masivas en torno a la solución de la guerra, si bien desde el pasado septiembre el interés por la paz ha sido constante en escenarios sociales y políticos. El día 9, al tiempo que se conmemoraba un año más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, marcharon en Colombia miles de personas en respaldo a las mesas de diálogo de La Habana. Especialmente en Bogotá, donde cayó abatido el dirigente liberal hace 65 años, y ciudad en la que dos poderes, el presidente de la República y el alcalde mayor de la capital, se encontraron en el recién inaugurado Centro de la Memoria, para recordar las innumerables víctimas del conflicto que hace decenas de años vive el país. Las consignas recalcaban sobre todo que la mesa no se levante en Cuba hasta que no haya acuerdos.

 

Ocho días después, la iniciativa conocida como Congreso de los Pueblos sesionó en tres jornadas con miles de personas en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para producir mandatos populares por la paz. El mes terminó con el Foro sobre Participación Política al que se refiere este artículo, al que asistieron 1.265 personas, de 480 organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales, según informaciones entregadas por los convocantes2.

 

Mientras esto ocurría en Colombia, en la mesa de conversaciones en La Habana se debatía sobre una política agraria integral con enfoque territorial, primer punto de la agenda de conversaciones. Varios meses duraron los intercambios y discusiones hasta que a finales de mayo salió humo blanco desde la isla caribeña: un acuerdo en torno a ese específico aspecto, que depende, como los otros, de que haya un acuerdo total en la agenda, para que se haga realidad. Los contenidos del mismo no se conocen, por decisión expresa de las partes que conducen las conversaciones.

 

Arquitectura en construcción

 

En todo ese auge de iniciativas, el Foro de Participación Política tuvo una particularidad: fue el escenario solicitado expresamente por la mesa de La Habana para recoger las propuestas de la sociedad sobre el segundo tema de la agenda y entregárselas a ella como insumo del debate3, aunque sin excluir contenidos que lleguen por otros canales.

 

El mecanismo de los foros tiene una convocatoria y convocantes determinados, igual que metodologías que se van evaluando y enriqueciendo. Sus convocantes, por solicitud expresa de la mesa de conversaciones, son el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, instancia creada en la Universidad Nacional de Colombia en función de estos diálogos, y la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia.

 

A la pregunta por la relación entre este foro y las demás iniciativas sociales, formulada durante una rueda de prensa, respondió Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento, diciendo que es la mesa de La Habana la que trabaja con los resultados que llegan de cada una de esas iniciativas: «La mesa está contando con varias fuentes de insumos, las mesas regionales y la participación directa a través de la página web de envío de propuestas. Eso lo que permite es que la Mesa se enriquezca con una diversidad de puntos de vista y que el abordaje de estos puntos son los que dan la vivencia de una sociedad diversa plural». Explicó que la labor principal de ese foro era recoger la diversidad de propuestas que se expresaran en él y trasmitirlas. Los partidos y movimientos, complementó, Silvia Rucks, directora de país, en Colombia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tendrían momentos para exponer sus propuestas políticas.

 

Con respecto a la relación entre este foro y las mesas regionales que organizan las comisiones de Paz del Congreso de la República, que apoya también la ONU, Silvia Rucks señaló que se está viendo que son complementarias, pues mientras a los foros, que se hacen en la capital, llega la gente desde otros lugares, en las mesas regionales es la gente la que recibe a las delegaciones del Congreso de la República y de Naciones Unidas.

 

Se trata pues de una arquitectura de la participación social en esta dinámica de los nuevos diálogos hacia la paz, una arquitectura en movimiento. En su construcción incide la noción que se maneja en Colombia acerca de su guerra. Alejo Vargas indica que es muy importante hacer conciencia de que hay experiencias internacionales similares de las que Colombia necesita nutrirse; experiencias en las que los actores armados insurgentes han comenzado a hacer parte de la vida civil una vez hechas las negociaciones de paz, y de la vida política legal, cuando dejan de ser insurgencias.

 

Interviene también en esta arquitectura la exigencia hecha por varios movimientos sociales de la inclusión de la sociedad en la mesa de La Habana. Consideran que hay una dinámica excluyente en un asunto que concierne a todos, especialmente a las víctimas del conflicto. En contraste, hay precisiones acerca del carácter de estas conversaciones, que se inscriben en un largo camino y que en este punto están conversando dos de los múltiples actores. Se aclara que, no obstante, el papel de la sociedad es determinante en todo el proceso, especialmente en el posconflicto, ese momento en el que una vez llegados los acuerdos, comienzan otros retos para sostenerlos y edificar una nación en paz.

 

Participación política: para qué y para quiénes

 

En el Foro, los intercambios debían ceñirse a los contenidos del segundo punto de la agenda de temas definida en el Acuerdo firmado en La Habana. Las relatorías finales se elaboraron también en función de esa agenda. Es decir, quienes asistieron al foro hicieron propuestas sobre los siguientes aspectos:

 

  • • Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación.
  • • Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas.
  • • Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluida la población más vulnerable, con igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

 

Bien visto, el contenido de este punto de la agenda persigue el tratamiento de la participación general de la sociedad, con énfasis en los movimientos que surjan luego del acuerdo final y que pertenezcan a la oposición, la población más vulnerable, las regiones y localidades y las garantías de seguridad. Los debates tuvieron matices, que indicaron la insistencia por ahondar en la paz como un asunto de toda la sociedad y en los requerimientos de las garantías de participación política.

 

Sin embargo, en los medios de comunicación y en la opinión se resalta especialmente el aspecto de lo que ocurrirá con el movimiento insurgente una vez establecidos los acuerdos de terminación del conflicto armado. Precisamente, hubo mensajes e intervenciones de antiguos guerrilleros que hoy, en otros países del continente, tienen altos cargos públicos en sus países. Se les invitó con el propósito de presentar sus experiencias en el paso de las organizaciones insurgentes a la condición de actores políticos legales.

 

José Mujica, presidente de Uruguay y antiguo combatiente del movimiento insurgente Tupamaros, de ese país, saludó el foro diciendo:

 

"El verdadero protagonismo debe ser la paz. Difícil, llena de obstáculos, porque el sentimiento de justicia es colindante a veces con el sentimiento de venganza y todo lo que mira a ayer, naturalmente se opone a lo que es mañana, Pero lo que más importa es mañana. [...]. A los que soñamos con un mundo mejor, los hechos, los porfiados hechos, los tercos hechos, han demostrado en estos años que por lo menos en este continente lentamente y escalón a escalón se pueden abrir puertas a la esperanza dejando el camino de los tiros".

 

"Creemos que es una lección que nos da la historia. De todo corazón, con todo el sentimiento pero con el compromiso que no hay que pedirle a nadie que abdique de sus esperanzas y de sus sueños, hay que entender que todo es posible siempre y cuando se afirme la paz".

 

El Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia presentó desde su creación la perspectiva de tratamiento a este asunto, una intención de coherencia:

"[...] además de los [...] puntos que están previstos en la agenda acordada entre el gobierno nacional y las farc, el comité coordinador del centro considera fundamental sumar dos dimensiones de gran importancia. La primera hace referencia al posconflicto y a los cuestionamientos que trae: ¿qué va a pasar una vez se produzca el cese de hostilidades y se desmovilicen estas organizaciones?; ¿cómo ayudar a encontrar alternativas, no solo desde el punto de vista económico y productivo, sino de reincorporación a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana? [...]. La segunda consiste en llevar a cabo foros, debates y discusiones con otras universidades y sectores de la sociedad civil (empresarios, sindicatos, ONG) que contribuyan a crear un clima de reconciliación."4

 

Las mujeres

 

Tanto las estadísticas, como los mensajes internacionales y las propuestas sugieren aspectos precisos del lugar de las mujeres en esta ruta hacia la terminación del conflicto. Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Liberia y Premio Nobel de Paz 2011, saludó el Foro colocando un punto sustantivo:

 

"Mi propio país, dijo, atravesó por dos guerras civiles [...]. La lucha se llevó la vida de alrededor de 250 mil personas, la mayoría civiles. Desplazó a muchos más [...] y destruyó nuestros valores morales [...]. En 2011 fui premiada con el Nobel de paz junto a otras dos mujeres. Recibimos el Premio por nuestra lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos de las mujeres a participar plenamente en la consolidación de la paz. Al aceptar el Premio, lo dedique a un incontable número de mujeres y niñas que han luchado, que han sufrido, [que han pasado] a menudo desapercibidas, pero que han ayudado a construir nuestro mundo: hablé a aquellas que han derramado lágrimas, sangre y que han perdido su dignidad. Y les dije: mis hermanas, mis hijas, encuentren sus voces. Este es mi mensaje para ustedes, mujeres y hombres de Colombia: rechacen la violencia sin sentido, encuentren su voz y trabajen juntos para un mejor mañana en su país".

 

La comunicación y la construcción de la paz

 

"Acceso a medios de comunicación", dice la agenda de conversaciones refiriéndose a la urgencia de garantizarlo para la oposición política, luego de la firma del acuerdo final. El desarrollo del foro mostró un abanico más amplio de inquietudes en el tema de la comunicación. Frabrizio Hochschild, el recientemente nombrado representante de Naciones Unidas en el país, amplió desde el comienzo, y en rueda de prensa, la idea: "[por] mis otras experiencias en Naciones Unidas, estoy muy conciente del rol absolutamente crítico que juegan los medios de comunicación en la construcción de paz".

 

Pero sobre todo, llegaron periodistas y comunicadores de muchos medios para intercambiar acerca de la participación del periodismo y la comunicación en estos diálogos y en la construcción de la paz, de la democratización del espectro electromagnético y del reconocimiento a los medios comunitarios. Canal Capital trasmitió el Foro en directo, respaldando como medio de televisión de carácter público la carrera hacia la terminación del conflicto. Igual se destacó, al finalizar el evento, la ausencia de los canales privados como Caracol y RCN en los debates centrales.

 

La experiencia del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, en el departamento de Sucre, al norte del país, Premio Nacional de Paz, señala también expectativas desde las orillas de los que, como él, han trabajado en materia de reparación y restitución del tejido social, de sanación de las heridas causadas por el conflicto en la región. "Hemos tenido que ser muy creativos", dijo Soraya Bayuelo, directora del colectivo. Y agregó:

 

Defender la vida y defender el derecho a la palabra en los Montes de María nos exigían crear otras lógicas. [...]. Decía Hollman Morris, el gerente de Canal Capital, que había que defender los medios públicos: nosotros estamos empeñados en visibilizar la voz pública, del ciudadano. En caso de que se dé este diálogo, que se democratice el espectro de los medios, que haya un acceso de los medios para las organizaciones sociales, que podamos recuperar la confianza en los medios, que no se estigmatice a las personas que vivimos en los Montes de María, en el Cauca, en el Magdalena Medio, en Arauca, en Vichada [...]. No es fácil romper el silencio donde la palabra se muere, donde la guerra se impone".

 

1 El contenido de todo el acuerdo puede conocerse en cualquiera de estos enlaces: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf, http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Resoluciones/Documents/RESOLUCION%20339%20DEL%2019%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202012.pdf

2 Véase https://blu176.mail.live.com/default.aspx?rru=getmsg?msg=D3B49901-D416-11E2-BE2C-00237DE3346E#n=1820576082&rru=inbox&fid=1&mid=7749c77d-d3ba-11e2-b86d-00237de33486&fv=1

3 Igual ocurrió con el tema de la política agraria integral, para el que se convocó un foro en diciembre de 2012. Las propuestas y planteamientos que salieron de allí se llevaron a La Habana y se emplearon como insumo para el debate y posterior acuerdo sobre el tema agrario.

4 Tomado de http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-crea-tanque-de-pensamiento-que-acompanara-proceso-de-paz.htm

 


 

Recuadro

 

Apartes del comunicado de la ONU y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia, emitido el 12 de junio de 2013, sobre la entrega a la Mesa de Conversaciones de La Habana de los documentos de la sistematización del Foro Nacional sobre Participación Política.

 

"(...) Los documentos entregados a la Mesa contienen las 918 propuestas presentadas por los participantes en los tres días del Foro (...). Las propuestas ciudadanas sobre el subtema 1-"Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación", se organizaron en cinco categorías que se identificaron así: 1) El Estatuto de oposición; 2) Garantías políticas; 3) Formas de participación política de las farc-ep después de su disolución como grupo armado; 4) La Unión Patriótica UP y las garantías de no repetición; y 5) Acceso a los medios de comunicación.

 

"Las propuestas sobre el subtema 2 –"Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas", se concentraron y organizaron en 10 categorías: 1) Consolidación, ampliación y desarrollo de los mecanismos de participación; 2) Participación con enfoques diferenciados; 3) Participación en políticas públicas, planes y presupuestos; 4) Participación en la conducción política de la economía; 5) Consulta previa; 6) Control social, rendición de cuentas y veedurías populares y ciudadanas; 7) Elección popular de los más altos cargos de los órganos de control; 8) el Poder popular y formas de democracia; 9) La participación social y la Asamblea Nacional Constituyente; y 10) Garantías a la protesta social.

 

"Las propuestas sobre el subtema 3 –"Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad", se agruparon en cuatro categorías: 1) Apertura del sistema político; Garantías de inclusión y enfoque diferencial; 2) Territorialidad, autonomía, planeación y participación; 3) Equidad de género y participación política; y 4) Educación y formación para la participación política.

"Los participantes han manifestado un respaldo al proceso de paz y han pedido al gobierno y a las farc-ep que no se levanten de la mesa de conversación hasta alcanzar un acuerdo. En términos generales hay consenso sobre la necesidad de abrir espacios de participación política para la oposición y los nuevos grupos que se conformen, en condiciones de seguridad, respetando los derechos humanos y los derechos de las víctimas. (...)".

 

Publicado enEdición 192
Sábado, 22 Junio 2013 17:31

Camino a la II República

Camino a la II República

El presente texto entra en diálogo sobre temas relevantes con los actores ciudadanos que se dieron cita en el Foro sobre Participación Política realizado los días 28-30 de abril, con el Alto Comisionado para la Paz a raíz de su intervención pública el día 9 de mayo, y con los insurgentes que también buscan para el país derroteros alternos a la confrontación indefinida. El carácter de los comentarios es aproximativo, no exhaustivo, ni definitivo. Este diálogo cruzado –sociedad, gobierno, insurgencia– quizá sea como lo planteaba Jorge Luis Borges: El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro.

 

Pertinencia de la relación transición – constitución

 

No es extraño que se hable de nueva Constitución en un contexto de diálogos de paz. Ello es así porque el alzamiento armado se funda en el desconocimiento del orden constitucional vigente y al dejar las armas los insurgentes creen que su incorporación a la vida civil debe hacerse en el marco de una refundación institucional, suponen tener el derecho a ser cofundadores de las instituciones que en adelante van a reconocer. Realmente son dos las posibilidades cuando se termina un conflicto armado interno de naturaleza política: incorporarse al pacto social vigente en la sociedad receptora o dar lugar a un pacto social fundante con el sentido de nuevo comienzo en la vida institucional de esa sociedad.

 

Cuando Colombia dialoga con las farc-ep, y eventualmente también con el eln, en busca de una salida política al conflicto armado interno1, está abocada a escoger entre uno de estos dos caminos. La opción que se escoja, por acuerdo, será parte de un largo proceso de transición cuya característica tendencial es sacar las armas de la política, tanto las de tinte derechista como las de tinte izquierdista. Al mismo tiempo se estarán buscando, por supuesto, condiciones reales para que el monopolio de la fuerza, en manos de instituciones legítimas, sea ejercido con equilibrio a través de fuerzas armadas realmente gobernadas por el poder civil, alejadas de los desuetos esquemas de la seguridad nacional y la guerra interior. De las fuerzas armadas reformadas se espera que cooperen decididamente con la justicia en poner fin al fenómeno del paramilitarismo y las denominadas bandas criminales (bacrim).

 

Por eso en este breve texto voy a referirme en forma aproximativa a la relación transición - constitución, a cada elemento por separado y a la conjunción de los dos, con el objeto de dilucidar, al menos en parte, circunstancias determinantes, actores, razones, caminos y tiempos de la relación a través de lo cual, en mi concepto, puede vislumbrarse un camino para superar el carácter gatopardista de las reformas hasta ahora emprendidas por el Gobierno Santos y acceder a un auténtico proceso de transformación de Colombia2. Tal camino podría eventualmente conducir al surgimiento de la II República, a semejanza de los cambios y tránsitos históricos observados en la República Francesa o a los observados, más cerca temporal, geográfica y culturalmente, en nuestro propio continente latinoamericano.

 

Diferentes sectores sociales, políticos, académicos, insurgentes, inclusive constituyentes del 91, sostienen la necesidad y posibilidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente como escenario para refrendar y consolidar los acuerdos de paz3. En contraste el Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha presentado el camino y horizonte de la transición –que incluya la terminación del conflicto armado y el comienzo de la paz estable y duradera– pero sin contemplar como un paso o momento de ella la celebración de una Asamblea Constituyente4; de hecho, el Presidente de la República Juan Manuel Santos ha negado rotundamente que ello esté contemplado en los planes gubernamentales o que siquiera sea posible considerarlo.

 

El gobierno, más bien, habla de referendo para obtener la manifestación de la ciudadanía sobre los acuerdos. La refrendación la visualiza el Gobierno vía referendo y las farc-ep vía constituyente. Sin embargo es preciso observar que al respecto aún no hay tesis formalmente presentadas por las partes porque a ese punto no se ha llegado en la Mesa de La Habana.

 

En esos términos están las posiciones iniciales, pero como ocurre en todo proceso político, tales posiciones son susceptibles de variación en razón de los nuevos equilibrios, comprensiones y confianzas, que se van ganando entre los protagonistas de los diálogos, en razón del trámite que se dé a la correlación de fuerzas entre ellos, no se olvide que hasta ahora se trata de diálogos en medio del conflicto, pero también en razón de la presencia, que puede llegar a ser muy fuerte y definitiva, de terceros actores, sobre todo de los que surgen en la sociedad en cuanto la terminación del conflicto, su solo anuncio e inminencia, se traduzca en expansión de la política. Desde la sociedad civil y política, en cuyo seno están las víctimas del conflicto que se cierra, con la potencialidad creativa de la ciudadanía y con la fuerza moral de las víctimas para crear condiciones de no repetición, puede emerger uno o varios sujetos políticos que jueguen muy significativamente en las definiciones finales del proceso.

 

Estamos en plena transición

 

La categoría de transición que aquí empleo surge de experiencias contemporáneas en España, Grecia, Portugal, Cono Sur, Europa del Este... Tales países dieron el paso de regímenes autoritarios, dictaduras civiles o militares, a regímenes demo liberales como se entiende hoy en occidente con pluralidad de partidos, elecciones libres, separación de poderes y auge de mercados. Suráfrica, Irlanda y Centroamérica en virtud de sus procesos de paz (tránsito de la guerra a la paz) también son referentes.

 

¿Cuál es el cambio que se espera en Colombia cuando se habla de transición? La transición a la paz guarda relación con el tipo de confrontación que se busca superar: o es dictadura, o es conflicto armado interno, o es guerra civil.

 

En Colombia durante el último medio siglo no hemos tenido dictadura ni guerra civil, pero sí conflicto armado interno5. La expresión conflicto armado se refiere a esa condición propia y particular de Colombia de ser una semidemocracia poblada de violencias: violencia política, violencia económica y social, violencia delincuencial, violencia contra la naturaleza, inclusive violencia de género y violencia intrafamiliar.

 

No es una condición en que las violencias desplacen totalmente la democracia formal de sentido liberal, sino un contexto en el que las diferentes violencias subsisten endémicamente e impiden el desarrollo de la democracia en todas sus dimensiones, en todos los espacios sociales y en todo el territorio nacional.

 

La transición en el país es, entonces, para pasar de la semidemocracia poblada de violencias a una democracia creciente sin violencia, en primer lugar, sin violencia política. Inmensa tarea que se inició con la incorporación de varias guerrillas –m19, epl, prt, maql, crs: acuerdos de primera generación– a la vida civil a comienzos de los 90 y que se continúa y profundiza ahora con la incorporación de las farc-ep y eln que serían acuerdos de segunda generación.

 

El componente territorial que en la actual transición se acentúa con sobrada razón, dada la presencia sostenida de los insurgentes en algunas porciones del territorio nacional, no quita que unos y otros puedan reconocerse como pasos reales y efectivos hacia la paz. Por lo que entiendo, el Alto Comisionado (intervención del 9 de mayo) no piensa en una transición temporalmente amplia sino en una forma de transición circunscrita a pasos concretos del trayecto actual; puede aceptarse que ese empleo del concepto es pertinente, pero también, sin duda, excesivamente limitado6.

 

La transición no es un momento, es un proceso, para el caso de Colombia largo proceso, no solo con presente y futuro, también con pasado, en el cual la característica tendencial es sacar las armas de la política como se precisó en el comienzo de este escrito. Van por lo menos 22 años de transición y, por supuesto, que seguirá otro tiempo que todos en el país debemos procurar que sea corto, de tal manera que no se hable más de parapolítica, farcpolítica, elenopolítica, narcopolítica, ni bacrimpolítica porque no hay hechos que lo hagan necesario.

 

Transición de horizonte amplio

 

El actual gobierno ha reconocido la existencia de conflicto político armado y consecuentemente decidió entablar diálogos para buscar la salida política con un sentido de transición. Muy bien. Pero la transición, para que conduzca a la paz estable y duradera, ha de lograr que el marchitamiento de la confrontación armada se acompañe creativamente del florecimiento de la política y la participación, con posibilidades nuevas no solo para los que vienen a la vida civil, no solo en las zonas de mayor confrontación militar, sino para la sociedad entera, sus acciones, asociaciones, movimientos y partidos7.

 

Este horizonte amplio de la transición surge de la sociedad largo tiempo movilizada por la paz que poco a poco fue clarificándose como proyecto de país: un país más democrático y más justo. La idea de los movimientos ciudadanos de paz es transitar, pasar, evolucionar de un país con una democracia de baja intensidad a un país con democracia de alta intensidad8. La teoría, derivada de las experiencias contemporáneas, viene en auxilio de la práctica. Hay transición, según Giuseppe di Palma (1990), "cuando un acuerdo sobre las nuevas reglas de juego democrático ha sido alcanzado y puesto en funcionamiento". La naturaleza del proceso, que es esencialmente político, hace que sea imprescindible el involucramiento de la sociedad. La sociedad es el lugar (locus) de la política, una y otra son consustanciales.

 

Papel de la sociedad en la transición

 

Los retos de la transición son inmensos. La construcción de un Estado democrático en un país complejo como este y el aseguramiento de su presencia en los dilatados territorios y regiones, pletóricos de riqueza humana y naturaleza exuberante, requiere un gran desarrollo político –instituciones, partidos, cultura política– en cuanto la política es el principio de vida de la sociedad, la que logra encauzar sus potencialidades, solucionar sus problemas y establecer relaciones de autodeterminación y cooperación con los demás pueblos del planeta.

 

Por supuesto, la sociedad puede jugar un papel preponderante e imprescindible en los sucesivos pasos de la transición sin necesidad de estar en la mesa de diálogo, ello si avanza en niveles de cohesión cada vez mayores, si construye soluciones a los múltiples problemas que se seguirán presentando en el proceso, si mantiene una dinámica sostenida de incidencia, si avanza sensiblemente en la construcción de voluntad nacional de paz, si la capacidad de movilización en función de parar la guerra adquiere cuando sea preciso el carácter de desobediencia civil9, si se prepara intencionalmente para la etapa más definitiva de todas que es la construcción de paz estable y duradera, si rompe inercias y es audaz cuando es necesario serlo. Esta intervención incidente de la sociedad en el proceso, si se logra, tiene el sentido, ni más ni menos, de constitución de un nuevo sujeto político plural, en la perspectiva de nueva hegemonía (direccionalidad incluyente) y nuevo bloque histórico de poder y de gobierno.

 

La perspectiva constituyente

 

La audacia de gobierno, insurgencia y sociedad, en el contexto de los diálogos de paz, estaría en no cerrarle la puerta a la idea constituyente, naturalmente sin precipitar una convocatoria que, en las condiciones actuales, podría echar a perder no solo lo que se gane en La Habana sino lo que se ha avanzado en más de 20 años con la Constitución de 1991.

 

Me impresiona la generosa participación que anuncia el Alto Comisionado a partir del momento en que se firmen los acuerdos y el rotundo no a la idea constituyente en algún momento del cercano o mediano futuro. Quizá no sea práctico –y en eso concuerdo con el Comisionado– ligar la Constituyente a la refrendación de acuerdos pero sí puede serlo –y en eso me aproximo al ascendiente movimiento social y político– en función de consolidar la transición y ponerle sólido fundamento a la construcción de paz estable y duradera. Esta, la paz con justicia social y dignidad nacional, es la que necesita asentarse en la constitución de nuevos sujetos sociales, en la ampliación del pacto social y político fundante, en la organización de un nuevo orden institucional que proyecte la segunda independencia, la segunda república, la república social10.

 

Inclusive podría decirse: si se abrió el largo período de la transición con una asamblea nacional constituyente en 1991, que no alcanzó a ser un pacto social y político de paz plenamente incluyente como se esperaba, ahora al momento en que entran al pacto quienes faltaban y para concluir los asuntos que no alcanzaron a abordarse en el 9111, sería absolutamente pertinente y práctico realizar una nueva asamblea constituyente que cierre el ciclo de la transición y deje ampliamente abiertas las puertas para la construcción de la paz con justicia social y dignidad nacional12.

 

El pensamiento, el conocimiento, la investigación, el debate de ideas, la utopía, tienen un lugar de primer orden en el ejercicio político y en el ejercicio del poder y del gobierno. Que Borges concluya: "A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad".

 

* Estudios de filosofía y economía, Presidente Colegiado de Redepaz, Investigador social, Columnista de El Espectador, Coordinador del Centro de Estudios Políticos Democracia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Notas

 

1 La vinculación del ELN al proceso de paz es imprescindible para el desarrollo y culminación exitosos del mismo. Los tiempos son problemáticos en los diálogos de paz; la sociedad no puede compartir ni los tiempos apremiantes del gobierno en función de la agenda electoral, ni los tiempos indefinidos de las Farc que prolongan la victimización y producen desaliento en la opinión, tampoco los tiempos sin oportunidad del ELN que está desaprovechando las circunstancias favorables hoy existentes tanto gubernamentales, como societales e internacionales. Sin duda ninguna, la oportunidad de la paz digna es hoy.

2 El Presidente Juan Manuel Santos ha tenido el acierto de identificar reformas que se corresponden temáticamente con las aspiraciones de las mayorías colombianas: educación, justicia, salud, pensiones, tierras, pero se queda corto en ellas, no logra concertar sus términos con los sectores justamente movilizados en cada caso y termina retirándolas o las que llegan a adoptarse no funcionan satisfactoriamente. Otras son francamente contrarias al ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta como la disponibilidad fiscal cuando la propia constitución establece la prioridad del gasto social. Olvida el gobernante que verdaderas reformas sociales no pueden hacerse sin alto grado de organización y movilización de la ciudadanía.

3 Las Farc-ep, sus voceros en la Mesa, han hecho frecuentes declaraciones en este sentido. En el Foro Político de fines de abril muchos sectores sociales y políticos plantearon este tema en las Comisiones de Trabajo. A las vista tengo documento de Poder Ciudadano movimiento que orienta la ExSenadora Piedad Córdoba, distribuido en el Foro; documento del académico Jairo Estrada Álvarez de la Universidad Nacional titulado Política Neoliberal: "Entre las elecciones y la constituyente", publicado en el Nº 31 de la Revista virtual Izquierda de marzo de 3013; la Revista Taller del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS, Nº. 32, mayo-julio de 2013, donde se encuentran estos artículos: "¿Es necesaria la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?" por Miguel Ángel González y "Un Conveniente Repaso a la Historia de la Asamblea Constituyente de 1991 y la Insurgencia" por Roberto Romero Ospina.

4 En varias oportunidades se hará referencia a la intervención del Alto Comisionado el 9 de mayo; el texto que para estos comentarios se toma en cuenta es el que apareció en el periódico El Tiempo el 14 de mayo de 2013.

5 En Colombia no se han consolidado ni la categoría de dictadura para caracterizar el régimen político, ni la de guerra civil para nombrar el prolongado enfrentamiento bélico interno que ha experimentado el país. En cambio, aunque en el lenguaje corriente y popular se habla de la violencia y de la guerra, en los últimos años se ha abierto camino la expresión conflicto armado interno seguramente por influencia del Derecho Internacional Humanitario cuyos Convenios básicos fueron ratificados por Colombia, así como los Protocolos adicionales de tales Convenios. El conflicto armado interno (no internacional) es un conflicto que tiene lugar "...en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo" (Protocolo II, Art.1). A este conflicto se le reconoce carácter político en la actualidad. Sobre el carácter social hay más controversia por cuanto es indudable en sus inicios y en sus intencionalidades, pero no plenamente en la actualidad y en la realidad por cuanto la causa armada no ha logrado ser la expresión del conflicto social en su conjunto. La mezcla de orden y violencia que ha sido la historia de Colombia durante un siglo, pero sobre todo a partir de 1948, sin copar el espacio geográfico y social de la nación, es una constatación que sirve a efectos de dimensionar y encontrar el sentido y características de la transición.

6 El Alto Comisionado deriva el concepto de transición del Acuerdo General en la parte final del Preámbulo y plantea: "...una vez firmemos todo cambia porque entramos en esa fase de construcción de paz sin armas, sin la presión y coerción de las armas. Entramos en la transición. Uno podría decir que ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin". Claro que el momento de firma de acuerdos y de la dejación de armas forman parte de la transición pero ésta es un proceso que involucra más tiempo antecedente y subsiguiente, más actores, más regiones, más variables que las que atañen a los actores armados y su proximidad. La aspiración, justa, a que en esta oportunidad se le apueste a cerrar el conflicto implica que la transición sea clara y decididamente "incluyente, participativa y holística" como plantea la Berghof Foundation en su magnífico informe de políticas de transición de 2012, a cargo de Veronique Duduet, Hans Giessmann y Katrin Planta.

7 Ver Ponencia de Redepaz al Foro de Participación Política: "Mayores facilidades de participación para movimientos sociales y sociedad civil en el camino hacia la paz estable y duradera".

8 Sobre paz como proyecto de país ver documentos constitutivos de Redepaz (noviembre de 1993), Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (julio de 1998), Contribuciones a la Agenda de Paz de Colombia Va (2001), Congreso de Paz y País (2002), trabajos de Planeta Paz (15 años), Congreso Nacional de Paz (2005), Ocho mínimos para la Paz de la Conferencia Episcopal (2009), Memorias de Evolución Colombia (2010), El Diálogo es la Ruta – Marcha Patriótica (2011), Congreso para la Paz con Vida Digna (2013), Cinep 40 años Apuesta por lo Imposible (2013), Propuestas de Mesas de Paz para audiencias en el Caguán (1998-2002), entre otros.

9 La sociedad colombiana tiene experiencias sobre formas de desobediencia civil o movilización general con el sentido de formular un mandato destinado a ser acatado por los poderes establecidos. Ejemplos históricos de ello han sido el Paro Cívico contra la dictadura militar en 1957, el Mandato Ciudadano por la Paz en 1997, el rechazo al Referendo en 2003, la acción masiva y pacífica de los indígenas caucanos encaminada a sacar de sus territorios a los actores armados en septiembre de 2012.

10 En los años 50 y 60 grupos de jóvenes liberales, conservadores e independientes, inquietos ante la crisis del país agitaban la idea de la II República (Ediciones Nuevo Signo, 1956), el Maestro Orlando Fals Borda sostuvo la necesidad de dar lugar a la II República (2001). Según Halle, las "5 Repúblicas Francesas" son las diferentes etapas en la vida de Francia en que el gobierno republicano ha alternado con otros tipos de gobierno, como monarquías reales, imperiales, etc. A veces la instauración de una nueva república se corresponde con la adopción de una nueva Constitución. La V República francesa se inició en 1958 bajo el liderazgo del General Degaulle y susbsiste hasta hoy.

11 La Constitución colombiana de 1991 resultó ser un pacto político incompleto e inconcluso: incompleto al no haber logrado incluir –por diversas circunstancias– a todas las guerrillas, inconcluso al dejar de tratar temas de vital importancia para el país, entre ellos el ordenamiento territorial y la reforma de las fuerzas armadas. Ver mi artículo La Constitución y las Farc en El Espectador del 10 de julio de 2011. Otros elementos propios del inicio del siglo veintiuno y de la dinámica que hoy viven los países latinoamericano a la cual no se puede sustraer Colombia aconsejan volver a pensar en la actualización de la Carta en la perspectiva de la paz estable y duradera.

12 Pertinente me parece sobre el tema la opinión del Profesor Universitario y Director de justicia Rodrigo Uprimny: "Una asamblea constituyente soberana me parece inconveniente, pues la Constitución de 1991 sigue siendo globalmente un texto democrático muy apropiado para Colombia.... Otra posibilidad es una asamblea constituyente pero no soberana, sino para temas específicos... Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos minoritarios como las víctimas y los grupos étnicos... que también tiene peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana". El Espectador, 9 de junio de 2013, p. 35.

 

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Democracia política para el poder político

Cambiar es posible

 

Entró a discutirse en La Habana el tema de la Participación Política, segundo punto de las negociaciones concertadas entre las farc y el Estado colombiano, representado por el gobierno de la "Gran Coalición Nacional" en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón. Este punto, de abordarse por parte de la insurgencia con dedicación y esmero, deberá marcar un quiebre al régimen clientelista, conducente a producir grandes cambios en la estructura política del país.

 

Estas son unas negociaciones estratégicas para el país. Nunca antes un grupo político o militar de oposición al sistema tradicional –representado en el clientelismo– había tenido la oportunidad de contar a su favor con el asesoramiento de expertos y el apoyo de una opinión pública favorable, dispuesta a buscar la forma de bloquear la masiva compra de votos, adecuación de contratos y entrega de empresas y entidades de todos los colombianos a los políticos y empresarios liberales y conservadores, para su perpetuación en el poder. Por tal motivo, las farc tienen una responsabilidad histórica, ante sí y ante el pueblo colombiano, para por lo menos iniciar el desmonte del clientelismo político tradicional y así poder cambiar las llamadas costumbres políticas.

 

Reformar para cambiar

 

Ir a elecciones por elecciones en Colombia no tiene sentido, pues así no se afecta la estructura clientelista de su régimen político, así se diga que el acceso a algunas alcaldías por partidos y/o movimientos políticos o personajes de izquierda es una demostración de que la llamada vía legal da sus frutos. Así lo han entendido las farc, razón por la cual han declarado que el cambio del sistema político beneficiará a todas las fuerzas democráticas y de izquierda del país.

 

No puede ser de otra manera. Por ejemplo, competir con Roberto Gerleín1 en el Atlántico y sus aliados conservadores, acompañado del reducto del namismo en supervivencia, es pelea de tigre con burro amarrado. Esto en razón a que cientos de miles de votos son negociados entre los centros del poder político de dicho departamento y el Registrador Regional, además de los municipales, ya sea por medio de acuerdos a los cuales se llegan antes de una contienda electoral, como también a través de grandes y masivas compras de votos concretadas ante los ojos de la ciudadanía y de los medios de comunicación, teniendo como protagonistas a grandes comerciantes de la calaña de el Pipa, el "negro" Venancio y compañía. Así se conserva el poder económico de la gran contratación y las clientelas amarradas en torno a la burocracia oficial.

 

Se dirá ante esta crítica que "se gobierna con los amigos". Y tienen razón. Más, no se gobierna con la corrupción y amedrentamiento social hacia la burocracia del Estado colombiano. En una democracia representativa los gobiernos son para ejecutar la obra política que se gana en la contienda electoral. Pero otra cosa es la perpetuación de castas políticas amparadas en el clientelismo rampante de la compra de votos, jurados de votación, registradores, acceso directo a la contratación estatal, poder omnímodo sobre la burocracia, favores con ganancias para las multinacionales y grandes grupos económicos del país, disposición de información privilegiada, etcétera, factores que determinan la perpetuación de un régimen político que ya cuenta con dos siglos.

 

El régimen clientelista colombiano ha sido tan penetrante, que hasta fuerzas que se dicen de izquierda –como el Polo Democrático–, se han permeado de tal praxis, como fue patente durante la administración de la alcaldía de Bogotá en cabeza de Samuel Moreno, quien contó con el apoyo de comunistas, moiristas, ex trotskistas, verdes vergonzantes, ex M-19 oportunistas, sindicalistas arribistas y corruptos.

 

El clientelismo está tan arraigado en la estructura política colombiana, que forma parte de la idiosincrasia del pueblo, hasta el punto de constituirse en elemento cultural de la nación, teniendo presente que la clase dominante ejerce fuerte poder sobre lo que comúnmente se denomina masa, No es descabellado señalar, por tanto, que las masas populares han sido educadas con una mentalidad opuesta a sus propios intereses. Tengamos presente que "La clase dominante ejerce, pues, su poder, independientemente de los compromisos materiales con otras fuerzas sociales, no solamente por medios de coerción, sino además por su visión del mundo, es decir, una filosofía, una moral, costumbres, un sentido común que favorecen el reconocimiento de su dominio por las clases dominadas"2.

 

Un dominio y un control constante. En la costa Atlántica, el sur de Bogotá y demás barriadas populares de todo el país, al unísono electoral, un sector de los desposeídos se lanzan como hordas mongólicas a ver que pescan de las migajas que el clientelismo ofrece. Cuando Mockus tuvo posibilidades electorales de derrotar a Santos, sin contar por supuesto con las equivocaciones y el ego de los verdes, multiplicado entorno a su entonces candidato, sobre los usuarios del Sisben y otros programas sociales se organizó toda una campaña para señalares a los beneficiarios del "pan social" las consecuencias que traería un gobierno mockusiono sobre los desposeídos. Estos, por supuesto, se inclinaron en masa en voto por Santos.

 

En Barranquilla el sur de la ciudad es dado a la venta masiva del voto, incluso durante los mejores momentos del cura Hoyos. El clientelismo cultural en Barranquilla era, y sigue siendo, presa fácil, "corrales de vacas amarradas" contratadas para votar por Gerleín, Name y demás caciques. El "negro" Venancio y el Pipa, para sólo citar dos ejemplos, trasportan millares de personas convertidas en reses al matadero clientelista ante los ojos de toda una ciudad para comprarles el voto y posteriormente la vida. Otro tanto sucede en Sucre y Bolívar donde la dinastía García Romero Zucardi –hoy en la cárcel por paramilitarismo y corrupción–, se apresta a continuar con el apoyo de sus vástagos y hermana (Teresa García Romero) la compra de votos para perpetuarse en el poder. Parafraseando a Giovanni Sartori, elecciones libres con imposiciones clientelistas no libres no conducen a nada.3.

 

Como vemos, romper el nudo gordiano del clientelismo necesita más que leyes y acuerdos profundos en La Habana, pero algo es algo. Se requiere, además, inversión en educación de calidad, que permita salir de la miseria y pobreza a las masas hambreadas que venden el voto. Pero también se necesita una fuerza democrática y de izquierda unida, que entienda que en el Olimpo, a pesar de lo pequeño, pueden caber todos los dioses que se quiera, siempre y cuando no predominen más el personalismo, la avaricia, la prepotencia, el ego, los supuestos discursos históricos hegemónicos, la historia de partidos y movimientos con siglas y consignas del pasado, el autoritarismo, la marrullería, el seudo vanguardismo, el personalismo, etcétera, que han caracterizado a la izquierda colombiana a través de los tiempos.

 

Lamentablemente en nuestro país la expedición de leyes es una constante, y con todo y eso, las leyes son pasadas por la faja como la han demostrado las actuaciones de las Cortes, el Consejo de Estado, de la Judicatura y la Procuraduría, entre otras instancias. En tal sentido, mucho menos atención se tiene ante lo que no está escrito. Por estas razones, no en vano las farc están exigiendo una constituyente que avale los acuerdos a los cuales se llegue con el gobierno Santos. En tal sentido, se requiere de una reforma escrita sobre los acuerdos de paz entre el establecimiento y la insurgencia armada, lo cual por sí solo no es plena garantía de nada, pues el establecimiento por otras vías –el legislativo– puede burlar lo acordado, como ya sucedió con la Constitución de 1991.

 

Esta es la manifestación del poder. Es una realidad histórica que nos marca y afecta como nación y como república. No sobra recordar por tanto que, "El hecho de tener una constitución no resuelve nada, a menos que se cuente con un aparato de interpretación y aplicación".4

 

Cambios en la estructura política

 

He aquí parte de los cambios esenciales que requiere nuestro sistema político, electoral y judicial, tendientes a desmontar la gran armazón del régimen clientelista que impera en el país. No sin antes aclarar, que se deberá definir claramente lo que se entiende por oposición, ya que a futuro no sería extraño que todo lo ganado en La Habana beneficie al uribismo (hoy llamado Centro Democrático) o al conservatismo, cuando deseen transitar estos partidos políticos por el desierto de los puestos burocráticos a los cuales han estado históricamente acostumbrados.

 

Un sistema electoral con circunscripción nacional y regional, de tal manera que los partidos sean exponentes del llamado de los dos países: el centro y la periferia. El Senado debe pasar de los 100 a los 120 miembros, en donde se elija por mitades. Una lista nacional y otras regionales. Las farc debe hacer valer el peso de las regiones o departamentos en donde ejercen dominio, de lo contrario tendrían que "pelear" con las clientelas establecidas, entrando a la competencia electoral en desventaja. Antes que regresar a la circunscripción departamental, a la oposición democrática le conviene es la circunscripción regional. El umbral del 3 por ciento debe mantenerse, ya que es inconcebible que una fuerza política que aspire al poder central no sea capaz de aglutinar un mínimo sector de la población del país. Las coaliciones electorales deben aceptarse como parte del juego electoral, al estilo holandés.

 

La farc deberá continuar con su exigencia de representación de las llamadas Zonas Campesinas. Es parte de su razón de ser. El sistema deberá entenderlo, pues de no hacerlo sería no reconocer una razón de ser de la política de la insurgencia. Por lo menos dichas zonas deben jugar un papel preponderante en el ámbito de las Asambleas Departamentales, e incluso en la Cámara de Representantes.

 

En esta perspectiva, hay que destacar el sistema electoral de Puerto Rico, nada menos que colonia de los Estados Unidos, que posibilita designar –en aquellas circunscripciones sin resultados favorables para la oposición– representantes en lo que en nuestro país son los concejos municipales, distritales y asambleas departamentales.

 

La mecánica electoral debe sufrir un profundo cambio, comenzado por introducir el voto electrónico. El conteo de votos debe darse el mismo día y continuar hasta donde sea necesario, de tal manera que se acabe con el resultado del día siguiente, con el cual se facilita el imperio de las tácticas fraudulentas (cambios de resultados de la noche a la mañana) nacidas y desarrolladas en Soledad y Sabanalarga –Atlántico–, práctica hoy extendida en todo el país, incluyendo a Bogotá, en donde políticos mañosos de la costa Atlántica, especialmente de Barranquilla, se están tomando las Registradurías Zonales del Distrito Capital en asocio con Convergencia Ciudadana.

 

Esto debe cambiar. La Registraduría del Estado Civil debe ser un organismo neutral, con presencia de todos los partidos políticos; la asignación de registradores departamentales y municipales deben salir de las esferas clientelista y pasar a concursos de méritos con carrera administrativa, en donde la oposición contará con cabida en la dirección de la entidad denominada Función Pública. Por su parte, la compra de votos debe pasar a ser de tipo penal tanto para el comprador como para el político beneficiario.

 

El control a la financiación de las campañas deberá ser una norma para la transparencia electoral. Hay que lograr el final de la llamada financiación "por debajo de la mesa", realizada por los grandes grupos económicos del país, los contratistas y las empresas multinacionales, con lo cual buscan incidir posteriormente en las leyes aprobadas por el legislativo.

 

Pero más que la Registraduría, el Poder Electoral debe formar parte de la quinta esencia del Estado colombiano, con amplia presencia profesional y de la oposición en toda su extensión. La reforma del mismo deberá ser de acción nacional, no de coyuntura, con participación de todas las voces del país, en forma amplia, transparente y de cara a la academia.

 

Organización parlamentaria. La oposición deberá contar con asientos en las Mesas Directivas del Congreso y las Comisiones. La política internacional y económica será compartida con la oposición. No más cónclaves secretos.

 

El sistema judicial debe ser de los colombianos. No más cooptaciones entre los miembros de la Rama Jurisdiccional, pasar a la carrera judicial por méritos, no más distribución equitativa entre liberales y conservadores. Las principales universidades con reconocimiento de sus facultades de Derecho deberán trazar la ruta de los jueces y magistrados, sobre todo de quienes concursarán en igualdad de competencia para impartir justicia de manera transparente.

 

La carrera administrativa deberá ser igual en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La Función Pública con participación de la oposición lineara las competencias de la profesionalización. Los supernumerarios deberán acabarse en todas las instancias del Estado colombiano. No más profesionales del derecho "mendigando" por sus cargos en el Congreso. El ministerio de Justicia deberá recobrar su papel en la dirección de las leyes y la organización judicial del país. Es tiempo de demostrarle al pueblo colombiano que la justicia no puede seguir siendo el espacio en donde familias liberales y conservadoras se reparten los puestos de padres a hijos y de ahí a nietos y allegados.

 

El papel de los medios de comunicación. En La Habana se deberá definir acceso a medios propios en radio y televisión. El espectro del país es riquísimo como para poderle asignar frecuencias de radio y televisión a la oposición. La pauta oficial deberá ser parte de la financiación de los medios alternativos. Casos de sequía publicitaria deberá ser cosa del pasado. Pero la izquierda deberá aprender a saberle llegar al pueblo colombiano con productos de calidad. De La Habana las farc no pueden salir sin contar con medios electrónicos asignados para ejercer su acción política, y sin propiciarle al resto de la izquierda que acceda a otras tantas frecuencias y medios comunicativos.

 

El cumplimiento de los acuerdos debe darse en la práctica, no en el papel, para lo cual las farc tendrán línea directa tanto en los ministerios como en Planeación Nacional. La comunicación no debe ser con mandos medios, de lo contrario el cumplimiento de lo acordado se verá torpedeado. Los apoyos a las zonas campesinas y demás acciones por ejecutar en el campo deberán contar con presupuesto previamente designado y con representación de las farc en las correspondientes oficinas estatales.

 

Finalmente, enfatizar que el futuro de la izquierda y de las fuerzas democráticas del país depende de ellas mismas, por lo cual tendrán que saber convivir en el Olimpo político diversos dioses, así no se gusten unos con otros. Por ello es conveniente tener presente a Bobbio, cuando dice: "Aquellos que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a los hombres en iguales, o a las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad"5.

 

Pero ojo, en el país también existe un sector medio y de profesionales que esperan realidades, y no discursos, por lo que se deberá dar por terminado definitivamente el famoso "debate histórico" de los años 60 y 70 del siglo pasado, con la claridad de que el "socialismo real" soviético y sus satélites cayó estrepitosamente, la China es la máquina capitalista de la explotación laboral descrita por Marx en El Capital, el heroico Vietnam camina a pasos agigantados gracias a las maquilas y Cuba hoy depende del dólar que llevan varios millones de turistas extranjeros, sí como de las remesas de más de dos millones de cubanos entonces denominados "gusanos".

 

* Magíster en ciencia política, universidad de los Andes. Magíster en periodismo, universidad de Bielorrusia. Especialista en gerencia social, ESAP

 

1 Ver el caso de las llamadas Cédulas de el pueblito, en donde el senador Roberto Gerleín se vio vinculado a un caso masivo de compra de votos sin que nada hubiera pasado, http://www.semana.com/nacion/articulo/lluvia-cedulas/76185-3, http://www.semana.com/opinion/articulo/un-orador-palabras/77923-3 (Artículo de Daniel Coronell en la Revista Semana), https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368475566590046&id=256643334439937 (Los mochileros de Soledad - Atlántico).

2 Macciocchi, María Antonietta. Gramsci y la revolución de occidente, Editorial Siglo XXI, 1977, pp. 153-154.

3 Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia?, Altamir ediciones, Bogotá 1994, p. 55.

4 Elster, Jon. Regla de mayoría y derechos individuales, La Política, 1998, Paidós, Madrid, p. 36.

5 Bobbio, Norberto. Derecha e izquierda, Taurus, 1995, p. 15.

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Miércoles, 05 Junio 2013 06:24

¿Democracia o capitalismo?

¿Democracia o capitalismo?

La relación entre democracia y capitalismo ha sido siempre una relación tensa, incluso de total contradicción. El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se identifica con sus necesidades, mientras que la democracia, por el contrario, es el Gobierno de las mayorías que ni tienen capital ni razones para identificarse con las necesidades del capitalismo. El conflicto es distributivo: un pulso entre la acumulación y concentración de la riqueza por parte de los capitalistas y la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de los trabajadores y sus familias. La burguesía ha tenido siempre pavor a que las mayorías pobres tomasen el poder y ha usado el poder político que las revoluciones del siglo XIX le otorgaron para impedir que eso ocurriese. Ha concebido la democracia liberal como el modo de garantizar eso mismo a través de medidas que pudieran cambiar en el tiempo, pero manteniendo el objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización de los lobbys… Y, siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura, algo que pasó en numerosas ocasiones.


 
En la inmediata posguerra, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones del mundo estaban sujetas al colonialismo europeo que sirvió para consolidar al capitalismo euro-norte-americano, Europa estaba devastada por una guerra provocada por la supremacía alemana y en el Este se consolidaba el régimen comunista, que se veía como alternativa al capitalismo y a la democracia liberal. Fue en este contexto en el que surgió el llamado capitalismo democrático, un sistema consistente en la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser fuertemente regulado. Ello implicaba la nacionalización de sectores clave de la economía, la tributación progresiva, la imposición de la negociación colectiva y hasta -como aconteció en la Alemania Occidental de la época- la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek, la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los ciudadanos y para defenderse de las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las condiciones para azuzarlo durante las tres décadas siguientes, cuando el crecimiento económico quedó paralizado. Y así sucedió.


 
Desde 1970, los Estados centrales han gestionado el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital, recurriendo a un conjunto de soluciones que gradualmente han ido otorgando más poder al capital. Primero fue la inflación; después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos. Lo siguiente fue el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, de la estancación económica y del aumento del gasto social, a su vez, causado por el aumento del desempleo. Lo último fue el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales para eludir el colapso de las expectativas creadas de consumo, educación y vivienda.


 
Así sucedió hasta que el engaño de las soluciones ficticias llegó a su fin, en 2008, y se esclareció quién había ganado el conflicto distributivo: el capital. ¿La prueba? El repunte de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de vida digna de la mayoría (los ciudadanos) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero). La democracia perdió la batalla y solamente puede evitar perder la guerra si las mayorías pierden el miedo, se revuelven dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.

 


05 jun 2013

:
Boaventura de Sousa Santos
 Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra

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Viernes, 26 Abril 2013 10:54

Un alcalde con cera en los oídos

Un alcalde con cera en los oídos

El pasado 5 de abril los alrededores de la Alcaldía Mayor de Bogotá se llenaron de pueblo. Delegaciones procedentes de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Suba, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe, Kennedy, Engativá entre otras, realizaron por espacio de ocho horas el plantón: "La vida digna es soberanía alimentaria". Su objetivo: exigir una mesa de trabajo Distrital, en la que se construya con las comunidades las propuestas que fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria sin afectar a los niños/as, adultos, mujeres, y familias beneficarios de los comedores comunitarios.

 

La acción de reclamo y demanda fue alegre y mutlicolor. Con pitos, pancartas, y tambores, quienes protestaban agitaron sus propuestas, reforzando ante la opinión pública la necesidad de construir de manera colectiva las líneas gruesas que den pie en la ciudad a la estrategia de soberanía y seguridad alimentaria. Esta primer barricada de maíz1 trabajada desde las delegaciones locales dio cuenta de un problema histórico en Colombia y Bogotá: el hambre y la desigualdad.

 

Esta barricada de maíz en su proceso de consolidación propone:

 

Los comedores comunitarios deben fortalecerse, porque2:

 

  • - Han demostrado su importancia y eficacia. Entre los años 2002-2010 la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años bajó de 15,3 a 11,0.
  • - Permite la construcción de tejido social entre sus beneficiarios, generando un sistema de presión social frente al maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y otro tipo de problemáticas cotidianas, todas y cada una de ellas aminoradas en sus indicadores anuales.
  • - Es más que un espacio alimentario, es un sitio de encuentro, de organización social, de promoción de la participación, de asociatividad y de generación de iniciativas productivas.
  • - Facilita implementar procesos de formación ciudadana, permitiendo difundir un poco más los derechos ciudadanos y cómo exigirlos.
  • - Es un espacio de prevención de la accidentalidad en los hogares, en especial para prevenir accidentes por quemaduras que afectan a niños.
  • - Los menores que asisten a los comedores adquieren hábitos adecuados para su vida, entre ellos: socializar y disposición para consumir alimentos nutritivos y sanos.
  • - Allí se desarrollan actividades de manejo adecuado del tiempo libre, sobre todo para la población infantil y juvenil, quienes ven el comedor como un segundo punto de referencia, de apoyo y de encuentro para su vida cotidiana.
  • - Permite que la alimentación se entregue a la persona que la necesita, que la consume en caliente, con porciones adecuadas para su edad.
  • - El gran problema a la hora de implementar los comedores ha sido la corrupción, pero eso no es culpa de las comunidades sino del modelo diseñado desde la Alcaldía.

 

Por eso se propone a la administración Distrital:

 

  • - Que se apruebe un periodo de transición de un (1) año en el cual los comedores se ajusten de manera paulatina, mientras se desarrolla un proceso adecuado de seguimiento y evaluación, para tener elementos de juicio objetivos para la toma de decisiones frente a cada uno de estos4 espacios.
  • - Establecer una mesa de trabajo conjunta entre comunidad, organizaciones e instituciones, para repensarse la estrategia de Mi-vital, el rediseño de los comedores comunitarios y la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.
  • - Legitimidad de las organizaciones sociales que operan los comedores y demás programas alimentarios de la ciudad –como las canastas alimentarias, jardines infantiles–, donde se priorice a las asociaciones de participantes formalizadas en los procesos de contratación con el Distrito y la operación de los mismos. Que no se contraten a las grandes superficies ni a organizaciones desconocidas en los territorios.
  • - Que se reconozca el trabajo de los líderes comunitarios en los procesos de inclusión social de cada territorio, que cuenten con poder decisorio en los procesos y que su trabajo sea remunerado.
  • - Implementar 20 ejercicios piloto de "Centros de referencia y desarrollo de capacidades" (uno por localidad), como lo indica el Plan de Desarrollo, para los que se utilice una infraestructura distribuida así:
  • Piso 1: dotado para el funcionamiento del comedor; piso 2: dotado para los procesos de inclusión social, con el gestor comunitario ayudando y acompañando al profesional, donde la inclusión no tenga horario; piso 3: donde se desarrollen y consoliden las iniciativas productivas; terraza: huerta productiva que abastezca al mismo comedor y sensibilice en lo alimentario.
  • Por la soberanía alimentaria en la ciudad, proponemos:
  • - Fortalecimiento de los pequeños productores de la ciudad. Alianza con redes de agricultura urbana locales para que comercialicen su producción, así sea mínima, con los programas sociales alimentarios que coordinan las instituciones.
  • - Gestionar insumos y maquinaria para los procesos de agricultura urbana de comedores comunitarios y otros de la ciudad, donde las entidades responsables apoyen con seguimiento y continuidad de los procesos. Promover las terrazas y jardines productivos. Desarrollar unidades locales para producir compostaje con los residuos orgánicos generados en los comedores y jardines infantiles.
  • - Articular las iniciativas productivas de los comedores (tiendas comunitarias, productos de aseo, agricultura urbana, confección de uniformes...), con el abastecimiento de insumos que requieren los proyectos sociales del distrito, fortaleciendo así la economía popular. Los contratos deben obligar a los operadores a comprar, por lo menos, un porcentaje de sus insumos a las iniciativas y proyectos locales. Tener presente el modelo de Brasil (hambre cero) para articular la producción local con los programas sociales alimentarios. Patrocinar a unos líderes para visitar la experiencia carioca y ajustar el modelo para replicarlo –respetando las diferencias– en Bogotá.
  • - Implementar consejos locales y un consejo distrital de soberanía alimentaria3, que reemplacen los comités de seguridad alimentaria, dotándolos de capacidad e incidencia real para la toma de decisiones en este tipo de programas, con énfasis en la planeación, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y proyectos implementados en materia alimentaria. Consejos que cuenten con participación de la comunidad, y a partir de los cuales se oriente la discusión y formulación de una Política pública de soberanía alimentaria para Bogotá, una vez finalice –en el 2016– la política pública vigente sobre seguridad alimentaria y nutricional.

 

A manera de conclusión, enfatizar que defendemos el argumento escrito en el suplemento de este periódico (edición enero-febrero de 2013) "La segunda independencia se inaugurará en Colombia, nación soberana y segura, a partir del momento en que se afirme y ejecute un gran acuerdo nacional por la soberanía y por la seguridad alimentarias; y esa segunda independencia se proclamará como causa cumplida y empezará a celebrarse el día en que el hambre se haya borrado radicalmente de toda la geografía nacional, de todas las bocas, de todas las posibilidades y de todas las expresiones de autoctonía patria. Se seguirá celebrando, entonces, en lo sucesivo, a la nueva Colombia, territorio libre del rencor político del hambre, justa y en paz"4.

 

1 Título convocante para un desafío político que por 200 años ha permanecido aplazado. Suplemento periódico desde abajo, enero 20 – febrero 20 de 2013.

2 Propuestas trabajadas por la coordinación inter-local por la Soberanía Alimentaria abril 2013.

3 Los Consejos son organismos de concertación entre el Estado y la sociedad para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el sector y sus respectivos presupuestos.

4 Barricadas de maíz, suplemento de la colección bicentenario del periódico desde abajo enero 20 - febrero 20 de 2013.

 

Publicado enEdición No. 190