Sábado, 03 Marzo 2018 18:09

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

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1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

Publicado enEdición Nº243
Los talibanes piden a EEUU iniciar las conversaciones de paz en Afganistán

En un escrito piden al "pueblo americano" y a los "congresistas amantes de la paz" que presionen a la Administración de Donald Trump

En un momento en el que el derramamiento de sangre en Afganistán está en aumento, se ha producido una inesperada proposición. Los talibanes han publicado una carta abierta expresando el deseo de mantener conversaciones de paz y pidiendo al "pueblo americano" y a los "congresistas amantes de la paz" que presionen a la Administración de Donald Trump para que acceda a las negociaciones.


La carta, publicada por el portavoz talibán Zabiullah Mujahid llega en medio del deterioro de las condiciones de las fuerzas de coalición estadounidenses y afganas en el terreno de batalla, y un mes después de los dos peores ataques talibanes en Kabul, que se saldaron con 150 civiles muertos.


Durante mucho tiempo, Washington se ha negado a hablar directamente con la insurgencia afgana. Casi del mismo modo, los talibanes rechazan entablar conversaciones con el Gobierno afgano sin que primero se discuta cómo sería la retirada de las tropas extranjeras con Washington.


"Si se sigue con la política de utilizar la fuerza otros cien años más", dice la carta, "el resultado será el mismo... como se ha podido observar durante los últimos seis meses desde que se puso en marcha la nueva estrategia de Trump".


La carta de 2.800 palabras da la razón a las estadísticas que manejan tanto la ONU como EEUU. En un intento de persuadir al pueblo norteamericano de que la guerra es imposible de ganar, cita a los "3.546 soldados estadounidenses y extranjeros" muertos, un "aumento del 87%" de la producción de heroína en 2017, y la valoración del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar, por sus siglas en inglés), el vigilante estadounidense, de un aumento del control talibán sobre el terreno.
En lo que parece ser un guiño al creciente apoyo de los talibanes por parte de Rusia e Irán, la declaración se refiere a la "comunidad internacional" que ahora "apoya nuestra resistencia justificada". Destaca además que "las decenas de miles de millones de dólares" gastados en Afganistán "se obtienen de la recaudación de tus impuestos", pero luego se destinan "a ladrones y asesinos".


Tales argumentos llegan a oídos de Washington. El lunes, los talibanes invitaron al senador republicano Rand Paul para hablar con él en sus oficinas de Qatar, después de que Paul asegurase que los 45.000 millones de dólares que EEUU tenía previsto gastar en Afganistán durante el año 2018 es dinero "tirado a la basura".
Esta invitación tiene más posibilidades de influir en la política estadounidense que la "generalizada" carta abierta, según Thomas Rutting del think tank Afghan Analyst Network.
Las autoridades estadounidenses no han querido hacer comentarios sobre la carta a the Guardian.


Refiriéndose a las declaraciones de Trump a raíz del atentado talibán perpetrado con una ambulancia el 27 de enero en las que dijo que "no quería hablar con los talibanes", una autoridad estadounidense dijo que ese tipo de ataques probaban que los talibanes no estaban preparados para negociar de buena fe.


Sin embargo, hay señales de conflicto dentro de la Administración estadounidense. Después de los comentarios de Trump, su subsecretario de Estado dijo que una negociación "liderada por los afganos" con los talibanes seguía siendo la política de EEUU, y los analistas sugieren que algunos elementos del Ejército pueden estar suavizando su postura de no querer involucrarse directamente con los talibanes.


Incluso si es ignorado por los políticos, la petición pública muestra una evolución de la propaganda talibán, asegura una fuente occidental que no puede hacer declaraciones públicas. "Odio decirlo, pero han empezado a golpear donde duele simplemente diciendo la verdad", concluye.


Traducido por Cristina Armunia Berges

theguardian

Publicado enInternacional

El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

Publicado enColombia
Amenazas sobre el proceso de paz en Colombia – llamado a la comunidad internacional

Los abajo firmantes, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos y mujeres de la cultura de distintos lugares del mundo, distintas disciplinas y distintas orientaciones políticas, queremos expresar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las FARC y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, Presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las FARC presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los ETCR para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del ELN, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”. Igualmente, la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos

 

Puede encontrar el documento en tres idiomas en el siguiente link: https://goo.gl/forms/udEm59ysBWQZdmX23

Puede contactar a los organizadores de esta iniciativa en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 Firmantes:

1. Michael Löwy - Director Emérito de Investigaciones en CNRS (Francia)
2. Etienne Balibar - Profesor Emérito de Filosofía, Universidad de Paris-Ouest (Francia)
3. Judith Butler - Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)
4. Eric Fassin - Université Paris 8 (Francia)
5. Alex Callinicos - King's College London (Gran Bretaña)
6. Silvia Rivera Cusicanqui - Colectivx Ch´ixi (Bolivia)
7. Franz Hinkelammert - Universidad Nacional (UNA) de Heredia, (Costa Rica)
8. Atilio A. Boron - Universidad Nacional de Avellaneda / Universidad de Buenos Aires (Argentina)
9. Geneviève Fraisse - CNRS (Francia)
10. Raul Fornet Betancourt - Universidad de Aachen (Alemania)
11. Matthieu de Nanteuil - Université de Louvain (Bélgica)
12. Stéphane Douailler - Université Paris 8 (Francia)
13. Juan Manuel Echavarria - Artista (Colombia)
14. Arturo Escobar - Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (Colombia)
15. Vincent Gabriel Furtado - Kripalaya Institute of Philosophy and Religion (India)
16. Marie Estripeaut-Bourjac - Université de Bordeaux (France)
17. Jean De Munk - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
18. Guy Bajoit - Université catholique de Louvain (Bélgica)
19. Rodrigo Uprimny - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
20. Mara Viveros Vigolla - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
21. Alfredo Gómez Müller - Universidad de Tours
22. Leopoldo Múnera Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
23. Fabián Augusto Remolina - Universidad Industrial de Santander (Colombia)
24. Óscar Mejía Quintana - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
25. Gregorio Mesa Cuadros - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
26. Carlos Eduardo Satizabal - Universidad de Caldas (Colombia)
27. Marta Lucía Valencia - Universidad de Caldas (Colombia)
28. Maria Victoria Whittingh - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
29. Gustavo Buitrago Hurtado - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
30. Jorge Iván Gómez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
31. Nubia Yaneth Ruiz Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
32. Ricaurte Rodríguez Angulo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
33. Gerardo Zuloaga Abril - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
34. Gustavo Adolfo Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
35. Gregorio Calderón Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
36. Arsenio Pecha Castilblanco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
37. Jorge López - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
38. Julio Roberto Gütierrez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
39. Álvaro Zerda Sarimiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
40. Miguel Ángel Sierra Baena - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (Colombia)
41. Carlos Eduardo Satizabal Atehortua - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
42. Martha Lucía Cabanzo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
43. Olga Restrepo Forero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
44. Mario Bernardo Figueroa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
45. Fabio Jurado Valencia - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
46. Aurelio Alberto Horta - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
47. Lucy Carrizosa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
48. Miguel Giusti - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
49. Mery Constanza García V - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
50. Alcides Gomez Jimenez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
51. Jorge Ariel Martinez Ramirez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
52. Jenny Elizabeth Muñoz C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
53. Juan Carlos Eslava C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
54. Manuel Muñoz XConde - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
55. Martha Orozco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
56. Luis Alvarenga - Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (El Salvador)
57. Veniero Gaggio - Movim.Salvad.Solidarid.conCuba (El Salvador)
58. Andrés Bansart - Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
59. Matías Silva Rojas - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
60. Alcira Beatriz Bonilla - Universidad de Buenos Aires / CONICET (Argentina)
61. Fredy Yezzed López - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
62. Héctor Samour - Universidad José Simeón Cañas, UCA (El Salvador)
63. Eduardo Machicado Saravia - Fundación Flavio Machicado Viscarra (Bolivia)
64. María Silvia Guillen Cardona - Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD (El Salvador)
65. Carlos Molina - Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador)
66. Jhony Balza Arismendi - Red de intelectuales Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
67. Pilar Guerrero Arango - GEMPAZ Valle del Cauca (Colombia)
68. Carmen Bohórquez - Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
69. Doc. Martin Kirschner - Universidad Catolica de Eichstätt-ingolstadt (Alemania)
70. Miriam Barrera Contreras - Université Catholique de Louvain (Belgique)
71. Jose Antonio Zuniga Umana - Red de solidaridad operacion y misión milagro (El Salvador)
72. Eric Naves - Universidad Nacional Colombia (Francia)
73. Ronan Sharkey - Institut Catholique de Paris et Sciences-Po (Francia)
74. Pablo Figueroa - Jesuita (Argentina)
75. Horacio Cerutti - UNAM (Mexico)
76. Paulina Macias - Psicoanalista (Colombia/Francesa)
77. Ricardo Arcos-Palma - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
78. Marbel Membreño - Grupo de música popular Sierra Madre (El Salvador)
79. Hélène Büchel - Instituto de los estudios interreligiosos (Alemania)
80. Elaine Padilla - Université de la Verne (Canadá)
81. Domingo Santacruz - Uno de los fundador del FMLN (El Salvador)
82. Mercedes Yusta - Université Paris 8 (Francia)
83. Olivier Compagnon - Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Francia)
84. Elisabeth Steffens - RWTH Aachen University (Alemania)
85. Jean Claude Bourdin - Université de Poitiers (Francia)
86. Nuria Girona Fibla - Universidad de Valencia (España)
87. Vicente Romero - Universidad París 8 (Francia)
88. Diana Burgos-Vigna - Universidad de Cergy Pontoise (Francia)
89. Jules Falquet - CEDREF, Université Paris Diderot (Francia)
90. Natividade Monteiro - Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
91. Enrique Rodriguez Perez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
92. Michel Tytgat - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
93. Jean Lazard - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
94. Michel Gevers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
95. Achille Mbembé – sociólogo (Africa del Sur)
96. Laure Ortiz - ’Université de Toulouse (Francia)
97. Fernando Puerta Ortiz - Docente Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia)
98. Zahia Rahmani - Escritor (Francia)
99. David gé Bartoli - Filósofo (Francia)
100. Yuri Martins Fontes - Doctor en Historia y Filosofía USP (Brasil) / CNRS (Francia)
101. Sophie Gosselin - Filósofa (Francia)
102. Joelle Tanghe - Amnesty International (Bélgica)
103. Christian Zannier - Sindicalista (SUD) jubilado (Francia)
104. Robert Chaluleau - Responsable Mission Colombie (Francia)
105. Jean-Etienne Delerue - Jubilado de la Industria Farmacéutica (Francia)
106. Evelyne Toussaint - Historiadora de arte (Francia)
107. Alexandre Poirier - Director de la Asociación de turismo (Francia)
108. Daniel Attala - Université de Bretagne Sud (Francia)
109. Anneguite Beaucastagnac - Geógrafa consultora (Francia)
110. Bruno Tackels - Escritor y filósofo (Francia)
111. Geoffrey Pleyers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
112. Sylvie Bouffartigues - Universidad Versailles Saint Quentin (Francia)
113. Jean Claude Bourguignon - Jubilado (Francia)
114. Mary Annick Bourguignon - Profesora (Francia)
115. Urriola Ulysse -. Comisión de Ética contra la Tortura (Francia)
116. Armand Soler - Militante en asociaciones (Francia)
117. Join-lambert Gabriel - Sector salud (Francia)
118. Christophe Dubois - Université François Rabelais (Francia)
119. Nelson Maldonado-Torres - Rutgers University (Estados Unidos)
120. Mónica Soto Elizaga- Feminista
121. Sara Yaneth Fernandez Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
122. Milton Leonel Calderón Vélez - Doctorante (Ecuador)
123. Cécile Coquet-Mokoko - Profesora - Investigadora (Francia)
124. Yekaterina García - Lingüista (Francia)
125. Ursula Konnertz - Leibniz Kolleg - Université de Tuebingen (Alemania)
126. Marcia Marques-Rambourg - Poetisa, crítica y profesora (Francia-Brasil)
127. Guy Bajoit - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
128. Denise et Alain Têtedoie - Sol' Enfance, asociación de ayuda a la niñez de Colombia (Francia)
129. Edith Boulanger - Universitaria (Francia)
130. Diego Paredes Goicochea - Conicet - UBA (Colombia)
131. Anders Fjeld - Université Catholique de Louvain (Noruega)
132. Ann Ferguson - University Mass Amherst (Estados Unidos)
133. Claire Laguian- UPEM (Franica)
134. Claudia Hilb - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
135. Max Cabanes - Autor de historietas (Francia)
136. Micheletti - Action Contre la Faim (Francia)
137. Camille Boutron - Universidad de los Andes/IRSEM (Francia)
138. Odile Hoffmann - IRD (Francia)
139. Martha Nubia Bello - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
140. Live Bjorge - SAIH (Noruega)
141. Soledad Diaz Pasten - Independiente (Chile)
142. Deront Pactef - (Francia)
143. Alejandra Bello - Universidad Paris 8 (Colombia)
144. Patricia Botero Gómez - Grupo de Académicos e intelectuales en defensa el Pacífico Colombiano, Universidad de Manizales (Colombia)
145. Mauricio Torres Tovar - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
146. Margarita González - Enfermera (Uruguay/Francia)
147. Angélica María Mateus Mora -Université François-Rabelais de Tours (Colombia)
148. Tianna Paschel- University of California (Estados Unidos)
149. Omar Ramirez - Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)
150. Boris Eduardo Flores - Ministerio de Salud de El Salvador (Salvador)
151. Edwin Rojas - Asociación CERNE (Nicaragua)
152. André Mejia - Universidad de los Andes (Colombia)
153. Mauricio Archila - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
154. Flor Edilma Osorio Pérez - Universidad Javeriana (Colombia)
155. Flavio Bladimir Rodríguez - Universidad Externado de Colombia (Colombia)
156. Nidia Soliz Carrión - Frente Nacional por la Salud de los Pueblos (Ecuador)
157. Nila Heredia Miranda - Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES (Bolivia)
158. Hugo Villa Becerra - Partido Comunista del Perú, Perú Patria Roja (Perú)
159. André Noel Roth Deubel - Universidad Nacional de Colombia (Suiza)
160. Yadira Eugenia Borrero - Universidad de Antioquia (Colombia)
161. Marcela Bobatto - Movimiento Mundial para la Salud de los pueblos L.A. (Argentina)
162. Mario Guerrero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
163. Andrés Felipe Mora Cortés- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
164. Felipe Pérez Cabrera - Abogado independiente (Colombia)
165. Carlos A. Manrique - Universidad de los Andes (Colombia)
166. José Arnulfo Bayona - Docente pensionado y miembro de la Red Socialista de Colombia (Colombia)
167. Carmen Caamaño-Morúa - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
168. Marina Fernandez - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
169. Laura Quintana - Universidad de los Andes (Colombia)
170. Jesús Gualdrón - Instituto Goethe Colombia (Colombia)
171. Gabriel John Tobón Quintero - Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
172. César Giraldo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
173. Fernando Arellano Ortiz - Observatorio Latinoamericano (Colombia)
174. Sergio Gallego - Universidad de los Andes (Colombia)
175. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta - Socióloga (Costa Rica)
176. José Antonio Gutiérrez D - University College Dublin (Irlanda)
177. Valentina Landínez - Universidad de los Andes (Colombia)
178. Juan Ricardo Aparicio - Universidad de los Andes (Colombia)
179. Francisco A. Ortega - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
180. Enrique Barilari - ALAMES (Chile)
181. Sara Yaneth Fernández Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
182. José Tomás Jiménez Arévalo - Pensionado, Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
183. Victoria Beatriz Peralta Rolon - ALAMES (Paraguay)
184. Freddy Ordóñez Gómez - ILSA (Colombia)
185. José Guillermo García Isaza - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
186. María José Barajas - Abogada independiente (España)
187. Marielos Giralt Bermúdez - Pensionada de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
188. Eugenia Solis - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
189. Edna Cristina Bonilla Sebá - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
190. Claudio Schuftan - Movimiento por la salud de los pueblos (Chile)
191. Lourdes Pacheco - Universidad Autónoma de Nayarit (México)
192. Marciano Sanchez Bayle - Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (España)
193. Nicole Jullian - Politóloga (Chile)
194. Fabio Cardona - Jubilado (Colombia)
195. Rafael O. Suárez E. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
196. Catalina Toro Pérez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
197. Joseph Choonara - King's College London (Gran Bretaña)
198. Carolina Ibacache Carrasco - Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres (Chile)
199. Álvaro Zerda Sarmiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
200. Gisela Cramer -Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
201. Judith Botero Escobar - Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Colombia)
202. Juan Pablo Gutiérrez Marín - Investigador Instituto Cinara, Universidad del Valle (Colombia)
203. Angélica María Henao Castaño - Universidad de Caldas (Colombia)
204. Rosario Rojas - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
205. Teresa Ordorika - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
206. Leonor Cortés Bolívar - Redes de mujeres feministas académicas (Colombia - México)
207. Mónica Roa - Diálogo Intereclesial por la Paz DiPaz (Colombia)
208. Carmen Alicia Hernández Gómez - Secretaría de Educación Distrital (Colombia)
209. Sergio Jiménez - Veedurías Salud (Colombia)
210. Graciela Uribe Ramón - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
211. Segreda-Sagot Gilda - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
212. Diego Mauricio Fajardo Cely - Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Colombia)
213. Lucy Raquel Numpaque Piracoca - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
214. Alfredo Alvira Cadena - Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié, Restrepo-Valle del Cauca (Colombia)
215. Jairo Ernesto Luna-García - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
216. Carlos Arturo Rojas Pérez - Historiador, museólogo, diseñador, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
217. Nelson F. Roberto Alba - Universidad Santo Tomás (Colombia)
218. Helena Pérez Niño - SOAS University of London (Colombia)
219. Cristóbal Arteta Ripoll - Universidad del Atlántico/Universidad Libre Colombia (Colombia)
220. Andrés Fabián Henao Castro - University of Massachusetts Boston (Colombia)
221. Maria Gerardina Merchán - Colegio de Enfermeras/os del Azuay (Ecuador)
222. Pablo A. de la Vega M. - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) (Ecuador)
223. Susana Peñafiel Acosta - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM) (Ecuador)
224. Sofya Aptekar - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
225. Amy E. DenOuden - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
226. Lina Lorena Hernández Garzón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
227. Andrea Barrera Téllez - Paris Diderot - Paris 7 (Colombia)
228. Sana Haroon - University of Massachusetts (Pakistan/Reino Unido)
229. Jorge Capetillo-Ponce - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos/Mexico)
230. Yoana Fernanda Nieto Valdivieso - University of Birmingham (Colombia)
231. Judith E. Smith - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
232. Ashley Bohrer - Hamilton College (Estados Unidos)
233. Manuel Matos - University of Massachusetts - Amherst (Republica Dominicana)
234. Henrik Ernstson - The University of Manchester (Suecia)
235. Oscar Guardiola- Rivera - Birkbeck College, University of London (Colombia)
236. Izara Mondragón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
237. Miguel Gualdrón - DePaul University (Colombia)
238. Gabriel Rockhill - Villanova University (Franco-Americano)
239. Felber Arroyave Bermúdez - Biólogo, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
240. Elizabeth Bussiere- University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
241. John Hess - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
242. Olga Lucía Castillo - Investigadora grupo Conflicto, Región y Sociedades Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
243. Carmen Baez - People’s Health Movement (Argentina)
244. Mauricio Andrés Restrepo Suesca - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Colombia)
245. Natalia Hernández Vidal - Loyola University Chicago (Colombia)
246. José David Copete Narváez - Universidad del Tolima (Colombia)
247. Elis Borde - Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
248. Juan Manuel Hernández Vélez - Docente Universidad de Versalles, Doctorante Universidad París 2 Panthéon-Assas (Colombia)
249. Diana Milena Patiño - Universidad de los Andes (Colombia)
250. Laetitia Braconnier Moreno - EHESS (Francia)
251. Mónica Almanza Marroquín - Universidad de los Andes (Colombia)
252. Julia Muñoz - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
253. Cielo E. Rusinque Urrego - Docente e investigadora Universidad Externado de Colombia (Colombia)
254. Carola Hernandez - Universidad de los Andes (Colombia)
255. Claudia Carbonell - Universidad de La Sabana (Colombia)
256. Carlos Barbosa Cepeda - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
257. Tania Pérez-Bustos - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
258. Annie Lechenet - Maîtresse deconférences en philosophie retaitée, Université Lyon 1, laboratoire Triangle (Francia)
259. Mónica Arias Fernández - Université Paris VII - Denis Diderot (Franco colombiana)
260. John Brigham - UMass Amherst (Estados Unidos)
261. Manuela Lavinas Picq - Amherst College / Universidad San Francisco de Quito (Brasil)
262. Gloria Carrillo Vallejos - Antropóloga (Chile)
263. Viviana García Pinzón - GIGA-Hamburg (Colombia)
264. Esteban Roncancio - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
265. Antonio José Rengifo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
266. Susana Domingo Amestoy - University of Massachusetts, Boston (Hispanoamericana)
267. David Rey - Universidad de Barcelona (Colombia)
268. Swyngedouw Erik - The University of Manchester (Bélgica)
269. Silvia Natalia Cortes Ballén - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
270. Andrés Felipe López Galvis - Doctorant Université Toulouse 2 Jean Jaurès (Colombia)
271. Rodolfo R. de Roux - Université de Toulouse II. Historien (Franco-colombiano)
272. Miguel Angel Vargas - Co-Director Revista Pluralis (Francia)
273. Askold Melnyczuk - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
274. Sergio Carreño Mendoza - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
275. Howard Waitzkin - University of New Mexico (Estados Unidos)
276. George Ciccariello - Maher Hemispheric Institute (Estados Unidos)
277. Alhena Caicedo - Universidad de los Andes (Colombia)
278. Luis Eduardo Gama - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
279. Olga L Gonzalez - Universite Paris Diderot (Franco Colombiana)
280. Theresa Fedor - Universidad de Los Andes (Estados Unidos)
281. Luz Dary Ruiz Botero - Docente Universitaria (Colombia)
282. Laura Gabriela Gutiérrez - Abogada Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
283. Ana Marcela Montanaro Mena - Observatorio Ético Internacional (España)
284. Pierre Semet, realisador fundador d'ACCESO Francia
285. Marcela Montanaro Mena (Master Derechos Humanos, España)
286. Gladys Aracena -TISF Collectivo Latinoaméricano de Poitiers, Francia
287. Pablo Jaramillo - Universidad de los Andes (Colombia)
288. Natalia Caruso - Universidad Pedagógica Nacional (Argentina)
289. Régis Bar - Columnista en Palabras al Margen (Francia)
290. Roques-Despréaux - Bibliothèque Universitaire (Francia)
291. Quitot Bernard - Association Aussitôt Dit (Francia)
292. Guerrini - Université Lumière Lyon 2 (Francia)
293. Simón Uribe - Universidad del Rosario (Colombia)
294. Line Chamberland - Université du Québec à Montréal (Canadá)
295. Maria Elisa Balen - Socióloga (Colombia)
296. Farinaz Fassa - Université de Lausanne (Suiza)
297. chalmette maitena - profession libérale (Francia)
298. Magne-Ville Chantal - Espe de Lyon (Francia)
299. Foray Philippe - Université Jean Monnet, Saint-Etienne (Francia)
300. Federick Sanri - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
301. Mauricio Velasquez - Universidad de los Andes (Colombia)
302. Angélica Montes - Universidad Paris 13 (Francia-Colombia)
303. Francine Duquet - Université du Québec à Montréal (Canadá)
304. Julien Joly - Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (Francia)
305. Marty Lucile - Etudiante (Francia)
306. Roberjot Bernadette - Enseignante (Francia)
307. Gloria Careaga - Fundación Arcoiris (Mexico)
308. Adrián Garcia - Doctorante (Colombia)
309. Alfonso Gumucio - critico cinematográfico (Bolivia)
310. Hubert Faes - Filosofo (Francia)
311. Fred Poché - Université catholique de l’Ouest (France)
312. Guylaine Roujol Perez - Journaliste et membre fondateur de Líderes constructores de paz en Colombia (Colombia)
313. Tavernier – Enseignant pour L'Education Nationale (Francia)
314. Lucile Garbagnati – Universitaire (Francia)
315. Nathalie Dartai – Université Lumière Lyon 2 (Francia)

 

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Martes, 30 Enero 2018 06:46

Se aleja la paz con el ELN

Santos anunció que los contactos con la guerrilla quedaron congelados.

 

En Colombia, Santos congeló el diálogo con la guerrilla

El grupo rebelde admitió haber atacado una estación de policía. Fue el detonante de la suspensión de los diálogos con el gobierno.

 

Colombia interrumpió el proceso de paz con el que busca sepultar el último conflicto armado de América. Unos atentados guerrilleros llevaron al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a congelar ayer los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones”, afirmó el mandatario. Santos ordenó a la fuerza pública actuar “con máxima determinación” contra el grupo rebelde, el último reconocido por el gobierno, ante la ofensiva que dejó siete policías muertos y decenas de heridos el fin de semana.

Con el anuncio, quedan congelados estos esfuerzos por superar una guerra de más de medio siglo, tras la firma en noviembre de 2016 de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ya desarmadas y transformadas en partido político.

Los diálogos con el ELN estaban en suspenso desde el 10 de enero, cuando los rebeldes iniciaron una ofensiva contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera. La avanzada ocurrió después de que finalizara la primera tregua bilateral y cuando estaba previsto que comenzara la quinta ronda de conversaciones de las pláticas instaladas hace casi un año en Quito. Santos, que dejará el poder en agosto tras dos periodos de cuatro años, llamó entonces a consultas a su jefe negociador, Gustavo Bell, con quien se reunió ayer. Su gobierno respondió con una ofensiva militar que deja docenas de muertes y capturas.

Las conversaciones se reanudarán “cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional”, agregó el mandatario ayer. Y aseguró que, entretanto, seguirá “combatiendo el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz”, y negociará “como si no hubiese terrorismo”. Una máxima similar a la que mantuvo durante los contactos con las FARC.

Analistas coinciden en la dificultad de negociar con el ELN, que cuenta con unos 1.800 combatientes, por su estructura federada que concede autonomía militar a sus frentes. “Realmente el escenario es muy negativo para continuar con las negociaciones”, dijo el analista Camilo Echandía. Para este profesor de la Universidad Externado de Colombia, las conversaciones están “desgastadas” por una “muy mala” agenda de negociación de seis puntos. Víctor de Currea-Lugo, autor del libro sobre el ELN Historias de guerra para tiempos de paz, prácticamente dio por finalizado el esfuerzo de paz con esa organización. “Esta suspensión es la forma ‘bonita’ de decir: no va más”, escribió en Twitter.

Una estructura urbana del ELN reconoció la noche del domingo en un comunicado el atentado a una estación policial en Barranquilla, donde el sábado murieron cinco agentes y otros 41 fueron heridos.

 

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Viernes, 26 Enero 2018 06:25

¿Paz en Nuestra América?

Imagen de manifestación en contra de los asesinatos a líderes sociales en Bogotá (Colombia) durante el 2016.

 

Ha sido una decisión de los pueblos romper las estructuras de explotación y dominación capitalista e imperialista. Este objetivo histórico, de lograrse en Nuestra América, sería una victoria estratégica de los pueblos que resisten sin capitular. Cuba, contra viento y marea, y a pesar del bloqueo del gobierno estadunidense, hace 59 años emprendió ese camino de soberanía, socialismo y definitiva independencia.

Avanzar hacia este propósito es de enorme complejidad hoy en un continente vastamente recolonizado, que disputa –no sin dificultades– espacios crecientes con expresiones políticas flexibles que sean capaces de comprender –y utilizar en su favor– las contradicciones inter e intraimperiales, así como las internas en el campo de las clases dominantes; acumular fuerzas como pueblos, pero sin las herramientas del viejo Estado que aún sueña con el fin de las revoluciones, o con la obsolescencia de las tesis centrales del marxismo sustentadas hoy por organizaciones políticas de variada naturaleza que, en su diversidad, busca llevar a cabo transformaciones sociales que trasciendan el capitalismo. Estas expresiones políticas constituyen el polo equidistante de la izquierda institucional, que ha renunciado a la utopía revolucionaria y se ha vuelto funcional al sistema dominante.

Para los pueblos estas ideas no son vanas ilusiones, como tampoco son imaginarias las relaciones de explotación del trabajo vivo, ni la maquinaria de terrorismo global del imperialismo, y sus añejas relaciones de producción oligárquicas que implantan miseria extrema y guerras sociales a países como México, Honduras, Colombia, Brasil, Perú o Chile, entre otros, donde los modernos capataces de la mundialización capitalista militarizada y delincuencial buscan extirpar el contenido revolucionario de las resistencias populares, en las que sigue creciendo inevitablemente una conciencia crítica colectiva y clasista, que no enajena la interpretación histórica de nuestras realidades, y que, sin renunciar a la llamada solución política, no abdica al poder de los pueblos, ni se resigna a una paz para siempre que deje incólume la economía capitalista.

Esa paz del capital hoy, en países como Colombia, es el resultado de su ofensiva planetaria para imponer pacificaciones con condiciones mínimas para proseguir la lucha política en un clima de libertad y en el ámbito de la democracia tutelada por los poderes fácticos y el poder corporativo, mientras, paralelamente, se efectúan ejecuciones sumarias de dirigentes sociales, se fortalecen las estrategias contrainsurgentes de las fuerzas armadas y los agrupamientos paramilitares ocupan sistemáticamente –y gozando de impunidad– los territorios de la insurgencia desmovilizada. La pregunta clave de esta encrucijada es: ¿se podrá alcanzar la paz, entendida ésta como ausencia de violencia, si se conservan la economía y la política del capital que no son sino la encarnación de innumerables formas de violencia contra los seres humanos y la naturaleza?

En estas circunstancias y, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, como organización ligada al pueblo desde hace varias décadas, ante la crisis de los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos, parece estar preparada para confrontar y neutralizar la estrategia de aniquilamiento en el campo y las ciudades. Este movimiento insurgente se plantea recuperar áreas perdidas y pretende su propia recomposición, deslocalizando la confrontación, avanzando en objetivos estratégicos frente a la ofensiva del ejército oligárquico y sus narcoparamilitares, que es la más grande de los últimos tiempos y que intenta desarticular la unidad con el pueblo, y distorsionar los posicionamientos en favor de la paz que tienen clara la naturaleza política del conflicto y hacen efectivo el derecho inalienable a la rebelión.

Así, los esfuerzos de paz en Centro y Sudamérica continúan enfrentándose con la realidad sistémica de políticas abiertamente antipopulares y represivas. Estos proyectos no deberían terminar en una paz americana que hace abstracción de la economía política, de las clases en conflicto antagónico, que encubren la permanente injerencia estadunidense en la región, así como la respuesta de los pueblos que se niegan a cohabitar con las oligarquías, sus ejércitos genocidas y sus paramilitares. La lucha por la paz, la libertad y la soberanía tienen lugar en sociedades cuyas clases dominantes monopolizan la tierra, la propiedad de los medios de producción y, por ende, el poder económico y político, y, al mismo tiempo, se han convertido en la base articuladora local de la dominación imperial.

Así, hoy se pretende imponer la rendición incondicional de los pueblos que exigen y construyen la paz, que establecen democracias comunales con sus propios recursos y formas colectivistas de organización social, que incursionan en la construcción del poder comunal en la Venezuela chavista y bolivariana. En particular, para el sistema de dominación imperante, el sistema de representación indígena implica un cuestionamiento radical a las formas de mando y obediencia impuestas desde hace siglos. De ahí el sentido subversivo de estas democracias comunitarias que, además, se constituyen en núcleos de resistencia anticorporativa y reservorios de pensamiento crítico, como es el caso de la experiencia mexicana con el EZLN, el Congreso Nacional Indígena, y su propuesta de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, en alianza con todos los explotados y oprimidos en el ámbito nacional.

Sin embargo, no hay que olvidar que la barbarie trasnacional destruye cotidianamente todas las expresiones de vida por la imposición de sus programas neoliberales, y mediante conflictos de intensidad diferenciada contra los seres humanos y la naturaleza, envileciendo de paso ciencia y tecnología.

La revolución de los pueblos es resistencia permanente contra el salvajismo del capital, y se constituye en el último e irrenunciable recurso; es la negación dialéctica del viejo sistema, NO la inserción en éste. De ahí, aquello de mis sueños no caben en sus urnas.

 

Publicado enSociedad
El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
En la senda de la verdad y la reparación

Ex combatientes de las FARC y agentes del Estado que se acojan a la Justicia Especial para revelar sus verdades recibirán sanciones que en ningún caso será ir preso, según el acuerdo de paz.

 De 38 magistrados elegidos, el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30, según él mismo dijo, que harán parte “de un sistema de justicia para la paz que hará historia, no solo en nuestro país sino en el mundo entero”.


Ayer fue registrado en el Palacio de Nariño como “un día muy especial para el avance en la garantía de los derechos de las víctimas de nuestro conflicto” y “para seguir cicatrizando las heridas que nos dejaron más de medio siglo de guerra interna”. También con alegría recibieron la noticia en las zonas donde el conflicto no es cosa del pasado. Tumaco, la ciudad donde más homicidios se cometieron en Colombia en el último año, está a orillas del mar Pacífico y sus líderes sociales como sus jóvenes, ex combatientes de FARC, sindicalistas, entre otros, acaban de ser amenazados una vez más por las Autodefensas Gaitanistas que aseguran que no permitirán que esta “falsa paz” rinda frutos. Desde el epicentro de la guerra, Carmen Olaya le cuenta a PáginaI12 que el anuncio del posesionamiento de la JEP les llena a las víctimas de alegría y esperanza.


“Para nosotros como víctimas es algo muy bueno, porque se va a poder conocer parte de lo que pasó, y esas personas que hicieron daño van a poder pagar de alguna manera, con trabajo acá en el campo por ejemplo, lo que hicieron”, relata la mujer quien coordina la Mesa departamental de víctimas de Nariño, al Sur de Colombia, donde las disidencias de las FARC y las rentas del narcotráfico tienen casi en guerra civil a la población urbana y rural de Tumaco. Allí se encuentra la mayor parte de los cultivos de hoja de coca de Colombia y la salida al oceáno Pacífico así como la frontera con Ecuador han hecho de la zona un caldo de cultivo para la criminalidad, la corrupción y la cultura del dinero fácil donde quienes han defendido el Acuerdo de Paz han llevado la peor parte.


Para Carmen, que ha sufrido por cuenta de los grupos armados al igual que todo su pueblo con las voladuras de oleoductos, la contaminación del mar, los desplazamientos masivos, secuestros y otros protagonizados por las FARC, la JEP es una luz que se enciende en estos días oscuros. ¿Por qué otras personas que no han vivido la guerra se oponen a esta justicia y exigen que los ex guerrilleros vayan a la cárcel mientras las víctimas celebran? Olaya, mujer afro de unos treinta años, le explica a este diario que “el que no ha vivido la guerra no puede tener la misma visión. Para nosotros es muy importante que esta gente vuelva a la sociedad, y que nos reparen, en vez de que se queden delinquiendo”, y se pregunta cuántas personas hay en las cárceles “y de qué nos ha valido eso, de nada; allá siguen delinquiendo y salen con más odio a seguir haciéndonos daño a nosotros los más humildes”.


La polémica Jurisdicción Especial de Paz ya cuenta con un edificio en Bogotá donde además funcionará la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuyos funcionarios aún no se posesionan pues no hay presupuesto ni instituciones creadas por el Estado para ello a pesar de que ya fueron elegidos sus integrantes. En la JEP funcionarán tres salas, una para Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad; y una más para definir las Situaciones Jurídicas y otra de Amnistía o Indulto. Además, la JEP contará con un Tribunal de Paz donde estarán 20 de los magistrados. Allí será donde los ex combatientes de las FARC y agentes del Estado que se acojan a esta justicia especial ofrezcan sus verdades y reciban sus sanciones que, en ningún caso según el Acuerdo de paz, será cárcel a menos que incumplan con ofrecer la verdad o con cualquier compromiso pactado.


Para Carmen Olaya “que los guerrilleros que se acogieron al Acuerdo vayan a aportar la verdad ante estos magistrados, va a ser muy bueno para las víctimas, y si no lo hacen tendrían que pagar una pena normal. Porque lo que pasó ya pasó, no lo podemos volver atrás. Nadie nos podrá pagar lo que hemos sufrido. Pero conocer lo que pasó y porqué pasó nos va a ayudar a superar un poco, porque más sufrimiento, más armas, no queremos más. En cambio si después de la JEP ellos vuelven acá a resarcir el daño, eso es bueno para todos, claro, aunque hay muchos que no les va a convenir que se sepan cosas”.


En Bogotá Santos hizo un llamado a los magistrados posesionados ayer -los demás están en cargos públicos y podrán hacerlo más adelante- que son los llamados a ayudar a consolidar la paz con un sistema de justicia transicional que el mundo entero estará analizando agregando que, contrario a lo que pregonan los enemigos del Proceso, la JEP no será un espacio de impunidad. Se espera que al menos unos 6 mil acudan a este organismo cuya secretaría inició hace un año.

Publicado enColombia
Santos suspendió las negociaciones con el ELN

El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones con el grupo guerrillero, después de que se registrara un atentado contra un oleoducto en las primeras horas del miércoles. Pidió a toda su comitiva que deje Quito, donde se desarrollan las negociaciones, y exhortó al Ejército a "actuar con contundencia para responder a esta agresión".

Pocas horas antes de que se iniciara la quinta ronda de negociaciones entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional en Ecuador, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a su comitiva que regresara a Colombia tras el atentado contra un oleoducto del municipio de Aguazul, en Casanare.


“Estuvimos siempre dispuestos a prorrogar el cese al fuego con ELN, inexplicablemente se negaron y hoy reanudaron ataques terroristas”, escribió en su cuenta de Twitter Santos. La comunicación la complementó luego con una corta declaración desde la Casa de Nariño, sede del gobierno. "Mi compromiso con la paz ha sido y será indeclinable. Pero a la paz se llega con voluntad y hechos concretos de paz. No solo con palabras", agregó el mandatario. Además de exigir el regreso de la delegación negociadora, Santos aseguró que exhortó al ejército a "proteger la vida y honra de los colombianos”.


El cese al fuego acordado entre las partes había vencido ayer y el Presidente había manifestado su intención de redoblar los esfuerzos para que se extendiera mientras duraran las negociaciones en Quito. El atentado en Casanare puso en riesgo una vez más el proceso de paz con el último grupo guerrillero del país, que Santos aspira a terminar de la misma manera que lo hizo con las Farc, que se transformaron en partido político al cabo de más de cuatro años de negociaciones.


Mientras tanto, las autoridades denunciaron que un puesto de seguridad de la Armada fue atacado con una granada en Arauca, zona fronteriza con Venezuela, dominada históricamente por el ELN.


Los ataques, sin embargo, se contradicen con los dichos del delegado negociador del ELN, Pablo Beltrán, quien minutos antes había asegurado que, a pesar de que el cese del fuego había expirado a las doce de la noche, el grupo guerrillero estaba "en una situación de orden defensivo" y estaba dispuesto a hacer "el esfuerzo de proyectar otro cese" para continuar las negociaciones.


Comunicado del ELN


Pactar un nuevo cese

 

1 El cese al fuego bilateral, temporal y nacional pactado para que durara 101 días, concluyó ayer a las 12 de la noche. Su propósito de mejorar la situación humanitaria de la población fue logrado a medias por la actitud del régimen; de nuestra parte cumplimos con los objetivos del cese.

2 Los incidentes sucedidos el día de hoy en el oriente colombiano, ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país; pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones, para lograr una salida política del conflicto.

3 El acuerdo prevé que en este Quinto ciclo de conversaciones se aborde la evaluación del cese recién terminado, para mantener sus logros y resolver los problemas que enfrentó.

4 Este nuevo Ciclo también debe hacer despegar el Diálogo Nacional previsto dentro del Punto #1 de la Agenda, sobre participación de la sociedad en el logro de la paz.

5 La mesa dio un salto cualitativo al desarrollar las conversaciones en medio de un cese, por lo que nos mantenemos en la decisión expresada de darle continuidad a este logro pactando un nuevo cese bilateral, que supere las dificultades del anterior.

6 Reconocemos el acompañamiento que han tenido estas conversaciones y el cese bilateral, en especial por las organizaciones participantes en la Veeduría Social, la Conferencia Episcopal, la Misión del Consejo de Seguridad de la ONU, los países Garantes y el Grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación; a quienes les solicitamos mantener su respaldo a los esfuerzos de paz que realiza este mesa.

Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional

 

Fuente: Rebelión.org

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La policía militar traslada a un preso en la prisión de Guantánamo.

 

Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los terroristas”, dice Bush.

¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara entregada.
Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.

Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo. Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la “indefensión aprendida”.

Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un libro editado este año, Medios injustificables.

Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manda un vídeo a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.

Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es Estado parte de la Corte Penal Internacional.

La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.

 

Polonia: un país ya condenado

 

El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.

El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.

El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (...) entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido para inducirle dolor”.

Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (...) durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.

El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos extranjeros”.

No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003 gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces? Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.

 

Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?

 

La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3 prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.

Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20 kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les dejaran unirse a la OTAN.

El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la prensa lituana.

La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.

El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que está pendiente de decisión.

 

Rumanía: abusos en pleno Bucarest

 

Una investigación periodística de Associated Press y un medio local, publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.

Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.

En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.

Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. El Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.

Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era asunto suyo”, afirmó Talpes.

Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de Inteligencia. La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.

¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal cual.

 

Estados Unidos se opone a la investigación

 

La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los obstáculos puestos por algunos estados han echado al traste el trabajo de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los testigos cambiaban su testimonio a última hora.

Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de La Haya.

La Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (...) identificada por la Fiscalía”.

El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.

La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller a aplicar las torturas.

¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se vería seriamente dañada.

Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los estados.

El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los estados hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la permiten.

 

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