Lunes, 29 Junio 2020 06:28

Cien días que sacuden a EU

Cien días que sacuden a EU

El pasado y el futuro se enfrentan en las calles, dentro de lo que es en los hechos un "Estado fallido" (uno que no puede o no quiere solucionar las necesidades básicas de su pueblo), donde un régimen con tintes neofascistas cada día más desesperado y, por tanto, más dispuesto a hacer lo antes impensable para mantener su poder se enfrenta con una ola novedosa de rebeldes y disidentes que buscan transformar, por fin, un sistema de violencia social, económica y política. O sea, el sistema estadunidense está (¿cómo evitar ese palabra sobreusada y casi eterna, "crisis"?) en un momento de implosión –algo que podría ser muy peligroso para todos más allá de las fronteras si resulta ser explosión– o de transformación.

Aun no se sabe cuál.

La defensa del pasado se coordina por un bully asustado en un búnker subterráneo en la Casa Blanca. El comandante de las fuerzas oscuras del pasado es responsable de más de 100 mil muertes evitables (mil de ellas de mexicanos en Estados Unidos) por su manejo criminal de la pandemia, de entre 20 y 40 millones de desempleados, de un aumento en los crímenes de odio racial, del aumento, según el FBI, de actos de terrorismo de agrupaciones de ultraderecha; de colocar a familias con niños en jaulas, de calificar a todos sus opositores como "traidores" al país (incluyendo su antecesor), de amenazar con reprimir con fuerzas militares a ciudadanos estadunidenses que se manifiestan en las calles, de acusar a los inmigrantes de todo el crimen, las violaciones, y ahora del Covid-19, desmantelar normas y medidas para protección del medio ambiente y la salud pública, y ni hablar de la destrucción de acuerdos y normas multilaterales. Es seguramente el único presidente que ha logrado que coincidan desde ex generales, incluyendo jefes del Estado Mayor, a figuras como Noam Chomsky y Angela Davis de que Trump es una amenaza a la democracia de Estados Unidos y la sobrevivencia del planeta, una amplísima gama de voces han concluido que es "el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos". Esa defensa del pasado de dominio blanco y lo más salvaje del capitalismo implica aplastar todas las fuerzas que rehúsen someterse, suprimiendo sus voces, amenazando represión o deportándolos del país. El presidente ha declarado a todos los que lo cuestionen o se atrevan a frenarlo como "enemigos del pueblo".

El rescate del futuro está ahora en las calles con un grito de basta ya (con 400 años de ecos) contra la violencia racista sistémica. Aunque las expresiones masivas en las calles que llevan más de un mes sin parar fueron detonadas por otro acto más de violencia racista oficial, el nuevo movimiento surge de años de organización por varios sectores que de repente se encuentran juntos en las calles. Y es que es una respuesta que evoluciona de un incidente más de violencia por la policía a uno contra la violencia de un sistema económico, político y social, construido desde sus orígenes sobre el sometimiento y explotación brutal violenta de esclavos africanos, de indígenas estadunidenses y después, hasta hoy día, de olas de inmigrantes de todo el mundo.

Es esa historia de violencia la que se modifica en estos días, hasta de manera física. No sólo se derriban símbolos de la historia racista e imperial, sino se ha obligado a instituciones de cúpula y de la élite a reconocer su complicidad histórica. Por ejemplo, en días recientes la Universidad de Princeton anunció que quitaría el nombre del presidente Woodrow Wilson de sus instalaciones y programas por su historia imperial y racista.

A mediados de marzo, se declaró oficialmente una emergencia nacional y Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia mundial; como resultado de la tardía y caótica puesta en marcha de medidas de mitigación, se provocó una magna crisis económica, y hace un mes, un hombre afroestadunidense con una rodilla de un policia sobre su cuello articuló sus últimas palabras, "no puedo respirar". Son 100 días que han sacudido a Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=JUnc3kl0DcA

https://www.youtube.com/watch?v=GG8LcqR1kqw

https://www.youtube.com/watch?v=216QGXho0ro

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La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

 

Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía ahora las tienen en cuenta muy en serio.

Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de EE UU. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente —1.000 personas cada año— serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.

Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.

Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50% en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.

Pero un recorte del 50% se puede regatear hasta el 10%, y el 10% hasta el 2%, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística —ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías— basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso, la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.

¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en EE UU, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía sí.

¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 70:

“Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas “reactivas” limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter “proactivo”, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona “de control”, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60% del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la “percepción de riesgo” de los residentes”.

Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10% del total del turno; era raro que subiera hasta el 20% (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.

¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez:

“Una serie de estudios llevados a cabo en EE UU revelan que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40% de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10% están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50% de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.

Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba:
“Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.

Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”.De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quien llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.

El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.

Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.

También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.

Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.

En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan de hecho muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los valientes policías pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.

En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en EE UU, la atención sanitaria).

Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En EE UU, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que –como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.

Este artículo ha sido editado por Globetrotter, un Proyecto del Independent Media Institute. Justin Podur es un escritor que vive en Toronto y colaborador de Globetrotter. Puedes encontrarle en su página podur.org y en su cuenta de Twitter @justinpodur. Es profesor en la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Es autor de la novela Siegebreakers.

Por Justin Podur

Tradución: Diego Sanz Paratcha

25 jun 2020 06:00

Artículo original: https://zcomm.org/znetarticle/policing-is-irrelevant-for-public-safety/

Traducido para El Salto por Diego Sanz Paratcha.


En Estados Unidos se debate la abolición de la policía

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Por Oscar Vargas | Rebelión. 25/06/2020

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

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Lunes, 22 Junio 2020 05:48

Historia presente

 Después de que manifestantes derribaron el viernes dos estatuas en el Viejo Capitolio en Raleigh, Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper ordenó ayer el retiro de otros monumentos a la Confederación, citando preocupaciones de seguridad pública.Foto Ap

Estatuas, retratos, bustos, monumentos y otros símbolos de figuras y políticas opresoras –esclavistas, imperialistas, conquistadores– caen por todo el país, muchas derribadas por manifestantes y activistas y otras retiradas por órdenes oficiales como intentos para "reconocer" las demandas del movimiento contra el racismo sistémico que estalló hace un mes.

Algunas de ellas habían decorado el escenario oficial de capitolios y otras sedes de gobierno, parques públicos, escuelas y universidades y hasta los encuentros deportivos. Durante años, activistas de vez en cuando denunciaban su presencia por no se lograba mucho. Pero de repente, una tras otra está cayendo por la fuerza o por temor a esa fuerza.

Es una magna lección de historia y/o un levantamiento contra la historia oficial, y/o una rebelión contra esa arma secreta de la cúpula en este país –la amnesia histórica, clave para imponer políticas contra mayorías, lanzar guerras y suprimir la memoria colectiva del pueblo.

Indígenas en alianza con Black Lives Matter tumbaron la estatua de Junípero Serra –el fraile español de las misiones católicas de California– en la Placita Olvera de Los Ángeles. En San Francisco cayó otra de Serra junto con una de Ulysses Grant –el general de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil y después presidente– y otra más de Francis Scott Key, autor del himno nacional de Estados Unidos. Ambos fueron dueños de esclavos.

Ni los padres fundadores se salvan: estatuas de George Washington y Thomas Jefferson, quienes eran dueños de esclavos, han sido tumbadas en varios lugares.

En Virginia, Carolina del Norte, Georgia y otros estados sureños se han derribado o los gobernantes se han visto obligados a retirar estatuas y otros monumentos a la Confederación –los estados sureños que defendieron la esclavitud entre otras cosas en la Guerra Civil. La bandera de la Confederación de repente está prohibida en algunos encuentros deportivos y en instituciones públicas.

En Washington, la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, ordenó remover del recinto los retratos de cuatro ex presidentes vinculados con el régimen de esclavitud en los estados sureños. "No hay lugar en los pasillos del Congreso o cualquier lugar de honor para distinguir a hombres que encaran la intolerancia violenta y el racismo grotesco de la Confederación", proclamó (aunque vale señalar que esos retratos han estado ahí durante décadas sin que molestaran a los políticos, incluyéndola a ella, hasta ahora). En Charleston, Carolina del Sur, las autoridades anunciaron que removerán la enorme estatua de 30 metros de altura de John Calhoun, ex vicepresidente y senador y uno de los defensores mas feroces de la esclavitud en el siglo XVIII.

Estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas y/o dañadas; también, las de otros conquistadores, como Juan de Oñate en el suroeste del país.

Estos actos contra símbolos son parte del rescate de la historia de este pueblo, algo que suele brotar con toda rebelión popular. En las calles los manifestantes rescatan viejas canciones: Which side are you on, We shall overcome, y otras letras de lucha, junto con las de tiempos recientes, rescatando estrofa por estrofa la memoria. Algunas pancartas sencillamente dicen "1619" –el año en que llegaron a estas costas los primeros esclavos africanos. Otras ofrecen versos del gran poeta Langston Hughes, algunas más de Martin Luther King, como las escritas sobre el triplay colocado frente de vitrinas de tiendas de lujo en Nueva York, entre ellas: "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, sólo el amor puede hacer eso". Pasa una bicicleta en una marcha con un anuncio pegado: "Esta máquina mata fascistas", la misma frase que estaba sobre la guitarra de Woody Guthrie, quien cantaba sobre las luchas de trabajadores e inmigrantes al acompañarlos por las calles y los campos de este país en los años 30 y 40.

De repente, en este levantamiento, se lee, se conversa, se rescata la historia. De repente, la historia esta presente, un requisito para crear otro futuro.

https://youtu.be/gYDo0ZjXegM

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En la cuarta semana de protestas contra la violencia oficial racista, ayer se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que la comunidad afroestadunidense marca como el día de su liberación, en recuerdo del acto del 19 de junio de 1865, cuando a los últimos esclavos africanos en Texas se les informó que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y a dos meses de que terminó la guerra civil. La imagen, en el puente de Brooklyn, Nueva York. Foto Afp. / David Brooks, corresponsal

Nueva York., El movimiento de protesta contra el racismo sistémico festejó el día de liberación de los afroestadunidenses con cientos de acciones a lo largo del país: marchas en Washington –que asustaron a la Casa Blanca–, el cierre de todos los puertos de la costa oeste, haciendo presente la historia en las calles "cultivando alegría dentro de la resistencia" y la promesa de cambiar la historia.

En la cuarta semana de protestas, foros, mítines, marchas y actos culturales, este viernes se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que para la comunidad afroestadunidense marca el día de su liberación y recuerda el 19 de junio de 1865, cuando esclavos africanos en Texas fueron los últimos en ser informados de que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y dos meses después de terminada la Guerra Civil poniendo fin a la esclavitud. La fecha se celebra por comunidades afroestadunidenses desde entonces.

Esta vez el aniversario –celebrado ahora por millones– se entremezcla con furia y movilización, cuando marchas por todo el país entonaron otra vez "las vidas negras valen". En cientos de ciudades hubo tanto marchas como bailes y banquetes, mientras el sindicato de estibadores ILWU clausuró los 29 puertos de la costa oeste del país en solidaridad con el movimiento.

De Nueva York a Los Ángeles hubo marchas combinadas con baile colectivo, y se escuchaban nuevos himnos entremezclados con canciones de lucha y desafío político, como Fight the Power de Public Enemy y jazz de Nueva Orleans, percusión africana y blues.

A diferencia de otros años, la clase política, empresas y gran parte del establishment se vieron obligados a reconocer el Juneteenth. Varios alcaldes y empresas han promovido que el día sea feriado, y hay iniciativas de legisladores federales para hacerlo una fecha oficialmente reconocida.

El levantamiento multirracial sigue sorprendiendo a la cúpula del país y su poder, apoyado por una gran mayoría de la opinión pública, ha obligado a impensables cambios inmediatos, desde procesos judiciales a policías, quienes suelen operar con impunidad, a medidas para reducir los presupuestos policiacos y propuestas de reformas a nivel federal, hasta la remoción de símbolos y monumentos oficiales racistas por todo el país.

Pero los líderes jóvenes de este movimiento, algunos veteranos de las luchas por los derechos civiles y sus aliados, reiteraron ayer en múltiples foros que este movimiento busca mucho más que sólo más reformas y compromisos de políticos sobre la policía, sino cambios a la violencia oficial sistémica que se expresa en la desigualdad económica, los obstáculos y supresión del sufragio efectivo y también algunos incluyen en su agenda la reforma del sistema penal masivo, el respeto a los derechos de los indígenas y de los inmigrantes, hasta la defensa el medio ambiente

"Tenemos que cultivar la alegría dentro de la resistencia" comentó ayer Nikita Mitchell, coordinadora nacional de The Rising Majority, una de las coaliciones que forma parte del incipiente movimiento que nació con el estallido de protestas por el asesinato de otro afroestadunidense a manos de un policía blanco hace cuatro semanas.

Indicó que esa colación está trabajando con sindicatos nacionales como el de servicios, los activistas de jóvenes indocumentados de United We Dream, el Movimiento por Vidas Negras, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, ambientalistas y otras organizaciones más para ampliar este movimiento ahora en las calles [https://therisingmajority.com].

Mitchell señaló que el enfoque de la lucha es contra el "capitalismo racial" que afecta a todos los sectores de color, como también a migrantes, y que es culpable del modelo extractivista que amenaza al medio ambiente. "El cambio nos requiere a todos" para "construir una izquierda poderosa para la democracia radical".

Ash-Lee Woodward Henderson, integrante del Movement for Black Lives [https://m4bl.org], parte del amplísimo mosaico de redes, colaciones y agrupaciones que forman parte y están definiendo este nuevo movimiento, comenta que "la supremacía blanca es un problema global" que afecta a todos dentro y fuera del país, y se requiere de una lucha internacional para desmantelarla. La también codirectora del histórico centro de educación y capacitación popular Highlander Center explicó que una de las demandas centrales del movimiento, desfinanciar a la policía, "es parte de una estrategia a largo plazo que incluye reimaginar la seguridad pública y parte de reimaginar un nuevo mundo".

“Esta es la hora para reimaginar en lo que Estados Unidos se puede convertir si ‘nosotros, el pueblo’ significa todos nosotros. Estados Unidos necesita lo que este movimiento tiene la intención de hacer: cambiar la historia…”, escriben los reverendos William Barber y Liz Theoharis, y los intelectuales Timothy Tyson y Cornel West en un artículo en el New York Times.

Este sábado, el Movimiento de los Pobres –encabezado por Barber y Theoharis y que recupera el ultimo proyecto de Martin Luther King hace más de medio siglo– realizará una "Asamblea masiva de los pobres y marcha moral" ahora de manera digital por el Covid-19, para promover "una reconstrucción radical de nuestra nación", donde participarán sindicatos, organizaciones de justicia social y religiosas, y artistas como Danny Glover y Jane Fonda, entre otros [https://es.poorpeoplescampaign.org].

Barber sugirió que aunque algunos desean establecer Juneteenth como día festivo federal, "por qué no vamos más allá para promover el acceso a la salud y sueldos dignos para todos" y pleno respeto del derecho al voto, entre otras cosas urgentes "y no sólo un día feriado".

Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ordenó un informe, el cual será preparado por la alta comisionada Michele Bachelet, sobre el racismo sistémico y abusos contra descendientes africanos con un enfoque en la violencia policiaca. La iniciativa original buscaba establecer una comisión internacional de investigación para evaluar los actos en Estados Unidos, apoyada por varios países africanos y más de 600 organizaciones de derechos humanos en decenas de países, pero Washington logró diluir el enfoque insistiendo en que se trata de un problema global.

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En repudio al racismo, miles de personas marcharon ayer en el centro de Atlanta convocadas por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.Foto Ap

Cae el orgullo de ser estadunidense, según sondeo // Forense determina que el caso de Brooks fue homicidio

 

Nueva York. Comienza la cuarta semana de protestas por la violencia racista oficial en Estados Unidos nutrida por más casos de abusos de fuerza policiaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública, mientras –entre la pandemia del Covid-19 y la pandemia del racismo– los estadunidenses ya no están tan orgullosos de su país.

La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields –una reformadora–, entregó su renuncia horas después de que uno de sus policías asesinó a Rayshard Brooks, otro afroestadunidense, el viernes pasado. El servicio forense del condado donde se ubica esa ciudad determinó la noche del domingo que la muerte de Brooks fue homicidio causado por dos balazos que policías blancos le dieron por la espalda. El lunes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció una serie de reformas inmediatas sobre el uso de fuerza por policías.

Mientras, la Casa Blanca dejó saber que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, posiblemente hoy, sobre el tema de abuso policiaco, pero reiterando su apoyo a "la ley y el orden", aunque obviamente procediendo bajo presión de la opinión pública que de manera mayoritaria apoya el grito masivo en las calles.

Por su parte, legisladores demócratas se preparan para aprobar en la Cámara de Representantes –donde tienen mayoría– un proyecto de ley que incluye una serie de reformas a la conducta policiaca, entre ellas mayor rendimiento de cuentas, pero es improbable que prospere en el Senado, bajo control republicano, y menos que sea promulgado en ley por el presidente.

El casi abanderado demócrata para la presidencia, Joe Biden, se encuentra bajo presión para anunciar propuestas más ambiciosas que su sugerencia de incrementar –justo contrario a una de las demandas de los manifestantes– el gasto federal para la policía por 300 millones de dólares para impulsar mayores controles.

En Nueva York, el comisionado de policía, Dermot Shea, anunció de manera sorpresiva que la unidad anticrimen violento compuesta por unos 600 agentes de policía y responsable de la mayoría de casos de uso de fuerza letal, será desmantelada.

Estas son sólo algunas de las promesas de reforma en respuesta a la ola de protestas que siguen sacudiendo al país, pero líderes de derechos civiles, historiadores y diversos protagonistas de este movimiento critican que este debate sobre reformas no es nuevo ni suficiente.

Como para ilustrar eso, en las últimas semanas y meses, jefes de varios departamentos de policía han sido despedidos o han renunciado, entre ellos, hace hace unos días, el de Louisville, Kentucky; y, en los últimos meses, en Chicago y Baltimore, entre otros, adonde llegaron para reformar esos departamentos después de severos abusos de fuerza e impunidad.

A su vez, algunos policías señalan que a veces ellos son los chivos expiatorios de los políticos que giran las órdenes que ellos cumplen, sólo para después ser acusados de abusos. “No nos traten como animales… Los legisladores nos han abandonado”, chilló Pat Lynch, jefe del gremio de policías en Nueva York hace unos días.

Ante esto, está creciendo el coro entre manifestantes con la nueva consigna de "desfinanciar a la policía" o hasta abolir los departamentos de policía para sustituirlos con otro tipo de protección de seguridad pública.

El concejo municipal de Minneapolis ya aprobó la medida de disolver su departamento de policía y en otras ciudades, incluidas Nueva York y Los Ángeles, se está contemplando reducir los presupuestos de la policía y trasladar esos fondos a programas sociales.

Críticos han señalado que esos presupuestos se han multiplicado en años recientes, junto con el sistema penal que encarcela a más gente que cualquier otro país del mundo, que se ha militarizado la policía con la compra de equipo de guerra y estrategias de "ocupación" de comunidades, mucho de ello justificado en las últimas dos décadas como parte de la lucha antiterrorista, y antes de eso como parte de la "guerra" contra las drogas.

El presupuesto del departamento de policía de Nueva York es de 6 mil millones de dólares, lo cual lo colocaría como el número 33 de los gastadores militares en el planeta, calculó Public Citizen.

A la vez, algunos están subrayando que la violencia policiaca es sólo una expresión del racismo sistémico en Estados Unidos, y que una solución tiene que abordar la violencia de las injusticias económicas y sociales contra minorías que prevalecen en el país.

“Nunca hemos sido testigos de manifestaciones sostenidas de estas dimensiones y tan diversas… eso es lo que le está dando mucha esperanza a la gente. Antes, muchos, en respuesta a la consigna ‘las vidas negras valen’, preguntaban ‘¿no deberíamos decir que todas las vidas valen?’ Pero finalmente están entendiendo que mientras la gente afroestadunidense es tratada de esta manera, mientras continúe la violencia del racismo tal como está, entonces nadie está seguro”, comentó la veterana luchadora de liberación afroestadunidense y derechos civiles Angela Davis en entrevista con The Guardian.

Quizá por todo esto, el "orgullo nacional" de los estadunidenses se desplomó a su nivel más bajo. Según la encuesta de Gallup, el nivel de orgullo de ser estadunidense sufrió un declive de 7 puntos a sólo un 63 por ciento comparado con el año pasado, para llegar a su nivel más bajo desde que la encuestadora empezó a registrar esta opinión en 2001.

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Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

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Sábado, 13 Junio 2020 06:22

Cuando un acto brutal ultraja a todos

Cuando un acto brutal ultraja a todos

El 8 de junio pasado, el National Bureau of Economic Research ‑‑la máxima autoridad académica del estudio de los ciclos de la economía de Estados Unidos‑‑ dictaminó que ese país entró en recesión en febrero de 2020, por primera vez desde 2009. Pero la noticia se difundió con gato encerrado: el New York Times, la agencia AP y otros medios agregaron que ello ocurrió por el cierre de la economía norteamericana debido a la pandemia del covid-19, lo cual es mentira. Esa falsedad insinúa que el problema no radica en un agotamiento estructural de la economía norteamericana, sino en esta fortuita plaga biológica.

No obstante, los analistas suelen considerar recesión al efecto de dos cuatrimestres consecutivos de contracción económica, lo que sitúa los orígenes de la crisis económica en el último período del año 2019, antes de que ese virus entrase en escena. Sin embargo, para ese entonces los reportes sobre la inminencia de una recesión en Estados Unidos ‑‑y en Europa‑‑ ya eran frecuentes en la prensa internacional. Y para los latinoamericanos la cuestión era aún más evidente, porque nuestras economías ya venían de mal en peor desde mucho antes.

Ese equívoco poco tiene de inocente. El primer enfermo por covid‑19 en Estados Unidos se anunció el 21 de enero de 2020 y fue un viajero que hacía poco había regresado de Wuhan al estado de Washington. Pero no fue sino hasta el 30 de enero y el 26 de febrero que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el primer y segundo casos de pacientes sin exposición al virus por viajes o contacto con alguna persona infectada. Hasta esa fecha, los demás casos conocidos correspondían a individuos que recién habían visitado China. No fue sino al final de febrero, el día 29, cuando en el estado de Washington se dio la primera muerte por covid‑19 en Estados Unidos.[1]

Estadísticamente, la curva de los casos de enfermedad y de fallecimiento de víctimas de la pandemia en ese país permaneció baja hasta mediados de marzo, cuando se disparó, volviéndose muy alta en abril. Por lo tanto, no cabe atribuir al covid-19 una recesión comenzada en febrero. Porque esa contracción económica surgió antes y debido a causas endógenas. Lo cual no es una observación casual: señala que cuando la pandemia haya concluido las causas originales de la crisis económica aún seguirán activas, puesto que tienen otro origen. Para cuando ello pase no será fácil definir si eso corresponderá a la vieja o a una nueva “normalidad”.

Esto, obviamente, no implica que esta pandemia sea ajena al actual fenómeno. Al contrario, al expandirse ella enseguida aceleró la recesión, le imprimió insólita complejidad y agravó sus repercusiones. La suma de la recesión más la pandemia ‑‑con los efectos tanto de paralización de actividades como de alto riesgo de su reapertura‑‑ pronto implicó que la economía estadunidense retrocediese más aún, anticipando una caída adicional del PIB. La tasa de desempleo subió del 3.5% de enero a un 14.7% en marzo, la mayor registrada desde la Gan Depresión.

El Banco Mundial afirma que esta será la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, ya que este año la economía estadunidense se contraerá un 6,1% y la de Zona del Euro un 9,1%, mientras que el crecimiento económico de China será un 1% más lento. Si bien el Banco espera que en 2021 la economía global pueda repuntar un 4.2%, la pandemia todavía será una amenaza para el mercado financiero y el comercio mundial. A su vez, la OCDE prevé una crisis mundial sin precedentes, con dos opciones: con o sin rebrotes al reiniciar actividades. Mientras, seguirá en la cuerda floja de la incertidumbre hasta tanto haya una vacuna al alcance de todos. Pero predice que el PIB mundial se contraerá un 7.5%, incluso si no hay rebrotes.

Anthony Fauci, el principal responsable científico de la lucha contra el covid‑19 en Estados Unidos, advirtió que ese país “aún está en el inicio” de la pandemia. Aunque esta sigue causando estragos, los estados de la Unión continúan sin contar con un criterio unificado ni siquiera para aumentar los testeos, indispensables para combatir la enfermedad. Es un virus nuevo, fácilmente transmitible, que además de afectar las vías respiratorias puede causar otros daños a los enfermos, y Fauci se reconoce sorprendido por “lo rápido que se extendió por el planeta”. Los expertos reiteran que la falta de una estrategia nacional ‑‑cosa que el presidente Trump está lejos de aportar‑‑ deja a los estadunidenses librados al azar.[

Pero no todos la pasan mal. Según un informe del Institute for Policy Studies y Americans fo Tax Fairness, entre mediados de marzo y mediados de mayo ‑‑durante la cuarentena parcial‑‑ los estadunidenses más ricos aumentaron sus fortunas en 434 mil millones de dólares. Aunque hay quien dice que el virus no discrimina entre clases y fronteras, al mismo tiempo 38.6 millones de trabajadores perdieron su empleo en Estados Unidos, y el nivel de insuficiencia alimentaria creció.

Como ha escrito el analista académico y ex secretario de Trabajo Robert Reich, “Todos estamos enfrentando la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. La desigualdad económica en Estados Unidos ha producido dos pandemias muy diferentes: en una, los multimillonarios se están aislando en sus yates en el Caribe, y las familias ricas pueden pasar la cuarentena en mansiones multimillonarias. En el otro barco está la gente que arriesga la vida por su empleo y las personas sin ingresos que están pasando hambre”.

Más lacónico pero no menos elocuente fue el senador Bernie Sanders, quien comentó que “una nación no es sostenible cuando tan pocos tienen tanto mientras tantos tienen tan poco”.

En semejantes circunstancias cómo puede extrañar que el brutal asesinato de Geroge Floyd, como gota que derrama la copa, tras ultrajar a toda la sociedad, movilice a millones de mujeres y hombres blancos, latinos, indígenas, mestizos, capas medias, trabajadores, empleados precarios e intelectuales de todo color, junto a los negros, igualmente hartos de semejante régimen de extrema desigualdad y múltiples discriminaciones, que insiste en retornar a su “normalidad”, a la cual ‑‑crisis tras crisis‑‑ una y otra vez quiere volver.

Por Nils Castro

Intelectual panameño.

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“El imperio estadounidense está implosionando”

Entrevista al profesor y activista afroamericano Cornel West

 

Cornel West, filósofo y activista por los derechos humanos y miembro de Socialistas Democráticos de América, dice: «…me gustaría establecer la conexión entre lo local y lo global, porque cuando se siembran las semillas de la avaricia: en la arena doméstica, desigualdad y, en la arena internacional, los tentáculos imperiales, con 800 unidades militares en el exterior, la violencia y AFRICOM en África, cuando se apoyan diversos regímenes, algunos dictatoriales en Asia, y todo lo demás. Hay una relación entre las semillas de la violencia que siembras fuera y también dentro».

Mientras miles de personas, de costa a costa, se han lanzado a las calles estos últimos días para protestar por el asesinato, sancionado por el Estado, de personas negras, el país se enfrenta a la mayor crisis de salud pública en generaciones y la tasa de desempleo es la más alta desde la Gran Depresión, el profesor Cornel West califica a Estados Unidos de “civilización capitalista depredadora obsesionada con el dinero, el dinero, el dinero”. West también establece conexiones entre la violencia estadounidense en el extranjero y dentro del país: “Hay una conexión entre las semillas que siembras de violencia externa e internamente”. Cornel West (Tulsa, 1953) es filósofo y activista por los derechos humanos y miembro de Socialistas Democráticos de América. Ha enseñado en la Universidad de Harvard y de Princeton. Su obra se centra en el estudio del papel de la raza, género y clase en la sociedad estadounidense. 

NERMEEN SHAIKH: Dr. Cornel West, ¿podría responder a lo que ha dicho la profesora Yamahtta Taylor? Estará lógicamente de acuerdo en que el asesinato de George Floyd ha sido un linchamiento. Usted también ha expresado que este asesinato y las manifestaciones que se han producido después demuestran que EE.UU. es un experimento social fallido. ¿Podría responder a eso y también a la manera en que el Estado y las fuerzas policiales han respondido a las manifestaciones, tras el asesinato de George Floyd, que ha sido llamar a la Guardia Nacional en tantas ciudades y estados del país?

CORNEL WEST: No cabe ninguna duda de que esta es la hora de la verdad para Estados Unidos. Pero lo que me gustaría es establecer la conexión entre lo local y lo global, porque cuando se siembran las semillas de la avaricia: en la arena doméstica, desigualdad y, en la arena internacional, los tentáculos imperiales, con 800 unidades militares en el exterior, la violencia y AFRICOM en África, cuando se apoyan diversos regímenes, algunos dictatoriales en Asia, y todo lo demás. Hay una relación entre las semillas de la violencia que siembras fuera y también dentro. Lo mismo puede decirse de las semillas del odio, del supremacismo blanco que odia a las personas negras, del odio antinegros, que tiene su propia dinámica en el contexto de una civilización capitalista depredadora que está obsesionada con el dinero, dinero, dinero, la dominación de los trabajadores, la marginalización de los que no encajan (hermanos gais, hermanas lesbianas, transexuales y demás). Esa es precisamente la relación de la que habla mi querida hermana profesora Taylor, de cómo el imperio estadounidense está implosionando, de cómo se están tambaleando sus cimientos, a raíz de las sublevaciones desde abajo.

El catalizador ha sido, sin duda, el linchamiento público del hermano George Floyd, pero los fallos que tiene la economía capitalista depredadora para satisfacer las necesidades básicas de comida, asistencia sanitaria y educación de calidad, de trabajos con un salario digno y, por otra parte, la desintegración de la clase política, la desintegración de la clase profesional. Su legitimidad ha sido puesta en tela de juicio de forma radical desde una perspectiva multirracial. Pero esa es la dimensión neofascista de Trump; esa es la dimensión neoliberal de Biden, de Obama, de los Clinton y de todos los demás. Y eso también incluye a una gran parte de los medios de comunicación; incluye a muchos de los profesores de universidad. Los jóvenes están diciendo: “Sois todos unos hipócritas. No os preocupa nuestro sufrimiento, nuestra miseria. Y ya no creemos en vuestra legitimidad”. Y eso desemboca en una explosión violenta.

Y ya está aquí. No quiero extenderme, pero me refiero a que ya ha llegado, que en mi opinión Ella Baker y Fannie Lou Hamer y Rabbi Heschel y Edward Said, y sobre todo los hermanos Martin y Malcolm, sus legados, en mi opinión, se han vuelto fundamentales, porque proporcionan el tipo de testimonio de la verdad; porque aportan la relación entre justicia y compasión con su ejemplo, con la forma de organizarse. Y eso es lo que hace falta ahora mismo. Una rebelión no es para nada lo mismo que una revolución. Y lo que necesitamos es un proyecto revolucionario no violento a gran escala que promueva una democracia de compartir: el poder, la riqueza, los recursos, el respeto, la organización, y que promueva una transformación fundamental del imperio estadounidense.

AMY GOODMAN: ¿Y qué piensa, profesor West, del gobernador de Minnesota, que ha dicho que están investigando la relación de los supremacistas blancos con el saqueo y la quema de la ciudad, y luego del presidente Trump, que ha tuiteado que va a intentar incluir a Antifa, los activistas antifascistas, en la lista de terroristas (algo que no puede hacer) y William Barr [Fiscal general de EE.UU.] haciendo hincapié en lo mismo, que va a ir detrás de la extrema izquierda para investigarlos?

CORNEL WEST:  Eso es ridículo. Ya sabe, se acordará, hermana Amy (con todo mi amor y respeto), que Antifa me salvó la vida en Charlottesville. No cabe ninguna duda al respecto, que garantizaron la seguridad, ¿sabe? Así que la simple idea de que puedan ser candidatos para ser considerados una organización terrorista, mientras que la gente que estaba intentando acabar con nuestras vidas: los nazis, el Ku Klux Klan, que esos no sean candidatos para obtener el estatus de organización terrorista… pero eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a producir una reacción neofascista dirigida por Trump y una restricción sobre lo que está pasando. Eso tiene que quedar muy claro. El neofascismo tiene esa clase de obsesión con la imposición militar para enfrentarse a cualquier tipo de desorden. Y por eso tenemos que fortalecernos frente a eso.

Pero hay algo más importante. Creo que tenemos que asegurarnos de que conservamos nuestro propio enfoque moral, espiritual, cualitativo, esencial, en cuanto a la verdad y la justicia, y no perder de vista ese saqueo legalizado que es la avaricia de Wall Street; los asesinatos legalizados de la policía; los asesinatos legalizados en el exterior: en Yemen, en Pakistán, en África con AFRICOM y así sucesivamente. Eso es en lo que tenemos que concentrarnos, porque toda esta energía de rebelión tiene que canalizarse a través de organizaciones que tengan sus raíces en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Cornel West es profesor de Práctica de la Filosofía Pública en la Universidad Harvard.

Por Amy Goodman, Nermeen Shaikh | 12/06/2020

Esta conversación se difundió en Democracy Now en inglés.

Traducción de Álvaro San José para CTXT: https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32455/cornel-roland-west-filosofo-democracy-now-USA-George-Floyd-racismo.htm

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Manifestantes organizaron ayer un funeral simbólico de George Floyd, en Los Ángeles. El afroestadunidense murió al ser arrestado por un policía blanco en Minnesota. Foto Afp

Demócratas presentan ambicioso proyecto para transformar el sistema de seguridad pública

 

Nueva York. La ola de protestas a escala nacional cumple dos semanas de acciones en cientos de ciudades y su incesante presión ya ha provocado cambios políticos y sociales, desde una nueva ronda de propuestas de reforma de las fuerzas policiacas a nivel local y federal, obligando al sector empresarial a reconocer el nuevo movimiento de derechos civiles y hasta haciendo hincar a jefes de policía, alcaldes, legisladores locales y federales en solidaridad con la demanda central de frenar la violencia oficial racista.

Durante las dos semanas desde que el asesinato del afroestadunidense George Floyd por policías en Minneapolis detonó las grandes movilizaciones –primero en respuesta a la brutalidad policiaca y que ahora abarca la justicia racial–, esta expresión sin precedente en décadas sigue sacudiendo y sorprendiendo al país y su cúpula política.

El impacto casi inmediato de esta inesperada ola se registra con intentos de políticos en responder a algunas de sus demandas, después de arrestar a más de 10 mil manifestantes, imponer toques de queda y más incidentes de violencia policiaca.

Ayer, el liderazgo demócrata en ambos cámaras del Congreso presentó un ambicioso proyecto de ley de reforma de seguridad pública en Estados Unidos, que incluye prohibir ciertas tácticas de fuerza para someter a sospechosos o ingresar a sus hogares y crear un proceso independiente para investigar abusos en el uso de fuerza, entre otras medidas.

Pelosi y otros legisladores también se arrodillan

Esto, después de que en el Capitolio la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores, se hincaron –como lo han hecho repetidamente alcaldes y jefes de policía– para expresar su solidaridad con la demanda del movimiento de poner fin a la violencia racista de la autoridad.

La nueva exigencia de los manifestantes de costa a costa es recortar o anular el financiamiento de la policía y emplear esos fondos públicos para programas sociales. Tal vez la respuesta más dramática a esta demanda se dio en Minneapolis, escenario del crimen que detonó estas protestas, donde el concejo municipal votó por disolver el departamento de policía y crear un sistema de seguridad público alternativo; sería el primer caso de una ciudad importante en hacerlo.

Varios alcaldes, incluidos los de las ciudades más grandes del país, han sido obligados a comprometerse a reformas en sus departamentos de policía y reconocer sus fracasos para hacerlo hasta ahora. En Nueva York, la ciudad más grande del país, el alcalde Bill De Blasio prometió reformas, entre ellas una reducción en el presupuesto de la policía para emplear esos fondos en servicios sociales y promover mayor transparencia sobre la disciplina de esas fuerzas; algo parecido anunció su contraparte Eric Garcetti en Los Ángeles.

En California, el gobernador Gavin Newsom llamó a poner fin a una serie de tácticas de sometimiento empleadas por fuerzas policiacas, mientras en Seattle y otras ciudades, alcaldes y jueces han ordenado el cese del uso de gas lacrimógeno y otras herramientas químicas para contener disturbios.

Las protestas también han obligado a múltiples empresas nacionales, desde Amazon hasta Viacom, y tiendas departamentales a expresar apoyo explícito a uno de los lemas del movimiento: Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), en su publicidad.

A la vez, las movilizaciones han sacudido a los medios: el jefe de opinión del New York Times se vio obligado a renunciar después de publicar un artículo que apoyaba el envío de tropas para sofocar las protestas, el editor ejecutivo del Philadelphia Inquirer renunció el sábado pasado tras publicar un reportaje con el título: Los edificios también importan, y en Pittsburgh el periódico Post Gazette provocó ira dentro y fuera de su redacción luego de prohibir que dos de sus reporteros afroestadunidenses cubrieran las protestas porque habían mostrado "prejuicio".

Todo, mientras Donald Trump repite una y otra vez: "Yo quiero LEY y ORDEN".

Su aparente contrincante demócrata Joe Biden visitó a la familia de Floyd en Houston ayer, algo que el presidente no se ha atrevido a hacer.

Mientras, 80 por ciento de los votantes opina que "las cosas están generalmente fuera de control" en Estados Unidos, según una encuesta de NBC News/Wall Street Journal.

Por David Brooks

Corresponsal

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Lunes, 08 Junio 2020 06:31

En el precipicio

Manifestantes en la calle 42, cerca de Times Square, en Nueva York, en repudio al asesinato del afroestadunidense George Floyd en Minnesota.Foto Afp

Estados Unidos está en el precipicio entre lo que se llama democracia y algún tipo de estado autoritario con tintes fascistas. Eso advierten generales y almirantes, ex altos funcionarios, líderes religiosos, figuras públicas e intelectuales progresistas y conservadores, un coro que tal vez no comparte otra cosa más que la necesidad urgente de sonar la alarma.

La ola de protesta más amplia jamás vista en la historia de Estados Unidos (según algunos cálculos) es en el fondo una defensa de los principios democráticos fundamentales que podría llevar –esperan muchos– al rescate de este país.

Pero la respuesta de la Casa Blanca y sus aliados amenazando con el uso de tropas militares para reprimir a ciudadanos estadunidenses ejerciendo sus derechos constitucionales provocó un estado de alerta sobre el futuro inmediato de la democracia en este país. Cinco generales –dos de ellos ex integrantes del gobierno de Trump (el ex secretario de Defensa James Mattis y el ex jefe de gabinete John Kelly), otros dos que fueron jefes del Estado Mayor (Martin Dempsey y Colin Powell, quien también fue secretario de Estado con George W. Bush), un ex comandante de la guerra en Afganistán y de la OTAN (John Allen) y un almirante también ex jefe del Estado Mayor (Mike Mullen) han expresado que el actual comandante en jefe está amenazando a la Constitución y a la democracia.

El ex general de cuatro estrellas de los marines Allen escribió: "podríamos estar viendo el inicio del fin del experimento estadunidense", pero las protestas podrán ser lo que rescate al país con un cambio que "tiene que venir desde abajo".

Bill Moyers, el venerado periodista veterano, escribió esta semana que Trump está tomando un camino bien conocido por historiadores de Alemania e Italia en los años 30 y, ofreciendo una lista de avances en esa misma dirección por el presidente, advierte que "el hombre en la Casa Blanca ha dado todos los pasos necesarios para lograr el sueño de dominación de un déspota. ¿Puede ocurrir aquí? Está sucediendo aquí. La democracia en Estados Unidos ha sido una serie de escapes en el último momento. Podría ser que se nos está acabando la suerte, y nadie va a venir a salvarnos. Para eso, sólo contamos con nosotros mismos".

Noam Chomsky señaló recientemente que el gobierno de Trump está guiado con una “máxima… que fue articulada más elocuentemente por un general de Franco en 1936: ‘abajo con la inteligencia. ¡Viva la muerte!’” al abordar múltiples crisis como la pandemia, el cambio climático y ahora la ola de protestas. Al comentar sobre si Trump podría intentar recurrir a la mentira de un fraude electoral para mantenerse en el poder, Chomsky indicó que "ya están promoviendo esa estafa de manera enérgica, y no por primera vez. Saben que tienen un partido minoritario y que tienen que recurrir al engaño y fraude para mantener poder político" y que "no se puede descartar" el uso del poder extraoficial, como una "milicia" para mantenerse en el puesto. Señaló que, con la estructura antidemocrática del sistema electoral, una minoría blanca puede mantener control, y "no está fuera de las posibilidades de que en manos de Trump, esta crisis inminente podría estallar muy pronto". A la vez, Chomsky subrayó que las protestas no sólo están buscando un cambio en el comportamiento policiaco, sino de las instituciones sociales y económicas del país, y cuentan con un apoyo mayoritario notable entre el público.

Cornel West, el filósofo político y profesor en Princeton y Harvard, coincide con estos diagnósticos, pero señala que "la respuesta multirracial al asesinato policiaco de George Floyd que ahora se está virtiendo en una resistencia política al saqueo legalizado de la avaricia de Wall Street, el despojo del planeta y la degradación de mujeres y los gays significa que aún estamos luchando a pesar de todo. Si la democracia radical muere en Estados Unidos, que se diga que hicimos todo con todo contra las botas del fascismo estadunidense que intentaron aplastar nuestros cuellos".

El país está en un precipicio.

https://youtu.be/ZVHOqrw3Jks

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