Jueves, 19 Noviembre 2015 06:33

Un plebiscito enmermelado

Un plebiscito enmermelado

Siguen las trampas santista contra la paz. Con actos unilaterales el Jefe de la Casa de Nariño y su rosca politiquera del poder legislativo nos quieren imponer un plebiscito enmermelado, cargado de clientelismo, corrupción y compra venta de votos y conciencia. Es la vieja democracia neoliberal disfrazada con demagogia y mentiras.

La verdadera alternativa para refrendar los acuerdos de paz es la Asamblea Constituyente popular y soberana.

La mermelada clientelar se la inventó el actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, una ficha goda del pastranismo caguanero, cuando era Ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Manuel Santos, a raíz del cambio en el régimen de regalías petroleras entregadas a las regiones y municipios (2010).

Lo que en apariencia era una idea aceptable, pues planteaba distribuir mejor las participaciones fiscales del Estado en la explotación y comercio de los hidrocarburos, conocidas como regalías petroleras, mutó hacia otro canal más de despojo del Estado por parte de la voraz y corrupta clase política santista.

Doy un ejemplo. Prácticamente todas las regalías petroleras que le han correspondido en estos años (2011-2015) al departamento del Cauca, uno de los más pobres del país, han parado en los bolsillos del actual presidente del Congreso, el senador liberal Luis Fernando Velasco, y los miembros de su rosca politiquera que saquea las arcas departamentales y municipales de dicha región. Temistocles Ortega, el actual gobernador, sale del cargo convertido en un oligarca multimillonario de nuevo cuño gracias al control de las regalías de los hidrocarburos. Lo veremos hasta de candidato presidencial en los meses siguientes, pues el negocio es redondo, aun si no se alcanza el cargo pretendido.

En los mismos términos procederá Velasco quien eligió como gobernador a uno de sus áulicos patojos.

La práctica de la mermelada, que ha probado ser una excelente ruta de encumbramiento social y económico de los grandes gamonales del régimen oligárquico, se ha colado en el proceso de paz por cuenta de los procedimientos unilaterales implementados recientemente por el Jefe de la
Casa de Nariño para sacar ventaja e imponer su paz neoliberal y pro imperialista en la Mesa de diálogos de La Habana.

Exultante, la clase politiquera del Congreso, echó mano de la ocasión brindada por el trámite de un Acto legislativo que captura para sus perversos fines el promisorio proceso de paz que se adelanta en La Habana entre las Farc y el Gobierno, el cual debe llevar a la construcción de una nueva institucionalidad mediante una Asamblea constituyente popular y soberana.

Con ese Acto legislativo en trámite para crear una Comisión legislativa especial y otorgar facultades al señor Santos, los grandes caciques del clientelismo meten baza para blindar sus poderes y patrimonios regionales y sectoriales ante los cambios estructurales que traerá la paz con justicia social.

Lo han hecho a través de la figura de un plebiscito tramposo y corrupto que será movido mediante el recurso de la mermelada presupuestal de las regalías y la contratación de las dobles calzadas, focalizadas en el apalancamiento, por lo demás, de la candidatura presidencial del ultraderechista vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, el más prominente enemigo agazapado de la paz en los actuales momentos.

El plebiscito orquestado por Santos y sus socios de la politiquería legislativa no es más que una versión degradada de los inocuos mecanismos de participación de la democracia neoliberal establecida en la Constitución de 1991.

El plebiscito santista de la paz neoliberal será otro vulgar festín de la compra venta de conciencias, de votos y de ciudadanos, que caracteriza el sistema electoral colombiano como se pudo observar en las pasadas elecciones locales del 25 de octubre.

Frente a semejante impudicia, brilla, nuevamente, la iniciativa de la delegación plenipotenciaria de la insurgencia revolucionaria de convocar una Asamblea Constituyente popular y soberana por la paz en la que estén representados los obreros, los maestros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los soldados, los intelectuales, los indígenas, los afros y los guerrilleros, comprometidos en la tarea de sentar unas bases sólidas de la nueva Colombia en paz.

El plebiscito enmermelado de Santos huele a clientelismo, a corruptela y a la democracia de los ricos y poderosos que pretenden impedir los cambios radicales que la nación demanda a gritos con la construcción de la paz.

Como dice Francisco Tolosa, nos vemos en la Constituyente.

Así será!!!

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Domingo, 08 Noviembre 2015 06:29

Democratizar la democracia

Democratizar la democracia

En el marco de la globalización económica, el sistema democrático se enfrenta a una paradoja: los ciudadanos se desinteresan de la política, como lo demuestra la subida de la abstención en muchas elecciones. Pero, por otra parte, esos mismos ciudadanos desean controlar mejor la acción pública y participar más en la elaboración de proyectos que les conciernen directamente. ¿Cómo conciliar estas dos tendencias?


Por primera vez hay en el planeta más sistemas democráticos y más alternancias democráticas de gobierno que nunca. Hace 40 años, cuando la transición en España, había apenas unas 30 democracias. Actualmente, el número de países democráticos –en distintas fases de consolidación– es superior, según la ONU, a 85. O sea que la democracia se ha convertido en el sistema de gobierno con mayor legitimidad en el mundo global. Sin embargo, nunca estuvimos tan descontentos con la democracia. Los síntomas de este malestar son cada día más visibles. El número de posibles electores que deciden no votar es cada vez mayor. En una encuesta realizada por Gallup Internacional en 60 países democráticos, sólo uno de cada 10 encuestados pensaba que el gobierno de su país obedecía la voluntad del pueblo.


En muchos Estados democráticos se observa también el (re)surgimiento de partidos de tradición antiparlamentaria, en su mayoría de derecha populista o de extrema derecha. Países de indiscutible tradición democrática –Suiza, Dinamarca, Finlandia– están hoy gobernados por (o gracias al apoyo de) partidos de extrema derecha, que cuestionan la legitimidad del funcionamiento democrático actual. Pero también muchos simples ciudadanos, brutalmente golpeados por la crisis (véase, en España, el movimiento 15-M), cuestionan la sumisión del sistema democrático a los nuevos megapoderes financieros y mediáticos. Existe, pues, un rechazo respecto del funcionamiento actual de la democracia. La confianza en los representantes políticos y en los partidos se está erosionando. El sistema representativo parece incapaz de dar respuesta a las nuevas exigencias políticas. Y un sector importante de la población ya no se contenta con la emisión de su voto cada tantos años, sino que quiere participación.


En esta situación resulta cada vez más difícil llevar a cabo reformas o tomar decisiones políticas de cierto alcance. Los intereses de poderosos lobbies o grupos de presión, las campañas mediáticas, pero también la defensa de legítimos derechos adquiridos por determinados grupos de ciudadanos, dificultan los cambios. La política ya no se atreve a tocar ciertos temas y, si lo hace, tiene a veces que enfrentar resistencias fuertes; en muchos casos debe dar marcha atrás.


La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que la democracia es la mejor fórmula de gobierno existente pero, por otro lado, en mayoría también, desconfían de sus representantes políticos y de los partidos. Recordemos lo que decía nuestro amigo José Saramago: Es verdad que podemos votar. Es verdad que podemos, por delegación de la partícula de soberanía que se nos reconoce como ciudadanos con voto y normalmente a través de un partido, escoger a nuestros representantes en el Parlamento. Es cierto, enfin, que de la relevancia numérica de tales representaciones y de las combinaciones políticas que la necesidad de una mayoría impone, siempre resultará un gobierno. Todo esto es cierto, pero es igualmente cierto que la posibilidad de acción democrática comienza y acaba ahí. El elector podrá quitar del poder a un gobierno que no le agrade y poner otro en su lugar, pero su voto no ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza real que gobierna el mundo, y por lo tanto su país y su persona: me refiero, obviamente, al poder económico, en particular a la parte del mismo, siempre en aumento, regida por las empresas multinacionales de acuerdo con estrategias de dominio que nada tienen que ver con aquel bien común al que, por definición, aspira la democracia.


O sea, estamos frente a una paradoja dramática: nunca tuvimos tanta democracia, pero tampoco nunca hubo tanta desafección y tanta desconfianza frente a la democracia representativa. Entre las causas de esa desafección podríamos citar las 10 siguientes : 1) Demasiadas desigualdades (ricos cada vez más ricos, pobres más pobres). 2) Crisis del Estado y de lo público, atacados por las teorías neoliberales adictas al Estado mínimo. 3) Carencia de una sólida cultura democrática. 4) Nefasto efecto de los casos de corrupción de políticos (tan frecuentes en España). 5) Dificultades en la relación entre los partidos y el resto de la sociedad civil. 6) Subordinación de la actividad política a los poderes fácticos (mediáticos, económicos, financieros). 7) Sumisión de los gobiernos a las decisiones de organizaciones supranacionales (y no democráticas) como el Banco Central Europeo, el G-20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, etcétera. 8) Incremento de los enfrentamientos entre la sociedad civil y los gobiernos. 9) Discriminaciones o exclusiones hacia categorías sociales o de género (migrantes, homosexuales, sin papeles, mujeres, gitanos, musulmanes, etcétera). 10) Dominación ideológica de grupos mediáticos que asumen el rol de oposición y defienden sus intereses y no los de los ciudadanos.


En muchos países, el crecimiento macroeconómico no se traduce en mejoras en el nivel de vida de la población humilde. Lo cual crea malestar microsocial. Existe un dato alarmante: una investigación realizada en América Latina por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que 45 por ciento de latinoamericanos decían preferir someterse a una dictadura que les garantizase empleo y salario suficiente, a vivir en una democracia que no los sacara de la miseria...
Lo cual significa que muchos de los desafíos para la democracia vienen de la pobreza y de la desigualdad. Tocamos ahí el núcleo fundacional del pensamiento democrático moderno. Jean Jacques Rousseau decía, en El Contrato Social, que el Estado social será ventajoso para los seres humanos sólo cuando todos posean algo, y ninguno tenga demasiado.


Por otra parte, en el marco de la globalización neoliberal, el Estado pierde capacidad reguladora sobre un mercado que, a su vez, deja de ser nacional. Las empresas trasnacionales y los mercados financieros dejan de necesitar al Estado como soporte. De esta manera, lo característico hoy es el debilitamiento de los Estados. La era de los Estados nacionales y, sobre todo, la era del Estado democrático culminó con la aparición de realidades políticas como los partidos de masas, la cultura de masas y el convencimiento colectivo de que los súbditos dejaban de ser súbditos (a los cuales se ordena) para convertirse en ciudadanos (a los cuales hay que convencer).


Hoy, el Estado nacional cede parte de sus poderes a instancias supranacionales (por ejemplo, la Unión Europea) y también a instancias subnacionales (en España, las autonomías) dado que globalización y descentralización se dan, universalmente, como dos procesos coetáneos. La globalización vuelve a la democracia menos relevante, pues cada día son menos las decisiones importantes que se toman dentro del ámbito de los Estados nacionales. La democracia realmente existente vive de ese modo un conjunto de transformaciones que la sitúan muy lejos de sus tres modelos matrices: la reforma parlamentaria británica de 1689, la revolución americana de 1776 y la revolución francesa de 1789. El elector deja de ser un ciudadano (que hay que convencer) para convertirse en un consumidor (al cual hay que seducir). En este panorama cultural, el ejercicio de la democracia representativa deja de ser una actividad llena de sentido para convertirse, a ojos de los ciudadanos, en un espectáculo interpretado por una casta ajena, en el que no participa realmente.


Tenemos así una doble transformación. Por un lado, la globalización ha disminuido el peso del Estado nacional y la relevancia de la vida política democrática. Y, por otro lado, la transformación cultural que lleva a la tele-video-política ha erosionado la relación entre los ciudadanos y la cosa pública.


Podemos decir que estamos, pues, en una situación en la que los instrumentos de la democracia forjados durante dos siglos dejan de ser eficaces. Y aunque parece que asistimos al triunfo generalizado de la democracia, más bien asistimos al ocaso de sus éxitos. Porque prevalece una marcada exclusión de la mayoría de la población respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. De manera que el consenso se reduce a minorías (la casta) no representativas de la pluralidad de intereses de una sociedad.


Así ha emergido la exigencia de una democracia directa y de la participación ciudadana en la gestión pública, que pueden verse como las dos caras de la democracia participativa. Después de América Latina, Europa vive hoy un debate entre democracia representativa y democracia participativa. La principal expresión de la democracia participativa es la participación ciudadana, un proceso mediante el cual el ciudadano se suma, en forma individual o colectiva, a la toma de decisiones, al control y la ejecución de las decisiones en los asuntos públicos.


La sociedad civil y algunos movimientos sociales estiman que los partidos son los causantes principales de la desafección ciudadana frente a la democracia. Es un debate, en nuestra opinión, estéril: no hay democracia sin partidos, y los males de los partidos son, en parte, los mismos que aquejan a otros sectores de la sociedad. Pero los partidos deben asumir que ellos solos ya no son suficientes para hacer democracia. Tienen que reconstruir su legitimidad con base en transparencia y democracia interna. Y admitir que a la gente ya no le basta con meter un voto en las urnas cada cuatro o cinco años... Los ciudadanos ya no aceptan ver su rol en el debate público limitado a eso.


Las constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), entre las más avanzadas del mundo en esta materia, hablan de democracia participativa y ya no de democracia representativa. Porque se proponen, en efecto, de democratizar la democracia. Aunque, en general, hay consenso en torno a la necesidad de conservar la democracia representativa, aparece ahora evidente la necesidad de fortalecer, dentro de ella, los mecanismos de participación, para tratar de superar el divorcio entre política y ciudadanía.


Recordemos que la introducción de mecanismos de democracia directa (la iniciativa legislativa popular y la consulta popular mediante plebiscito o referéndum) no debilita la democracia representativa. Lo demuestra el hecho de que esos mecanismos existen, por ejemplo, en Suiza, Italia, Estados Unidos y cada vez más en la Unión Europea. Existe también el mandato revocatorio que sólo se ha establecido, a escala nacional, en Venezuela (incluso para el Presidente de la República). Venezuela es el único país del mundo en el que se ha efectuado, en 2005, una consulta popular para revocar el mandato presidencial. Ganada, por cierto, por el presidente Hugo Chávez. Pero la revocatoria local sí existe para instancias subnacionales (regionales, municipales) en otros Estados latinoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera.


En fin, lo que debe quedar claro es que nuestras democracias necesitan nuevos pactos sociales y constitucionales (urgencia, en España, de una nueva Constitución federal) para construir democracias de ciudadanos –y no sólo democracias electorales– en la que no puede haber exclusiones. Además, el modelo representativo no ha dado respuestas satisfactorias a temas tan actuales como los problemas del medio ambiente, las amenazas contra la biodiversidad, el recalentamiento global, el desempleo, el envejecimiento demográfico de las sociedades europeas, la cibervigilancia masiva, las migraciones, la marginación y la pobreza del mundo.


Si la democracia sigue siendo el modelo que mejor promueve el debate y el diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos sociales, el sistema representativo impide una participación real y eficiente de la ciudadanía. Resulta evidente, por consiguiente, que la defensa del bien común a largo plazo sólo es posible con –y no contra– los movimientos sociales y los ciudadanos. De ahí la urgencia de democratizar la democracia.

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Lunes, 19 Octubre 2015 17:58

El "gran salto" de Clara

El "gran salto" de Clara

La poderosa oligarquía bogotana conformada alrededor de los negociosinmobiliarios facilitados por el primer Plan de Ordenamiento Territorial del alcalde Enrique Peñalosa en el 2001, al igual que las mafias de la contratación en la administración distrital, se trazaron hace algunos meses

el objetivo de sepultar a Clara López como candidata de una gran coalición de izquierda y progresista al primer cargo de la capital de la nación.

No han ahorrado artimaña, ni procedimiento torticero para socavar el prestigio social, el reconocimiento político y la prestancia intelectual de ella.

La etapa preliminar consistió en la más sucia campaña de difamación y señalamientos cargados de mentiras y afirmaciones absurdas para afectar su honra y su buen desempeño como alta funcionaria del Estado y el gobierno de la Capital.

Se pasaron por encima, no les importó, que bajo su gestión como alcaldesa encargada de la ciudad, sus habitantes le reconocieran un alto nivel de aceptación y confianza merced a las excelentes labores como gestora de los asuntos públicos de una urbe con más de 9 millones de habitantes, afectada por escándalos de corrupción en la construcción de una de las rutas de Transmilenio, en el que se encontraron involucrados prominentes figuras del establecimiento colombiano.

Para no ir muy lejos, la reciente captura por corrupción del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la muy segura privación de la libertad de su esposa, Zoraida Cruz, permanente Secretaria de Enrique Peñalosa, es una evidencia palpable del alto grado de involucramiento de reconocidos nombres de la dirigencia política en los desfalcos y atracos protagonizados por los integrantes del Clan Nule, traídos a Bogota por intermediarios cercanos a los partidos políticos mayoritarios como la U, el Centro Democrático, el Conservador, el liberal y Cambio Radical. Muchos de cuyos concejales purgan largas penas en centros penitenciarios.

El caballito de batalla de la propaganda negra ha sido su articulación al gobierno de Moreno Rojas, en el que brillo por su rectitud y seriedad. A ella se le exige con sevicia funciones de fiscalización que los verdaderos encargados de tal menester no realizaron, incluyendo los poderosos medios de comunicación, que hoy se rasgan las vestiduras, después de haber mantenido un silencio cómplice con las irregularidades detectadas, como resultado de las abundantes prebendas y prestaciones de que disfrutaban en el gobierno y presupuesto distrital.

Igual sucedió con otros altos funcionarios de la época, que encargados de administrar la hacienda pública y autorizar los desembolsos, jamás emitieron las alarmas que les correspondía y hoy falsamente quieren lavarse las manos, como Ortega, el ex secretario de Hacienda del momento.

Ya en plena campaña el recurso ha sido la más descarada manipulación de las encuestas. Conocidas consultaras de opinión, ligadas a obscuros intereses corporativos y transnacionales, saltándose las normas y regulaciones electorales, han desplegado una brutal y ventajista campaña
para afectar el prestigio de Clara López, mediante encuestas amañadas que han tenido como fin manipular el "voto útil" para inflar el candidato de las simpatías de la gran oligarquía, el señor Enrique Peñalosa, asociado
con diversas irregularidades en la ciudad cuando fue su Alcalde, como las detectadas en la línea de Transmilenio por la Avenida Caracas y la Autopista Norte, en las que se realizó un fraude con costos cercanos al billón de pesos; igualmente las relacionadas con la instalación de los bolardos, y los procesos de privatización neoliberal de las más importantes empresas públicas para favorecer el enriquecimiento de conocidas roscas del contratismo.

Conociendo el ascendiente de Clara entre amplios sectores de la sociedad bogotana, dichos estudios y encuestas han pretendido descalificar y minimizar, con argucias de diverso orden, el amplio peso de su liderazgo, construido con tesón y transparencia. Es que nada de lo que acompaña a la candidata ha sido fruto de los favoritismos conocidos y de las prácticas del clientelismo predominante en las relaciones políticas y partidistas.

Todo indica que el artífice de esta descomunal campaña contra Clara López es el mismísimo Vicepresidente de la Republica, Germán Vargas Lleras, socio de Peñalosa, quien dispone de los más abundantes recursos presupuestales para apalancar sus pretensiones políticas.

Pero fallaron en sus planes. La campaña de Clara, que reúne a todos los sectores democráticos y de la izquierda progresista, ganó espacio y audiencia como resultado de sus propuestas en favor de los sectores más afectados por la crisis, la pobreza y la exclusión.

Clara lanzó un compromiso con las conquistas sociales alcanzadas en los años recientes por los gobiernos progresistas.

Sus iniciativas más audaces plantean la organización de un sistema universitario nocturno gratuito utilizando la infraestructura de los megacolegios para establecer una facultad de ciencias de la salud y una amplia red de ingenierías y profesiones avanzadas, acordes con la revolución científica y tecnológica de nuestros días.

Proponen la generación inmediata de 380 mil empleos para los jóvenes bogotanos.

Incluyen el buen vivir, los derechos plenos de la mujer, una ciudad de oportunidades, un desarrollo consistente de la industria y la garantía de los derechos políticos democráticos.

Lo más importante. Clara como abanderada de la paz con justicia social ha planteado convertir a Bogotá en la capital de la convivencia y la reconciliación, para hacer realidad los acuerdos avanzados en la Mesa de conversaciones de La Habana.

Todo lo anterior, junto a un formidable trabajo de organización y movilización electoral en los meses recientes, ha derivado en un alto y creciente reconocimiento popular y ciudadano de su liderazgo.

Pese a las zancadillas y trampas, hoy Clara ha dado un "gran salto", convirtiéndose en la más segura alternativa para conducir los asuntos de Bogotá en el periodo 2016-2019, como la primera mujer alcaldesa de la capital de los colombianos.

Es el avance que se consolidara en las elecciones del próximo 25 de octubre.

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Sábado, 26 Septiembre 2015 12:59

El tinglado electoral

El tinglado electoral

Una nueva contienda electoral está en curso en todo el país. La campaña por controlar territorios y presupuestos se torna electrizante pues el sector financiero y otros grupos económicos están dispuestos a llegar –en el caso de la capital del país– hasta las últimas consecuencias para retomar su control. No es para menos: el gobierno de Bogotá dispone de un presupuesto anual de cerca de 20 billones de pesos, y una nómina de no menos de 50 mil empleados.

 

La historia se repite

 

El 30 de octubre del año 2011 ganó las elecciones de Bogotá Gustavo Petro Urrego. Tuve la oportunidad de conocer de primera mano el triunfo pues por azares del destino ese mismo día terminé fungiendo de testigo electoral en Corferias, bastante atento al conteo de votos en cada una de las mesas de votación. Desde que fueron abiertas las primeras urnas fue clara la tendencia: el candidato progresista llevaba entre diez y quince votos de ventaja en cada puesto de votación sobre Enrique Peñalosa y Gina Parody, sus directos competidores.

 

Aquella noche de finales de octubre fue bastante clara y fría en Bogotá; recuerdo a los activistas agitando banderas tricolores en la carrera séptima, eufóricos por el triunfo de su candidato, después embriagados, y horas más tarde durmiendo el arrullo etílico, sintiendo, con seguridad, que habían triunfado, que desde el día siguiente "sería todo diferente" pues habían contribuido al triunfo que iba a alterar definitivamente el futuro aciago de la ciudad. No eran más que un puñado de esperanzas vanas, cándidas, pueriles.

 

Han transcurrido cuatro años desde aquel momento y la situación llega casi al mismo punto de los días que antecedieron a la victoria de Petro: las campañas en plena ebullición, la agitación electoral, las fotos, los discursos, las encuestas bipolares y gran parte de los mismos problemas que enfrentan a diario millones de ciudadanos capitalinos aún sin resolver, fundamentando discusiones y propuestas, contribuyendo a trivializar debates electorales en los que la competencia por acumular votos ha embebido de demagogia y futilidad las mismas propuestas de gobierno.

 

Las encuestas

 

El trasfondo del escenario se encuentra matizado, al igual que en el 2011, por las encuestas de intención de voto, que siguen encargándose de vaticinar cuál será el resultado efectivo de las elecciones por la alcaldía más importante del país. Cuatro años atrás las mismas encuestas solo tuvieron capacidad de predecir el resultado hasta pocas semanas antes de las elecciones que ganó Petro con 721.308 votos (32.16%), 150.000 más que Peñalosa quien logró el 25.07 por ciento del total de la votación, ambos resultados porcentualmente pobres en términos de representación si se tiene en cuenta que para el periodo electoral del 2011 –de acuerdo a la Registraduria Nacional del Estado Civil– votaron 2.324.885 ciudadanos capitalinos, tan solo el 47.40 por ciento de las personas habilitadas para hacerlo en esta ciudad. Seis meses antes de estos comicios las encuestas catalogaban como virtual ganador a Peñalosa, con diferencias hasta de 15 puntos porcentuales frente a Gustavo Petro.

 

Dos meses antes de las elecciones del 2011 Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, escribía "Las encuestas también son semejantes a la mirada inocente del niño que en el cuento de Hans Christian Andersen se dio cuenta de que el rey no tenía vestido: muestran con inusitada frecuencia cómo importantes candidatos de importantes partidos en realidad no tienen votos". Pero no solo esto, también pueden mostrar ficticiamente que tienen más votos de los que en realidad poseen. En fin, toda una distorsión de la realidad para favorecer al candidato de su preferencia. Sobre este particular el sociólogo francés Pierre Bourdieau planteó: "Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los resultados". Por tanto, las encuestas de intención de voto no pueden entenderse por fuera de esta subordinación a intereses específicos y a las pretensiones de simplificación del campo sujeto a sus mediciones.

 

Una perla

 

El 14 de agosto del año en curso, el diario El Tiempo1 presentó los resultados de una encuesta desarrollada por Datexco Company, pagada por el diario junto a la W radio. La noticia titulaba "Encuesta de Datexco: Peñalosa (31.4%), Pardo (28%)". El titular no deja duda: allí reposa una de las estrategias mediáticas para manipular la información, pues la nota no explica muy bien que las cifras obtenidas a partir del estudio se consolidaron en el hipotético escenario de que la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Polo, Clara López Obregón, no concurriera a las urnas. Solo poco antes de terminar la noticia realizan una breve alusión en dos líneas al respecto de que en el escenario fáctico tendría lugar un empate entre los tres aspirantes a la alcaldía, hipótesis manejada en los más recientes sondeos.

 

Evitando discutir la fiabilidad de las encuestas, el análisis debería fijarse en este tipo de dispositivos ejecutados en los medios de comunicación para asociar palabras e imágenes de candidatos con números que expresan tendencias de votación poniendo y quitando favorabilidades, sobre el hecho mismo de las intenciones de los medios de incidir en la contienda electoral a través de la manipulación en la presentación de las cifras por las que pagan millonarias sumas. Las encuestas, los discursos basados en sus cifras, llevan consigo formas de exhibiciones y ocultamientos, estrategias de vaticinio que pueden modificar, al menos, la forma en que los electores se representan la contienda electoral. Nunca responden a los intereses puros por aproximarse probabilísticamente a la verdad.

 

Detrás de los bastidores del discurso

 

La forma como exponen sus propuestas los candidatos, nos permite presentar la hipótesis de que los electores carecen de los elementos suficientes para llevar a cabo –de forma idónea– la selección del/a candidato/a de sus preferencias. Esta hipótesis se soporta en la retórica ambigua y simplista de las propuestas en boga, con la cual ocultan los intereses particulares de los sectores del poder alineados sobre cada uno de los candidatos en disputa.
El primero de los elementos de análisis que debe ser destacado son los efectos producidos en los grupos hegemónicos por la sucesión de gobiernos de izquierda democrática durante doce años en Bogotá. Más de una década sin controlar su enorme presupuesto ha terminado por afectar su estructura de poder clientelar, golpeando sus intereses de acumulación y reproducción de capital a corto y mediano plazo.

 

Estos sectores han decido no quedarse con los brazos cruzados, invierten infinidad de recursos para lograr su propósito. De ello da cuenta la constitución de ProBogotá el primero de agosto de 2014, como lo develó este mismo periódico en su anterior edición (agosto 20–septiembre 20), donde se precisa: "[...] este tanque de pensamiento, conformado y financiado por las empresas y grupos empresariales de mayor músculo financiero, no solo locales, sino también extranjeros, se propuso como primer gran objetivo, retomar el poder capitalino para los intereses del gran empresariado. Se trata de un modelo de intervención para gestionar ciudades a partir de la injerencia de lo privado en lo público, dentro del espíritu más audaz y avasallador de la economía de mercados". ProBogotá apoya las candidaturas de tres aspirantes a la alcaldía de Bogotá: Enrique Peñalosa (Uribismo "Light"), Rafael Pardo (Corriente Santista) y Pacho Santos (Uribismo de línea dura). Tres candidatos que representan a grupos de poder específicos, con ambiciones particulares que sin embargo comparten el espectro ideológico neoliberal. Tres candidatos capaces de diversificar las apuestas del capital financiero por retomar el control de la alcaldía a partir del voto de los estratos medios capitalinos, candidatos que intentarán sobreponerse al voto social y de opinión que para ellos ya ha hecho suficientes estragos.

 

Su pretendido "rescate" de Bogotá está sustentado en discursos reactivos que sustentan entre dientes la continuidad de las políticas sociales consolidadas por los gobiernos de izquierda en la ciudad, al tiempo que descalifican las administraciones de los últimos doce años en aspectos como: administración, seguridad, movilidad, crecimiento de la ciudad, relaciones con las autoridades policiales, manejo de Transmilenio y SITP, inversiones del Distrito, entre otros aspectos cuya gestión no ha encuadrado dentro de su matriz de pensamiento político económico.

 

En perspectivas del 25 de octubre, no deben descartarse cualquier tipo de alianza entre estos tres candidatos de las elites, del capital financiero y de la ideología neoliberal. Sus propuestas y discursos, en varios aspectos enfatizan perfil social y popular, pero no es posible confiarse en ello, pues pretenden una ciudad "bien gerenciada" pero para el capital, como fue la constante durante todo el siglo XX, cuando controlaron en sus manos y bolsillos esta urbe, permitiendo su descomunal crecimiento, y un desorden que favorece los negocios que siempre pretenden, así como el control social, el miedo y la división social, junto al control policivo, que siempre necesitan.

 

Otra de las personas que aspira a regir el destino de Bogotá es la candidata del Polo Democrático Alternativo –PDA–, Clara López Obregón, quien ha manifestado encontrarse comprometida con la continuidad de las políticas sociales implementadas desde hace doce años en la capital. Su candidatura espera obtener nuevamente el voto de confianza de la ciudadanía; su confianza parte de su loable gestión cuando tuvo que afrontar la alcaldía de la ciudad luego del descomunal escándalo de corrupción originado por los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. Bogotá es pieza fundamental para el PDA, y debe ganarla pues con ello defiende su unidad, accediendo a niveles importantes de poder que le permitirían refrendar su propuesta política ante millones de personas.

 

Si el PDA gana las elecciones no tendrá una tarea fácil, pues nuevamente serán interpuestas toda serie de cortapisas al sostenimiento de las políticas de corte social, deberá encarar la heráldica labor de impulsar en el Concejo un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el desafío por constituir movimiento social por fuera de los ajetreos del balcón del Palacio del Liévano, tan necesario para robustecer el ejercicio de la gobernabilidad del Distrito de manera más seria y ética de lo que lo han podido conseguir el fútil embellecimiento de barrios populares, el pliegue del Distrito a la empleabilidad clientelar.

 

Clara López también deberá demostrar a sus electores que ahora realmente es más amarilla que roja, que las sospechas sobre su vocación real de gobierno infundadas en sus prolijas relaciones con el ala samperista del Partido Liberal, solo son producto de la paranoia sectarea de la izquierda y que las palabras del exministro liberal Alfonso López Caballero escritas en una carta enviada a Horacio Serpa: "Con Clara López tiene el Partido Liberal una carta ganadora [...] Con ella el Partido volverá a hacerse escuchar en Bogotá y a participar directamente en los destinos de la ciudad. Quienes abrigan alguna reticencia a votar por Clara porque no se sienten identificados con el Polo han de saber que muchas de las mejores mentes y de los más caracterizados dirigentes liberales la apoyan", corresponden a nobles intenciones democráticas, a la voluntad del Partido Liberal por gobernar, junto con el Polo, de manera pulcra una vez más a la capital del país.

 

Las opciones y los escenarios están ante quienes eligen. Frente a cualquiera de ellos es necesario reiterar los interrogantes planteados en el artículo "Doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá" publicado en la edición anterior de este mismo periódico: "¿Cómo actuar para que lo electoral no termine por subsumir el conjunto de las energías de los sectores alternativos? ¿Cómo actuar para no institucionalizar el conjunto de nuestras acciones y proyectos? ¿Cómo actuar para mantener viva la disposición de la lucha social directa? ¿Cómo construir una forma de gobernabilidad y de gestión pública propia de la izquierda? ¿Cómo forjar una forma de conducción de gobierno que controle los egos, personalismos y autoritarismos de los gobernantes?"

 

La ventana

 

El próximo 25 de octubre muchos más soñarán con el cambio mientras asisten a las urnas con ilusión de construir con votos un mejor mañana. Otorgarán a uno de los candidatos el poder para que los gobierne y esperarán de forma pasiva a ser gobernados de una manera justa, equitativa e incluyente, mientras la exigencia, el imperativo de toda ciudadanía en el país bien debería propugnar por el ejercicio de su propio gobierno y los mecanismos de control necesarios para que quienes incumplan la misión encomendada sean siempre recordados.

 

Otros quizás despertarán del embriague etílico de todas las borracheras de su vida, teniendo la plena conciencia de que avanzaron más rápidas las palabras que las acciones de quienes prometieron revolucionar la realidad a cambio de que les dieran la facultad de gobernarlos "representativamente". Hasta tanto, algunas de las claves de la superación del estado de cosas actuales permanecerán ocultas en las lenguas muertas del empoderamiento ciudadano, al que nadie quiere apostar.

 

 


 

1 http://www.eltiempo.com/bogota/encuesta-de-datexco-entre-penalosa-y-pardo/16233735.

 


 

Recuadros

 

¿Continuidad? ¿continuidad reformada?

 

Más allá de los trivializados discursos sobre la solución a problemáticas puntuales, en todas las apuestas de gobierno resalta la manifiesta imposibilidad de replantear estructuralmente la ciudad, de desarrollar rupturas respecto a la matriz hegemónica de gobierno, de ahí que se oscile entre una continuidad y una continuidad reformada, nada diferente ni originalmente revolucionario, ninguna alternativa capaz de transcender la somera manipulación de variables endógenas al sistema o subsistemas asociados. Se ha vuelto infecunda la imaginación política para enfrentar los problemas de la ciudad, al ser esterilizada por los límites que imponen al cambio las leyes, los códigos, las cortes y los organismos de control.

 


 

Recuadro 2

 

Movilidad

 

Rafael Pardo
1. Modalidad intermodal; 2. Mayor grado de sinergia entre peatones, bicicletas y transporte público; 3. Mejoramiento del servicio de Transmilenio (ampliación de estaciones, eficiencia operacional, mejoramiento de vías, señalización, información al usuario) y el SITP
Desarrollo de infraestructura para peatones y usuarios de bicicleta; 4. Desarrollo del metro, mejoramiento de la malla vial, construir nuevas carreteras (Avenida Longitudinal de Occidente - ALO). 5. La posibilidad de cobrar a los carros particulares por congestionar ciertas zonas de la ciudad.

 

Enrique Peñalosa
1. Disposición de una malla vial reparada; 2. Mejora en la gestión del tráfico y en la construcción de nuevas vías; 3. Rápida construcción del metro, con modificaciones a los diseños iniciales e incorporando tramos elevados; 4. La expansión de las troncales de Transmilenio; 5. Volver técnica y financieramente viable al SITP; 6. Incrementar el uso de la bicicleta del 6 al 15 por ciento y la infraestructura de ciclorutas; 7. Cultura ciudadana para mejorar el tráfico; 8. Construcción de la ALO; 9. Interconexión entre SITP y transporte intermunicipal.
"Proponemos generar desarrollo y calidad de vida para todos, con un sistema público de transporte masivo más rápido, cómodo y eficiente, que incluya la Primera Línea del Metro y que integre a todos los sectores de la ciudad".

 

Clara López Obregón
1. Robustecimiento del Sistema Integrado de Transporte a partir de la interconexión del existente con el metro; 2. Mejoramiento de la malla vial y modificar la construcción de la fase III de Transmilenio, conectando a Soacha con el norte de la ciudad a través de la Avenida 68; 3. Una de las preocupaciones inmediata está relacionada con el estado de las troncales de Transmilenio de la Caracas y Autopista Norte, sobre las que propone inversiones inmediatas para solucionar el problema de las vías.

 

Seguridad

 

Enrique Peñalosa
1. El alcalde de la ciudad debe liderar la Policía y exigir resultados. 2. Prevención del delito (atención a jóvenes vulnerables); 3. Mejoramiento de entornos que fomentan el crimen (espacios poco iluminados, con basuras, escombros y "graffities"); 4. Fortalecimiento de la Policía con mejores medios técnicos (cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y placas de vehículos); 5. Incremento del número de policías; 6. Renovación a la línea 123 y creación de un nuevo sistema de denuncias; 7. Cero tolerancia al atraco y acoso en Transmilenio; 8. Creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana; 9. Garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la Justicia, sancionar a sus agresores y castigar el maltrato intrafamiliar.
"Vamos a imponer el imperio de la Ley. Haremos cumplir las normas generando espacios urbanos limpios, seguros donde reine el orden y no el hampa. Vamos a garantizar el derecho sagrado a vivir sin miedo".

 

Clara López Obregón
1. Enfrentar la inseguridad en la ciudad a partir de la profundización de la inclusión social mediante la cultura democrática; 2. Ampliar la cobertura de la política pública hacia sectores vulnerables, mano dura con la delincuencia, pero que también mano tendida para sacarlos de las actividades delincuenciales; 3. Gestionar la seguridad a partir de criterios técnicos, de inclusión social y de eficiencia; 4. Atacar las bandas de microtráfico en las localidades y en los colegios, pero proporcionar oportunidades de trabajo y educación para evitar que los jóvenes emprendan o perduren en el camino del crimen. 5. Incrementarse el número de efectivos de policías a partir de los recursos humanos de la misma institución y no mediante la creación de grupos policivos paralelos. 4. Profundización de las políticas de inclusión social, como timonel de la política de seguridad del Distrito.

 

Rafael Pardo
1. Relaciones más armónicas entre la Policía y la administración distrital; 2. El fortalecimiento de los cuadrantes de Policía; 3. Implementación de un nuevo sistema de denuncia, "banco de datos de rostros" para lograr implementar la tecnología de reconocimiento facial, grupos elite infiltrados en el servicio público, son algunas propuestas puntuales para el aseguramiento de la seguridad en la ciudad; 4. Creación de una "Guardia urbana" de cinco mil hombres y mujeres que atenderán las contravenciones contempladas en el Código de Policía, garantizando que "quien incumpla una norma sea sancionado".

 

Modelo de ciudad

 

Clara López

1. "Toda la actividad administrativa, económica y social, así como las relaciones con la ciudadanía y el Concejo Capitalino estarán atravesadas por lo que ahora se conoce como el derecho a la ciudad que garantice a todos y todas el disfrute y aprovechamiento de la vida social en igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales sociales y colectivos". 2. El derecho a la ciudad comprende: el derecho al ambiente sano, el derecho a que los niños sean privilegiados, el derecho de las minorías étnicas, de la diversidad sexual, a una perspectiva de género, a la igualdad de oportunidades, el derecho a la salud pública, derecho a no ser desplazado de la ciudad por proyectos de renovación urbana, al acceso a toda la ciudad, entre otros.
"Es necesario continuar fortaleciendo el entorno favorable a la actividad privada mediante la construcción de la infraestructura que facilite toda clase de actividad productiva generadora de empleo y que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos como una manera concreta de ir cerrando la brecha entre las dos ciudades".

 

Rafael Pardo
1. Desarrollar una gestión urbana que localice y distribuya con equidad territorial las oportunidades de desarrollo y bienes colectivos como recreación, cultura, educación y salud. 2. Urbanismo de la demanda, atender las necesidades de las personas evitando que éstas tengan que desplazarse demasiado para poder satisfacerlas. 3. Ciudad como plataforma física de la competitividad y la innovación, capaz con su sistema urbano de generar confianza en los agentes económicos, atender las demandas de espacio público con calidad. 4. Ejecución de actividades urbanas integrales en subscentros de la ciudad, el replanteamiento de las normas de uso y aprovechamiento del suelo hacía el interés común.

Enrique Peñalosa
"Ajustaremos el Plan de Ordenamiento Territorial con una gran participación ciudadana y de los diversos sectores, para que sea una ciudad respetuosa de la dignidad humana, incluyente, eficiente, atractiva y competitiva que propicie el buen vivir de sus habitantes y el disfrute de sus visitantes".
1. Recuperar Metrovivienda como agencia encargada de ofrecer soluciones de vivienda a los sectores más populares.; 2. Construcción de vivienda popular incluye la recuperación de tierras de los urbanizadores ilegales, el acceso a los programas y convocatorias de vivienda hechas por el Gobierno Nacional; 3. La renovación urbana es una de las estrategias centrales para construir ciudad; la apuesta de Peñalosa incluye la construcción de parques, andenes, colegios y centros comunitarios. (recuadro, ¿Continuidad?)

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 12:47

¿Es democrática la escuela antioqueña?

¿Es democrática la escuela antioqueña?

"La democracia no es más

que una dictadura
elegida por el pueblo, no nos engañemos".
(Bob Marley, cantante jamaiquino)

 

La democracia es una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra democracia proviene del griego "demos", pueblo y "kratos", gobierno, es decir, el pueblo es el soberano. Para la escuela colombiana la democracia sólo se palpa en el mes de marzo de cada año, cuando se participa en las elecciones de personería y contraloría escolares; previamente los profesores del área de Ciencias Sociales trabajan el tema en todos los grados, desde preescolar hasta undécimo.

 

Según la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, el proceso de elección del Personero(a) y del Contralor(a) escolar debe garantizar el derecho al voto secreto y la organización de procedimientos electorales tales como instalación de mesas, constitución de jurados de votación, comité de veedores, votación y escrutinio; así, se supone, se generará conciencia de participación y responsabilidad en los participantes. Se presentan varios candidatos tanto a personería como a contraloría estudiantil, hacen campaña en todos los grados, prometen el cielo y la tierra, cual politiqueros de turno, plantean que ellos tienen la mejor Institución Educativa y sostienen que la van a mejorar.

 

Cuando llega el día soñado, la fiesta de la democracia, cada uno va votando con cara de felicidad y de compromiso con el cambio, sueñan con una Institución distinta. Pero, en realidad, todo sucede de otro modo: los de bachillerato plantean "voto por x porque es amiguito de mi primo, es muy bonito o bonita, vive cerca de mi casa, mi mamá es muy amiga de su mamá.... Con los de primaria poco es lo que cambia la situación, ellos votan porque el candidato ha ido a jugar con ellos, se ha vestido de payaso y eso les parece chévere.

Qué pasa después de las elecciones.

 

La Institución continúa igual, nada ha cambiado, tanto el Personero como el Contralor son citados por quien dirige la rectoría cuando los necesita; lo único que hacen es escuchar y votar a favor de las propuestas del(a) rector(a) como cabeza visible del establecimiento educativo, poco participan de las actividades escolares a pesar de que docentes y directivos tienen claridad acerca del tema, ya que con base en las orientaciones del Ministerio está claro que uno de los propósitos del sistema escolar es fortalecer la participación y la democracia en las escuelas. Se busca que las instituciones educativas le rindan cuentas a la comunidad para llegar a ser una sociedad más vigilante y participativa.

 

Todo intento de homogeneidad no es más que un intento de dominación.

 

En las escuelas, la democracia está muerta; se ejerce como algo que hay que cumplir con base en la ley 115 de 1994, los personeros no se comprometen con la defensa de los derechos y deberes de los estudiantes, no reciben quejas de sus pares, más bien tienen miedo a la autoridad que ejercen los directivos y docentes, el cargo se ha convertido en una representación más que obedece a todas las directrices institucionales. Poco se escucha a los estudiantes, el maestro entra a la institución, orienta la clase y nada más. Todos los estudiantes se miden con el mismo rasero, al parecer todos son iguales. La socialización y la autonomía deben ser pilares importantes de la educación democrática pero nunca se le pregunta al estudiante qué quiere, simplemente todo se basa en la obediencia. Algunos colegiales plantean a sus compañeros como discurso corriente "limítese a obedecer y así usted aprueba las diferentes áreas".

 

Currículo y democracia

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es una apuesta interdisciplinar en la que convergen las distintas dimensiones del ser humano, cognoscitiva, artística, psicomotriz, actitudinal, ética, entre otras. En la práctica, la escuela en Antioquia trabaja a partir de un currículo que desarrolla un pensamiento conservador, cerrado, egocéntrico, sin tener en cuenta el contexto social, político, económico y cultural, y menos en aquellos sitios donde viven estudiantes en condiciones económicas desfavorables. Es una escuela excluyente, con rectores, maestros y coordinadores cuya única función es perseguir estudiantes, es la escuela del "no puedes": no llevar aretes, piercings, tatuajes, maquillaje; tampoco zapatos tenis, camisetas, sudaderas distintas a lo establecido en el famoso manual de Convivencia y sus uniformes; el manual mismo se centra mucho en las restricciones y poco o nada en fundamentar la mejora de la coexistencia individual y colectiva; sirve, eso sí, para atacar, estigmatizar y perseguir a quienes quieren ser distintos, con pensamiento crítico, flexible y abierto.

 

Una escuela encerrada en sí misma

 

La escuela antioqueña es una escuela enclaustrada, anestesiada cuya la palabra mágica es la restricción: para poder ser candidato a la personería y a la contraloría, el estudiante tiene que llenar un sinnúmero de requisitos académicos y disciplinarios, no debió tener en el año inmediatamente anterior ninguna dificultad, tiene que ser casi perfecto; se les niega ese derecho a aquellos estudiantes que se equivocan, ni siquiera se les da la posibilidad de reivindicarse con la Institución Educativa, la escuela simplemente condena a quien no cumple con determinados requisitos que se inventan y que ni siquiera son de ley. En la escuela antioqueña encontramos estudiantes tristes, depresivos, drogadictos, con ideaciones y/o prácticas suicidas porque en sus ambientes escolares abundan las exigencias académicas desmedidas, el desplazamiento, el matoneo, el desinterés por su dura vida; en todo esto se destaca la ausencia de compromiso pedagógico, humano, social y político de las y los docentes.

 

Este es un proceso y una dinámica diaria que también tiene raíces extraterritoriales. Por la globalización del mercado neoliberal la escuela y la educación han devenido en un bien de consumo, un objeto de venta y una extensión más del mercado. Según esa reconceptualización de la escuela desde las perspectivas e intereses del mercado, las escuelas se meten en costosos, demandantes e inútiles sistemas de certificación o acreditación con modelos y sistemas de gestión reconocidos y las familias se convierten en clientes. Según el Ministerio de Educación y Edúcame –secretaría de educación de Antioquia–, la organización de los establecimientos es excelente a pesar de que la pedagogía y la calidad educativa estén en quiebra. Urgen en Antioquia los currículos diferenciados que integren las diversas identidades, las diversas búsquedas y necesidades, las diversas procedencias socio-culturales y que se orienten con definición e inteligencia política hacia la construcción de una nueva y auténtica democracia

 

Si la escuela en Antioquia fuera democrática

 

La escuela con vocación de democracia deberá generar debates, acuerdos y desacuerdos, respeto por el otro y la otra, igualdad de derechos y oportunidades, climas escolares sin violencia, plural y tolerante, normas consensuadas, pensamiento reflexivo y crítico, vivencia de la realidad a través del compromiso, la investigación y la adquisición de aprendizajes significativos, articulación de escuela y comunidad ya que son parte de un mismo entramado de relaciones, construcción colectiva el conocimiento, socialización e interiorización de normas consensuadas, favorecimiento de las autonomías, producción colectiva cooperativa del conocimiento. Esa escuela democrática deberá enseñar a niñas, niños y adolescentes la tarea política de luchar por una vida digna, equitativa y justa y de participar en la construcción de otro mundo posible, que hace parte constitutiva de otra democracia, que sí es posible.

Publicado enEdición Nº 217
"Si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo..."

César Jerez, un dirigente joven, urbano, pero ligado al campo colombiano, sugiere en esta entrevista algunos puntos de discusión alrededor de la perspectivas abierta para los movimientos sociales a partir del Paro Nacional Agrario de 2013, el de 2014 y el surgimiento de la Cumbre Agraria como plataforma de unidad campesina, étnica y popular; nos brinda, además, su opinión sobre la articulación de los sectores urbanos más allá de la mera solidaridad con el campo, de la tensión entre las elecciones y la protesta social, evalúa los alcances de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y aporta su mirada sobre el proceso de paz.

 

Conversamos con Jerez días antes de las jornadas de indignación llevadas a cabo en todo el país entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dentro de las cuales el suceso de mayor relevancia estuvo centrado en la toma simultánea a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Aquí su palabra.

 

dese abajo –da–. ¿Cómo se encuentran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria?
César Jerez –CJ–.El Gobierno prosigue con los incumplimientos. Esa ha sido la actuación oficial: dilatar e incumplir los compromisos y acuerdos firmados como condición para levantar el Paro Agrario del año 2014. La negociación de los 8 puntos sustanciales** ha sido lenta; por eso está en preparación un reclamo al Gobierno a través de una movilización prevista para la primera semana de septiembre. (ver artículo: De la indignación al paro... p. 16).

 

da. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y cuáles son los alcances esperados?
CJ. Está claro que si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo. Dentro de estas jornadas es de vital importancia que las regiones se movilicen y que la protesta logre tener un impacto claro y contundente sobre el Gobierno Nacional. Vamos a participar en todas las expresiones que se están coordinando, pero consideramos fundamental la acción de hecho como el mecanismo más efectivo para que el Gobierno reflexione y avance en el cumplimiento de los acuerdos.

 

da. Dentro de la Cumbre Agraria convergen distintos sectores sociales y políticos, fundamentalmente agrarios, ¿cómo elevar la plataforma que es la Cumbre de cara a abanderar líneas de acción y articulación social que trasciendan la perspectiva estrictamente agraria?
CJ. Siempre hemos dicho que la Cumbre Agraria, como referente más importante de movilización social en el país, es toda una oportunidad para aglutinar, para convocar a otros sectores sobre todo del mundo urbano, en el cual hay mucha más dispersión que en el mundo rural, y en el cual sus organizaciones sociales atraviesan una crisis. No es posible desconocer la crisis del sector sindical, que se ha alejado un poco de la agenda política de los movimientos sociales, debiendo izar una agenda mucho más abierta, de cara al país, que sirva de base de lucha por las transformaciones económicas, políticas y sociales que el país requiere. En ese sentido, en esa articulación de lo urbano y lo rural hay mucho por hacer todavía.

 

da. Un punto significativo del Paro Agrario de 2013 fue la resonancia alcanzada en las ciudades. En ese sentido ¿cómo evalúa o comprende la situación política de los sectores cívico-populares, en cuanto a la movilización en las ciudades?
CJ. En el 2013, después del paro agrario del Catatumbo y del Paro Nacional Agrario, faltó enganchar esas expresiones de solidaridad con lo concreto de nuestras luchas. Esas expresiones de solidaridad debieron tener unos escenarios concretos de confluencia en los barrios, en colectivos, en las organizaciones sociales. El reto es identificar cómo la solidaridad suscitada se materializa en una agenda que se consolide en un accionar político. Nosotros pensamos que ese reto es mucho más grande para las organizaciones urbanas; hay que salir de la crisis de la marginalidad, de la dispersión, hay que construir plataformas conjuntas, y pensamos que la Cumbre Agraria todavía puede ser un referente importante, por ejemplo, en el Frente Amplio por la Paz (Fap). Este podría ser un escenario, un punto de llegada para mucha más gente, pero debemos ser amplios, dejar los sectarismos, dejar los intereses individuales.

 

da. Adentrandonos en la actual coyuntura política nacional, en las elecciones por realizarse en octubre, ¿qué piensa de ellas? ¿le parece que el momento político generará desconexiones entre organizaciones y eso repercutirá en el eco que genere la movilización?
CJ. No consideraría que deba ser un problema. Por el contrario, y pongo el ejemplo de las Zonas de Reserva Campesina: en Anzorc hemos decidido participar en las elecciones locales y regionales, y lo vemos como una forma de garantizar escenarios propicios para el cumplimiento de los acuerdos y para darle un sostén político a los procesos de paz. El reto por resolver es lograr que esos mecanismos de participación política directa los convertimos en mecanismos de participación electoral formal, y es ahí donde surgen distintas contradicciones, porque la política electoral está viciada. La izquierda electoral urbana es decadente en muchos aspectos y esa manera de hacer política convencional, cargada de vicios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas con sectores que no son éticos ni transparentes, nos hace daño. Pero eso no significa que no se deba participar en elecciones enel actual momento; creo que las elecciones pasadas lo demostraron cuando organizaciones sociales se proyectaron en el escenario electoral y ganaron espacios. El tema de las alcaldías y las gobernaciones es mucho más sensible. Nosotros, como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), vamos a ganar varias alcaldías y eso será importante en el plan y acumulado de luchas que venimos gestando desde el campo colombiano.

 

da. Girando la mirada hacia la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué piensa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno Nacional para este mandato?¿Qué opinión le merece la política de desarrollo rural en particular?
CJ. Pues es una postura totalmente paradójica la del Gobierno, incluso irresponsable. Todo lo hecho en materia del Plan de Desarrollo y de paquetes legislativos va en contravía del espíritu de los acuerdos de La Habana. El Gobierno actúa como si no hubiera proceso de paz; como si el proceso no implicase reformas en lo económico, lo político y lo social. Promueve, en cuanto al sector agrario, una ley que tiene como fin apoderarse de los baldíos de la nación, que por Ley 160 deben ser para los campesinos sin tierra. El PND fortalece el modelo económico extractivo, la locomotora minera; deja sin espacio la posibilidad de implementar los acuerdos parciales de La Habana. Así que esta es una actitud oficial totalmente contradictoria que nos alarma y nos alerta. Es impensable que si se firma un acuerdo final del proceso de paz, ese acuerdo se configure como un "gran conejo", no solamente para la guerrilla sino para el país. El Gobierno también debe cumplir los compromisos con las organizaciones campesinas, indígenas y afro, y si esto no ocurre, pues se está lanzando un mensaje bastante ambiguo al país de que aquellos acuerdos por firmarse no se cumplirán.

 

da. Usted, en uno de sus más recientes artículos ("El falso positivo agrario del gobierno Santos") plantea varios puntos críticos en la política agraria. Uno de ellos es sobre la Reforma Rural Integral, que aparece a la vista de los colombianos como una democratización del campo, pero que en el fondo existe la iniciativa de crear las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico –Zidres–, que pareciera ser una legalización del despojo a campesinos. ¿Le parece que esto va en una vía de tensionar los alcances que puedan tener las ZRC e incluso un punto crítico con respecto a las movilizaciones venideras?
CJ. Fíjese que uno de los acuerdos parciales en La Habana es la creación de un fondo de tierras para solucionar los problemas de acceso, microfundio o minifundio; y la ley que se está planteando actualmente es el sexto intento del gobierno de Santos por apropiarse de los baldíos y legalizar lo que fue ilegalmente adjudicado a grandes familias, a grandes terratenientes del país, lo que deja sin piso el acuerdo parcial. Es decir, lo que estamos viendo es una esquizofrenia donde el gobierno firma un acuerdo parcial y reconoce que hay un problema estructural de acceso a la tierra, pero por otro lado implementa acciones e iniciativas en el PND y en este proyecto de ley de Zidres que deja sin piso la posibilidad de tener un fondo nacional de tierras. Esto es muy grave, es un mal mensaje. El Gobierno ha planteado la recuperación de unas tierras supuestamente de las Farc en el Caquetá y en el Meta, en los llanos del Yarí, lo que representa un falso positivo jurídico, todo un contrasentido. En aquellos territorios lo que hay es un proceso de construcción de ZRC, fincas campesinas; y lo que busca este falso positivo es dar la sensación que se le está ganando a las Farc en cuanto a las tierras. Pero esas tierras son de campesinos y con esa iniciativa oficial lo que se configura es una nueva modalidad represiva, puesto que los que están viviendo en esas fincas, sus poseedores, van a ser catalogados como testaferros de las Farc, lo cual es muy grave.

 

da. ¿Qué balance tiene de las ZRC en cuanto a sus objetivos de ordenamiento y desarrollo territorial?
CJ. Tenemos 6 ZRC constituidas legalmente y otras 7 que ya surtieron todo el proceso y trámite administrativo de constitución pero que tienen un veto impuesto por el Ministerio de Defensa que impide su constitución en el Consejo Directivo del Incoder, y además tenemos otros procesos hasta sumar 70 en diferente grado de formación y constitución en todo el país. Nosotros decimos que con ZRC, con el cabal cumplimiento de la Ley 160, como un inicio hacia la reforma agraria, con resguardos indígenas con derechos territoriales ampliados, con territorios colectivos de comunidades negras y con áreas protegidas, estaríamos constituyendo un ordenamiento territorial incluyente, popular, desde abajo, que defienda el territorio, que defienda la tierra. Esto no excluye otras modalidades del ejercicio de la territorialidad. Nosotros, en la Cumbre Agraria, hemos dicho que caben todas las propuestas de territorialidad campesina y que debemos ser concretos y acertados en la forma en que esas nuevas propuestas van a ser incluidas en las negociaciones con el gobierno. Pero la actual correlación de fuerzas nos dice que va a ser difícil imponer una ley que garantice esos territorios, por lo tanto, es mucho más viable pensar en sofisticar la actual reglamentación de la Ley 160 para que esos derechos territoriales campesinos sean reconocidos. También le hemos propuesto al Gobierno la creación de un sistema nacional de ZRC que esté dentro del PND, lo cual en esta oportunidad no se logró, pero la disputa sigue y esa es nuestra meta en el futuro inmediato.

 

da. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de paz en La Habana, teniendo en cuenta los últimos meses en que tanto el Gobierno Nacional como las Farc tensionaron tanto sus posiciones políticas y militares, hasta colocar en riesgo la permanencia de la Mesa?
CJ. Después de 30 años de intentos por llegar a un acuerdo de carácter político con las Farc, en esta oportunidad hay un avance sustancial, así los acuerdos sean parciales. Ahora, en la negociación el Gobierno ha tenido errores que han minado su capital político frente a la sociedad y el proceso: el secretismo, el aislamiento, el hecho de ventilar propuestas en medios de comunicación sin que hayan sido abordadas en La Habana. Pero hay un error que es mucho más estructural: el enfoque mismo del proceso que tiene un carácter doctrinario-militar. Las Farc sí quieren firmar un acuerdo; personalmente estuve reunido todo un día en La Habana abordando el tema de las ZRC y ellos me manifestaron directamente esa voluntad. Ahora, las Farc quieren firmar un acuerdo final a cambio de transformaciones mínimas en lo económico, lo político y lo social.

 

da. ¿Cómo juega ahí el tema del cese bilateral de fuegos?
CJ. Ya lo han dicho ellos, si no hay un cese bilateral al fuego va a ser muy difícil que haya un ambiente favorable a la firma de los acuerdos, a la retoma de los asuntos pendientes en lo que va negociado. El Gobierno se metió un harakiri de tiempo, un cronometro de 4 meses. Pero nosotros, en Anzorc, estamos optimistas en que esas trabas pueden superarse; el camino es retomar los asuntos pendientes, llegar a una medida concreta y definitiva sobre el desescalamiento, que es el cese al fuego. Además, lograr que el tema de justicia no se pierda, ya que hay toda una propuesta sobre justicia restaurativa que está sobre el tapete y, finalmente la refrendación, que es vital para los acuerdos con las Farc, pero también lo será para los acuerdos con el Eln, y también para los acuerdos del Gobierno Nacional con el movimiento campesino, indígena y afro. Nosotros necesitamos un escenario en el horizonte, donde los acuerdos con los movimientos sociales y las guerrillas sean incluidos y tengan un marco normativo y constitucional, y en ese sentido solamente hay una posibilidad y es la Asamblea Nacional Constituyente.

 

da. ¿Qué opinión le merece la manera en que se ha dado esta primera fase de acercamiento entre el Gobierno y el Eln?
CJ. Bueno, pienso que la fase de acercamientos, la fase no pública, debe ya culminarse, debe iniciarse la negociación entre el Eln y el Gobierno. Nosotros como Anzorc, de manera pública hemos manifestado que las partes deben ceder para lograr una agenda marco inicial, en tanto no se puede dejar pasar el tiempo. A este Gobierno le quedan 3 años que en términos de negociación es un tiempo escaso. Pareciera que el Gobierno tiene una posición doctrinal militar con el Eln, considerando que si las Farc no están van a poder aniquilar al Eln en poco tiempo, lo cual, ya lo sabemos por historia, es una postura totalmente irracional. Lo que queda aquí, son las soluciones políticas y por eso nosotros estamos reclamando a las partes el inicio del proceso. Como Anzorc, cuando se dé el inicio del proceso vamos a ser los primeros en reclamar la participación en el mismo, llevando allí nuestras propuestas y diagnósticos y sirviendo de enlace a las formulas que solucionen el conflicto en el campo colombiano.

 

da. ¿De qué manera los movimietos y organizaciones sociales, así como las políticas pueden arrebatarle la noción de paz al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, que pareciera ser una paz excluyente que no plantea grandes reformas para resolver los problemas estructurales del país y del campo?
CJ. Pienso que la paz estructural, la paz con justicia social, es la que está trazada aquí en la Cumbre Agraria. Si se revisan estos 8 puntos de la agenda de negociación con el Gobierno, son puntos de carácter estructural que implican política pública transformadora, no sólo para el campo sino para todo el país. La Cumbre Agraria tiene el potencial para contar ya con una agenda conjunta, de aglutinar sectores campesinos, indígenas y afros, pero le queda el reto de coordinar la movilización. Sólo la acción de la movilización va a lograr que alcancemos una paz con justicia social, incluyente y que tenga en cuenta la agenda que se está proponiendo desde la Cumbre Agraria.

 


 

* Coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a nivel nacional; integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

** Los puntos que trata la agenda son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.

 

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 12:09

Inclusión y rentas urbanas

Inclusión y rentas urbanas

Las rentas urbanas

 

Las ciudades, sobre todo las grandes, tienen un doble reto: mejorar la inclusión y aumentar las rentas urbanas. Los dos propósitos están íntimamente relacionados. En el espacio urbano la falta de inclusión se expresa como segregación. Puesto que la raíz de la segregación es la mala distribución del ingreso, si las rentas urbanas se distribuyen de manera equitativa, la desigualdad disminuye, la exclusión se reduce, y la segregación se mitiga.

 

Por las razones anteriores, la gestión de las rentas urbanas se convierte en un elemento central de la política pública de los gobiernos locales. Los candidatos a las alcaldías y a los concejos han dejado de lado el debate sobre la gestión de las rentas urbanas, como si el tema no fuera relevante.

 

Estas rentas son los excedentes que se crean como resultado de la gestión del suelo y del ordenamiento del espacio de la ciudad. Las dinámicas urbanas generan excedentes de manera permanente. Estos recursos no se deberían quedar en manos de los privados, sino que tendrían que distribuirse de manera equitativa.

 

Las secretarías de hacienda de las ciudades grandes e intermedias del país no han aprovechado las potencialidades financieras de las rentas urbanas. Esta falta de iniciativa se explica por dos razones. Primero, porque las secretarías de hacienda no han entendido la relevancia del suelo y del urbanismo. Actúan con la misma lógica del Ministerio de Hacienda, ignorando las dimensiones espaciales. Y, segundo, porque no han diseñado proyectos de inversión conjuntamente con los privados. Las rentas que allí se generan se deben distribuir por partes iguales entre la administración y el sector privado. Se trataría de consolidar alianzas público/privadas con participación de 50/50. La ciudad tiene que obligar a los privados a que compartan las rentas que se derivan de la dinámica urbana. Por tanto, el gobierno local no puede permitir que el sector privado sea el único beneficiario de los excedentes que genera la ciudad. Puesto que la aglomeración urbana es una fuente permanente de rentas, las posibilidades de mejorar los recursos son numerosas.

 

Las secretarías de hacienda y su relación con el suelo y el urbanismo

 

Las secretarías de hacienda de las ciudades cumplen una función muy distinta al Ministerio de Hacienda. El papel específico de las finanzas locales no se ha entendido, y al diseñar las fuentes de recursos no se le ha dado importancia a la gestión del suelo y del urbanismo. Fuera del impuesto predial, que está relacionado directamente con el valor del suelo y de los inmuebles, las secretarías del ramo no le prestan atención a otras fuentes de recursos. Mencionamos algunas: participaciones en plusvalías, cargas, derechos de edificabilidad, valorizaciones, cobros por congestión. Algunas de estas modalidades de financiación no son nuevas, y aunque ya se están implementando, no reciben la atención e importancia que merecen.

 

Las participaciones en plusvalía han ido perdiendo relevancia, y el recaudo es muy bajo. Los cobros por valorización han sido más dinámicos, pero hace falta que sean más progresivos, de tal manera que se le cobre más a quienes tienen mayor capacidad de pago. La distribución de cargas y beneficios que se lleva a cabo en los proyectos urbanísticos, es un mecanismo adecuado para reducir los gastos de la administración en infraestructura (redes, vías), pero su monto en el conjunto de las finanzas distritales es relativamente pequeño.

 

En las ciudades de Colombia no se han implementado los derechos de edificabilidad, ni los cobros por congestión. Estas dos fuentes de recursos pueden ser muy dinámicas, como sucede en otros países. El gobierno local le vende a los constructores el derecho a mayor altura. En São Paulo los títulos de edificabilidad se llaman Cepacs. Las últimas emisiones han sido exitosas, y la ciudad ha obtenido recursos considerables. Más de US1.000 millones de dólares en la última emisión. Los cobros por congestión ya empiezan a ser discutidos en las ciudades del país, pero todavía no se cobran en ninguna. Aunque su implementación es compleja desde el punto de vista tecnológico, tiene dos virtudes. En primer lugar, es una fuente de recursos muy importante. Y, segundo, favorece la movilidad, porque desincentiva el uso del automóvil.

 

Las secretarías de hacienda deberían estar analizando las características de cada una de estas fuentes de recursos, pero estas preocupaciones no hacen parte de las agendas de los candidatos a dirigir cada una de nuestras grandes urbes.

 

Las rentas urbanas y las alianzas público/privadas

 

Las secretarías de hacienda y de desarrollo económico tendrían que actuar como diseñadores iniciales de proyectos de inversión en la ciudad. Deben analizar las posibilidades de negocio y discutirlas con los privados. Una vez se hace el pre-diseño se llama a la banca de inversión especializada. Las rentas que generan estas inversiones se distribuyen entre la ciudad y los privados. El punto de partida puede ser 50/50.

 

La administración local olvida en la actualidad que la ciudad es una fuente permanente de recursos, y que las oportunidades de negocios abundan. Al minimizar la relevancia de estas fuentes, las secretarías de hacienda no han tomado medidas para pensar la ciudad como generadora de rentas.

 

Las rentas urbanas son indispensables

 

Estas rentas son indispensables porque las finanzas locales únicamente serán viables si la administración participa en las rentas que genera. Estos excedentes pertenecen a todos los habitantes de la ciudad, y no solamente a un reducido número de inversionistas privados.

 

Si la participación público/privada es 50/50, las ciudad puede contar con recursos que le permitan favorecer las políticas de inclusión. En estas reflexiones, se debe tener presente que con los montos actuales no es posible llevar a cabo los grandes proyectos que están en curso en una ciudad como Bogotá: jornada educativa completa, metro, cables, descontaminación del río Bogotá, mejoramiento de vías, cobertura y calidad en salud, mejoramiento de vivienda, recuperación de las cuencas del Fucha, Tunjuelo, entre algunas de las grandes iniciativas que están en curso y que los pobladores de la urbe requieren tengan resolución efectiva.

Publicado enEdición Nº 217
El parón económico reaviva la desafección política en Latinoamérica

Los motores de las economías latinoamericanas están perdiendo fuerza. El maná de las materias primas a precios altos se ha esfumado y el tirón de la locomotora china, el primer importador de commodities del mundo, es cada vez más débil, atenazado por la crisis interna del gigante asiático. El crecimiento económico en la región ha entrado en una fase de hibernación –los pronósticos de los organismos internacionales ronda el 1% para el medio plazo– tras más de un lustro de vigorosos avances. Y con el enfriamiento de la economía, llegan también los vientos de preocupación política. Sólo 37% de la población latinoamericana se muestra satisfecha con la calidad democrática de sus respectivos países, según un amplio estudio de la consultora chilena Latinobarómetro basado en encuestas realizadas en 17 Estados.


Las relaciones entre el estado de salud de la economía y el grado de aprobación de las instituciones políticas son dibujadas como dos líneas paralelas en el informe, que lleva realizándose desde hace dos décadas. De la mano de la caída del PIB en la región, este 2015 se ha registrado el grado de afección política más bajo de los últimos 10 años. Confirmando la misma lógica, el desaliento político tocó suelo en 2001, coincidiendo con la última gran crisis económica para Latinoamérica.
"El crecimiento, las reformas, la expansión de derechos y la expansión de acceso a servicios han llegado sin duda a un segmento de la población que nunca antes había podido disponer de ellos. Es la nueva clase media. América Latina nunca antes había vivido un período sostenido de tanta prosperidad, pudiendo sacar de la pobreza cerca de 100 millones de habitantes", constata el informe.


La conclusión destilada por Latinobarómetro tras estas dos décadas pulsando el estado de ánimo político de la región es que el vaso está medio lleno. "Pero ese vaso mitad lleno trae consigo la impaciencia, la incertidumbre y la angustia de no retroceder, cuando viene una pausa en el ciclo de prosperidad, tal como la desaceleración actual, produciendo la protesta ante las inminentes amenazas que se ciernen sobre lo logrado", añade.


Ante la incertidumbre económica el dedo apunta a la clase política. El nivel de aprobación de los gobiernos ha caída hasta el 47% este año desde el 60% en 2009, cuando la maquinaria económica de la región avanzaba a todo gas. Únicamente cuatro países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia: Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana, que coinciden con los Estados una brecha social más baja. En el otro lado de la balanza si sitúan México (21%), que sigue sufriendo el lastre de la inseguridad y la violencia, y Brasil (19%), inmerso en una recesión económica y salpicado por el grave escándalo de corrupción en Petrobras, su petrolera estatal.


"La desigualdad es los que marca a la región", subraya el estudio. Más de 100 millones de trabajadores –casi la mitad fuerza laboral de la región–están en la sombra de la informalidad y en la gran mayoría tiene unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ecuador, Bolivia y Nicaragua son los tres países donde hay más ciudadanos que creen que la distribución de la riqueza es justa. En Chile, por el contrario, sólo un 5% dice que la distribución de la riqueza es justa. La sensación de justica social en Venezuela está por encima de la media, pero se ha recortado a la mitad en los últimos dos años.


Sólo un 31% del total encuestado se siente representado por su gobierno y un 70% se muestra desafecto con el congreso de su país. Otra de las fotografías del estudio es una electorado casa vez más polarizado ideológicamente. La proporción de encuestados que se hacen llamar de centro en lugar de izquierda o de derecha se ha reducido del 42% en 2008, al 33 % en este año.


El desempleo es percibido como el principal problema en Colombia, Costa Rica y Nicaragua. "La ciudadanía tiene suficiente información y sobre todo experiencia para saber qué ha sucedido con las promesas de los gobiernos pasados: la distribución del ingreso y la riqueza, la protección social, las garantías sociales, las oportunidades, la igualdad ante la ley, la justicia y la seguridad ciudadana", expone el informe. La desconfianza hacia las estructuras económicas y políticas queda plasmada en el ranking de las instituciones sociales mejor valoradas por los latinoamericanos: la Iglesia, la familia, y la vecindad.


La corrupción es el primer problema para los brasileños


Brasil es el único país en el que la corrupción es percibida como el mayor de los problemas. El escándalo por la red de negocios fraudulentos destapado en Petrobras, el gigante petrolero estatal, ha desatado fuertes protestas en el país y ha colocado contra las cuerdas a la presidenta Dilma Rousseff. Si en 2010, aún con Lula Dos Santos como presidente, tan solo el 3% de los brasileños apuntaban a la corrupción como el reto de más gravedad para el país, el porcentaje este año ha subido al 22%, por encima incluso del nivel registrado en 2005 durante el escándalo por la compra de votos en la campaña electoral.


La sensación de los encuestados brasileños sobre el grado de penetración de la corrupción en la sociedad también lidera la tabla. El 70% de la población dice estar al tanto de al menos un acto de corrupción. Este porcentaje es el doble que el segundo de la lista, Paraguay, con un 37%. Brasil, Argentina y México son los países donde una menor cantidad de personas cree que se ha progresado en la lucha contra la corrupción.

 

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El referendo para la reelección de Evo Morales será en febrero de 2016

Una comisión de senadores y diputados ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional para autorizar al presidente boliviano, Evo Morales, a postularse una vez más a la presidencia en 2019. La ley debe ser ratificada en el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus votos. La comisión decidió que el referendo popular que debe validar o rechazar la reforma se realice el 21 de febrero del próximo año.

La noticia se conoce poco después de que el oficialismo sufriera un revés electoral en los referendos sobre estatutos autonómicos que se realizaron el pasado domingo. La oposición atribuye la postergación (en un mes) de la fecha que inicialmente se había previsto para el referendo, a la necesidad del MAS de rearmar a sus filas para enfrentar con mayor fortaleza el desafío electoral en el que Morales se jugará su continuidad. La explicación oficial de dicha dilación descansa en la necesidad de dar tiempo suficiente a las instituciones que organizarán del referendo.


Evo Morales se encuentra en su tercera gestión, aunque la Constitución que el país aprobó en 2009 -principalmente por iniciativa del MAS- establece el límite de una sola reelección continua del presidente del país. Morales obtuvo la autorización para postular en las elecciones de 2014 del Tribunal Constitucional, el que arguyó que las gestiones presidenciales debían contarse a partir de la aprobación de la Constitución. La reforma actual pretende permitir ya no una, sino dos reelecciones continuas, lo que, puesto que hay que contar desde 2009, habilitaría a Morales a aspirar a un nuevo mandato de 2020 a 2025. El MAS ha descartado la figura de la "reelección indefinida", que ya rige en otros países sudamericanos, presumiblemente por el rechazo que la misma despierta en la población, según detectaron las encuestas que se realizaron en este tiempo. La oposición está protestando contra lo que considera "una adaptación de la ley a las necesidades de una persona", y describe el esfuerzo oficialista como una carrera contra el cambio del ambiente político que puede causar la crisis económica latinoamericana. Esta todavía no ha golpeado a Bolivia, pero, según los grupos disidentes, ya está tocando a sus puertas. El Gobierno insiste en que la economía se halla preparada para resistir un largo tiempo de precios bajos de las materias primas que el país exporta.


En abono a su teoría, los líderes antagónicos a Morales opinan que la victoria del "no" en los referendos que se acaban de realizar en cinco regiones -incluida la más importante del país, La Paz- para compulsar su adhesión o rechazo a los estatutos autonómicos preparados en su mayor parte por el MAS, indica que la población comienza a cansarse del gobierno de este partido, que se extiende por nueve años, el plazo más prolongado alcanzado democráticamente por un solo presidente en la historia nacional. El MAS, en cambio, considera que el resultado de las consultas regionales no constituye una derrota política suya y mucho menos de Morales, que "no hizo campaña". El MAS atribuye el resultado adverso al desconocimiento de la población sobre el contenido de los estatutos. No existen encuestas públicas que permitan verificar estas hipótesis contradictorias.


Hasta ahora, el oficialismo ha preferido que la reforma constitucional que se decidirá el 26 de febrero incluya solamente la cuestión de la reelección, y ha descartado la posibilidad, de la que habló al principio, de mezclar este asunto con otros menos controversiales, de modo que la pregunta del referendo resulte más difícil de responder con un "no". Esta estrategia fue considerada por la oposición como "una triquiñuela", pero al parecer la misma finalmente no se intentará.

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Orquestando una paz justa para los de abajo

Si se resume, la dirección de orquesta cumpliría la función de coordinar un grupo heterogéneo, polifónico, múltiple y dificultado en sí mismo para guiarse y unificarse musicalmente. Podría decirse, concisamente, que la interpretación múltiple de voces e instrumentos requiere de alguien que marque el carácter del tiempo, el compás, el pulso, el ritmo y el bajo continuo en la interpretación orquestada de una obra; su ritmo adecuado y acople requiere, pues, de quién guie las polifonías hacia líneas melódicas que puedan ser armónicas en su conjunto.

 

¿La figura indicada para ello? El director de orquesta. Al menos ese parece ser el método hasta ahora utilizado. De la figura del director de orquesta puede reconstruirse su formación en el siglo 19, su consolidación en el 20 y antecedentes en el instante mismo en que se dio la primera interpretación musical múltiple, momento en el que alguien debió marcar el inicio.

 

Pero, ¿qué modo tomaría esta dirección si los músicos a orquestar son los mismos autores de la partitura? Tamaño conflicto. No sirve el canón, no abrevia mucho el director ¿Y cuando la música a orquestar es una democracia popular y una paz con vocación de poder, cuya composición no está terminada?

 

¡Alto! volvamos a empezar... Tenemos a tres concertinos en esta orquestación de una paz social justa para los de abajo: a Clamor Social, que marca un línea melódica entre organizaciones civiles por la paz, con carácter social más que político; al frente de partidos y profesionales políticos Frente Amplio por la paz, la Democracia y la Justicia Social y, por último, a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, plataforma de organizaciones agrarias, campesinas, afros e indígenas que agrupa a sectores de los sujetos más subalternos del campo.

 

El pasado 10 de julio nos adentramos en un primer ensayo convocado para la interpretación de esta obra; la cita tomó escenario en la ciudad de Bogotá "el seminario-taller por la unidad y la paz", con el objetivo de "avanzar en la articulación y confluencia de iniciativas, plataformas y procesos ciudadanos, sociales y populares de cara al fortalecimiento del movimiento social y político por la paz [...]".

 

Con discusiones en torno al carácter y alcances del movimiento, a las formas y mecanismos de participación y acción, a sus estrategias, instrumentos, espacios de coordinación, así como sobre los escenarios de acción política y social, los referentes programáticos y la agenda electoral para 2015, concluyó la discusión con un avance mínimo en acuerdos frente a la unidad política, sin articulación de agendas ni apuestas profundas de unidad en la acción para el corto plazo. La discusión merece tiempo y los ritmos de la articulación están aún marcados por una ambigua unidad de principios y horizontes comunes, bien que necesaria, no suficiente aún para orquestar una paz social de múltiples sujetos con vocación de poder y autogobierno.

 

Hacia una paz con múltiples llaves y de concierto popular

 

Es que no hay paz sin cambio, sin poder para los de abajo. Así es, sí, uno de los puntos comunes en las tres plataformas para la composición de esta paz social, disonante con la paz de una sola llave, agenda y marco jurídico del gobierno nacional. Los acuerdos del seminario-taller sobre el carácter de esta música para rebeldes y revolucionarios, demócratas y luchadoras por la paz social, buscan, por ahora, acompasar las múltiples voces de dignidad, soberanía, justicia social y democracia, de quienes han sido negados como sujetos políticos. Por ello la ruta inmediata para los tres concertinos se encaminó hacia la formulación de un ideario de unidad –sin mención alguna sobre algún accionario de unidad–.

 

Para las tres plataformas, la paz es un referente en disputa, un significante a ser llenado con la iniciativa popular, ¿cómo promover, movilizar, construir o reconstruir aquel sujeto? ¿Cómo converger en una música que sea síntesis de los cantos particulares? Esta parece ser la pregunta clave de la obra en ciernes, pero la interpretación hecha por los concertinos, en su presente inmediato, no logra armonía hacia una paz con vocación de poder desde abajo: en espiral o caracol.

 

La partitura está por componerse. La orquestación requiere dirección táctica oportuna, intrépida, colectiva y creativa, la que no cabe en las manos de uno solo de los intérpretes y tampoco en el grito sin compás de sus secciones instrumentales. Falta dirección, pero su carácter no ha de ser ni única ni exclusiva ni individual o particular.

 

Una democracia de base, con fondo económico y societal, no surgirá de un buen director ni de una partitura barroca, clásica o romántica, por heróica o quijotesca que la misma sea. Esta música está siendo interpretada desde todos los rincones del país y entona cantos de paz justa para los de abajo; la partitura que congrega está por hacerse y no solo falta el grito más vivaz o la mayor virtuosidad, sino, además, la multiplicidad asamblearia de campos y ciudades que destemple la tonalidad militar del Estado empresarial y autoritario.

 

Como ha ocurrido en otras coyunturas, durante el ensayo ya sostenido muchas discusiones no se dieron en clave de articulación y, en algún sentido las intervenciones de los distintos procesos no pasaron de la promoción de agendas particulares.

 

Aplazar discusiones con la razón de la diferencia y de la necesaria unidad de comunes, si bien mantiene la articulación política en un tono medio –acorde sonoro característico de la tensión de fuerzas desfavorable al campo popular–, también manifiesta que la música para una paz social, democrática, de vida digna y soberanía popular, se halla atemperada por la situación defensiva en la iniciativa anticapitalista.

 

Hacia un vivace para
los movimientos sociales

 

"No se puede agrupar al movimiento
político y social por la paz, en el accionar
de una sola de las plataformas".

 

Con este canto de reconocimiento a la multiplicidad de la orquesta, la obra se abre a la posibilidad de aguzar ritmos para disputar la hegemonía y acrecentar los tiempos de las prácticas anticapitalistas como utopías de presente. Posibilidad, también, para interpretar esas múltiples voces e instrumentos, con cadencia hacia utopías de poder alternativo, estatal, contra-estatal, popular o democrático; o bien, para seguir en el mismo fraseo marcado por las inercias del medio político moderno que a veces jugamos a reproducir las orquestas de izquierda: sea ello electorerismo, demagogia, clientelismo, corrupción o instrumentalización y suplantación de los sujetos.

 

Según las discusiones y contrapunteos de este ensayo, se requiere, en principio, la reconstrucción de ese sujeto de cambio a través de un método democrático que se ubique sobre coordenadas locales hacia otras nacionales e internacionales; requiere tanto así de principios democráticos, pedagógicos y comunicativos para la política, como también de la articulación de los mandatos y propuestas que desde las regiones y los distintos sectores se han construido o reconstruido; significa, además, distinguir la paz más allá del final de la guerra contrainsurgente pero más acá de la mesa en Cuba.

 

Esta orquesta busca prioritariamente una dirección común en la forma de un referente nacional legítimo, como interlocutor para disputar la coyuntura de cambio y sentar las bases de una sociedad, régimen político y modo de vida democrático, digno, popular y soberano- ¿Cómo empoderar aquel sujeto?, ¿qué programa de país lo moviliza?, ¿cómo representarlo?, ¿qué modo de vida se está disputando ahora y cuáles son sus reivindicaciones básicas necesarias? Preguntas urgentes para futuros ensayos ya que en el ahora inmediato es preciso mapear la situación de los movimientos que están en negociación de pliegos, y promover su convergencia y canto.

 

Otros de los comunes en el horizonte mediato son el fortalecimiento de la movilización social, la insistencia en los ceses bilaterales y multilaterales, en el diálogo con las otras insurgencias y en el desescalamiento del conflicto; asimismo, la ubicación de la centralidad de las víctimas en la paz, la visibilización de la agenda social y el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.

 

En el ensayo concertado, la participación electoral en octubre próximo fue uno de los puntos atónicos en la discusión. Si se pretende una articulación política en ese terreno, la cuestión resultó bastante escueta. Por ello la conclusión es programar la discusión de nuevo y, por ahora, actuar en el modo de cada plataforma, proceso, colectivo u organización; eso sí, sobre criterios comunes en torno a la paz, la vida digna, la justicia social, la democracia y la soberanía popular.

 

Queda entonces en la agenda: i) la realización de un encuentro nacional para discutir sobre fortalezas y debilidades de cada plataforma y movimiento; ii) formular una agenda de acción y movilización común; iii) realizar un encuentro de comunicación alternativa para definir criterios de unidad en torno a la acción política comunicativa; iv) construir un ideario de unidad como proyecto alternativo de vida digna, justicia social, soberanía popular y democracia y, v) fortalecer el bloque internacional de apoyo al proceso de paz.

 

Se está orquestando, así, una paz con vocación de cambio en medio de disonantes inercias. Para hacer la paz se necesita, claro, del poder común, pero ¿es momento para prescindir de lo que nos separa?, ¿no nos priva ello de una socialización profunda de las experiencias y apuestas de cada compositor, aún a riesgo de la autodestrucción política creativa?

Publicado enEdición Nº 216