Las precarias condiciones de las prisiones de América Latina aumentan los riesgos para los reclusos. Christiano Antonucci / SECOM MT

El hacinamiento sigue marcando el combate frente a la covid-19 en los centros penitenciarios de América Latina. El aumento del estrés en los centros ha provocado irremediables motines.

 

Dignificar contrarreloj el sistema de prisiones en América Latina para evitar subir un nuevo peldaño en la tragedia provocada por la covid-19 está resultando ser exactamente tan improbable como se imaginaba. La pandemia representa un cruel desafío para repensar el cómo, el porqué y el para qué de los centros penitenciarios en la región, pero ninguna innovación importante ha venido al rescate.

No se puede corregir de la noche a la mañana el primer problema de la lista: el hacinamiento. El encarcelamiento en masa es marca de la casa y cuna de violencia. La mitad de los internos está a la espera de juicio, y el objetivo de la reinserción se ha dejado de lado. Las celdas colectivas de las cárceles latinoamericanas no se definen por la división del espacio para dos, tres o cuatro personas, sino que se calculan para acoger a cuarenta y cincuenta presos, llegando incluso a cobijar a más de ciento cincuenta en las prisiones más sobrepobladas.

La mayoría de los obstáculos estructurales proceden de este hacinamiento. Enfocando exclusivamente a aspectos de higiene, fundamental siempre y vital frente a la pandemia, el sistema de suministro de agua de prisiones diseñadas para ochocientos internos pero que amparan a dos mil quinientos no soporta semejante demanda. En esos casos, el agua corriente solo está disponible una serie de horas al día, y hay que disputársela.

La cancelación de las visitas fue una de las primeras medidas cuando la covid-19 cruzó el océano Atlántico, una resolución lógica ante la amenaza desconocida, pero ha derivado en un creciente malestar entre los presos, que agita una tensión ya de por sí elevada. Lo primero que se denunció fue la ruptura de la comunicación entre los internos y sus familias. Llevan dos meses y medio sin noticias de ellos. No se han articulado las debidas alternativas telefónicas, ni mucho menos las opciones de comunicación a través de internet.

Son esas visitas, por otro lado, las que "palían las necesidades básicas, como la alimentación, la medicación o la vestimenta", recuerda para este reportaje Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (GESPyDH). "Y los que hacen visitas no solamente asisten a sus familiares, sino que los presos ponen bastante de lo que les llevan al servicio del grupo con el que están en el pabellón, lo que se llama la ranchada". En la provincia de Buenos Aires, al menos, se ha autorizado que los familiares puedan enviar paquetes. "Eso y reconocer que no les damos de comer es lo mismo", se lamenta Daroqui.

El estrés fue en aumento en los presidios hasta desembocar en bruscas insurrecciones. Sucedió en Villa Devoto y Florencio Varela, en Argentina (treinta heridos), en Manaus, Brasil (17 heridos), y también en Perú. "El Estado comenzó a tomar acciones cuando se produjeron una serie de motines en los centros, que culminaron con el principal, que fue el de Castro Castro (Lima)", comenta para Público el investigador Stéfano Corzo, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Nueve muertos hubo en Castro Castro, politraumatismo por proyectil de arma de fuego. A ochocientos kilómetros de allí, en la penitenciaría de Picsi, se repitió la misma situación de revuelta, con otros dos fallecidos. Solicitaban los presos un trato humano y digno frente a la pandemia, y solo así el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comenzó a publicar información transparente, aunque con cuenta gotas, de lo que sucedía en sus centros.

Perú fue el primer país de la región que canceló visitas a los internos, pero ni aun así ha conseguido controlar la situación. "Donde no se tomaron medidas suficientemente adecuadas fue en el equipamiento de bioseguridad con el que debía contar los 11.000 funcionarios del INPE que trabajan dentro del sistema carcelario peruano", indica Corzo. "Fue un sector atendido tardíamente, y cuando fue atendido el virus ya había entrado en las cárceles".

La transparencia esporádica que ha ido surgiendo del INPE peruano deja resultados tan sorprendentes como los de las 450 pruebas rápidas (350 para reclusas y 100 para empleados) que se aplicaron este miércoles en la cárcel para mujeres de Chorrillos. "De ese total, 310 pruebas en internas resultaron positivas. 303 son asintomáticas y 7 presentan algún síntoma leve", notificaba el informe oficial. El porcentaje de contaminación en Chorrillos es del 88,6%.

En México hay datos que también inquietan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo la encargada de visitar los centros penitenciarios y exigir el cumplimiento de las medidas básicas para proteger a la población privada de libertad. "Preocupa a este Organismo el índice de letalidad en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados", alertaban en su último informe hasta la fecha, publicado el 4 de junio. 60 fallecimientos entre los 429 casos confirmados sitúan la tasa de mortalidad en el 15,9% dentro de las cárceles mexicanas. El índice nacional es de 11,8%.

En el caso específico de Brasil, las unidades sanitarias prisionales transitan ajenas al sistema público de salud, funcionan en paralelo y, por si fuera poco, sin el armazón más básico. La población privada de libertad no se encuentra entre las prioridades, por eso algunos reclusos enfermos han llegado ya sin vida al ambulatorio de destino tras una atención insuficiente en su centro penitenciario. Por otra parte, ante la falta de datos fiables, sobre todo tras los intentos de maquillaje de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro, las organizaciones de la sociedad civil tratan de calcular los estragos de la pandemia en las cárceles cotejando las estadísticas de fallecidos por neumonía o síndrome de respiración agudo.

32.500 personas liberadas en el sistema prisional brasileño

La Pastoral Carcerária Nacional es una de las instituciones más activas por los derechos de los presos en Brasil. Organizaban visitas quincenales, hasta mediados de marzo. "Poco o nada sabemos de ellos ahora", explica el Padre Gianfranco Graziola, uno de los asesores de la organización. "Tenemos información cuando alguien va a salir, o a través de algunos parientes". Graziola acepta amargamente que el trato digno dentro de los muros de la prisión es prácticamente una causa perdida, porque a la sociedad poco le importa: "Continúa la mentalidad excluyente, siempre se les tratará como delincuentes, y, en realidad, solo son personas que erraron".

La Recomendación 62, redactada por el Consejo Nacional de Justicia brasileño (CNJ), nació al inicio de la crisis como un incentivo a los magistrados para reformular las condenas de "personas en grupos de riesgo y en la fase final de las penas que no hubieran cometido crímenes violentos o con grave amenaza como robo con resultado de muerte, homicidio o violación, y que no pertenezcan a organizaciones criminales". 32.500 personas han sido retiradas de las unidades prisionales brasileñas en los últimos tres meses atendiendo al dictado, señala el informe del CNJ, con la adaptación para otros formatos como prisión domiciliar o monitoramiento electrónico. "Se trata del 4,78% del total de personas privadas de libertad, excluidos el régimen abierto y los detenidos en comisarías". La Recomendación 62 acaba de ser renovada por otros 90 días.

Para el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, al final la mirada se vuelve a dirigir, de una forma u otra, hacia el encarcelamiento en masa. Porque inexorablemente "el debate que trae la pandemia es a cuántos se debería liberar, cuando lo que se debería debatir es cuántos no tendrían que haber ingresado nunca". En las prisiones federales argentinas, cuenta Alcira Daroqui, hay personas "condenadas a ingresar en la cárcel por quince días".

río de janeiro

13/06/2020 11:06 Actualizado: 13/06/2020 11:13

víctor david lópez

@VictorDavLopez

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Miércoles, 10 Junio 2020 06:13

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Lenín Moreno lleva adelante un enorme recorte del gasto público

El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.

 

El presidente Lenín Moreno entró en su último año de mandato en medio de una profunda crisis económica a la que se sumó la llegada del coronavirus. “Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo", sostuvo el mandatario. De esa manera justificó un recorte de más de 4 mil millones de dólares en el presupuesto. El mismo implicó la reducción de la jornada laboral y salarios para miles de trabajadores. Además, facilitó los despidos en el sector privado con indemnizaciones ridículas. En paralelo, y como para dejar en claro sus prioridades, el gobierno siguió pagando millones de deuda externa. “Se estima que van más de 1.300 millones de dólares pagados a organismos internacionales, en algunos casos en maniobras que fueron vedadas a la opinión pública”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el economista Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador. Ante este panorama el lunes pasado volvieron las movilizaciones en todo el país convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

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El pueblo puede esperar

 

El diagnóstico de Moreno es que su país está enfrentando la peor crisis económica de la historia. Por eso debe recortarse el gasto público. En los programas de noticias del establishment se habla de “un estado excesivo” que es necesario achicar. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo para emprender el ajuste. A mediados de mayo anunció que reduciría la masa salarial del Estado en 980 millones de dólares. Por otro lado eliminaría siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea de bandera TAME. Además defendió la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Apoyo Humanitario. Moreno dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener puesto de trabajo y evitar que las empresas quiebren. Sin embargo, en lo que va de la pandemia ya se perdieron más de 150 mil empleos.

Ante este hecho las organizaciones sindicales decidieron romper las medidas de aislamiento y salieron a las calles el lunes pasado. Sin muchas vueltas, lo que reclamaron al gobierno es que vete la Ley Humanitaria. “Establece medidas regresivas que violan derechos constitucionales de los trabajadores. Por eso hemos salido a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esas reformas”, sostuvo Richard Gómez, presidente de la CUT, al noticiero de la cadena Ecuavisa. Ante la pregunta de si este momento histórico de crisis no justificaban los recortes Gómez pidió diferenciar a las grandes empresas del resto. “Hay grupos que hasta hace unos meses sacaron del país cientos de millones de dólares y ahora despiden compañeros con cinco, diez y hasta quince años de antigüedad. Les han pagando indemnizaciones absurdas. Lo que hay ahí es viveza criolla”, indicó el líder sindical. Privados y gobierno siguen vaciando las arcas del Estado, algo que para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no puede emitir moneda, es casi una herida de muerte.

 

Honrarás tus deudas

 

Pese que a en el país había consenso político para evitar el pago de la deuda la administración Moreno siguió desembolsando. Lejos de cortarle el chorro a los organismos internacionales el presidente dijo que son sus aliados. Y sostuvo que el endeudamiento va a ser el salvavidas para encarar la crisis del país. El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había anunciado pagos por casi 800 millones de dólares en concepto de deuda. Sin embargo una investigación del Observatorio de la Dolarización descubrió desembolsos por casi mil millones que el gobierno no había dado a conocer. “A partir de las estadísticas que publica el Banco Central pudimos ver que se pagó 865 millones de dólares de capital,  71 millones de dólares en intereses y comisiones, por concepto de deuda externa, a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc”, informó Arauz. La maniobra formó parte de una apuesta financiera muy riesgosa hecha por Martínez. Y le salió mal. “Préstamos que originalmente eran por 48 y 54 meses terminaron siendo por 19 y 17 meses. Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, provincias, proveedores del Estado, seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual, e incluso adelantada, fue a los bancos de Wall Street, con los que perdió la apuesta especulativa”, sostuvo el economista.

La comunidad educativa fue la primera en salir a las calles durante la pandemia. El gobierno había propiciado recortes que alcanzaban los 100 millones de dólares para las universidades. Pese a que la Corte Constitucional resolvió que el gobierno debía dar marcha atrás con la medida, Moreno sostuvo el ajuste. “Debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. (...) Ante el déficit fiscal tendrán el 10 por ciento menos que el año pasado”, sostuvo el presidente. También pidió a las regiones que aún no normalizaron sus actividades que lo hagan. El gobierno puso en funcionamiento un sistema de semáforos para salir de la cuarentena por el coronavrius. Las autoridades reclamaron que todo el país entre cómo mímino en el color amarillo. Ecuador tiene el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Hasta el momento 43.378 personas contrajeron allí la enfermedad y 3.642 murieron. 

A los reclamos de los universitarios se les sumaron los estatales de todo el país y ahora las entidades obreras. El recuerdo del estallido social de octubre del año pasado está latente en el gobierno. Tal vez por eso el 29 de mayo el ministerio de Defensa sacó el Acuerdo 179. Este regula el uso de la “fuerza letal” en “disturbios internos” para las Fuerzas Armadas. El Defensor del Pueblo de Ecuador Freddy Carrión pidió que se derogue la Resolución. “Primero por que de acuerdo a nuestra Constitución las FFAA no tienen facultad para controlar el orden interno. Eso es competencia de la policía. En segundo lugar, la protesta social no puede ser tomada como amenaza al orden interno, y por lo tanto facultar a las FFAA para que usen fuerza letal. Estamos hablando de armas de fuego que afectarían el derecho a la integridad y a la vida", sostuvo en diálogo con este diario el Defensor. Para el letrado no es casualidad que ante las medidas de fuerzas acordadas por los trabajadores el gobierno emita este tipo de resolución. "En este contexto de manifestaciones se debe garantizar el Derecho a la protesta social. Inclusive en nuestro país el Derecho a la resistencia figura como un Derecho Humano”, explicó Carrión. Ante la negativa del ministro de Defensa de dar un paso atrás con la normativa, el letrado presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Ecuador.

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Un manifestante de 75 años cae al suelo después de ser empujado por la policía de Buffalo, imagen cortesía de la estación de televisión National Public Radio y tomadas por Mike Desmond.Foto Afp

Nueva York., Las vidas negras valen y sin justicia no habrá paz fueron las consignas que retumbaron en la boca de cientos de miles de manifestantes de costa a costa este sábado al continuar un levantamiento civil que a lo largo de 12 días ha estado presente en 50 estados y más de 600 localidades y que ha obligado a Donald Trump a instalar un nuevo muro alrededor de su casa.

En Nueva York hubo más de una docena de marchas, una de ellas fue encabezada por maestros que caminaron desde el sur de Manhattan a Washington Square, para ahí fusionarse con otras –una se nombró La marcha por los sueños robados y las vidas saqueadas– para proceder en un flujo incesante por toda la ciudad.

En Filadelfia, decenas de miles se congregaron alrededor del Museo de Arte (las escalinatas hechas famosas en la película Rocky) y otras partes del centro de la ciudad llamada cuna de la democracia estadunidense.

En Seattle, una marcha encabezada por trabajadores de la salud llevaban pancartas en las que se leía: El racismo es una emergencia de salud pública. Este sector se ha solidarizado con la protesta en varias ciudades del país en días recientes. En Brooklyn, el viernes en la noche, una trabajadora de emergencia en una ambulancia tomó el micrófono del vehículo para trasmitir su mensaje de apoyo a los manifestantes que pasaban por esas calles: “salgan todos los días, estamos haciendo el cambio… mantengámonos unidos –lo tenemos que hacer ¡chingá!– las vidas negras valen” [https://twitter.com/scottheins/ status/1268701444607270917].

La clase política, desde legisladores federales y locales hasta alcaldes se sumaron. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, marchó con los manifestantes y declaró en referencia a Donald Trump: Hoy decimos que no, en noviembre decimos el que sigue.

En Filadelfia se repitió algo cada vez más frecuente en varias ciudades: el alcalde Jim Kenny y la jefa de la policía Danielle Outlaw se hincaron (el gesto de solidaridad con el movimiento contra la brutalidad policiaca y la violencia racial).

Sin embargo, en días recientes, en Filadelfia y en decenas de ciudades –incluyendo Nueva York y Los Ángeles– supuestamente en manos de gobiernos municipales liberales, se registraron múltiples incidentes de violencia policiaca contra manifestantes e incluso periodistas. Aunque algunos uniformados han sido suspendidos y otros cesados, la gran mayoría sigue impune.

En Buffalo se hizo viral el video de dos policías tumbando a un activista de 75 años, quien sangraba sobre el pavimento mientras pasaban otros oficiales y fue llevado a un hospital; fueron suspendidos dos agentes, pero 57 de sus colegas renunciaron en protesta a la unidad antimotines a la que todos pertenecían.

Sin embargo, la violenta represión contra los manifestantes sirve para demostrar qué tan enraizado está el problema, y nutre una nueva demanda por todo el país: reducir de manera dramática el gasto en la policía y por el fin a la impunidad oficial.

Los protagonistas en esta ola de protestas no son los políticos ni tampoco viejos líderes sociales –veteranos de la lucha por los derechos civiles–, sino una nueva generación de activistas, algunos marchando por primera vez, y sus aliados provenientes de diversos movimientos, desde ambientalistas hasta sindicalistas progresistas (el gremio de enfermeras, por ejemplo), entre otros.

Las marchas de ayer fueron más grandes que nunca en varias ciudades y estuvieron marcadas por la ira colectiva contra la violencia racista como por la celebración del surgimiento de este movimiento. Algunos bailaban al avanzar, otros ponían música en bocinas portátiles, sirviendo de DJ’s para la multitud. Se escuchó rap, soul, rock y a veces los coros eran masivos. También hubo viejos himnos de las luchas de derechos civiles, como el icónico We shall overcome.

A lo largo del día se compartieron reportes de manifestaciones, algunas fueron las más grandes en tiempos recientes, de diferentes puntos del país, de Jersey City a Atlanta, de Denver a Chicago, pero aún más notables son las protestas en ciudades más pequeñas y hasta pueblos alrededor del país, incluso en algunos donde no hay minorías, reportan algunos medios.

Figuras del mundo de las artes y cultura, junto con los del deporte profesional se han sumado a las marchas y/o expresado su apoyo. Gregg Popovich, el técnico del equipo de basquetbol los Spurs de San Antonio –al que ha llevado a cinco campeonatos– declaró que lo que todos vieron en el caso de George Floyd, un afroestadunidense muerto por policías blancos en Minneapolis hace 12 días, fue un linchamiento y estoy avergonzado como persona blanca de saber que eso puede ocurrir, y llamó a la lucha antirracista para rescatar a este país.

Mientras tanto, la campaña electoral de Trump envió hoy un correo electrónico a sus bases solicitando firmar una petición: “Nuestra bella bandera estadunidense debería ser respetada y cualquiera que piense otra cosa es sencillamente antiestadunidense. El presidente Trump desea enviar un mensaje a la izquierda de que protestar contra la bandera estadunidense es absolutamente inaceptable….”

La Guardia Nacional informó que más de 43 mil integrantes en 34 estados y en la capital están apoyando a fuerzas de seguridad pública en lo que llama disturbios civiles (civil unrest) actuales.

Ese disturbio o agitación o revuelta civil expresado durante los últimos 12 días son tal vez las protestas más amplias en la historia de Estados Unidos, según algunos cálculos iniciales, con acciones registradas en más de 600 ciudades en los 50 estados y la capital del país, reportó el Washington Post.

Por David Brooks

 


Pese al Covid-19, marchan en ciudades de todo el mundo contra el racismo

Afp, Ap, Sputnik y Notimex

París. En ciudades de todo el mundo cientos de miles de manifestantes exigieron ayer, nuevamente, poner fin al racismo y justicia para el afroestadunidense George Floyd. Más de 23 mil 300 personas marcharon ayer en la capital francesa contra la violencia policial.

La mayor manifestación se celebró en París, donde salieron a las calles unas 5 mil 500 personas, mientras la concentración en Lyon contó con más de 5 mil participantes. Otra protesta masiva, de unas 2 mil personas, tuvo lugar en Lillle. Hubo concentraciones menores en las ciudades de Metz, Rennes, Poitiers y Nancy.

En Australia decenas de miles de personas se manifestaron, desafiando el llamado del gobierno a quedarse en casa por la crisis sanitaria en el país. Sin embargo, grupos de indígenas australianos sostienen que han hecho suya la indignación por el asesinato de Floyd, pues más de 400 miembros de sus comunidades han muerto a manos de la policía en los pasados 30 años.

En frente a la catedral de Christchurch, en la capital de Nueva Zelanda, miles de personas se reunieron para presenciar una masiva puesta en escena de la danza tradicional maorí haka, hecha en honor a Floyd. La danza tradicionalmente se usaba en el campo de batalla, pero con el tiempo se ha vuelto una muestra feroz del orgullo y la unidad del pueblo neozelandés.

En el Reino Unido se registró una manifestación ante el Parlamento. Luego de varias horas de manifestación pacífica, incidentes se presentaron al final de la jornada alrededor de Downing Street, en el centro de Londres. Botellas fueron lanzadas contra la policía, que trató de dispersar a los manifestantes.

El Reino Unido no es inocente, exclamaron los manifestantes. Como en la capital británica, fueron muchos los manifestantes en Mánchester que salieron a la calle para terminar con el racismo, que es una pandemia. Debido a las medidas de confinamiento por el Covid-19, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, había pedido el viernes no manifestarse.

En Alemania unas 10 mil personas se reunieron en silencio en la famosa Alexanderplatz, la mayoría de ellas vestidas de negro y con máscaras. El silencio blanco es violencia, coreaban.

Los jugadores del Bayern Múnich, el líder del campeonato de Alemania, realizaron este sábado el calentamiento con una camiseta con la inscripción Tarjeta roja al racismo - BlackLiveMatters, antes del partido en campo del Bayer Leverkusen.

En Lieja, este de Bélgica, 700 personas hicieron caso omiso a la prohibición y participaron en una marcha contra el racismo, según la policía.

En Varsovia participaron mil personas, muchos de ellos jóvenes vestidos de negro, y el candidato de la izquierda a la presidencial, Robert Biedron, usando mascarilla se unió a ellos.

 

Corresponsal

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Lunes, 01 Junio 2020 06:21

Blues

Elementos de la Guardia Nacional estadunidense vigilan en el distrito Fairfax, área de Los Ángeles donde estallaron disturbios el sábado, en respuesta a la muerte de George Floyd durante un arresto policiaco en Minnesota. Foto Afp

El grito colectivo de furia que estalló en las calles de decenas de ciudades de Estados Unidos en la última semana proviene de lo más hondo y antiguo de la historia de este país, y es una expresión contemporánea, con tintes del blues, de la acumulación de injusticias violentas que son parte integral del american way of life.

Las escenas de violencia en las calles y los saqueos mostrados por los medios estos días suelen ocultar el crimen real: la violencia racista oficial sistémica contra minorías (los afroestadunidenses son víctimas de balas policiacas dos veces más que los blancos) e inmigrantes en el país más encarcelado del planeta, el saqueo económico "legal" donde sólo en 10 semanas de pandemia –mientras más de 40 millones perdieron su empleo– unos cuantos multimillonarios compartieron ganancias de más de 400 mil millones de dólares, y en el país más rico del mundo, uno de cuatro niños podrían padecer hambre este año, entre otros delitos.

Todo esto ha quedado al descubierto con los resultados del manejo político criminal de la pandemia (más de 80 mil de los 100 mil muertos podrían haberse salvado) y la crisis económica que afecta de manera desproporcionada a afroestadunidenses, latinos y pobres. Las condiciones socioeconómicas y el resultado de cuatro décadas de neoliberalismo está matando a muchos miles más de afroestadunidenses y latinos que la policía, y asfixiando la vida de millones de trabajadores de todas las razas.

El reverendo Martin Luther King concluyó que no se podía hablar de racismo sin hablar de la injusticia económica y el fin de políticas imperiales (como la guerra de Vietnam en ese tiempo), algo que sigue vigente más de 50 años después.

En los años 60 con revueltas en los guetos de varias ciudades, King comentó que le habían solicitado hacer un llamado contra los actos violentos de los manifestantes y respondió que "sabía que nunca más podría alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos sin antes haber hablado claramente sobre el mayor provedor de la violencia en el mundo actual: mi propio gobierno".

"Creo que estamos atestiguando Estados Unidos como un experimento social fallido", comentó el intelectual afroestadunidense Cornel West, profesor de filosofía en Princeton y Harvard, hace un par de días. "Doy gracias a Dios de que la gente esté en las calles. Imagínate que este tipo de linchamiento ocurriera (en referencia al asesinato de George Floyd en Minneapolis que detonó esta ola de protestas) y que la gente se quedara indiferente."

Opinó que "el sistema no puede reformarse a sí mismo", y que ahora Estados Unidos está entre "un matón neofascista en la Casa Blanca" y "una ala neoliberal del Partido Demócrata". Ante ello, los pobres y los trabajadores negros, morenos, rojos, amarillos, de todo color, son los excluidos y se sienten totalmente sin poder, sin ayuda, sin esperanza, entonces ves rebelión”.

West subrayó que se requiere de "una revolución no violenta" para lograr una democracia plena en todos los sentidos. "Si no logramos eso, vamos a ver más explosiones violentas".

"Estoy infernalmente furioso. Me desperté esta mañana para ver el mundo arder, porque estoy cansado de ver morir a hombres negros. Él, de manera casual, puso su rodilla sobre el cuello de un ser humano por nueve minutos y murió como una zebra en las mandíbulas de un león", comentó el rapero y productor músico Killer Mike en Atlanta. “Es por eso que los jóvenes están incendiando esto… no saben qué más hacer. Y es nuestra responsabilidad hacer que esto mejore ahora mismo. No queremos ver un oficial acusado, queremos ver cuatro oficiales enjuiciados y condenados. No queremos ver tiendas Target ardiendo, queremos ver el sistema que establece el racismo sistémico reducido a cenizas” (https://youtu.be/sG0yrng0eY4).

El blues es, entre otras cosas, el canto de desafío ante situaciones catastróficas. Se escucha, en todas sus transformaciones, en las calles de este país esta semana.

https://www.youtube.com/watch?v=H0W7K8tYK-Y

https://www.youtube.com/watch?v=KmLf6I6LMCI

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Un manifestante sostienen un cartel frente a la Casa Blanca.Foto Afp

"Cuando comiencen los saqueos, comienzan los disparos"

 Protestas se extienden a 10 ciudades de todo el país

 

Nueva York. Una vez más estalla la ira ante la violencia oficial sistemática contra la comunidad afroestadunidense, con otro grito de "ya basta" escuchado desde Minneapolis a varias ciudades del país.

El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas y disparar contra los amotinados.

“Hay una revuelta porque la policía no nos protege como dicen que hacen… Estamos perdiendo a seres queridos todos los días. No somos nosotros, es la policía, esta es la locura que ellos provocaron. Si quitas (la vida) a un ser querido, tienes mucha gente adolorida. Y esto no se acaba hoy. Nosotros no somos los que no estamos matando, esos son ustedes. No podemos hacer un cambio si ustedes no cambian”, declaró un joven adolescente en las calles de Minneapolis durante la revuelta de furia la noche del jueves y madrugada del viernes en entrevista con videorreporteros.

El caso que detonó la nueva ola de furia –sólo uno de incontables– ocurrió el lunes pasado en Minneapolis cuando un policía blanco, acompañado por tres oficiales más, arrestó a George Floyd, un hombre afroestadunidense acusado de un delito no violento, sujetándolo con esposas en un estacionamiento donde lo hizo tirarse al piso, se hincó sobre su cuello por varios minutos, mientras el detenido exclamaba: "no puedo respirar". Murió poco después. "Fue una ejecución pública", declaró un observador.

Aunque los cuatro policías fueron despedidos, el culpable no fue arrestado hasta este viernes y sólo después de las revueltas y demandas por todo el país. Derek Chauvin, cuya imagen con su rodilla sobre el cuello de Floyd se hizo viral, fue acusado de homicidio; su tres colegas están aún bajo investigación.

Las protestas estallaron por tercer día el jueves y la madrugada del viernes en Minneapolis, las cuales fueron enfrentadas con gases lacrimógenos y balas de goma de la policía provocando una revuelta civil que el jueves culminó con la ocupación de un cuartel policial en uno de los barrios más afectados por la violencia oficial, que fue incendiado mientras las fuerzas de seguridad huyeron.

Las autoridades declararon un estado de emergencia en la ciudad, y se desplegaron elementos de la Guardia Nacional. El alcalde Jacob Frey declaró un toque de queda de las 20 horas el viernes a las 6 de la mañana del sábado.

Poco después de la una de la mañana del viernes, Trump emitió un tuit –el cual fue parcialmente oculto por Twitter al considerar que violaba sus normas por "glorificar la violencia"– en el que amenazó con disparar contra los manifestantes, a los que llamó "matones" (thugs, en inglés); criticó al alcalde de ser un "débil radical de izquierda", quien no logra imponer control, y dijo estar dispuesto a enviar tropas de la Guardia Nacional, advirtiendo que "cualquier dificultad y asumiremos el control; cuando empieza el saqueo, empiezan los disparos".

El mensaje fue denunciado como racista por una amplia gama de figuras (la frase sobre el saqueo es exacta a una que usó un famoso jefe de policía de Miami a finales de los años 60 para amenazar a manifestantes), llevando a que Trump intentara rectificar sin lograrlo.

Mientras miles se manifestaban en Minneapolis, protestas estallaron en más de 10 ciudades incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Memphis, Columbus, Phoenix, Atlanta y Louisville, algunas de las cuales continuaron hoy con reportes de más arrestos esta noche. La pancarta más común es "no puedo respirar".

Hubo brotes de violencia y decenas de arrestos, entre ellos un equipo de periodistas de CNN en Minneapolis que fue rápidamente liberado con disculpas del gobernador.

Con todo esto se renovó el debate de un tema obviamente sin resolver después de repetidas promesas y compromisos a lo largo de los últimos años.

El ex presidente Barack Obama declaró que “esto no puede ser ‘normal’ en el Estados Unidos de 2020”, y pidió un esfuerzo para crear una "nueva normalidad", pero no asumió ninguna responsabilidad por su fracaso para lograrlo durante sus ocho años en la Casa Blanca.

El ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden denunció las palabras de Trump y declaró que "esto es una crisis nacional" que requiere de un "verdadero liderazgo" para abordar las "heridas abiertas" históricas del racismo en el país.

El senador Bernie Sanders emitió un mensaje: "No podemos esperar más para actuar de manera firme y audaz para sacar el cáncer del racismo sistémico y violencia policiaca contra gente de color. Esto tiene que parar".

En Minneapolis, sindicatos y agrupaciones sociales se unen en apoyo a los manifestantes y las demandas por justicia en el caso. Choferes sindicalizados de autobuses municipales bajo las órdenes de la policía rehusaron transportar arrestados en las protestas a las cárceles. Algunos sindicatos nacionales, como el siderúrgico (USW) deploraron los hechos como parte de un patrón de violencia racista en Estados Unidos.

"No creo que la gente haya sido tan violenta como el sistema ha sido contra ellos", explicó Michael McDowell, un fundador de Black Lives Matter en Minneapolis. “Están reaccionando a un sistema violento… Ya no lo van a tolerar. Por eso está ardiendo Minneapolis”, indicó al Washington Post.

Aunque el caso de Floyd detonó esta ola de protestas contra la brutalidad policiaca y la violencia racista contra minorías, su caso es sólo el más reciente. En semanas recientes se registró el caso de Breonna Taylor, una técnica médica de emergencia de 26 años quien fue muerta a balazos por policías en Louisville que entraron por la fuerza a su hogar durante una investigación antinarcóticos en marzo. En febrero, Ahmaud Arbery, de 25 años, fue asesinado por un par de hombres blancos cuando estaba haciendo ejercicio en un suburbio de Georgia.

Son incontables los casos anteriores, entre ellos el de Eric Garner, quien también fue sujetado por policías en Nueva York en 2014 de tal manera que sus últimas palabras fueron iguales a las de Floyd esta semana: "no puedo respirar" y generaron el surgimiento de nuevos movimientos de derechos civiles, incluyendo Vidas Negras Valen (Black Lives Matter), entre otros.

"Soñamos una utopía pero nos despertamos gritando", dice una nueva pinta sobre una barda en Minneapolis.


Racismo, brutalidad policial y COVID-19 en Estados Unidos

Por Amy Goodman - Denis Moynihan | 30/05/2020

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua.

El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus rodillas. “Por favor. Por favor. No puedo respirar, oficial. No puedo respirar”, jadeaba George Floyd, con sus manos esposadas detrás de la espalda. Los testigos del suceso le pidieron repetidas veces a Chauvin que aflojara la presión, pero el oficial siguió con la rodilla enterrada en el cuello de Floyd. Un devastador video de diez minutos registró este asesinato en cámara lenta, respiración menguante tras respiración menguante. Finalmente, el cuerpo inerte de Floyd fue bruscamente colocado en una camilla, cargado en una ambulancia y llevado al hospital, donde se declaró su muerte.

La indignación fue in crescendo a medida que el video se viralizaba. El hermano de George, Philonise Floyd, declaró a la cadena CNN: “Amo a mi hermano. Todos amaban a mi hermano… conocerlo es quererlo. Él gritaba ‘mamá, mamá, no puedo respirar’ pero no les importó. Realmente no entiendo lo que tenemos que sufrir en la vida. No tenían por qué hacerle eso”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, expresó en un comunicado: “Su vida era importante. Tenía valor… Vamos a buscar justicia y la encontraremos”. En declaraciones posteriores, Ellison agregó: “Lo que estamos tratando aquí no es un caso aislado, sino un problema sistémico. Y tanto la investigación como la acusación se están llevando adelante con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro de que se están llevando adelante de manera competente. Pero eso no le pone fin al asunto. El despido de los agentes no le pone fin. El proceso penal que ha comenzado no le pone fin. El proceso de derechos civiles no le pone fin. Necesitamos un cambio sistémico, profundo y permanente”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó tras el asesinato de Floyd: “Ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte”. Frey demanda el arresto de Chauvin y la familia de Floyd quiere que los cuatro oficiales sean acusados ​​de asesinato.

La reverenda Bernice King, una de las hijas del Dr. Martin Luther King Jr., publicó en Twitter una foto del oficial Chauvin con la rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd al lado de una icónica foto de la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano Colin Kaepernick hincado sobre una de sus rodillas en un campo de juego. El ex mariscal de campo fue expulsado de la Liga por arrodillarse durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial y la injusticia racial. El texto que acompaña el tuit dice: “Si no te molesta o te molesta poco la primera rodilla, pero te indigna la segunda, entonces, en palabras de mi padre, estás ‘más consagrado al orden que a la justicia’. Y más apasionado por un himno que supuestamente simboliza la libertad que por la libertad de vivir de un hombre negro”.

Mientras las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superan las 100.000, con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan aparentemente sin tregua . El pasado 23 de febrero, en Georgia, Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos por Travis McMichael y su padre, el policía retirado Gregory McMichael, tras salir a correr. El 13 de marzo la policía de Louisville, Kentucky, disparó ocho veces contra Breonna Taylor, causándole la muerte. Taylor era técnica en emergencia médica y tenía 26 años de edad. La policía irrumpió en su hogar en el medio de la noche, al entrar en el departamento equivocado cuando buscaban a un sospechoso que ya estaba bajo custodia.

Afortunadamente, no tenemos que agregar el nombre de Christian Cooper a esa trágica lista. Chris Cooper, afroestadounidense, se encontraba observando aves en el Central Park de Nueva York el Día de los Caídos cuando respetuosamente le pidió a una mujer que también paseaba por allí que siguiera las reglas del parque y le pusiera la correa a su perro. Ella se negó rotundamente, lo que lo condujo a grabar la interacción. La mujer llamó al 911 y le dijo a Cooper: “Voy a decirles que hay un hombre afroestadounidense que está amenazando mi vida”. Christian Cooper le envió el video a su hermana, quien lo publicó en las redes sociales, donde rápidamente llegó a 42 millones de reproducciones. Alguien identificó a la mujer como Amy Cooper (sin parentesco con Christian) y, como resultado de su reacción violenta, fue despedida de su trabajo y el refugio para perros le retiró su mascota.

Ibram X. Kendi, director fundador del Centro de Investigaciones y Políticas Antirracistas de la Universidad Americana, le dio contexto histórico a esta interacción durante una entrevista para Democracy Now!: “Lo que hizo Amy Cooper es un típico comienzo de violencia racista. Tenemos a una mujer blanca que utiliza como arma su privilegio de ser mujer y blanca. En lugar de resolver la disputa con la otra persona y seguir las reglas y ponerle la correa a su perro, se victimiza y llama a la policía, con esa proyección de víctima, para que la policía vaya y la proteja. A menudo, los policías realmente creen que esta mujer blanca está siendo amenazada por este presunto depredador afroestadounidense. Con demasiada frecuencia, esto lleva a que esa víctima desarmada resulte lesionada o incluso asesinada”. En 1955 un suceso similar condujo a la tortura y linchamiento de Emmet Till, de 14 años de edad.

El profesor Kendi lanzó “The COVID Racial Data Tracker”, un sitio web para documentar las disparidades raciales en torno a la letalidad de la pandemia, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Los datos se están utilizando para desacreditar el argumento de que las personas de color se ven más afectadas por la Covid-19 por sus afecciones subyacentes. Kendi explicó: “Al menos hacia fines de marzo, y ciertamente a principios de abril, eran personas latinas, afroestadounidenses e indígenas estadounidenses las que se estaban contagiando y muriendo de forma desproporcionada. Llevó un gran esfuerzo de parte de los movimientos de base, que reclamaron que se expongan los datos raciales, empezar a constatar esto, porque los estados se negaban a verlo. El indicador de predictibilidad fundamental de las tasas de contagio y muerte en la población negra es el acceso a la atención médica, el acceso a seguro de salud, así como la contaminación del aire y del agua y el tipo de empleos. Todas estas determinantes sociales de la salud son indicadores predictivos mucho más fuertes en cuanto a las tasas de muerte y contagio en la población negra que sus afecciones subyacentes”.

Los afroestadounidenses representan el 13% de la población de Estados Unidos, pero han representado como mínimo el 25% de las 100.000 muertes por Covid-19 del país. La misma disparidad en la tasa de mortalidad prevalece entre los 5.000 estadounidenses asesinados por la policía desde 2015: los afroestadounidenses tienen el doble de chances de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. La violencia policial es una de las principales causas de muerte de los jóvenes de color.

La pandemia revela lo que los videos de teléfonos celulares y cámaras corporales han expuesto cada vez más y lo que las comunidades de color han sabido por mucho tiempo: el racismo está bien vivo en Estados Unidos y tiene consecuencias letales.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 01 Mayo 2020 06:40

Maduro camina en un campo minado

Disturbios y saqueos en Upata, Venezuela. / Foto: RRSS

¿Se avecina una insurrección popular en Venezuela?

 

Con la crisis petrolera y el desplome de las remesas que los emigrantes venezolanos envían a su país, el presidente Nicolás Maduro ve temblar el piso bajo sus pies. Saqueos y protestas, ocasionados por el aumento del costo de los alimentos y la escasez de combustible, desafían la cuarentena.

Desde Caracas

No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.

SIN GASOLINA NI REMESAS.

A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.

Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.

La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.

A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.

EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA.

A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.

Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.

Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.

LA GRAN PREGUNTA.

Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.

Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.

En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.

Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.

30 abril, 2020

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Coronavirus en Perú: motín en las cárceles

Casi la mitad de los presos testeados tienen covid-19

Con las cárceles hacinadas y el coronavirus fuera de control, las autoridades prometen mascarillas y realizar más pruebas.

 

Desde Lima. Con el coronavirus expandiéndose en las sobrepobladas cárceles del país, los reclusos se amotinaron denunciando estar abandonados ante la enfermedad y exigiendo atención médica. El amotinamiento de presos se veía venir, pero las autoridades hicieron poco, o nada, para evitarlo. Los motines estallaron esta semana en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y luego se extendieron a otras cinco cárceles, tres más en la capital y dos en el interior del país. El saldo ha sido nueve reclusos muertos. Según las cifras oficiales, hay 30 presos fallecidos por covid–19 y 645 contagiados, lo que representa casi la mitad de los 1.532 internos a los que se ha sometido a las pruebas para detectar el virus. Entre los agentes penitenciarios hay 224 infectados y siete fallecidos.

En el penal Castro Castro, a las afueras de Lima, que tiene 5.500 internos cuando su capacidad es de 1.800, los presos tomaron el control del penal -los guardias se habían replegado por temor a los contagios- subieron a los techos, quemaron colchones y a gritos denunciaron que el coronavirus afecta a muchos de ellos, que hay muertos y no reciben atención. En un gran cartel levantado en una azotea se leía: “Queremos las pruebas de (la covid-19). Tenemos derecho”. En otros mensajes pedían medicinas y atención. La policía intervino para acallar la protesta lanzando gases y disparando. El saldo ha sido nueve reclusos muertos y sesenta agentes penitenciarios, cinco policías y dos internos heridos. Familiares de los presos fallecidos exigen se investigue las circunstancias en las que murieron.

Cuando se controlaba a balazos y muerte el motín en Castro Castro, la protesta prendía en el penal de Lurigancho, ubicado entre los cerros de tierra al este de Lima, la cárcel más poblada del país con poco más de diez mil reclusos, muy por encima de su capacidad de 2.500. Desde los techos y ventanas de los pabellones, los presos mostraban cartelones para enseñarlos a las cámaras de la televisión: “Nos estamos muriendo, ayúdennos”, “Medicinas y libertad”, eran algunos de los mensajes que se leían.

En Lurigancho y los otros penales, a diferencia de lo ocurrido en Castro Castro, los motines fueron reprimidos sin muertes. Pero el ambiente en los penales sigue en alta tensión. Familiares de los reclusos, que no pueden ingresar a los penales porque las visitas están prohibidas para evitar los contagios, han denunciado que las autoridades penitenciarias cobran por darles medicamentos a sus parientes recluidos. Los antiguos y graves problemas de cárceles hacinadas, con pésimas condiciones y una atención médica penosa y en muchos casos prácticamente inexistente, se han multiplicado y estallado con la llegada del coronavirus.

Uno de los presos contagiado con coronavirus es Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, condenado en 2005 a 19 años por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría, en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Alejandro Toledo. Antauro, militar en retiro como su hermano Ollanta, levanta una propuesta política ultranacionalista, de rasgos fascistas, que en las elecciones parlamentarias de enero de este año obtuvo 6,7 por ciento y logró meter doce legisladores en el Congreso unicameral de 130 bancas. Pretende ser candidato presidencial. Sus seguidores buscan acelerar su liberación, que debe darse en 2024, a través de un indulto o amnistía.

En respuesta a los motines, las autoridades han ofrecido aumentar las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados, han anunciado que en estos días repartirán mascarillas a todos ellos para que tengan algún nivel de protección y han asegurado que se han creado zonas de aislamiento en los penales para los internos con coronavirus.

En el país hay 97 mil presos, unos 30 mil en prisión preventiva sin sentencia, repartidos en 68 penales, los que, según el gobierno, tienen una capacidad para solamente 38 mil reclusos. El gobierno ha anunciado que se darán indultos y conmutación de penas para descongestionar en algo los hacinados penales.

 “Vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado. Eso no lo haremos. Los beneficiados serán unos tres mil. Sobre los que están en prisión sin condena, eso depende del Poder Judicial”, declaró ayer el presidente Martín Vizcarra.

Políticos acusados de corrupción buscan utilizar el grave problema en los penales por el coronavirus para conseguir su libertad. Un caso especialmente notorio de un intento de aprovechamiento de esta situación es el de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado, que ha pedido al Poder Judicial su libertad, lo que debe decidirse la próxima semana. De 44 años, Keiko alega que su vida peligra ante un posible contagio, que da por seguro si sigue en el penal, por tener una salud supuestamente resquebrajada por una hipertensión, pero antes de estar en prisión la jefa del fujimorismo hacía alarde de una buena salud participando en competencias atléticas, y ahora está en una condición privilegiada en el penal, en una celda para ella sola y sin mayor contacto con otras reclusas, lo que aleja la posibilidad de un contagio.

En el Perú hay 33.931 casos de coronavirus y 943 fallecidos. El último día hubo 2.741 nuevos contagios y 89 muertes, la cifra más alta de fallecidos en un solo día en lo que va de la pandemia. 

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Una mujer recoge una bolsa con comida en el comedor social de la parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas.Alvaro Garcia

Parroquias, Cáritas, comedores sociales y el Banco de Alimentos de Madrid alertan de una nueva crisis en la capital: se disparan en más de un 30% las peticiones de ayuda para comer

El 11 de marzo Yoselin Sarmiento dejó de ir a las clases de segundo de bachillerato en el Instituto de Vallecas I por el coronavirus. Este miércoles se colocó en silencio en una cola para recibir una bolsa de comida para su familia. “Lo llevo como puedo, no es algo que sea fácil de asimilar”. Tiene 18 años. Es la primera vez que acude. Su madre no trabaja, a su padre le han reducido la jornada a la mitad y su hermana tiene siete años. Los cuatro viven de alquiler en un piso de tres habitaciones por 800 euros al mes. “Hemos llamado al casero porque no podemos pagar mayo. Nos ha dicho que al menos paguemos la mitad”. Sueña con estudiar Telecomunicaciones en septiembre.

Si antes de la pandemia repartían comida para 600 personas en la parroquia de San Ramón Nonato del barrio, ahora la cifra llega a 1.300. Más del doble. El voluntario Alberto Vera, de 71, organiza en un despacho el reparto. En una libreta tiene los datos: un 70% son latinos y un 30% españoles. “Cada día vienen más y más”. Y cada día reparten cientos de kilos del banco de alimentos, junto a bocatas, táperes y raciones que la sonriente cocinera hondureña Magali Huanca, de 44, decide a las 8.15 de la mañana. “Hoy he hecho picante de verduras. Me sale muy bien”. A las 13.30 ya tenía preparados 15 kilos de arroz y 40 de pisto para despachar.

El Banco de Alimentos de Madrid también lo ha detectado. Si en marzo atendían a 150.000 personas en la región, hoy son 190.000. “Y subiendo”, dice una portavoz. Las solicitudes se han incrementado en un 30% por la pandemia. El stock que tenían era para tres meses. “Pero a este ritmo nos quedamos sin él”. El Ayuntamiento dice que ha recibido en marzo el mismo número de peticiones de ayuda alimentaria que en todo 2019: más de 34.000. Los comedores sociales han cuadriplicado el número de usuarios que atienden a diario. Cáritas también alerta: “Las peticiones de ayuda se han triplicado y el 40% de estas solicitudes provienen de personas que lo hacen por primera vez”. Madrid afronta ya otra curva pandémica: la social.

La pobreza inicia su escalada en el distrito de Puente de Vallecas, otra vez. Aquí viven 230.000 vecinos repartidos en seis barrios con una renta per cápita media de 24.687 euros al año, la más baja de la capital. De ellos, alrededor de 20.000 estaban en el paro antes de la covid-19. A falta de los datos abril, las colas para pedir comida anuncian que se ha multiplicado. Muchos de ellos han visto cómo sus pocas horas de trabajo al día, aquellas que pasaban limpiando hogares, acompañando a abuelos, o compaginando chapuzas de albañilería, han sido fulminadas de cuajo hace cuatro semanas. No hay paga diaria. Vivir al día se ha traducido en acudir a la parroquia a recoger alimentos. Algunos no han pisado un supermercado desde marzo. Otros se han cansado de llamar a las instituciones para pedir. Las cifras oficiales no recogen las solicitudes que no llegan a presentarse.

La cola de comida es tan larga que los voluntarios de la zona de Entrevías —donde la renta media es de 17.500 euros al año, casi cuatro veces menos que el barrio de Salamanca, con 61.572— se han visto obligados a trazar dos carriles. Uno para los que ya venían de antes de la crisis, o de otra, como el madrileño Juan, de 61, que con una mascarilla sucia y vieja cuenta que todavía no se ha recuperado. “Caí en el paro en 2009 y no he vuelto a levantar cabeza”. Y otro camino para los nuevos, los más silenciosos, los tímidos, los avergonzados.

“A veces no cenamos”. El venezolano Manuel Castillo, de 48, espera sentado a la sombra de un arbusto. “La niña lo lleva regular. Mi mujer y yo como podemos”. Trabajaba como relaciones públicas de una discoteca por comisión. Había meses que sacaba 800 euros, otros 900, pero nunca como marzo: cero.

“Todo apunta a que esta crisis va a ser peor que la de 2008. Al problema del empleo se sumarán los hijos descolgados en las aulas y los problemas intrafamiliares del confinamiento”, cuenta el sociólogo de la Universidad Autónoma Josep Lobera. “Los trabajos precarios no guardan colchón económico”, dice Matilde Masó, socióloga y economista de la Universidad de A Coruña, que ha realizado numerosos trabajos sobre la anterior crisis inmobiliaria. El doctor en Economía por la Complutense Gonzalo López avisa: “A diferencia de pandemias anteriores, esta puede tener efectos sociales y económicos distintos a los que históricamente hemos observado en estas situaciones. Para empezar, el impacto de las medidas de confinamiento está siendo desigual por el nivel de ingresos”.

A diez kilómetros de la plaza donde cientos de familias hacían cola para pedir comida, el padre Gonzalo Ruipérez, que tiene dos móviles, tiene guardados en la parroquia más de 70.000 kilos de alimentos para repartir; 30.000 más que en marzo. O dicho de otra manera: si antes repartía para 1.600 familias, ahora lo hace para 2.400. La iglesia de San Juan de Dios de la UVA de Vallecas se ha convertido en un gigantesco almacén de supermercado para los más necesitados.

“La falta de alimentos es lo primero que sale en estas situaciones. Me he encontrado con casos de padres que me dicen: no me den a mí, pero sí a mis hijos”. Dice que después del hambre vendrán los alquileres que no se pagan, casos de violencia de género, alumnos que dejarán de estudiar. “Aquí se nace ya en crisis y, ahora, más”. Le vuelve a sonar el móvil:

― ¿Padre Gonzalo?

― Sí, soy yo.

― Necesito comida para mis dos niñas pequeñas, por favor.

― Tranquila, ¿dónde vives?

― Al lado del metro de Oporto.

― ¿Puedes venir en coche o en metro?

― En metro.

― Vente mañana con alguien, te daré 50 kilos.

Y así, 300 llamadas al día. Vienen vecinos de Orcasitas, La Fortuna, Carabanchel, San Blas, Usera. El padre Gonzalo tiene una cabeza privilegiada que recuerda a la de El Profesor de la serie La casa de papel. Todo lo tiene controlado. Sabe perfectamente a qué familia entrega cada bolsa y qué se lleva. “Tengo un Excel que ya quisieran algunos organismos oficiales”. Ahora, por la pandemia, le ayuda un ejército de nueve voluntarios: Adrián, Marleny, María José, Paco… Los 10 forman un equipo que, desde primera hora y hasta bien entrada la tarde, organizan bolsas de comida para los distintos tipos de hogares.

Los alimentos que están guardados en bolsas de Mercadona significan que irán a parar a familias de cuatro miembros o menos. Las de Carrefour, para más de cinco, y las de Ahorra Más, para musulmanes. Todo cambia si hay bebés, que este mes se han visto incrementadas las demandas. Si antes había 85 familias con recién nacidos, ahora son 102. Estas familias tendrán otra bolsa adicional con pañales, potitos o leche en polvo. También varía si hay hogares que, como en la Cañada, no tienen luz. Ellos recibirán más latas en conserva y nada de congelados. Eso sí, todas incluyen mascarillas y un botecito de alcohol desinfectante.

― ¿Alguna vez han entrado a robar al almacén?

― Nunca. Una vez se acercó un señor y me dijo: ‘Padre, no se preocupe. Todas las familias que robamos estamos aquí’.

El padre Gonzalo dice que pide a todo el mundo. “No me da vergüenza porque no es para mí”. Los alimentos provienen del banco de alimentos, de donaciones de supermercados, de empresas privadas o de compras que el mismo párroco, que gana 800 euros al mes, realiza. O de voluntarios. El otro día se acercó un señor y le dio 6.000 litros de leche. Este miércoles vino una señora con 600 cebollas. “Amigos que tengo”.

A las 15.30 de la tarde del miércoles una fila de familias hace cola en la puerta de la parroquia. El padre, que ni se acuerda de que él también tiene que comer, coloca dos pupitres en una entrada del templo con la distancia de seguridad de dos metros. Un improvisado despacho. En él se van sentando los nuevos. Los que hasta marzo podían comprar y ahora no. Les entrevista. Les pide el padrón y, por si acaso, dos números de teléfono. “Es muy fácil engañar, pero sé cuando lo hacen”. Argentina Heredia, de 24 años, viene con un antifaz azul que le hace de mascarilla. En un mes será madre por cuarta vez.

― Buenas, padre. Vengo de Aranjuez.

― Hola, hija. ¿Cuántos sois en casa?

― Tres niños y el que viene.

― Toma. Y esto para que cenéis esta noche.

Su marido era vendedor ambulante y ella ama de casa. Ya no hay ingresos. “El mes que viene os lo acercamos nosotros”, le dice. Sí, porque también vienen voluntarios que hacen el reparto a domicilio. Son las 17.00. El padre se levanta y muestra otros dos locales donde guarda más comida. De camino, y en voz baja, cuenta que todos los días recibe 10 pizzas de un restaurante italiano buenísimo de la capital. “Aquí la pizza significa Navidad”. Él las va distribuyendo todas las noches por distintos hogares. Los niños abren la puerta y lo celebran como un juguete nuevo.

“Buenas tardes, padre”, “¿qué tal, padre?”, “¿todo bien, padre?”, le saludan los vecinos mientras cruza un paso de peatones. De repente, una señora se acerca y le dice: “Padre, he visto un pato de estos de los parques por la plaza”. Él, incrédulo, asoma el cuello como una jirafa para vislumbrarlo:

― Pues como no se vaya, alguno come hoy pato a la naranja.

Por Manuel Viejo

Madrid - 23 abr 2020 - 17:30 COT


Trece detenidos tras una nueva noche de disturbios en las barriadas de París

El ministro del Interior califica los incidentes de “tensiones esporádicas”

A pesar de que la venta de cohetes y petardos lleva dos días prohibida por decreto policial, en las banlieues, los suburbios deprimidos de París, decenas de jóvenes volvieron a lanzar la noche del miércoles este tipo de artefactos contra agentes desplegados para controlar los disturbios que se llevan produciendo desde el sábado en varios puntos de los alrededores de la capital francesa. En total, 13 personas fueron detenidas por unos incidentes que, no obstante, están lejos de ser considerados una réplica de las violentas revueltas que vivieron las banlieues en 2005.

“Se trata de pequeños grupos que piensan que sería divertido atacar a las fuerzas de la policía, quemar papeleras. No es divertido, es peligroso, empezando por ellos mismos”, dijo este jueves el ministro del Interior, Christophe Castaner, que atribuyó la situación, en parte, “a la dureza del confinamiento para estos jóvenes”, procedentes en su mayoría de hogares donde “la pobreza en la que viven puede provocar la cólera”. En cualquier caso, continuó en una entrevista con la emisora BFM TV, son “tensiones esporádicas” y, aunque “son inaceptables”, tampoco hay que “politizarlas”.

Aunque no citó a nadie, el mensaje era claro. En los pasados días, conforme continuaban los disturbios cuyo origen está en un controvertido accidente entre un joven y una patrulla de policía en Villeneuve-la-Garenne, al norte de París, políticos como la ultraderechista Marine Le Pen han reclamado mano dura en estas banlieues donde abunda la población de origen inmigrante. “No es momento de buenos sentimientos, de excusas o de políticas catastróficas. Es hora de desarmar a la chusma, de su castigo y su neutralización”, reclamó en Twitter.

Desde el sábado, cuando un joven motorista resultó herido grave cuando un agente abrió —si intencionalmente o no es algo que está investigando la fiscalía y la propia policía— la puerta de la patrulla camuflada que pretendía detenerlo por exceso de velocidad, se han registrado disturbios en varias banlieues, donde grupos de jóvenes han incendiado coches y mobiliario urbano, además de “emboscar” a policías lanzándoles petardos.

Tras una nueva noche de incidentes, incluido el incendio de una escuela en Gennevilliers, que dejaron nueve detenidos, el joven cuyo accidente desató las protestas llamó el miércoles a la calma. “He sabido que habéis destruido coches. Os pido que volváis a casa, que os calméis”, dijo en un vídeo enviado a varios medios desde el hospital donde permanece ingresado por una fractura abierta de fémur. Pese a ello, y pese a que la prefectura de Policía de París ha prohibido la venta y posesión de fuegos artificiales y petardos en la capital y los departamentos vecinos hasta el próximo lunes, volvieron a registrarse incidentes la pasada noche en localidades como Gennevilliers, donde fueron descubiertos una quincena de artefactos incendiarios, y en Clamart, donde cinco personas fueron detenidas por portar cócteles molotov. Por su parte, en Champigny-sur-Marne, desconocidos lanzaron petardos contra la comisaría de policía, según la Agencia France Presse.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes de los disturbios, estos no son más graves que los habituales, según el director general de la Policía Nacional, Frédéric Veaux. “Si miramos las estadísticas, nos encontramos ante una cifra inferior en relación con la misma época del año pasado. En cuanto a los hechos, aunque son condenables, no son de una gravedad excepcional”, dijo ante diputados, destaca el diario 20Minutes.

Por Silvia Ayuso

París - 23 abr 2020 - 11:24 COT

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Viernes, 17 Abril 2020 06:45

La sumisión de las masas

Manifestación el 16 de junio de 2019 en Hong Kong / Foto: Afp, Héctor Retamal

Del auge global de las protestas al silencio de la cuarentena.

 La pandemia le hace sombra a la política, y en todo el mundo la gente se queda en casa. De las protestas masivas de los últimos dos años no queda ni el eco en las calles vacías, y en la reclusión doméstica se decidirá si a la salida nos espera el amansamiento mundial o un futuro diferente.

Hace casi un siglo un ensayista español inició, en el diario El Sol, la publicación de una serie de artículos que, compilada en un libro bajo el título de La rebelión de las masas,dio a José Ortega y Gasset fama perdurable. En la actualidad, la pandemia global de covid-19 ha mostrado, en un par de meses, con qué facilidad se puede confinar a las poblaciones de continentes enteros, bajo el equivalente del estado de sitio, las medidas de seguridad o el toque de queda, como prefiera usted llamarle a eso que le dicen cuarentena. Tras dos años de protestas –por las causas más variopintas– en todo el mundo, las metrópolis están calladas, las calles desiertas, las manifestaciones prohibidas, y miles de millones de humanos permanecen recluidos dócilmente en sus viviendas donde la televisión repite sin pausas las cifras tremendas y crecientes de la pandemia.

A la calle, que ya es hora.

De acuerdo con un informe del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de Washington (Csis, por sus siglas en inglés), “las protestas masivas globales alcanzaron un cenit histórico hacia fines de 2019, al concluir una década en que habían crecido a una tasa anual del 11,5 por ciento, con la mayor concentración de actividad en Oriente Medio y en el norte de África, y la tasa de incremento más rápida en África al sur del Sahara”. El año pasado hubo protestas en Hong Kong y Santiago de Chile, en Haití, Beirut y Barcelona, en Harare, India, Ecuador, Colombia, España, Sudán, Irán y Francia, con manifestaciones antigubernamentales en 114 países, 37 de ellos recorridos por las multitudes airadas en tan sólo los meses finales de 2019.

El Csis recordó que esas protestas –cuya frecuencia y magnitud eclipsaron períodos históricos recientes similares como el del fin de la década de 1960, y el comprendido entre mediados de la de 1990 y comienzos de la de 2000– llevaron a que los jefes de gobierno renunciaran, u ofrecieran hacerlo, en Líbano, Irak, Bolivia, Argelia, Sudán y Malta. Para aplacar el ímpetu y la movilidad de las multitudes, los gobiernos apagaron Internet en India, Pakistán, Siria y Turquía.

“También el tamaño de las protestas en 2019 fue notable”, añadió el informe. “El 16 de junio, casi 2 millones de ciudadanos de los 7,4 millones de Hong Kong marcharon por las calles, y en el clímax de las protestas en Santiago de Chile, el 25 de octubre marcharon 1,2 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de la ciudad, de 5,1 millones”, apuntó el Csis.

La ira de las masas no se nutrió tan sólo de lo que, en términos muy laxos, podría llamarse “izquierda”: los populistas autoritarios que han medrado en Europa central y del sudoeste se las arreglaron para sobrevivir a protestas en República Checa, Montenegro, Serbia, Polonia y Hungría. Y tampoco se limitó a las quejas y repudios a los gobiernos: hay que recordar la variedad y extensión de las demostraciones relacionadas con el cambio climático y la protección ambiental. En la última semana de setiembre, más de 6 millones de personas por encima de husos horarios, culturas y generaciones salieron a las calles en todo el mundo exigiendo acciones concretas y rápidas para lidiar con una creciente catástrofe ambiental. Más de 1 millón de personas marcharon por las calles de Italia, con movilizaciones similares en Argentina, Colombia, Brasil, España y Holanda, y en Nueva Zelanda más del 3,5 por ciento de la población se unió a las marchas.

Y, de pronto, la pandemia

Un coronavirus que en tres meses ha infectado a más de 2 millones de personas, y ha causado la muerte de 134 mil –según las cifras oficiales, porque las reales pueden ser bastante más altas– extinguió las protestas callejeras. En un mundo donde el 57 por ciento de los 7.800 millones de humanos vive en ciudades pequeñas, medianas o grandes, cada apartamento, cada casa se ha convertido en una celda donde cada uno vive solo o convive con unos pocos familiares o amigos, encerrados por el temor de siquiera aproximarse a otras personas.

Y las ciudades se han silenciado, el aire se libró de la contaminación de los motores, y en muchas partes del mundo los animales silvestres, que se las han arreglado para sobrevivir, escondidos, en parques y bosques cercanos, se pasean ahora por las anchas avenidas donde los semáforos dan paso u ordenan alto para un tránsito que no existe.

El freno abrupto a la rebelión de las masas tiene un antecedente cercano. En la década de 1990, cuando arremetió impetuoso el cuento de los “tratados de comercio libre”, se inició un movimiento que intentaba frenar la globalización o, al menos, domesticarla. Al frente de las protestas estuvieron los sindicatos –sí, todavía existían los sindicatos– y los estudiantes, y también los empresarios y granjeros que supieron avizorar la destrucción que se aproximaba para las industrias, las agriculturas y las culturas locales. Fue una década de luchas populares contra la versión neoliberal de la Organización Mundial del Comercio, luchas que tuvieron su confrontación emblemática en la batalla de Seattle, en 1999.

Por varios años, el centro de Washington, la capital de Estados Unidos, fue el escenario de protestas en las que iban codo a codo los anarcos vestidos de negro y las religiosas católicas que ayudaban a inmigrantes, los veteranos de las protestas contra la guerra de Vietnam y jovencitas/os de género arcoíris, granjeros sureños blancos y militantes urbanos negros, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, carapálidas de ojos azules de la más tradicional aristocracia protestante y morenitos aindiados centroamericanos. Las protestas continuaron y crecieron al iniciarse la nueva década, enriqueciéndose en el discurso que vinculó la globalización con la contaminación ambiental, el uso tóxico de combustibles fósiles y el cambio climático.

Y, de pronto, 11 de setiembre de 2001. Las movilizaciones mundiales contra la globalización se disolvieron en la propaganda gubernamental y en la obsesión social de la “guerra contra el terrorismo”. El enemigo entonces actuaba oculto, de manera solapada, podía estar en cualquier parte. Se aprobaron leyes y se adoptaron prácticas que violaron las normas de las sociedades democráticas. Se encarceló a inocentes, se torturó a sospechosos y se mató a cientos de miles de civiles. Y las masas no protestaron.

El enemigo ahora ataca solapado, puede estar en cada otro ser humano que se nos aproxime, en cualquier parte. Y nos hemos impuesto todos los cortes a nuestra libertad individual que los expertos en salud recomiendan, y los gobiernos aplican, y quedamos absortos, aburridos o espantados frente al televisor que nos repite, incesantemente, los horrores allá, afuera, y la plaga que les cae a quienes no se atienen a las órdenes.

La pausa.

El encierro planetario está teniendo consecuencias económicas, sociales y de salud tanto mental como física. Por ahora, todos estamos más preocupados por conseguir comida, proteger la salud y sobrevivir entre cuatro paredes que por la desmovilización masiva de las campañas políticas, las reivindicaciones laborales, las igualdades de géneros, la defensa de especies amenazadas o la limpieza de los mares.

Pero qué se cuece en las hornallas de hogares sobrehabitados depende tanto del tiempo que esto dure como de los ingredientes que se vayan acumulando. “El vuelco profundo que está operando en mí, y que puede estar operando en ti también, es que no veamos este como un tiempo de cuarentena, sino como el tiempo en la crisálida”, escribió en marzo el gurú motivacional Kirk Souder.

La pandemia de covid-19 ha validado varios de los argumentos con los que tres décadas atrás se levantaban las voces que advertían sobre la globalización. La urbanización acelerada, el incremento en números y distancias de los viajes de enormes cantidades de turistas, los desplazamientos de tropas a miles de quilómetros de su país de origen y los éxodos de refugiados y migrantes han facilitado la propagación rápida de nuevos virus, transmitidos desde los animales que criamos y explotamos en instalaciones industriales para el consumo o que destruimos casi hasta el borde de la extinción.

La interconexión de las industrias por sobre fronteras y continentes y la interdependencia de las redes de distribución de alimentos y otros productos han llevado a una estructura socioeconómica que, además de facilitar la transferencia de riqueza hacia los que ya la tienen, es frágil y vulnerable a fenómenos naturales o pestilencias. La pausa en la que estamos todos atrapados ahora es una bofetada esclarecedora para que consideremos cuánto de lo que consumimos es necesario y cuánto es puro entretenimiento, gasto innecesario, derroche y chiches electrónicos y digitales prescindibles.

La respuesta chambona de la mayoría de los gobiernos, sea cual sea su ideología, consolida la desconfianza hacia las instituciones y dirigentes políticos que dio energía a las protestas de 2019. En el caso particular de Estados Unidos, la respuesta desorganizada e insuficiente del gobierno –sazonada por la torpeza, ignorancia y desvaríos de un presidente que por semanas negó que hubiese un problema– ha clarificado el debate sobre la necesidad de un sistema nacional de salud pública, y la incapacidad de un sistema de salud controlado por empresas privadas. ¿Cómo es posible que en el país más rico del mundo ahora nos enteremos de que hay menos de 1 millón de camas de hospital disponibles para una población de más de 327 millones de personas? ¿Cómo es que en Estados Unidos nadie sabía cuál era el inventario de mascarillas o pulmotores disponibles para encarar una pandemia?

En una referencia a Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania, la Cnn notó esta semana que los gobiernos que mejor han respondido a la pandemia están encabezados por mujeres, lo que enriquece la reflexión sobre las aptitudes y calificaciones de más de media humanidad para compartir las responsabilidades.

En un artículo para la revista Jacobin, de Nueva York, Meagan Day escribió que “en los países que están paralizados económicamente, estos tiempos de pandemia son un intervalo breve en una era de inquietud”. “Cuando esto pase, probablemente veremos protestas en una escala que jamás imaginamos”, añadió. “El desempleo en Estados Unidos posiblemente sobrepasará los niveles de la Gran Depresión, y seguramente le seguirá la inestabilidad política. Si la pandemia empieza a causar devastación mayor en África y América del Sur, donde las protestas ya se estaban intensificando a un ritmo jamás visto en la historia humana, esta pandemia actuará como un fósforo en un polvorín.”

Aunque puede esperarse, con cierto grado de certidumbre, que a la pandemia le seguirán tiempos agitados en todo el mundo –y más revueltos cuando llegue la segunda ola de coronavirus–, la incógnita es qué rumbo tomarán las masas. En el miedo medra el autoritarismo, pero en la crisálida también habita la esperanza.

17 abril, 2020

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Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.

La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.

Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.

Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.

El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.

Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.

Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.

Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?

“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.

¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?

“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.

La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.

El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.

*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.

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