Viernes, 24 Julio 2015 06:40

La nueva gran transformación

La nueva gran transformación

Una de las pocas ventajas de las grandes crisis es que nos ayudan a descorrer el velo con el cual el sistema encubre y disimula sus modos de oprimir. En este sentido la crisis que vive Grecia puede ser fuente de aprendizajes. Para ello propongo dejarnos inspirar en el largo camino recorrido por Karl Polanyi al escribir La gran transformación. Para comprender el ascenso del nazismo y del fascismo se remontó a los orígenes del liberalismo económico, situados en la Inglaterra de David Ricardo.
El capitalismo de libre mercado, los mercados no regulados, desarticuló las relaciones sociales y destruyó comunidades sometiendo a los individuos, desgajados de sus pueblos, al hambre y la humillación. El cercamiento de los campos –inicio de este proceso– fue una revolución de los ricos contra los pobres, dice Polanyi. Luego de la Paz de Cien Años se produjo la desintegración de la economía mundial y el Estado liberal se vio remplazado en numerosos países por dictaduras totalitarias (La Piqueta, 1997, p. 62).


La transformación que estamos viviendo en las últimas décadas ha sido analizada como la hegemonía de la acumulación por desposesión (o despojo), como señala David Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004). Las raíces de este proceso, siguiendo los pasos de Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, hay que buscarlas en las luchas obreras de la década de 1960 (y de 1970 en América Latina), que desarticularon la disciplina fabril neutralizando el fordismo-taylorismo, una de las bases de los estados de bienestar. La clase dominante decidió pasar de la hegemonía de la acumulación por reproducción ampliada a la dominación mediante acumulación por saqueo.


Sin embargo, el concepto de acumulación por desposesión no se detiene en el tipo de Estado adecuado para esta etapa. El régimen político para imponer el robo/despojo no puede ser el mismo que en el periodo en el que se apostó a la integración de los trabajadores como ciudadanos. Este es, a mi modo ver, el núcleo de las enseñanzas de las crisis griega (y de las crisis en varios procesos latinoamericanos).


Estamos ante el fin de un periodo. Una nueva gran transformación sistémica, que incluye por lo menos tres cambios trascendentes, que deberían tener su correlato en el ajuste de las tácticas y estrategias de los movimientos antisistémicos.
El primero ya fue mencionado: el fin del estado de bienestar. Incluso en América Latina en la segunda posguerra asistimos a un relativo desarrollo industrial, la adjudicación de derechos a las clases trabajadoras y a su progresiva e incompleta inserción como ciudadanos. La desindustrialización y la financiarización de las economías, a caballo del Consenso de Washington, enterraron aquel desarrollismo.


La segunda transformación es el fin de la soberanía nacional. Las decisiones importantes, tanto las económicas como las políticas, pasaron a tomarse en ámbitos fuera del control de los estados nacionales. La reciente negociación entre el gobierno griego y el eurogrupo muestra claramente el fin de la soberanía. Es cierto que muchos gobernantes, de derecha e izquierda, naufragan entre la falta de escrúpulos y la falta de proyecto. Pero no es menos cierto que el margen de acción del Estado-nación es mínimo, si es que existe.


El tercero es el fin de las democracias, estrechamente ligado al fin de la soberanía nacional. De esto no se quiere hablar. Quizá porque son muchos los que viven de las migajas de los cargos públicos. Pero es uno de los núcleos de nuestros problemas. Cuando el uno por ciento tiene secuestrada la voluntad popular y el 62 por ciento es sometido al 1 por ciento; cuando esto sucede una y otra vez en uno y otro país, es porque algo no funciona. Y eso que no funciona se llama democracia.


Creer en la democracia, que no es sinónimo de ir a las elecciones, es un grave error estratégico. Porque creer en la democracia es desarmar nuestros poderes de clase (léase de trabajadores, mujeres pobres, indios, negros y mestizos, sectores populares y campesinos sin tierra, pobladores de periferias, en fin, todos los abajos). Porque sin esos poderes, los llamados derechos democráticos son papel mojado.


La democracia funciona desarmando nuestros poderes. Y aquí es necesario introducir varias consideraciones.


Una. Democracia no es lo opuesto a dictadura. Vivimos la dictadura del capital financiero, de pequeños grupos que nadie eligió (como la troika) e imponen políticas económicas contra las mayorías, entre otras cosas porque los que llegan al gobierno son comprados o amenazados de muerte, como bien nos recuerda Paul Craig Roberts: Es muy posible que los griegos sepan que no pueden declarar suspensión de pagos e irse, pues si lo hacen serán asesinados. Seguramente se los han dejado muy claro (http://goo.gl/rAoXbG). Sabe lo que dice, porque viene de allá arriba.


Dos. Desde que la burguesía aprendió a manejar el deseo y la voluntad de la población por medio del marketing, imponiendo el consumo de mercancías absurdas e innecesarias, la democracia está sometida a las técnicas de mercadeo. La voluntad popular nunca alcanza a expresarse en las instituciones estatales, en los términos y códigos que las clases populares emplean en sus espacios-tiempos, sino mediada y tamizada hasta ser neutralizada.


Tres. Los poderes de clase han sido codificados en derechos. No es lo mismo reunirse, publicar folletos o crear mutuales con base en las propias fuerzas y sorteando la represión, que dejar que los estados regulen y disciplinen esos modos de hacer por medio de subsidios. La represión es a menudo el primer paso para conseguir la legalización.


Ahora el problema es nuestro. Podemos seguir, como hasta ahora, poniendo todo en las elecciones, en las marchas y los actos, en las huelgas reguladas, y así. Nada de lo anterior es descartable por alguna razón de principios. El problema está en construir una estrategia centrada en esas herramientas, reguladas por los de arriba. Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, escribió la feminista negra Audre Lorde.

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Viernes, 24 Julio 2015 06:16

Por una educación política

Por una educación política

Uno de los grandes desa¬fíos de los gobiernos de izquierda, progresistas, con vocación transformadora, es que llegan a ser gobierno por la vía de las elecciones. Canalizan la insatisfacción, el deseo de cambio o la protesta de muchos sectores ideológicamente heterogéneos que al votar componen circunstancialmente una nueva mayoría que se constituye como gobierno. Pero estos gobiernos no se amparan en una contrahegemonía que sostenga una nueva perspectiva política, económica y social.


Estas victorias, que no representan por sí mismas cambios revolucionarios en la sociedad, implican que el gobernar sea un ejercicio a rea¬lizar en el marco de una hegemonía conservadora. Hegemonía que está presente en la organización y funcionamiento del Estado y en los modos y costumbres del hacer político y del actuar gubernamental. Hegemonía en la que están contenidos conceptos y procedimientos que se naturalizaran como contenido y forma de ejercer el poder.


Es en la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad civil donde se determina y se reproduce esta hegemonía conservadora, pues es esta correlación la que permite legitimar esa hegemonía en la sociedad política y el Estado. Por tanto, el proceso de reificación de la realidad en sus contradicciones y de legitimación del dominio conservador se de¬sarrolla sustantivamente en la sociedad civil y en las formas con las que ahí se moldea la reproducción de valores conservadores. Valores que dividen y fracturan la sociedad mediante el ejercicio continuado de un sentido común que despolitiza y desideologiza acciones y conflictos sirempre enmarcados en lo político-ideológico, pero que son pre-sentados disfra¬zados de 'verda¬des' construidas.
Los gobiernos con intención trans¬formadora necesitan por lo tanto afrontar el desafío de disputar el dominio hegemónico con la clara y decidida intención de construir una contrahegemonía desde la ventaja de ser gobierno. Y de establecer espacios y procesos de conflicto desde el ejercicio del mismo gobierno. Sería una vía para salirnos del totalitarismo que nos ha sido impuesto desde el pensamiento único del neoliberalismo. Un pensamiento que elimina los espacios públicos mediante una ideología que reduce el progreso social a una carrera individual e individualista desenfrenada.


Por eliminación del espacio público entendemos el vaciamiento del sentido del debate político sustantivo, la despolitización de los debates o su anulación como valor político. Una de las expresiones de la deconstrucción del espacio público es la eliminación de los debates estratégicos en la dinámica de gobierno, con la entronización de un discurso tecnocrático reproducido por los técnicos de la Administración pública dominada por los conceptos neoliberales de gestión eficiente y desde los principios de una macroeconomía que se impone a los mismos intereses sociales.


En consecuencia se pierde el entendimiento de que las razones de las poblaciones han de ser escu¬cha¬das en sus necesidades/di¬mensiones fundamentales derivadas de los derechos humanos y sociales. Es decir, se pierde fácilmente la comprensión de la necesidad del go-bierno de abrirse al debate público, sobre todo en los temas estratégicos, lo que implica impulsar un debate constante con la sociedad restaurando un espacio público de verdad. Se recuperarían así los espacios públicos esenciales para una democracia capaz de promover justicia social y para la constitución de un gobierno con aspiraciones de transformación social.


Son estos espacios públicos, concebidos como espacios esenciales de educación política, los que van a permitir que estos gobiernos afronten la hegemonía dominante en el espacio mismo de su reproducción político-ideológica: en el cotidiano de la vida social –en todos los espacios de reproducción y de producción social y económica–.
Red de animadores


Los gobiernos aspirantes a transformar la sociedad deben impulsar una vasta red de animadores políticos que, en alianza con fuerzas sociales presentes en comunidades territoriales, escuelas, universidades, sindicatos, centros de cultura, en los espacios de circulación, en los mismos espacios de gobierno..., sean capaces de animar espacios públicos que permitan rescatar la historicidad de los problemas, desafíos y soluciones necesarias en una perspectiva contrahegemónica.


Y sacarlos de los límites impuestos por el dominio conservador. Evidenciar los intereses en juego en cada disputa en las sociedades civil y política y en los espacios del Estado permitirá construir una percepción ciudadana sobre dónde están sus aliados y sus enemigos. Una percepción desde la comprensión de dónde están las posibilidades de un futuro deseable y justo, y dónde está la mera reproducción de los intereses dominantes.


La memoria histórica política, el entendimiento de la dinámica política, económica, social y cultural de la vida en lo local, lo nacional y lo internacional pasa a ser sustrato para poder construir, desde la perspectiva de cada sujeto y de sus colectividades, la incidencia y la acción política que dan sentido a una educación política orientada al protagonismo ciudadano.


Amparados en las ideas de Antonio Gramsci y Paulo Freire podemos construir ejercicios de educación popular y política que permitan entender y hacer políticamente significativas las propuestas, los conflictos y los potenciales/límites que pueden tener los Gobiernos con ambición transformadora.


Se evita así que el debate se limite a la 'eficiencia' de éstos para desplazarlo a su capacidad para responder a las aspiraciones universalistas e igualitarias de la tradición libertaria y emancipadora que puedan enmarcar las ambiciones de las poblaciones. Se constituye entonces un imaginario social de futuro que mueva la participación consciente de los sujetos individuales y colectivos.


Ampliar los medios de comunicación fuera del dominio conservador y realizar acciones productoras de educación y conciencia políticas son formas de educación política masivas. Pero el principal medio de educación política pasa a ser la forma de actuar del gobierno, constituyendo una narrativa política capaz de agregar significado a sus acciones y movilizar a la sociedad para su transformación.


Sin este esfuerzo esencial de educación política, las acciones del go¬bierno serán siempre entendidas y evaluadas esencialmente desde el prisma del beneficiario individual. Y sus logros serán medidos por su efecto visible e inmediato sin dialogar con la perspectiva histórica de sus acciones ni con la disputa a futuro que le da trascendencia y perennidad, haciendo más fácil deslegitimar y restar valor a lo hecho y sobredimensionar lo que no se logra hacer.


Gobernar, para aquellos que aspiran a transformaciones sociales, es un momento privilegiado para elaborar imágenes políticas que permitan avanzar en la difícil tarea de construir la contrahegemonía. Para ello disputar la conciencia de las poblaciones pasa a ser esencial. La educación política es el medio fundamental para responder a este desafío.

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Jueves, 23 Julio 2015 06:10

El pájaro del dulce encanto

El pájaro del dulce encanto

Este nuevo aniversario de la revolución que triunfó en Nicaragua en 1979 me sorprende lejos, en el espacio y en el tiempo. Parece que fue ayer, tiende uno a decir cuando los acontecimientos que evoca son de verdad remotos, pero los relieves se los dan la memoria y el sentimiento, y por eso parecen tan cercanos aunque el tiempo siga poniéndoles encima esa pátina inevitable.


Lejos, en Santander, donde he terminado recientemente mi curso de una semana en el ciclo El autor y su obra, y he hablado de mis libros con participantes de muy diversas edades, que han llegado de muy distintas partes de España, convocados por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.


Las clases se han celebrado hasta el mediodía en la casa del faro al borde de uno de los acantilados de esta península en cuya cima se alza el Palacio de la Magdalena, y desde las ventanas se ven pasar las embarcaciones que van entrando lentamente a la rada del puerto. La víspera fue el día de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, y una alegre procesión marina, entre un coro de sirenas de barcos, llevando a la Virgen en la nave capitana, pasó frente a esas ventanas. Qué escenario tan distinto y distante a aquel de la Plaza de la Revolución en Managua, cuando el aire se llenaba con salvas de fusilería y repicaban las campanas entre el agitar de las banderas.


Mis estudiantes no esconden su curiosidad al enfrentarse con alguien que les habla de los vericuetos de las invenciones literarias, de la factura de sus novelas, de sus procedimientos para escribir, de su encuentro diario con las palabras, habiendo sido protagonista de una revolución, y no se resisten a interrogarme sobre esa vida que un día llevé, y yo tampoco me resisto a responder. Siempre se recuerda con el gozo de la nostalgia.


Vida y literatura se mezclan de manera indisoluble. Y, otra vez, como ahora, se me termina preguntado: ¿volvería a hacer lo mismo, abandonar la literatura para entregarme a una revolución? ¿No me parece que si al fin de cuentas todo vino a resultar en lo contrario, aquella lucha no valió la pena? ¿No fue en balde tanto esfuerzo para volver a lo mismo de antes?
Quienes me hacen esas preguntas, convocados de lugares tan diversos como Madrid o Sevilla, Alicante o Granada, Murcia o Albacete, saben en qué vino a resultar la revolución en Nicaragua, aunque hayan llegado aquí seducidos por la literatura, a la que aman. Es, además, una revolución que en su momento de gloria levantó fervor en España.


Son las preguntas que poco después de que perdimos las elecciones en 1990, que pusieron fin a una década de revolución, intenté dilucidar en mi libro de memorias Adiós muchachos, y las respondo ahora otra vez a mis alumnos, quienes esperan con atención mis respuestas.


Y esas respuestas no han variado desde aquel entonces, en la medida en que los ideales que estaban conmigo, indisolublemente unidos a mí y a tantos otros la tarde en que entramos en triunfo a aquella plaza 36 años atrás, siguen siendo los mismos.


Los ideales tienen necesariamente una calidad que no se deteriora con el paso de los años, o nunca lo fueron. Libertad y democracia, equidad y justicia. Palabras simples, y tan necesarias, por las que dieron su vida miles de jóvenes que lucharon por derrocar a aquella dictadura de la familia Somoza; los mejores jóvenes, muchachos y muchachas, que ha dado Nicaragua en toda su historia, los más generosos, los más desprendidos, los más desapegados de intereses materiales, ambiciones de riqueza, o de poder personal. Somoza, y quienes huyeron con él a Miami, representaban, en cambio, todo lo contrario: el egoísmo más obsceno y el afán desmedido por la riqueza, tanto que fueron capaces de asesinar por ella.


Como he venido desde el otro lado del mar para hablar de la majestad de la invención, les relato a mis alumnos una historia que ha estado desde siempre en el imaginario anónimo de Nicaragua, y que se cuenta de boca en boca. Yo la escuchaba relatar de niño. Es la historia del pájaro del dulce encanto. Se trata de un pájaro de bello plumaje y colores refulgentes que vuela sobre las cabezas incitando a cogerlo, y cuando alguien alza las manos y lo atrapa, sólo queda en ellas un montón de excremento.


Esta no es sino una parábola de la frustración y el desengaño repetidos, la forma en que la sabiduría popular se previene a sí misma de no dar crédito a las quimeras que toda la vida acabarán convertidas en detritus; pero, al fin y al cabo, es una advertencia contra la inutilidad del esfuerzo por cambiar las cosas, y es allí donde la moraleja se vuelve perversa. Siempre vamos a tener, al final, las manos llenas de excremento, y la belleza de los sueños cumplidos no existe.


Pero no es cierto que seamos el único país de América Latina condenado a la repetición del fracaso. No podemos aceptar que nuestra historia sea un juego de espejos donde una dictadura refleja a otra, donde un caudillo encuentra su sucesor en otro caudillo, donde una familia se entroniza en el poder sólo para dar paso a otra familia en el poder. Donde la democracia, las instituciones firmes, la justicia libre de trampas corruptas, la libertad de elegir a los gobernantes, serán siempre sólo un remedo, o una burla, una pantomima trágica.


Quizás lo que nos ha ocurrido, les digo a mis estudiantes, y ya nos apuramos porque nos anuncian la ceremonia de entrega de los diplomas, es que hasta ahora ha revoloteado sobre nuestras cabezas el pájaro falso. Hermoso, pero falso. El otro, el verdadero, hay que hacerlo entre todos, pluma por pluma. El que realmente nos merecemos. Y no me cabe duda que un día lo tendremos.


Santander, julio de 2015
sergioramirez.com
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El fin del relato progresista en América Latina

Las protestas contra Dilma Rousseff marcan un punto de inflexión en la ruptura entre gobernantes y gobernados en Brasil, un proceso que paulatinamente se extiende a los países latinoamericanos.

¿Se puede hablar de final de ciclo para los gobiernos progresistas en América Latina? Cuando triunfos electorales se sucedieron recientemente en Uruguay, Brasil, El Salvador y Bolivia, la pregunta pareció disiparse. Pero vuelve por otros caminos. No necesariamente el de también recientes derrotas en grandes ciudades o regiones del Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia. Estas han tenido cierto peso simbólico pero parecen remitir a un nuevo equilibrio más que a la interrupción del apoyo a nivel nacional. Lejos de las urnas, más bien, un posible momento de cambio todavía indeterminado parece sentirse en el agotamiento de un modelo y en la transformación interna de la narrativa política progresista, plurinacional o bolivariana.
Tanto a la izquierda como a la derecha del espacio político en que los gobiernos progresistas se establecen como centro, asistimos una reorganización de fuerzas y movilización en varios países. El mapa de la situación política no es homogéneo ni puede generalizarse, pero cierta inquietud se transmite desde la razón "gobernista", término utilizado en Brasil para referirse a la defensa militante del gobierno que no asume ni la más mínima crítica. En ese país, después de las primeras medidas de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las elecciones de octubre de 2014, el "gobernismo" muestra una notable dificultad para sostener el "relato" en que se sustenta.


De hecho, quizás sea Brasil donde el problema del fin de ciclo se muestra con mayor claridad. Al final, las movilizaciones opositoras de cuño expresivamente conservador en Argentina y Venezuela se vienen sucediendo sin que el apoyo hacia los gobiernos deje de ser firme y probablemente suficiente para ganar otra elección. Fuertes movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, por otra parte, no merman hasta ahora el voto mayoritario de Morales y Correa. En Brasil, las últimas mediciones de abril y mayo sobre imagen positiva de Dilma Rousseff llegaron al 7% en uno de los grandes institutos y en cerca de 10% en otros. Lula da Silva, probable candidato para 2018, no deja de estar afectado por el descontento. Es que, además de una oposición indignada, la crítica al gobierno alcanzó rápidamente la masa de votantes propios. Para el "gobernismo" más cínico, sin embargo, el neoliberalismo es una fase ya dejada atrás y la falta de popularidad se debe exclusivamente a una crisis en la que no tienen responsabilidad, y al trabajo de los grandes medios.


En realidad, la popularidad de Dilma Rousseff ya había sido baja en el estallido de junio de 2013 y durante la copa del mundo, dos momentos en que la indistinción del PT con el poder empresarial y los partidos conservadores con los que cogobierna, o de la oposición, se mostraban evidentes desde las calles. Esta imagen de frente conservador donde el progresismo se integra es la base de la situación política que quiebra el relato. En sentido opuesto, la elección presidencial de 2014 permitió al PT recuperar sus votantes históricos en una notable polarización del electorado que eliminó a Marina Silva asociándola al neoliberalismo, y a Aecio Neves a fuerza del foco en lo social. Un voto desencantado, sin embargo, fue seguido por una verdadera indignación frente a la formación del gabinete de ministros y las primeras medidas. La presidenta asumió políticas de ajuste y austeridad, en sentido notablemente contrario de lo prometido en la campaña electoral que todavía resonaba en los oídos.


Por intermediación de Lula el PT incorporó al responsable económico del programa de la oposición, y dio lugar a un recorte de gastos que pesaría especialmente sobre la clase trabajadora y la educación. Otro nombramiento de impacto fue el de Katia Abreu en el Ministerio de Agricultura, homenajeada tiempo antes por los pueblos indígenas con el premio de "Miss Motosierra de Oro", por su papel en la defensa de crímenes ambientales y el avance del agronegocio sobre tierras indígenas, dos causas de amplia sensibilización en la ciudad.


Al mismo tiempo, los gestos hacia los mercados no sirvieron para neutralizar manifestaciones de cientos de miles de personas que pedían la destitución de Dilma, que con un discurso anti-corrupción señalizan la posibilidad de un cierre del ciclo por el camino más conservador. Estas voces que salieron a la calle, se expresan también en un congreso donde aumenta la influencia de la bancada "de la Bala, el Buey y la Biblia (BBB)", con control de la cámara de diputados y con mucha más influencia sobre el gobierno que los movimientos sociales. Sectores conservadores en la base del gobierno y la oposición consiguieron que el gobierno frenara iniciativas educativas anti-homofóbicas en curso, y se preparan esta semana para aprobar una enmienda constitucional que reduzca a 16 años la edad de la mayoría penal, después de haber aprobado la generalización de la tercerización para todos los sectores de la economía, antes restringida.


Habiéndose alejado del proyecto de cambios que lo llevó al poder, sin capacidad para movilizar ni para frenar institucionalmente reformas conservadoras, y siendo partícipe de las mismas en algunos casos como el del deterioro de los derechos del trabajo, el fin de ciclo se da con el progresismo en el comando, que incluso podrá volver a ganar desde un enfrentamiento electoral con los sectores con los que, en realidad, co-gobierna.


Culto a la tecnocracia


Aunque una derrota en Venezuela o Argentina sería significativa para la liga de presidentes del espacio que inauguró Chávez en 1999 y hoy gobierna varios países, el fin de ciclo pasa en los distintos países por la aceptación de un modelo conservador evaluado como condición necesaria para la estabilidad y continuidad política. Las encuestas y el cálculo electoral determinan así el proyecto político, que tiende al culto de lo institucional y la tecnocracia, aunque mantenga un discurso que construye su electorado a partir del énfasis en lo social. En Argentina, en ese sentido, el kirchnerismo se dispone a defender en la campaña a un candidato que nunca gozó de su confianza, pero que se acepta por medir mejor en las encuestas. Daniel Scioli, lanzado políticamente por Menem, demuestra que el peronismo sigue siendo más que el kirchnerismo y se presenta desde posiciones políticas que no se diferencian de las de sus rivales del espacio conservador.


La vieja política también se introduce en el MAS de Bolivia, desde una visión hegemonista que lo empeña hace tiempo a recurrir a figuras mediáticas o recicladas de la oposición, como si las decisiones electorales y acuerdos no tuvieran consecuencias en la gestión y rumbo político. Así, se abandonan objetivos que vayan más allá de la ocupación de las instituciones, sustituyendo la movilización popular por la incorporación de posiciones, visiones y demandas del enemigo, dejando atrás los tiempos que siguieron a la elección de Evo Morales en los que hubo intentos de proponer reformas más contundentes o cuestionar la forma y funcionamiento del Estado, más allá de quién ocupara el sillón.


La imposibilidad de regeneración y vuelta a los orígenes, por otra parte, se limita desde la propia dinámica del sistema político, que financia las campañas desde el sector empresarial; o en la dependencia estatal de ingresos producto del peor desarrollo y el extractivismo, base también de alianzas espurias con caudillos locales y capital multinacional sin responsabilidad ni horizonte más allá de la búsqueda de retorno más rápido posible de las inversiones. Buena parte de las políticas sociales son fruto de estos ingresos, por lo que la marca y popularidad de estos gobiernos se asocia íntimamente con estos tipos de explotación económica sumamente dependiente del precio internacional y con consecuencias ecológicas desastrosas.


En un balance deben destacarse medidas importantes, como el avance en la articulación regional; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de la dictadura y la asignación universal por hijo en Argentina; algunos elementos de las constituciones de Bolivia y Ecuador; negociaciones soberanas de la deuda; reducción de la pobreza y la intervención social y de infraestructura en barrios. El final de ciclo también se relaciona con la interrupción de esas agendas, sin embargo, con un aumento de la pobreza en Argentina, y de la desocupación en Brasil, además de los límites de las luchas emprendidas, que no incorpora en el reconocimiento de derechos y defensa de garantías a las periferias y pueblos indígenas que enfrentan grandes obras y expulsiones de territorios. Algunos tabús de esta época se rompieron con negociaciones de pactos bilaterales en Ecuador, y con el encarcelamiento de opositores en Venezuela. El balance también es negativo en la prometida industrialización y salida del modelo de economía primaria dependiente de precios de commodities.


A la hora de hablar de modificaciones estructurales de la desigualdad y la matriz económica, los gobiernos progresistas parecen transformados por el poder y las instituciones, antes que lo inverso. Mientras recetas ortodoxas anuncian nuevamente su llegada, alejan definitivamente la posibilidad de fortalecer procesos que desde el Buen Vivir apuesten por otro desarrollo. Al mismo tiempo, un nuevo marco ideológico asumido por buena parte del progresismo para encarar la fase política actual, garantiza popularidad y la permanencia en el poder, pero a costa de abandonar principios anticapitalistas y demandas venidas de las movilizaciones que abrieron el ciclo político progresista. Esto es claro si vemos el avance de tres elementos: la ideología del consumo, el consenso del desarrollo y la agenda política traída por sectores religiosos.


La propaganda "gobernista" presenta el crecimiento en índices de consumo como acceso de millones a la clase media. Además de abandonar agendas campesinas, indígenas y obreras, la discusión deja de lado la revisión de prioridades en la economía y la forma de distribución –que continúa beneficiando mayormente a los más ricos–. Tampoco complementa el acceso al consumo con un acento en el acceso a salud, educación y transporte de calidad, que permanecen ajenos a las mayorías.


La llegada del papa Francisco al Vaticano, días después de la muerte de Chávez, ya cosechó retrocesos en la legislación progresista, frenando cambios en el Código Civil argentino, y dando legitimidad a la ruptura de gobiernos con luchas de minorías que históricamente la izquierda defendió, cortando incipientes avances en algunos de los países. La transformación que convirtió a Bergoglio de autoridad de una iglesia conservadora que cierra muestras de arte o no asume una posición crítica durante la dictadura, a líder del progresismo, no habla solamente de una operación comunicacional, sino también del fin de ciclo del progresismo como lo conocimos hasta ahora. Consumo y agenda conservadora se conectan con la incorporación de un punto de vista estatal e hiperpresidencialista, articulando con identidades políticas nacionalistas, con sus variantes batllistas en Uruguay, peronista en Argentina, emenerrista en Bolivia, cuando no de las propias dictaduras, si enfocamos en el modelo desarrollista adoptado.


Quizás deba tomarse en serio la propuesta de fundar una nueva internacional liderada por el papa Francisco, presentada por Gianni Vattimo y aplaudida por actores del progresismo "gobernista" nucleado en el Foro por la Emancipación y la Igualdad que en marzo de 2015 en Buenos Aires. Rafael Correa, en esa dirección, asumió este año una defensa sobreactuada y repentina contra lo que llamó "agenda abortista", para impedir la regulación legislativa de este tema, y de "ideología de género" contra derechos de minorías. El posicionamiento se suma a sus ya clásicas diatribas contra ambientalistas e indígenas.


La política que interviene en los antagonismos sociales, raciales y de ímpetu descolonizador, es así sustituida por valores conservadores desde una idea de confraternización y conciliación que en el fondo deja de lado la lucha contra la desigualdad, más allá del asistencialismo que encuadra y desmoviliza los sectores populares desde el paternalismo estatal o religioso. El nuevo horizonte viene acompañado de un tratamiento de la disidencia como radicalismo contrario a los intereses de la nación.

En el plano geopolítico, el aumento de la represión y criminalización de disidentes se articula con la visión hacia oriente, acercándose en el discurso y la economía a regímenes autoritarios como el de Rusia y China, también ya desprovistos de un horizonte anticapitalista y emancipador.


Sustituyendo clase trabajadora y movimientos sociales o indígenas por familia y clase media; el progresismo y la izquierda en el poder dejan de serlo por el camino de la seguridad y el consumo de nuevos nacionalismos desarrollistas. Este movimiento es claro en Nicaragua, donde Daniel Ortega y el sandinismo regresa al gobierno en 2007. El acercamiento con la iglesia que lo enfrentó en los 70, se da junto a la aprobación de una ley que prohíbe el aborto en cualquier situación. A finales del 2014, el congreso aprueba también sin debate ni socialización de información una ley que da origen a la construcción de un canal interoceánico, cediendo derechos soberanos por 50 años a una empresa china, reprimiendo y criminalizando campesinos y poblaciones que serán desplazadas. El ciclo político también se interrumpe cuando la política del desarrollo acerca gobiernos bolivarianos, progresistas o de izquierda a las gestiones nacionalistas y liberales del Perú, Colombia o México, sin distinción en la instrumentalización del poder estatal para garantizar un modelo para nada progresista.


Más que un horizonte anti o post extractivista como alternativa de poder en un nuevo ciclo, vemos aparecer nuevas derechas con discursos renovados "para la gente" y "post-ideológicos" con la bandera que perdió la izquierda de la ética contra la corrupción. Sin participación y búsquedas de otra política que conecten luchas territoriales con luchas en las ciudades, el nuevo ciclo acabará cediendo lugar a un régimen autista e individualista que combine o alterne un nacionalismo social de discurso religioso y un republicanismo individualista de discurso anti-estatal indignado.

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Viernes, 08 Mayo 2015 10:40

El santo y seña de Porto Alegre

El santo y seña de Porto Alegre

Porto Alegre revolucionó las políticas municipales de participación ciudadana. El presupuesto participativo, una herramienta creada en la ciudad gaúcha, se ha convertido en una referencia mundial de gestión pública.

El pasado noviembre los vecinos de Restinga se despertaron con ruido de bocinas. Treinta y cuatro ómnibus recién salidos de la fábrica se amontonaban en un aparcamiento al aire libre. Finalmente podrían desplazarse al centro de la ciudad sin tener que hacer entre dos y tres trasbordos para llegar al trabajo. En los últimos 25 años los habitantes de esta región de la zona sur vieron cómo sus deseos se cumplían. Primero el saneamiento básico, después electricidad, guarderías, cursos de formación profesional para adultos. La gran fiesta llegó con el primer hospital y ahora dos nuevas líneas de ómnibus.

Si el presupuesto participativo (PP) es el símbolo de la gestión municipal de Porto Alegre, Restinga es quizás el barrio que mejor lo representa. Pero "democratizar la democracia", como define el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos a esta iniciativa, lleva mucho trabajo, discusiones, compromiso y grandes dosis de paciencia.

Los ciudadanos reunidos en 17 asambleas regionales con un líder comunitario que las representa discuten sobre seis áreas temáticas. El ciclo del presupuesto participativo se desarrolla en tres etapas: las reuniones preparatorias, las asambleas regionales y temáticas –donde se eligen las prioridades para el municipio y a los delegados de cada comunidad– y la asamblea municipal, donde se presentan las demandas más votadas. De este modo la población decide y acompaña de forma directa la aplicación de los recursos en obras y servicios que serán ejecutados por la administración municipal.

 

LA INTENDENCIA EN EL BARRIO

 

El PP surge en los ochenta. Movimientos sociales y vecinales que habían luchado contra la dictadura, y nuevas formaciones, como el Partido de los Trabajadores (PT), crearon el caldo de cultivo para una nueva gestión municipal basada en la participación ciudadana. Pero fue la Constitución de 1988 la que permitió materializar las ideas, gracias a un nuevo marco de autonomía que otorgaba más competencias a los gobiernos locales.

En 1989, bajo el gobierno del PT, con Olivio Dutra como alcalde, el PP se instaló en la Intendencia de Porto Alegre para quedarse. "Les explicamos a los vecinos que la Intendencia vendría a sus barrios, y que ahora seríamos los ciudadanos, y no unos pocos políticos, los que elegiríamos lo mejor para nuestra comunidad", recuerda Íria Charão, militante del PT y una de las precursoras de la iniciativa. "Al principio los vecinos se enfadaban mucho porque sus demandas tardaban en cumplirse, poco a poco entendieron cómo funcionaba el organigrama de ejecución y vieron que los presupuestos no eran tan laxos, y que no bastaba con deliberar, sino que también había que acompañar de cerca la ejecución", explica Charão en el portal gaúcho Sul21.

La década del 90 y los primeros años del nuevo siglo fueron su época dorada. Los cuatro gobiernos consecutivos del PT, con Olivio Dutra y Tarso Genro como figuras principales, apostaron por esta nueva herramienta. Sociólogos y politólogos del mundo entero vieron cómo sus teorías salían del papel y se aplicaban en esta ciudad del sur de Brasil. El mensaje se propagó en 2001 durante el primer Foro Social Mundial que se celebró en la ciudad gaúcha (véase recuadro). El presupuesto participativo se convirtió en una de las banderas políticas de los movimientos sociales, como ejemplo de autogestión, empoderamiento ciudadano y de lucha contra la exclusión social. "Hoy a nivel global los presupuestos participativos están muy lejos de ser una regla, pero se puede decir que ya no son marginales", asegura el francés Yves Sintomer, profesor de ciencia política de la Universidad París VIII.

RECONQUISTAR EL TERRITORIO

Los éxitos de esta política municipal son más conocidos fuera que en casa. La líder comunitaria de la región de Eixo Baltazar Laura Elisa Machado asegura a Brecha que siempre han sido "maltratados" por la prensa local: "Es triste que venga gente de fuera a pedirnos consejos y que aquí no valoren nuestro trabajo", se queja.

Al silencio mediático que denuncia Machado se unió la salida del PT del gobierno (2005) y una última década en la que el presupuesto participativo sufrió paulatinos recortes que generaron más retrasos en la ejecución de las demandas. Si en los noventa la media de entrega era entre dos y tres años, en la actualidad pueden llegar a pasar más de diez.

La escasez de resultados de la última década provocó la desconfianza de los gaúchos y duplicó el trabajo de los líderes comunitarios. "Algunos dejan de venir a las reuniones porque no ven cumplidas sus demandas, y otros, una vez que tienen lo que quieren, dejan de participar", señala Machado.

Boaventura de Sousa Santos ha sido uno de los mayores defensores del PP. "En varias ocasiones nos habló de la importancia que tenía atraer a gente más joven y a su vez conseguir que las demandas fueran más realistas", cuenta Machado. En 2012 consiguieron concretar las sugerencias de Boaventura. A finales de ese año se aprobó cambiar el ciclo de las reuniones para que fuera en paralelo con el calendario del presupuesto municipal y así tener una idea real de los recursos que podrían manejar. "Las propuestas que hemos hecho desde entonces son totalmente realistas porque somos conscientes del dinero exacto que tenemos y del costo de cada ejecución, ahora es mucho más fácil exigir su cumplimiento."

Desde entonces el número de participantes ha ido aumentando, y aunque predomina un perfil más maduro, cada vez se incorpora un mayor número de jóvenes. Las demandas también han evolucionado. Si en las primeras décadas lo habitacional y el saneamiento básico eran las prioridades, en la actualidad la asistencia social e incluso la cultura están entre las más votadas en diversas regiones de la ciudad. "Entre los jóvenes que participan hay mucha gente de la cultura del hip-hop, estamos cambiando la estética de muchos barrios con grafitis y llevando la música a los más pequeños", dice entusiasmada la líder de Eixo Baltazar. Han ido reconquistado el terreno y en 2014 consiguieron un récord de participación: 17.359 ciudadanos en una capital que llega al millón y medio de habitantes. Machado es consciente de que es muy poco y que hay que generar más interés.

Según el francés Sintomer, el presupuesto participativo cobra ahora más importancia que nunca: "La insatisfacción ciudadana y la desconfianza en las democracias representativas es cada vez mayor. Que unos pocos puedan definir el bien común es una idea totalmente anacrónica. Los presupuestos participativos devuelven la política a los ciudadanos y aumentan la transparencia. No es una solución milagrosa y enfrenta muchos desafíos, pero hay pocas dudas de que es uno de los caminos a explorar".

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Sábado, 11 Abril 2015 17:27

Paz y ciudad

Paz y ciudad

Los estudios y análisis sobre los orígenes y manifestaciones de la violencia en Colombia la asocian con la concentración latifundista de la tierra rural, el despojo de los campesinos, la exclusión política, la falta de libertades políticas, la concentración de la riqueza, el autoritarismo violento del Estado y el paramilitarismo.

Son pocas, casi nulas, las referencias y reflexiones sobre la relación entre ciudad y violencia política. Planteado en otros términos, sobre el papel que cabe a las ciudades y a los centros urbanos en la persistencia de la violencia social y sobre las acciones en materia de desarrollo urbano para hacer realidad la paz y la convivencia entre millones de ciudadanos.

Colombia es hoy una sociedad urbana, en lo fundamental. Cerca del 75% de su población vive en centros urbanos, y se prevé que esta proporción aumentará al 85% en el año 2050. Durante las próximas cuatro décadas cerca de 20 millones de personas llegarán a las ciudades, con las correspondientes demandas de vivienda, transporte, servicios públicos y sociales, entre otros. El número de ciudades mayores de 1 millón de habitantes aumentará de 4 en 2010 a 7 en 2050, y las mayores de 100 mil, de 41 a 69, lo cual implica mayores retos en materia de conectividad y coordinación.

En los últimos años las ciudades colombianas se han convertido en el motor de nuestra economía. Cerca del 85% del PIB nacional lo generan actividades en los centros urbanos, por lo que se encuentra una fuerte relación positiva entre el nivel de urbanización y el ingreso per cápita de las regiones colombianas (http://bit.ly/1Emuv8M).

Las ciudades, que en otro tiempo fueron consideradas el resultado más perfecto de los beneficios del desarrollo económico capitalista, son hoy, sin duda alguna, la expresión más completa y brutal de la crisis aguda y casi insoportable que vive este sistema. Las que en otro tiempo fueron promesa de progreso individual y social, manifestación clara de la modernización, entendida no sólo como incorporación de los avances tecnológicos en la industria, los servicios y otras áreas de la actividad humana, sino también como realización de un futuro anunciado. Las que eran consideradas muestra evidente del desarrollo civilizatorio; utopía materializada a golpe de reorganización del espacio-tiempo de la vida toda, en aras de la maximización de la productividad, de hacer más eficientes la producción, distribución, circulación y consumo de los productos y servicios, nacionales y extranjeros; el lugar por excelencia de la mercantilización plena, dinámica, expansiva, pujante. Las que fueron núcleo de concentración de unas supuestas y reales oportunidades de ascenso social a través del empleo "seguro" y bien remunerado, de la escuela "accesible" y cuasi gratuita, del acceso a los servicios de salud, recreación, cultura, además de otros servicios urbanos que en conjunto mejoraron los niveles de vida de la gente, ampliando su posibilidad de obtener bienes que no llegaban a las zonas rurales y de satisfacer una amplia gama de necesidades (reales o creadas). Esas ciudades viven hoy un deterioro constante y su continuo declive nos expresa lo que parece la crisis irrevocable de lo urbano.

En Colombia, el crecimiento urbano presenta profundas desigualdades económicas, sociales y espaciales, generando de manera enorme y terrible pobreza y exclusión. Su desmedido crecimiento contribuye a la depredación del ambiente y de los recursos naturales, provocando segregación social y urbana, fragmentación, privatización y utilización irracional de los bienes comunes, de los servicios y los espacios públicos.

En los últimos años, se han multiplicado los procesos que favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales y los inducidos por la acción de diferentes sujetos: empresarios, gobiernos y otros colectivos sociales e individuos. En suma, hoy día construimos ciudades sociales injustas, económicamente ineficientes y con baja competitividad y complementariedad, espacialmente desordenadas, poco funcionales y ambientalmente insustentables.

De acuerdo con los análisis e investigaciones de diversos estudiosos de nuestras realidades urbanas, las ciudades colombiana se han transformado aceleradamente por lo menos en los últimos veinte años y, en el momento actual, enfrentan una problemática caracterizada, entre otras cuestiones, por precarias condiciones de vida, la vulnerabilidad de la mayoría de sus pobladores, tanto en el ámbito social como económico, la degradación del entorno natural y construido, y la reorientación de las políticas sociales de combate a la pobreza, así como nuevas tendencias sobre planificación del territorio urbano.

El funcionamiento del sistema de producción capitalista, desde sus inicios, pero especialmente en su etapa neoliberal actual –que comienza entre los años setenta y ochenta del siglo XX–, ha implicado formas específicas de organización y distribución espacial que centraron en las ciudades las dinámicas más intensas del proceso de acumulación, por lo que son precisamente las ciudades las que manifiestan impactos muy negativos acarreados por dicho proceso. En el periodo referido, la dinámica capitalista también ha exigido la instrumentación de las llamadas políticas de ajuste estructural que ampliaron los costos sociales y ambientales, y han supuesto, en general, un creciente deterioro de las dinámicas urbanas.

Estos fenómenos no han sido colocados explícitamente en los diálogos de paz de La Habana. Se trata de un vacío a corregir.

Los acuerdos y consensos alcanzados hasta el momento se refieren al tema agrario, a la participación política y la democracia ampliada, a la erradicación de los cultivos ilícitos y al fin del conflicto, y poco se mencionan, por ahora, los problemas de nuestras ciudades y su desarrollo urbano (en gran parte porque el gobierno de Santos se niega a tocar el modelo neoliberal vigente), que provocan otros fenómenos muy perturbadores de violencia. Es muy probable que al dialogar sobre "los ajustes que se deben hacer al Estado para adecuarlo a la paz" se dispongan cambios en las normas que regulan la planeación urbana, pues las vigentes desde 1997, como la ley 388 (http://bit.ly/1CECVT8), son la base de una verdadera basura neoliberal como los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, que con su segunda generación aprobada, el único resultado que presentan en sus más de 15 años de vigencia, es el de una mayor segregación social y fragmentación urbana.

La emergencia de la ciudad colombiana del siglo XXI es explosivamente dialéctica, y en la misma lo bueno y lo malo, integración y marginalidad, cohesión social y desigualdad creciente, desarrollo sostenible y dinámicas insostenibles, productividad competitiva y enclaves excluyentes, democratización de la gestión urbana y crisis de gobernabilidad de las regiones urbanizadas, globalización y localismo, están en conflicto permanente.

Conflicto que es alimentado por las lógicas del neoliberalismo, como la acción de los promotores inmobiliarios y de la planificación urbana (a través de los POT y Planes de Desarrollo), aliados en la empresa de convertir la ciudad, como en efecto lo han logrado, en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de acumulación explotadora.

La urbanización neoliberal impuesta con los POT, ha convertido la ciudad en una mercancía, en un valor de cambio, destruyendo su principal rasgo: ser el espacio de encuentro entre personas, grupos y culturas diferentes y un lugar para el disfrute y la satisfacción de las necesidades humanas.

Esa circunstancia ha hecho que los ciudadanos comunes y corrientes pierdan el control de su vida, y que la misma quede en manos de los agentes del neoliberalismo, especialmente de los propietarios del suelo y los promotores inmobiliarios, quienes transformaron las ciudades para adecuarla a sus intereses mercantiles. En otras palabras, la ciudad dejó de pertenecer a la gente. A ella le fue expropiado su derecho a decidir sobre su propio destino y, en consecuencia, a producir la ciudad y a disfrutarla a su imagen y semejanza.

La verdad es que, la institucionalización del paradigma neoliberal (con los POT y Planes de Desarrollo), apoyado por el capital financiero y bancario, ha fomentado la organización de unas ciudades más fragmentadas y desiguales, donde predomina un uso especulativo del suelo, enfocado en proyectos residenciales cerrados y espacios públicos privatizados.

La urbanización especulativa que caracteriza el actual desarrollo urbano, es mensajera de una amenaza de muerte o degradación de la ciudad democrática, la que genera las condiciones necesarias para el ejercicio de la ciudadanía.

Tenemos, pues, el fenómeno de expropiación de la ciudad por los grupos de poder económico y político que constituyen la oligarquía inmobiliaria.

Las teorías económicas neoliberales que impulsan este proyecto de despojo, han acelerado la concentración de la renta y del poder en unas cuantas manos generando pobreza y desigualdad crecientes, exclusión, abandono masivo del campo, procesos acelerados de urbanización precaria, segregación social en la ocupación del territorio urbano, privatización de la vivienda social y de los espacios y servicios públicos, desalojos, y desplazamientos forzados de población a favor de los inversionistas y negociantes inmobiliarios y muchos otros impactos que inciden en la destrucción del patrimonio común y del tejido social a escalas nunca vistas.

Hoy la ciudad neoliberal colombiana está reducida a paraíso de los negocios inmobiliarios y de la corrupción que los apoya; al lucro derivado del manejo desregulado de las rentas del suelo y de la producción masiva de viviendas, centros comerciales y otros macroproyectos urbanos. Ya no interesa la habitabilidad de la ciudad ni la vida de sus habitantes, mucho menos si estos son pobres y excluidos del mercado.

La ciudad colombiana está inmersa en procesos de urbanización caótica, insostenible e ingobernable, que arrastran un conjunto de problemas como los siguientes:

Las zonas centrales se han densificado muy desigualmente.

El crecimiento ha sido más horizontal que espacial, con el consiguiente despilfarro de suelo, ha predominado la informalidad pero también el crecimiento por productos homogéneos (por ejemplo barrios cerrados, parques empresariales, etc.), es decir la fragmentación y la segregación social y funcional. Las estructuras urbanas de centralidad son escasas o débiles y en general la ciudad como sistema polivalente e integrador esta sólo presente en algunas áreas centrales con historia.

Las periferias continúan creciendo y la presión migratoria en muchos casos continuara si se mantienen los factores de expulsión de la población de las áreas rurales. Este crecimiento urbano conlleva no sólo el desarrollo incontrolado y depredador de importantes zonas de la ciudad que comprometen su futuro sino que también ejerce una presión sobre la ciudad central en la medida que necesita o requiere de sus servicios (ocupación de espacios públicos por la venta ambulante, utilización de equipamientos sociales y educativos, inseguridad urbana, etc.) para que esta población allegada pueda sobrevivir.

Los procesos más recientes, con gran impacto, de fragmentación urbana debido a la intromisión en las estructuras existentes de ghettos para ricos, ya sea en forma de "productos urbanos" – o sea grandes equipamientos "autistas" con respecto al entorno, segregadores y dedicados principalmente al consumo- o de comunidades, barrios, ciudades o pueblos cerrados.

El desarrollo urbano mediante asentamientos informales, el crecimiento horizontal, el despilfarro de suelo, la contaminación de las aguas por ausencia de redes de saneamiento, la captura ilegal de algunos servicios básicos (energía, agua), la proliferación de servicios de naturaleza pública no reglados (transportes, a veces asistencia sanitaria, policías barriales, etc.) y la ocupación de suelos no idóneos.


La degradación de áreas centrales o de barrios de la ciudad formal que no se renovaron en su trama y / o actividades y en los que se produce la dialéctica del deterioro social y funcional, abandono de actividades centrales o dinámicas y de poblaciones de ingresos medios, deterioro del patrimonio físico, incluso del arquitectónico y monumental, pérdida de elementos simbólicos o identitarios de la ciudad, inseguridad ciudadana, etc.

La proliferación en la ciudad de actividades informales como los vendedores ambulantes con efectos depredadores sobre los espacios públicos y los servicios urbanos y que a menudo entran en conflicto con los habitantes residentes o activo formales.

El desarrollo de actividades vinculadas a la economía ilegal y a la delincuencia urbana, y en general aumento objetivo y subjetivo de la pérdida de seguridad y de calidad de vida por parte de la población urbana formal.

La menor eficacia de políticas urbanísticas redistributivas y reactivadoras (por ejemplo mediante la generación de nuevas centralidades, realización de espacios públicos de calidad en los barrios de menores ingresos, etc.), debido al bajo nivel de la demanda solvente y a la menor integración cívica de la población.

El bajo nivel de participación ciudadana y poca capacidad de negociación de importantes sectores de la población marginal.

La dificultad de reconversión de estas áreas (por todas los efectos ya dichos, a los que se añade muchas veces la resistencia de la población al cambio y de las zonas formales a recibirla) o la implementación de soluciones que reproducen la marginalidad desde una teórica formalidad (conjuntos de viviendas públicas de baja calidad y separadas física y culturalmente de la ciudad formal). Eliminar las viviendas marginales del área central, trasladando a la población de barrio es un grave problema para sus habitantes.

Señalemos, además, que cuando casi el 75% de la población vive en el espacio urbano, solo una parte de estos habitantes urbanos vive en la ciudad, en estricto sentido, quizás la mitad o menos, pues el resto vive en zonas urbanizadas pero segregadas, dispersas, fragmentadas. Una urbanización que no genera automáticamente ciudad, que en ciertos casos extremos parecen oasis de civilidad y en otros se han degradado hasta convertirse en zonas de riesgo, en ambos casos rodeados de espacios monofuncionales y monosociales, sin capacidad de autogobierno, exponentes de un desarrollo insostenible, que genera comportamientos anómicos y psicologías sociales marcadas por el individualismo, el miedo a los "otros" y el afán insolidario de distinción.

La informalidad del desarrollo físico, la enormidad de las desigualdades sociales, la persistencia de la pobreza urbana, la percepción social de que se da una creciente y casi incontrolable violencia urbana, la muy objetiva realidad de las dinámicas que conllevan insostenibilidad (despilfarro de suelo, contaminación del agua y de la atmósfera, agotamiento de recursos hidrológicos, graves carencias de redes de saneamiento y de sistemas eliminación de residuos, etc.), el aumento del desempleo y en algunos casos del analfabetismo y de la mortalidad infantil, etc. no solo son fenómenos heredados del pasado sino muy presentes y no parecen tener solución en un futuro inmediato.

En muchos casos podría argumentarse que las políticas urbanas en curso, consignadas en los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, no atenúan estos problemas, funcionales y sociales, incluso los agravan enormemente, debido al deterioro institucional de las alcaldías municipales.

Con 15 años de vigencia de tales instrumentos de planificación urbana, los resultados son negativos, pues quien se ha visto favorecido por dichas herramientas son los especuladores inmobiliarios y un pequeño núcleo de constructores que controla la institucionalidad para favorecer sus procesos de acumulación. La verdad es que el papel de tal planificación es traducir el orden social jerarquizado, controlado por unas minorías, en una organización territorial que lo reproduce.

Lo cierto es que la planificación institucional es una secreción de una sociedad dominada por el valor de cambio que, por ende, genera un espacio homogeneizador, represivo y cuantitativo manteniendo a raya la diferencia, la calidad y la creatividad.

Solo una práctica de oposición o antiplanificación puede abrir las puertas a la producción de diferencia. Tal práctica tiene que ser agresiva y contestataria e inscrita en una lucha de clases que abra nuevos espacios de posibilidad y genere nuevas prácticas donde el uso y la apropiación prevalezcan. El futuro no es un resultado mecánico de leyes subyacentes a la realidad ni de una racionalidad objetiva.

El futuro es lo que queremos las mayorías sociales. No se puede predecir o diseñar científicamente en una mesa de dibujar. Si bien podemos actuar guiados por lo que no queremos, sobre la base de aquello de lo que conocemos que nos aliena y de principios humanizantes, no podemos predecir cómo será ese futuro; pero si podemos construirlo a través de la eliminación en la práctica diaria lo que nos aliena.

En última instancia, la planificación urbana es un acto de poder. Entonces, podemos hablar de un poder que impone su agenda desde arriba, una negociación donde cada parte entra con la misma posibilidad de influir el resultado, o un ejercicio de contradicciones donde puede haber formaciones que incluyen varios sectores de clase bajo el control de una de ellas (ej. el clientelismo) o una lucha por imponer los intereses de una a las demás.

De hecho la planificación no ha logrado ni puede imponer un dominio absoluto de clase. La democracia liberal representativa ha propuesto una planificación con participación constreñida (planificación participativa) donde se manipulan los intereses de clase y donde se presentan muchas combinaciones. Para nuestro caso, la globalización neoliberal aparece como un nuevo absolutismo de clase apoyada en una maquinaria apabullante de propaganda e ideología (las virtudes del libre cambio y de la mal llamada democracia), un monopolio cada día más arraigado del poder represivo del Estado y la dictadura del mercado. Esta planificación ha sido devastadora para la ciudad colombiana y ha profundizado el sistema de transferencia de valor hacia fuera. Si Colombia quiere cambiar su destino tiene que desarrollar otra doctrina, otra práctica, y una planificación contestataria o alternativa a la que la globalización neoliberal impone.

En conclusión, señalemos, que la superación del largo conflicto armado colombiano y la construcción de la paz con las nuevas fuerzas sociales y políticas necesita de un vuelco absoluto en la situación de las ciudades y su desarrollo urbano.

Un paso en ese sentido sería la eliminación de las leyes sobre desarrollo urbano expedidas en los años recientes y la planificación del mismo recogida en los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, hoy en su segunda generación, verdadera basura neoliberal, causante de la pobreza y segregación de millones de colombianos como lo estamos observando en Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Popayan, Villavicencio, Pereira, Cúcuta, etcétera.

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¿Existe una alternativa a la democracia representativa?

El periodista y politólogo Michael Neudecker ha tenido el acierto de recuperar en su blog los debates que sobre "la cuestión democrática", protagonizó el gran jurista marxista y socialista italiano, Norberto Bobbio.


Como bien nos recuerda Neudecker, "no nos representan" fue el grito más popular del movimiento 15-M, expresión de la crisis social e institucional que sufre el país.


La consideración de la actual crisis como una crisis de "régimen" sitúa el debate de la democracia como el debate central de los sectores que quieren y luchan por un cambio en España. Precisamente la "cuestión democrática" fue el eje central del debate que Bobbio sostuvo con los comunistas italianos en los momentos de definición del eurocomunismo, al preguntarse el autor italiano si existía una teoría marxista del estado que permitiese dotar de bases sólidas y creíbles a lo que Pietro Ingrao llamaría una "democracia de masas", superadora de la democracia representativa italiana del momento.


Debate que se reprodujo en 1984 cuando Bobbio publicó su conocida obra "El futuro de la democracia". Si el debate mantenido con el PCI iba dirigido a destacar que la equiparación de la democracia representativa con mera "democracia formal", no era acertado, en "El futuro de la democracia" el autor italiano situaba el debate entre democracia representativa y democracia directa, al entender que esta última, considerada en sí misma, "era una propuesta insensata".


Lejos de pretender una defensa de la democracia representativa desde una óptica conservadora, Bobbio pretendía mantener un debate desde el rigor, al preguntarse si de verdad es posible más democracia dentro de un sistema de economía de mercado. Pregunta, en mi opinión, clave.


La cuestión fundamental de la democracia para Bobbio no estaba, por tanto, solamente en quién toma las decisiones, sino sobre todo dónde se toman. Por lo tanto, según este autor, "si se puede hablar hoy de un proceso de democratización, éste consiste no tanto, como erróneamente se dice, en el paso de una democracia representativa a la democracia directa, como en el paso de la democracia política en sentido estricto a la democracia social".


Este objetivo de "extender la democracia" nos lleva a superar, obligatoriamente, el actual marco político y constitucional y hacer que la democracia "entre" o se extienda a las dos esferas centrales que en la sociedad actual "no funcionan con criterios democráticos". Me refiero al ámbito de la empresa privada y de la administración pública.


Metas que llevan a la necesaria construcción de una alternativa del Derecho, que para hablar claro, conduzcan a la socialización de la propiedad privada y la socialización del poder, donde el "trabajo" pase a ser rector de la vida económica del país, y no solo la propiedad; y transcender en el marco de la administración, la separación existente entre tareas de ejecución (propias de la mayoría de la sociedad) y tareas de elaboración (reservadas a una élite).


Elementos que fundamentan, en última instancia, la aparición de una conciencia política y jurídica constituyente, que tienda a ser una negación en sí misma de la conciencia política y jurídica precedente, es decir, capitalista.

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Medellín, los antidemocráticos súper poderes de Aníbal.

El concejo municipal de la ciudad de Medellín aprobó recientemente el Acuerdo 300 mediante el cual le dan al alcalde Aníbal Gaviria facultades administrativas excepcionales con las que puede ejecutar las acciones que desarrollen el POT 2014. Son competencias muy amplias para: "Crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado, y modificar las existentes, para garantizar el POT" y también "Realizar las modificaciones presupuestales necesarias con el fin de darle cumplimiento al presente acuerdo".

 

El argumento principal de tal decisión se refiere a la necesidad de permitir al burgomaestre local construir, con la figura del conglomerado (holding) público, un nuevo aparato administrativo que permita la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial/POT de segunda generación, aprobado en el mes de octubre del 2014.

 

El concejo municipal, integrado por 21 concejales, representan una población cercana a los 2 millones 500 mil habitantes, y fueron escogidos por votación democrática para representar los intereses colectivos y comunitarios. Se trata de una corporación democrática en la que debe primar la deliberación y controversia alrededor de los principales asuntos del Estado municipal y su sociedad civil.

 

Llama la atención que un Acuerdo como el POT de Medellín, con 614 artículos y varios capítulos, se hubiese tramitado y aprobado por el concejo con amplios debates y foros ciudadanos a lo largo de varios meses del año 2014, y aún así se impuso un modelo urbano neoliberal que agrava la fragmentación y la exclusión social, y ahora dicha entidad renuncia a sus competencias democráticas girando un "cheque en blanco" con súper poderes al alcalde local para que adelante una masiva reestructuración administrativa de la alcaldía municipal y sus cerca de 50 entidades, con decretos que acumularan centenares de artículos y capítulos, frente a los cuales la ciudadanía verá restringida su capacidad de control y observación.

 

Nos preguntamos, ¿por qué no se siguió el mismo trámite del proyecto del POT? ¿Por qué se bloqueó la posibilidad del debate entre todos los actores involucrados en una decisión de tanta trascendencia?

 

Es evidente que con la reforma administrativa en curso, el alcalde Gaviria impondrá un nuevo esquema en la administración local de Medellín que reproducirá los parámetros de la denominada Nueva Gestión Pública que no es más que la aplicación de las reglas de las empresas privadas en la administración pública, ignorando que esta no es una mercancía sino un bien colectivo y comunal que trasciende las lógicas de la ganancia y la acumulación capitalista.

 

La presentación dada a esta determinación se disfraza con la palabra "conglomerado púbico" o holding empresarial. Esto no es más que el mismo neoliberalismo causante de la pobreza y desgracias de millones de seres humanos por todo el planeta. Lo que demuestra que si bien ese modelo ya ha muerto aun sigue vigente por cuenta de funcionarios ajenos a los derechos democráticos de las mayorías.

 

Como quiera que se trata de una medida de grandes implicaciones y consecuencias, varios actores involucrados han denunciado las irregularidades de todo este proceso y preparan demandas sustentadas en muy sólidos argumentos.

 

Para los demandantes, la iniciativa tuvo vicios legales en la medida en que no existió claridad en la motivación de las facultades solicitadas, es decir, en el Acuerdo no se determinó por qué eran necesarios esos poderes conferidos al Alcalde.

 

Además, se habría evidenciado una falta de "unidad de materia" para conformar el conglomerado público, pues en el texto se argumentaba que las facultades eran para "una restructuración".

 

Y, finalmente, el tercer motivo que llevará a demandar la iniciativa es que tampoco hubo una delimitación de las facultades especiales, al no precisar los cambios o la restructuración que se realizará.

 

En tales circunstancias habrá un amplio debate público sobre dicho Acuerdo y las reformas por adoptar.

 

En ese sentido sería conveniente una intervención de la Procuraduría General de la Nación, para que dicha entidad sea garante de los derechos colectivos en este proceso de reforma de la alcaldía de Medellín. Intervención aún más urgente si se tiene en cuenta que todo ocurrirá a 4 meses de entrar en vigencia la Ley de garantías electorales.

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Por una democracia salvaje y constituyente

Dicen los compañeros que han dado vida a Podemos: hemos conseguido salir positivamente de los límites de la horizontalidad del movimiento, tan rica como infructuosa. Lo hemos conseguido con un gesto político de autoconstitución, de organización y representación. Hemos tenido la inteligencia de comprender que el espacio entre las elecciones municipales y las generales, entre mayo y finales de año, era el único que podía permitir "romper el candado del 78" —en periodo electoral el adversario se ve obligado a dispersarse en el territorio; las garantías constitucionales funcionan mejor que en otras condiciones y por ende son posibles zonas de ruptura del régimen actual, profundamente desacreditado y dividido—. Además, a finales de 2015 el frente capitalista tal vez esté en condiciones de emplearse en la preparación de su ataque, reorganizándose después de haber respondido, y eventualmente demolido, ferozmente, nuestra resistencia. De esta suerte, la ventana histórica de oportunidad volvería a cerrarse por mucho, demasiado tiempo.


Todo esto lo admitimos. Los compañeros de Podemos son los únicos que en Europa se han atrevido en serio a dar ese paso y construir un eje vertical a partir de un movimiento de una potencia y una novedad inauditas, organizando de tal suerte, sin demagogia ni subterfugios, un camino de salida del "democratismo de base" —finalmente impotente ante lo que exigen los tiempos, en la contemplación de su horizontalidad—. Solo el barón de Münchhausen se jactaba de haber conseguido salir por sí solo del fango tirándose de la coleta y hasta de llegar a volar... Podemos lo ha conseguido.


Sin embargo, para seguir ganando no sólo es necesario pensar en el adversario, en cómo derrotarle, desarticulándole y llevándole a perder todo peso político y constitucional. Hay que estar seguros de que lo que se hace en esa dirección se haga a la misma escala mayoritaria y radicalmente democrática con la que nació. En ese proceso no puede haber angosturas, ni espaciales ni temporales. Un solo ejemplo: el Partido Comunista Italiano, al que tan a menudo se remiten los teóricos de Podemos, perdió toda su fuerza a la par que su cabellera y fue capturado por el enemigo cuando olvidó esa máxima: aquella angostura se llamaba "autonomía de lo político".


La angostura no tarda en convertirse en un nudo corredizo que atrapa a todo aquel que meta el dedo –o el cuello—. A este respecto, la crítica politológica del partido político, elaborada desde hace más de un siglo, resulta meridianamente clara: no solo sobre los límites de la burocratización de la estructura-partido (sobre los cuales insistían aquellos teóricos, denunciando, como hombres de derecha que eran, la fuerza naciente de los partidos obreros), sino sobre todo acerca e las características del poder de mando, de la dirección, del liderazgo, de lo "carismático" que la autonomía de lo político determina. Era un análisis de tendencia correcto así como una amenaza —una más entre otras mil, pero particularmente atinada— que se sumaba a la lucha de aquellos politólogos contra los partidos del proletariado.


Hasta aquí permanecemos en los límites que hemos llamado "espaciales". Luego están los "temporales", vinculados a la "autonomía de lo político". No nos contamos desde luego entre quienes niegan la posibilidad de utilizar de la mejor manera los tiempos de la crisis, ya sean electorales o sociales; ni entre quienes niegan la necesidad de golpear en el punto débil de la cadena del poder de mando, sobre todo si puede hacerse en el momento en el que las fuerzas de la protesta social de los ciudadanos son más fuertes. Pero cuidado: el gobierno es difícil de ejercer. No es algo que uno pueda hacer solo. Con mayor motivo en los regímenes actuales de gobernanza, donde la continuidad de la acción no solo debe mantenerse durante un ciclo temporal largo, sino que está constituida por una serie de actos puntuales. Se trata de la capacidad del adversario (derecha nacional popular y/o "PPSOE", proyectos nacionalistas del capital catalán, troika europea y global, etc.) de trocear el contraataque de manera indefinida. Frente a ese adversario, en esta dimensión temporal, "estar dentro" de los movimientos es esencial para la acción de un gobierno conquistado por Podemos.


Los compañeros bolivianos lo entendieron perfectamente cuando consiguieron que convivieran durante una larga temporada gobierno y asamblea constituyente. Fue un follón –pero derrochó fuerza y vitalidad.


El problema del gobierno "en el tiempo" no es solo su eficacia, sino sobre todo la irreversibilidad de sus conquistas. Quien coquetea con la "autonomía de lo político" termina pensando que el desarrollo de la democracia de base es secundario. En ocasiones puede llegar a imaginar formas de poder de mando cargadas de una eficacia exclusivamente carismática: trágicamente, es lo que sucede de vez en cuando. Pero no es nuestro caso: estamos obrando para salir definitivamente de los dilemas weberianos del poder de mando burgués, que hasta ahora tan solo han legitimado soluciones autoritarias de los conflictos sociales que las luchas habían llevado a la altura de lo político.


No obstante, volvamos al problema central que abordamos aquí: de la horizontalidad a la verticalidad; de la agitación y la resistencia de movimiento al gobierno. Podemos pide a todos las y los compañeros que razonen partiendo de este nivel. ¿Un nivel de gobierno central? Tal vez. ¿El nivel del gobierno central? Esto se presenta más cercano y posible. ¿Pero acaso no es cierto que solo si se encamina la acción de todos los ciudadanos hacia una poderosa renovación del gobierno de las ciudades, solo en ese caso, se puede dar el ejemplo cercano, palpable, de un proyecto constituyente eficaz? Pensamos que sí. Porque la ciudad y el municipio, la vida ciudadana y sus formas de encuentro pueden plasmar figuras sólidas de administración y de iniciativa constituyente. Las acampadas en las metrópolis, las ciudades e incluso los pequeños pueblos han sido una forma de encuentro constituyente, que han demostrado que en lo sucesivo los modos de vida metropolitanos son modos políticos y productivos en términos generales. Haciendo que interaccionen democracia y (re)producción de la ciudad tenemos la posibilidad de articular lo político, es decir, de unir la voluntad de ganar y la capacidad de decisión a un tejido amplio, plural y activo de presencias militantes y de producción de programas de transformación. Lo político se juega en el interior de todo esto. Allí se hace de carne y hueso el problema foucaultiano del "cómo queremos ser gobernados".


Y por encima de todo a partir de ahí, de las administraciones metropolitanas y municipales, se da la posibilidad de construir el gobierno en el plano estatal, piedra sobre piedra. En un régimen biopolítico —a saber, en el que poder de mando, vida, producción, afectos y comunicación se entrelazan y se confunden como en un laberinto—, los saltos son difíciles cuando no imposibles –en la vieja política también se daban así las cosas, y cuando había saltos, a veces heroicos, casi siempre había que retroceder, cubriendo de instituciones artificiosas un terreno atravesado apresuradamente.


Verticalizar la horizontalidad no solo significa conquistar capacidades de decisión general, de gobierno, de gestión de una "guerra de movimientos", sino también y sobre todo haberse elevado a una visión más amplia desde arriba: y ahí es cuando se comprende que la guerra de movimientos no compensa si las posiciones conquistadas, los frentes defendidos no se mantienen, consolidándose y desarrollándose gradualmente.


El gobierno debe garantizar el poder de las organizaciones ciudadanas –así se decía no hace tanto tiempo en América Latina, mientras el movimiento progresista era ganador– porque solo en tal caso el gobierno central está a salvo de vuelcos repentinos y/o organizados. ¿Por quién? Podemos responder: ya no solo por el adversario que conocemos, por las fuerzas reaccionarias a las que nos enfrentamos, sino por una jerarquía mucho más fuerte, que a través de Europa se remonta hasta las cúspides del gobierno del capital financiero.


No cabe escatimar el reconocimiento de que no se tiene miedo y de que a esas fuerzas se les puede ganar. Pero hay que cuidarse de no tentar al diablo que aún puede surgir de la profundidad del enfrentamiento. Nuestra fuerza sigue siendo las acampadas, los municipios, las mareas, los movimientos –dicho de otra manera, lo que el 15M ha hecho posible y practicable—. A veces nos da la impresión de que para los promotores de Podemos "el poder" es una dimensión aparte. No es cierto: es un incremento de la capacidad de actuar, es una perspectiva de acción sobre y en las relaciones políticas, pero el "Poder" y lo "Político" no existen. No hay sino grados distintos y múltiples de contrapoder. Pero casi todos los dirigentes de Podemos reiteran, dentro y fuera de la organización, el mismo lema: "primero tomas el poder, y luego aplicas tu programa".


La "autonomía de lo político" puede volverse una teoría perniciosa si, sobrevalorando la institución y la eficacia del poder estatal, niega la génesis y la legitimidad materiales del fundamento de lo político. La representación que separa a los representantes de los representados, la "voluntad general" (se llame "pueblo" o "unidad popular") que crea un fundamento místico e inapelable de los representantes no es lo que le interesa a los movimientos, no. Lo importante pasa por (re)crear un flujo de movimiento político, un sistema abierto de gobernanza desde abajo que mantenga unidos –mediante el debate constituyente constante y una continua extensión de ese debate a los ciudadanos– movimiento y gobierno. Es posible construir ese puente, ese conjunto –si todos se rinden a la necesidad que se llama "ser mayoría". Este es el empoderamiento decisivo.

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Partidos políticos, democracia y transparencia

 

La relación entre partidos políticos y democracia parece unívoca. La existencia de muchos se entiende como síntoma de buen funcionamiento democrático. Desde su axioma se extrae la siguiente premisa. La democracia es un juego entre partidos, su objetivo, disputar cargos públicos para gestionar fondos y controlar las decisiones que orientan el proceso económico-social al interior del capitalismo. Esta definición minimalista del papel de los partidos políticos y la democracia, como procedimiento electoral para elegir gestores, ha ganado terreno frente a la concepción de los partidos políticos como constructores de alternativas y defensores de la democracia, en tanto práctica plural de control y ejercicio social del poder, desde los principios del bien común, la dignidad y ética.


No todos los partidos son democráticos. El político como servidor del Estado, al margen de valores éticos, ideologías y principios, se ha extendido. Una nueva generación reclama el traspaso de poderes y se proyecta como la élite política del recambio y la regeneración. Se definen como jóvenes dotados de cualidades hasta ahora desconocidas. Se consideran elegidos dado sus conocimientos ¿aristócratas del saber? Currículum brillante, doctorados en universidades privadas, políglotas, emprendedores, expertos en redes sociales y el mundo digital. Se autodenominan la generación de los mejor formados de la historia. El poder les pertenece, se trasforman en adalides de la lucha contra la corrupción y practican la política de la transparencia. La reclaman para desnudar las prácticas de los considerados políticos de la guerra fría.

 


Chul-Han, uno de los filósofos más creativos de este siglo, apunta en su ensayo, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, cual es el significado de reclamar transparencia en el mundo actual: La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es la reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. La participación tiene lugar en forma de reclamación y queja. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores.


La sociedad de la transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten como ideologías, sino como opiniones exentas de ideología, carentes de consecuencias. Por eso se puede cambiar de opinión sin problemas. Un día digo, digo, al día siguiente digo Diego, y al tercero, ni digo, ni Diego, sino Pedro.


Desde la democracia digital de consumo por Twitter y Facebook se habla de generaciones amortizadas y desechables. Bajo este contexto surgen partidos políticos que huyen de cualquier vínculo con las derechas o las izquierdas. Sus nombres son ambiguos y gelatinosos. Suelen referenciar actitudes alusivas al esfuerzo individual, suma de voluntades. Hay que ser positivos. En la mayoría de los casos son partidos atrápalo todo. En España, Ciudadanos, Podemos, Unión Progreso y Democracia. La experiencia se reproduce en la mayoría de países. Tienen un punto de unión: su obsesión por la transparencia.


Sin embargo, la transparencia sólo es posible en un espacio despolitizado. Por ello son la cara amable del neoliberalismo de segunda generación, sustituyen a los partidos socialdemócratas y de centroderecha. Nada que ver con la coalición griega de izquierda radical, cuyas siglas son Syriza. Nuevamente, Byung Chul Han, en su obra La sociedad de la transparencia, apunta acerca de su significado en el neoliberalismo: Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allana, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculos, dirección y control. (...) Las cosas se vuelven transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. (...) La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario.


Así, la trasparencia de la cual hacen gala, nada dice de la democracia. En su reivindicación no reclaman hacer transparente cómo, quiénes y cuántos participan en el proceso de toma de decisiones, la construcción de la agenda y la designación de cargos. Sólo reclaman la transparencia del dinero. ¿Cuánto gana un político?, ¿cuál es su estado de cuenta bancario?, ¿qué propiedades posee?, ¿dónde vacaciona?, ¿qué compra? Sin duda ello es necesario, pero insuficiente y nada significativo. La transparencia del dinero no hace la democracia ni genera una sociedad más libre y participativa, simplemente explota lo visible hasta convertir la transparencia del capital en una realidad obscena. Su posible éxito puede minar el futuro de un proyecto democrático real, afincado en la participación, la mediación, el diálogo, la negociación y la representación. Negando el conflicto desaparecen las contradicciones. Démosle la bienvenida

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