Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Sábado, 21 Enero 2017 06:57

Protestas y detenidos

Protestas y detenidos

Casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con vidrieras destrozadas y algunas limusinas atacadas en Washington, y miles de personas manifestándose en las principales ciudades del mundo.


Ningún muro pudo ni podrá detener las protestas contra Donald Trump. Se comprobó ayer y quedará ratificado hoy cuando cientos de miles de mujeres se lancen por las calles en 616 marchas convocadas en simultáneo por todo Estados Unidos y el resto del mundo. La ceremonia de investidura del presidente en Washington terminó con un saldo provisorio de casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con sus vidrieras destrozadas y algunas limousines atacadas a piquetazos. Las movilizaciones contra el magnate, ahora transformado en gobernante del país más poderoso del planeta, también recorrieron otras geografías. La mayoría resultaron pacíficas. Las hubo en capitales como Londres, Berlín, Roma, Madrid, Tokio y Buenos Aires, así como en muchas ciudades de los cinco continentes.


Con pancartas que decían “Trump destruirá América” o “Aplastar el fascismo” como otras que sostenían reivindicaciones de género y de las minorías, miles de personas salieron a manifestarse pese al intenso frío en varias naciones del hemisferio norte. En Washington, se cruzaron en su camino con otros miles de partidarios del presidente que iban al acto central en el Capitolio. Hubo golpes, forcejeos e insultos a lo largo de la avenida Pensilvania y también en el cruce de las calles 12 y L.
Un grupo de los más organizados, ataviado de negro y con una bandera anarquista, rompió los vidrios de un café Starbucks y del Bank Of América, uno pegado al lado del otro. También la emprendieron con piquetas contra largas limousines negras que esperaban estacionadas muy cerca de la Casa Blanca. El clima de indignación contra Trump era evidente cerca de los vallados que había colocado la policía para que los manifestantes no pudieran acercarse a la jura presidencial. Durante los disturbios se lanzaron objetos frente al edificio del Club Nacional de la Prensa y se quemaron contenedores de basura. Hasta la ligó un periodista de la cadena Rusia Today. La policía intervino utilizando gas pimienta.
Las protestas habían comenzado la noche del jueves, cuando varios famosos convocaron a repudiarlo y se encontraron en Nueva York. El lugar elegido fue la plaza Columbus Circle, frente al hotel Trump, en Manhattan. Allí hubo mucho entusiasmo, selfies a destajo con los actores y personajes cuyos discursos hicieron más llevadera la espera. El cineasta Michael Moore se fotografió con Robert De Niro y Mark Ruffalo, dos representantes de Hollywood y bromeó en las redes sociales, como acostumbra. Pero ayer y ya en Washington, se puso serio delante de un camión antidisturbios: “Aquí en la inauguración. Una tragedia para la democracia”, posteó. En su discurso en Manhattan había sido uno de los más duros. Llamó a “cien días de resistencia” contra el nuevo presidente y vaticinó que “no durará cuatro años”.


Los ataques a Trump se replicaron en varias ciudades estadounidenses, pero además en el resto del mundo. Se quemaron imágenes del político multimillonario en Montreal, Canadá; las pancartas en Berlín y Madrid lo señalaron como “Peligro mundial” y le recordaron que “ningún humano es ilegal”; o apelaron al ingenio como una bandera que lucía colgada en el puente de la torre de Londres: “Construye puentes, no muros”. Un militante anarquista se encadenó al consulado estadounidense en Hong Kong, en Roma protestaron los ambientalistas, en Buenos Aires Izquierda Unida en el Obelisco, en Jerusalén los palestinos y los musulmanes de Sri Lanka le recordaron a Trump que es “Anti Slam”. La matriz de todos los mensajes era una sola: el claro rechazo contra el presidente norteamericano en su primer día de gobierno.


En las manifestaciones que siguen y están previstas, las mujeres ocuparán el lugar más destacado. Las mejicanas dieron el puntapié inicial desde la organización Boundless across borders (Sin límites a través de la frontera) que se tomaron de las manos en el puente internacional de Santa Fe, en Ciudad Juárez.


Hoy se especula en Estados Unidos que finalizará en Washington una de las dos marchas más importantes de la historia del país. Puede emparentarse en la convocatoria con la que lideró Martin Luther King el 28 de agosto de 1963. En ese momento fue en el marco de la lucha por los derechos civiles. Ahora las mujeres llegarán sobre la capital a un día de la asunción de Trump.


Allí estarán desde Teresa Shook, una abuela hawaiana y la primera que convocó a la marcha a través de un grupo de Facebook. También Linda Sarsour, la presidenta de la Asociación Árabe-Americana de Nueva York y miles de activistas. Se sumaron a la organización actrices como Scarlett Johansson, Katy Perry o Julianne Moore y aunque las movilizadas se anotaron hasta llegar a unas 200 mil, se prevé que esa cifra será superada. Sobre todo se si cuenta que al mismo tiempo se realizarán 616 marchas hermanas en otras ciudades del mundo.
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Tres muertos en los disturbios por el alza del precio de la gasolina en México
Un policía falleció en Ciudad de México y dos presuntos saqueadores en Veracruz. Centenares de personas han sido detenidas en las protestas que se extienden por todo el país

 

Las manifestaciones y saqueos registrados en México esta semana en protesta por el alza en los precios de los combustibles han causado tres víctimas mortales. Este miércoles murió un policía en Ciudad de México y en la jornada del jueves dos presuntos saqueadores fueron asesinados a tiros en las calles del puerto de Veracruz por personas que no han sido identificadas, según informa Efe. En cinco días de protestas más de 600 personas han sido detenidas.


La situación se calmó este jueves en la capital mexicana, pero el caos ha crecido en otras regiones del país.


El policía que murió este miércoles fue aplastado en un robo en una estación de servicio durante una manifestación, informó un día después la Policía Metropolitana. Las mismas fuentes informaron del arresto de 106 personas. 9.000 agentes adicionales se han desplegado en la capital, con el apoyo de 13 helicópteros y 20.000 cámaras de vigilancia. En el Estado de México, más 430 personas fueron detenidas por actos de vandalismo.


En Veracruz, dos personas murieron en unos incidentes que paralizaron la zona turística. En declaraciones a medios locales, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la zona Veracruz-Boca del Río, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, informó de que son 100 los comercios que han sido saqueados. El líder empresarial reclamó la intervención de fuerzas federales y del Ejército para frenar a los saqueadores, que han dejado daños valorados en 4,4 millones de euros. Las autoridades aseguraron que 135 personas fueron detenidas.


En Ixmiquilpan, en el Estado de Hidalgo, la policía local utilizó gases lacrimógenos, pero no logró dispersar a los manifestantes que arrojaban piedras. Según la secretaría local de Seguridad, se escucharon disparos de armas. Ocho civiles y cinco policías resultaron heridos, según las mismas fuentes, que no especificaron si fueron alcanzadas por balas.


En Monterrey, más de 10.000 personas se manifestaron pacíficamente para protestar contra los aumentos. Grupos de jóvenes, muchos enmascarados, se enfrentaron a los manifestantes y dañaron las oficinas de algunas instituciones locales. Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos periodistas, y hubo algunas detenciones, según un portavoz oficial.


En el Estado de Cohuila, en el norte, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes, según imágenes difundidas por el canal de televisión Milenio.


El precio de la gasolina se incrementó el 1 de enero en un 20,1% y el diésel en un 16,5%. A partir del 18 de febrero, el precio máximo fijado por el Gobierno se ajustará cada día. La ola de protestas que comenzó inmediatamente después de la entrada en vigor de los aumentos cobró impulso a partir del miércoles con bloqueos de carreteras, saqueos en tiendas y gasolineras, y actos de vandalismo. De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Enrique Solana, unas 800 empresas pequeñas y medianas y 250 grandes tiendas fueron dañadas en todo México.


El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo en un mensaje especial que la decisión de aumentar los precios de los combustibles en México fue una consecuencia de la subida de los precios internacionales y que se trataba de un "cambio difícil", pero necesario para asegurar la estabilidad económica. El incremento de los precios es el primer paso de la apertura a la liberalización de los precios del combustible en el mercado. Estaba prevista inicialmente para 2018, pero el Gobierno mexicano ha optado por ponerla en marcha un año antes.

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Lunes, 14 Noviembre 2016 06:36

SOS

SOS

 

Algunos dicen que es el fin de un Estados Unidos semicivilizado, otros dicen que aquí tronó el viejo sistema político bipartidista, otros creen que acaba de aparecer el diablo –"gusto en conocerte, espero que hayas adivinado mi nombre, lo que te está confundiendo es la naturaleza de mi juego"– y otros creen que no pasará nada con esta cosa fea resultado de la contienda más asquerosa en la historia moderna (dixit la gran mayoría del electorado), ya que todos –incluso el peligroso bufón anaranjado– acabarán siendo sujetados por el gobierno permanente y obligados a portarse más o menos bien.

Todos están sorprendidos. No funcionaron sus modelos, ni sus programas ni los infinitos datos con que alimentaban sus computadoras. Los expertos –politilógos, veteranos de campañas, los que entienden matemáticas y estadísticas, viejos lobos de la política y casi todo periodista– ofrecían sus espléndidos análisis de cómo era esa extraña cosa llamada "pueblo" o "electorado", de cómo se comportaba y cómo reaccionaba ante los gritos, engaños y manipulaciones de diversos irritantes llamados "candidatos". Los científicos entendían casi todo hasta que el pasado martes se mostró que no entendían casi nada.

Ahora los expertos profesionales argumentan que este es un país muy dividido, y muestran ese mapa tramposo donde ilustran dónde están los de azul (demócratas) y los de rojo (republicanos). Esa es ahora la narrativa oficial que se desea imponer por los maestros del juego político y mediatico.

Pero la división no es entre colores, de un lado y del otro, horizontal a lo largo de un mapa, sino vertical: lo que caracterizó esta contienda desde un inicio hace casi dos años es que la división es entre los de arriba y los de abajo. Esta fue una contienda de insurgencias contra las cúpulas azul y roja. La opinión pública reprobó a ambos partidos, casi todos los candidatos, y cuando pudieron votaron contra la élite política y económica tanto en las primarias como ahora en la elección general.

Al anular la opción progresista para la expresión de esa insurgencia, con Clinton y sus aliados haciendo todo lo posible para descarrilar la amenaza del socialista democrático Bernie Sanders (quien durante su campaña, y posiblemente aun ahora, es el político con el mayor índice de popularidad en este país), sólo dejaron la opción de un demagogo derechista y los infinitos adjetivos que se merece. Siempre ha existido una corriente racista y hasta fascista en este, como en casi todo país, y la campaña y ahora elección de Trump ha desatado estas corrientes como veneno por todo el país, y esto apenas empieza. Pero aún más importante es entender que no todos, y tal vez sólo una minoría de los 60 millones de los que votaron por él, forman parte de esa corriente. De hecho, muchos de ellos eran sindicalistas y demócratas y habían votado dos veces por un presidente afroestadunidense.

Por lo que sí votaron todos estos fue para derrocar lo que ambos candidatos insurgentes llamaron "un sistema amañado" al servicio de una oligarquía.

El problema, obviamente, es que el resultado expresado por Trump y su gente pone a todo el planeta en riesgo, y a los más vulnerables dentro de este país en peligro inmediato.

Los políticos y los expertos –incluidos los encargados de la campaña demócrata– aparentemente nunca apagaron sus computadoras y sus modelos para tomarse una cerveza o un whisky en una cantina y platicar con los que estaban por sacudir al mundo al expresar su hartazgo, su ira y su temor.

Matt Taibbi escribe en Rolling Stone que la “elección de Trump fue una verdadera rebelión dirigida a todos los que eran percibidos como parte del establishment... incluyendo dirigentes políticos, banqueros, industriales, académicos, actores de Hollywood, y, por supuesto, los medios. Y todos cerramos los ojos a lo que no deseábamos ver... El casi universal fracaso entre los profesionales políticos en pronosticar la victoria de Trump... reveló una ceguera cultural asombrosa”. Ahora, dice, ya es demasiado tarde, y en parte esto es consecuencia de que para los periodistas, “igual que los políticos, nuestra chamba era escuchar, pero nos la pasamos hablando... El mundo tal vez nunca nos perdone por no ver lo que se venía”.

Ahora ese resentimiento, la ira y desesperación que hay abajo, sobre todo de la clase trabajadora blanca urbana y rural, gente que sentía que había perdido todo, incluso a su propio país, ha llevado a una crisis, y la cúpula está buscando cómo manejarla. Es la cosecha en gran parte de tres décadas de un consenso cupular bipartidista de políticas neoliberales que se aplicaron al país más rico del mundo.

Las advertencias sobre las consecuencias de esto aquí se expresaron desde el gran debate trinacional sobre el libre comercio a finales de los 80, en el movimiento altermundista a finales de los 90, recientemente con Ocupa Wall Street y después en la gran insurgencia progresista sin precedente de Sanders.

Pero lo más trágico es que en lugar de una vuelta progresista, por lo menos liberal, esto ahora ha llevado –en gran parte por la arrogancia de los liberales y la falta incomprensible de una respuesta masiva de "no pasará" durante el ultimo año a esta amenaza venenosa– a una expresión de tintes fascistas. De hecho, algunas de las pancartas en las protestas en las calles llaman a "una resistencia al fascismo en Estados Unidos".

“Adiós, America” se titula el artículo del autor y académico liberal Neal Gabler en el portal de Moyers & Company. “Estados Unidos murió el 8 de noviembre del 2016... por su propia mano, vía el suicidio electoral. El pueblo optó por un hombre que ha deshecho nuestros valores, nuestra moralidad, nuestra compasión, tolerancia, decencia, sentido de propósito común... Ya no podemos simular que somos excepcionales o buenos o progresistas o unidos. No somos nada de esas cosas”.

Tal vez es hora de que los pueblos del mundo que han expresado su horror ante lo ocurrido aquí empiecen a preparar brigadas internacionales de solidaridad para apoyar la resistencia que ahora nace en estas calles contra la sombra que oscurece a este país.

 

 

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Sábado, 12 Noviembre 2016 06:24

Retoman el diálogo político en Venezuela

Retoman el diálogo político en Venezuela

Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia.

 

El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudaron ayer, a instancias del Vaticano, un diálogo que busca resolver la profunda crisis de Venezuela, en un campo minado al estar en disputa la continuidad del chavismo en el poder.


Delegados del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebraron su segunda reunión, tras iniciar el diálogo el 30 de octubre, para evaluar avances en temas como derechos humanos, situación económica y justicia, abordados en mesas separadas. El presidente Maduro, afirmó ayer que está dispuesto a mantener el diálogo emprendido con la oposición para resolver la crisis política, pero “sin bravuconerías ni ultimátums. “Yo he hecho todo lo posible e imposible para que haya diálogo de paz con la derecha y estoy dispuesto a seguir, pero sin ultimátum, sin bravuconerías’’, aseguró el mandatario en su programa radial La hora de la salsa.


La declaración se produce en la antensala de la segunda reunión de la mesa de conversaciones bilaterales, convocada con el fin de analizar los avances de cuatro mesas temáticas. El diálogo entre el gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue instalado el pasado 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).


La MUD insiste en un referendo revocatorio contra Maduro -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre de 2017. Pero el mandatario, cuyo período finaliza en enero de 2019, reiteró que la agenda electoral ya está definida, dando a entender que no puede haber modificaciones. “En unos meses tenemos elección de gobernadores, vamos a prepararnos para ganarlas’’, sostuvo. “Queremos que esta sea una mesa de diálogo victoriosa (...), que podamos navegar las aguas de lo que queda del año 2016, los años 2017 y 2018. Naveguemos en paz’’, exhortó Maduro.


En la misma línea el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, descartó un adelanto de los comicios presidenciales. “No hay referéndum ni hay elecciones generales, aquí lo que hay es revolución, felicidad y tranquilidad para nuestro pueblo’’, aseguró ayer ante miles de partidarios en Mérida (oeste).Otro punto planteado por la MUD es la liberación de lo que consideran presos políticos, pero Cabello rechazó que el diálogo se convierta en una ley de amnistía’’. “No puede convertir, la derecha venezolana, el diálogo en una ley de amnistía para que salgan los asesinos’’, dijo.


La oposición exigió resultados concretos del diálogo para ayer, bajo amenaza de retirarse de la mesa y retomar su ofensiva contra Maduro que incluye una marcha al palacio presidencial de Miraflores, suspendida el 3 de noviembre. Ante ello, Cabello señaló que el chavismo está preparado para contener una movilización opositora hacia Miraflores. “Si ustedes nos quieren ver en la calle, provoquen a este pueblo’’, desafió. Maduro había anunciado que el gobienro entregaría en la cita un documento con su visión de una salida a la crisis, y solicitó a la oposición no levantarse de la mesa. “Quiero que estén sentados en el proceso de diálogo que se inicia, hay que tener paciencia’’, dijo el mandatario en su programa radiofónico.


El diálogo se abrió cuando la tensión estaba al tope por la suspensión, el 20 de octubre, de un referendo con el que la MUD buscaba revocar el mandato de Maduro. De no fructificar el proceso, el conflicto podría escalar de nuevo. A la cita asistieron el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli, y los ex gobernantes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur.


Luego de la tregua de once días, la oposición, que quiere evitar que el gobierno use el diálogo para ganar tiempo, acudió a la mesa exigiendo resultados concretos. “Venezuela es una olla de presión y la válvula, que era el revocatorio, la soldaron. La MUD busca en la mesa la solución electoral. O nos devuelven el referendo o se activa un acuerdo para adelantar elecciones’’, declaró el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó una acción legal que buscaba reactivar la consulta, al declarar inadmisible un recurso presentado por la MUD, según un fallo difundido ayer.


“No estoy obsesionado con elecciones, mañana eso lo decidirá el pueblo en el 2018. Resolver lo económico, esa es mi obsesión’’, declaró Maduro. Pero para la oposición un cambio de gobierno es la única salida a la devastación económica del país petrolero, agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y una inflación que rondará este año 475 por ciento según el FMI. “Somos escépticos. Los venezolanos necesitamos señales de cambio. Estamos al límite, la situación económica es una bomba que puede explotar’’, declaró el ex candidato presidencial Henrique Capriles.


Analistas ven improbable que el gobierno acepte reactivar el referendo o adelantar elecciones. Según Luis Vicente León, presidente de Datan lisis, ello implicaría la salida del chavismo del poder, dada la impopularidad del 76,4 por ciento que tiene Maduro, según la firma Venebarómetro. “Parece que la tendencia de la oposición es negociar imposibles’’, declaró el politólogo socialista Nícmer Evans, fuerte crítico de Maduro. Para Evans la MUD cometió el error de paralizar, antes de ver logros del diálogo, la movilización en la calle, quedándose sin mecanismo de presión. “Lo demás es pedirle al otro que entregue todo (el poder) a cambio de nada’’, agregó Evans.


Además de la desactivación de las protestas, la presión internacional bajó con el diálogo, apoyado incluso por Estados Unidos. Pero la elección de Donald Trump abre ahora interrogantes sobre la actitud hacia el proceso de conversaciones. Los analistas ven más factible avanzar en otras áreas. La MUD también exige un canal humanitario de suministro de alimentos y medicinas. Además, la sustitución de autoridades electorales y de justicia -a las que acusa de oficialistas- y la restitución del Parlamento, de mayoría opositora pero declarado en desacato por la corte suprema.

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Domingo, 06 Noviembre 2016 07:07

Brasil, el golpe y el golpe dentro del golpe

Brasil, el golpe y el golpe dentro del golpe

A estas alturas, pasados casi seis meses del nombramiento de Michel Temer como presidente interino y poco más de dos de haber sido elevado a la categoría de presidente efectivo, tras el golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, el escenario político brasileño se ve cada vez más envuelto en nubarrones pesados y aciagos.


En los recientes días empezaron a ganar peso los rumores indicando que estaría en curso una nueva trama de los golpistas que elevaron Temer al poder: tumbarlo. Es decir: existen indicios clarísimos de que se acerca peligrosamente (para Temer) la hora y la vez del golpe dentro del golpe.


Hasta aquí la única demostración concreta de eficacia de parte del nuevo gobierno ha sido haber logrado un respaldo aparentemente sólido en el Congreso. Y aun así, ese respaldo sería una apuesta arriesgada: el sistema político brasileño se basa en el canje de intereses. Esa lealtad –no los principios ideológicos, éticos o políticos, sino puramente intereses– es algo muy relativo en mi país.


Del resto, Michel Temer y sus acólitos y cómplices lograron, en estos seis meses, hundir aún más un país que ya venía en muy mala racha.


La economía se desplomó de una vez, el desempleo sigue aumentando, y la tal retomada de la economía, así como de las inversiones, tan insistentemente mencionadas, siguen más lejos de la realidad que las niñas hermosas de Oaxaca de mi calle en Río de Janeiro.


Además, sigue pendiente, sobre el gobierno, la amenaza inminente de un desastre de proporciones olímpicas. Tan pronto se conozcan las denuncias del esquema de corrupción que hasta ahora sólo tuvo como blanco preferencial de una justicia parcial e injusta al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.


Para completar, el gobierno, como un todo, es un desastre y Michel Temer, en definitiva, no tiene la estatura moral y política para asumir el liderazgo de un país que está al borde de un precipicio oscuro.


Frente a tal cuadro, sería natural que empezasen a surgir rumores sobre la posible brevedad de su mandato. Temer no logró el tan soñado reconocimiento internacional (excepto del argentino Mauricio Macri, otro fundamentalista del neoliberalismo), enfrenta una dura resistencia de amplios sectores internos (todos, sin excepción, solemnemente ignorados o despreciados por la gran prensa brasileña) y, para completar, no logra hacer algo con que el país se mueva de su pantano. La principal resistencia no viene de los movimientos sociales o de los partidos de izquierda, sino de la juventud: hoy mismo, domingo 6 de noviembre, hay más de mil colegios de secundaria ocupados por miles de estudiantes protestando contra su gobierno. La resistencia se da lejos de las estructuras conocidas, lo que hace que sea más difícil deshacerla.


Lo que hasta hace poco eran puros rumores y especulaciones se hicieron palabra concreta.


Con la economía paralizada, sin haber conquistado legitimidad fuera de su círculo más estricto de fieles cómplices, Michel Temer está acosado.


Desde hace dos semanas empezó a barajarse el nombre del supuesto sucesor. La trama es clara: gracias al mismo Partido de la Social Democracia Brasileña PSDB), artífice del golpe que destituyó a Dilma Rousseff, corren, en el Tribunal Superior Electoral, un par de acciones pidiendo la impugnación del resultado de los comicios de 2014. Acusan a la planilla Dilma-Temer de haber cometido crímenes electorales, como abuso de poder económico y uso de recursos ilícitos para financiar su campaña.


Ahora se entra en la etapa final del juicio. Y condenar a los vencedores significa, directamente, alejar a Michel Temer de la presidencia que ocupa desde el golpe institucional alentado por el mismo PSDB: como Dilma ya fue destituida, el único reo del juicio es el actual mandatario.


Como sucesores suenan dos nombres. Uno, Nelson Jobim. Ha sido ministro de Fernando Henrique Cardoso, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Fue diputado y presidente del Supremo Tribunal Federal. Más camaleónico, imposible.
El otro nombre que suena es el del mismo Fernando Henrique Cardoso, figura patriarcal del neoliberalismo fundamentalista en Brasil.


Ambos tienen características propicias: no se postularían a la relección en 2018, y circulan libremente entre los apoyadores del golpe. Y al menos hasta ahora, no aparecen en las listas de denunciados por corrupción, al contrario de siete entre cada diez acólitos de Temer.


Así es que mi país se prepara para el futuro inmediato: son altas las posibilidades de que ocurra el golpe dentro del golpe.
Mientras, Temer, sin lograr la tan ansiada legitimidad, destroza lo que tiene por delante. El acoso a los derechos individuales que conforman un Estado democrático crece día a día. Y a cada minuto aumentan las sombras que indican que un estado de excepción acecha a la vuelta de la esquina.

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Maduro y opositores se sientan a la mesa en busca de un diálogo para superar la crisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición, se sentaron este domingo a la mesa en busca de un diálogo para superar la profunda crisis política que afecta al país.

Maduro, tres de sus delegados, Jesús Torrealba, secretario general de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y otros cuatro representantes de la oposición, se sentaron a la mesa en el Museo Alejandro Otero, ubicado en complejo cultural La Rinconada, en las afueras de esta ciudad, acompañados de los enviados del Vaticano y de Unasur, como facilitares de los acercamientos.

Había incertidumbre respecto de si la oposición acudiría a la cita, debido a que la MUD está dividida frente al diálogo. Este domingo Voluntad Popular (VP), uno de sus principales partidos, fundado por el encarcelado Leopoldo López, aseguró que al igual que otras 15 agrupaciones de la coalición, no asistieron a la reunión porque "no están dadas las condiciones".

El prelado italiano Claudio María Celli, representante del Vaticano, fue el encargado de abrir las pláticas.

"Asumo mi compromiso total y absoluto con este proceso de diálogo. A la MUD le tiendo la mano para dialogar", manifestó Maduro frente a los representantes de la oposición, en la mesa de conversaciones instalada por los facilitadores.

"Hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera sostenida y progresiva", añadió, y agradeció la presencia de la MUD antes de estrechar la mano de Torrealba. La MUD no tomó la palabra de inmediato.

Estuvieron presentes el ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas; los ex gobernantes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, así como la canciller venezolana Delcy Rodríguez y los funcionarios chavistas Jorge Rodríguez y Elías Jaua, entre otros.

Antes de empezar la reunión las partes cruzaron acusaciones por la convocatoria de la oposición a marchar el próximo jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores, a lo que el chavismo respondió con un llamado a sus partidarios a reunirse en la casa de gobierno el mismo día.

Las tensiones políticas en Venezuela arreciaron tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el mandato de Maduro, por fallos judiciales que anularon la recaudación de las firmas necesarias para activar la consulta.

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Orden, progreso y protesta en los Juegos de Río
Los contrastes se agravaron en las últimas semanas a medida que tanquetas militares y helicópteros artillados redoblaron su presencia en los barrios periféricos. El retorno de los militares a los morros marca una nueva fase en la lucha contra los narcos y los pobres.

 

Desde Río de Janeiro

 

Orden, progreso y abucheos. Todo el mundo da por seguro, incluso el propio Michel Temer, que hoy habrá una silbatina de reprobación contra su gobierno durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. “Estoy preparadísimo” para recibir la repulsa del público reconoció el gobernante en ejercicio desde mayo pasado luego del putch parlamentario que expulsó del Palacio del Planalto a Dilma Rousseff, la presidenta electa sometida a un impeachment que se tramita en el Senado.

 

Unos 3 mil millones de telespectadores asistirán al show de esta noche en el Maracaná, en el que será montado un sistema de sonido para “disimular” los eventuales silbidos contra Temer, con el propósito de evitar el bochorno internacional, reveló el diario Folha.

 

A través de una mordaza desinformativa avalada por las empresas periodísticas, el nuevo sistema político insiste en mostrarse como “democrático” ante la opinión pública brasileña, pero será difícil que ese dispositivo logre engañar por completo a toda la prensa mundial.

 

Ni a la comunidad diplomática, donde ya están advertidos de las anomalías democráticas de las que adolece el Brasil post Dilma.

 

Como lo indica el hecho de que menos de 50 presidentes y jefes de gobierno estarán este viernes en el palco oficial, menos de la mitad de los que participaron en la fiesta inicial de los Juegos de Londres de 2012. La mayoría de los presidentes latinoamericanos no viajará a Río, al igual que los líderes del grupo Brics, advertidos del nuevo rumbo que adoptó la política externa tras el desalojo de Dilma y el PT del gobierno.

 

Otro síntoma de la fractura institucional serán las ausencia seguras de Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los faltazos probables de sus colegas, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney y Fernando Collor de Mello. Y más allá de lo que suceda dentro del Maracaná, fuera del estadio seguramente habrá actos de protesta.

 

Desde su última trinchera, el Palacio de Alvorada, Dilma instó a la militancia democrática a que salga a la calle para denunciar el impeachment horas antes de la fiesta que marcará el inicio de los Juegos en Río, hacia donde ayer viajaron miembros de varias organizaciones sociales.

 

“Vamos a tener un gran acto aquí, denunciando a todo el mundo el golpe” prometió ayer Marcelinho Rodrigues, de la Central Unica de los Trabajadores, frente al hotel cinco estrellas Copacabana Palace.

 

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, dirigido por Guilherme Boulos, y los Campesinos Sin Tierra, coordinado por Joao Pedro Stédile, anunciaron protestas en la Ciudad Maravillosa y militarizada, ocupada por decenas de miles de efectivos del ejército y la policía prestos a cumplir la nueva Ley Antiterrorista, por la cual un manifestante provisto de un cóctel Molotov puede ser preso bajo el cargo de poner en riesgo la seguridad nacional.

 

Antes de viajar Río para pronunciar las palabras de apertura de los Juegos, Temer habló ante generales y almirantes a los que expresó su confianza, durante un discurso en el que enalteció la importancia de la “disciplina y la jerarquía”, como requisitos del nuevo orden autoritario en gestación. Y pronunció el lema “orden y progreso”, el eslogan que se repite en todos los anuncios oficiales sobre las Olimpíadas, evocando el lenguaje y los valores de la dictadura.

 

Estos juegos serán un momento fundacional de la nueva era política que se cristalizará con la probable destitución de Dilma.

 

En los años 70 el gobierno militar asociado a la cadena Globo desarrolló un sofisticada máquina de propaganda que sacó provecho de las gestas deportivas. “Brasil ámelo o déjelo” era una de las consignas propaladas para exaltar el patriotismo verde oliva a caballo de la Copa del Mundo conquistada por la selección de Pelé en México.

 

Ayer los jugadores de la selección china de básquet quedaron atrapados en un tiroteo en la zona norte de Río, donde continúa la guerra urbana entre los narcos, y la de éstos contra la policía, ahora apoyada por el ejército.

 

El retorno de las fuerzas armadas a los morros para garantizar la seguridad olímpica tal vez sea el preludio de una nueva fase de militarización de la guerra de baja intensidad contra los narcos, pero al mismo tiempo contra los cerca de 1,6 millones de pobres que habitan esas barriadas.

 

Los contrastes de Río de Janeiro se agravaron en las últimas semanas a medida que tanquetas militares y helicópteros artillados redoblaron su presencia en los barrios periféricos.

 

Un chico de seis años fue fotografiado esta semana mientras dormía en el patio de una vivienda humilde de la favela Complexo do Alemao, el único lugar relativamente seguro de la casa, ubicada en una zona donde hay enfrentamientos armados casi diariamente.

 

La madre del chico y otros vecinos se quejaron de los ataques indiscriminados de las fuerzas de seguridad, mientras Amnistía Internacional denunció el aumento del 40 por ciento de asesinatos policiales, en lo que caracterizó como una política deliberada para imponer el terror antes de los Juegos.

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Convención del Partido Demócrata en Filadelfia: Historia de una grieta

La Campana de la Libertad que se exhibe en el Independence Mall de Filadelfia, símbolo de la democracia estadounidense, es conocida por su famosa grieta. La campana fue fabricada en Londres en 1751 y se rajó la primera vez que fue golpeada, por lo que se la fundió y volvió a fabricar en Filadelfia, donde sonó durante alrededor de cien años en el Capitolio del estado de Pensilvania, que ahora se conoce como Independence Hall. Años más tarde, la campana se volvió a rajar y finalmente se dejó de utilizar y pasó a tener el significado simbólico que conocemos hoy, de inspiración a los movimientos por la abolición de la esclavitud y el sufragio de la mujer, entre otros. La Convención Nacional Demócrata que se celebró en Filadelfia esta semana también ha inspirado a muchas personas de diferentes movimientos sociales, como los movimientos por el control de armas, la justicia racial y económica y los derechos de las personas LGBTQ. Sin embargo, en el momento en que por primera vez en la historia de Estados Unidos una mujer fue nominada candidata a la presidencia por uno de los principales partidos, se ha suscitado una profunda división en el Partido Demócrata. El senador Bernie Sanders aceptó la derrota ante Hillary Clinton y apoyó su candidatura, pero muchos de sus seguidores no lo han hecho. Cientos de ellos se retiraron de la Convención a modo de protesta cuando se formalizó la candidatura de Clinton el martes por la noche.

 

La candidatura de Hillary Clinton es histórica. Tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Al final del proceso de votación llevado a cabo durante la Convención, se llamó a la delegación de Vermont, el estado de donde proviene Sanders, a subir al estrado para anunciar el voto de sus delegados, luego de que hicieran lo suyo los de Wyoming.

 

La portavoz de Vermont enunció los votos de los delegados y, a continuación, Bernie Sanders, cuya insurgente campaña sacudió las estructuras de la monstruosa campaña de Clinton, se puso de pie y tomó la palabra:

 

“Señora presidenta, propongo que la convención suspenda las normas de procedimiento. Propongo que todos los votos emitidos por los delegados se incluyan en el acta oficial y propongo que se proclame a Hillary Clinton candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos”. Tras las palabras de Sanders, se omitió realizar el conteo final de votos que cada candidato había obtenido y Clinton fue nominada “por aclamación”.

 

El estadio Wells Fargo se colmó de aplausos y ovaciones. Mientras miles de asistentes a la Convención entraron en estado de euforia, algunos cientos simplemente se retiraron. Entonando cánticos y consignas, 300 delegados de Sanders, entre ellos varios de Vermont que momentos antes habían estado en el estrado junto a él, salieron del estadio y se dirigieron a la sala de prensa para expresar su desacuerdo con el proceso y anunciar la campaña “No Voice, No Unity” (Sin voz no hay unidad).

 

La delegada de Sanders Felicia Teter afirmó ante las cámaras de “Democracy Now!”: “Nunca fuimos bienvenidos aquí, nunca quisieron que estuviéramos aquí. No están escuchando la voz del pueblo y siguen sin tener en cuenta los votos de la población. Le demostraremos al Partido Demócrata que si no nos incluyen y no nos aceptan en su partido, nos iremos y perderán frente a Trump, y no será nuestra culpa, sino la de ellos porque no escucharon a la población, no escucharon a la persona que llegó a la cima desde abajo. Simplemente nos ignoraron, nos excluyeron”.

 

Muchos delegados de Sanders mencionaron cuestiones en las que discrepan profundamente con Hillary Clinton, desde el apoyo inicial de la candidata al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y el desconocimiento de su posición actual al respecto, hasta su estrecha relación con Wall Street y su constante y sistemático apoyo a las interminables guerras en Medio Oriente, que continúan expandiéndose.

 

El acto de protesta de retirarse de la Convención fue también impulsado por la filtración de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) publicados por WikiLeaks apenas días antes de la Convención. Algunos de los mensajes demostraron que el DNC (LEER: “Comité Nacional Demócrata”) y su presidenta, la congresista Debbie Wasserman Schultz, hicieron un gran esfuerzo por perjudicar a Sanders y a su campaña. Los correos electrónicos fueron noticia durante todo el fin de semana. El lunes, Wasserman Schultz había anunciado su renuncia a la presidencia del DNC. Bernie Sanders acusó durante meses al Comité Nacional Demócrata de favorecer a Clinton a lo largo de la campaña. Ahora, sus seguidores tienen pruebas y muchos llevaban carteles con la leyenda “fraude” en el momento en que salieron de la Convención.

 

La Campana de la Libertad dejó de utilizarse debido a una rajadura apenas visible. La famosa grieta que se ve hoy en la campana se hizo a propósito, en un intento por repararla. El Partido Demócrata tiene un gran desafío por delante: lograr unir a sus miembros para derrotar a uno de los candidatos a la presidencia más intolerantes y divisivos, según algunas personas incluso fascista, de la historia moderna de Estados Unidos, Donald Trump. El partido tiene una grieta profunda y visible. La cuestión radica en si puede repararla a tiempo para derrotar a Trump.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El “99%” marchó por Wall Street contra la avaricia empresarial y la desigualdad

Nueva York, 5 de octubre. 
 

La presencia de una amplia gama de sindicatos transformó lo que comenzaron unos cientos de jóvenes, en su mayoría blancos, de universidades privadas el 17 de septiembre, no sólo en números sino en diversidad, y ha generado lo que muchos líderes sindicales y comunitarios afirman es un nuevo movimiento social por la justicia económica.
 

Algunas fuentes policiales estimaron en más de 10 mil los asistentes a la marcha y los organizadores calcularon el doble. Esta noche, al concluir el mitin, se reportaron algunas detenciones cuando un grupo de manifestantes trató de ingresar a Wall Street.
 

Bob Masters, director político del distrito noreste del sindicato de telefonistas CWA, en un mitin en apoyo al plantón, declaró: “Ocupa Wall Street ha lanzado un nuevo movimiento y juntos ganaremos”. Mientras miles continuaban llegando a la Plaza Foley en medio de los tribunales de Nueva York donde se celebró el mitin, Masters llamó a la “solidaridad, hermanos y hermanas. Todos juntos estamos diciendo: ¡ya basta!”
 

“Todo el día, toda la semana, Ocupa Wall Street”, coreaban mientras caminaban por Broadway. Entre ellos estaban las agremiadas al Sindicato Nacional de Enfermeras (con pancartas que decían “curamos a Estados Unidos”), trabajadores del metro, choferes de autobuses del TWU y trabajadores de tiendas departamentales del sindicato UFCW.
 

Con la brisa ondeaban banderas del sindicato de maestros UFT, del automotriz UAW, laboristas, del sector público AFSCME, de servicios SEIU, y el de profesores e investigadores de universidades de la ciudad de Nueva York, como Columbia.
 

También participó una amplia gama de organizaciones comunitarias, con latinos, hindúes, chinos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos y árabes, entre otros, sumados en solidaridad. “Filipino-estadunidenses apoyan Ocupa Wall Street”, se leía en una manta, y otra proclamaba lo mismo de parte de indígenas americanos.
 

Estudiantes abandonaron las aulas en varios planteles de la Universidad Estatal de Nueva York para sumarse a las protestas.
 

Multitud de expresiones mostraba el mosaico de pancartas hechas a mano. “Come a los ricos”; “Si el gobierno no puede detener a Wall Street, nosotros lo haremos”; “Cuando los ricos roban a los pobres se llama negocio. Cuando los pobres se defienden se llama violencia”; “Protejan las escuelas, no a los millonarios”.
 

Circulan un par de camisetas de estadunidenses con la imagen de Zapata, y un joven que ha estado en la Plaza Libertad desde el 17 de septiembre mostró orgulloso un emblema del EZLN al enterarse de que La Jornada cubría la marcha.
 

“Lo mismo que sucedió en Egipto sucede aquí; ya no podemos aguantar más”, afirmó Hank, integrante del sindicato de trabajadores del transporte público TWU, cuando marchaba. Un turista español tomaba fotos de la marcha y comentaba a sus compañeros: “mira, qué bonito, igual que nosotros”.
Al pasar autobuses de turismo, los manifestantes gritaban: “dejen de tomar fotos y mejor únanse a nosotros”. Otros alertaban al ejército de policías: “Ustedes también son parte del 99 por ciento, vengan con nosotros”. Trabajadores de la construcción que laboran en un edificio cercano se pusieron a leer copias del periódico el Wall Street Journal Ocupado.
 

Todo empezó cuando una marcha desde la plaza ocupada a un par de cuadras de Wall Street se dirigió hacia la Plaza Foley, a unas 10 cuadras de distancia. Al llegar ahí se escuchó un ensordecedor grito de júbilo al momento de encontrarse con un mitin organizado por los principales sindicatos de Nueva York junto con organizaciones comunitarias.
 

Después de los inevitables discursos, se realizó la marcha de regreso a la rebautizada Plaza Libertad, movimiento que tardó un par de horas por su tamaño. Así se celebró la solidaridad entre Ocupa Wall Street, sindicatos y agrupaciones comunitarias.
 

El movimiento capturó la pasión de millones en EU: AFL-CIO

Desde Washington, el presidente de la central obrera nacional AFL-CIO, Richard Trumka, hizo una declaración pública: “el movimiento conocido como Ocupa Wall Street ha capturado la pasión de millones de estadunidenses, quienes ya han perdido la esperanza en los políticos de esta nación, y ahora con estos actos hablan directamente a ellos. Apoyamos a los manifestantes en su determinación de responsabilizar a Wall Street por sus acciones y demandar que se creen empleos. Estamos orgullosos de que hoy en Wall Street, choferes, pintores, enfermeras y trabajadores de servicios básicos se unen a estudiantes y propietarios de casas, a desempleados y a los que no tienen empleos fijos, para hacer un llamado por los cambios fundamentales que se necesitan”.
 

Poco antes, los integrantes del comité ejecutivo –presidentes de sindicatos nacionales– habían aprobado de manera unánime dar apoyo a Ocupa Wall Street.
 

También se realizaron acciones semejantes en otras partes del país. En Boston, cientos de estudiantes y enfermeras sindicalizadas hicieron un mitin en protesta por los altos costos de la educación y las reducciones en presupuestos de salud, y por lo que definen como el “control corporativo del gobierno”. En Seattle se reportaron arrestos cuando unos ocupas rehusaron acatar órdenes de abandonar un espacio público.
 

En Los Ángeles, reporta la agencia Ap, hubo un trato diferente del gobierno después de que los concejales aprobaron una resolución en apoyo de los Ocupa Los Ángeles, y la oficina del alcalde Antonio Villaraigosa distribuyó 100 ponchos de plástico para proteger de la lluvia a los integrantes del plantón. También se organizaron acciones en Boise, Idaho y varias ciudades más.
 

Hoy este movimiento dio un giro que no sólo amplió sus bases, sino que si esta naciente alianza de estudiantes y trabajadores se logra consolidar, podría transformar el panorama político de este país.
 

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