Candidato opositor hondureño anuncia que desiste de lucha por poder

 

El candidato opositor hondureño, Salvador Nasralla, anunció este viernes su retiro de la disputa por el poder, luego de que Estados Unidos reconoció al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones del 26 de noviembre.

Entre tanto, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que postuló a Nasralla, declaró en conferencia de prensa que después de las fiestas de Navidad, el movimiento replanteará su lucha contra el supuesto fraude electoral orquestado para garantizar la reelección de Hernández, de 49 años.

"Ya con la decisión de Estados Unidos yo quedo fuera de escena", declaró al canal HCH Nasralla, un popular presentador de televisión de 64 años.

Estados Unidos reconoció este viernes la reelección de Hernández e instó a las autoridades hondureñas a revisar de manera "transparente y completa" cualquier impugnación a los comicios, marcados por sospechas de fraude.

Nasralla señaló que con el reconocimiento de Hernández "queda un precedente de que fue impuesto por ellos", en referencia a Estados Unidos, porque "tienen mucho temor a los gobiernos de izquierda".

Anunció que a partir de la declaración de Washington queda "destruida" la alianza opositora coordinada por el presidente Manuel Zelaya, quien ha llamado a la población a protestar en las calles contra el "robo" en las elecciones.

Sin embargo, Zelaya adelantó que la alianza opositora celebrará asambleas los días 27 y 28 de diciembre para discutir su estrategia de combate a al supuesto fraude, porque "no vamos a dejar la lucha".

La toma de posesión de Hernández para su segundo mandato consecutivo será el 27 de enero.

"Si toma posesión el dictador (Hernández) se va a acordar del pueblo todos los días. El pueblo no va a parar esta lucha porque ganó las elecciones y va a defender el triunfo de Salvador" Nasralla, sentenció Zelaya.

El expresidente leyó un pronunciamiento en el cual lamentó el retiro de Nasralla de la alianza.

"Lamentamos la decisión de nuestro candidato de separarse de la alianza (...) acción que no compartimos", afirmó Zelaya, y anunció que impugnará el proceso electoral, aunque los que resolverán, estimó, son los mismos que hicieron el fraude.

 

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Domingo, 17 Diciembre 2017 07:47

Cuenta regresiva para el gobierno de PPK

Kenyi Fujimori (centro), líder opositor en el Congreso, durante la sesión del viernes.

 

Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia por “por incapacidad moral permanente”.

 

Desde Lima

La permanencia del presidente Pedro Pablo Kuzcynski en Palacio de Gobierno ha ingresado en inevitable cuenta regresiva. “No voy a abdicar”, anunció el presidente, ante las exigencias de la oposición que controla el Congreso para que renuncie por las revelaciones de que recibió pagos de Odebrecht cuando hace una década fue ministro. Se ha negado a dimitir, pero la suerte de PPK, como se le conoce al veterano economista neoliberal de 79 años y gestor de grandes negocios privados que gobierna el Perú desde julio de 2016, parece estar echada. El presidente podría ser destituido la próxima semana. Todo apunta a que PPK pasará la Navidad como ex presidente. Si se confirma su destitución le espera un proceso judicial por sus nexos con Odebrecht cuando era ministro.

La oposición reaccionó a la negativa del presidente a renunciar presentando en el Congreso una moción para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia para que sea debatido y votado el próximo jueves 21. Con la única excepción del oficialismo, que es minoría, y de algunos pocos disidentes de distintos grupos, todas las bancadas parlamentarias respaldaron iniciar el proceso de vacancia. Todo parece estar dicho.

Desde el oficialismo se han quejado de que se haya dado trámite al pedido de vacancia presidencial sin antes haber escuchado los descargos de Kuczynski. PPK pidió declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú –comisión que la mayoría fujimorista utiliza para investigar a sus rivales y encubrir a su partido y a sus aliados–, pero esa comisión, que antes que estalle esta crisis lo había citado y el presidente se había negado a ir, no lo ha querido recibir. En lugar de ello se presentó el pedido de vacancia presidencial.

El presidente recién podrá ensayar una defensa ante el Congreso el mismo día que se vote el pedido de vacancia. Lo podrá hacer personalmente o a través de un abogado. Para salvar su cargo, Kuczynski tendría que convencer al menos a siete congresistas para que cambien de opinión. Tarea altamente improbable, especialmente después de escuchar los débiles argumentos de defensa del presidente durante un mensaje al país.

En un mensaje televisado, PPK trató de justificar los 4,8 millones de dólares de Odebrecht recibidos, entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado –782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, el caso que más lo compromete, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda y con la cual ha tenido una larga y estrecha relación– diciendo que él no tenía nada que ver con los contratos para las consultorías dadas por esas empresas a la constructora brasileña. Era el dueño único de una empresa, pero no sabía nada de lo que esta empresa hacía, no conocía de sus lucrativos contratos con una constructora mientras él era ministro y tomaba decisiones de gobierno para favorecer a esa constructora, puede resumirse su débil argumento de defensa.

Ayer Odebrecht intentó lanzarle un salvavidas a un PPK con el agua al cuello, con una carta en la que decía que los contratos que la constructora firmó con las empresas ligadas al presidente “son legales” y que no fueron gestionados directamente por Kuczynski. Pero la carta no aclara nada y ese salvavidas de último momento difícilmente ayude a un agonizante presidente.

El fujimorismo, dominante en el Congreso con 72 votos de 130, promueve con entusiasmo la vacancia presidencial y maniobra para sacar provecho de esta crisis que golpea al gobierno. Con encendidos discursos contra la corrupción para criticar a PPK, con más pose que sustancia, intentan reciclarse y lavarse la cara de la corrupción histórica y actual que los mancha. Los fujimoristas ven en la crisis del gobierno y una destitución del presidente la oportunidad para avanzar en el objetivo de acumular más poder y bloquear las investigaciones fiscales que comprometen seriamente a su partido y a su jefa Keiko Fujimori con millonarios aportes ocultos de Odebrecht para su campaña electoral y con lavado de dinero.

Otros sectores políticos, como la izquierda, también respaldan la vacancia presidencial ante la falta de respuestas de PPK a los cargos de corrupción en su contra, pero toman distancias del fujimorismo y advierten de sus intenciones de copar el poder y las instituciones públicas para asegurar su propia impunidad.

Mientras la atención está en la vacancia presidencial, el fujimorismo amenaza a sus investigadores, ante quienes exhibe la destitución del presidente como una muestra de su poder, y mueve sus fichas en el Congreso para destituir al fiscal de la nación y capturar la fiscalía que ahora los investiga, y para copar el Tribunal Constitucional.

Si se confirma la destitución de Kuczynski, como todo indica ocurrirá en unos días, debe sucederlo el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, que ya hace maletas. Vizcarra debería completar el mandato presidencial, que culmina en julio de 2021, pero no tiene una base política propia y es minoría en un Congreso dominado por una agresiva mayoría fujimorista. Su estabilidad en el cargo es puesta en duda por diversos analistas. En ese escenario se especula con un posible adelanto de elecciones.

 

 

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Viernes, 15 Diciembre 2017 07:03

Escrito en piedra, o en el agua

Escrito en piedra, o en el agua

En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva carta magna en la que se prohibía la relección presidencial de manera terminante e inconmovible. Ni por medio de una reforma constitucional, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un Presidente de la República continuar en el mando. Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas pétreas, escritas en piedra. Y el código penal pasó a considerar el solo intento de promover la relección como un delito de traición a la patria.


La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las instituciones, someterlas, y corromperlas.


En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular mediante lo que llamó una cuarta urna en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente, y fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía relegirse.


Como remate de la grave crisis que se desató, el ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del Partido Nacional, lo derrocó. Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, Zelaya fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión y expulsado a Costa Rica.


En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del Partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados suyos recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones escritas en piedra que prohibían la relección fueran derogadas. El solo hecho de formular la petición, ya facultaba a las mismas autoridades judiciales para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, por incitar, promover o apoyar el continuismo o la relección del Presidente de la República, según la letra de la misma Constitución.


La Corte Suprema, dominada por magistrados del Partido Nacional, por el contrario, fue en todo complaciente con el recurso. Lo admitió, y dio la razón a quienes lo interpusieron. Y así sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la relección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.


Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio presidente Hernández, convertido en candidato gracias a una sentencia espuria, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el ex presidente depuesto Manuel Zelaya.


El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones intermitentes del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.


Lo esencial de unos resultados electorales aceptados por todas las partes es establecer la gobernabilidad, algo que parece difícil de conseguir ahora, cuando el Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja en favor del presidente Hernández.


La oposición no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada, y por tanto no se conseguirá la legitimidad de la relección de Hernández, lo que viene a representar un grave retroceso para la credibilidad del sistema democrático que, de una u otra manera, y entre tropiezos, ha logrado avanzar en más de tres décadas en Centroamérica, y en general en América Latina.


En países donde la fortaleza institucional no termina de conseguirse, la relección presidencial viene a ser un mal de consecuencias perniciosas, porque fortalece ese vicio de poder que hemos padecido de manera endémica, no otro que el caudillismo autoritario.


No tengo que regresar a las aulas de la facultad para que mi profesor de derecho constitucional vuelva a explicarme la inconmovible pirámide de Kelsen: en la jerarquía legal no hay nada por encima de la Constitución, situada en la cúspide, en tanto todas las leyes y demás actos institucionales se le subordinan y, por tanto, una sentencia judicial no puede borrar ni enmendar lo que la Constitución establece desde arriba.


Pero es lo que hizo desgraciadamente la Corte Suprema de Costa Rica, cuando en 2003 ordenó anular la prohibición de relección establecida por una reforma constitucional en 1969. Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras y últimamente en Bolivia.


En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por magistrados del partido del comandante Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la relección, y así pudo presentarse como candidato a un segundo periodo en las elecciones del año siguiente, que por supuesto ganó, como ha seguido ganando las demás, amparado por las razones filosóficas de sus correligionarios del tribunal, expresadas así, en mayúsculas: el derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado... por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano.


Evo Morales, que lleva ya varios periodos como presidente de Bolivia, buscó seguir religiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.


Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.


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María de Jesús Patricio, en la Ciudad de México. DANIEL VILLA

 

La aspirante presidencial indígena propone tumbar las estructuras tradicionales de gobierno y empezar la reconstrucción desde las regiones más pobres del país

 

María de Jesús Patricio da sorbos rápidos al café soluble que le han servido en una taza de plástico beige. La aspirante presidencial, a quien todos llaman Marichuy, dice que las bajas temperaturas de Ciudad de México “dejarán a la vocera sin voz”. Su risa rasposa apenas se escucha, incluso en el salón vacío, de techo alto, en una vieja casona de la colonia Doctores. El edificio de paredes descarapeladas es la sede capitalina del Concejo Indígena de Gobierno, un organismo que nació en la víspera de las elecciones de 2018 con una meta sin precedentes: llevar por primera vez a una mujer indígena a la silla presidencial.

Aquella propuesta ha sido recibida con cientos de burlas e insultos en los espacios anónimos de las redes sociales mexicanas. “Uno de los comentarios que más he escuchado es que las mujeres indígenas nada más sirven para limpiar casas. Es una muestra de lo que vivimos en este país, que siempre ha sido muy racista y muy machista”, comenta esta mujer nahua, de 53 años, con una sonrisa burlona. Con ese mismo gesto ha respondido a un grupo de periodistas que le piden que cambie su chamarra negra de borrega por un rebozo, una especie de chal tradicional, para tomarle una fotografía. “No traigo rebozo”, zanja Patricio el asunto.

La discriminación es parte de la vida de los indígenas en México, que representan el 10% de la población del país. Nueve de cada 10 personas que se identifican como parte de un grupo étnico en México se sienten discriminados por su condición, según una encuesta del Gobierno federal. Los mayores índices de pobreza y marginación se registran en las comunidades indígenas, de acuerdo con reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las historias de maltrato e injusticia en estas comunidades se repiten año tras año. Una espiral en la que solo cambian los nombres de las víctimas y los victimarios.

La diferencia en última década, asegura Patricio, es que los casos se han multiplicado y recrudecido hasta llegar a un nivel insoportable. “Hay más represión, más muertos, desaparecidos, más encarcelados y van avanzando con más fuerza los proyectos capitalistas que van destruyendo los territorios y las aguas”, dice esta especialista en medicina tradicional, que también se ha dedicado a la protesta contra la instalación de mineras y plantas industriales en las regiones donde habitan comunidades indígenas. “Cada vez se hace más difícil la existencia de las comunidades. Eso nos hace dar un paso más allá, no dar nada más otra simple declaración”.

Patricio no hace referencia a una serie de estrategias de gobierno publicadas en una página web; tampoco lleva consigo un pliego de peticiones para leer en voz alta ante sus seguidores. Su propuesta de campaña es la falta de propuestas. Una página en blanco que deberá ser llenada por la “gente organizada desde abajo”, algo que la aspirante repite más de una vez en sus discursos y entrevistas. “No se trata de que yo tenga que decir: ‘Así debe funcionar la salud, así tiene que funcionar la educación’. ¿Entonces quién lo va a decir? Pues los que están abajo, los que están sufriendo. Por eso es importante la organización, porque si no hay organización, vamos a seguir en lo mismo”.

Las palabras de Patricio embonarían en cualquier discurso de Andrés Manuel López Obrador, el padre fundador del partido de izquierda Morena y quien se lanzará como candidato presidencial por tercera ocasión en 2018. El empoderamiento comunitario y el fin de los Gobiernos elitistas han sido parte de sus promesas desde su primera campaña en 2006. Patricio, sin embargo, rechaza la comparación. “Es muy diferente nuestro proceso porque no somos un partido. Somos los pueblos indígenas pensando que si no nos organizamos, nos va a llevar la fregada después del 2018”, apunta. “Es cuando se van a venir con más fuerza todos esos megaproyectos que se están instalando en todos los territorios indígenas y que van a afectar a todos”.

 

Industria petrolera

 

Algunos de los proyectos que más le preocupan a la también activista son los que dieron arranque tras la reforma energética de 2015, que permite por primera vez la inversión extranjera en la industria petrolera mexicana desde la expropiación de 1938. “Ya hay tierras en Veracruz concesionadas para 40.000 pozos petroleros”, dice Patricio. “Tampoco podemos seguir haciendo fracking, por ejemplo. Tenemos que pararle, poner un hasta aquí”, agrega.

Para la aspirante presidencial, la izquierda no tiene lugar en las cúpulas políticas de México. “No está allá arriba. Está aquí abajo y está sufriendo. Está muriendo, le hace falta un antídoto, que es la organización”. Patricio imagina un escenario muy distinto del habitual si ella, junto con el Concejo Indígena de Gobierno, llegara a la presidencia. “El concejo convocaría a una gran asamblea de todos y juntos revisaríamos cómo están las estructuras”, detalla. “En los pueblos indígenas, un tema se discute hasta que todo se aclara y hay un consenso. No nos vamos si no hay acuerdo, así pasen uno, dos o tres días. Hay que tener paciencia para analizar y escuchar la situación”. Admite que el método no será sencillo a gran escala. “Yo sé que resulta complicado, porque ya hay algo diseñado, un camino trazado, pero creo que es posible construir algo nuevo”.

El sueño de Patricio tiene muy pocas posibilidades de concretarse. Para conseguir un registro como candidata presidencial, la aspirante necesita recolectar 866.593 firmas a través de una aplicación para teléfono celular, que ha sido criticada por ella y otros aspirantes presidenciales por las fallas técnicas que presenta.

Hasta el sábado, Patricio había logrado recabar 74.256 firmas, menos del 10% de la meta que concluirá a mediados de febrero. Y aunque tiene como aliados a un grupo de intelectuales mexicanos, incluido Juan Villoro, y a los universitarios, esto no ha sido suficiente para superar las cifras de Jaime Rodríguez, el polémico gobernador de Nuevo León, o la ex primera dama Margarita Zavala. “Tardan horas en mandarse algunas firmas, algunos auxiliares no se han podido registrar todavía”, asegura. “En algunas comunidades no hay luz, no hay señal; entonces no todo territorio es Telcel”, critica. Perder la carrera de las firmas no significa el fin de la campaña para la aspirante indígena. “Sí es importante, pero no es lo mero importante”, comenta Patricio. “Si logramos que quede una organización de las comunidades para después de 2018, para nosotros ya sería una ganancia”.

 

 

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Salvador Nasrall desconoció los resultados de los comicios generales en Honduras.

 

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, desconoció este miércoles los resultados de los comicios generales en Honduras y tildó además de tramposo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según Nasralla, los datos que sorpresivamente ahora dan la ventaja al mandatario y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, han sido tergiversados y manipulados.

El candidato opositor, que en un inicio llevaba una ventaja de cinco puntos, denunció que horas después de firmar un pacto con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se comprometía a aceptar los resultados, los mismos fueron alterados durante varios cortes en el sistema de cómputo del TSE.

“No reconocemos los resultados porque hoy se cayó el servidor y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas”, dijo Nasralla.

Asimismo, subrayó que el citado pacto, también firmado por Orlando Hernández, carece de validez. “No voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas”, apostilló.

Igualmente aseguró que defenderá su triunfo en las calles de ser necesario.

Las declaraciones de Nasralla tienen lugar luego que el TSE diera al presidente y aspirante a la reelección una ventaja de 0,10 puntos tras escrutarse el 82,89 por ciento de las mesas de votación.

De esa manera Orlando Hernández obtenía el 42,21 por ciento de las papeletas, mientras Nasralla alcanzaba 42,11 por ciento.

 

(Con información de Prensa Latina)

 

 

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Salvador Nasralla, candidato de la izquierdista coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura, sorpresivamente se fue adelante en el conteo de votos por la presidencia de Honduras, de acuerdo con resultados oficiales parciales dados a conocer ayer, contra los pronósticos que auguraban la relección de Juan Orlando Hernández. En la imagen, el aspirante celebra con sus partidarios afuera del Tribulnal Supremo Electoral, en Tegucigalpa

 

Con 57% del escrutinio, el opositor obtiene 45.17% de sufragios en la elección presidencial

 

Salvador Nasralla, candidato de la izquierdista coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura, tomó la delantera sorpresivamente en las elecciones presidenciales de Honduras, según los resultados oficiales parciales dados a conocer este lunes, desafiando los pronósticos que auguraban una victoria del actual mandatario del país centroamericano, Juan Orlando Hernández

De acuerdo con las cifras proporcionadas en la madrugada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 57 por ciento de escrutinio, Nasralla obtenía 45.17 por ciento de votos, mientras el conservador Hernández, candidato a la relección por el Partido Nacional, conseguía 40.21 por ciento, con una diferencia de más de 90 mil sufragios.

No hay manera de dar vuelta a este resultado. Soy el nuevo presidente de Honduras. Vencimos el fraude del gobierno, sentenció el popular locutor deportivo y presentador de uno de los concursos televisivos más famosos del país el domingo a la medianoche.

Posteriormente, Nasralla tuiteó “¡Gracias Honduras! Unidos @EnAlianza lo hemos logrado. Soy el nuevo Presidente electo de #Honduras”.

Horas antes del anuncio del TSE, que demoró 10 horas tras el cierre de casillas, tanto Hernández como Nasralla se proclamaron vencedores. Este lunes se esperaba que la autoridad electoral difundiera nuevas cifras, lo que no sucedió al cierre de esta edición, aunque ya adelantó que el resultado final se dará hasta contar el último voto, lo cual se espera suceda el próximo jueves.

El candidato opositor llamó a sus seguidores a marchar hasta la sede de la autoridad electoral y presionar para que divulguen el resultado final.

El aspirante que llegó en tercer lugar en la contienda electoral, Luis Zelaya, dijo el lunes que Nasralla era el nuevo líder del país y apremió a Hernández a aceptar la derrota.

Manuel Zelaya, el ex mandatario (derrocado por un golpe militar en 2009 que contó con el apoyo del Partido Nacional) actual coordinador de la coalición que respalda a Nasralla, tuiteó la madrugada de este lunes. Ganamos. Viene la democracia y la justicia para el pueblo de Honduras.

Nasralla, de 64 años, se describe como una persona de centro y espera desalentar la migración masiva de hondureños hacia Estados Unidos mediante el impulso a la creación de empleos.

 

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Sábado, 25 Noviembre 2017 07:10

Todos dan lo mismo

La abstención de más del 53 por ciento de los electores el domingo 19, se vio reflejada en los circuitos electorales / Foto: Afp, Martín Bernetti

 

Elecciones generales en Chile.

 

La mayoría absoluta de los electores chilenos optó por no acudir a las urnas para elegir al sucesor de Michelle Bachelet. Una sensación de rutina y “más de lo mismo” pesó sobre la ciudadanía, y el abstencionismo superó el nivel de las elecciones de 2013. El recién nacido Frente Amplio, que se propone recuperar los ideales de la izquierda no revolucionaria, dio la sorpresa y logró movilizar el voto joven y pisarle los talones al oficialismo.

Fue la muerte la que el domingo 19 de noviembre dio a Chile la noticia más cargada de significado: el fallecimiento del ex comandante de la Fuerza Aérea Fernando Matthei, quien en 1988 fue el primero de los integrantes de la dictadura en admitir ante los medios de comunicación que los militares habían perdido el plebiscito con el cual pretendían lograr el respaldo ciudadano para la permanencia de Augusto Pinochet en la presidencia hasta 1997. Esa derrota fue el prólogo de la vuelta a la democracia, que comenzó con las elecciones generales de 1989. Según muchas versiones, Matthei con su anuncio público definió el debate en el seno de la junta de comandantes en jefe, presidida por Pinochet, sobre aceptar o no el rechazo de los chilenos a la continuación del régimen.

En la noche del 5 de octubre de 1988, la alegría corrió de una punta a otra de este largo país; casi tres décadas más tarde, una sensación de rutina y “más de lo mismo” ha pesado como un poncho de plomo sobre la ciudadanía chilena, que dudó mucho si valía la pena acudir a las urnas el domingo pasado para elegir al sucesor de Michelle Bachelet. En otro hecho significativo, y como ha ocurrido desde 1935, cuando sus dueños y señores –fuesen ellos maridos, padres o curas confesores y directores espirituales– les permitieron votar, las mujeres de Chile se alinearon separadas de los hombres en los locales de votación, frente a las “mesas de mujeres”. No importa que la presidente saliente haya cumplido su segundo mandato o que ya nadie acepte que el género masculino tenga derechos de dominio; los usos, costumbres y prácticas institucionales de esta sociedad suelen tener un ritmo que no va con el siglo: la educación primaria gratuita y obligatoria sólo llegó en 1925; la ley de divorcio data de 2004; jurídicamente el matrimonio es aún la unión de una mujer y un hombre, y no hace más de dos décadas que en el Código Civil se reconoció la capacidad de las mujeres casadas para administrar sus propios bienes.

En los últimos años la necesidad de cambios profundos, especialmente en un modelo económico heredado de la dictadura que se basa en la reducción al mínimo de derechos sociales como la educación gratuita, la salud pública de calidad y las jubilaciones dignas, ha provocado la movilización ciudadana. Sin embargo, como la clase política sigue sin adaptarse al ritmo de las demandas, existe la sensación de que da lo mismo quien gobierne.


LA PALABRA DEL ZAPATERO.


Don Sergio arregla zapatos en un sótano oscuro y frío. Es su ocupación desde que se jubiló de un empleo público, y le ha permitido suplementar su ingreso para obtener la casa propia y dar a sus hijos la posibilidad de hacer carreras técnicas. En una de nuestras tantas conversaciones sobre la realidad del país, le tocó el turno a las elecciones presidenciales. “Yo voté por Allende y salí a la calle a gritar que por fin había llegado el cambio...” Zapato en mano, puliendo un taco en una máquina improvisada por él a partir de un viejo motor eléctrico, don Sergio hacía su análisis de la competencia presidencial y de las promesas de un Chile mejor que venía oyendo desde muchos años atrás: “Tres veces voté por Allende, desde que era senador, ¿y cuál fue el cambio? El cambio fue que tuvimos que hacer cola para comprar comida, mientras los de un lado y del otro se peleaban en la calle. Después vinieron los militares y me tuve que tragar 17 años de dictadura. Terminó la dictadura, estos otros me volvieron a decir que ya viene el cambio, y hasta ahora, ¡nada! Me han comido casi 40 años de mi vida y sigo igual; por eso ya no creo más en los que dicen que las cosas van a cambiar”. Tomando el zapato con su otra mano, para poder gesticular mejor, continuó: “¿Sabe una cosa? Esta vez iba a votar por Piñera, por probar, no más. Después me puse a pensar y llegué a la conclusión de que no tiene nada de diferente. ¡Dan lo mismo todos!”.

La conclusión del zapatero es la de los casi 7 millones de chilenos que resolvieron no seguir dando legitimidad con su voto a unos políticos que les parecen alejados de las necesidades reales de la mayor parte de los habitantes del país. Así como el ex presidente –y candidato presidencial que encabezó la votación con casi 37 por ciento de los votos– Sebastián Piñera representa para muchos la derecha neoliberal maquillada, el senador y candidato presidencial oficialista Alejandro Guillier es visto como el continuador del reformismo fracasado de Bachelet. En el segundo reciclado de la coalición de centroizquierda gobernante, Guillier se presentó a estas elecciones como el líder de Fuerza de la Mayoría (una etiqueta poco imaginativa, ya que la presidenta Bachelet encabezó la Nueva Mayoría), pero el nuevo envoltorio no encantó a los desencantados, como por ejemplo el historiador y comentarista político Rafael Gumucio Rivas. En uno de los análisis que regularmente entrega por correo electrónico, Gumucio expresó esta opinión sobre la izquierda oficialista: “Ingenuamente creía yo que la izquierda chilena representaba la rebelión, la lucha por la igualdad, la búsqueda de mundos mejores; sus militantes eran los inconformistas, los constructores de utopías, los incómodos con el orden actual, pero confieso que me equivoqué rotundamente: hoy son los gendarmes del orden, los conservadores que quieren que nada cambie, aquellos que creen que su poder es permanente y prácticamente hereditario; la igualdad fue sacrificada al orden neoliberal”.


EL FRENTE.


En este escenario de una clase política ensimismada –como la definió hace ya muchos años el más importante estudioso de la transición, el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Norbert Lechner– surgió el Frente Amplio (FA) con su candidata Beatriz Sánchez, una periodista sin actividad política anterior. Inspirado en el FA uruguayo, el Frente chileno se propuso romper el bipartidismo imperante desde 1990 y recuperar los ideales de la izquierda no revolucionaria. Tenido en poco y hasta despreciado por los políticos tradicionales, debido a la supuesta falta de experiencia y de realismo de sus integrantes, el FA parece haber logrado que los jóvenes volvieran a las urnas. Poco días antes de las elecciones, la Confederación de Estudiantes de Chile instó al estudiantado a votar. “Hay candidatos que claramente han expresado en sus programas recoger algunas de las demandas estudiantiles (...). Es por eso que se hace importante que los estudiantes voten por quienes se han comprometido a realizar estos cambios. Ojalá lo hicieran por quienes respaldan nuestras demandas, ya que (...) está muy claro cuál es el candidato que no está con los estudiantes, sino que con el negocio de la educación”, dijo Sandra Beltrami, vocera de la Confederación, aludiendo indudablemente en su última frase a Sebastián Piñera.

Sea por el aumento del voto joven, o por el voto castigo de unos ciudadanos hartos de promesas de cambios incumplidas, la candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, logró aproximarse al lugar de la segunda fuerza en los sufragios (con 20,27 por ciento), a menos de tres puntos del candidato oficialista Alejandro Guillier (22,70 por ciento). Además, los partidos integrantes de la coalición obtuvieron 20 diputados y un senador.

Esta novedad no sirve para disimular la notoria cifra de abstención de más del 53 por ciento, superior a la de la primera vuelta de 2013, que fue del 50,6 por ciento. Y aun así el balance que hizo la presidenta Bachelet de la jornada electoral ante el periodismo y todo el país parecía indicar que la clase política seguía en su ensimismamiento: “Hoy sabemos que Chile quiere seguir avanzando. Eso es lo que piden los ciudadanos, eso es lo que han dicho las urnas. Es el momento de la generosidad y la unidad en torno a los verdaderos principios y valores que compartimos, a la historia y los logros que juntos hemos consolidado, a nuestros ideales de futuro”.


¿CIUDADANOS CONSUMIDORES?


Llevando agua para su molino, los defensores del modelo económico impuesto en Chile han venido interpretando la baja participación electoral como una prueba de la modernización de la política y de la sociedad en general. Ya durante las elecciones de 1999, cuando el candidato derechista Joaquín Lavín fue derrotado por Ricardo Lagos en segunda vuelta por menos de tres puntos, algunos analistas que son tenidos por profetas en el Chile de hoy opinaron que el “efecto Lavín” se debía a que el votante actual busca un liderazgo “orientado al cliente”, y que se valora más la capacidad de gestión que el discurso ideológico.

“Los viajes, el turismo, los autos, la computación (...) se han vuelto más populares. Con ello ha ido cristalizando un tipo de ciudadano-consumidor mucho más receptivo a los códigos del marketing y la publicidad que al ideario de un líder político de antaño”, expresó en ese momento el sociólogo Pablo Halpern. Para el ex ministro y hoy defensor a rajatabla de la educación privada José Joaquín Brunner, “el ciudadano se ha vestido de consumidor. Los antiguos lo desprecian. Pero él repleta el mall panorámico de la ciudad”.

Lo cierto es que en Chile, tal vez como en ningún otro país de América Latina, los militares y sus tecnócratas civiles, bien apoyados por los medios de comunicación, tuvieron éxito en hacer creer a muchos que todo es posible en materia de logros materiales. El ciudadano-consumidor puede tener un auto, aunque pase angustias durante varios años para pagar el crédito; puede comprar todos los símbolos consumistas, aunque entre en una espiral interminable de cuotas y préstamos; y le es posible tener el último modelo de celular y varias tarjetas de crédito, aunque los intereses y los costos de las llamadas sean extorsivos. No obstante, ese chileno siente que ha logrado algo en la vida y no está muy dispuesto a arriesgarlo, eligiendo para el gobierno a figuras poco conocidas o con un discurso muy radical. Dos meses antes de las elecciones, en un sondeo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que patrocinan las universidades públicas y privadas más importantes, el 43 por ciento de los encuestados se declaró “nada satisfecho” con la democracia, y el 30 por ciento respaldó la idea de que “a la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”.

En 1947, cuando un senador llamado Salvador Allende comenzaba a poner rumbo hacia la presidencia, el escritor criollista Mariano Latorre describía con estas palabras la realidad sociopolítica de su país: “el huaso (hombre de campo) económico y el roto (proletario urbano) dilapidador son los personajes centrales del drama social de Chile. Aunque sus descendientes asistan a escuelas y liceos y lleguen a la universidad o se hayan enriquecido por los ‘avatares’ de la fortuna, siempre aparecen, más o menos disimulados, los rasgos que acabamos de mencionar. Enemigo de reformas, el huaso; revolucionario, el roto. Obstinado y creyente el primero; ateo e irrespetuoso el segundo. La derecha y la izquierda de Chile los cuentan en sus filas antagónicas. Entre ambos, acomodaticia y cauta, vegeta una clase media que busca en vano su posición en la vida chilena”. Tal vez, esa clase media es el “ciudadano consumidor” que el domingo 19 de noviembre se conformó con mirar las elecciones en su televisor de pantalla plana y alta definición, y comentar en las redes sociales los magros resultados.

 

 

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Trump, torbellino de descalificaciones y ataques contra enemigos y aliados

La guardería para adultos, nuevo término para referirse a la presidencia estadunidense

 

El torbellino de ataques y descalificaciones de Donald Trump contra percibidos enemigos y aliados, incluso contra su propio equipo, sus exabruptos y ocurrencias que toman por sorpresa no sólo a extraños, sino a sus más íntimos asesores, y que a veces sacuden a la cúpula política, económica y militar de este y otros países, provocan un debate constante sobre si existe un método detrás, o si es, sencillamente, locura.


Hace unos días un ex aliado de Trump, el senador republicano Bob Corker, declaró que la Casa Blanca se ha convertido en una guardería para adultos y ahora ese término lo utilizan muchos para referirse a esta presidencia. Trump, en lo que ha sido su constante, sigue inundando el mundo político con provocaciones y ataques, haciendo que la alteración sea la condición normal en Washington.


Trump asombró este jueves a casi todos cuando se calificó con un 10 por su respuesta a la crisis en Puerto Rico después de los huracanes, al afirmar ante reporteros, con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a su lado: “creo que hemos hecho realmente una gran labor... me daría un 10”. Un mes después del huracán María, aproximadamente 80 por ciento de la isla no tiene electricidad y la mayoría de su población sigue sin acceso a agua potable ni a medicinas.


En los pasados tres días, Trump provocó una tormenta cuando insistió en que él se ha comunicado más con las familias de soldados caídos en operaciones militares que sus antecesores, algo que casi de inmediato fue comprobado como falso por varios medios.


Peor aún, la controversia detonó cuando una representante demócrata que viajaba con la viuda y la tía de uno de los soldados para recibir sus restos en Florida, declaró que Trump, al hablar por teléfono con la viuda, le dijo: sabías que esto podía suceder, pero que aun así, duele, algo que calificó de insensible. La viuda supuestamente estaba más molesta de que Trump aparentemente no recordaba del nombre de su marido, el sargento La David Johnson. La tía de Johnson confirmó la versión de la legisladora y opinó que el presidente mostró una falta de respeto. La reacción de Trump fue contratacar, afirmando que la representante fabricó lo que le había dicho a la viuda, que tenía pruebas de eso (aún no las ha ofrecido) y que todo era una manipulación de opositores políticos.


En otro frente, en medio de otro intento por anular o modificar la reforma de salud de Barack Obama, Trump ha asumido por lo menos seis posturas diferentes ante una nueva propuesta legislativa, lo que ha dejado a casi todos –de ambos partidos– sin idea, hasta ahora, de cuál es la buena.


A la vez, en su incesante ataque contra los medios, esta semana amenazó incluso con retirar la licencia a la NBC, una de las principales cadenas nacionales, por reportar que él había sugerido multiplicar el arsenal nuclear estadunidense (algo que su comisionado de comunicaciones tuvo que descartar). Este jueves, por otro lado, el procurador general, Jeff Sessions, rehusó garantizar la plena libertad de prensa. Al preguntarle durante una audiencia en el Senado si se comprometería a no encarcelar a periodistas por hacer su trabajo, respondió: No sé si puedo comprometerme ciegamente a eso, e indicó que tal vez lo haría si fuera necesario.


Mientras tanto, como ha sido el caso desde el inicio de su presidencia, Trump ha descalificado, se ha burlado y hasta atacado a varios integrantes de su propio gabinete. El caso más reciente es el del secretario de Estado, Rex Tillerson, quien mientras anunciaba que estaba estableciendo vías de interlocución con el régimen norcoreano para calmar tensiones hace un par de semanas, Trump publicó en un tuit que su canciller “estaba perdiendo el tiempo. Trump había amenazado con destruir totalmente a Corea del Norte, país con 25 millones de habitantes. El pasado domingo, Tillerson, procediendo como si nada, afirmó que los esfuerzos diplomáticos continuarán hasta que caiga la primera bomba.


Al mismo tiempo, Tillerson negó que los tuits de Trump minaran su trabajo, pero no desmintió que hubiera llamado al presidente imbécil durante una reunión por la sugerencia de éste de multiplicar el arsenal nuclear. Y en respuesta a comentarios de su aliado, el senador Corker, de que Trump había castrado a su canciller, Tillerson comentó: revise, estoy plenamente intacto.


Por otro lado, al mismo tiempo que Trump amenazaba con anular el acuerdo nuclear con Irán, el secretario de Defensa, James Mattis, declaraba ante el Congreso que el pacto debería permanecer intacto.


Sobre el Tratado de Libre Comercio, o el caso de los inmigrantes jóvenes conocidos como dreamers, entre tantos temas más, las señales de Trump han sido tan incoherentes que nadie puede adivinar su objetivo real, si es que existe.


Y mientras amenaza con una guerra nuclear, deportar a jóvenes migrantes, y autoelogia su respuesta a los desastres naturales, entre otras cosas, Trump se ha obsesionado con ordenar a los jugadores de futbol americano profesional a que permanezcan de pie durante el himno nacional, en respuesta a que algunos se han arrodillado durante las ceremonias patrióticas antes de cada partido en protesta por la violencia policiaca contra los afroestadunidenses.


Cada semana los medios reportan que fuentes dentro del gobierno advierten que el comportamiento de Trump es cada vez más preocupante para su propio equipo y figuras influyentes de su propio partido ya expresan su alarma públicamente.


Este jueves, el ex presidente George W. Bush, quien se ha mantenido al margen de la política, ofreció un discurso en el que, sin mencionar su nombre, reprobó a Trump. Bush declaró en Nueva York: Hemos visto nuestro discurso degradado por la crueldad causal. Agregó: Hemos visto al nacionalismo distorsionado en nativismo y hemos olvidado el dinamismo que siempre ha traído la inmigración a Estados Unidos.


El senador y héroe de guerra, John McCain, quien nunca ha sido aliado de Trump, ha intensificado sus críticas al mandatario y a principios de esta semana condenó el nacionalismo espurio en Estados Unidos, con la advertencia de que el país estaba por perder su posición de liderazgo mundial como consecuencia. Trump, en respuesta al mensaje de McCain, advirtió que suele contratacar, y que no será bonito.


El senador Corker, después de anunciar que no se presentará a la relección el próximo año, se ha vuelto portavoz de un amplio círculo de sus colegas que aún no se atreven –por posibles consecuencias electorales– a expresarse contra Trump. Hace unos días, advirtió, en entrevista con el New York Times, que él no entiende que podríamos estar encaminados hacia la tercera guerra mundial con el tipo de comentarios que está haciendo. Corker es el presidente de Relaciones Exteriores de la cámara alta.


Entre tanta distracción generada por Trump, algunos legisladores se quejan de que no han podido impulsar varias iniciativas que supuestamente son prioridades del presidente. De hecho, en los nueve meses de su presidencia, Trump y las dos cámaras del Congreso, controladas por su partido, no tienen un solo triunfo legislativo mayor hasta la fecha.


A la vez, no hay semana en la que no haya un reportaje que, citando fuentes internas del gobierno, insinúe algo como inestabilidad mental del presidente, su creciente molestia y su frustración con todos a su alrededor, y los esfuerzos de su equipo por tratar de controlar su comportamiento. Todo ello alimenta algo inusual en Estados Unidos y que ha acompañado a Trump desde su toma de posesión: la constante especulación abierta y pública sobre si acabará o no su cuatrienio.

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Sábado, 16 Septiembre 2017 07:33

En el mismo lodo

Luiz Inácio Lula da Silva llega a la oficina de la justicia federal para declarar ante el juez Sergio Moro, en Curitiba, el 13 de setiembre

 

Los brasileños siguen perplejos ante las acusaciones de corrupción que no cesan de formularse contra políticos de los partidos más variados y ante las revelaciones de los montos exorbitantes de dinero que mueven la corrupción en su país. El presidente Michel Temer es nuevamente acusado de corrupción, mientras la prensa le parece dar más importancia a los nuevos cargos presentados en la justicia contra su antecesor Lula.

Lula volvió a sentarse en el banquillo de acusados en Curitiba ante el juez Sergio Moro, este miércoles, en una causa por corrupción pasiva, en el marco de la Operación Lava Jato. El ex presidente de Brasil tuvo que responder a las acusaciones de su ex ministro de Finanzas, Antonio Palocci (que cumple una pena de 12 años de cárcel), que Lula hizo un “pacto de sangre” con la trasnacional constructora Odebrecht –hoy conocida en el continente americano por sus sistemáticos sobornos y esquema de lavado de dinero– para recibir de dicha empresa donaciones, obras de renovación en varios terrenos atribuidos a Lula y pagos por charlas (unos 60 mil dólares por exposición). Además, Odebrecht habría pagado un terreno para el Instituto Lula en San Pablo, dinero que, según la denuncia, fue retirado de una cuenta de 300 millones de reales (casi 100 millones de dólares) de sobornos a disposición del entonces oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

En la audiencia, el Ministerio Público Federal (fiscalía) presentó como prueba un orden del día de una reunión entre Lula y Emilio Odebrecht, patriarca de la empresa contratista. Esta reunión habría tenido lugar el 30 de diciembre de 2010, en el Palacio Planalto, algo que también fue afirmado por Palocci (y negado por Lula). Según el ex ministro, el objetivo del encuentro era poner fin a la desconfianza que tenían los empresarios de Odebrecht con respecto al gobierno de Dilma Rousseff, que sucedería al de Lula pocos días después.

Durante poco más de dos horas, Lula declaró ante el juez que en julio pasado lo condenó a nueve años y medio de prisión por obtener de Odebrecht el favor de renovar un tríplex en Guarujá. En su declaración, Luiz Inácio Lula da Silva dijo de su ex ministro que era “calculador, frío y simulador” y refutó con vehemencia su acusación de que hubiera hecho cualquier tipo de acuerdo ilícito con la constructora. Criticó severamente las acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público, argumentando que algunas de sus operaciones, a sus ojos, son sospechosas, y cuestionó la neutralidad del proceso. Al final de la audiencia preguntó si el juez que lo juzgaría sería imparcial. Sergio Moro le aseguró que lo sería.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, argumentó que las acusaciones contra el ex presidente eran infundadas, que no existe ningún documento que las pruebe y que la fiscalía “nunca demostró que los recursos generados están relacionados con Lula”.

El empresario Marcelo Odebrecht había dicho que usó la cuenta de sobornos que la empresa tenía con el PT para adquirir un inmueble para la sede del Instituto Lula y también para financiar la vivienda de Lula en el municipio vecino de San Bernardo del Campo, algo que fue rechazado también por el ex mandatario.

Durante su presidencia, Lula vivió en ese apartamento vecino y alegó que lo hizo por motivos de seguridad. Cuando dejó su cargo, en 2011, siguió usando el apartamento, adquirido por Glaucos Costamarques, primo del ganadero José Carlos Bumlai, un amigo de Lula también acusado en la operación Lava Jato que investiga la gigante trama de corrupción asociada a Petrobras.

En Curitiba, Lula fue recibido por correligionarios que habían llegado en 50 ómnibus de varios estados brasileños acompañados de dirigentes del PT para mostrarle su apoyo. Para éstos, el ex presidente es víctima de una persecución de sectores políticos e incluso del Poder Judicial, que quieren impedir que sea candidato a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Una confirmación en segunda instancia de la condena de prisión que Lula recibió en julio pasado en primera le impedirá presentarse como candidato. Sus abogados ya pidieron la anulación de esa sentencia, alegando que hubo irregularidades en el proceso.

La semana pasada, Lula concluyó una gira por los estados del noreste y tiene planificadas varias movilizaciones en otras regiones del país. Las escasas coberturas mediáticas de estas actividades mostraron que el ex presidente todavía es bien recibido por la población.

 

EL PRESIDENTE.


Mientras detenían en Brasilia a los empresarios Joesley Batista y Ricardo Saud, de las empresas Jbs y J&F respectivamente, acusados de haber omitido informaciones en sus llamadas “delaciones premiadas” (en las que un condenado puede reducir su pena a cambio de entregar datos que puedan inculpar a otros involucrados en tramas de corrupción) que señalaban como corrupto al actual presidente, Michel Temer, un informe de la Policía Federal enviado al Supremo Tribunal Federal (Stf, la máxima instancia jurídica en Brasil) indicaba que el mandatario y sus ministros Moreira Franco y Eliseu Padilha cometieron delitos de corrupción. Gracias a este informe sobre el partido oficialista Pmdb, Temer es acusado de haber recibido 31,5 millones de reales (10 millones de dólares) de sobornos por participar de una organización criminal en la que también estaría implicado el ex presidente de la Cámara de Diputados y hoy preso Eduardo Cunha.

Tanto Temer como los dos ministros niegan las acusaciones. El procurador general de la república, Rodrigo Janot afirmó que ante las abundantes pruebas de corrupción recogidas por el Ministerio Público, la única herramienta que les queda a los investigados es intentar “desacreditar” a los investigadores. El mandato del fiscal general está por concluir. Janot será sustituido en los próximos días por Raquel Dodge, designada para ese puesto por Temer.

Los abogados de Temer intentan a toda costa anular en la justicia el juicio basado en las acusaciones de los empresarios Batista y Saud. El Stf decidirá en cualquier momento si rechaza como pruebas admisibles las grabaciones de Joesley Batista que incriminan a Temer y las valijas de dinero ofrecidas al ex diputado Rocha Loures.

Al presidente también le preocupa la encarcelación de su asistente y político del Pmdb Geddel Vieira Lima. En un apartamento cercano a donde Geddel Vieira Lima cumplía prisión domiciliaria, en Salvador de Bahía, fueron halladas varias valijas con dinero: 51 millones de reales, propiedad del político. Éste podría optar por aceptar un acuerdo de delación premiada, algo que podría eventualmente incriminar al jefe del Ejecutivo.


GRABADO.


Pero el presidente sigue acumulando acusaciones en su contra. El cambista Lúcio Funaro lo acusa de haber participado en actividades de corrupción antes de asumir la presidencia y que continuaron durante su ejercicio del cargo. La hermana de Funaro fue filmada recibiendo 400 mil reales en sobornos, supuestamente sólo una parte del dinero que sería entregado a Funaro para que no señalara al presidente en su delación premiada.

En las grabaciones de una conversación de Michel Temer, Joesley Batista dice que pagó sobornos a Eduardo Cunha y a Lúcio Funaro para que éstos mantuvieran el silencio y no acusaran al presidente. En esas grabaciones, que fueron ampliamente divulgadas por la prensa, Temer responde que “hay que seguir con eso”.

Lúcio Funaro afirmó, en su delación premiada, que presenció en 2012 una llamada telefónica en la que el entonces vicepresidente Temer avaló pagos electorales a cambio de la liberación de créditos de la institución financiera pública Caixa Econômica Federal.

Las declaraciones de Funaro –que se encuentra preso en Brasilia– están citadas en el informe de la Policía Federal de la investigación sobre una presunta pandilla del Pmdb en la Cámara de Diputados.

Otra acusación rechazada por Temer es que el ex diputado Rocha Loures actuó a favor de un decreto que interesa a empresas del sector portuario. Loures es señalado como el intermediario y acusado de recibir sobornos destinados al presidente.

El juez del Stf Luis Roberto Barroso autorizó la apertura de una nueva investigación contra Temer. Ésta se basa en la sospecha de que el presidente benefició a una empresa que opera en el puerto de Santos, adoptando decretos para regular el sector.

 

 

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Trump admite que es investigado por obstrucción de la justicia

Por primera vez Donald Trump reconoció que está bajo investigación del fiscal especial encargado del caso de la injerencia rusa en las elecciones de 2016, y de nuevo atacó a los responsables de esta "cacería de brujas", incluido Rod Rosenstein, el subprocurador general.

El berrinche presidencial continuó por segundo día consecutivo después de que el diario Washington Post reveló que la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller tiene, por primera vez, a Trump bajo la lupa. Una vez más, con un tuit la mañana de este viernes, Trump declaró: "¡estoy siendo investigado por despedir al director de la FBI, por el hombre que me dijo que despidiera al director de la FBI! ¡Cacería de brujas!"

Aparentemente Trump acusa ahora a Rosenstein, quien está a cargo de todo lo relacionado con el asunto de Rusia y las elecciones en el Departamento de Justicia, después de que su jefe, el procurador general Jeff Sessions, fue obligado a recusarse de todo lo que tenga que ver con ese asunto.

Fue Rosenstein quien escribió, a solicitud del presidente, un mamorando con una evaluación crítica de James Comey –entonces director de la FBI, quien encabezaba la investigación sobre los rusos–, y que Trump utilizó para justificar el dramático despido que detonó, entre otras cosas, la ampliación de la investigación que ahora incluye al jefe de la Casa Blanca por posible obstrucción de la justicia.

A la vez, ante el revuelo provocado por el despido de Comey y para rescatar la credibilidad de la investigación en curso de la FBI, fue Rosenstein quien nombró a Mueller fiscal especial para continuar la indagatoria.

Rosenstein, por su lado, emitió este viernes una declaración inusual que advierte a los ciudadanos de ser "escépticos sobre alegaciones anónimas" en torno al caso, en referencia a una serie de filtraciones sobre la investigación a medios como el Post y el New York Times, y eso junto con el ataque de Trump ha sido interpretado como señal de que el subprocurador está bajo una fuerte presión. De hecho, han circulado versiones de que Trump está furioso con Sessions y Rosenstein por haber permitido el avance de la investigación que ahora alcanza las maniobras del presidente.

Ahora Rosenstein, por su papel en el despido de Comey, y por tanto testigo potencial en el caso, podría verse obligado a recusarse también de todo lo relacionado con esta indagatoria y, si ese es el caso, el mando se tendría que dejar en la número tres de la jerarquía del Departamento de Justicia, la procuradora general asociada, Rachel Brand, reportó ABC News.

Pero el presidente, en su tuit, parece olvidar que pocas horas después de citar el informe de Rosenstein como la razón del despido de Comey el 9 de mayo, él mismo declaró públicamente que aun antes de ese informe, él ya había decidido despedir a Comey, y que tenía que ver con la investigación sobre Rusia.

Comey testificó la semana pasada que sospecha haber sido despedido para descarrilar la investigación que encabezaba, y también confirmó que Trump había intentado interferir en su investigación, solicitándole "dejar ir" a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, entre otras cosas. Indico que ahora le corresponde a Mueller determinar si estas acciones del presidente son una obstrucción de la justicia.

Este viernes, la influyente senadora demócrata Dianne Feinstein, integrante del Comité de Inteligencia, comentó que "cada vez está más preocupada" por que Trump pudiera despedir a Mueller y a Rosenstein, y agregó que el mensaje emitido por los tuits es que el presidente cree que está por encima de la ley.

Su berrinche hoy no se limitó a un solo tuit, sino que publicó varios en el transcurso de la mañana. En uno afirmó que después de siete meses de investigaciones “sobre mi ‘colusión con los rusos’, nadie ha podido mostrar alguna prueba. Triste”, y otro en el que señaló: “los medios de noticias falsas me odian cuando uso lo que ha resultado ser un medio social muy poderoso –más de 100 millones de personas. Yo puedo darles la vuelta”.

Otro tuit presidencial reiteró que a pesar de todo, la economía está en auge: “a pesar de la falsa cacería de brujas que se realiza en América, los números de la economía y del empleo son estupendos. Las regulaciones están muy reducidas, empleos y entusiasmo muy arriba”.

Pero la investigación de Mueller, y otras cuatro de comités legislativos, proceden. Este viernes, integrantes del equipo de transición de Trump que colaboraron con él después de las elecciones hasta que asumió la presidencia, en enero, han recibido una orden para preservar todo material físico y electrónico relacionado con la injerencia rusa, reportó el New York Times. La orden incluye también todo material relacionado con archivos de verificación de cinco integrantes de la campaña de Trump, incluidos Flynn y Paul Manafort, quien fue por un tiempo el jefe de campaña. Todo esto es interpretado como indicaciones de las dimensiones de la investigación de Mueller y los comités.

Mientras tanto, una pregunta empieza a circular. David Remnick, director de The New Yorker, encabeza su artículo de este viernes: "¿Quién en la Casa Blanca se volteará contra Donald Trump?" Argumenta que "el egoísmo del presidente, su exigencia de lealtad en un solo sentido, y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias no verdades y errores, hacen claro sus biógrafos, era su patrón en los negocios y eso ha resultado ser su patrón como presidente". Pregunta cuándo llegará el momento en que alguien del círculo cercano del presidente decida que no pueden más con esto. "¿Todos ellos arriesgarán sus futuros para proteger a alguien enfocado sólo en sí mismo y al carajo con lo demás?"

Como muchos otros en esta coyuntura, recuerda que ese momento –cuando algunos de los íntimos decidieron que ya no podían aguantar el juego cada vez más peligroso de un mandatario– llegó en el caso del Watergate y ello marcó el fin de esa presidencia.

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