Domingo, 28 Febrero 2021 05:35

Ecuador: del horror al debate electoral

Ecuador: del horror al debate electoral

Entre denuncias y acusaciones arranca la campaña para el ballotage del 11 de abril

Aunque las miradas se centraron en el trágico saldo de los motines carcelarios, continuó la disputa electoral después de la primera vuelta del 7 de febrero. 

 

Desde Quito.Ecuador pasó del debate electoral a contabilizar muertos y dolor. Sucedió el martes en la noche con réplicas hasta el viernes: varios amotinamientos en cuatro cárceles del país dejaron un saldo de 78 muertos. No solamente fue la violencia, sino la forma: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas. El horror, filmado y difundido en redes sociales.

Junto a las imágenes de una violencia que recuerda a la que se ha hecho costumbre en países como Colombia con el paramilitarismo, las pantallas mostraron día tras día a familiares desesperados, con llantos, rezos, y denuncias hacia la inoperancia estatal. El gobierno, acostumbrado a reaccionar tarde ante las crisis, hizo lo que suele hacer: negar toda responsabilidad y acusar al correismo de estar detrás de los hechos.

“Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional (…) no es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador -a Andrés Arauz-, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país”, afirmó el presidente Lenin Moreno en un mensaje.

Moreno, que señaló que el sobrepoblamiento de las cárceles es obra de su combate contra la delincuencia, no mencionó algo que la mayoría de actores políticos, analistas y especialistas destacaron: la reducción del presupuesto para el sistema carcelario con todas sus consecuencias, la eliminación de ministerios como el de Seguridad, y los antecedentes recientes de masacres en varias cárceles del país.

Los hechos fueron titulares de todos los noticieros de Ecuador, dentro de un sistema de canales de televisión que transmiten poco o nada de lo que sucede en el país. Sin embargo, aunque las miradas se centraron en esos hechos traumáticos para presos, familiares y el país, continuó la disputa dentro del proceso electoral que tuvo su primera vuelta el siete de febrero, y tendrá el ballotage el próximo 11 de abril entre Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, y Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO y Partido Social Cristiano.

El resultado de la primera vuelta siguió siendo imputado por Yaku Pérez, tercero en la contienda, quien llegó el martes a las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, acompañado de una movilización. Allí anunció la presentación ante el poder electoral de irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil. Según Pérez y el partido Pachakutik, el fraude realizado le habría quitado el segundo lugar y, por ende, su pase a la segunda vuelta.

La denuncia de Pérez tuvo un giro el viernes en la noche, cuando el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas, que en realidad no habían sido 16 mil, con presuntas “inconsistencias numéricas y faltas de firmas”, sino 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.

De esta manera el CNE cerró la denuncia de fraude presentada por Pérez. El candidato por Pachakutik ya había anticipado que, en caso de suceder ese resultado, presentaría un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, e insistiría con el pedido de auditoría presentado ante la Fiscalía General para que investigue sobre el fraude denunciado. Junto con eso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que se movilizó con Pérez, y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el viernes en la noche, luego de una represión, el inicio de un paro nacional.

El anuncio de nuevas medidas de lucha estuvo, sin embargo, marcado por la simultaneidad de noticias acerca de la división entre Pérez, respaldado por Pachakutik y Ecuarunari, con dos de los principales dirigentes de la Conaie: Jaime Vargas y Leónidas Iza, ambos protagonistas principales, a diferencia de Pérez, durante el levantamiento de octubre del 2019. Iza, por ejemplo, no respaldó la denuncia de fraude, y atribuyó el hecho de que Pérez no haya llegado al ballottage por “una estrategia mal planteada desde la nacional”.

Las posibilidades de presión callejera de Pérez sin acompañamiento de un sector importante de la Conaie aparecen entonces limitadas, como se evidenció en las calles de Quito y algunos puntos de protesta en el país durante la semana. En cuanto a la Conaie, el movimiento anunció oficialmente que dará a conocer su posición política de cara al ballottage en un consejo ampliado que tendrá lugar el diez de marzo.

Así, las amenazas que aún existen sobre el proceso electoral, y en particular la candidatura de Arauz, se encuentran en la Fiscalía, tanto por el intento de realizar una auditoría, como por la operación internacional montada vía la Fiscalía colombiana y la Revista Semana contra el candidato de revolución ciudadana, para acusarlo de haber sido financiado por el ELN de Colombia. Pérez, marcadamente anti-correista, afirmó sobre esa denuncia que “hace que, si no cae la candidatura de Arauz antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”.

Ante el intento de auditoría de la Fiscalía, Unión por la Esperanza, coalición que lleva la candidatura de Arauz, anunció haber presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales, para la suspensión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía con motivo de la indagación por presunto fraude electoral. En el comunicado de la coalición se señaló que el intento de auditoría amenaza las fechas de la segunda vuelta, además de tratarse de una injerencia de una autoridad ajena a las elecciones.

Así, a tres semanas de haberse dado la primera vuelta electoral, aún existen amenazas sobre el desarrollo del proceso electoral, una situación que ha sido denunciada dentro y fuera del país. Ese peligro quedó de manifiesto, por ejemplo, en la declaración conjunta de los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quienes acordaron "seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que este culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”. Luis Arce, presidente de Bolivia, adhirió luego públicamente a la declaración.

Los próximos días y semanas estarán marcados por posibles nuevos acontecimientos dentro de una elección determinante para el país y la región. Está sobre la mesa la posibilidad de que Ecuador regrese a un proyecto progresista y latinoamericanista con Arauz, o avance en una profundización neoliberal con Lasso. Moreno, quien respalda a Lasso, intenta en ese contexto condicionar el futuro económico con una medida de última hora: la privatización del Banco Central.

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El movimiento indígena de Ecuador se declara en "paro nacional" ante el presunto "fraude electoral" contra el candidato presidencial Yaku Pérez

"La vigilia se mantendrá y se llama a sumarse a los habitantes de Quito, pese a la represión policial y pese a que los vocales del CNE aprendieron a burlar la voluntad popular", dice un comunicado de una organización indígena.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) declaró un "paro nacional" ante el presunto "fraude electoral" contra el candidato presidencial Yaku Pérez, promovido, según denuncian, por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El anuncio se conoció mientras el CNE evaluaba un informe técnico-jurídico para decidir si aceptaba o no las "inconsistencias" en más de 20.000 actas electorales presentadas por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), por el que se postuló Pérez.

Mientras, decenas de seguidores del aspirante a la presidencia, convocados por Ecuarunari, permanecían en las afueras de la sede del CNE en Quito, donde hubo algunos enfrentamientos con la Policía.

"La vigilia se mantendrá y se llama a sumarse a los habitantes de Quito, pese a la represión policial y pese a que los vocales del CNE aprendieron a burlar la voluntad popular", dice el comunicado de la Ecuarunari.

Las decisiones del CNE

En su sesión, el pleno del CNE aprobó, de manera parcial, con cuatro votos a favor y una abstención, la objeción presentada por Pachakutik a los comicios del 7 de febrero. Sin embargo, solo dispuso la revisión de 31 actas de las miles que fueron presentadas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, exlegisladora por Pachakutik, informó que fueron presentadas 27.767 actas para su revisión, por tener supuestas "inconsistencias".

Con ese número de actas hicieron dos peticiones al órgano electoral. Primero, que "se compare el número de sufragantes entre las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y Parlamentarios Andinos (que también se eligieron el 7 de febrero)", para lo cual presentaron 20.534 actas. No obstante, el CNE determinó que "este requerimiento es improcedente", según el Código de la Democracia.

La otra petición fue la verificación "por inconsistencias numéricas y por falta de firmas" en las 7.233 actas restantes.

Sin embargo, el CNE, tras hacer una revisión, averiguó que:

  • 1.453 actas estaban repetidas.
  • 5.409 actas no tienen ninguna inconsistencia.
  • 340 actas ya habían sido identificadas "con novedades" y recontadas.
  • 10 actas con inconsistencia numérica.
  • 21 actas con falta de firmas.

Por lo tanto, solo se contarán esas 31 con inconsistencia y falta de firma, que están en las provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo.

Previamente el CNE negó otro reclamo de Pachakutik para verificar y comparar el "número de sufragantes en las actas de asambleístas nacionales respecto de las actas de parlamentarios andinos", así como "el pedido de nuevo escrutinio".

La denuncia de Pérez

Pérez quedó en tercer lugar en los comicios del 7 de febrero, lo que le impidió avanzar al balotaje que se disputará el 11 de abril y en el que se enfrentarán Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (que aglutina al correísmo), y Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC).

Según los resultados del CNE, Pérez sacó apenas 32.600 votos menos que el aspirante de CREO.

El candidato de Pachakutik denuncia que el presunto fraude fue cometido por un supuesto "pacto oligárquico" entre Lasso, su aliado del PSC Jaime Nebot y el expresidente Rafael Correa.

En respuesta, el exmandatario recordó que el CNE es manejado por una exmilitante de su partido Pachakutik, mandato bajo el cual le impidieron su participación en estos comicios y dificultaron hasta el final la presencia del correísmo.

Publicado: 27 feb 2021 04:38 GMT

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Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

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Ecuador: ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas  

El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones 

La Contraloría y la Fiscalía realizarán auditorías de la votación, con lo cual el correísmo denunció una “intromisión al proceso electoral” por parte de otras instituciones del Estado. 

 

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

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Consejo Electoral de Ecuador concluye el conteo de votos, 12 días después de las elecciones: Arauz y Lasso irían al balotaje

El órgano procesó y computó el 100 % de las 39.985 actas del binomio presidencial. Aún faltan por contabilizarse paquetes del exterior de la elección de asambleístas, por lo que los resultados finales serían proclamados el fin de semana.

Este viernes, luego de 12 días de los comicios presidenciales y legislativos del 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador concluyó el conteo de los votos.

 

Con el 100 % de las actas procesadas y computadas, el organismo electoral —que espera proclamar los resultados el fin de semana, según anunciaron sus autoridades— determina que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso se enfrentarán en una segunda vuelta, que se disputará el próximo 11 de abril.

Este balotaje se da luego que ninguno de los 16 candidatos que se presentaron a los comicios consiguiera los votos requeridos —50 % de los sufragios más uno o al menos el 40 % y una diferencia mayor de 10 puntos sobre el segundo— para ser proclamado ganador en primera vuelta. A la segunda van los dos más votados.

De acuerdo a los resultados publicados, Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, consiguió 3.032.906 votos, el 32,72 % del total, consagrándose ganador de esta ronda; mientras Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), alcanzó el 19,74 %, 1.829.378 sufragios a su favor.

En tercer lugar, muy cerca del segundo, quedó Yaku Pérez, del partido indigenista Pachakutik, con 1.796.542 votos (apenas 32.836 votos menos que Lasso), el 19,38 % del total.

Una vez que concluyó el conteo de las actas, el movimiento CREO festejó los resultados que sitúan a Lasso en la segunda vuelta, tras vencer a Pérez.

En estos comicios, hubo 80,97 % (10.613.040 votantes) de participación; y los votos nulos y blancos alcanzaron el 12,65 %.

El órgano electoral procesó y computó el 100 % de las 39.985 actas. No obstante, aún faltan por contabilizarse los paquetes del exterior sobre la elección de asambleístas nacionales, por lo que el CNE no ha podido proclamar los resultados finales. 

El consejero del CNE, José Cabrera, informó este viernes que el órgano prevé proclamar los resultados preliminares de la elección entre el sábado 20 y el domingo 21 de febrero.

Una vez que se proclamen los resultados preliminares de la primera vuelta, las organizaciones políticas pueden presentar reclamos ante el CNE o por medio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Denuncias de fraude y un acuerdo

Durante estos días, Pérez denunció que se fraguó un fraude en su contra para impedirle el paso al balotaje.

Ante ello, y por solicitud de este candidato, se realizó una reunión en la sede del CNE en Quito, donde, además de él, estuvo Lasso, los cinco representantes principales del órgano electoral y observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese encuentro, que se realizó el viernes 12 de febrero, Pérez pidió que se abrieran las urnas de votación en las 24 provincias de Ecuador, para hacer un recuento total de los votos. Aunque un día antes solo pedía que se hiciera en siete entidades: Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar.

La propuesta de Lasso, por su parte, fue la apertura del 100 % de las urnas en la provincia de Guayas, para que el aspirante del partido indigenista no tuviera "ninguna duda de que el proceso fue transparente".

Finalmente, se alcanzó un acuerdo y el CNE anunció que se revisaría el 100 % de las actas de Guayas y el 50 % en otras 16 provincias, que no se especificaron en el momento. Además, se estableció que la proclamación de los resultados de esa primera vuelta se haría luego de este proceso.

El martes 16 de febrero, el CNE realizó una plenaria para someter a votación el informe que permitiría jurídicamente reabrir las urnas de votación y hacer el recuento de los sufragios; sin embargo, no se consiguieron los votos suficientes para su aprobación. De los cinco representantes principales del CNE, dos votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo y el consejero Luis Verdesoto abandonó la sesión, tras pedir el retiro del documento por presuntos "errores" y "omisiones".

Un día después, el miércoles 17, las organizaciones indígenas iniciaron una movilización, en la ciudad de Loja, al sur del país, que se dirige hacia Quito, donde prevén llegar el martes 23 de febrero, para continuar su reclamo por el recuento de los votos.

Ese día, en la capital ecuatoriana se les unirá el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), según anunciaron sus dirigentes este viernes.

¿A quién acusan del fraude?

Pérez y la organización Pachakutik acusaron de estar detrás del fraude a un presunto "pacto oligárquico", que incluye a al expresidente Rafael Correa, así como a su contendiente político Lasso y el aliado de este Jaime Nebot, del PSC.

El exmandatario respondió a estas acusaciones, que calificó de "ridículas", y le recordó a Pérez que el CNE es manejado por una exmilitante de su partido, Pachakutik, mandato bajo el cual le impidieron su participación en estos comicios.

"La presidenta del Consejo Nacional Electoral (Diana Atamaint) es de Pachakutik, me impidieron ser candidato, por todos los medios quisieron impedir la participación de nuestro binomio, impidieron los spots con mi imagen, con mi voz, los jingles", mencionó Correa.

Faltaron papeletas

Además de elegir al nuevo mandatario, los ecuatorianos votaron para escoger al vicepresidente, a los 173 integrantes de la Asamblea Nacional (Congreso) y a cinco parlamentarios al Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina de la que forma parte Ecuador.

En algunos recintos del exterior, como en Bruselas, Bélgica, y en ciudades de España, los ecuatorianos no pudieron votar para elegir a los cinco parlamentarios andinos, puesto que las papeletas para esa dignidad no llegaron.

Hervas, de lo nuevo a lo viejo

Una de las sorpresas de estos comicios fue el candidato Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, quien quedó en cuarto lugar según el resultado final.

Hervas, quien hasta el 16 y 17 de enero, cuando se llevó a cabo el debate de los candidatos presidenciales, era poco conocido, logró conseguir 1.453.460 votos, el 15,68 % de los sufragios. Durante la campaña, la encuesta que más puntos le dio llegó a 8 %, a finales del mes pasado.

Se trata de un ingeniero en Producción Agroindustrial guayaquileño, que concentró su campaña en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok, muy popular entre los jóvenes. De ahí, muchos le pusieron el mote de 'tiktokero'.

"Le hemos quitado el sueño a los políticos tradicionales", dijo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales la noche del domingo.

Hervas se presentó en la campaña como "gente nueva". Una vez conocidos los resultados que dieron la mayoría de votos a Arauz, señaló que no apoyaría a ningún candidato a la segunda vuelta; no obstante, poco después, invitó a Pérez y a Lasso a unirse en un "Pacto por Ecuador" para "impulsar votos por el país para evitar el regreso (de la) izquierda extrema, populista y corrupta", cayendo así en el discurso de los políticos tradicionales.

Publicado: 19 feb 2021 20:27 GMT

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:30

Andrés Arauz presenta su plan en  Nueva York

Arauz fue ovacionado por la comunidad ecuatoriana en Queens.  ________________________________________ Imagen: @ecuarauz2021

El candidato presidencial ecuatoriano espera la segunda vuelta electoral del 11 de abril

Se reunió con la comunidad migrante de Ecuador y planea hablar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante la prensa de EE.UU. se refirió al plan económico que llevará adelante para hacerle frente a las políticas de austeridad que ha sostenido el actual mandatario Lenín Moreno

Entre decenas de banderas de Ecuador y el invierno estadounidense, la comunidad migrante en Queens, Nueva York, recibió al candidato presidencial, Andrés Arauz. El ganador de la primera vuelta en las elecciones del 7 de febrero viajó a EEUU donde también planea reunirse con inversores y la prensa estadounidense

La comunidad migrante más grande que tiene Ecuador en el exterior recibió a Arauz entre barbijos con la bandera ecuatoriana. “Estamos aquí celebrando nuestra victoria contundente en la primera vuelta” dijo el candidato de la Unión por la Esperanza a sus seguidores en Newark, Nueva Jersey, ubicada a unos 17 kilómetros de Nueva York. “Nosotros ya estamos liderando de largo las preferencias para segunda vuelta y por eso están queriendo hacer triquiñuelas en el Consejo Nacional Electoral, para evitar nuestro triunfo contundente” afirmó. La visita de Arauz también incluye reuniones con Alejandro Werner y Kirshna Srinivasan director y subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Arauz ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 33 por ciento de votos, aún resta definir con quién disputará la segunda vuelta el 11 de abril. El banquero, Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez esperan el reconteo de votos cada uno con su 19 por ciento y una diferencia de unos pocos miles de votos todavía no resuelta. “Lo bueno es que va a ser una elección donde van a quedar contrastados claramente dos grandes planteamientos de lo que debe ser Ecuador. Uno que nos va a llevar a un país de unos privilegiados, unos pocos banqueros que quieren repartirse lo poco que le queda a la patria y otro por un país del progreso” dijo a la comunidad migrante en Newark.

El candidato de la Unión Por la Esperanza (UNES) también fue entrevistado en el programa estadounidense Democracy Now! En la entrevista Arauz se refirió a la situación actual que vive Ecuador con la crisis sanitaria por la pandemia por covid-19 y la segunda crisis económica más fuerte en la historia del país. “Nos enfrentamos a una doble crisis, por un lado, la pandemia bajo el manejo absolutamente negligente del gobierno” aseguró. Ecuador registra más de 260 mil contagios y 15.392 muertes por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. “Sólo han circulado cuatro mil vacunas para una población de más de 17 millones de personas”. Para enfrentar el escenario actual, el candidato propone un plan de inversión que incluiría una ayuda de emergencia similar a la que lleva adelante el gobierno estadounidense con cheques para la población más vulnerable. “También planeamos un programa agresivo para -en el corto plazo- poner la vacuna a disposición como un servicio público” afirmó. Además, Arauz contó que habló con el presidente argentino y habría asegurado de 4 millones de dosis de la vacuna producida en Argentina.

El candidato también se refirió a la ola de despidos que ha llevado adelante el sistema de salud en medio de la pandemia. “Más de seis mil trabajadores públicos de la salud han sido despedidos a causa de las políticas de austeridad que han impactado a la población de Ecuador, aumentando la pobreza y la inequidad” denunció. Arauz quiere ir en contra de estas políticas llevadas adelante por el actual mandatario Lenín Moreno. “Queremos implementar una política económica heterodoxa, que incremente la inversión pública, que incremente la protección social para la población. Y que en sí misma pueda crear una recuperación en el corto y mediano plazo para la población.” Entre los problemas que evidenció la pandemia de coronavirus, el candidato habló sobre la conectividad a Internet y cómo afecta a los estudiantes. “La mitad de la población estudiantil de Ecuador no ha podido continuar sus estudios por falta de conexión. También necesitamos un programa de emergencia para Internet, esto implica inversión en infraestructura para cubrir todo el territorio ecuatoriano con conexión de calidad, especialmente para los jóvenes”.

Arauz también cuestionó la agenda anti-extractivista del candidato presidencial Yaku Pérez quien aún espera el conteo final de los votos que definirán si triunfo o derrota ante el banquero del corralito ecuatoriano, Guillermo Lasso. “La agenda anti-extractivista tiene que ser un poco más sofisticada y detallada porque hay muchos temas que deben tenerse en cuenta incluyendo la industrialización de las minas y el desarrollo de las comunidades cercanas. No podemos tener una agenda extractivista neocolonial pero tal vez podemos buscar una agenda de petróleo, minería y agrícola que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y que las convierta en los principales actores”.

Por último, Arauz fue consultado por el caso del periodista Julian Assange, a quien el actual mandatario ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo político en una de sus primeras acciones al frente del país. “Cuando le quitaron el asilo político se violaron derechos humanos y civiles incluyendo la anulación de la ciudadanía de Assange como ciudadano ecuatoriano. Eso es algo que voy a examinar y si la situación cambia veremos como accionar internacionalmente. Sin embargo, creo que los derechos humanos de Assange deben ser respetados” sostuvo sobre el fundador de WikiLeaks a quien la justicia británica negó la extradición hacia EEUU donde esperan juzgarlo por revelar al mundo los crímenes de guerra del gobierno estadounidense.

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Ecuador: Lasso ya no quiere el recuento masivo de votos

El candidato de la derecha intimó al poder electoral a "proclamar los resultados de la primera vuelta". El viernes había acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la OEA que se revisaran casi seis millones de votos. 

 

Ecuador vive horas de río revuelto y especulación. Lo que parecía claro el viernes en la tarde ya no lo fue el domingo en la noche, o, al menos, así parece. Esa tarde del viernes tuvo lugar un pacto entre el segundo en las elecciones del pasado siete de febrero, Guillermo Lasso, el tercero, Yaku Pérez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Allí, sin presencia de ningún otro candidato, acordaron realizar un recuento de votos en 17 provincias del país: 100% en Guayas y 50% en las demás, para un total de cerca de seis millones de votos, en un proceso de cerca de 15 días que debería comenzar este martes. Eso último fue explicado el sábado en la tarde por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, es decir, un día después del breve anuncio sobre el recuento anunciado sin detalles.

El sábado en la tarde ya se habían producido los reconocimientos de Luis Almagro, secretario de la OEA, recordado por su rol central en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, y del gobierno estadounidense, a través de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien afirmó que la decisión del CNE permitiría una “mejora de las garantías para los candidatos y la ciudadanía”.

El escenario de un pacto de recuento quedó, sin embargo, bajo pregunta, cuando Lasso publicó una carta el domingo en la tarde dirigida a Atamaint. Allí, en un cambio de posición, intimó al CNE a “proclamar los resultados de la primera vuelta electoral”, señaló el carácter supralegal del acuerdo y el peligro que el poder electoral caiga en “actos ilegales y hasta delictivos”, afirmó que el conteo de votos debía ser en siete provincias en lugar de las 17 inicialmente acordadas, y señaló que Pérez podía estar intentando “fraguar un fraude” con el proceso de recuento.

La carta fue seguida de un intercambio de acusaciones entre Pérez y Lasso por las redes sociales, donde este último acusó nuevamente de “intento de fraude y caos a la democracia”. El candidato de Pachakutik, por su parte, acusó a Lasso de querer realizar un fraude: “con qué autoridad moral usted aspira a ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien ‘nada debe, nada teme’ y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude, una burla al CNE, a la OEA y al pueblo de Ecuador”.

El cambio de situación, sumado a la poca claridad ofrecida por parte del poder electoral, arrojó así un cuadro de confusión que, en horas del lunes, sumó un nuevo elemento: el anuncio de una movilización para el martes por parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) -de la cual fue presidente Pérez entre el 2013 y 2019, cuando ganó la gobernación de Azuay- debido al “retracto del señor Lasso” expresado el domingo.

“Nos movilizaremos en los territorios y caminaremos a la ciudad de Quito para defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos (…) si hay que pelear tenemos que pelear, si hay que ir a la cárcel iremos a la cárcel, si nos asesinan seremos asesinados, pero de rodillas jamás”, afirmó Carlos Sucuzhañay, presidente de Ecuarunari, que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

De esta manera el escenario pasó de un pacto anti-correísta, objetivo compartido entre Pérez y Lasso como afirmaron en la misma reunión del viernes, a una diferencia entre los candidatos con, a su vez, tensiones en la misma CONAIE, donde ciertos sectores se mostraron opuestos a un “acuerdo con la derecha (…) que sería ilegítimo e inconsulto con las bases”.

Una pregunta, que se ha mantenido desde el domingo en la noche, ha sido: ¿por qué Lasso dio marcha atrás en el acuerdo del viernes? ¿Fue por presiones internas, por ejemplo, de sus aliados del Partido Social Cristiano? ¿Una posibilidad real de perder su segunda posición al finalizar el recuento? En las respuestas a esa pregunta parecen estar las claves para comprender cómo pueda evolucionar el conflicto electoral en Ecuador.

Existe, además, otro elemento en la agenda de la contienda: la reciente visita a Quito realizada por el Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, quien, a pedido de la Fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, trajo lo que denominó como “información” sobre el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano a la campaña de Andrés Arauz. La visita del Fiscal de Colombia, relacionado con el partido del presidente Iván Duque, Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe, levantó señales de alarma acerca de la existencia de posibles maniobras para impedir una participación de Arauz en el ballottage del 11 de abril.

“Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso han intentado, por vías anti-democráticas, descalificar nuestra candidatura, ahora, con mentiras quieren presionar al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución (…) Toda esta patraña tiene una sola intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall que lidera la preferencia electoral participe de la segunda vuelta”, afirmó Arauz este lunes.

Los próximos días podrían estar marcados por nuevas noticias y cambios, en el marco de una elección presidencial en un país marcado por la persecución vía lawfare sobre la revolución ciudadana, una institucionalidad cuestionada transversalmente, la interferencia de actores internacionales, y una oscilación entre el intento de pactos electorales anti-correístas -con posibles proyecciones a planes de gobierno- y giros repentinos -al menos en la superficie- como el que ocurrió el domingo.  

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Ecuador: entre la disputa por el ballottage y el pacto político

Yaku Pérez, que quedó tercero, denuncia fraude e inicia acciones legales

El candidato de Pachakutik oscila entre acusar al banquero Lasso de fraude e invitarlo a realizar un frente común contra Arauz, el presidenciable correísta ganador de las elecciones del domingo. 

 

Pasados cinco días desde la elección presidencial y legislativa en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha finalizado el conteo del 100% de las actas. Sin embargo, con 99.88% de las actas escrutadas y 98.81% computadas, se ha confirmado que Guillermo Lasso ingresará a segunda vuelta con 19.79% de los votos, y Yaku Pérez, con 19.46%, quedará en el tercer puesto.

Pérez, en el marco de la demora en el anuncio oficial del CNE, ha denunciado la existencia de un fraude y comenzado una serie de acciones. “El día de ayer se consumó el fraude que vino preparándose desde hacía algunas semanas antes (…) tal vez ya tenemos el Nostradamus contemporáneo, el expresidente Correa, él anticipó hasta con cifras casi precisas cuánto va a llegar a tener Lasso, cuánto nosotros y cuánto el señor Arauz”, afirmó el candidato de Pachakutik en las afueras del CNE, en Quito.

Según Pérez, existiría una alianza entre Correa, Lasso y Jaime Nebot, dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) aliado a CREO en la candidatura de Lasso. “El señor Lasso solamente por un ego que quiere pasar a la segunda vuelta, sabe que no va a ganar al señor Arauz, le está haciendo el juego al correismo, Correa astutamente le hace caer en la trampa a Lasso y a Nebot”, señaló ante un grupo de seguidores que instaló una vigilia frente al poder electoral.

Así, según afirmó Pérez, no solamente debería ingresar a primera vuelta, sino que habría ganado en lugar de Andrés Arauz, ya que le habrían robado “diez puntos” en “un fraude descarado”. Pérez ya había realizado esa misma afirmación el día lunes, cuando instaló la denuncia acerca del robo de las elecciones, algo que, hasta el momento, no fue acompañado por pruebas.

El partido Pachakutik, ante esta situación, anunció que pedirá al CNE el recuento “voto a voto” en las provincias de Pichinchas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, “donde se metió la mano”, llevará una denuncia penal en Guayas por delito de fraude electoral, acudirá a la Contraloría General de la Nación para pedir que se haga una auditoría, y presentará la denuncia ante el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en Naciones Unidas.

Sin embargo, al tiempo que Pérez acusó a Lasso de complicidad con Correa, retomó la propuesta hecha el miércoles por Xavier Hervas, de Izquierda Democrática (ID) -quien llegó en cuarto lugar con 15.74% de los votos- de conformar un frente entre las cuatro fuerzas políticas, Pachakutik, ID, CREO-PSC, para enfrentar a la revolución ciudadana. Así, Pérez afirmó que, una vez realizado el recuento, “quien resulta ganador, dialogamos y hacemos un frente contra la corrupción”, es decir contra el correísmo.

Si bien aún resulta incierto cómo evolucionará el pedido de recuento de voto ante el CNE, las demás acciones legales y, tal vez, un proceso de protestas, a medida que avanzan los días ha tomado cada vez más forma la posibilidad de que se conforme una alianza de cara al ballottage. Una posibilidad no solamente presente en los discursos, como la tensión de Pérez entre acusar a Lasso de fraude e invitarlo a realizar un frente común, sino también en el intento de conformación de una alianza entre Pachakutik y CREO-PSC en la Asamblea Nacional para lograr la presidencia del legislativo.

El desarrollo del escenario ha dejado en evidencia el punto central que comparten la mayor parte de las fuerzas políticas del Ecuador: impedir el regreso de la revolución ciudadana al gobierno. Se trata de un objetivo compartido, a su vez, por el gobierno estadounidense, involucrado en los entretelones, como quedó evidenciado con la visita del presidente Lenín Moreno a Washington días antes de las elecciones, donde llevó adelante reuniones con funcionarios centrales de la administración y de ambos partidos de cara a América Latina.

Esta confluencia de factores de poder nacionales e internacionales en torno al momento electoral no sería nueva, sino la continuidad de una serie de acciones emprendidas durante los últimos cuatro años contra el correismo desde el gobierno, el poder judicial, electoral, mediático, que se tradujeron en persecuciones, encarcelamientos, inhabilitaciones y exilios. Pérez, quien ahora denuncia un fraude, podría, dentro de algunos días o semanas, ser parte de la alianza electoral anti-correísta con proyección gubernamental. ¿La base social que votó por él apoyará a Lasso? Es una de las varias preguntas que se encuentran sobre la mesa. 

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Elecciones en Ecuador: Guillermo Lasso supera a Yaku Pérez y se proyecta para el ballottage

Mil de las 1100 actas que aún quedan por computar son de la provincia de Guayas, donde Pérez tiene menor cantidad de votos.

 

Guillermo Lasso irá a segunda vuelta. Es la tendencia que apareció como irreversible según los datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al finalizar la tarde del miércoles. Lasso pasó en porcentaje a Yaku Pérez, 19.66% a 19.61%, y 1.000 de las 1.100 actas que aún quedan por computar, es decir el 2.59%, son de la provincia de Guayas, donde Pérez tiene menor cantidad de votos.

La noticia del ingreso de Lasso al ballottage había sido anticipada por los cálculos sobre la ubicación de las actas por contar, zonas de fuerza de Andrés Arauz, en primer lugar, seguido de Lasso. “A Lasso le están poniendo más votos de acuerdo al acta original y a Yaku Pérez le están poniendo menos, ese es el fraude”, afirmó Pérez desde Guayaquil, cuando la noticia de su derrota se difundió.

El candidato del partido Pachakutik, brazo electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ya había denunciado un fraude desde el día lunes, afirmación sostenida desde entonces. “La Confederación de los pueblos quichuas del Ecuador acaba de enviarme que ayer presentaron una denuncia penal, y ahora lo van a hacer los asambleístas, una pena, pero si se deja esto en impunidad estamos siendo cómplices o alentando la corrupción”, afirmó rodeado de seguidores.

Con la confirmación del ingreso de Lasso se abrió entonces un nuevo escenario, de desenlace aún incierto: Pérez, así como la CONAIE, quien llamó a “respetar la voluntad popular”, podrían intentar un proceso de movilizaciones, algo que, en pequeña medida, ha comenzado a suceder, una acción políticamente compleja y de resultados tal vez desfavorables.

“Hemos sido críticos y autocríticos en este proceso, tenemos diferencias ideológicas, pero ante la amenaza de la derecha de atentar contra la voluntad popular nos movilizaremos y no permitiremos que la derecha, venga de donde venga, pretenda estar por encima de la decisión popular”, señaló Leónidas Iza, uno de los principales dirigentes de la CONAIE.

Mientras la pulseada por el segundo lugar tomó entonces fin en los números del CNE, algo que debería mantenerse salvo giro imprevisto de última hora, las ubicaciones políticas respecto a la segunda vuelta comenzaron a aparecer en diferentes discursos. Así, por ejemplo, Xavier Hervas, candidato de Izquierda Democrática, quien salió cuarto en las elecciones con 15.86%, llamó a conformar un frente anti-correísta.

“Invito a los candidatos Guillermo Lasso y Yaku Pérez a unirnos de manera transparente a un ‘pacto por el Ecuador’, que se acepten los resultados oficiales y juntos impulsar votos por el país para evitar el regreso de la izquierda extrema, populista y corrupta”, escribió en su cuenta de Twitter.

La postura de Hervas puso en evidencia cómo el anti-correísmo representa el punto de unión entre la mayoría de las fuerzas políticas adversas a la revolución ciudadana, algo que comparte con quien fuera banquero de Guayaquil, así como el dirigente de Pachakutik. Aún es temprano para saber si efectivamente se conformará una alianza contra Arauz y qué forma, en caso de darse, tomará. Los antecedentes indican que Pérez llamó a votar a Lasso en el 2017, y Lasso afirmó antes de las elecciones del 7 de febrero que apoyaría a Pérez en una segunda vuelta, pero esos apoyos no necesariamente tendrían traducción en las bases electorales.

El anuncio del candidato de Izquierda Democrática fue respondido por Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta con 32.44% de los votos, con una propuesta de construcción común: “Invito a la auténtica socialdemocracia a unirse por un bloque histórico progresista y plurinacional por la justicia social con libertad”, escribió quien se enfrentará a Lasso, que ya fue derrotado dos veces en las presidenciales por la revolución ciudadana, en primer lugar, en el 2013 contra Rafael Correa, y, en el 2017, contra Lenin Moreno, quien luego traicionó su fuerza política y su programa de gobierno.

Con la confirmación de la candidatura de Lasso a la segunda vuelta vuelve a conformarse un escenario de confrontación prístina: una propuesta progresista y latinoamericanista, con Arauz, y un proyecto de profundización del neoliberalismo y alineamiento con Estados Unidos. Aún quedan dos meses para esa elección y más de tres para la asunción del nuevo gobierno, lapso en el cual el gobierno de Moreno puede intentar movimientos de última hora, como la privatización del Banco Central del Ecuador.


"Vamos a pedir el reconteo voto a voto": El candidato ecuatoriano Yaku Pérez denuncia "fraude" luego que se revirtieran los datos a favor de Lasso

Publicado: 10 feb 2021 23:52 GMT

Cientos de personas se han movilizado en Quito y Guayaquil, convocadas por el movimiento Pachakutik, que respalda a Pérez.

El candidato a la presidencia de Ecuador Yaku Pérez, del partido indigenista Pachakutik, dijo que pedirá el "reconteo voto a voto" en varias provincias del país, al denunciar un presunto "fraude electoral" en su contra, en relación a los resultados de los comicios del pasado domingo 7 de febrero, que le impediría ir a la segunda vuelta.

"Vamos a solicitar, a pedir, que se abran las urnas y ver las actas voto a voto en Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas y el Oro, en esas seis provincias sufrimos el fraude", dijo el aspirante a la presidencia.

Asimismo, dijo que pedirán a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría forense a las juntas electorales de estas provincias.

Pérez declaró ante simpatizantes que se concentraron en las inmediaciones de la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil, en la provincia de Guayas, donde el conteo de los votos se ha ralentizado, al existir casi 1.000 actas electorales con inconsistencias.

Mientras, otro grupo de seguidores, junto a su esposa Manuela Picq, se concentró frente a las oficinas principales del CNE en Quito, la capital del país.

Estas personas se reunieron en estos lugares, luego que el movimiento Pachakutik convocara una movilización nacional, con el objetivo de defender "la voluntad popular" ante un presunto "fraude" contra Pérez.

Datos revertidos

Sus declaraciones se producen luego que el candidato de la derecha Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), se ubicara en el segundo lugar en el conteo de los votos, arrebatándole el puesto que mantenía desde el pasado domingo.

De acuerdo con el CNE, cuando lleva 97,06 % de actas computadas —de las 99,82 % procesadas— el aspirante del movimiento indígena alcanza 19,62 % de los votos, mientras, Lasso consigue 19,63 %.

En cuanto a cantidad de votos, Pérez tiene 1.769.296, mientras que Lasso ha conseguido 1.770.273; es decir, la diferencia es de apenas 977 sufragios.

Ambos pelean por ese segundo lugar que garantizaría la participación en el balotaje, previsto para el 11 de abril, para enfrentar al candidato Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, quien resultó ser el aspirante más votado en la primera vuelta, con 32,45 % de los votos (2.926.326).

En la concentración en Guayaquil, los simpatizantes de Pérez coreaban: "Si Lasso gana, el pueblo se levanta".

Actas que faltan por contar

Hasta el momento, faltan por computar (sumar) 2,94 % de las actas electorales: 0,18 % aún pendiente por procesar y 2,76 % que han presentado inconsistencia.

Esas actas con inconsistencia, en número, son 1.102, de las cuales 948 están en la provincia de Guayas, entidad en la que Pérez apenas ha conseguido 8,71 % de los votos, mientras que Lasso ha alcanzado 25,36 % y Arauz arrasó con 41,71 % de los sufragios.

Más temprano, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que el conteo de las actas con inconsistencias podría tardar unas 48 horas más.

Poca confianza en el CNE

Pérez informó que miembros de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) presentaron este martes "una denuncia penal en contra del CNE por fraude electoral".

Asimismo, dijo, asambleístas de Pachakutik presentarán otra denuncia, por las mismas razones, contra el organismo electoral.

Desde Pachakutik han expresado poca confianza al CNE, pese a que Atamaint, su titular, era militante de este movimiento político.

Atamaint llegó al CNE, junto a Enrique Pita, vicepresidente; y los consejeros José Cabrera Zurita, Luis Verdesoto y Esthela Acero, tras ser nombrados por un Consejo de Participación y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que ha sido calificado por sus detractores como el "Trujillato", por haber sido presidido por Julio César Trujillo.

Ese CPCCS-T, que estuvo de 2018 a 2019, se instaló luego de la Consulta Popular, promovida por el presidente Lenín Moreno, y respaldada, entre otros partidos, por Pachakutik.

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