Miércoles, 27 Julio 2016 06:43

Plebiscito y demodiversidad.

Plebiscito y demodiversidad.

 

El proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc ha suscitado una importante reflexión sobre la democracia colombiana.

 


Humberto De La Calle, delegado del gobierno para los diálogos, ha planteado en reciente artículo del portal La Silla Vacía (http://bit.ly/2amyFnx), un conjunto de consideraciones al respecto, sustentadas en la premisa que insinúa un vaciamiento de contenido de la democracia colombiana, que bien puede caracterizar ese sistema político en el momento, valoración acentuada a partir de los diálogos de La Habana para poner fin al conflicto con las FARC.

 

 

Los problemas estructurales de la idea liberal.

 

Agrega que primero están los problemas estructurales de la idea liberal.

 

Indica que las troneras son varias: la idea de la igualdad ha sido reemplazada por la visión postmodernista de lo específico. Y dice, en esencia, es la noción misma de ciudadanía la que está en quiebra.

 

Sostiene que ahora tenemos una democracia que juega en diversos tableros. La irrupción de los movimientos sociales es una realidad que desborda los conceptos originarios (http://bit.ly/2amyFnx).

 

La segunda tronera viene de un examen microscópico del poder: influencia de los grandes capitales, financiación de la política, dañado y punible ayuntamiento entre el Ejecutivo y los flamantes “representantes del pueblo”. Es decir, democracia aparente como mascarón de proa de un sustrato plutocrático.

 

La tercera tronera viene de la ética: corrupción, beneficio personal, finlandización de las decisiones por interés inconfesable.

 

Y concretando, hace este diagnóstico sobre el caso específico nacional: en realidad, pese a la multifacética apelación a la democracia participativa en la Constitución del 91, la práctica ha sido bien distinta. Lo que sí ha ocurrido, es un crecimiento inorgánico de mecanismos informales de participación ciudadana, arropados bajo el manto de la insatisfacción http://bit.ly/2amyFnx).


Dignidades campesinas, paros camioneros, la desvelada voz étnica, el clamor por la apropiación de la identidad sexual, en fin, manifestaciones superpuestas y fragmentarias cuyo denominador común es la protesta y la antipolítica.

 

El riesgo no es la protesta, agrega. El riesgo son las limitaciones de la protesta. La incapacidad de encauzar acciones y metas mediante procedimientos eficaces. La protesta no como medio, sino como fin.

 

Y en el territorio de la democracia participativa, surge una cuarta tronera de reciente cuño: Democracia no es tanto método para decidir por mayoría, sino instrumento para proteger las minorías. Los derechos pesan más que la estadística.

 

¿Qué sigue?, se pregunta De La Calle.

 

Primero hay que refinar el diagnóstico sobre el sitio preciso en que nos encontramos. Una especie de GPS que señale si estamos en el ocaso de la democracia liberal, o en el amanecer de una nueva gobernanza postmodernista. O también, aunque suene difícil, si las sombras son pasajeras y hay un nuevo futuro para la democracia representativa (http://bit.ly/2amyFnx).

 

En Colombia hay un mosaico de acciones centrífugas, precisa.

 

Una “clase política” miope prefiere seguir en el banquete sin pensar en las consecuencias.

 

Segmentos bien intencionados, en cambio, trabajan en las refacciones del edificio, con la creencia de que la estructura está sana: normas sobre partidos políticos, financiación de campañas, sistema electoral, ampliación y refinamiento de la representación.

 

Otros buscan por el lado de los movimientos sociales. Una pista alternativa como suele ocurrir en ciertos festivales del arte pictórico: un salón de rechazados. No digamos que un circo de dos pistas para no caer en la ácida diatriba.

 

No pocos juegan el juego ciego de la insatisfacción que se nutre a sí misma, plantea.

 

Y la mayor porción de nuestros ya casi cincuenta millones de habitantes, bastante desentendidos, embargados en la lucha por el condumio, la faltriquera, léase la simple supervivencia.

 

La disyuntiva no se resolverá súbitamente. No se ve algo que ocurra de la noche a la mañana.

 

Pero lo que sí es cierto es que el armazón representativo que hoy tenemos está mostrando grietas.

 

De la Mesa de La Habana surgen ideas, por ahora acaballadas en los dos escenarios: mejoramiento del funcionamiento representativo pero a la vez revisión de sus linderos a fin de buscar una arquitectura más incluyente.

 

Antes de un diagnóstico final, que quizás se demore, lo que sigue en el inmediato futuro es escoger entre la nostalgia del autoritarismo o la acción cuidadosa y transicional buscando conducir las aguas de los conflictos sin desbordamientos cataclísmicos.

 

Lo que sí es cierto es que terminado el conflicto interno militar, el conflicto social perdurará. El reto es no matar el tigre y asustarse con el cuero. Ante el fragor social, lo peor sería dar marcha atrás y llamar a somatén para reiniciar la guerra.

 

Ese será el momento de la serenidad, de la mente abierta para asimilar el conflicto y para impulsar el cambio. No será el momento del retroceso.

 

Una visión sin arrogancia, sin temor del “ensayo y error”, distribuyendo el ojo y el oído de la autoridad en un escenario genuinamente plural para ir construyendo con paciencia de abeja obrera un nuevo tejido que permita una gobernanza sostenible.

 

No se puede menos que coincidir con estas sugerentes cavilaciones del representante del gobierno del presidente Santos en las conversaciones para poner fin a la guerra.

 

Sin embargo, el reto consiste en ampliar el ejercicio de pensar los términos de lo que la apertura política en curso ha propuesto como democracia ampliada.

 

El denso y fecundo comienzo de un nuevo ciclo político, deja en evidencia, una vez más, lossíntomas del agotamiento del modo de producción de conocimiento vigente y todavía dominante en nuestra sociedad. Más específicamente, consideramos que la peculiar cartografía (cartas geográficas) social, gestada durante al menos las dos últimas décadas, escenario de una renovada conflictividad y vitalidad social, vuelve a colocarnos frente a la necesidad y la posibilidad de una transformación epistemológica de las Ciencias Sociales: Ubicamos estas líneas reflexivas en el marcode un contexto crítico y transicional de la producción de conocimiento en Colombia.

 

El nuevo ciclo de movilizaciones sociales y populares vinculadas con el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de negociaciones de La Habana tiene como substrato común la lucha por la demodiversidad o, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, por “la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas”.

 

Las luchas por la demodiversidad implican una doble tarea: 1) denunciar las limitaciones de la democracia liberal, que se ha revelado un sistema político ineficiente, opaco, reproductor de desigualdades, subordinado a intereses privados y sostenido, en buena medida, por la corrupción, el conformismo y la apatía. Y 2) rescatar experiencias democráticas alternativas desacreditadas por la concepción arrogante y empobrecedora de la democracia que predomina en la academia y la sociedad. La “democracia primitiva” sumeria estudiada por Jacobsen; la deliberación directa del demos en la ekklesia en la Atenas de Pericles; la democracia directa en determinados cantones suizos que inspiró las ideas políticas de Rousseau; la democracia jacobina en la Francia revolucionaria; los procesos de decisión política en la lógica del poder comunal del que habla Tocqueville en referencia a la comuna de Nueva Inglaterra; la democracia oral ejercida en torno al árbol de palabras en aldeas africanas, alrededor del cual se toman decisiones sobre la vida cotidiana; la Comuna de París, exponente histórico de la democracia obrera participativa; la democracia de los soviets (consejos de trabajadores, soldados o campesinos) en los inicios de la Revolución rusa; la formación de comunas campesinas en la China de Mao Zedong; la democracia comunitaria directa de los ayllus andinos; el “mandar obedeciendo” y la “palabra verdadera” de la democracia zapatista; los consejos comunales en Venezuela; las democracias populares en Europa del este entre 1945 y 1989; los presupuestos participativos; las democracias feministas, que incluyen las expectativas y exigencias de las mujeres; la democracia electrónica; la planificación participativa en Kerala (India); la participación ciudadana en la evaluación de impactos científicos y tecnológicos son, todas ellas, experiencias de demodiversidad situadas en los márgenes de la historia política moderna.

 

Las luchas presentes y futuras por la demodiversidad se articularán sobre los siguientes ejes:


La batalla por la definición y el significado de la democracia. Las luchas por la demodiversidad son luchas por la resignificación política y social la democracia; luchas por desnaturalizar la semántica de la democracia liberal y forjar lenguajes democráticos alternativos. Nos hemos acostumbrado demasiado a definir la democracia en términos de derechos individuales, libertades civiles y protección de la esfera privada contra el Estado, y muy poco en términos de gobierno popular participativo e igualitario.


La batalla por la incorporación de nuevos sujetos políticos. Las luchas por la demodiversidad exigen el reconocimiento de la amplia gama de sujetos cuyas formas de lucha no se inscriben necesariamente en las clásicas estructuras partidarias y sindicales.

 

La batalla por otros espacios de construcción democrática. Las luchas por la demodiversidad redefinen y amplían los espacios de la política, abriendo un campo político popular y democrático de acción extrainstitucional que señala el agotamiento de la democracia de partidos y reclama nuevos esquemas participativos. No es casual que en la actualidad las luchas más promisorias por la demodiversidad se den al margen (y a menudo en contra) de los espacios institucionales de la democracia: en calles, plazas, escuelas, fábricas, redes sociales, etc.

 

La batalla por otras prácticas democráticas y de participación popular. Acampadas, asambleas populares, marchas indignadas, ocupaciones de lugares públicos, gritos mudos, desobediencias cívicas pacíficas, cercos al Congreso, performances artísticas, escraches, plebiscitos populares, entre otras iniciativas, dan cuenta de un vasto repertorio de formas de ejercicio del poder popular y ciudadano que desbordan los límites de una democracia insuficiente que no sólo no lo permite, sino que lo bloquea y a menudo lo criminaliza.

 

La batalla por formas de sociabilidad alternativas. Las luchas por la demodiversidad son portadoras de una cultura política en sentido amplio fundada en bases más igualitarias y participativas que se alejan de las formas de sociabilidad (individualismo, clasismo, consumismo, etc.) propias del mundo liberal y capitalista institucionalizado.

 

 

Publicado enColombia
Culminó el primer Foro Nacional Financiero por la Paz de la Uneb.   Ideas, posiciones, aprendizajes.

Son 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6.8 millones de desplazados, 2.800 sindicalistas asesinados, infinidad de robos, torturas, violaciones, los que obligan a frenar el conflicto armado en Colombia. La manifiesta corresponsabilidad en esta tragedia por parte del sistema financiero colombiano obliga a pensar en soluciones desde el mismo sector que antes que víctima ha sido victimario por su activo papel en el empobrecimiento y sometimiento de la ciudadanía al capital financiero, así como por su activa labor en pro de la acumulación y el incremento de la desigualdad en el país. El Primer Foro Financiero por la Paz convocado por la Uneb, valioso escenario para el intercambio de ideas y posiciones de actores que conciben de forma diferente el desenvolvimiento del sector financiero en el post acuerdo.

 

 

Entre los días 19 y 20 de mayo se llevó a cabo el Primer Foro Nacional Financiero por la Paz en Bogotá. En el centro de convenciones G12 se reunieron líderes de sindicatos, de cooperativas, representantes de ONG's, ministros, parlamentarios, analistas políticos y académicos, para reflexionar en torno a la consecución y la construcción de la paz en Colombia. Alrededor de mil, fueron los participantes en el evento.

 

La Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb) convocó este foro en búsqueda de consolidar otro escenario en el contexto de sus luchas por “[...] una política pública financiera democrática e incluyente que oriente el ahorro público de manera ‘virtuosa’ hacia el desarrollo sostenible del país, en provecho de los usuarios, promoviendo los derechos de los trabajadores, el bienestar de las familias y una economía fundamentada en los principios de justicia, igualdad y solidaridad”. A partir de la interpretación de las instituciones y del mismo sector financiero como “corresponsables del conflicto colombiano”, el foro buscó generar propuestas orientadas al periodo del post acuerdo en el que se propone un cambio de rol, una participación dinámica y asertiva del sector en el macro proceso social que comenzará a germinar una vez hayan sido pactados los acuerdos.

 

 

Diversos participantes, heterogéneas opiniones.

 

Sofía Trinidad Espinoza Ortiz, presidenta de la Uneb abrió el evento en la mañana del 19 de mayo con la ponencia principal de la jornada. Empezó por endilgar responsabilidades al proceso de financierización: “[...] está correlacionado con el período de mayor conflicto en la época moderna de Colombia. Los efectos generados por este proceso son factores determinantes en la guerra que se ha desarrollado en el país: el quebrantamiento del aparato productivo, los altos índices de intermediación, la exclusión crediticia, la concentración del ingreso, el aumento del desempleo y la pobreza, la exclusión, el alza en los homicidios y la precarización de los mercados de trabajo”.

 

Es por esta responsabilidad manifiesta que, según lo pronunciado por Sofía Espinoza: “En consecuencia, el sector financiero colombiano no puede estar ajeno a las preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas del conflicto colombiano conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una respuesta o reparación integral y establecer una serie de medidas para garantizar el fin de los atropellos a la dignidad humana y prevenir o evitar que estos se vuelvan a cometer”. Y vincula a esta respuesta un proceso amplio de consulta y participación que debe ser llevado a cabo entre todos los ciudadanos y sectores sociales afectados e involucrados en el sistema financiero.

 

Esa verdad que debe ser conocida implica escandalosas cifras de afectados: ocho millones de víctimas (solo entre 1985 y 2015), 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos y 6.8 millones de desplazados. A las que se suman el desangre y el sufrimiento de compatriotas producidos por grupos económicos locales y transnacionales, expoliadores de recursos naturales, latifundistas agropecuarios y propietarios del capital financiero.

 

En relación con estos últimos actores, precisó Sofía Espinoza en su intervención: “[...] el proceso de “financiarización” –iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal en los años 1980 y consolidado durante la última década del siglo XX– ha contribuido al encumbramiento de la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y a promover instituciones económicas extractivas, aumentar a la vez, la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral; ha conducido, también, a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital, a llevar hasta los extremos la concentración de la riqueza y el ingreso, ha obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas públicas y a la vez ha restado recursos a las políticas públicas de carácter social”.

 

Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, también trajo sus opiniones al foro donde fueron bien recibidas a pesar del perfil empresarial del orador. El empresario es integrante de la Agencia Nacional de Reintegración, del Departamento de Prosperidad Social, miembro de la junta directiva de Reconciliación Colombia, ha sido integrante de la Comisión de Paz e interlocutor en La Habana con los miembros plenipotenciarios de las Farc. Trayendo a colación estas afiliaciones y participaciones, el orador quiso resaltar su interés particular por el desarrollo de temas sociales en el país y su autoridad como exbanquero para hablar de rol del sector financiero en el escenario del post acuerdo.

 

Una de las propuestas de Yepes se basa en la implementación de una “Banca más humana” basada en los valores de respeto y confianza que fundamentaron el proyecto en Bancolombia, banco que limó asperezas con la sociedad interconectándose con los intereses de sus clientes. El esquema de “cobranza digna”, mediante el cual el banco empezó a aproximarse de una manera digna a los clientes para cobrar sus obligaciones, es una de las nuevas formas de esta banca. Los bancos deben tener un mejor trato con los clientes, propender por el crédito a bajos costos, por el desarrollo social, humano, económico, por la reintegración de excombatientes, por el cese de la guerra y por asumir con entusiasmo la nueva era de posibilidades que se abre.

 

A diferencia de Yepes, cooperativizar antes que financierizar fue la propuesta de Oswaldo Gómez Castaño, Gerente General de la Cooperativa Confiar. Señaló en su intervención: “Para el sector cooperativo de ahorro y crédito financiero, es relativamente fácil apostar [...] por el propósito de construir la paz [...] el papel de las cooperativas es servir a la comunidad, promover el ahorro en la ciudadanía y no el endeudamiento irresponsable [...] uno de los problemas más serios del sector financiero son los créditos de consumo que de alguna manera aumenta la capacidad adquisitiva de los/as ciudadanos/as, pero que en últimas no promueve la movilidad social y mucho menos disminuye la brecha social en el país que sigue siendo en América Latina el país más desigual después de Haití”.

 

Gómez Castaño se mostró desconfiado por el rol del sector financiero en el periodo del post acuerdo: “Además nos genera preocupación, cuando de manera insistente [...] los gobernantes de este país –en cabeza del presidente de la República– dicen que el modelo (financiero) no está en discusión. [...] Modelo en el que a partir de una falsa igualdad donde todos los pobres tenemos la posibilidad de acceder a teléfonos celulares –así no tengamos minutos– y no seamos sujetos de derecho a la educación, sino sujetos de créditos para poder estudiar”.

 

Similar posición tuvo la Jefa de Educación de la Cooperativa del Magisterio, Amanda del Socorro Rincón, para quien la alternativa al sector financiero tiene que ver con la cooperativización: “En los últimos 25 años “[...] se ha propuesto la economía solidaria y el cooperativismo en particular como un componente muy importante de la economía, la propiedad, las formas de generar riqueza y satisfacer necesidades, al elevarse al rango constitucional el principio del pluralismo [...] económico; reconociéndose, promoviéndose y protegiéndose institucionalmente tres formas de propiedad: estatal o pública, la privada capitalista y la solidaria o autogestionaria. Años caracterizados también por una expansión notable y una crisis profunda en el subsector de ahorro y crédito financiero [...]el propósito de las organizaciones solidarias del sector financiero [...] es contribuir al desarrollo del ser humano [...] se para la guerra pero el pueblo colombiano sigue con las mismas necesidades y los mismos sufrimientos”.

 

Clara López Obregón, Ministra de Trabajo, también estuvo presente en el evento, portando una elegante chaqueta azul que venía anunciando el distanciamiento discursivo y político de los tintes “amarillos” que se habían superpuesto a sus juveniles tonos rojos. La Ministra dirigió unas palabras de estímulo a la participación de los sindicatos en el proceso de paz, prosiguió señalando los “beneficios económicos” de la paz estimados por el DNP en 1.1 y 1.9 puntos porcentuales adicionales anuales de crecimiento del PIB, marco en el que se mueve lo que ella denomina la posible “contribución del sector financiero” al proceso de implementación de los acuerdos y de la ampliación de la presencia del Estado en Colombia, exigida en el post conflicto.

 

Llevar al Estado a todo el territorio nacional fue uno de los ejes centrales del discurso de la Ministra del Trabajo: “Llevar al Estado a todos los confines implica llevar todos los servicios públicos, complementar lo que ha sido la presencia de la Fuerza Pública como única presencia estatal en muchos municipios de Colombia con la inversión pública, la inversión social en infraestructura, en carreteras, en llevar los puestos de salud, las aulas, las escuelas, los continentes de ingenieros, de trabajadores sociales, de trabajadores de la salud [...]”.

 

Pero el Estado no irá solo. Según clara López, “[...] esa presencia del Estado tiene que ir acompañada de una presencia de la política empresarial y de la política financiera para complementar los servicios públicos con los servicios económicos básicos para la generación de empleo y de empleo en el campo, de ahí que la bancarización se constituye en uno de los elementos clave, porque uno no pude pensar que va a tener un desarrollo económico efectivo en los campos sin una inclusión financiera, con la profundidad que se requiere, que es no solamente cuentas bancarias, cuentas de ahorro, sino, principalmente, acceso al crédito productivo”. Inclusión financiera, democratización del crédito y enfilar las ramas productivas en el agro para generar condiciones son las herramientas que propone para fundamentar una base material real para construir una economía viable para el sector campesino y empresarial. Crédito y ahorro en el sistema financiero, herramientas fundamentales para López Obregón, así como la ampliación de la cobertura bancaria en la ruralidad, claves en el proyecto del post acuerdo.

 

Con abucheos y consignas contra la nueva reforma tributaria fue recibido el ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas. El Ministro señaló la importancia de que en todos los municipios del país exista cobertura financiera garantizada por la existencia de al menos un corresponsal bancario, el hecho que el 75 por ciento de la población adulta tuviera algún producto bancario, la expansión del microcrédito, la aparición de un nuevo tipo de intermediario financiero orientado al segmento informal de la población (sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos). Este es, según el Ministro de Hacienda, el país que encontrará “la paz”, un “país donde la agenda de inclusión financiera ha sido exitosa”.

 

El post acuerdo traerá consigo grandes posibilidades, según Cárdenas: “La paz no solo va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, nos va a dar la seguridad, nos va a permitir que tengamos una sociedad en mayor armonía, una sociedad más prospera, una sociedad que al mismo tiempo va a lograr que podamos tener un país donde se protegen más todos los derechos humanos, además de eso la paz va a tener un gran rédito económico, un gran beneficio económico, nosotros tenemos cálculos de que con la paz el ingreso de los colombianos va a aumentar en como mínimo un 1% adicional por año por encima de lo que ha sido el crecimiento vegetativo del país en las últimas décadas”.

 

Los motivos por los que va a registrarse este crecimiento económico, de acuerdo al Ministro son: 1. vamos a poder aprovechar mejor sectores de la economía que han estado deprimido (sector agropecuario, turismo). 2. La paz va a permitir que haya más inversión, “Hay muchos inversionistas que están esperando que esto se dé para volcarse sobre Colombia, para venir a hacer inversiones sobre Colombia”. “¿Cuál es el papel del sistema financiero en todo esto?”, pregunta Mauricio Cárdenas.

 

En consonancia con López Obregón, el Ministro cree en financiarizar, en la utilidad de este sistema para irrigar recursos a las zonas afectadas por el conflicto (víctimas y desmovilizados), la utilidad del mismo sistema como asegurador del crédito de las personas, en sus palabras: “[...] la forma en la que podemos mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas que viven en zonas afectadas por el conflicto donde hay grandes necesidades económicas es asegurando el acceso al crédito [...] lo primero que tenemos que hacer en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, de reivindicación de los colombiano en esa zona es ofrecerles crédito, convertirlos en sujetos de crédito en condiciones que sean atractivas [...], la agenda de paz es la agenda de acceso al crédito [...]”. Destacarlo, darle cada vez más importancia, buscar las respuestas del post conflicto en el sistema financiero, es la propuesta del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

 

Julián Arévalo, asesor del alto comisionado de paz, boga por la modificación de las condiciones territoriales para evitar los ciclos de violencia en que nos hemos visto como sociedad. Para cerrar los ciclos de violencia hay que impulsar las transformaciones territoriales donde la ciudadanía juegue un papel fundamental. El asesor manifestó, “Aquí no se trata, como se dice en algunos textos, de llevar el Estado al territorio y de imponer cosas en ellos, sino que tiene que ser la ciudadanía la que activamente lidere estos cambios en los territorios”.

 

Lo dicho en La Habana, corresponde, según Arévalo, al “qué” de la implementación, pero es en las comunidades donde se decide el “cómo”, se está apostando a unas transformaciones en los territorios a partir de espacios de participación ciudadana. Se espera que esta participación ciudadana contribuya junto a los replanteamientos en la relación del Estado con los ciudadanos, de la misma manera que a la construcción de confianzas en los territorios a consolidar lo que ha sido denominado conceptualmente como “paz territorial”. Al menos en términos discursivos, esta posición proporcionaría la posibilidad de que los habitantes de los espacios de paz y reintegración decidieran sobre un eventual proceso de reintegración o no. Está por verse.

 

En la tarde del 19 de mayo, habló el analista político mexicano Alfredo Jalife Rahme. Se refirió al contexto financiero internacional al que se articulan los países latinoamericanos: “El mundo no sale de la crisis financiera de 2008. De la mano de los créditos internacionales están los intereses geopolíticos. En el mundo hay 13 bancos de Wall Street que controlan la mayor parte de las trasnacionales del mundo y a la vez controlan a los países en vías de desarrollo. Por eso cuando vemos de cuales instituciones llegan las ayudas para este acuerdo de paz, vemos que todas son manejadas por E.U; entendemos que la paz es patrocinada por ellos. Los países de Sur América están entrando en un neo-monroísmo neoliberal. Debido a la inexperiencia financiera, los países latinoamericanos pierden contra las potencias, y así seguirá siendo en un mundo regido por el modelo financiero, a menos que adquieran mejores conocimientos”.

 

También hizo lo propio con el sector financiero local en el periodo del post cont acuerdo: “El rol a desempeñar por parte del sector financiero es [debería] hacer veeduría por el buen uso de la riqueza nacional, evitar que continúe el enriquecimiento de la plutocracia, evitar que el dinero siga siendo manejado únicamente por la banca tradicional. En ese contexto de paz promotor de la inversión extranjera se corren grandes riesgos con el deterioro del patrimonio público porque, al fin y al cabo, lo que buscan al invertir es apropiarse de las empresas nacionales. En el caso de Ecopetrol, para poder solventar el déficit es necesario que vendan parte de sus activos, la joya de la corona: Refinería de Cartagena. y obviamente la minería, especialmente el oro y de igual forma la agricultura”.

 

Serias preguntas del analista mexicano a la tesis de la bancarización y financiarización en sectores emergentes y zonas de paz propuestos por empresarios y el Gobierno colombiano, realidad que pretende ser incuestionable, estrategia univoca e irrefutable para el crecimiento económico y el desarrollo en los años venideros. Pero, opina Jalife que la naturaleza del sector financiero es predatoria, están acostumbrados a ganar el mayor margen, acumular excesivamente, a crecer indefinidamente, y así seguirá siendo en cualquier otro periodo y en cualquier otro contexto donde tengan participación.

 

El Representante a la Cámara por el Polo, Alirio Uribe, hizo algo de memoria. Citando a Joseph Stiglitz –Premio Nobel de economía se cuestionó: “¿Cómo es posible que en Colombia, en el marco de un conflicto armado, se mantuviera una tasa de crecimiento del PIB del 5 por ciento. Tuvimos un modelo de desarrollo criminal, el crecimiento económico se daba de la mano de la violencia del desplazamiento, del asesinato, de la violación de mujeres, de masacres; un modelo de desarrollo de la mano de la violencia y del despojo. [...] el sector financiero tuvo, durante eta época de conflicto utilidades billonarias, de ahí que los índices Gini para medir la desigualdad en la distribución de la tierra y de la riqueza sean mayores del 50 por ciento”. El modelo económico colombiano está centrado en la extracción de materias primas, la concentración del sector agroindustrial y en la financiarización de la economía”.

 

El mismo sector económico que pretenden argumentar como el redentor del post acuerdo, fue el que se enriqueció por cuenta del sufrimiento de los colombianos. Así lo ilustró Uribe: “Se creó un concepto de banca central pensando en la inflación y no en la creación de empleo; en un esquema para aumentar las tasas de interés, no para incrementar el poder adquisitivo de los colombianos, sino para aumentar la rentabilidad financiera de los bancos. Allí se hicieron reformas a la salud para hacer del derecho a la salud y a la seguridad social un negocio jugoso para el sector financiero”.

 

León Valencia, analista político e investigador, también hizo presencia en el foro financiero convocado por la Uneb. Valencia no se refirió al sector financiero, manifestó sentirse contento porque los sindicatos del sector financiero hayan llegado a la conclusión de que va a haber un acuerdo de paz, de que es importante empezar a hablar de post conflicto, que es importante hablar de futuro. Sin embargo hizo duras críticas al sindicalismo colombiano: “Nosotros hicimos una investigación sobre el sindicalismo asesinado: 2.800 sindicalistas, gente vinculada al sindicalismo muerto en este conflicto, asesinado en este conflicto. En los años 90 y a principios de este siglo la Escuela Nacional Sindical hizo la estadística, teníamos, nosotros, los sindicalistas colombianos, el 63% de los sindicalistas muertos en el mundo. Es una vergüenza para le país, pero es una vergüenza para el sindicalismo que no sea interlocutor de las negociaciones de La Habana, es una vergüenza eso que no sea un interlocutor privilegiado, que no haya estado presente para reivindicar la memoria de todos los que han muerto en el sindicalismo colombiano, que solo se haya dispuesto a construir la memoria del sindicalismo en Colombia”.

 

Además recordó otros de los objetivos de los sindicatos: “Tenemos derecho a construir democracia, a participar en política, tenemos derecho a ser algo distinto en este país. Esa es la causa principal de las muertes, pero ¿eso no está ligado a la lucha sindical? ¿Acaso la lucha por la democracia no es una lucha sindical? ¿Acaso la lucha sindical es una lucha solo por los salarios? No, la lucha por la democracia es la principal tarea del sindicalismo, la participación política es la principal tarea del sindicalismo, ahora en el post conflicto hay que salir a ganarle a la ultraderecha el plebiscito, hay que salir a ganarle la refrendación, a construir partido político a las guerrillas que vienen a la vida civil”.

 

 
La realidad en pugna.

 

Entre las lecciones del Primer Foro Nacional Financiero por la Paz desarrollado en Bogotá se encuentra el reconocimiento del periodo del post acuerdo como un periodo histórico al que estamos a punto de desembocar, periodo con realidades en pugna por la contraposición de posiciones que versan sobre la estrategias que deben implementarse para reconfigurar escenarios locales cuando comiencen a implementarse los acuerdos de La Habana y posiblemente los propios con la guerrilla del Eln.

 

La estrategia del Gobierno y de sectores afines es clara: su punta de lanza, la profundización de la bancarización y financiarización del país a partir de la penetración en zonas esquivas al capital financiero, el incremento de los negocios de la banca a partir de la proliferación de créditos blandos en el escenario del post acuerdo, el neoliberalismo económico y político basado en la trasferencia de responsabilidades sociales a los ciudadanos y el subsecuente apoyo a las estrategias de emprendimiento en los mismos.

 

Por otra parte se anteponen a este discurso los de quienes hacen memoria de las responsabilidades, así como explican el funcionamiento y las ambiciones propias del funcionamiento del sector financiero local, regional y mundial. La alternativa al paradigma de la bancarización y financiarización se encuentra en la cooperativización, en la proliferación de las economías solidarias, en una mayor participación de las asociaciones sindicales en la construcción de paz y país.

 

Estrategias contrapuestas que no parecen querer negociar axiomas y fundamentos. La diferencia de poderes y de intereses es evidente entre las posición del Gobierno y la posición de Ong, cooperativas, sindicatos, académicos, políticos y analistas. Postura que tiene la ventaja evidente de construir una alternativa sobre el reconocimiento de los vicios intrínsecos al funcionamiento del sistema financiero nacional (corresponsable del conflicto armado en Colombia), el mismo que ahora pretende usarse para solucionar las conflictividades sin depurar los algoritmos de sus operaciones de ganancia y acumulación.

 

 

 

Publicado enColombia
Martes, 17 Mayo 2016 07:32

La paz como poder Constituyente.

La paz como poder Constituyente.

Los recientes acuerdos para darle seguridad a los pactos de paz no son mas que la expresión del Poder constituyente popular que actúa en favor de las transformaciones profundas del Estado y la sociedad, sin descartar los escenarios del poder constituido como el poder Legislativo y la Corte Constitucional.

 

En 1905, Lenin proponía participar en la Duma legislativa Rusa como parte de las formas de lucha revolucionaria para destruir y barrer el poder terrateniente y feudal del zarismo. Estaba en lo correcto. Mil veces tenemos que aprender creativamente de ese gigante de la política moderna.

 

El Poder constituyente de la paz deja sentir, en la coyuntura, toda su potencia y requiere de la mayor pericia y audacia en quienes lo lideran.

 


Introducción.

 

La Mesa de diálogos de paz de La Habana, ciertamente no es el cuerpo directivo de una supuesta Asamblea constituyente, como perversamente se sugiere desde el lado de los partidarios del statu quo de la guerra, no obstante la paz cobra cada vez más la forma de un poder constituyente que desborda el poder constituido. En efecto, la particularidad de la coyuntura, a raíz de los recientes consensos entre el gobierno y las Farc, sugiere profundizar en dicha categoría política y su pertinencia para enriquecer el imaginario social en la ruta para alcanzar cambios efectivos en la estructura social vigente.

 

En su afán por descalificar y estigmatizar las recientes coincidencias de las partes alrededor de la manera de dar seguridad y blindar los pactos de paz, diversos voceros de la derecha retrograda, han planteado que la Mesa de conversaciones asumió las facultades de una constituyente, llevándose por delante y desconociendo la soberanía popular y la voluntad nacional. Al hilo de dichas ideas, avaladas por eminencias del constitucionalismo liberal (Jaime Castro, José Gregorio, Gómez Méndez, etc.), los procedimientos previstos para convertir un pacto final de paz en un Acuerdo especial con el consiguiente salto al bloque de constitucionalidad, son prácticamente un “golpe de Estado” contra la Carta de 1991 y la institucionalidad construida desde sus postulados y principios fundamentales, al que hay que responder con la disparatada resistencia civil declarada por el Caballista de marras.

 

Sofismas ultramontanos que tienen como objetivo central impedir que la paz se convierta en una realidad, tal como de hecho viene ocurriendo.

 

Pero, si se analiza con mayor profundidad el proceso político desatado con las negociaciones de paz, lo que se encuentra es que la potencia de la resistencia campesina y popular ha servido de génesis y apalancamiento de un poder constituyente soberano como expresión natural de las aspiraciones profundas del pueblo y la sociedad civil, que ya no caben en una infraestructura política desueta y antidemocrática.

 

Es por tal razón que resulta conveniente y oportuno abrir el debate sobre la esencia, el sentido y alcance del poder constituyente como una categoría y un instrumento de cambio revolucionario.

 

En principio, y como parte de la reflexión colectiva en nuestra sociedad, me valgo de las tesis elaboradas por Toni Negri, el pensador italiano que de manera recurrente ha tratado este tema, a propósito de las movilizaciones y levantamientos populares ocurridos en América Latina en años recientes y de las grandes acciones de masas en España (15M-2011), New York (Occupy), Grecia y Francia, como reacción a la crisis económica e institucional desatada desde el 2008 con la quiebra del sistema financiero global por el estallido de las burbujas inmobiliarias, petrolera y bancaria, más recientemente.

 

Hacemos nuestra reflexión con el planteamiento teórico de Negri, para indicar qué es lo nuevo del poder constituyente en el mundo post moderno y su distancia de dicho poder en el mundo moderno tal como lo propone Maquiavelo, la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución americana y la revolución soviética de 1917.

 

Pensar hoy el Poder Constituyente implica trascender la definición schmittiana[1] moderna que ha tenido una gran difusión e importancia en la tradición liberal, afirma Negri (http://bit.ly/1Yw8Thv).

 

 

I. Poder Constituyente en la posmodernidad.

 

¿Cómo se plantea el poder constituyente, más allá del modelo moderno, esto es, en la posmodernidad? Indiquemos aquí, sugiere Negri, a continuación algunas características problemáticas que subyacen a ese cuestionamiento.

 

a) En la posmodernidad, por encima de todo hay que tener en consideración la radical modificación (de colocación) de la dimensión jurídico-administrativa respecto a la organización económica de la sociedad, impuesta por el capitalismo global. La sociedad ha sido completamente absorbida en la organización económica y en el poder de mando del capital: esto es, se ha «realizado» la «subsunción» de la sociedad en el capital, cuyas figuras son esencialmente las del capital financiero, que domina y reorganiza la división del trabajo en el plano global, construye la ganancia sobre el trabajo material e inmaterial de la «fábrica social» y extrae renta de la producción-reproducción de la vida y de la comunicación-circulación de los valores. El dinero es su poder constituyente (el del capitalismo), la forma en la que domina el «común productivo», se apropia de él y lo hace funcional a la explotación y a su jerarquización.

 

b) Desde esta perspectiva, los conceptos de fuerza de trabajo global y de ciudadanía se superponen hasta tal punto que asistimos, sugiere Negri, a una transfiguración biopolitica de la organización social y del poder.

 

Ahora bien, esta inmersión del trabajo vivo en la constitución de la subjetividad política plantea un virtual antagonismo en la raíz de toda realidad institucional, una dialéctica dual y profunda que implica al mismo tiempo la condición social y la condición política.

 

En el biopoder capitalista –como veremos más tarde– capital y trabajo vivo se enfrentan siempre, se incluyen y se excluyen: esta es la lucha a cuyo través la democracia se afirma. 

 

c) En tercer lugar, la construcción del mercado global y el relativo debilitamiento de la efectividad del Estado-nación atenúan la autonomía constitucional del Estado soberano y le imponen una progresiva homogeneización en el plano global. Esta transición es (en el interior y en el exterior del Estado-nación) conducida a través de las figuras y las dinámicas de la governance (gobernanza). Estas, en primer lugar, atenúan la relación entre generalidad abstracta de la ley / supremacía de la constitución y –por otra parte– la Administración; y, en segundo lugar, instituyen esta relación atenuada dentro de los movimientos globales del mercado. Dinero y governance global se entrelazan y construyen la sociedad jurídica del capitalismo maduro en el plano global.

 

Es evidente que en esta condición, muestra también definitivamente su inconsistencia la mera reminiscencia de una concepción à la Schmitt del poder constituyente. Esta última estaba pensada para la modernidad, para el Estado-nación, estaba pensada para una estructura del derecho público europeo que contemplaba la supremacía del soberano y de su ley como algo insuperable («el Estado de derecho»): aquí, por el contrario, mediante la combinación de las diferentes figuras del derecho en la posmodernidad, nos encontramos, de manera clara y rotunda, enfatiza Negri, ante un «común» institucionalizado y roto por la dialéctica entre dinero del poder de mando y trabajo vivo productivo.

 

Llegados a este punto, la búsqueda de una nueva definición del poder constituyente no puede dejar de hacer hincapié en los contenidos/fuerzas dialécticas de la relación de poder.

 

En esta situación, el concepto mismo de poder constituyente, tal y como se plantea en la tradición jurídica de la modernidad, como potencia originaria e incondicionada, entra en crisis. Su inmanencia está completamente inmersa en la dinámica material de las transformaciones constitucionales y en la condicionalidad histórica. Desde esta perspectiva, cuando se habla de poder constituyente se habla inmediatamente de deconstrucción de las ordenaciones formales de las constituciones existentes y de producción normativa simultánea en la relación que vincula la acción destitutiva con la institutiva de un nuevo ordenamiento. La governance se plantea normalmente dentro de este espacio y se caracteriza como función productiva de un sistema abierto (http://bit.ly/1Yw8Thv).

 

 

II. Hablar de nuevo de Poder constituyente.

 

Así, pues, ¿cómo empezar de nuevo a hablar de poder constituyente tras haber marcado las distancias de toda concepción moderna? El camino más útil parece consistir en leer y analizar las «formas de lucha» (que tienden a darse como «formas de vida») a partir del final de la Guerra Fría y en particular de las inventadas a partir de 2011 en las experiencias de los Occupy y de los indignados del 15M en España y en Europa.

 

 

III. La reciente experiencia Latinoamericana.

 

Pero antes de hacerlo, reanudemos, plantea Negri, el discurso a partir del extraordinario terreno de experimentación que ha sido América Latina en estos últimos treinta años.

 

a) En América Latina, el poder constituyente no se ha dado solo como movimiento singular de levantamiento, insurrección y toma del poder por parte de multitudes o, si se quiere, de las fuerzas populares, encaminado a transformarse en Constitución, sino que se ha presentado más bien como una continuidad de operaciones de renovación, dice Negri. Luego se ha prolongado en el tiempo a través de iniciativas constitucionales sucesivas. El poder constituyente no parece haber renunciado aquí a representaciones simbólicas o a la exaltación de insurgencias temporales singulares (que permanecen vivas como narraciones), sino que parece haber preferido configurarse más bien como una potencia constituyente que se realiza en los tiempos (largos o breves) de un proceso más o menos radical y no obstante continuo.

 

b) La acción económica y la política han avanzado juntas, se han hibridado continuamente. A diferencia del modo en que el poder constituyente se configuró en la modernidad –esto es, como momento de «autonomía de lo político», traducido en la fuerza jurisdiccional de las Constituciones–, las teorías y las prácticas de los procesos constituyentes, en la experiencia latinoamericana, han visto cómo el proyecto de la autonomía de lo político se doblega a las teorías y las prácticas de una «ontología de la liberación» social: del racismo, de las permanencias coloniales así como de las figuras del dominio capitalista particularmente indecentes (los reiterados golpes de Estado, la devastación de los derechos humanos...). El deseo de participación económica y de decisión biopolítica se han recompuesto con fuerza, ofreciendo por ende características nuevas al concepto de poder constituyente y destruyendo en ocasiones su definición moderna originaria –que consideraba exclusivos los «derechos humanos»– mientras que aquí predominan los «derechos sociales».

 

c) Hubo además la tentativa difusa (solo parcialmente lograda) de construir instituciones del poder constituyente no como efecto de un poder constitucional central y de una Administración centralizada, sino como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetivaciones plurales.

 

Allí donde tales proyectos se han realizado, el poder constituyente ha revelado tal vez una naturaleza nueva y más profunda: la de ser una germinación difusa y multitudinaria del deseo de libertad e igualdad.

 

 

IV. Lo nuevo en el poder constituyente. 

 

Ahora, los distintos elementos son recuperados por los movimientos que han nacido y se han desarrollado desde 2011 en adelante, incluyendo, claro está, el proceso de paz colombiano que ya completa casi cinco años de desarrollos; a saber:

 

1. el poder constituyente como continuidad, como motor de una acción progresiva de transformación;

 

2. el poder constituyente como acción de ruptura de la «autonomía de lo político» y, frente a esta, como iniciativa de conmixtión (mezcla) íntima de lo político y lo social;

 

3. el poder constituyente, por último, como promoción y constitucionalizarían de un vasto pluralismo.

 

 

V. Las más recientes manifestaciones del poder Constituyente.

 

Pero esta tabla de mecanismos, que ya se puso de manifiesto en la experiencia de América Latina, se ve completada/profundizada, por así decirlo, en las experiencias posteriores a 2011, plantea Negri. En particular,

 

Ad 1) El poder constituyente como continuidad profundiza su concepto en la inmersión biopolítica. El contenido de la potencia constitucional es la vida. No solo se exige welfare, no se discute tan solo de la expansión del salario a los costes de la reproducción social, sino que se quiere el reconocimiento de que la vida entera se ha tornado en sujeto de explotación y de extracción de plustrabajo: la reivindicación de derechos y de participación política se basa en este reconocimiento. De esta suerte, la acción constituyente se mide conforme a una continuidad temporal que es también una extensión social (de las necesidades, de los deseos...). Esta última se enfrenta a la governance y por ende se articula democráticamente hasta donde sea posible; después una reacción conflictiva, allí donde la governance no consigue efectos adecuados, es siempre posible y aconsejable.

 

Ad 2) El poder constituyente como acción de ruptura de la autonomía de lo político y, frente a esta, como conmixtión (mezcla) de lo político y lo social, profundiza su acción propia en la lucha contra la propiedad privada en su forma actual: el poder financiero. Ahora bien, ¿qué significa realmente «producir fuerza constituyente» múltiple y dirigida contra la hegemonía de la propiedad privada? No puede significar sino construir «común», reapropiarse de bienes comunes y construir welfare, constituyendo instituciones de la multitud, esto es, instituciones de las singularidades productivas que se disponen en la cooperación para producir riqueza y para reproducir condiciones de libertad e igualdad. Está claro que, atacando la propiedad privada e insistiendo en la cooperación y en el común como alma del proyecto constituyente, no se da a entender la negativa a que todo trabajador o todo ciudadano puedan o deba expresar un deseo propietario. Pero si hoy, en la posmodernidad, en las nuevas condiciones de productividad, ese deseo parte de una condición laboral que se da dentro de un ambiente de conexiones y de redes, de servicios y subjetivaciones adecuadas, que constituyen hoy la realidad social del trabajo vivo –y si el trabajo de cada persona solo puede valorizarse cuando coopera con otras singularidades–, entonces el derecho a la propiedad ya no será un derecho que pueda aislarse en la decisión egoísta del lobo que se defiende del lobo, sino que se presentará como una salida de la soledad, como un producir en la cooperación, como un existir en la igualdad y en la solidaridad. El nuevo derecho reconoce la propiedad solo en la dimensión de la solidaridad y del común.

 

Ad 3) El poder constituyente como emergencia de puntos múltiples constituyentes profundiza su propia acción con la exigencia de horizontalidad y de ruptura de toda concepción fetichista del Uno, de la soberanía. Ahora, probablemente el análisis y la experimentación del tema «constituency» tengan que reanudarse a partir de aquí. El poder constituyente tiene que medirse con el pluralismo multitudinario. Esto significa que el concepto de «pueblo», de «nación», ha de ser sometidos a crítica, a la crítica del Uno que, progresivamente y cada vez con mayor intensidad, se ha situado hoy en el centro del pensamiento democrático. A esto se agrega que el poder constituyente solo puede ser pensado como creador de un nuevo dispositivo de representación y/o participación; en efecto, la idea y la práctica de la representación burguesas están hoy tan mistificadas y obsoletas que han de ser recompuestas frente a las nuevas condiciones del saber y de la comunicación, y contra las censuras y las limitaciones que fundan el biopoder capitalista sobre la superstición y la ignorancia.

 

 

VI. Redefinir el Poder Constituyente.

 

Frente a las críticas al concepto de poder constituyente como potencia de deconstrucción y de constitución, de destitución y de institución, y frente a los ejemplos que hemos dado del continuo resurgimiento de voluntades constituyentes, de fenómenos insurreccionales constituyentes y de nueva actividad constituyente, se hace preciso ahora redefinir el concepto de poder constituyente.

 

A tal objeto podemos, dice Negri, ante todo proponer un enfoque metódico definitivo: es imposible determinar, en este mundo posmoderno en el que ya no existe un «afuera», en el que ya no existe posibilidad alguna que pueda ser abstraída de la historicidad presente, una forma de poder constituyente que se proponga como vaciedad de determinación, como evacuación de contenidos.

 

Cuando solo hay «dentro» no puede haber un poder constituyente «vacío»: la acción ético-política o jurídico-estatal tiene siempre un sentido determinado, es decir, se topa siempre con singularidades, una resistencia, vive en la inmanencia y por ende no puede configurar ninguna transcendencia, no puede darse como «excepción». También el acontecimiento es siempre determinado, en la situación actual, en la condición posmoderna, donde la subsunción capitalista de la sociedad y la acción de los biopoderes se dan frente a una relación productiva que es, al mismo tiempo, globalmente inclusiva y absolutamente excedente. Probablemente haya que recordar aquí de nuevo que el capital es concepto y realidad de una relación: teóricamente, sin trabajo vivo no hay explotación y, muy concretamente, si el trabajo vivo se abstiene de dejarse explotar, se anula la secuencia plusvalor-beneficio; de esta suerte, sin la autonomía relativa del trabajo vivo ni siquiera hay capitalismo, sobre todo cuando el trabajo vivo se torna cognitivo, y por ende se reapropia relativamente de las condiciones de la producción. En estas circunstancias la relación de capital, la relación que constituye el capital, se torna cada vez más dualista. Asimismo, asumimos aquí la definición foucaultiana del poder como «acción sobre la acción de otro». Por lo tanto, el concepto de poder constituyente ha de ser reelaborado partiendo no de la excepción sino de la excedencia. Allí donde «excepción» como fundamento y governance como procedimiento ya no pueden convivir (la excepción normativa solo puede darse en una situación en la que la norma se presente como general y abstracta y por ende «fuera» de –transcendente sobre– toda procesualidad política concreta), allí las potencias sociales se presentan como máquinas productoras de «excedencia».

 

Por primera vez, más allá de la modernidad, estamos más allá del individualismo posesivo y la reivindicación de derecho ya no se presenta como pretensión, posesión, contrato, sino como exigencia de comunicación, de cooperación y como necesidad de instituciones comunes. La definición del poder constituyente ha superado definitivamente toda imaginación de apropiación egoísta y se ha asentado en una relación de generosidad comunitaria.

 

Las experiencias latinoamericanas y más tarde las «indignadas» europeas han comenzado a mostrarnos que hoy construir derecho quiere decir construir acampadas, y por ende relaciones, redes e instituciones a partir de una experimentación política y afectiva, corpórea y cognitiva, cada vez más abundante de libertad e igualdad. Este parece ser –proyectado en el orden global– el nuevo destino del poder constituyente.

 

Dicho esto, está claro que hasta ahora hemos tenido presentes y desarrollado implícitamente los conceptos spinozianos de multitudinis potentia = ius sive potentia [potencia de la multitud = derecho, esto es, potencia] (colectiva) = institución (activa) del común (excedencia), que siguen siendo fundamentales si queremos aferrar en la metafísica moderna una base, una sugerencia para avanzar más allá de lo «teológico-político». Lo importante aquí es que lo político se basa y se articula en la ontología, una ontología humanista donde el ser es potencia. Hoy, en esta época plagada de concepciones negativas y abismalmente irracionales del ser –donde justamente se encuentran Schmitt y Heidegger– insistir en esta dimensión ontológica de la potencia, entender su excedencia productiva es absolutamente fundamental.

 

Así, pues, si queremos asegurar este primer punto, continuar y desarrollar una teoría del poder constituyente, mi opinión es que debemos entender y exaltar su naturaleza subjetiva. Esta conduce a asumir la multitud como proceso de subjetivación, la multitud como sujeto que se desarrolla iuxta sua propria principia [según sus propios principios].

 

Esto significa plantear la «síntesis de multitud y común» como elemento central para reconstruir hoy una figura de poder constituyente. El desarrollo del concepto de multitud no conduce hacia el Uno, sino hacia un «nosotros» fuertemente subjetivado, dinamiza además el proceso constitutivo del «nosotros», sumergiéndolo en una dimensión temporal. Una dimensión temporal –una temporalidad– que, considerando la totalidad de desidentificación o desunificación que determina el concepto de multitud, puede presentarse como precipitación de acontecimientos y condensación intensiva de historicidad. En estas condiciones viene a plantearse un sujeto común.

 

En tercer lugar, no lo olvidemos nunca, el poder constituyente, como quiera que lo asumamos, es una figura rebelde. Spinoza nos lo describe como una «Jerusalén rebelde». El conflicto que subyace al derecho (como subyace al capital, como subyace al Estado) se muestra aquí con plena intensidad. Del conflicto, el poder constituyente surge como máquina de excedencia subversiva, por la libertad, por el común, por la paz.

 

Abordando el discurso sobre la distopía constitutiva del común Negri dice que se ha hecho referencia a la metafísica de Spinoza: pues bien, partiendo ahora de la escisión catastrófica de lo político y lo social que nos presenta la metafísica capitalista, es necesario volver a aferrar el punto de vista marxiano. En efecto, corresponde a Marx la insistencia más profunda en la relación o, para ser más exactos, en la interioridad de lo social y lo político, dentro de la corriente materialista y revolucionaria de la metafísica moderna. Y aunque Marx no elaborara aquella teoría del Estado anunciada en El capital, sin embargo –sobre todo en sus escritos económicos– ha identificado el terreno de una crítica de lo político a partir de lo social y ha elaborado algunos prolegómenos fundamentales a toda ciencia futura del poder constituyente. El tema propuesto por Marx es el de la creatividad omniexpansiva del trabajo vivo [...] mientras que el poder constituyente había sido definido siempre (en los términos de la modernidad) como un poder extraordinario frente a la legitimidad ordinaria de la Constitución, aquí se elimina todo carácter extraordinario, porque, a través de su reducción a lo social (animado por el trabajo vivo), al poder constituyente se le reconoce la capacidad ordinaria de actuar en términos ontológicos. El poder constituyente es una potencia creativa del ser, es decir, de figuras concretas de lo real, valores, instituciones y lógicas de ordenación de lo real. El poder constituyente constituye la sociedad, identificando lo social y lo político en un nexo ontológico».

 

 
Conclusión.

 

Es en esos términos que debería entenderse el poder constituyente asociado con el proceso de paz impulsado por la resistencia campesina revolucionaria que en el actual momento es un patrimonio común que compromete al gobierno del Presidente Santos y a las Farc como ejército popular invicto.

 

Proponemos profundizar este debate dada su trascendencia política.

 
Notas.

 

[1] Carl Schmitt consideraba el poder constituyente como decisión que funda la posibilidad misma de un ordenamiento jurídico, en su fieri [hacerse], y al mismo tiempo como enfrentamiento con el enemigo, sobredeterminando el poder constituyente en un acto de guerra que lo traduce en una acción dotada de un máximo de facticidad, arrojada en el ordenamiento jurídico como inmanencia absoluta. Esa inmanencia es tan profunda que a primera vista se echa en falta la relación misma entre poder constituyente y poder constituido: el poder constituyente presenta la naturaleza de un poder originario o de un contrapoder absoluto, como potencia ciertamente determinada históricamente, pero, al mismo tiempo, despojada desde el principio de toda trama existencial e instalada en las determinaciones abstractas del acontecimiento puro y de la violencia. El poder constituyente es un acontecimiento voluntario absoluto.

 

Aquí la historicidad misma de la forma Estado se da en la figura del poder soberano, mientras que la fundación de la soberanía es sencillamente la repetición o la sobre determinación irracional de una soberanía de hecho, dada, necesaria, siempre igual a sí misma (http://bit.ly/1Yw8Thv).

 

 

 

Publicado enColombia
Apáticos a la lucha electoral, 70 por ciento de estadunidenses

La pugna electoral sobre quién asumirá las riendas del país más poderoso del mundo se está definiendo por una pequeña minoría de electores, mientras está en duda la estabilidad del actual sistema bipartidista, al persistir lo que algunos llaman una guerra civil en el Partido Republicano y la desaprobación mayoritaria a ambos partidos nacionales y a sus dirigentes.


En lo que ya se destaca como una de las elecciones más negativas y costosas en la historia del país, en la que los medios se fascinan con declaraciones, insultos, gritos y hasta golpes que han marcado la campaña del proto-fascista multimillonario Donald Trump, tanto contra sus colegas del partido como contra la precandidata demócrata Hillary Clinton, lo que se puede perder de vista es la mínima participación ciudadana en esta contienda democrática y la crisis de legitimidad que padecen las cúpulas de ambos partidos.


Aunque los medios han ofrecido la imagen de una intensa batalla electoral, que sugiere que la población estadunidense está inmersa en la definición del futuro de su liderazgo político mientras los candidatos luchan por los votos de cada ciudadano, el hecho es que la abrumadora mayoría del electorado –aproximadamente 70 por ciento– no se ha ni acercado a una urna.


Trump ha llegado a ser el virtual candidato republicano con el apoyo sólo de 4.7 por ciento del total de los votantes empadronados de este país, y Clinton con 5.6 por ciento, según FairVote, organización especializada en votación. Aunque hay un incremento en la tasa de participación, comparada con las elecciones intermedias de 2012, menos de 30 por ciento de quienes tienen derecho al voto han participado hasta la fecha en las primarias.


Del lado republicano la tasa de participación ha sido sólo de 17.3 por ciento, y entre demócratas de 11.7 por ciento, según el Centro de Investigación Pew. Trump ha captado 21.9 por ciento de todos los votos contados en las primarias hasta la fecha; Clinton ha ganado 25.7 por ciento del total de votos emitidos este año, según FairVote.
O sea, por ahora, la pugna no refleja las preferencias masivas del electorado.


Más aún, casi 60 por ciento de la sociedad tiene una percepción negativa de Trump, contra 36 por ciento que lo ve de manera favorable; Clinton es vista desfavorablemente por 54 por ciento y tiene una percepción positiva de 42 por ciento, según el promedio de sondeos de HuffPost Pollster.


A la vez, casi todo el liderazgo legislativo y ambos partidos son vistos de manera desfavorable por la gran mayoría. De hecho, cada vez menos votantes están afiliados a alguno de los dos partidos nacionales: 29 por ciento dicen que son demócratas y 26 por ciento se identifican como republicanos, mientras 42 por ciento se identifican como independientes, según Gallup.


No es sorprendente, pues, que casi dos tercios del país (65 por ciento) creen que el país avanza en dirección equivocada, y sólo 27 por ciento piensan que las cosas van por buen camino, según el promedio de encuestas elaborado por RealClearPolitics.


En este contexto, es menos sorprendente que la pugna electoral sigue definida por el surgimiento de candidatos insurgentes contra el establishment político y el consenso neoliberal que ha imperado entre ambas cúpulas durante más de 30 años.


Trump derrocó a la aristocracia republicana al imponerse como el virtual candidato presidencial contra los deseos de toda la cúpula. Hoy continúa la guerra civil dentro del partido. Jeb Bush y el ex candidato presidencial Mitt Romney se han sumado a la creciente lista de republicanos que han rechazado apoyar a Trump y que amenazan con no presentarse en la convención nacional.


El conflicto abierto entre las dos figuras más importantes del partido: Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sigue sin solución, aunque se anunció que se reunirán este jueves. Pero por ahora no hay indicios de que esté por resolverse la crisis que ha estallado dentro del Partido Republicano y que según algunos altos mandos podría llegar a destruirlo.


Por el lado demócrata, Bernie Sanders, el socialista democrático, sigue asustando con la ola de apoyo que ha despertado para desafiar no sólo a la reina del partido, sino a sus patrocinadores empresariales. Por ahora Sanders sigue impidiendo la coronación de Clinton, ante la gran frustración de esa cúpula.


Sanders, el candidato electoral progresista más exitoso en la historia del país, está comprometido a llevar su revolución política hasta la convención nacional. Aunque es casi imposible que logre superar a Clinton en la contienda a estas alturas –aunque no se puede descartar aún–, busca transformar ese partido para regresarlo a uno que se dedicaba a los principios del New Deal (el marido de Clinton y sus aliados fueron los responsables del giro hacia un partido más pro empresarial y promotor de la políticas neoliberales).


Nadie puede pronosticar qué sigue. Casi todos los expertos, estrategas y comentaristas se han equivocado durante meses sobre la dirección de esta pugna electoral. Lo que aseguran ellos, por ahora, es que Clinton será la candidata demócrata y que derrotará a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Pero son los mismos que, al igual que las cúpulas, nunca se fijaron mucho en lo que sucedía abajo, entre eso que se llama pueblo, y como resultado, una de las palabras más usadas para describir este proceso electoral es: sorpresa.

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Lunes, 25 Abril 2016 06:14

“La salud por encima del delito”

“La salud por encima del delito”
En Portugal se aplica desde 2000 un enfoque sobre políticas de drogas, luego de la descriminalización del consumo. Queiroz señaló que bajó el consumo y se documentaron mejoras en la salud de los usuarios de drogas. El modelo es criticado por “medicalizador”.

 

 


Un ejemplo de tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública es Portugal, que en el año 2000 descriminalizó –que no es lo mismo que legalizar el consumo de todas las drogas– y desarrolló un abanico de servicios de salud, sociales, y de reducción de daños, con buenos resultados. El consumo de sustancias ilícitas no aumentó como algunos temían, y se han documentado mejoras significativas en la salud de las y los usuarios de drogas. No obstante, hay voces que critican este modelo por su enfoque “excesivamente medicalizador” del problema. En una entrevista con Página/12, José Queiroz, director ejecutivo de la ONG portuguesa APDES, que trabaja desde una perspectiva de derechos humanos con programas de reducción de daños en drogas, analizó los alcances del cambio de paradigma, que rompió con la histórica criminalización de los consumidores, y detalló sus fortalezas y debilidades.

 

Queiroz conversó con este diario, en su último día en Nueva York, donde viajó para participar de los debates en torno a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en la que se discutió el futuro de las políticas sobre drogas a nivel mundial.

 

–¿En qué consiste la descriminalización del consumo de drogas?

 

–El modelo portugués puso la salud por encima del delito. Hay un intento de distinguir el uso del tráfico. Por lo tanto, se estableció una lista de sustancias con una cuantificación precisa de la cantidad que una persona puede poseer para un solo uso. Esto significa que esa persona puede ser o será objeto de una sanción administrativa. Para hacerlo, Portugal creó las Comisiones de Disuasión que sustituyeron a los tribunales en el abordaje del problema. Tienen la función de orientación y asesoramiento de las personas que fueron señaladas por las fuerzas policiales. El aspecto interesante de estas comisiones es que están bajo el paraguas del Ministerio de Salud, lo que da la oportunidad de poner a los usuarios en contacto con profesionales de la salud.

 

–¿Cómo se llegó a esa decisión?

 

–En pocas palabras, a causa de los fenómenos de hacinamiento de las prisiones durante los años 80, por la detención de usuarios de drogas, y el brote de VIH vinculado a drogas inyectables, algunos decisores políticos empezaron a darse cuenta de que debían hacer algo diferente frente al problema. La penalización del consumo de las sustancias ilícitas se orientaba principalmente a la población más pobre de nuestra sociedad, que era la que estaba siendo detenida y encerrada en las cárceles. En aquellos días, la heroína era la droga principal, seguida del “crack”. Así, José Sócrates, un joven secretario de Estado, más tarde Primer Ministro de Portugal, propuso la creación de un Comité de Sabios para estudiar un modelo legal innovador, que estuvo integrado por jueces, médicos, psicólogos, investigadores y dirigido por un profesor de Física llamado Alexandre Quintanilha. Joao Goulao, actual coordinador nacional de los Servicios de Drogas fue también parte de ese cuerpo. Propusieron y pusieron en práctica una estrategia participativa, abrieron el debate en las comunidades locales. Ese proceso participativo fue uno de los pilares fuertes de la aplicación de la nueva ley. Algunas voces de preocupación, que se oponían, sostenían que Portugal se convertiría en el nuevo paraíso de drogas y en consecuencia el número de usuarios aumentaría dramáticamente. Nada de eso ocurrió.

 

–¿Cuáles son los ejes de la política, más allá de la descriminalización del consumo?

 

–Junto a las Comisiones de Disuasión, el modelo portugués propone otros cuatro pilares: prevención, reducción de daños, el tratamiento y la reinserción. La idea principal es establecer un amplio paquete de servicios integrados basados en un paradigma con enfoque en la salud pública. Los profesionales de la salud comenzaron a desempeñar un papel importante reemplazando de alguna manera a los actores tradicionales como los agentes de policía, los jueces y abogados.

 

–¿Qué resultados han obtenido en estos años?

 

–Ahora nuestro modelo fue revisado, en virtud de un proceso de evaluación. Hay algunos resultados interesantes. En primer lugar, y desde un punto de vista simbólico, el modelo de despenalización introdujo la “moral de la libertad” para la utilización de drogas, sin ser penalizado por ello. En segundo lugar, desde una perspectiva social, podemos decir que el estigma en relación con los usuarios de drogas ha disminuido significativamente desde la aplicación de la ley. En tercer lugar y desde un enfoque de salud pública, hay resultados eficaces, como por ejemplo la disminución de las infecciones por VIH en personas que usan drogas. En 2000, los usuarios eran 1591, que es un gran contraste con los 43 registrados en 2014.

 

–¿Cómo impactó en esta política la crisis económica de los últimos años?

 

–Vimos recortes presupuestarios significativos sobre salud, educación y protección social. Por ejemplo, los servicios de reducción del daño, ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, han sufrido una gran inestabilidad en estos años a causa de la falta de fondos. Lo que derivó en una situación precaria, compensada por el trabajo de los profesionales que han seguido desempeñándose en forma voluntaria durante un largo período de meses. Siguieron trabajando porque habían establecido una relación con los usuarios y no querían fallarles, porque creían en lo que hacían, y en especial en los principios de la reducción de daños: Humanismo, pragmatismo y actitud sin prejuicios. Sabían que eran el único vínculo que conecta con la sociedad a los usuarios de drogas, aquellos que no se han integrado en el sistema de salud. También vemos leyes que se están destruyendo lentamente como por ejemplo el Programa de VidaEmpleo, muy potente para integrar a los consumidores de drogas en el mercado laboral.

 

–¿Qué estrategias de reducción de daños han implementado?

 

–La reducción de daños ha sido uno de los más poderosos instrumentos utilizados para implementar el modelo portugués de descriminalización. Portugal tiene una ley específica que regula los servicios de reducción de daños, que estableció un sistema eficaz e integrado a lo largo del país. Para eso el Estado celebra convenio con la ONG de cada comunidad. Tenemos intercambio de jeringas, programas de metadona, educación entre pares en las prisiones, los equipos de reducción de daños en fiestas y testeo de drogas. No promovemos el uso de drogas, pero reconocemos que las personas consumen drogas y por lo tanto tienen el derecho a acceder a toda la información adecuada.

 

–¿Cuáles son los aspectos más positivos y los puntos débiles del modelo?

 

–El punto fuerte: el cambio desde una perspectiva de justicia que criminalizaba y encarcelaba a las personas hacia un enfoque de salud pública que trata a quien usa drogas ya no como un delincuente. Su punto débil es una excesiva medicalización del consumidor de drogas. Sabemos de hecho que un gran espectro de la población no tiene un uso problemático de drogas. Los servicios de salud tienden a crear una actitud paternalista sobre la persona que usa drogas. No vemos una verdadera potenciación de los usuarios; por lo tanto, no tienen tantas oportunidades de actuar como ciudadanos. Hay una exclusión efectiva de los consumidores de drogas del proceso de elaboración de políticas. En Portugal las ONG reclaman un nuevo modelo basado en la ciudadanía que podría reemplazar sin problemas el enfoque con eje en la salud pública. Es hora de una nueva concepción de nuestro modelo. Necesitamos presionar una vez más los límites de las convenciones internacionales que se basan en prohibicionismo.

 

 

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Yannis Stavrakakis, politólogo griego y su tesis sobre la "posdemocracia”

 

“Desde la antigua Grecia, la deuda fue instrumento de dominación y siempre muy brutal”

 

Para el científico griego, la deuda externa y el predominio de las fuerzas del mercado en la política transforman las instituciones y los lazos sociales y reemplaza la soberanía popular por la soberanía del mercado.

 

 

–Usted retoma el concepto de “posdemocracia” como categoría de análisis vigente. De acuerdo a esta perspectiva, ¿cómo es posible reactivar los mecanismos democráticos?

 

–El término “posdemocracia” surge en la última década en sociología y en teoría política para comprender conceptualmente y marcar críticamente las patologías contemporáneas de la democracia liberal, sobre todo en relación a las condiciones que establece el capitalismo tardío. En este tipo de regímenes el aspecto formal de las instituciones democráticas permanece intacto: por ejemplo, las elecciones se desarrollan normalmente para las transiciones de un gobierno a otro. Aún así, la magnitud del debate electoral se transforma en un espectáculo controlado, manejado por expertos y regulado por los medios de comunicación dominantes, donde se tratan temas seleccionados por ellos y donde la ciudadanía queda reducida a un papel pasivo. Entonces, cuando se intenta realizar un verdadero cambio (como en Grecia en 2015) los gobiernos se dan cuenta de que el alcance de sus movimientos está muy restringido por las –supuestamente independientes– instituciones supranacionales (el Banco Central Europeo, el FMI, etc.). En este sentido, la política en tiempos posdemocráticos se forma cada vez más por la interacción entre los gobiernos electos y por las instituciones de élite, así como por los organismos que representan mayoritariamente intereses comerciales. Este predominio de las fuerzas del mercado en la política no es considerado escandaloso, como lo fue en el pasado, algo que debía ser camuflado de alguna forma ahora de ninguna manera se esconde. Esto es abiertamente abrazado y, de hecho, las instituciones públicas quedan subordinadas a esta dinámica. La nueva gestión pública, en este sentido, ha buscado reformar las instituciones –hospitales, universidades, etc.– de acuerdo a los lineamientos del sector privado. Entonces, posdemocracia significa “democracia sin demos”, como indicó Jacques Rancière, donde el pueblo desaparece de la escena política y su papel en la toma de decisiones es reemplazada por una aristocracia tecnocrática, y donde la soberanía popular es reemplazada por la soberanía de mercado. En otras palabras, el “pueblo” es registrado en la esfera política como la “población”, como un conjunto numérico de individualidades a ser administrado y disciplinado biopolíticamente. Cuando las resistencias emergen, cuando las nuevas subjetividades democráticas y populares se formulan, sus demandas son denunciadas y desacreditadas bajo la etiqueta del peligroso e irresponsable “populismo”. Si la defensa de las instituciones democráticas y los intereses populares hoy lleva el nombre de populismo, entonces quizás el populismo necesita ser tomado y canalizado en direcciones progresistas.

 

–¿Se puede trazar una delimitación geopolítica de acuerdo a estos conceptos?

 

–Obviamente el término “posdemocracia” fue formulado por Colin Crouch y otros sobre la base de la experiencia europea. No hay duda, sin embargo, que captura una dinámica global, visible en una variedad de países y regiones. Es por esto que se verifica tal amplitud del uso de “posdemocracia” y “pospolítica”. Siendo suficientemente flexibles desde su inicio, los términos se reúnen cada vez más para describir los fenómenos políticos en diversas regiones del mundo, por fuera del contexto del oeste europeo donde esta terminología surgió originalmente. Al mismo tiempo, la crisis global que comenzó en 2008 y fue, especialmente localizada en Europa, ha puesto de relieve, a través de la implementación de ciertas medidas de austeridad draconianas en el sur de Europa, una profundización adicional de la orientación posdemocrática. Hoy Europa parece estar frente a un nuevo desafío: ¿Cómo se puede evaluar el establecimiento y consolidación –a través de la crueldad– de una sociedad de deuda neoliberal? ¿Esto es el signo de una profundización de la posdemocracia, o bien significa un pasaje más allá de la posdemocracia? Si así fuera, ¿en qué se convirtió exactamente? Aunque no existan respuestas conclusivas, están instalándose y quizás sea tiempo de comenzar a plantear algunas preguntas. Para comprender completamente nuestra situación hay que tener en cuenta que el neoliberalismo alemán no se debe confundir con el laissez-faire, con el resultado de un orden natural espontáneo (la mano invisible del mercado), sino, como Foucault ha destacado, con una vigilancia permanente, actividad e intervención. Esta intervención es de una naturaleza particular, muy diferente de, por ejemplo, el Estado de Bienestar: su objetivo –a menudo con inmensa brutalidad– es condicionar el marco para una posible economía de mercado que interviene en la población y reforma el propio lazo social. Como algunos comentaristas lo han señalado, este es el estatismo sin Estado, estatismo a favor de la mercantilización, acompañado por la liquidación de toda la regulación del mercado y las relaciones laborales, etc. De nuevo, este movimiento no es particular de Europa. Por ejemplo, América Latina se está acercando ahora a este modelo. Chile es el ejemplo que ha vivido una brutal imposición de un sistema similar desde 1970. Estas son dinámicas globales y sólo pueden abordarse a nivel global.

 

–¿Esto significa que el Estado se reduce a la administración de la deuda?

 

–Desde la antigua Grecia, la deuda fue un instrumento de dominación y explotación, siempre uno muy brutal. No debemos olvidar que el establecimiento de la democracia de Atenas está relacionada con la cancelación de la servidumbre por deudas, con Solón de Seisachteia. También sabemos que la deuda funciona para establecer y reproducir relaciones de dependencia colonial. En muchas coyunturas históricas las relaciones de deuda estructuran el lazo social, sobredeterminando los modos particulares de dominación económica y política. Cuando esto sucede –y sucede porque la deuda funciona simultáneamente como una fuerza económica, política y moral– es porque produce y condiciona tipos particulares de subjetividades individuales y colectivas, manipulando la dinámica psicosocial de la culpa, la vergüenza y el sadismo, y allí es cuando hablamos de “sociedades de deuda”. En décadas recientes, por ejemplo, el péndulo entre los dos espíritus de capitalismo típicos de la modernidad –el primer espíritu weberiano del ascetismo asociado a una “sociedad de la prohibición” y el segundo espíritu de consumo asociado a una “sociedad de disfrute ordenado”– ha tomado una forma marcada por una dialéctica entre el estímulo del crédito y la estigmatización de la deuda. En el caso de Grecia contemporánea –que no es un caso aislado– vimos cómo las fuerzas institucionales promueven a su vez todas estas opciones. Al principio, antes de la crisis, la acumulación de deuda estaba permitida e incluso se propagó en el marco del “espíritu consumista” del capitalismo; luego, las mismas instituciones elevaron la deuda a niveles patológicos, para ser castigados con formas de servidumbre posmodernas. Estas lógicas fueron aplicadas tanto a nivel subjetivo como a nivel estatal. En cualquier caso, la acumulación de la deuda, así como el castigo del endeudamiento, constituyen momentos antitéticos del mismo mecanismo, y sólo queda la construcción subjetiva al servicio de la jerarquía social. Entonces, cuando el lazo entre los dos falla, incluso la cancelación de la deuda y el perdón de la deuda son llamados para sostener el orden social. Para volver a Grecia, muchos años después de la crisis, la troika también ha aceptado procesos de reestructuración de la deuda. Esta cancelación de la deuda (parcial) ha fallado a la hora de hacer alguna diferencia real en la viabilidad a largo plazo de la deuda griega o en la situación actual del pueblo griego. Las promesas de una gestión más soportable de la deuda todavía se utilizan como un futuro señuelo. Esta es la razón por la cual la experiencia argentina sigue siendo tan importante: porque la reestructuración de deuda no era un soporte publicitario, o una concesión parcial ofrecida a cambio de una continuidad de las relaciones de dependencia. Al contrario, fue masiva y fue impuesta por un gobierno democrático-popular afirmando su independencia.

 

–¿Por qué sostiene que es necesario estudiar las políticas de- sarrolladas en América del Sur?

 

–Justamente porque estas políticas fueron inicialmente introducidas en América del Sur, las primeras resistencias también fueron articuladas en esta región. Así, el fin de la dictadura de Pinochet en Chile, el colapso del pacto de Punto Fijo en Venezuela y el fracaso del neoliberalismo patrocinado por el FMI en Argentina confluyen en una serie de proyectos políticos que han redirigido el equilibrio del poder hacia la participación popular en el proceso de toma de decisiones, facilitando la incorporación socioeconómica de los sectores empobrecidos y regulando los efectos de la globalización neoliberal.

 

–Algunos comentaristas han calificado esta tendencia como “progresista”, de “izquierda” o “populismo inclusivo”, con el objetivo de distinguir su perfil y sus implicancias políticas de la extrema derecha o del “populismo excluyente” propio de la experiencia europea.

 

–Mi opinión en el asunto es que la mayoría de los movimientos de extrema derecha, nunca fueron, estrictamente hablando, populistas, y no deberían ser descritos como tales: su principal punto de referencia es la “nación” –no en un sentido anticolonial, sino en un sentido étnico, incluso racista del término– y su principal adversario no es el uno por ciento de los ricos mundiales, sino el otro étnico: el refugiado, el inmigrante, etc. De todos modos, la distinción entre la derecha, el populismo excluyente (el modelo europeo) y la izquierda, el populismo inclusivo (el modelo Sudamericano), ha sido un primer paso, importante, en registrar el potencial democrático de las demandas populares y de los movimientos y partidos que las representan. Lo que también es interesante es que la crisis económica europea y los efectos de su gestión neoliberal han dislocado el tradicional sistema de partidos en países como Grecia, España y Portugal, haciendo posible la emergencia de otros partidos. Se plantean dos situaciones: La primera, donde los países europeos –especialmente los que integran la Zona Euro– están más limitados en sus opciones debido a la avanzada de la integración trasnacional, algo que limita severamente el poder de sus negociaciones y sus chances de desafiar mínimamente la hegemonía liberal paneuropea (por ejemplo, la transformación del rotundo NO del referéndum griego de julio 2015, en un nuevo acuerdo memorando con la troika). Creo que sólo una tendencia igualitaria que abarcase a una gran variedad de países europeos podría revertir esta situación. Dicho de otro modo, únicamente si España y otros países siguen a Grecia y a Portugal habrá algún tipo de esperanza. El segundo de- safío, es que estos proyectos deben reflexionar sobre las limitaciones de proyectos similares en América del sur, los cuales debieron enfrentar las recientes derrotas electorales como en el caso de Argentina y Venezuela. ¿Es posible aprender de sus logros y también de sus fracasos, más evidentes en el caso venezolano? ¿De su incapacidad para introducir un modelo económico sustentable? ¿De su fracaso a la hora de reemplazar liderazgos carismáticos por una creciente participación de las instituciones? ¿De sus dificultades cultivando un nuevo ethos democrático político y nuevos tipos de deseo y consumo capaces de disminuir nuestra dependencia de la globalización neoliberal?

 

–Entonces, ¿se podría pensar una salida regional también para América del Sur?

 

–Este es un enorme desafío para todas las fuerzas que se oponen al neoliberalismo posdemocrático. Por supuesto, no debemos olvidar que el problema –la falta de coordinación transnacional– siempre ha estado allí y es obviamente muy difícil de hacer frente. Del mismo modo, un “internacionalismo” basado en la ONU a menudo ha demostrado ser impotente y el problema de la deuda es un buen ejemplo de ello. De alguna manera, las fuerzas posdemocráticas institucionales pueden moverse con eficacia entre la orquestación de la acción transnacional y, al mismo tiempo, la manipulación de las sensibilidades nacionales, cuando resulte necesario. La vieja estrategia colonialista de “divide y reinarás” es siempre útil. En contraste, la larga historia de los movimientos de resistencia ha demostrado que es extremadamente difícil de articular el pensamiento y la acción simultánea a nivel nacional e internacional. Sin embargo, algunas medidas tales como la aprobación en la ONU del marco legal para los procesos de reestructuración de deuda soberana –impulsada por Argentina– tienen impacto en cualquier parte del mundo.

 

–¿Qué consecuencias trae la neutralización del antagonismo político propio de la posdemo- cracia?

 

–En efecto la orientación posdemocrática margina el antagonismo político, priorizando una perspectiva tecnocrática de las cuestiones en juego y pretendiendo una falta de alternativa. ¡Lo más importante no es seguir las prescripciones universales de las políticas neoliberales, sino que hay que disfrutar de ellas! Sin embargo, los efectos secundarios de este tipo de políticas –usualmente impuestas bajo el pretexto de reducir una deuda artificialmente inflada– incluyen desempleo masivo, un colapso de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales, una pérdida de derechos sociales y laborales, una espiral descendente de la movilidad social y una expulsión de los ciudadanos de la toma de decisiones. A continuación, surgen necesariamente la indignación y la protesta. La necesidad de cuestionar y criticar, junto con la necesidad de limitar la concentración del poder en manos de élites irresponsables. John Keane habló sobre lo que llama las “democracias monitoreadas”, que es un uso pragmático de los procedimientos democráticos, basados en una presión pública para combatir la concentración de un poder inexplicable. Aquí los mecanismos de representación de la sociedad civil se combinan con formas novedosas de monitoreo público del ejercicio del poder y del control de la corrupción. Sin embargo, esto no debe confundir nuestras prácticas democráticas y convertirlas en un marco meramente defensivo. Si la democracia está reducida a una variedad de monitoreos y mecanismos de control que lidian con un poder que es visto como ilegítimo, entonces la “soberanía popular”, la base de nuestra tradición democrática, será perdida para siempre en lugar de ser rejuvenecida. Mi miedo es que la implicancia última del argumento de la “democracia monitoreada” puede ser la legitimación indirecta de una teoría elitista, incluso del retorno al liberalismo oligárquico. En esto debemos ser claros, la democracia supone un autogobierno en el nivel más básico: se trata de un reclamo por la igualdad de derechos y la participación en la toma de decisiones que implica a la totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, no podemos esperar a que los ciudadanos estén siempre alerta, dispuestos a dedicar su tiempo y energía en debatir y decidir sobre todas las cosas. Es por eso que los griegos antiguos establecieron un conjunto de premios para la participación y un conjunto de castigos para quienes no participaban en la vida democrática pública. Sabemos, además, por Maquiavello que una dificultad aquí tiene que ver con el deseo: en oposición al deseo de los ricos y poderosos, que es un deseo de “más y más”, el deseo del pueblo, de los marginados y oprimidos es un deseo definido negativamente. El pueblo primero desea “no ser dominado”, ciertamente desean no serlo de una manera brutal, antidemocrática y poco digna. Es por esto que las luchas populares enfrentan dificultades en el establecimiento de sus metas y, paradójicamente, tienden a aceptar los objetivos de sus adversarios. Es decir, cuando un pueblo previamente empobrecido y excluido recupera, por ejemplo, un estatus de clase media, puede suceder que llegue a negar su situación pasada y empiece a comportarse de una manera jerárquica, elitista y excluyente.

 

–En otra entrevista usted señaló que los regímenes políticos europeos son débiles porque el mercado ocupa un lugar central, pero como ninguna persona puede enamorarse del mercado esto se debilita fácilmente. Sin embargo, los vaivenes de la economía muestran que el mercado también enamora.

 

–Si nos concentramos en las regiones que mencionamos, Europa (con su crisis económica centrada especialmente en el sur) y América del sur, podemos decir que viven una trayectoria similar pero con una disposición distinta de las etapas históricas. Europa, por ejemplo, se enfrenta a una crisis parecida a la que llevó al default en Argentina. Con el dominio del ordoliberalismo alemán basado en el chantaje y la extorsión, en un “consentimiento” forzado, donde la deuda funciona como el instrumento principal de disciplina subjetiva y colectiva. Mientras que en Argentina, luego de haber pasado por el colapso de un sistema construido en torno a la deuda y la coerción, y luego habiendo reconstruido su economía y la democracia, actualmente parecen haberse olvidado las dificultades del pasado y se volvieron a abrazar las promesas de un futuro dominado por un consumo neoliberal imaginario. Es decir que muchos sectores en Argentina han optado por un retorno a la “normalidad”, un regreso al capitalismo tardío. No hay nada de extremadamente inusual en todo esto. Como sabemos gracias Jacques Lacan, la gente desea lo que le falta. El objeto que cumple esta función no es eterno ni fijo, está histórica y culturalmente determinado. Lo más importante, también puede cambiar entre el ámbito público y el privado. En su libro Circunstancias cambiantes, Albert Hirschman ha demostrado cómo nuestra vida puede seguir un ritmo circular, pasando por períodos de una intensa participación pública inspirada en ideales altruistas, o por una despolitización extrema en los períodos en los cuales el interés individual y la realización personal tienen prioridad.

 

 

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En defensa del bien común de los quindianos (2016-2019)

Inició su recorrido el trámite legal y político del Plan de desarrollo departamental propuesto por el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio (2016-2019).

El contexto del debate es la democracia participativa establecida en la Constitución de 1991 y en la Ley de planeación del desarrollo.

Por supuesto, el punto de partida de la construcción del Plan es la propuesta programática del candidato “En defensa del bien común. El Quindío si tiene cura” (http://bit.ly/1RHBqLK ), que recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía quindiana en las votaciones de octubre del año anterior.

El proyecto de Plan lleva por título “En defensa del bien común 2016-2019” e incluye 29 proyectos sobre diferentes temas considerados prioritarios para el progreso regional.

El debate realizado hasta el momento plantea un conjunto de observaciones puntuales que muy seguramente serán escuchadas por los funcionarios correspondientes, pues el talante del nuevo gobierno plantea un ambiente de apertura y dialogo con los diversos sectores de la comunidad.

La defensa del bien común es un excelente punto de apertura que constituye una referencia estimulante para la constitución de un nuevo sujeto social y político ajeno al clientelismo y los esquemas de corrupción que prevalecen en las redes politiqueras locales armadas por reconocidos gamonales y caporales del mercado electoral bipartidista.

Lo que atrae de la propuesta del Gobernador es esta reflexión sobre el bien común, el cual no es una simple sumatoria de bienes privados ni tampoco públicos sino es más bien la forma de disponer de una trama de relaciones, de servicios, de responsabilidades, de recursos que beneficia al todo y a las partes y que en definitiva constituyen el bien de la comunidad, el bien del cuerpo social y que le permite además sumir conciencia cívica, comprender el sentido del deber y del derecho y de los valores espirituales heredados posibilitando al mismo tiempo la continuidad inter-generacional ().

Estamos en el mundo de la defensa de los bienes comunes: la tierra, el agua, los derechos básicos, el espacio público, afectados por la arremetida neoliberal y mercantilista de la mano de la corrupción de los politiqueros que parasitan en la hacienda pública.

La hipótesis programática del gobierno departamental está organizada en 29 campos de acción con líneas de base específicas, objetivos, indicadores, productos y resultados muy concretos.

Como la discusión avanza resulta pertinente determinar las bases financieras de los ejes programáticos. En ese sentido establecer y adoptar el Marco Fiscal de mediano plazo es indispensable. Dicho Marco es una hipótesis de los ingresos y las rentas departamentales que servirán de soporte a cada una de las estrategias y a las acciones correspondientes que se reflejaran en los planes focalizados de trabajo.

Como la participación no es una mera frase y la misma requiere ser dotada de amplios contenidos será necesario ahondar la intervención de las comunidades.

Por ejemplo, el Proyecto del Plan necesita del trámite de la Consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento. No hacerlo implica desconocer pactos internacionales, normas nacionales y políticas públicas de estricto cumplimiento en la materia. Desconocer estas disposiciones constitucionales y legales supone el riesgo de legítimas demandas en el Tribunal Administrativo y en la Corte Constitucional, muy atenta a este tipo de vacíos en las acciones de las autoridades gubernamentales en todos los niveles.

Como el proyecto de la paz convertido en política pública por el presidente Santos es un campo preponderante mi sugerencia respetuosa es que la nueva carta de navegación contemple una Línea de base sobre la paz en el Quindío, la cual debería recoger los importantes avances de los diálogos de La Habana en materia agraria, territorial, de democracia ampliada, el derecho de las víctimas y la justicia especial de paz.*

Por supuesto la paz es un elemento transversal que debe impregnar la acción de la administración pública en los próximos 47 meses.

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Viernes, 05 Febrero 2016 05:58

Todo lo sólido se desvanece en las urnas

Todo lo sólido se desvanece en las urnas

Hace cuatro décadas, el intelectual y militante peruano Alberto Flores Galindo desgranaba su opinión sobre las elecciones, en un breve comentario a propósito de los resultados de las votaciones para la Asamblea Constituyente, en las que el dirigente campesino-indígena Hugo Blanco obtuvo 30 por ciento de los sufragios, en junio de 1978.


"El voto universal, individual y secreto ha sido una invención genial de la burguesía. El día de una votación las clases y grupos sociales se disgregan en una serie de individuos que dejan de pensar colectivamente, como sí ocurre en las huelgas, las manifestaciones o cualquier otro acto de protesta, y en la 'cámara secreta' emergen entonces las dudas, los temores, las incertidumbres que llevan a optar por lo establecido, por el pasado y no por el cambio" ( Obras Completas, tomo V, Lima, 1997, p. 89).


Flores Galindo fue uno de los más consecuentes y notables pensadores en los años 70 y 80, cuando el Perú estaba atenazado entre la violencia estatal y la de Sendero Luminoso, en una guerra que tuvo un costo de más de 70 mil muertos. Su investigación Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes, publicada en 1986, obtuvo el Premio Ensayo de Casa de las Américas en Cuba. Fue fundador de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, que agrupó a buena parte de la intelectualidad de la época, y militó en el Partido Unificado Mariateguista, al que también pertenecía Hugo Blanco.


Su breve reflexión sobre las elecciones tiene gran actualidad y muestra la crisis del pensamiento crítico. En primer lugar, permite distinguir entre las libertades democráticas y el hecho de fundar una estrategia política en la participación electoral. Si las libertades fueron conquistadas por largas y potentes luchas colectivas de los oprimidos, las elecciones son el modo de dispersar esa potencia plebeya.


En segundo lugar, no critica la participación electoral, sólo advierte sobre el hecho incontestable de que se trata de jugar en el terreno de las clases dominantes. No esgrime un juicio ideologizado, sino centrado en cómo el sistema electoral disgrega a los de abajo en una miríada de individuos aislados que, al estar atomizados, dejan de ser una fuerza social para entregarse a la manipulación de los poderes del sistema. El pensamiento colectivo que emerge en las acciones populares deja paso a la individualización, en la que siempre se imponen miedos y prejuicios.


Sería necesario desarrollar ambos argumentos. Por un lado, la reflexión de Flores Galindo conecta con la de Walter Benjamin en su Tesis sobre la historia, cuando asegura: El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate (Tesis XII). No es un tema menor. En el recodo de la historia que le tocó vivir, Benjamin entendió que si los oprimidos no están organizados, son incapaces de comprender el mundo, están ciegos y son presa del modo de ver de los poderosos. El problema no son los medios del sistema (y vaya que son un problema), sino nuestra incapacidad de organizarnos, que es el modo de ser nosotros, o sea colectivos que combaten y, por tanto, comprenden.


El problema de lo electoral consiste, a mi modo de ver, en fundar una estrategia de cambios en la participación en elecciones, en la llamada acumulación de fuerzas que se resume en sumatoria de votos. En nuestro continente hemos asistido a una sucesión de luchas muy potentes capaces de desplazar gobiernos conservadores, que poco después se disuelven en las urnas, instalando otros gobiernos –a veces mejores, otras veces peores– que suplantan la acción colectiva y la organización de los de abajo.


La mayor parte de los partidos comunistas focalizaron su actuación en una estrategia de este tipo, colocando la organización popular a remolque de la acumulación electoral. Con el tiempo, esa estrategia se generalizó y se convirtió, después de la caída del socialismo real y de las derrotas de las revoluciones centroamericanas, en el modo de acción único de las izquierdas institucionales.


La individualización a través del voto tiene varias consecuencias nefastas. Además de la mencionada por Flores Galindo, la disolución o neutralización de la organización colectiva, aparece otra: en el proceso de trocar lo colectivo en individual se facilita la cooptación de los dirigentes porque en estos procesos se autonomizan las bases, algo prácticamente inevitable cuando se convierten en representantes. El sujeto se disuelve cuando impera la lógica de la representación, ya que sólo es posible representar lo que está ausente.


Sin embargo, el voto universal, individual y secreto reviste de legitimidad a los elegidos, y esa es la genialidad que denuncia el peruano. Cuando los gobiernos de las clases dominantes se sienten acorralados, como le sucedió al presidente Eduardo Duhalde en junio de 2002 en Argentina, ante una potente arremetida popular, convocan a elecciones como forma de dispersar los poderes de abajo. Es un dispositivo de vigilancia y control que consiste, como aseguraba el propio Duhalde, en sacar a la gente de la calle para devolverla a sus casas y sentarla frente a los televisores.


Porque la lógica del elector y la del televidente es la misma: al poder no le importa lo que cada quien piensa, siempre que lo haga en la soledad de su casa, sentenció en algún momento Noam Chomsky. El problema para los de arriba, por tanto, es la acción y la reflexión colectivas.


Sería maravilloso que el poder que nace de la organización/movilización popular se viera potenciado y retroalimentado por la participación electoral. La realidad dice lo contrario, como podemos apreciar en todos los procesos, y estos días de modo especial en el Estado español, donde los electores de Podemos contemplan cómo sus elegidos negocian en nombre de quienes los eligieron, pero cada vez más distantes de ellos. La actividad institucional que se deriva de los procesos electorales termina por desplazar del centro del escenario a las organizaciones de los de abajo.

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Jueves, 26 Noviembre 2015 11:58

"Como sea... Chávez gana"

"Como sea... Chávez gana"

El 6 de diciembre es la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Hay tensión. Un malestar ya callado, ya perplejo, ronda en el ambiente y toca los bolsillos de la mayoría. O con cariz de insoportable, alza voz, alineado con la oposición. Pasa en actitud condescendiente, sin autocrítica. O señalando causas y causantes, en posturas militantes de memoria popular. La organización electoral del Psuv cuenta con 13.833 Unidades de Batalla Bolívar Chávez y 120.000 miembros de mesa, testigos y protectores del voto. Según el Gobierno, a mediados de este mes, superará 800.000 viviendas gratis. En posición Defensiva-ofensiva el "como sea" resultó en ánimo y consigna central del campo oficial. ¿Debilidad o fortaleza? ¿Qué dirán los votos?

 

Victoria numérica, mayoría simple de diputados –con apenas 46 por ciento de votos–, mayoría calificada, absoluta o minoría para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, es el gran interrogante. La diferencia de curules entre el Psuv-Gran Polo Patriótico, la tarjeta Mud Unidad y un tercero en discordia Min-Unidad (Mas, Movimiento al Socialismo), relanza, redefine o trastoca la correlación de poder que cuenta 16 años de gobierno. Soldado está avisado desde hace rato...

 

Una vez triunfante en segunda reelección –1998, elección. 2000, revalidación. 2007, primera reelección. 2012, que repite– en discurso de aquel 20 de octubre, el comandante Hugo Chávez puso sobre la mesa, la apertura con efecto "irreversible" dijo, de un "golpe de timón". Necesidad y comienzo de un nuevo ciclo. Turno para el cambio en aspectos esenciales de la Revolución. Sin embargo, su preeminencia con visos de caudillo y su enfermedad, abrieron un vacío en el funcionamiento gubernamental. Incorrección e inconveniente posterior incluso, hasta cuatro meses después de su fallecimiento. Afirmación a sotto voce que sueltan importantes dirigentes del Psuv.

 

El Proyecto mantuvo la inercia improductiva. De corrupción y economía de importación en desdibujo de la soberanía alimentaria, que borbota de la "renta petrolera" con sus jugosos dólares. Males de origen y marca capitalista y su factor inflacionario, cuya explicación como producto de "guerra económica" desde la derecha y el imperialismo, solamente llega en acogida, a los oídos rojos rojitos del chavismo.

 

Sin la gravedad de conceder tiempo a las argucias e intereses capitalistas, una superioridad moral, ética y productiva de la Revolución –dispone del 96 por ciento de las divisas que ingresan a la nación, domina el aporte tributario y los endeudamientos internacionales– tendría que imponer fácil ante la opinión y los electores, un avance o salto de mayoría simple (83 diputados) a la cualificada de tres quintas partes (99 diputados), o absoluta (110 diputados), que la profundización de la Revolución podría requerir.

 

Como parte de la presión sobre la inercia política, aparece una diferencia opositora del Min Unidad. En 2010 y ahora, la elección tiene 87 circuitos. En la elección anterior, 40 de esos circuitos eligieron 46 diputados, con tendencia favorable al Gpp por más de 15 puntos. Otros nueve escogieron 15 curules, con ventaja entre 10 y 15 puntos del Psuv-Gpp. Hay 26 circunscripciones que eligen 35 diputados, donde la diferencia con la oposición no sobrepasa 10 puntos, y sólo 12 circuitos que sacan 14 diputados, sobrepasan en cantidad superior o moderada, la simpatía con la Revolución.

 

Una cosa es con maraca y otra con violín

 

A lo largo de Venezuela, el lunes 9 de noviembre quedaron inauguradas 171 Bases de Misiones que benefician a 600.000 familias en pobreza extrema. Así, el Gobierno Bolivariano completó 444 Bases activas, de 759 previstas hasta diciembre, que activan y gestan centenares de comunas y consejos comunales con experiencias locales en planificar. Bajo el logo Comuna o nada, aprobaron un Manifiesto Comunero el pasado 15 de agosto. Aun con este marco, el rentista Estado venezolano con su nómina, sus fuerzas y Misiones sociales de una parte –relativizado por errores que proyectan privilegio y repeticiones–, y por otra, un sentir abierto de descontento; están en tensión y conflicto.

 

Mayor grado que la controversia o discrepancia entre partidos de cualquier país. Pone en batalla: Los enunciados, realizaciones, cifras, verificaciones, promesas y episodios; de un todo moral y ético, que no admite fraccionamientos: Derechos Fundamentales, Sociales, Humanos, Información Pública, Libertad Política y Diversidad, vistos sin acomodo y conveniencia. Con el bolsillo vulnerable en el gasto diario y semanal, gente del común discuerda del militante en lista. En su programa semanal, José Vicente Rangel alerta que, sin afirmar la "identidad clasista y popular", "la principal amenaza de las fuerzas bolivarianas es una posible abstención del chavismo moderado y de los simpatizantes del proceso".

 

Hay datos de un 80 por ciento en intención de voto, similares al de una elección presidencial. En la confrontación ahora, la Revolución Bolivariana y el Psuv, partido gobernante; recorren un 2015 intenso en actividad pre-electoral (ver recuadro). Sostenido ha sido el estado de alerta y activación de la militancia del Psuv, junto con las ocho agrupaciones o partidos con carácter nacional del Gpp, Gran Polo Patriótico. Divisa que suma 18, con grupos de presencia regional. Tras las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad, Mud, en junio, y del Psuv en mayo, el Consejo Nacional Electoral, Cne, organizó un Simulacro el 18 de octubre, con el objeto de familiarizar al elector en los pasos del voto.

 

Un sugestivo espejo muestra la realidad política. Tras varios tanteos nacionales, de la condición y número participante de la fuerza propia, llega un "de menos a más..." y "de las dificultades a la victoria", en boca del presidente Nicolás Maduro, a las 3:10 p.m. del domingo 8 de noviembre. Avanzaba a esa hora, el "primer" ensayo nacional de la de la justa electoral, que corrigió fallas advertidas en el Simulacro del Cne. El ensayo contactó un promedio de cinco o seis personas, la mitad de la fórmula 1x10, un total de 1.150.569 activistas fieles. "Aceitamos la maquinaria" –así autollamada en lenguaje de la política venezolana. Ese día, por primera vez en años, una rubia, Larisa, apareció como presentadora en el oficial canal 8, Venezolana de Televisión, Vtv, hizo preguntas al Presidente. Al mediodía del lunes 16, Diosdado Cabello informó que llevan 3.921.910. El próximo 22 viene otro ensayo. Contactar 6 millones de la lista 1x10 es la tarea, activismo propio.

 

Realidad polarizada:
La expresión tiene parámetros y marca territorios

 

De modo particular, los resortes de defensa de la Revolución se activaron, ante los factores de crimen, penetración y asentamiento en la frontera y más profunda, de unidades paramilitares económico-operativas. Segmento desestabilizador, aunado a la publicación el pasado 12 de febrero, de un Llamado a los Venezolanos Acuerdo Nacional para la Transición. Publicación que tiene respaldo de la oposición, y fue suscrito por sectores conspirativos y de contravía que no admiten aún, la Constitución 1999. Aprobada como fue, por una Asamblea Constituyente elegida y un referendo de ratificación.

 

Persistentes semana a semana, desde el 20 de septiembre hay movilizaciones del Gpp, cuando grupos opositores hicieron actos de calle en varias ciudades. En identificación funcional con del proceso revolucionario, la Fuerza Armada Nacional, Fan, con nueve militares activos o retirados ocupando cartera ministerial de 28 ministerios posibles; y once de los 23 gobernadores, es el actor de primer orden en el manejo económico, comercial, de las alianzas internacionales, la construcción de infraestructura, la administración de gobierno y las decisiones estratégicas. Ante situación con piso que se mueve, también el conjunto de uniforme cimbra. Sobre todo, ante la declaración del presidente Obama y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que acusa a Venezuela de amenazar la seguridad del norte. Dentro del rango institucional electoral de la Revolución Bolivariana, Fan y "maquinaria", alianza cívico-militar (Ejército-mayoría votante/pueblo) resulta sujeto fundamental.

 

Trasfondo y contexto intranquilo sí, pero no de convulsión. Traspasa el aspecto cuantitativo. Limita la espontánea aceptación de gobernabilidad en un ancho sector de la sociedad, y cultiva un margen numérico de pequeña diferencia entre los dos polos que marcan a Venezuela. Un margen peligroso en su pendiente desafiante. Por eso, en el instante que el Cne confirme de manera oficial, la cifra de diputados que obtenga cada agrupamiento, quedarán abiertos sin sensación de sosiego general, varios aspectos de ingobernabilidad, de disputa de poder y puntos sorpresa –no solo de entorno opositor– con acción de calle. Así parece indicarlo una expresión reciente de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, y vicepresidente del Psuv, durante un acto en el municipio de Ocumare: Si "ellos ganan por un voto" se respeta, pero "si nosotros ganamos por un voto los vamos a obligar a que respeten". El mismo 16, un vocero del Psuv al respecto poselectoral llama a concentrar Puntos de Redes.

 

Revolución sin victoria estratégica

 

Fue tras la crisis y el fraccionamiento del partido Acción Democrática (AD), sobrevenida por el levantamiento popular Caracazo febrero 27-8 de marzo 1989, y tras la destitución y presidio del ex-presidente Pérez en 1993; como del fraccionamiento del Copei en las elecciones de 1994, que la Revolución Bolivariana acelera su acumulación, y sólo es fruto de una victoria electoral en 1998.

 

A diferencia: Es en razón de un desenlace en el plano militar con victoria estratégica, que la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista –puso en fuga, sin desarticulación total– a la Guardia Nacional; que estas dos realidades, disponen de un protagonismo social y popular en sólida alianza cívico (pueblo)-militar que proporciona piso a la paz y piso a la transformación estructural revolucionaria. En Venezuela, la victoria que conjuntaron factores de vanguardia, activación de pueblo y Ejército, bajo la imagen liderazgo de Presidente que no renuncia, en la coyuntura del golpe del 11-13 de abril 2002, en su final, con regreso en helicóptero de Hugo Chávez, no redondeó una «victoria estratégica».

 

Un vacío que seguirá marcando la balanza y pleito entre Revolución y oposición, en presencia de una cuantitativa faja popular, consciente del proyecto histórico por el socialismo. Hay novedades. Desde la Presidencia, la activación de la herramienta y construcción de un Gran Polo Patriótico. El despliegue con distribución masiva, de un tabloide a cuatro planas: 22 claves para entender y combatir la guerra económica que podría tener resumen: "La guerra económica no (es) contra el Gobierno, (es) contra la población toda [...] Por eso, no es solo el Gobierno el responsable de enfrentarla y ganarla, sino la población toda, incluso aquella que no comulga con el actual Gobierno, pero que igual se ve afectada."

 

La polarización social y del discurso público durante la larga década, no trasciende hoy en una polarización total del combate electoral. La curva resulta descendente: en 1998 el porcentaje de victoria presidencial fue del 56 por ciento y en 2000 de 58, llegando a 62 por ciento en 2006. Pero, con aplicación inexperta del 1x10, descendió a 55.5 en 2012 y en 2013 con Nicolás Maduro candidato, la diferencia acortó a 50.2 por ciento. Todo indica que el resultado del 6 de diciembre forzará medidas. Proyección de un Gobierno no hegemónico, cúspide de una Fan cónsona con la hegemonía social, política y en el estado del Psuv (Dirección Político Militar). A cambio: un Gobierno Participativo del Gpp y la discusión y adopción de consensos que diferencie funciones entre Partido y Estado.

 

Avance de triunfo por el continente está en el subconsciente de la Revolución Bolivariana, ante la duda en Argentina, hubo silencio total y de preguntas, si bien Telesur, con esquema analítico aborda el hecho. ¡Todos somos Chávez!, puede traducirse we are the champions y una Laura rubia, aparece en Vtv, ¿cómo ve al país el 7 de diciembre?, escueto, Roy Chaderton respondió: Un país más maduro.

 


 

Recuadro



De nuevo, el 1x10 es la clave

 

En el aspecto mediático, Globovisión ya no difunde globoterror y el diario El Universal fundado en 1909, cambió de dueños y de tono opositor. En las elecciones anteriores, al comienzo de campaña, las encuestas daban ganador al Psuv. Por primera vez, le dan desventaja de 12 puntos. "No le paramos a encuestas" responden sus entrevistados. El 15 de septiembre, Oscar Schémel, goza del respeto de sectores preponderantes del Psuv dijo: "Hoy gana el descontento no la oposición". "Los descontentos van a votar, siempre votan más que los contentos, pero eso no convierte a la oposición en alternativa".

 

Con la inscripción de 887.278 jóvenes, en mesas de 14.515 centros electorales y su firma en 40.561 cuadernos de votación, podrán participar 19.496.365 votantes. La Ley de Procesos Electorales (Lopre) de "sistema mayoritario" desde 2009 no favorece minorías políticas. Limita la representación electoral sólo a los dos primeros competidores. Otorga mayoría holgada al ganador, sin considerar la diferencia con el segundo. Esta Ley derogó la proporcionalidad electoral establecida por la Constitución 1999. Por eso en 2010, con número menor de votantes, el PSUV obtuvo un número mayor de diputados. Es posible calcular, que un 38 por ciento del voto rural menor en habitantes, puede obtener la mayoría de diputados; frente a un 57 por ciento de voto urbano.

 

Publicado enEdición Nº219
Jueves, 26 Noviembre 2015 11:52

Entre el que sale y el que entra

Entre el que sale y el que entra

El 25 de octubre en horas de la noche, Enrique Peñalosa y sus asesores, radiaban de alegría. Igual semblante cubría el día 26 el rostro del vicepresidente Vargas Lleras, así como el de varios ministros del gobierno nacional. No era para menos: con el triunfo del candidato del cemento para la alcaldía de Bogotá, los negocios y las ganancias hacían cosquillas en los bolsillos y las chequeras de estos empresarios devenidos en políticos. Business, dicen quienes los formaron, así como muchos de los que están detrás o junto a ellos, sin duda, todos aquellos que integran ProBogotá, la fundación "sin ánimo de lucro" constituida un año atrás por grandes firmas nacionales e internacionales, para quienes era fundamental ganar –recuperar– las riendas directas del gobierno capitalino (ver desdeabajo edición No. 216. Business es lo que interesa, lo demás –el ambiente, la calidad de vida de los habitantes más populares de la urbe bogotana, la extensión sin límites del territorio capitalino–, que esperen.

 

Veinticuatro horas después, tras un día lleno de reuniones del recién elegido alcalde para el periodo 2016-2019 con funcionarios del gobierno nacional, entre ellos con los ministros de transporte y vivienda, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), y el vicepresidente (las que recuerdan una vez más que para poder hacer marchar un proyecto local de cambio –como pretendió Petro, o uno de continuidad como lo hará Peñalosa– debe contarse con el músculo nacional), reuniones extendidas a los empresarios de diferente matiz proponentes de Alianzas Público Privadas (App), en las cuales les debieron confirmar, sin duda alguna, que podrán contar con la alcaldía distrital para llevar a cabo la multiplicación de sus capitales. Peñalosa explicaba así las obras con las cuales él –y ellos– consideran que los habitantes de la capital del país ganarán en movilidad y calidad de vida:

 

(haremos las) "[...] autopistas para las entradas y salidas de Bogotá; la ampliación de la carrera 7 al norte; la ampliación de la autopista norte; la gran vía Cota, 170 y desde aquí hasta la carrera 7; autopista longitudinal de occidente (avenida Cundinamarca), que será la vía de mayor tráfico en Colombia en los próximos cien años, una vía tan ancha como la avenida El Dorado, que va desde la autopista norte, pasa por Suba, va a Engativá, Fontibón, Kenedy, Bosa, Mosquera, Soacha; ampliación de la calle 13 (entrada a Bogotá); prolongación de la avenida de las Américas al occidente y luego, no sólo llegará a la Alo sino que saldrá de Bogotá e irá hacia el occidente; autopista elevada que vaya desde Soacha hasta Bogotá; calle 63 –con la que sueño– una vía subterránea que va desde la Circunvalar, sale en la NQS, sale en la 68, sale en la Boyacá, sale en la Ciudad de Cali, sale en la Alo y sale de Bogotá por el costado norte del aeropuerto El Dorado [...].

 

Y ampliaba el ahora titulado por los creadores de opinión como "uno de los personajes que más conoce sobre ciudades en el mundo": "Estas son algunos de los proyectos que vamos a destrabar [...] para que mejore la movilidad en la ciudad de Bogotá" (Enrique Peñalosa entrevistado por Yamit Amat, 26 de octubre, 9 pm).

 

Cemento y más cemento, para continuar pavimentando uno de los territorios más bellos y fértiles con que cuenta el país, donde la mayoría de sus humedales ya fueron desecados, sus ríos entubados, y sus principales aguas llevadas hasta la muerte por falta de oxigeno y exceso de químicos y desechos de todo tipo, depositados sobre sus corrientes por una industria que no depara en las consecuencias de su falta de control a sus procedimientos, y una población que estima a la naturaleza como algo ajeno, externo a la misma, algo para "usar y tirar".

 

Proyectos para destrabar, según el recién elegido burgomaestre capitalino, es decir, para retomar la vía obstaculizada por la administración de la denominada "Bogotá humana", que pretendió todo lo contrario, es decir, impedir el crecimiento sin límite de la ciudad, no patrocinar ni estimular el poblamiento de la periferia de la urbe, conservando la misma como reserva ambiental, a la vez que evitando que los más pobres de sus pobladores lleguen a habitar terrenos que se inundan con facilidad; desestimular el uso del carro privado haciendo innecesario por ese conducto la construcción de nuevas vías; densificar el centro de la ciudad como espacio para que los sectores populares de esta ciudad accedan a mejores terrenos para vivir, etcétera.

 

Pero como "al que no quiere caldo le dan dos tasas", las obras serán muchas más, incluyendo entre ellas el metro, con un nuevo trazado –elevado– que dará al traste con más de miles de mil millones de pesos invertidos por la alcaldía de Gustavo Petro en estudios; al tiempo que la construcción del Centro Administrativo Nacional (Can), reubicando el mismo en el centro de la ciudad. Es decir, miles de metros cuadrados para el negocio.

 

¡Felicidad total! No es de extrañar que el mismo Presidente se apresurará a reafirmar que el nuevo alcalde cuenta con el apoyo suficiente para concretar el metro, y su segundo aborda le confirmara que cuenta con todos los recursos para ejecutar los planes ya descritos.

 

Disposición y amabilidad –total– oficial que desentona con el tratamiento dado a Gustavo Petro para quien, a pesar de los aciertos en muchos de sus proyectos, o la verificación empírica que la vía a seguir por el desarrollo es aquella que coloca en el centro al ser humano, de la mano de la naturaleza, no solo le sabotearon durante los años que estuvo al frente del Palacio Liévano su plan de gestión, sino que incluso hasta último momento maniobraron en su contra para que no quede su registro en la historia como el alcalde que logró darle inicio al metro que requiere esta urbe.

 

Una disputa de modelos de ciudad y de poderes. La puja se amplía a otros ámbitos, como quedó claro días después cuando Enrique Peñalosa confirmó –luego de reunirse con los mandos de la Policía– que con él todo el que infrinja las normas deberá ser encarcelado, tomando distancia del alcalde que termina funciones el 31 de diciembre de 2015, para quien el tema de los delitos menores debe ser tratado con prevención y tratamiento extramural. La lógica reclamada por Peñalosa, tras decenas de años de implementación, tanto en Colombia como en otros países, no deja duda sobre sus nefastas consecuencias y fracaso total.

 

Populismo punitivo, negocios a manos llenas, persistencia tras un modelo de ciudad fracasado –el impuesto por la Ford desde los años 20 del siglo XX– y llamado a ser superado en el menor tiempo posible aquí como en todo el mundo, cobertura total para el nuevo gobierno en ciernes y propaganda desbordada a su favor por cuenta de los grandes medios de comunicación y sus conductores –los llamados creadores de opinión–, son parte de los elementos que entran en el escenario nacional para favorecer, al mismo tiempo, la campaña electoral del 2018 que desde ya encabeza, con todos los recurso del Estado colocados a su favor, Germán Vargas Lleras, en la cual enfrentará, entre otros posibles contrincantes, a Gustavo Petro.

 

¿Servirá Bogotá para catapultar al delfín llerista hacia la Casa de Nariño? O, ¿una vez medida por la ciudadanía capitalina, y por extensión mediática, por el conjunto nacional, las bondades de muchas de las propuestas, ejecutadas o no, por la administración Petro, le darán su aval para que encabece un gobierno nacional? De ser así. ¿tendrá el exalcalde la capacidad autocrítica para superar los errores que impidieron que de su mano bastos sectores sociales de Bogotá se transformaran en pueblo movilizado, tomando en sus propias manos el destino de sus vidas?

Publicado enEdición Nº219