Miércoles, 11 Diciembre 2019 08:25

La crisis de Colombia con P mayúscula

Verona, sin título, escultura (Cortesía del autor)

¿Estamos viviendo en América Latina un momento histórico trascendental, el inicio de la segunda Independencia, como el que se vivió hace dos siglos? La respuesta puede ser afirmativa, si miramos el panorama. En México se consolida un gobierno progresista; en Argentina ha ganado las elecciones, por mayoría aplastante, un candidato progresista que se dispone a asumir el gobierno en pocos días; en Chile un paro nacional completa cuarenta y cinco días para imponer el cambio de una constitución heredada de la dictadura sangrienta de Pinochet por una constitución progresista; en Bolivia un golpe de Estado depone el gobierno progresista de Evo Morales, pero la resistencia contra los golpistas crece, y una parte del ejército se ha puesto del lado del presidente legítimo. En Ecuador, el paquetazo tributario de Lenin Moreno, ordenado por el FMI, se quemó en la puerta del horno por la rebelión indígena que copó la capital y que obligó a Moreno a huir a Guayaquil y a plegarse a las demandas populares; en Colombia, un paro nacional, que estalló el 21 de noviembre, contra el gobierno de Iván Duque y sus proyectos de reformas neoliberales (tributaria, laboral y pensional) completa una semana.


A lo anterior debe agregarse la conformación del Grupo de Puebla, liderado por México y por el gobierno electo de Argentina, e integrado por cerca de cuarenta personalidades progresistas de América Latina con el fin de promover un frente común continental contra el neoliberalismo y las políticas económicas regresivas del FMI.


En tales circunstancias, el Paro Nacional de Colombia contra el gobierno de Iván Duque Márquez, cobra una importancia especial. A diferencia de paros anteriores, como el de septiembre de 1977, el actual movimiento reúne íntegras las corrientes ciudadanas que luchan por un cambio profundo en la vida colombiana: trabajadores de todos los oficios, estudiantes, intelectuales, artistas, educadores, hombres y mujeres, que llevan una semana en las calles, marchando pacíficamente, enfrentando con alegría, música, y sin miedo, la represión de las fuerzas de policía (grupo Esmad) y la acción de los vándalos organizados por la extrema derecha para infiltrarse en las marchas y provocar disturbios que desacrediten el movimiento social y propicien la intervención represiva de la policía, no contra los vándalos, sino contra los ciudadanos que protestan pacíficamente.


Un factor similar, como en 1810, identifica a los pueblos latinoamericanos en 2019: la pérdida del miedo. Los manifestantes están demostrando que ya no le tienen miedo ni a las fuerzas represivas del gobierno, ni a los dictados del FMI, ni a los militares, ni al imperio. ¿Qué saldrá de ello? Posiblemente la segunda independencia, o quizá también nuevas dictaduras militares, como en los tiempos infelices de la Guerra Fría, que serán el último coletazo del régimen opresor agonizante. Sí, puede asegurarse, que la marcha que han iniciado los pueblos latinoamericanos, no tiene reversa, como no la tuvo la que iniciaron en 1810.


La acción de los manifestantes colombianos que protestan en la totalidad del territorio nacional, contra un gobierno, contra un régimen clasista, exclusivista y mediocre, presidido por un mandatario incapaz, nos muestra el surgimiento de un nuevo poder invencible: el Poder Ciudadano.
El presidente errático, Iván Duque, no ha entendido, ni podrá entender, que él no manda, sino que debe obedecer, como corresponde a un servidor público, cualquiera que sea su rango, y con mayor razón si ha sido elegido por los ciudadanos, para servirles en el cargo de presidente de la República. Él presidente no tiene que hacer propuestas. Su obligación es escuchar las propuestas de los ciudadanos y proceder a darles curso. Lo contrario es absolutismo. Viola por completo los principios de la democracia.
En uno de sus tantos dislates, en su intervención durante la “conversación” con los mandatarios regionales electos, dijo Iván Duque que “debemos trabajar por una Colombia con P mayúscula”. Pues, bien. Por ahora tenemos una gran crisis en Colombia y un Paro con P mayúscula. Un Paro mayúsculo.

 

 

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Soldado colombiano anuncia su suicidio tras ser intimidado por el Ejército al apoyar el paro contra Duque

Brandon Cely Páez, de 21 años, denunció en un video grabado previo a su muerte que un superior lo señaló por ser de "izquierda extremista".

Un soldado del Ejército colombiano anunció en un video que se quitaría la vida después de ser intimidado por mandos superiores, tras mostrar su apoyo al paro nacional. El sábado pasado, el joven de 21 años fue encontrado muerto. 

El orgánico del Batallón de Infantería 13, Brandon Cely Páez, grabó un mensaje de despedida en el que explicaba las razones detrás de su decisión. "No me han dejado otra opción que hacer este video para protestar y apoyar a mis compañeros estudiantes", dice el soldado. 

Según contó Brandon Cely, un superior lo acusó de ser de "izquierda extremista" y un "disociador", por apoyar el paro nacional en Colombia. "Yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de dos a seis años de cárcel por el delito de deserción", dice.   

Tras mostrar su apoyo a los estudiantes, quienes "no han dejado de callar", Cely aseveró que como soldado no puede expresar su respaldo al movimiento estudiantil, porque le han "quitado la voz y el voto en el Ejército". "Apoyo totalmente y plenamente al paro colombiano [...] Como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mis familias y a mis seres queridos", sentenció. 

Respuesta del Ejército

Tras la difusión del video, el Comando de la Décimo Tercera Brigada del Ejército informó que Cely Páez, quien tenía quince meses prestando su servicio militar, "falleció en hechos que son materia de investigación". 

Según un comunicado de prensa de la dependencia, el caso ya está siendo investigado por la Justicia Civil Militar, con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Además, la Décimo Tercera Brigada informó que se conformó una comisión interdisciplinaria para "establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que que ocurrieron los hechos". 

Protestas

Miles de personas en Colombia salieron a la calle este martes en la sexta jornada de protestas tras el paro nacional decretado por organizaciones sindicales, estudiantes y colectivos de derechos humanos.

Estos sectores han exigido al Gobierno de Iván Duque implementar una amplia agenda de demandas sociales, que van desde cambiar el sistema público de pensiones hasta la correcta implementación de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A estas demandas, los diversos sectores sociales han sumado el esclarecimiento y la sanción a los responsables de la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años que falleció tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógena en la cabeza, lanzada por un antidisturbio, cuando participaba en una protesta en Bogotá. El día de su muerte, el lunes, Dilan se iba a graduar como bachiller en el Colegio Ricaurte IED (Institución Educativa Distrital), una entidad pública.

En el contexto del paro nacional, que ha sido reprimido por las autoridades, Duque inició el lunes la Gran Conversación Nacional, como le ha llamado al diálogo con alcaldes, gobernadores electos, empresarios y representantes de organismos de control del Estado —Procuraduría y Fiscalía— para encontrar una salida a las protestas antigubernamentales. 

No obstante, tras reunirse con el mandatario este martes, los líderes de las protestas se negaron a aceptar un diálogo ampliado propuesto por la Presidencia y anunciaron la convocatoria a una nueva protesta el miércoles 27 de noviembre

27 nov 2019 02:49

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Dilan Cruz, nueva víctima de la violencia de Estado

Y el temido desenlace se impuso. Este lunes 25 de noviembre en horas de la noche el cuerpo de Dilan Cruz, joven que apenas estaba empezando a vivir los años felices de la vida, los de la imaginación, la rebeldía, la creación, los del compartir desinteresado con todos los suyos, los de rumba y amores pasajeros y no tanto, los de mirar la vida en azul, no resistió las consecuencias del impacto recibido por un disparo de esas armas de “prevención” con que “contienen” los “agentes del orden” la protesta ciudadana, esa misma que dicen estar protegida por las leyes que resume la Constitución Nacional.

Dylan, quien de manera desprevenida participaba en una acción colectiva el pasado sábado 23 del mes en curso en Bogotá a la altura de la Avenida 19 con Carrera 4, y como todos los videos lo confirman no portaba arma alguna ni estaba amenazando la vida de nadie ni era motivo de inseguridad alguno, fue atacado por un policía del Esmad, los mismos que de manera reiterada son denunciados por la actitud violenta con que se interponen ante los actos de reclamo, de protesta, de exigencia de cambio y de vida digna que en unas ocasiones lideran estudiantes, en otras trabajadores, pero también campesinos o indígenas.

Su actitud violenta, y la forma como están preparados para proteger el “orden” y la “santa propiedad privada”, quedó nuevamente en evidencia cuando uno de ellos propinó el reciente 21 de noviembre una violenta patada, con golpe de karate, en el rostro de una joven que en medio de una acción de protesta reclama en solidaridad con un compañero que estaba siendo atacado por el Esmad. Patada premeditada, con fuerza, potencia que puede dejar lesiones de diverso tipo.

Es una actitud de ataque, no de prevención ni de contención, que desde siempre deja huellas de dolor y sangre en las protestas a donde llegan. La memoria de los estudiantes y activistas en general recuerdan con fuerza el vil asesinato de Nicolás Neira (Bogotá, Primero de Mayo de 2005, Carrera 7 x 18), un joven que como Dilan apenas despuntaba a la vida; registro en la memoria que también se extiende a Óscar Salas (Bogotá, 8 de marzo de 2006) quien cursaba estudios en la Universidad Distrital.

Los indígenas asesinados producto del exceso de fuerza con que actúan los “agentes del orden”, además de la decena de lesionados por disparos de gases lacrimógenos accionadas en línea directa contra sus humanidades, así como de disparos no convencionales (cápsulas recargadas de balines), como por golpes contundentes con fuerza potenciada por el odio que parecen inyectarles en los cursos donde los forman, o en las “motivaciones” de que son objeto momentos antes de entrar en acción, desnudan a todas luces por qué y para qué fueron creados en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana, y la manera como han cumplido con tal propósito.

En todos estos casos de asesinatos y lesionados, unos graves y con secuelas para toda la vida, otros que no dejan impedimento físico, la sociedad demandó justicia y reclamó castigo por un tiempo pero luego parece que la paquidermia de una justicia que cuando queda en manos de las Fuerza Pública poco prospera. Pero ahora todo indica que las cosas serán distintas: la sociedad colombiana, conmocionada por un despertar sin precedentes no aguanta más las injusticias del poder y entre ellas los excesos de sus cuerpos de choque. Esa sociedad hoy llora ante el Hospital Universitario San Ignacio la muerte de un joven que apenas empezaba a gozar la vida y además de reclamar justicia al adelantar juicio imparcial sobre quien recaiga la culpa por lo sucedido (que debería extenderse al mando directo de quien accionó el arma, estableciendo claridad sobre las motivaciones impartidas antes del suceso) también demanda poner punto final a un cuerpo que como el Esmad no protege a la sociedad sino que la ataca y violenta, creando un ambiente de odio que solo extiende bases para el contraataque y hasta para la venganza.

Ante estas evidencias, una voz debe ganar eco en todo el país: ¡Desmonte del Esmad y de todo grupo policial, militar y de choque que atente contra los derechos humanos!

 


Recuadro

 

Esmad (1999-2019)

Secuela de muerte

 

Noviembre 8 de 2001. Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD.

Noviembre 20 de 2002. Jaime Acosta, a sus 18 años, de la Universidad Industrial de Santander participaba por primera vez en una protesta estudiantil. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron.

Mayo 1 de 2005. Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.

Septiembre 22 de 2005. Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida.

Marzo 8 de 2006. Óscar Leonardo Salas de 20 años estudiante de cuarto semestre de lingüística de la Universidad Distrital de Bogotá. En medio de una manifestación el estudiante se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro.

Julio del 2010. Jhonny Silva el estudiante de la Universidad del Valle, cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD

2010. Durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven de 20 años llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho.

Noviembre 10 de 2011. Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil.

2013. Durante el paro agrario el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.

Abril 11 de 2015. Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca.

Abril 21 de 2016. Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar.

Mayo 19 de 2016. Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector.

Junio 12 de 2016. Naimen Lara y un mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista.

Junio 2 de 2016. Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca.

Julio 12 de 2016. Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama.


El odio policial

No es solo el Esmad, cuerpo de choque del establecimiento, es el cuerpo policial y militar como conjunto el que está formado con un espíritu antisocial, con la consideración de que todo aquel que exprese ideas contra el gobierno es un subversivo y como tal hay que tratarlo.

Evidencia de ello fue la acción desatada el 19 de agosto de 2011 y por medio de la cual la policía acabó con la vida de Diego Felipe Becerra, joven grafitero que en el momento de los hechos se aprestaba a realizar un mural en Bogotá, en la calle 116 con la Avenida Boyacá.

Como es de memoria pública, luego de los hechos la Policía, con espíritu de cuerpo trató de negar lo sucedido, sindicando al asesinado por porte ilegal de armas.


 

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Noviembre 22, tras una noche de cacerolazos que con el característico sonido metálico de las ollas, cucharas y palos fueron cubriendo las sombras que surgen tras el ocultamiento del sol, la ciudad despierta con la inquietud e inseguridad de lo que pudiera suceder a lo largo de un día que también debiera ser de denuncias y protestas contra el mal gobierno, uno que además no tiene personalidad y está sometido a su protector y creador, así como a las demandas de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como internacionales.

La inconformidad social demanda que así sea, pero además la confianza despertada por la alegría y masividad de las protestas del día anterior brinda la fuerza necesaria para que las voces de exigencia se extiendan a lo largo y ancho del territorio sabanero. Fuerza, voces y denuncias, que también debieran estar presentes a lo largo del país.

 

La jornada

 

El reloj no alcanza a marcar más allá de las 7 am cuando ya es evidente que en diferentes estaciones del transporte público, como Molinos, Tintal, Terreros, y Usme, portal de Las Américas, las gentes hacen sentir su inconformidad contra el tipo de vida que le depara la actual sociedad y el gobierno que ahora soportan. En Patio Bonito y en sectores de Ciudad Bolívar tomaban forma saqueos sobre almacenes de cadena, como Surtimax y Ara; sobre la Autopista Sur se llevaban a cabo bloqueos. Al mismo tiempo, estaciones de Transmilenio ubicadas en el centro de la ciudad son atacadas por grupos no identificados.

Transcurren las horas y la tensión gana cuerpo sobre la capital del país. El transporte público comienza a sentirse disminuido, realidad agravada tras cada hora y que se incrementará hasta prácticamente desaparecer apenas iniciando la tarde. ¿Respuesta adecuada de quienes administran el sistema –ante una amenaza real de exponer la vida de quienes aborden el servicio– o manipulación de una inseguridad creada de manera artificial para someter a la ciudadanía a extensas jornadas de caminata y así despertar repudio contra la protesta social, la genuina, que aún no termina por tomar forma por parte alguna?

Con las primeras horas de la tarde también llegan los rumores sobre grupos de pobladores robando, y con ello la amenaza de toque de queda, la que en primera instancia queda reducida a ley seca a partir de las 12 m y hasta las 6 am del sábado;
al tiempo que grupos de activistas empiezan a desplazarse para concurrir al cacerolazo citado para las 4:30 en la Plaza de Bolívar, de la cual son desalojados por el Esmad con disparos de gases lacrimógenos, todo esto a pesar que simplemente estaban allí armados de ollas y actitud pacífica para expresar su descontento por el régimen económico y su política neoliberal, así como el gobierno que las aplica dispuesto cada vez más al servicio de los grupos corporativos dominantes en Colombia.

Mientras esto sucede en esta parte de la ciudad, en sectores del sur la refriega no se detiene, aunque sostenida por pequeños grupos de pobladores; en ningún momento alcanza a percibirse una actitud organizada de los mismos. Paralelo a esto, por el norte, occidente, sur y oriente de la urbe, numerosos grupos de trabajadores/as se desplazan a pie hacia sus casas; entre estos, quienes caminan por las troncales de Transmilenio lo hacen ocupando sus carriles, y los pocos buses que aún circulan quedan bloqueados al ritmo de los transeúntes.

Para esta hora –5-6 pm– el rumor de toque de queda gana más intensidad, así como el eco de supuestos salteadores de viviendas que en grupos ponen en peligro la vida y pertenencias de los pobres, ya que tales rumores provienen de barrios del sur de la capital.

Soportada sobre esta realidad, en gran parte especulación y pánico creado por una política de terror orquestada desde los grupos de poder, a las 6:30 pm toda la ciudad queda bajo toque de queda por regir a partir de las 9 pm; desde las 8 pm en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. En Soacha y Fusagasugá se mantiene igual disposición vigente en esos municipios desde el día anterior.

A esta hora ya es claro que el establecimiento, así como décadas atrás creó el paramilitarismo como instrumento de control social –bajo el terror del fusil y la motosierra– ahora implementa la confrontación de pueblo contra pueblo, a través de reales o ficticios copamientos y hurtos de residencias. Su efecto inmediato: centenares de pobladores, armados de palos y machetes aguardan al filo de sus apartamentos y casas, haciendo guardia a lo largo de la noche y la amanecida, a los que no han de llegar los supuestos maleantes. Mientras tanto el poder descansa a todo dar.

El control extendido sobre las ciudades también llega a las fronteras con el cierre de las que nos separan de Venezuela y Ecuador. Según el parecer oficial, todo el país está bajo riesgo de ‘no se sabe que’.

Como mensaje de seguridad sobre la atemorizada población nacional, pero sobre todo de Bogotá y Cali, quedan en disposición unidades del Ejército Nacional para que refuercen los operativos policiales. Sin duda, no hay mejor mecanismo de control que el miedo, aunque sea inducido.

Ante el anuncio de toque de queda los caminantes aceleran su paso y los pocos vehículos de transporte público que prestan su servicio, en particular los que aún no son parte de Transmilenio, recortan sus rutas, pareciendo cada vez más circulares, y hacen su agosto en noviembre.

La noche prolonga sus sombras y en multitud de barrios sus pobladores empiezan a sonar cacerolas.

En mensaje televisivo, el inquilino de la Casa de Nariño anuncia que la semana que entra citará reunión para un diálogo nacional. El Comando de Paro tiene la tarea de no dejar dilatar, como siempre hace el poder, acuerdo alguno, y concretar de inmediato reformas que le hagan sentir al poblador común y corriente, al que estuvo sometido a largas caminatas para llegar a su sitio de trabajo o para regresar desde el mismo a casa, así como a quienes perdieron una noche de sueño esperando a quien no habría de llegar, que la lucha aun es moza pero que los logros pueden ya palparse, aprestándose de esta manera para la intensa jornada de confrontación social que vendrá con el 2020.

 

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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El inolvidable Octubre 2019: El retorno de la victoria ancestral. La Caja de Pándora

Octubre, el mes de la resistencia de los pueblos ancestrales en contra de la colonización y neocolonización, y por la construcción de la otra historia, esta vez coincidió con un estallido social que concitó a las mayorías ecuatorianas, desmnudando la catadura del régimen existente. Las impresiones derivadas del mismo son múltiples y con luces diversas.

 

Lo que no esperaban recorrió el país con fuerza de huracán. Energía, presión contenida tras más de una década de judicialización y criminalización de la lucha social y la disidencia política perpetrada por la estrategia correísta-progresista en contra de la resistencia de los pueblos opuestos a su proyecto de modernización conservadora.

Inconformidad latente con la cual choca el paquete económico neoliberal del gobierno de Moreno, el que sin medir de manera adecuada el ambiente social y político dominante en toda la sociedad ecuatoriana, con el Decreto 833, que incrementa el precio de la gasolina y el Diesel e incrementa las tarifas del transporte público, libera la energía social de la ira popular; respuesta de mayorías a la coacción de un capitalismo salvaje sobre la vida humana y natural.


La respuesta social ante el Decreto de marras, el llamado al paro nacional y al levantamiento indígena por parte de las organizaciones sociales, fue rebasado por lo que Benjamín denomina la violencia divina*. Se refiere así a un estallido popular cuya fuerza es una respuesta violenta a la violencia simbólica y sistémica del capital, una energía social que trasciende las demandas concretas y justas de los pueblos.


La característica principal de la violencia divina es que no es medio para ningún fin, es simplemente expresión de la inconformidad que destruye lo fundado. A pesar de ello, las organizaciones sociales encauzaron el estallido, resolviéndolo en la mesa de diálogo que exigieron a Moreno.


Es esta violencia divina la que el Gobierno y sus aliados, de manera cínica e hipócrita, descalifican como actos vandálicos y de saqueo. A la luz de la historia reciente es oportuno preguntar de dónde proviene el saqueo y el vandalismo: ¿Acaso la sucretización de la deuda privada en 1983, el feriado y salvataje bancario en 1999 y la corrupción correísta entre 2007 y 2017 no es violencia y saqueo a su máxima expresión? ¿Acaso la política extractivista que han implementado las élites gobernantes en toda la historia del país no es expresión de una violencia extrema del capitalismo en contra de la humanidad y la naturaleza? Ante esta historia de violencia estructural, la ira social no solo es comprensible, sino que se justifica. La respuesta enérgica de los pueblos en contra de la violencia del capitalismo y sus agendas políticas cada vez más salvajes, es parte de la historia de resistencia planetaria; es evidente en las protestas de los Chalecos amarillos de Paris 2018, en las protestas de Hong Kong 2019, en las actuales protestas de Haití, Barcelona y Chile, solo para citar algunas protestas de las escenificadas a lo largo de de los últimos dos años.


Es en estas circunstancias que dos hechos fundamentales lograron articular la protesta social para conquistar la victoria: 1) la presencia del pueblo Sarayaku, cuya autoridad simbólica reside en la autonomía de su proyecto de vida, que no busca disputar la administración del Estado, sino luchar por la construcción de una vida distinta en el marco del kawsak sacha –la selva libre–. 2. La marcha de las mujeres convocada por Blanca Chancoso, histórica dirigente indígena, que congregó una inmensa presencia femenina en las calles de Quito en rechazo de la represión estatal. Esta voz femenina no eligió al Estado ni sus símbolos como interlocutor de su demanda, sino que interpeló a la sociedad quiteña a unirse en contra de la violencia patriarcal, desatada por la declaratoria del estado de excepción.


La resistencia y lucha de la razón ancestral


Como resaltó tres décadas atrás, en resistencia que posicionó a los pueblos ancestrales como el actor histórico principal de los procesos de resistencia y transformación social que conoció nuestra región continental, de nuevo el movimiento indígena se constituye en el eje de la lucha en contra del renovado ciclo neoliberal en América del Sur y, por qué no decirlo, del continente.


Es así como en los días que corren, se produce un retorno de la lucha social liderada por los pueblos ancestrales en contra del capitalismo neoliberal, que además supone un salto y continuidad en su lucha contra el progresismo conservador. Frente a la violencia de la razón capitalista surge la resistencia y lucha de la razón ancestral, que se muestra con claridad en los pueblos indígenas pero que mora en toda la humanidad, en su camino de humanización articulada al respeto de la naturaleza. En el caso particular del Ecuador, son los pueblos ancestrales el fundamento cultural de nuestra sociedad, en ellos radica el mayor patrimonio de nuestro país y la fuerza telúrica de la resistencia anticolonial y anticapitalista. Las raíces de la sociedad ecuatoriana se hunden en la historia precolombina, de allí emerge su posibilidad de futuro.


La enseñanza de mujeres y jóvenes


En estas movilizaciones, además del movimiento indígena, protagonista principal de la lucha, y de las organizaciones de trabajadores, resaltó la presencia refrescante de las mujeres organizadas, como de las no organizadas, y de los jóvenes que en estas jornadas se bautizaron en la lucha política. Estos dos actores abrieron nuevas y emergentes formas de organización de la resistencia social, que plantean alternativas a las viejas estructuras de la izquierda, cooptadas por la razón de Estado, y que hoy frenan la resistencia social por su marcado conservadurismo y patriarcalismo. Estas nuevas formas, aún en ciernes, expresan otra manera de enfrentar al sistema, donde no se pospone la construcción de nuevas relaciones sociales a la espera de la instauración de un nuevo sistema. Estas nuevas relaciones están ligadas al cuidado, a las experiencia cotidiana, a los afectos, a la horizontalidad; se tejen en el aquí y ahora de la lucha. Esa es la enseñanza que nos dejan los jóvenes y las mujeres y esa ya es una inmensa victoria.


En contra y más allá de las dos estrategias capitalistas dominantes


El movimiento indígena y el resto de sectores sociales protagonistas de la resistencia y la lucha en contra de las directrices económica neoliberales, lograron establecer una línea autónoma respecto del gobierno neoliberal y los grupos de la derecha nacional y, también, respecto del progresismo conservador correísta. Una línea de autonomía que no solo se disputó y triunfó en el país, sino que logró establecer una diferencia clara en el contexto de la geopolítica regional.


Es fácil observar que en el conflicto político desatado en Ecuador, a lo largo de la primera quincena de octubre, se disputaba un conflicto mayor, que incluso rebasa el ámbito regional, y que tiene como ejes de disputa: por un lado, la línea tradicional del capitalismo neoliberal de la derecha alineada con el FMI y al Estado norteamericano en el eje occidental, al cual se articulan gobiernos latinoamericanos como los de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. En el otro lado se encuentra la línea del progresismo conservador alineado con la agenda del capitalismo ruso-asiático, que administró la mayoría de los Estados de SurAmérica y que hoy se encuentra en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México.


Esas dos estrategia del capitalismo disputaban sus proyectos en el conflicto social desatado en Ecuador. Las estrategias utilizadas por unos y otros pretendían utilizar y sofocar el levantamiento autónomo de los pueblos para beneficio de sus propias agendas. El correísmo progresista buscaba apoderarse de las demandas de los pueblos para conseguir la destitución de Moreno y hacerse de nuevo con la administración del Estado, y así tapar sus actos de corrupción y saqueo de los recursos de la sociedad que perpetraron en su época de gobierno; y abrir de nuevo las puertas para el retorno del progresismo conservador en el subcontinente. Por su parte el gobierno de Moreno buscaba deslegitimar la protesta social al articularla con el correísmo, imponiendo de esta manera la política fondomonetarista, en complicidad con los grupos económicos más poderosos nacionales y transnacionales, con la derecha política socialcristiana –con quien ha gobernado durante dos años– y la derecha ideológica que intenta manejar la economía del país.


Sin embargo, la fuerza de la movilización social fisuró la disputa entre dos versiones del capitalismo y abrió el espacio de la autonomía de la lucha a los pueblos, que no disputaban el control del Estado, sino que enfrentaban el modelo neoliberal y con éste, el capitalismo. Así, los grandes perdedores en estas jornadas de lucha fueron: el Estado, el Gobierno, los socialcristianos –punta de lanza de la derecha tradicional–, los correístas, punta de lanza de la derecha progresista, y los medios hegemónicos de comunicación.


Tres grandes contradicciones


Los momentos críticos vividos por cualquier sociedad sacan, lo a flote lo mejor y lo peor de la misma. De lo mejor, ya hemos visto algunos aspectos, y de lo peor, fluyeron tres grandes contradicciones las mismas que articulan desde tiempo atrás a la sociedad ecuatoriana: el racismo colonial, la desigualdad clasista y el segregacionismo campo-ciudad.


Son estas contradicciones las que obligan al conjunto ecuatoriano a pensarse honestamente como sociedad y dejar de promulgar una falsa identidad nacional, una ciudadanía moderna, un tramposo interés general que no existe y menos aún en este país con un Estado aún colonial.


Contradicciones latentes. En medio de la resistencia de los más contra los menos, saltaron las minorías blanqueadas del país, tanto de Guayaquil y sobre todo de Quito, a condenar los “actos vandálicos de los indios”. Las élites guayaquileñas en la voz de Nebot abrieron su juego profundamente racista con la detestable frase que “los indios se queden en los páramos porque a su ciudad no entran”. Con ello no solo se deslindaron del mundo indígena, sino de la región de la Sierra y la Amazonía e incluso, del profundo pueblo costeño de origen ancestral, montubio y negro. La “blanquitud” quiteña, aliada de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación hegemónicos, salió a la defensa de la “franciscana ciudad de Quito”, de su patrimonio histórico y de su “hermoso” urbanismo, en contra de los “indios salvajes” que viene a “su” ciudad sin invitación. Se horrorizan, lloran, patalean por los daños perpetrados en “su” ciudad, pero nunca lanzaron una sola lágrima ni queja cuando sus empresarios y sus gobiernos acaban con la biodiversidad de los páramos, de las fuentes de agua, de la Amazonía destruyendo con ello los territorios de los pueblos ancestrales, dejándoles con tierras, agua y aire envenenados.


Son las mismas minorías blanqueadas que nunca protestan ni sufren cuando las corporaciones de constructores levantan edificios sin importarles dejar sin espacios verdes a la ciudad, sin cuestionarse por el aumento de vehículos que colapsan el tránsito y el aire. Nunca se quejan de que las comunidades aledañas a Quito sean despojadas de sus territorios por las constructoras, en complicidad con el gobierno municipal. No lloraron cuando destruyeron el patrimonio arqueológico para hacer el túnel del metro de Quito. No, no les duele su ciudad, les molesta que los dueños ancestrales de estas tierras vengan a “ensuciar” su proceso de blanqueamiento; les molesta que les recuerden que no están en Europa ni Estados Unidos, que no son ciudadanos del primer mundo al que su necio arribismo les hace desear.


Las victorias


Tras dos años de un gobierno de espaldas a las necesidades y deseos de diversidad de sectores sociales, y con la resaca de un correísmo negado a la protección de los territorios ancestrales y a la participación libre y deliberativa del descontento social, en solo 13 días de intensa lucha decidida, colectiva y solidaria, se logró revertir la realidad, dejando desnudo al poder formal.


Es así como de la primer quincena de este inolvidable octubre, emana una victoria simbólica y política para el movimiento indígena y las organizaciones sociales que lo acompañaron. La victoria política se manifiesta en la recomposición de la resistencia indígena y popular con autonomía del gobierno neoliberal y del progresismo conservador; en la convicción de que es posible resistir y frenar al neoliberalismo; en la presencia de nuevos y refrescantes actores sociales.


La victoria simbólica se expresa en el establecimiento de un diálogo de cara a la sociedad nacional y mundial pocas veces visto y que deja una enseñanza de transparencia política al mundo; en la presencia sin intermediación de los pueblos indígenas en la mesa de diálogo, afirmados en su diferencia y en su capacidad de pensar no solo sus nacionalidades, sino de pensar a la sociedad ecuatoriana en la mayoría de su composición social y cultural; en la participación indispensable de las mujeres en todo el proceso de la lucha que nos dice que sin nosotras no hay posibilidad de transformación; en la participación de los barrios de los sectores populares y de algunos sectores medios de Quito, y en el apoyo y acogimiento por parte de varios sectores de la ciudad, entre ellos las universidades, de los pueblos indígenas que arribaron a la misma y, por último, en la gran minga llevada a cabo para arreglar y limpiar la ciudad, escenario de la protesta, donde convergieron los pueblos indígenas y los habitantes de Quito, en una actitud de responsabilidad y cuidado pocas veces vista.


Tres luchas antisistémicas


Lo que tuvimos por todo el país fue una inmensa movilización, un alzamiento por la vida, un proceso de resistencia en el que convergieron las tres luchas antisitémicas: la antipatriarcal, la anticolonial y la anticapitalista. Si bien la última fue la que articuló esta vez la lucha en contra del modelo económico fondomonetarista, las otras dos fueron claves para consolidar la derogatoria del Decreto 883, punta de lanza de las políticas de ajuste.


La dirección del movimiento indígena como actor principal de esta intensa jornada en contra del paquete económico gubernamental cualificó la lucha anticapitalista con la fuerza de la resistencia anticolonial de los pueblos ancestrales. Este hecho amplia la lucha anticapitalista más allá de la discusión sobre el modelo económico y la hace bordear con la discusión del modelo civilizatorio, lo cual es muy importante para cuestionar las coordenadas impuestas por el paradigma del progreso, el crecimiento económico y el desarrollo como verdades del capitalismo, así como de la Modernidad; lo que pone de manifiesto no solo el modelo económico neoliberal, sino el modelo productivo y energético extractivista que está destruyendo a los pueblos, sus territorios y la naturaleza que los acoge.


Por su parte, la presencia de las mujeres y de lo femenino en general en las labores del cuidado, del abrigo, del sostén emocional, de la sanación; no detrás de…, sino en el centro de la lucha, fue fundamental para entender que el capitalismo se lo ejerce desde el mando patriarcal en contra de la vida social y natural. Se entiende con esta experiencia que la lucha anticapitalista es posible solo si es también antipatriarcal y anticolonial, que no hay privilegio ni primacía de una lucha sobre las otras, que su centralidad como lucha articuladora depende del contexto de la resistencia.


Construir el hecho histórico


La lucha como acontecimiento fue una victoria de los pueblos, ahora empieza la lucha por la victoria en la construcción del hecho histórico. De parte del establecimiento harán todo lo posible por despojar de la palabra que dote de sentido el acontecimiento como victoria de la humanidad sobre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desplegarán, de parte de la derecha ideológica neoliberal, una estrategia discursiva racista, clasista y machista para imponer su relato ideológico neoliberal que acusa al mundo indígena de violentos y salvajes; a la par que, de parte de la derecha ideológica progresista acusan al mundo indígena de incapaces, ingenuos y manipulables.


El triunfo fue sobre el terreno, ahora, en lo mediático, comunicativo, educativo, en el relato cotidiano, tratarán de revertir su derrota. Esta victoria, que es de todas y todos, no puede perderse en ese interregno, en el cual también el conjunto nacional debe estar presente, para cerrarle el paso a ese poder destructor que niega lo diferente, la memoria y los sueños colectivos. En este, como en otros escenarios, los pueblos tejen sus propios caminos, que tejen su memoria y su autonomía.

 

* Benjamín, Walter, Tesis de la filosofía de la historia, www.anticapitalistas.org/IMG/Benjamin–TesisDefilosoFiaDeLaHistoria.pdf

Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno.

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas.


En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana.


Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió durante el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.


Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.


Crisis inducida


Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.


Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal.


No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso recibido por la geopolítica global y expresado en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, calculó los ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado generando un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000.


En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.


Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000.


En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el Gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión.


Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI.


Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenín Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al actual programa económico.
Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica.


La agenda fondomonetarista


Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.


Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas.


Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que nunca previeron en Carondelet es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder.


La lectura oficial era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social.


Un cálculo errado al no considerar que el reclamo social rebasara los límites previstos por ellos mismos, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena, al considerar que el proceso de diálogo abierto con el mismo desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.


El levantamiento social


Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad.


Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas.


En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo.


Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenín Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883.


El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura.


En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política.


Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible.


Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenín Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremis su permanencia en el gobierno.


Gobierno indigno


Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres.


A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanks neoliberales.


Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.


Parlamento de los Pueblos


Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero.

Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno.

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas.


En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana.


Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió durante el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.


Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.


Crisis inducida


Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.


Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal.


No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso recibido por la geopolítica global y expresado en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, calculó los ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado generando un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000.


En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.


Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000.


En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el Gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión.


Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI.


Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenín Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al actual programa económico.
Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica.


La agenda fondomonetarista


Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.


Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas.


Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que nunca previeron en Carondelet es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder.


La lectura oficial era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social.


Un cálculo errado al no considerar que el reclamo social rebasara los límites previstos por ellos mismos, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena, al considerar que el proceso de diálogo abierto con el mismo desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.


El levantamiento social


Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad.


Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas.


En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo.


Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenín Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883.


El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura.


En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política.


Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible.


Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenín Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremis su permanencia en el gobierno.


Gobierno indigno


Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres.


A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanks neoliberales.


Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.


Parlamento de los Pueblos


Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero.

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El inolvidable Octubre 2019: El retorno de la victoria ancestral. La Caja de Pándora

Octubre, el mes de la resistencia de los pueblos ancestrales en contra de la colonización y neocolonización, y por la construcción de la otra historia, esta vez coincidió con un estallido social que concitó a las mayorías ecuatorianas, desmnudando la catadura del régimen existente. Las impresiones derivadas del mismo son múltiples y con luces diversas.

 

Lo que no esperaban recorrió el país con fuerza de huracán. Energía, presión contenida tras más de una década de judicialización y criminalización de la lucha social y la disidencia política perpetrada por la estrategia correísta-progresista en contra de la resistencia de los pueblos opuestos a su proyecto de modernización conservadora.

Inconformidad latente con la cual choca el paquete económico neoliberal del gobierno de Moreno, el que sin medir de manera adecuada el ambiente social y político dominante en toda la sociedad ecuatoriana, con el Decreto 833, que incrementa el precio de la gasolina y el Diesel e incrementa las tarifas del transporte público, libera la energía social de la ira popular; respuesta de mayorías a la coacción de un capitalismo salvaje sobre la vida humana y natural.


La respuesta social ante el Decreto de marras, el llamado al paro nacional y al levantamiento indígena por parte de las organizaciones sociales, fue rebasado por lo que Benjamín denomina la violencia divina*. Se refiere así a un estallido popular cuya fuerza es una respuesta violenta a la violencia simbólica y sistémica del capital, una energía social que trasciende las demandas concretas y justas de los pueblos.


La característica principal de la violencia divina es que no es medio para ningún fin, es simplemente expresión de la inconformidad que destruye lo fundado. A pesar de ello, las organizaciones sociales encauzaron el estallido, resolviéndolo en la mesa de diálogo que exigieron a Moreno.


Es esta violencia divina la que el Gobierno y sus aliados, de manera cínica e hipócrita, descalifican como actos vandálicos y de saqueo. A la luz de la historia reciente es oportuno preguntar de dónde proviene el saqueo y el vandalismo: ¿Acaso la sucretización de la deuda privada en 1983, el feriado y salvataje bancario en 1999 y la corrupción correísta entre 2007 y 2017 no es violencia y saqueo a su máxima expresión? ¿Acaso la política extractivista que han implementado las élites gobernantes en toda la historia del país no es expresión de una violencia extrema del capitalismo en contra de la humanidad y la naturaleza? Ante esta historia de violencia estructural, la ira social no solo es comprensible, sino que se justifica. La respuesta enérgica de los pueblos en contra de la violencia del capitalismo y sus agendas políticas cada vez más salvajes, es parte de la historia de resistencia planetaria; es evidente en las protestas de los Chalecos amarillos de Paris 2018, en las protestas de Hong Kong 2019, en las actuales protestas de Haití, Barcelona y Chile, solo para citar algunas protestas de las escenificadas a lo largo de de los últimos dos años.


Es en estas circunstancias que dos hechos fundamentales lograron articular la protesta social para conquistar la victoria: 1) la presencia del pueblo Sarayaku, cuya autoridad simbólica reside en la autonomía de su proyecto de vida, que no busca disputar la administración del Estado, sino luchar por la construcción de una vida distinta en el marco del kawsak sacha –la selva libre–. 2. La marcha de las mujeres convocada por Blanca Chancoso, histórica dirigente indígena, que congregó una inmensa presencia femenina en las calles de Quito en rechazo de la represión estatal. Esta voz femenina no eligió al Estado ni sus símbolos como interlocutor de su demanda, sino que interpeló a la sociedad quiteña a unirse en contra de la violencia patriarcal, desatada por la declaratoria del estado de excepción.


La resistencia y lucha de la razón ancestral


Como resaltó tres décadas atrás, en resistencia que posicionó a los pueblos ancestrales como el actor histórico principal de los procesos de resistencia y transformación social que conoció nuestra región continental, de nuevo el movimiento indígena se constituye en el eje de la lucha en contra del renovado ciclo neoliberal en América del Sur y, por qué no decirlo, del continente.


Es así como en los días que corren, se produce un retorno de la lucha social liderada por los pueblos ancestrales en contra del capitalismo neoliberal, que además supone un salto y continuidad en su lucha contra el progresismo conservador. Frente a la violencia de la razón capitalista surge la resistencia y lucha de la razón ancestral, que se muestra con claridad en los pueblos indígenas pero que mora en toda la humanidad, en su camino de humanización articulada al respeto de la naturaleza. En el caso particular del Ecuador, son los pueblos ancestrales el fundamento cultural de nuestra sociedad, en ellos radica el mayor patrimonio de nuestro país y la fuerza telúrica de la resistencia anticolonial y anticapitalista. Las raíces de la sociedad ecuatoriana se hunden en la historia precolombina, de allí emerge su posibilidad de futuro.


La enseñanza de mujeres y jóvenes


En estas movilizaciones, además del movimiento indígena, protagonista principal de la lucha, y de las organizaciones de trabajadores, resaltó la presencia refrescante de las mujeres organizadas, como de las no organizadas, y de los jóvenes que en estas jornadas se bautizaron en la lucha política. Estos dos actores abrieron nuevas y emergentes formas de organización de la resistencia social, que plantean alternativas a las viejas estructuras de la izquierda, cooptadas por la razón de Estado, y que hoy frenan la resistencia social por su marcado conservadurismo y patriarcalismo. Estas nuevas formas, aún en ciernes, expresan otra manera de enfrentar al sistema, donde no se pospone la construcción de nuevas relaciones sociales a la espera de la instauración de un nuevo sistema. Estas nuevas relaciones están ligadas al cuidado, a las experiencia cotidiana, a los afectos, a la horizontalidad; se tejen en el aquí y ahora de la lucha. Esa es la enseñanza que nos dejan los jóvenes y las mujeres y esa ya es una inmensa victoria.


En contra y más allá de las dos estrategias capitalistas dominantes


El movimiento indígena y el resto de sectores sociales protagonistas de la resistencia y la lucha en contra de las directrices económica neoliberales, lograron establecer una línea autónoma respecto del gobierno neoliberal y los grupos de la derecha nacional y, también, respecto del progresismo conservador correísta. Una línea de autonomía que no solo se disputó y triunfó en el país, sino que logró establecer una diferencia clara en el contexto de la geopolítica regional.


Es fácil observar que en el conflicto político desatado en Ecuador, a lo largo de la primera quincena de octubre, se disputaba un conflicto mayor, que incluso rebasa el ámbito regional, y que tiene como ejes de disputa: por un lado, la línea tradicional del capitalismo neoliberal de la derecha alineada con el FMI y al Estado norteamericano en el eje occidental, al cual se articulan gobiernos latinoamericanos como los de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. En el otro lado se encuentra la línea del progresismo conservador alineado con la agenda del capitalismo ruso-asiático, que administró la mayoría de los Estados de SurAmérica y que hoy se encuentra en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México.


Esas dos estrategia del capitalismo disputaban sus proyectos en el conflicto social desatado en Ecuador. Las estrategias utilizadas por unos y otros pretendían utilizar y sofocar el levantamiento autónomo de los pueblos para beneficio de sus propias agendas. El correísmo progresista buscaba apoderarse de las demandas de los pueblos para conseguir la destitución de Moreno y hacerse de nuevo con la administración del Estado, y así tapar sus actos de corrupción y saqueo de los recursos de la sociedad que perpetraron en su época de gobierno; y abrir de nuevo las puertas para el retorno del progresismo conservador en el subcontinente. Por su parte el gobierno de Moreno buscaba deslegitimar la protesta social al articularla con el correísmo, imponiendo de esta manera la política fondomonetarista, en complicidad con los grupos económicos más poderosos nacionales y transnacionales, con la derecha política socialcristiana –con quien ha gobernado durante dos años– y la derecha ideológica que intenta manejar la economía del país.


Sin embargo, la fuerza de la movilización social fisuró la disputa entre dos versiones del capitalismo y abrió el espacio de la autonomía de la lucha a los pueblos, que no disputaban el control del Estado, sino que enfrentaban el modelo neoliberal y con éste, el capitalismo. Así, los grandes perdedores en estas jornadas de lucha fueron: el Estado, el Gobierno, los socialcristianos –punta de lanza de la derecha tradicional–, los correístas, punta de lanza de la derecha progresista, y los medios hegemónicos de comunicación.


Tres grandes contradicciones


Los momentos críticos vividos por cualquier sociedad sacan, lo a flote lo mejor y lo peor de la misma. De lo mejor, ya hemos visto algunos aspectos, y de lo peor, fluyeron tres grandes contradicciones las mismas que articulan desde tiempo atrás a la sociedad ecuatoriana: el racismo colonial, la desigualdad clasista y el segregacionismo campo-ciudad.


Son estas contradicciones las que obligan al conjunto ecuatoriano a pensarse honestamente como sociedad y dejar de promulgar una falsa identidad nacional, una ciudadanía moderna, un tramposo interés general que no existe y menos aún en este país con un Estado aún colonial.


Contradicciones latentes. En medio de la resistencia de los más contra los menos, saltaron las minorías blanqueadas del país, tanto de Guayaquil y sobre todo de Quito, a condenar los “actos vandálicos de los indios”. Las élites guayaquileñas en la voz de Nebot abrieron su juego profundamente racista con la detestable frase que “los indios se queden en los páramos porque a su ciudad no entran”. Con ello no solo se deslindaron del mundo indígena, sino de la región de la Sierra y la Amazonía e incluso, del profundo pueblo costeño de origen ancestral, montubio y negro. La “blanquitud” quiteña, aliada de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación hegemónicos, salió a la defensa de la “franciscana ciudad de Quito”, de su patrimonio histórico y de su “hermoso” urbanismo, en contra de los “indios salvajes” que viene a “su” ciudad sin invitación. Se horrorizan, lloran, patalean por los daños perpetrados en “su” ciudad, pero nunca lanzaron una sola lágrima ni queja cuando sus empresarios y sus gobiernos acaban con la biodiversidad de los páramos, de las fuentes de agua, de la Amazonía destruyendo con ello los territorios de los pueblos ancestrales, dejándoles con tierras, agua y aire envenenados.


Son las mismas minorías blanqueadas que nunca protestan ni sufren cuando las corporaciones de constructores levantan edificios sin importarles dejar sin espacios verdes a la ciudad, sin cuestionarse por el aumento de vehículos que colapsan el tránsito y el aire. Nunca se quejan de que las comunidades aledañas a Quito sean despojadas de sus territorios por las constructoras, en complicidad con el gobierno municipal. No lloraron cuando destruyeron el patrimonio arqueológico para hacer el túnel del metro de Quito. No, no les duele su ciudad, les molesta que los dueños ancestrales de estas tierras vengan a “ensuciar” su proceso de blanqueamiento; les molesta que les recuerden que no están en Europa ni Estados Unidos, que no son ciudadanos del primer mundo al que su necio arribismo les hace desear.


Las victorias


Tras dos años de un gobierno de espaldas a las necesidades y deseos de diversidad de sectores sociales, y con la resaca de un correísmo negado a la protección de los territorios ancestrales y a la participación libre y deliberativa del descontento social, en solo 13 días de intensa lucha decidida, colectiva y solidaria, se logró revertir la realidad, dejando desnudo al poder formal.


Es así como de la primer quincena de este inolvidable octubre, emana una victoria simbólica y política para el movimiento indígena y las organizaciones sociales que lo acompañaron. La victoria política se manifiesta en la recomposición de la resistencia indígena y popular con autonomía del gobierno neoliberal y del progresismo conservador; en la convicción de que es posible resistir y frenar al neoliberalismo; en la presencia de nuevos y refrescantes actores sociales.


La victoria simbólica se expresa en el establecimiento de un diálogo de cara a la sociedad nacional y mundial pocas veces visto y que deja una enseñanza de transparencia política al mundo; en la presencia sin intermediación de los pueblos indígenas en la mesa de diálogo, afirmados en su diferencia y en su capacidad de pensar no solo sus nacionalidades, sino de pensar a la sociedad ecuatoriana en la mayoría de su composición social y cultural; en la participación indispensable de las mujeres en todo el proceso de la lucha que nos dice que sin nosotras no hay posibilidad de transformación; en la participación de los barrios de los sectores populares y de algunos sectores medios de Quito, y en el apoyo y acogimiento por parte de varios sectores de la ciudad, entre ellos las universidades, de los pueblos indígenas que arribaron a la misma y, por último, en la gran minga llevada a cabo para arreglar y limpiar la ciudad, escenario de la protesta, donde convergieron los pueblos indígenas y los habitantes de Quito, en una actitud de responsabilidad y cuidado pocas veces vista.


Tres luchas antisistémicas


Lo que tuvimos por todo el país fue una inmensa movilización, un alzamiento por la vida, un proceso de resistencia en el que convergieron las tres luchas antisitémicas: la antipatriarcal, la anticolonial y la anticapitalista. Si bien la última fue la que articuló esta vez la lucha en contra del modelo económico fondomonetarista, las otras dos fueron claves para consolidar la derogatoria del Decreto 883, punta de lanza de las políticas de ajuste.


La dirección del movimiento indígena como actor principal de esta intensa jornada en contra del paquete económico gubernamental cualificó la lucha anticapitalista con la fuerza de la resistencia anticolonial de los pueblos ancestrales. Este hecho amplia la lucha anticapitalista más allá de la discusión sobre el modelo económico y la hace bordear con la discusión del modelo civilizatorio, lo cual es muy importante para cuestionar las coordenadas impuestas por el paradigma del progreso, el crecimiento económico y el desarrollo como verdades del capitalismo, así como de la Modernidad; lo que pone de manifiesto no solo el modelo económico neoliberal, sino el modelo productivo y energético extractivista que está destruyendo a los pueblos, sus territorios y la naturaleza que los acoge.


Por su parte, la presencia de las mujeres y de lo femenino en general en las labores del cuidado, del abrigo, del sostén emocional, de la sanación; no detrás de…, sino en el centro de la lucha, fue fundamental para entender que el capitalismo se lo ejerce desde el mando patriarcal en contra de la vida social y natural. Se entiende con esta experiencia que la lucha anticapitalista es posible solo si es también antipatriarcal y anticolonial, que no hay privilegio ni primacía de una lucha sobre las otras, que su centralidad como lucha articuladora depende del contexto de la resistencia.


Construir el hecho histórico


La lucha como acontecimiento fue una victoria de los pueblos, ahora empieza la lucha por la victoria en la construcción del hecho histórico. De parte del establecimiento harán todo lo posible por despojar de la palabra que dote de sentido el acontecimiento como victoria de la humanidad sobre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desplegarán, de parte de la derecha ideológica neoliberal, una estrategia discursiva racista, clasista y machista para imponer su relato ideológico neoliberal que acusa al mundo indígena de violentos y salvajes; a la par que, de parte de la derecha ideológica progresista acusan al mundo indígena de incapaces, ingenuos y manipulables.


El triunfo fue sobre el terreno, ahora, en lo mediático, comunicativo, educativo, en el relato cotidiano, tratarán de revertir su derrota. Esta victoria, que es de todas y todos, no puede perderse en ese interregno, en el cual también el conjunto nacional debe estar presente, para cerrarle el paso a ese poder destructor que niega lo diferente, la memoria y los sueños colectivos. En este, como en otros escenarios, los pueblos tejen sus propios caminos, que tejen su memoria y su autonomía.

 

* Benjamín, Walter, Tesis de la filosofía de la historia, www.anticapitalistas.org/IMG/Benjamin–TesisDefilosoFiaDeLaHistoria.pdf

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