Evo confía en su legado para ganar en octubre

La oposición presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años, pero sólo tiene ciertas expectativas con Carlos Mesa.

Bolivia plurinacional y descolonizada, ese país que “está en los ojos del mundo” como lo definió su canciller Diego Pary, avanza hacia sus elecciones del 20 de octubre. El gobierno de Evo Morales ratificó el rumbo con una premisa inequívoca: la autodeterminación. Acompañado por índices que le dan la razón en casi toda la economía, como el incremento de su PBI que seguirá creciendo en 2019. La oposición desflecada se presentará a los comicios que cuestiona porque se apoya en el referendo del 2016 cuando el presidente cayó derrotado. Esa limitación que le cerraba la posibilidad de ir por un cuarto mandato, fue sorteada en 2017 por el Tribunal Constitucional que lo habilitó para buscar su tercera reelección. La atomización de las fuerzas que enfrentarán al gobernante MAS podría sintetizarse en una frase reciente de uno de sus referentes, el empresario Samuel Doria Medina: “El enemigo no es Evo, es la dispersión del voto”.


Aún con múltiples factores que inciden en su complejidad, o lo que es igual, en la comprensión de lo que Bolivia significa hoy como modelo emergente, el país tiene un rumbo que se percibe con nitidez. La defensa de sus recursos naturales, el crecimiento de sus exportaciones –con el gas natural como estandarte-, una inflación acumulada en 2019 que ronda hasta ahora el 1 por ciento, la suba de las jubilaciones y la baja del desempleo que en 2018 llegó a su mínimo histórico (4,2 por ciento) son algunas de sus políticas. Todo eso conseguido en un contexto regional desfavorable.


La irrefutable dimensión de estas cifras, obliga a la oposición a centrarse en lo que considera una ilegítima candidatura de Morales. Pero en el camino hacia las presidenciales, sus expresiones más derechistas cometieron errores no forzados. Como la carta que doce diputados y senadores le enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que evitara la nueva postulación de Evo (ver aparte). Hasta el principal candidato opositor en las encuestas, el ex presidente Carlos Mesa, dijo que era “inaceptable” pedirle a EEUU que interponga sus “buenos oficios” en los asuntos internos de Bolivia. Dio una razón lógica según su perspectiva política: la carta le permite al gobierno “victimizarse”.


La oposición que presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años en el poder, solo tiene ciertas expectativas con Mesa. Algunas encuestas lo dan muy cerca del presidente en la intención de voto. Todos los aspirantes a ocupar la flamante Casa Grande del Pueblo (que desde 2018 reemplaza al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno) tuvieron que pasar por una polémica elección primaria en enero pasado en su propia fuerza. Hubo baja participación porque los presidenciables no competían contra nadie. Cada uno lo hizo por una formalidad legal. Esa movida política le permitió al oficialismo ratificar la candidatura de Evo, como para tomar envión.


Pero lo que marca el pulso de la campaña es que el gobierno siempre toma la iniciativa y fija los temas de discusión. El 31 de marzo pasado, Evo lanzó en Pando –al noroeste del país– el Plan 2030, que incluso es superador de la llamada Agenda Patriótica 2025. Como dijo el presidente, consiste en “la construcción de plantas de industrialización y gasoductos hidrocarburíferos hacia el Pacífico”.


En el mismo acto Morales negó que Bolivia estuviera aislada en el continente por apoyar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “No estamos solos, falsamente quiere decirlo alguna derecha: por apoyar a Maduro, a Venezuela, Bolivia se queda sola. Más bien, pueblos, gobiernos progresistas y estados soberanos apoyan estas políticas que permitan garantizar la paz y no estar con intervenciones militares y pensando en cómo dominar con cualquier pretexto nuestros recursos”.


El presidente aludía a socios estratégicos como Rusia e India. El mandatario de este último país, Ram Nath Kovind, llegó a Santa Cruz de la Sierra a fines de marzo con promesas de invertir en la industria del litio, el corredor ferroviario bioceánico, la salud, energía, tecnología y el desarrollo espacial. No fue una mera expresión de deseos del estado plurinacional. La ratificó la cancillería india en un comunicado: “El litio de Bolivia y nuestras necesidades proporcionan sinergias naturales. A medida que Bolivia se embarca en la industrialización de sus recursos, India es un socio dispuesto a suministrar conocimientos, tecnología y habilidades”.


Este contexto de expansión de la economía combinado con decisiones políticas fuertes, ya había sido anticipado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una visita a Moscú en febrero. Dijo frente a Vladimir Putin que “la presencia rusa en América del Sur no solamente es necesaria, es imprescindible”.


Las críticas al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se apoyó en el derecho a elegir y ser elegido que esgrimió Evo basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, parecen el único insumo que les queda a los opositores para llegar con chances electorales al 20 de octubre. El sábado último, antes de viajar a la Argentina para entrevistarse con Mauricio Macri, el líder del MAS se presentó en la Cancillería donde jugó cuatro partidas simultáneas en las Jornadas Estudiantiles de Ajedrez Presidente Evo. En una libre asociación de ideas entre el juego ciencia y los comicios que se vienen, declaró: “En las elecciones siempre hago jaque mate a la oposición”.
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Lunes, 22 Abril 2019 05:21

Bombas golpean a Sri Lanka

Bombas golpean a Sri Lanka

Al menos 207 personas murieron y 450 resultaron heridas a causa de los ataques.

Al menos 207 personas murieron y 450 resultaron heridas como consecuencia de ocho ataques explosivos ocurridos ayer en Sri Lanka en cuatro hoteles, tres iglesias y un complejo residencial en el marco de las celebraciones por las Pascuas. Ante la gravedad de la situación, el gobierno ordenó un toque de queda de duración indeterminada y además pidió el bloqueo temporal de las redes sociales. Según el portavoz de la policía, Ruwan Gunasekera, hasta el momento los atentados no fueron reivindicados por ningún grupo armado y las autoridades se limitaron a clasificarlos como ataques extremistas. Gunasekera anunció además la detención de ocho personas y la confiscación de una furgoneta empleada por los atacantes. Según testigos, al menos dos de los ataques fueron obra de kamikazes pero el portavoz de la policía no lo confirmó. 

El episodio de ayer fue el más violento ocurrido en el país desde el fin de la guerra civil, hace una década, y tuvo como blanco a la comunidad cristiana. De las tres iglesias atacadas, dos pertenecen a la comunidad católica y la tercera al culto evangélico. En Sri Lanka la población cristiana representa el 7,4 por ciento, mientras que los budistas forman el 70,2 de la población, los hinduistas el 12,6 y los musulmanes el 9,7 por ciento. Los ataques contra minorías religiosas en la isla se repitieron en el pasado. El último de ellos tuvo lugar en 2018 cuando el gobierno declaró el estado de emergencia después de se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y cingaleses budistas, lo que dejó dos muertos y decenas de detenidos.

En la misma línea del decreto de estado de emergencia y toque de queda, el Ministerio de Educación anunció el cierre de todos los colegios del país para hoy y mañana. El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, calificó los ataques de “cobardes” e hizo un llamado por la unidad del país. Además, encabezó una reunión de emergencia con altos mandos de las fuerzas de seguridad y miembros del gobierno. Poco después de los primeros atentados, Wickremesinghe reveló que las fuerzas de seguridad habían recibido avisos de posibles ataques en el país, pero afirmó que no le prestaron suficiente atención al asunto. Wickremesinghe además alertó sobre la circulación de noticias falsas sobre el ataque en internet. En tanto el arzobispo de Colombo, Malcom Ranjit, exhortó al gobierno de Sri Lanka a “castigar sin piedad” a los responsables, a través de una “investigación sólida imparcial”.

Las primeras imágenes que llegaron de los lugares afectados por el ataque mostraban la magnitud de la tragedia, con una de las iglesias con el techo del templo semidestruido, escombros y cuerpos esparcidos. “Escenas horribles. He visto miembros arrancados esparcidos por todos lados. Equipos de emergencia están desplegados en su totalidad en todos los puntos. (...) Hemos llevado a muchas víctimas al hospital, esperamos haber salvado muchas vidas”, relató en Twitter el ministro para las Reformas Económicas, Harsha de Silva.
El presidente de la Autoridad de Desarrollo del Turismo de Sri Lanka, Kishu Gomas, informó por su parte que 32 extranjeros se encuentran entre los fallecidos y que otros 30 están hospitalizados. Entre los muertos, anotó, hay nativos de Bélgica, Estados Unidos, China y el Reino Unido, entre otros.


Pugna entre tres identidades


El miedo a ser desplazado por otras comunidades étnico-religiosas, el budismo theravada y la lengua cingalesa han sido un elemento distintivo de la identidad nacional de Sri Lanka


Eva Borreguero

El País

21 ABR 2019 - 22:23 COT


El miedo a ser desplazado por otras comunidades étnico-religiosas, junto con la identificación con el budismo theravada y la lengua cingalesa, han sido elementos distintivos de la identidad nacional de Sri Lanka. Este temor se reforzó tras la descolonización, cuando cristalizaron tres grandes identidades en pugna comunal: los cingaleses budistas, los tamiles hindúes y los musulmanes.


Para el historiador K. M. de Silva, el temor de los cingaleses se explicaría por su condición de comunidad mayoritaria con complejo de minoría perseguida y amenazada a lo largo de los siglos. Separada de la costa sur de India por el delgado estrecho de Palk, Sri Lanka ha sido a lo largo de su historia saqueada por sucesivas oleadas de invasores tamiles hindúes, procedentes del sur de la India, que enriquecieron las arcas de sus dinastías con los tesoros de las ciudades budistas. El otro elemento identitario cingalés es la religión budista, erradicada de India, de donde surgió, y que encontró refugio en el interior de Sri Lanka. De ahí el orgullo de preservar una cultura distintiva frente a la amenaza que representaba el poderoso país vecino.


Por su parte, la minoritaria comunidad tamil hindú, originaria del sur de India y asentada a lo largo de los siglos en el noroeste, tendría, a la inversa de los cingaleses, un complejo de mayoría. Convencidos de poseer una poderosa cultura respaldada por más de 1.000 millones de correligionarios. El origen del conflicto entre el Gobierno y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, también conocidos como los Tigres Tamiles), uno de los más prolongados en Asia, se explicaría desde este marco. Los Tigres Tamiles fueron célebres por ser los pioneros en el terrorismo suicida moderno, así como por la utilización de civiles como escudos humanos y de niños en los combates. En 2009, la muerte de su dirigente, Vellupillai Prabhakaran, marcó el fin de la guerra y la derrota del grupo separatista.


En respuesta al conflicto, sucesivos Gobiernos alentaron una política de fortalecimiento de la identidad religiosa cingalesa, para lo que contaron con el apoyo rotundo de las autoridades clericales budistas. El presidente Mahinda Rajapaksa y sus dos hermanos encarnaron la determinación de estas medidas. Su victoria electoral en 2005 la entendió como una carta blanca para finalizar de una vez por todas la contienda. Y lo logró de un modo tan expeditivo como atroz; miles de civiles fueron asesinados en los meses más intensos del conflicto. Las críticas de periodistas y activistas fueron silenciadas por medio del secuestro y asesinato.


La pacificación sacó a Sri Lanka del radar de las noticas internacionales. Hasta que en 2014 las tensiones entre budistas cingaleses y musulmanes dieron lugar a una serie de revueltas. En la última década la relación de ambas comunidades religiosas ha estado marcada por la radicalización de sus posicionamientos. En los últimos años ha surgido el Bodu Bala Sena, una formación budista ultranacionalista que ha instigado el odio hacia las minorías musulmana y cristina, y que recuerda a la persecución de los rohingyas en Myanmar.


Las acciones de este grupo se han llevado a cabo al amparo de un rechazo hacia la comunidad musulmana que, según el experto en terrorismo Rohan Gunaratna, se ha alimentado de la creciente influencia en el país de las ramas más extremas del islam, el salafismo y el wahabismo, que son vistas como una perniciosa influencia extranjera que perjudica a las tradiciones islámicas locales, menos rigoristas.


Los cambios demográficos también han jugado un papel que ha fortalecido la percepción de amenaza: la comunidad budista ha tenido un crecimiento del 1,1% desde 1948, mientras que el de la musulmana ha sido de un 1,9%. La globalización ha traído consigo un efecto constelación en el que las narrativas alcanzan una dimensión transnacional mediante la conexión de agravios en otras regiones. Así, las facciones budistas radicales se hermanan con las minorías budistas de Bangladés y suman ultrajes a su causa. Al igual que los islamistas incluirían las persecuciones padecidas a manos de los budistas de Myanmar.


Hasta ahora, la comunidad cristiana, la principal afectada en los atentados de ayer, ha quedado relativamente fuera de este panorama. Los cristianos son vistos como una fuerza unificadora que integra por igual a cingaleses y tamiles. En los próximos días sabremos si lo ocurrido se encuadra en una constelación que abarque el ataque terrorista a las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, o si responde a las tensiones sectarias nacionales.

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 Rafael Vela, en una imagen de archivo. Agencia Andina

El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' defiende las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia

 La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.


Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.


- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?


- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información. Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.


El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".


Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".


Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene. "Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.


A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima]. Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".


- ¿Y estas circunstancias generan presiones?


- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial. A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.


Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida". "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley. Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".


El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".


- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?


- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer. Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.


- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?


- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.


- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?


- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

 

Por, Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 20 ABR 2019 - 22:04 COT

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El mundo a merced de dos dueños de casinos: Trump y el israelí Sheldon Adelson

Los casinos han unido las vidas de Trumpy Sheldon Adelson. En 2017, días después de haber sido ungido presidente, Trump –quien poseyó dos casinos que quebraron en Atlantic City– solicitó al primer nipón Shinzo Abe la construcción de casinos en Japón para favorecer a su amigo/aliado/socio Sheldon Adelson (https://bit.ly/2XAvdw5).

Chris McGreal, del The Guardian, asevera que Sheldon Adelson "conduce la política del Medio Oriente de Trump".

Sheldon Adelson, multimillonario del imperio Casino Las Vegas Sands, con una fortuna de 35 mil millones de dólares (número 14 en EU en el ranking de Forbes), dio al Partido Republicano 82 millones de dólares para las elecciones de 2016 cuando sus puntos de vista y su "apoyo indefectible al primer Netanyahu de Israel representan ahora la línea oficial de EU" (https://bit.ly/2McJCJV). ¡Cómo dejan los casinos!

Un año antes Sheldon Adelson, más israelí que estadunidense, había sido demandado por su anterior director Stevens Jacobs por crapulosas operaciones de juego en su casino de Macao (China): le imputó haber colaborado con el “crimen organizado (el c á rtel Las Triadas)” y sobornado a los funcionarios (https://bit.ly/2ViEScU). ¿No es la práctica común de los dueños de casinos?

En la elección de 2012, Sheldon Adelson "invirtió" 150 millones de dólares para desbancar al "socialista" –"estigma político" que vuelve a resonar con los publicistas de Trump– y "anti-Israel" Barack Obama (https://bit.ly/2ZlZVKU).

Según Chris McGreal, Sheldon Adelson ha dejado la impronta de sus "pasiones políticas" en “una gama de las decisiones más controvertidas de Trump, la abolición del Acuerdo Nuclear con Irán, el traslado de la embajada de EU a Jerusalén (https://bit.ly/2DntqTm) y el nombramiento del ultra-halcón John Bolton como consejero de Seguridad Nacional”.

El objetivo de Sheldon Adelson, de 85 años de edad, es "entrelazar al Partido Republicano con Israel". ¿No es el rol de los "evangelistas sionistas" (https://bit.ly/2COnHG5) asentados en el “Cinturón Bíblico ( Biblebelt)”?

NYT expuso que Sheldon Adelson es miembro del "Consejo Nacional de Seguridad fantasma (sic)" que asesora a Bolton.

Nadie dice si Trump gobierna, o está hipotecado por este gabinete en las penumbras, o es una vulgar polichinela a quién el Deep State (https://nyti.ms/2IXZ1il) coloca en jaque cuando se portal mal.

Sheldon Adelson financió el vuelo privado y los viáticos de la "delegación" de Guatemala para asistir al traslado de la embajada de EU a Jerusalén(https://bit.ly/2UOXLVF). ¡Que baratos!

También financió la nueva matriz de AIPAC (American Israel Publics Affairs Committee): el grupo cabildero más poderoso a favor de Israel en EU.

Sheldon Adelson sigue comprometido con el irredentista supremacismo racista del "Gran Israel" y admite que “Israel no será un país democrático. ¿ So what?”.

William Binney, del portal Sic Semper Tyrannis (https://bit.ly/2GB3rdf), afirma que el "verdadero patrón de John Bolton es Sheldon Adelson", quien ha lubricado al Partido Republicano con decenas de millones de dólares "con el fin de reconfigurarlo a su propia imagen".

Sheldon Adelson incrustó en los más altos niveles, del siempre rotatorio equipo de Trump, a varios neoconservadores straussianos quienes "han tenido un éxito considerable, particularmente en el tema de Irán" y también en el caso de Venezuela” –se pudiesen agregar Nicaragua y Cuba, pero que fracasó con Norcorea.

Según William Binney, “ahora que el Rusiagate está muerto, las relaciones de EU con Rusia no mejoran” debido justamente a la fauna neoconservadora.

En forma estrujante, la "única preocupación de Sheldon Adelson, según sus propios términos, es proteger a Israel por lo que aboga el bombardeo nuclear de Irán". ¡Mega-Uf!

William Binney agrega que Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy secretario de Estado, es otro vástago de Sheldon Adelson.

Por "azares" lúdicos del destino, la"estabilidad estratégica global" está en manos de dos casineros, Trump y Sheldon Adelson –con la operatividad del eje neoconservador Bolton/Pompeo–, mientras el botón nuclear de EU –que se desdibuja cada vez más para parecerse a Israel en la fase de Netanyahu y Jared Kushner– lo detenta uno, si es que no los dos.

Ahora resulta que la política exterior se hace en los casinos de EU e Israel. ¡La decadencia total!

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

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La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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La opaca transparencia: Assange, Lula y Moro

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición. Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.


Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y diez meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.


La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judicial es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.


Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sérgio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no se ha resuelto en sentencia firme. De aquí a cincuenta años, si todavía hay democracia, este caso se estudiará como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.


No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.


Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaron de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizá sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sérgio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulador de las instituciones jurídicas y judiciales existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.


El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ejercerse en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden avalarse democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro como verdugo útil y, por eso, descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

19 ABRIL, 2019

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Miércoles, 17 Abril 2019 06:39

China penetra en los Balcanes: Grupo 17+1

China penetra en los Balcanes: Grupo 17+1

China, con la protección del paraguas hipersónico de Rusia, anda enrachada en sus tratativas geoeconómicas multivectoriales, sin contar su prodigioso alunizaje en la parte oscura de la luna (https://bit.ly/2TRkIH4).

Después de haber atraído a Italia (https://bit.ly/2unQnkr) a las Tres Rutas de la Seda –máximos proyectos de infraestructura del siglo XXI– y de haber seducido a la Unión Europea (UE), pese a la ira de Trump, China consigue un impactante acuerdo con los países olvidados de los Balcanes y con otros países de Europa central/oriental, como plataforma para su proyección geoeconómica con Eurasia.

En la guerra comercial de Trump, China posee la carta triunfal cuando un empate para el presidente de Estados Unidos (EU) significaría una humillante derrota.

El nerviosismo de EU ha llegado a grados paranoides cuando el evangelista sionista Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy anodino secretario de Estado, ha fulminado contra la expansión china en Latinoamérica. Contra su costumbre, China ha replicado con dureza al neomonroísmo pinochetista de Pompeo (https://bit.ly/2v7XC0a).

Ya en el T-MEC existe un veto de Trump contra China para impedir sus inversiones en los tres países implicados.

El primer chino Li Keqiang, quien andaba relegado por la guerra comercial de Trump, empujó la asombrosa penetración de China en los Balcanes y definió que el grupo 16+1, con la incrustación de Grecia (miembro de la OTAN y de la UE), se convirtió en un 17+1: suplemento importante para la relación de Pekín con Bruselas (https://bit.ly/2XclADx).

Desde Alemania hasta Malasia, Trump no ha podido prohibir el ingreso de la trasnacional china Huawei que lleva la ventaja de punta con el 5-G.

El nuevo bloque geoeconómico 17+1 en los volcánicos Balcanes fue formalizado en la Cumbre en Dubrovnik (Croacia) donde firmaron 40 arreglos que cubren áreas como las exportaciones agrícolas, el comercio electrónico, las finanzas (sic) y la cooperación tecnológica (sic). El primer griego Alexis Tsipras, con tantos fracasos monetaristas a cuestas, era el hombre más feliz de la Cumbre de Dubrovnik.

Cabe recordar que es en Dubrovnik donde se filma la célebre serie Juego de Tronos.
La UE, de todavía 28 países (en espera del Brexit), ha dejado hacer al 17+1 que puede significar una dolorosa derrota de Trump en los verdaderos Juegos de Tronos.

Y digo que la UE-28 dejó hacer la génesis del 17+1 porque se celebró en vísperas de la relevante cumbre de China con la UE en Bruselas.

Grecia se había adelantado al haber cedido el control de su puerto Pireo a Cosco, la empresa naviera y logística estatal china, para la implementación de la “encrucijada de puertos ( hub ports)” de las Rutas de la Seda que incluyen el manejo por Pekín de dos puertos de los tres que posee Israel que traiciona once more a EU, pese al romance obsceno de Trump y Netanyahu (https://bit.ly/2RdRAUY).

El grupo 17+1 (sumados de China) comprende a 12 (¡súper-sic!) miembros de la UE y a cinco países de los Balcanes que esperan adherirse a la UE en el futuro.

Li Keqiang marcó las líneas rojas geoeconómicas: respetamos las leyes de la UE y sus parámetros cuando necesitamos todos incrementar el comercio y conectar nuestras economías.

No faltan teóricos apocalípticos desde Francia hasta Alemania quienes temen que la influencia de China en los Balcanes acabe por dividir a Europa, ya de por sí fragmentada (https://bit.ly/2IuJ8zr).

Por razones del feliz destino he tenido la fortuna de recorrer todos los países de los Balcanes por tierra –desde la guerra de Clinton contra Serbia hasta recientemente en 2014– donde EU dejó las huellas de sus guerras que pudieron haber derivado en una Tercera Guerra Mundial en Kosovo (https://bit.ly/2KGPJcz).

En los Balcanes también estalló la Primera Guerra Mundial y fue una de las principales cajas de resonancia de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy los Balcanes se pueden adherir a una nueva ruta pacífica de desarrollo compartido con China. ¡Esa es la gran diferencia entre las guerras permanentes de EU y las rutas de la seda de China!

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Trump reaviva hoy la pugna contra Cuba con la Helms-Burton

Washington. El gobierno de Donald Trump activará este miércoles una norma que permitirá demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando así con una exención que se mantenía desde hace dos décadas, indicó este martes un funcionario estadunidense.

Esta ley, que lleva los nombres del senador de extrema derecha Jesse Helms y del representante Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribó sobre sus aguas territoriales dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados. Fue promulgada el 3 de marzo de 1993 y puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunciará la medida este miércoles durante un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Playa Girón.

El 12 de abril, Bolton anunció que participaría en un acto con los veteranos para anunciar importantes pasos dados por el gobierno con la finalidad de enfrentar las amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua.

El portal Cubadebate indicó sobre este tema: “el título tercero viola la legislación internacional al permitir demandas contra entidades cubanas o extranjeras que ‘trafiquen’ con propiedades nacionalizadas de manera soberana y con apego a la legalidad tras el triunfo de la revolución en enero de 1959”.

Agregó que Cuba llegó a acuerdos de compensación con países como Reino Unido, Canadá, España, Suiza, Italia y Francia, cuyas empresas también fueron nacionalizadas. Pero Washington se negó a aceptar las condiciones ofrecidas por La Habana, dado que para entonces ya planificaba la invasión de Playa Girón, en abril de 1961.

Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadunidenses habían postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados que tengan empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.

Por otra parte, Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.

El vínculo entre Cuba y Estados Unidos se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien en noviembre pasado anunció acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los años de consecutivas prórrogas (de la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton) han creado una falsa sensación de impunidad, sostuvo el representante anticastrista Mario Díaz-Balart.

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