Sábado, 19 Octubre 2019 11:05

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Publicado enColombia
Jueves, 17 Octubre 2019 08:18

Washington contra Pekín

Adriana Gómez, Éste o éste, de la serie “Preguntas”, técnica mixta/lienzo, 30 x 30 cm, 2008  http://www.adrianagomez.net/site/

Parece que Estados Unidos considera ya que no puede hacerles frente a China y a Rusia al mismo tiempo. En las próximas décadas, su principal rival geopolítico será Pekín. En este punto, existe un consenso incluso entre la administración republicana de Donald Trump y los demócratas, fuerzas enfrentadas, sin embargo, en las elecciones presidenciales del próximo año. De este modo, en su condición de principal adversario de Washington, China es la sucesora del “Imperio del mal” y del “terrorismo islámico”. Pero, a diferencia de la Unión Soviética, China posee una economía dinámica, con la que Estados Unidos registra un enorme déficit comercial. Y un poder mucho más impresionante que el de las decenas de miles de combatientes fundamentalistas que deambulan entre los desiertos de la antigua Mesopotamia y las montañas de Afganistán.


Barack Obama ya había emprendido un “giro” de la diplomacia estadounidense hacia Asia y el Pacífico. Como es habitual, su sucesor formula esta nueva estrategia con menos elegancia y sutileza (Golub, página 18). Dado que, en su modo de pensar, la cooperación es siempre una trampa, un juego de suma cero, el auge económico del rival asiático amenaza automáticamente el desarrollo de Estados Unidos. Y viceversa: “Estamos ganándole a China –presumió Trump en agosto pasado–. Acaban de pasar su peor año en medio siglo, y es por mi culpa. No estoy orgulloso de eso”.


Eso de “no estar orgulloso” no parece propio de él… Hace poco más de un año, había autorizado la transmisión en directo de una reunión de gabinete. Y allí pasó de todo: uno de sus secretarios celebró la desaceleración del crecimiento en China; otro atribuyó la epidemia de opioides en Estados Unidos a las exportaciones chinas de fentanilo; un tercero afirmó que las dificultades de los agricultores estadounidenses eran consecuencia de las medidas de represalia comercial de China. Sólo faltaba que Trump relacionara la terquedad nuclear norcoreana con la indulgencia que Pekín mostraba hacia su aliado. Para Washington, vender un poco más de maíz o de electrónica a China no será suficiente. Tiene que apartar al rival, cuyo PIB se multiplicó por nueve en diecisiete años, debilitarlo, impedirle extender su influencia y, sobre todo, convertirse en el equivalente estratégico de Estados Unidos. No se le perdonará ningún golpe a este país cuya prosperidad deslumbrante no culminó en americanización, ni mostró docilidad alguna.


El 4 de octubre de 2018, el vicepresidente estadounidense Mike Pence ya denunciaba en un discurso de una extrema violencia un “sistema orwelliano”, “autoridades que destruyen crucifijos, queman biblias y encarcelan a los creyentes”, y la “coerción de empresas, estudios de cine, universidades, think tanks, investigadores, periodistas estadounidenses”. Incluso detectaba “intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2020”. Después del “Rusiagate”, ¿habrá acaso un “Chinagate” que, esta vez, tendría como objetivo la derrota de Trump? Estados Unidos es sin duda un país muy frágil…

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Magalí del Hoyo

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Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

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Sábado, 12 Octubre 2019 15:11

Crisis Ecuador

Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
Viernes, 27 Septiembre 2019 06:13

Las vueltas del neoliberalismo

Las vueltas del neoliberalismo

La crisis del pensamiento crítico, o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión. Neoliberalismo es uno de los conceptos que están siendo utilizados de manera menos rigurosa.

Entre muchos profesionales de la política y del pensamiento se ha difundido una idea que asocia el neoliberalismo a un tipo de gobierno "fundamentalista del mercado", cuando su acepción debería apuntar en una dirección estructural: es el capitalismo en el periodo en el que la acumulación por desposesión se ha convertido en hegemónica.

El geógrafo marxista David Harvey, quien acuñó el concepto de acumulación por desposesión/robo, asocia esta modalidad del capital a las políticas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington: las privatizaciones, la dominación del capital financiero, la distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores.

En América Latina el neoliberalismo tuvo un primer periodo privatizador, en el cual fueron desguazadas buena parte de las empresas estatales, traspasadas a precios muy bajos a multinacionales del norte. Las privatizaciones fueron enfrentadas por una amplia alianza de los sectores populares y las clases medias, generando una oleada de movilizaciones que se tradujo en la caída de una docena de gobiernos derechistas, desde el Caracazo de 1989 hasta la segunda guerra del gas en Bolivia en 2005.

Deslegitimadas las privatizaciones y las dirigencias políticas que las promovieron, el neoliberalismo trasladó el núcleo de la acumulación por despojo a otros terrenos que ahora llamamos extractivismo: agronegocio, minería a cielo abierto, obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. Estamos ante lo que la socióloga Maristella Svampa denominó “consenso de las commodities”, aunque suelo optar por una definición desde abajo que la nombra como "cuarta guerra mundial".

El problema que observo, es que muchos analistas sostienen una definición mucho más restringida de neoliberalismo, que asocian a la mayor o menor participación del Estado en la economía y en la sociedad. De ese modo, se suele sostener que cuando asume un gobierno "estatista", real o discursivo, ya entraríamos en un periodo "posneoliberal".

Definir las cosas de este modo, creo que induce a confusiones. Los cambios de gobierno no afectan al modelo neoliberal, sino tocan apenas aspectos laterales del mismo. Por ejemplo, se suele mentar que las políticas sociales compensatorias son parte del nuevo periodo posneoliberal. Sin embargo se ignoran dos hechos centrales.

Uno: esas políticas no las inventaron los gobiernos progresistas o posneoliberales, sino el Banco Mundial para desarticular los movimientos antisistémicos. Dos: las políticas sociales benefician al sector financiero, al promover la bancarización de los beneficiarios. En ambos casos, refuerzan el neoliberalismo: debilitan a quienes pueden enfrentarlo y fortalecen al capital financiero.

Pero lo más importante es que el neoliberalismo, siendo la fase actual del capitalismo, no puede ser derrotado votando, eligiendo nuevos gobernantes, sino desarticulando las bases sobre las que se asienta: el poder concentrado del capital financiero que utiliza el aparato estatal como escudo y espada, más allá de los gobernantes de turno.

Sostengo que salir del neoliberalismo implica una crisis fenomenal, porque el poder construido por el capital es tan sólido que sólo puede ser derrotado en un largo periodo de autorganización de los pueblos, recuperando los mediosde producción e instituyendo formas devida no capitalistas, con poderes no estatales que las defiendan.

Una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo es que ha consolidado el poder de uno por ciento. Este poder amurallado en las instituciones estatales como las fuerzas armadas, que ha sometido a sus intereses al narcotráfico y otras formas de la acumulación por despojo, no puede ser desarticulado sin un cambio radical en la relación de fuerzas. Algo que nunca se consiguió votando, ni en plazos cortos.

El capital en el periodo neoliberal se ha blindado, aprendiendo las lecciones de las revoluciones triunfantes. Por eso no será nada sencillo desalojarlos del poder, tarea en la que han fracasado tanto las opciones electorales como las armadas. ¿Acaso China y Vietnam no son neoliberales?

Un problema adicional es el que denuncia Darío Aranda en una brillante nota (https://bit.ly/2mDPbbU). El extractivismo, el neoliberalisomo, son política de Estado. Los gobiernos conservadores pactan con las empresas multinacionales la entrega de los bienes comunes. Los progresistas hacen lo mismo.

El modelo extractivo primario exportador, es la continuidad entre unos y otros. Aunque los progresistas aseguren que al llegar ellos al gobierno ya no hay neoliberalismo. Que le pregunten a los pueblos.

Publicado enPolítica
Jueves, 26 Septiembre 2019 17:30

¡Bingo! Primer premio: ISA

¡Bingo! Primer premio: ISA

No renuncian a su pretención de feriar la totalidad del patrimonio público construido por generaciones de connacionales. Ahora el gobierno Duque, continuador de la política neoliberal, sondea el ambiente para determinar el mejor momento para privatizar ISA, una de las empresas más rentables del país. ¿Cuáles son las implicaciones de la venta de la multilatina más importante de Colombia?

La empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es considerada como la primera multilatina del país, es decir, la empresa nacional con mayor y más potente presencia en toda la región. De sus negocios en el país hacen parte la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. Mucho más allá del mismo, opera con alrededor de 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica administrada por Internexa (Ver figura 1 y 2).

En la actualidad sus calificaciones crediticias reflejan su sólido perfil financiero al mostrar flujos de efectivo estables y predecibles (Ver figura 3). Su valorización desde el año 2015, sumando hasta el 18, muestra un incremento del 19,69 por ciento, con un precio en las acciones de alrededor de 18.000 pesos (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

 

Tabla 2

 

 

Esta multilatina es la cuarta más grande en el índice de acciones Colcap –uno de los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia– y se estima que tiene un valor de 5.200 millones de dólares. Su fortaleza es evidente: durante el tercer trimestre del año 2019 facturó $5,1 billones con activos cercanos a los $42 billones, y planea inversiones por más de $13 billones en el periodo 2018-2022.

Estos indicadores, alentadores para el país y su débil economía, no son suficientes para el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque, quienes insisten en salir del 51,41 por ciento de acciones que aún posee el Estado en la importante empresa colombiana y de esta manera darle la propiedad de la misma a capitales transnacionales –que en este momento son propietarios del 38,42 por ciento– para supuestamente cubrir el déficit fiscal de $14 billones de pesos que carga el país, pues con su venta estiman recoger un monto total de alrededor de $10,2 billones de pesos.

 

Continuidad de la privatización de los bienes públicos

 

El gobierno de Iván Duque no es el primero en proponer la privatización de ISA. Algunos de los que le antecedieron la sometieron a un largo proceso de privatización.


El primero en afectarla fue el de Cesar Gaviria, promotor de la mal llamada “Apertura económica”, con la cual disfrazó la privatización de importantes bienes públicos de la sociedad colombiana. Su gobierno, con las leyes 142 y 143 de 1994, ordenó escindir ISA y de esta manera formar Isagen (1995), empresa hoy privatizada de generación y comercialización de energía, quedando en ISA solo la trasmisión de energía y las telecomunicaciones, segmento económico que hoy maneja Internexa.

Después (1996), bajo el gobierno de Samper cambian de forma irregular la estructura jurídica de ISA, de una empresa industrial y comercial del Estado a empresa de servicios públicos mixta, constituida por acciones.

Como si fuera una maldición empecinada con acabar con ISA, en 1999, durante el periodo de Andrés Pastrana, subvaloran la empresa tasándola en una tercera parte de su valor real, con el fin de entregarla a multinacionales. La artimaña privatizadora despertó repudio en amplios sectores nacionales, quienes al denunciar lo que estaba en curso explicaron a la sociedad colombiana lo negativo de feriar un bien estratégico, fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales y fundamentales.

 

 

Pese a su derrota, gobernantes, políticos y magnates de la especulación no renuncian a su pretensión de privatizar a ISA. Es así como durante el gobierno de Uribe y el de Santos, maniobran nuevamente con medidas jurídicas para debilitarla, creando empresas filiales, potenciando la flexibilización laboral, trasladando trabajadores a otras entidades, eliminando sindicatos, incrementando tarifas, entre otras de las medidas aplicadas.


Incoherencia. Vale la pena recordar que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la privatización de Isagen, fue la bancada del Centro Democrático una de las principales opositoras a esta iniciativa, hasta el propio Iván Duque –entonces senador– expresó: “Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social”*. La venta de de Isagen no pudo impedirse. Los que ayer se ‘opusieron’ a esta privatización hoy son los promotores de igual suerte para ISA.

 

Efectos de la venta de ISA

 

Actualmente el Estado participa en 107 empresas que podrían ascender a un valor de $160 billones de pesos. El gobierno de Iván Duque estima reunir $30 billones de pesos en cuatro años con la venta de activos de estas empresas, de los cuales espera recaudar $5 billones en el 2019; es por esto que han iniciado los procesos de venta de Ecopetrol –de la cual espera privatizar el 8,5 por ciento que esta pendiente desde la década pasada– y el porcentaje accionario que al Estado le queda de ISA.

Vender una empresa como ISA implica perder una fuente de recursos presentes y futuros para Colombia, los que pasarían a enriquecer los bolsillos de los propietarios de las trasnacionales que se adueñarían de la multilatina, lo que además sería la renuncia a la seguridad eléctrica de país.

 

 

No se puede olvidar que ISA es una empresa estratégica para el progreso, desarrollo y autonomía económica del país, y que es la última empresa del sector eléctrico de orden nacional que le queda al pueblo colombiano. Privatizarla es entregar la posición estratégica que tiene Colombia como el único puente terrestre entre Centroamérica y Suramérica, lo que debela la importancia de esta empresa para las telecomunicaciones y el intercambio en la transmisión de energía entre países del sur, centro y norte del continente.

 

Una empresa para el futuro si luchamos por ella

 

Hay que entender que la operación de ISA en el mercado de la energía, vías y comunicaciones en Latinoamérica ha sido exitosa, de lo cual dan cuenta sus resultados en los mercados de Perú, Brasil y Chile, lo que en parte le permitió en 2017 cumplir con las metas previstas y trazadas para 2020, las cuales implicaban triplicar las utilidades del año 2012. Ante esto, la multilatina tiene una estrategia de apertura y crecimiento para el 2030 que implica aumentar su participación en la construcción de vías en Colombia y Perú, así como abrir nuevos mercados en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Sin embargo, el escenario es escabroso y al parecer las proyecciones de futuro quedarán en el aire ante la imposición de absurdas ideas de seguir feriando lo público. La desinformación reinante en el país, el temor que se acrecienta sobre las comunidades producto del asesinato continúo de líderes y lideresas, la atomización de los diferentes movimientos sociales –cada uno tratando de resolver sus urgencias–, con sindicatos debilitados producto de diferentes agresiones y errores en su conducción, así como la ausencia de la alternativa política con capacidad de liderazgo y de movilización nacional, auguran una resistencia menor del pueblo colombiano ante lo que ya se ve venir.

Ante este oscuro panorama, donde la intensificación del conflicto armado se avecina, donde los referentes políticos y sociales cada vez son más difusos y la democracia es un simple formalismo, es urgente luchar por los bienes públicos –producto del ahorro nacional–, los mismos que dignifican y deben ser resguardados en su naturaleza, pues sirven al desarrollo de los pueblos y a resguardar el bienestar de los territorios.

El reto de proteger a ISA de su privatización es un reto mayúsculo que pondrá a prueba al conjunto de actores sociales alternativos del país. La alarma es para cerrar filas y con ello impedir que la lleven a cabo, levantando al mismo tiempo banderas de gobierno alterno, garantizando con ello que lo público en verdad sea administrado y planeado de cara al país, garantizando así, en toda su palabra, el bienestar del conjunto social.

* https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/vender-isagen-es-premiar-el-derroche-y-la-falta-de-creatividad-financiera-senador-ivan-duque/7240/

 

Publicado enEdición Nº261
Viernes, 20 Septiembre 2019 10:10

¡Bingo! Primer premio: ISA

¡Bingo! Primer premio: ISA

No renuncian a su pretención de feriar la totalidad del patrimonio público construido por generaciones de connacionales. Ahora el gobierno Duque, continuador de la política neoliberal, sondea el ambiente para determinar el mejor momento para privatizar ISA, una de las empresas más rentables del país. ¿Cuáles son las implicaciones de la venta de la multilatina más importante de Colombia?

La empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es considerada como la primera multilatina del país, es decir, la empresa nacional con mayor y más potente presencia en toda la región. De sus negocios en el país hacen parte la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. Mucho más allá del mismo, opera con alrededor de 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica administrada por Internexa (Ver figura 1 y 2).

En la actualidad sus calificaciones crediticias reflejan su sólido perfil financiero al mostrar flujos de efectivo estables y predecibles (Ver figura 3). Su valorización desde el año 2015, sumando hasta el 18, muestra un incremento del 19,69 por ciento, con un precio en las acciones de alrededor de 18.000 pesos (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

 

Tabla 2

 

 

Esta multilatina es la cuarta más grande en el índice de acciones Colcap –uno de los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia– y se estima que tiene un valor de 5.200 millones de dólares. Su fortaleza es evidente: durante el tercer trimestre del año 2019 facturó $5,1 billones con activos cercanos a los $42 billones, y planea inversiones por más de $13 billones en el periodo 2018-2022.

Estos indicadores, alentadores para el país y su débil economía, no son suficientes para el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque, quienes insisten en salir del 51,41 por ciento de acciones que aún posee el Estado en la importante empresa colombiana y de esta manera darle la propiedad de la misma a capitales transnacionales –que en este momento son propietarios del 38,42 por ciento– para supuestamente cubrir el déficit fiscal de $14 billones de pesos que carga el país, pues con su venta estiman recoger un monto total de alrededor de $10,2 billones de pesos.

 

Continuidad de la privatización de los bienes públicos

 

El gobierno de Iván Duque no es el primero en proponer la privatización de ISA. Algunos de los que le antecedieron la sometieron a un largo proceso de privatización.


El primero en afectarla fue el de Cesar Gaviria, promotor de la mal llamada “Apertura económica”, con la cual disfrazó la privatización de importantes bienes públicos de la sociedad colombiana. Su gobierno, con las leyes 142 y 143 de 1994, ordenó escindir ISA y de esta manera formar Isagen (1995), empresa hoy privatizada de generación y comercialización de energía, quedando en ISA solo la trasmisión de energía y las telecomunicaciones, segmento económico que hoy maneja Internexa.

Después (1996), bajo el gobierno de Samper cambian de forma irregular la estructura jurídica de ISA, de una empresa industrial y comercial del Estado a empresa de servicios públicos mixta, constituida por acciones.

Como si fuera una maldición empecinada con acabar con ISA, en 1999, durante el periodo de Andrés Pastrana, subvaloran la empresa tasándola en una tercera parte de su valor real, con el fin de entregarla a multinacionales. La artimaña privatizadora despertó repudio en amplios sectores nacionales, quienes al denunciar lo que estaba en curso explicaron a la sociedad colombiana lo negativo de feriar un bien estratégico, fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales y fundamentales.

 

 

Pese a su derrota, gobernantes, políticos y magnates de la especulación no renuncian a su pretensión de privatizar a ISA. Es así como durante el gobierno de Uribe y el de Santos, maniobran nuevamente con medidas jurídicas para debilitarla, creando empresas filiales, potenciando la flexibilización laboral, trasladando trabajadores a otras entidades, eliminando sindicatos, incrementando tarifas, entre otras de las medidas aplicadas.


Incoherencia. Vale la pena recordar que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la privatización de Isagen, fue la bancada del Centro Democrático una de las principales opositoras a esta iniciativa, hasta el propio Iván Duque –entonces senador– expresó: “Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social”*. La venta de de Isagen no pudo impedirse. Los que ayer se ‘opusieron’ a esta privatización hoy son los promotores de igual suerte para ISA.

 

Efectos de la venta de ISA

 

Actualmente el Estado participa en 107 empresas que podrían ascender a un valor de $160 billones de pesos. El gobierno de Iván Duque estima reunir $30 billones de pesos en cuatro años con la venta de activos de estas empresas, de los cuales espera recaudar $5 billones en el 2019; es por esto que han iniciado los procesos de venta de Ecopetrol –de la cual espera privatizar el 8,5 por ciento que esta pendiente desde la década pasada– y el porcentaje accionario que al Estado le queda de ISA.

Vender una empresa como ISA implica perder una fuente de recursos presentes y futuros para Colombia, los que pasarían a enriquecer los bolsillos de los propietarios de las trasnacionales que se adueñarían de la multilatina, lo que además sería la renuncia a la seguridad eléctrica de país.

 

 

No se puede olvidar que ISA es una empresa estratégica para el progreso, desarrollo y autonomía económica del país, y que es la última empresa del sector eléctrico de orden nacional que le queda al pueblo colombiano. Privatizarla es entregar la posición estratégica que tiene Colombia como el único puente terrestre entre Centroamérica y Suramérica, lo que debela la importancia de esta empresa para las telecomunicaciones y el intercambio en la transmisión de energía entre países del sur, centro y norte del continente.

 

Una empresa para el futuro si luchamos por ella

 

Hay que entender que la operación de ISA en el mercado de la energía, vías y comunicaciones en Latinoamérica ha sido exitosa, de lo cual dan cuenta sus resultados en los mercados de Perú, Brasil y Chile, lo que en parte le permitió en 2017 cumplir con las metas previstas y trazadas para 2020, las cuales implicaban triplicar las utilidades del año 2012. Ante esto, la multilatina tiene una estrategia de apertura y crecimiento para el 2030 que implica aumentar su participación en la construcción de vías en Colombia y Perú, así como abrir nuevos mercados en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Sin embargo, el escenario es escabroso y al parecer las proyecciones de futuro quedarán en el aire ante la imposición de absurdas ideas de seguir feriando lo público. La desinformación reinante en el país, el temor que se acrecienta sobre las comunidades producto del asesinato continúo de líderes y lideresas, la atomización de los diferentes movimientos sociales –cada uno tratando de resolver sus urgencias–, con sindicatos debilitados producto de diferentes agresiones y errores en su conducción, así como la ausencia de la alternativa política con capacidad de liderazgo y de movilización nacional, auguran una resistencia menor del pueblo colombiano ante lo que ya se ve venir.

Ante este oscuro panorama, donde la intensificación del conflicto armado se avecina, donde los referentes políticos y sociales cada vez son más difusos y la democracia es un simple formalismo, es urgente luchar por los bienes públicos –producto del ahorro nacional–, los mismos que dignifican y deben ser resguardados en su naturaleza, pues sirven al desarrollo de los pueblos y a resguardar el bienestar de los territorios.

El reto de proteger a ISA de su privatización es un reto mayúsculo que pondrá a prueba al conjunto de actores sociales alternativos del país. La alarma es para cerrar filas y con ello impedir que la lleven a cabo, levantando al mismo tiempo banderas de gobierno alterno, garantizando con ello que lo público en verdad sea administrado y planeado de cara al país, garantizando así, en toda su palabra, el bienestar del conjunto social.

* https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/vender-isagen-es-premiar-el-derroche-y-la-falta-de-creatividad-financiera-senador-ivan-duque/7240/

 

Publicado enColombia
Martes, 17 Septiembre 2019 09:29

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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