Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial.KHALIL MAZRAAWI/Getty Images / getty

Schwab cree que estamos en una situación similar a la del fin de la II Guerra Mundial: hay que diseñar cómo será el mundo tras el coronavirus

 

Ni en épocas de pandemia, Klaus Martin Schwab (Ravensburg, Alemania, 82 años) tiene tiempo para parar y hacer una entrevista por Zoom, así que nos limitamos al móvil. La crisis del coronavirus ha obligado al fundador del Foro Económico Mundial y de las reuniones anuales en la estación suiza de Davos a reinventarse. La cumbre de enero se celebrará de forma virtual y, si la evolución de la enfermedad y el desarrollo de la vacuna lo permiten, habrá una reunión más reducida en mayo en Lucerna. Aunque, hoy más que nunca, ese futuro está por reescribir. Acaba de publicar en español Covid-19: el gran reinicio, sobre las implicaciones de la pandemia y las medidas, políticas y empresariales, que deberían adoptarse.

Pregunta. Después de la experiencia de la Gran Recesión, ¿es realista confiar en una reinvención global?

Respuesta. En estos momentos estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en combatir la pandemia, pero hay que empezar a pensar en la recuperación. No vamos a volver al mundo como era, pero la nueva normalidad dependerá de nuestras decisiones. Algo parecido a lo que tuvimos que hacer después de la II Guerra Mundial, diseñar cómo queremos que sea el mundo poscoronavirus, en términos de cooperación global, de políticas sociales y medioambientales. Lo que hago en el libro es ofrecer un análisis de las consecuencias económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas de la pandemia y una previsión de lo que sucederá. Creo que puede ser una base para el debate.

P. ¿Por dónde deberíamos empezar?

R. A corto plazo, lo primero es hacer frente al desempleo, a la caída del crecimiento económico, y me alegra ver que los Gobiernos están dispuestos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para frenar un desplome que no parece tener suelo. A medio plazo debemos abordar las deficiencias del sistema, sobre todo la falta de inclusión, un tema que ya planteamos en la reunión de Davos de enero; la sostenibilidad, especialmente en términos medioambientales, y la imperiosa necesidad de abordar un nuevo contrato social. Y todas estas cuestiones deben abordarse desde un marco global. Esa es una de las grandes lecciones aprendidas con la pandemia, que sin cooperación global se genera una situación donde todos somos perdedores, nadie gana.

P.  ¿Y eso de qué depende?

 R. Lo primero que tenemos que analizar es qué nos ha llevado a esta situación, y mi análisis es que el mundo es muy rápido y complejo y por primera vez mucha gente duda de que la próxima generación vaya a vivir mejor que la actual. Y todo eso tiene que ver con la desigualdad, que genera una situación en la que la gente se vuelve más egoísta, solo busca preservar lo que tiene o lo que puede conseguir. En las últimas elecciones vemos que se ha dejado de buscar el centro, los puntos en común, y en esas condiciones es muy difícil gobernar. Y aunque eso no amenaza directamente la democracia, sí pone en riesgo la cohesión social, que es una condición previa para que haya democracia.

 P. El elefante en la habitación son las elecciones estadounidenses.

.R. Sí, pero no deberíamos hacernos falsas ilusiones porque los individuos y los países se han vuelto más egoístas, más nacionalistas, e independientemente del resultado electoral [la entrevista fue antes de los comicios], cada uno va a defender su propio interés.

P. ¿Eso también pasará con la relación con China?

R. Es un tema decisivo en el que los europeos solo podemos ser influyentes si somos un socio fuerte. En términos de posición económica, de tamaño de mercado, en investigación e innovación podemos hablar de tú a tú a Estados Unidos y a China si hacemos uso de nuestra fortaleza. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la protección de datos, en el que Europa ha marcado la senda a nivel mundial.

P. ¿Qué lecciones nos ha dejado ya la crisis?

R. Si miramos cuáles son los países que mejor han resistido la pandemia, no están solo los países asiáticos, con un marco político distinto, sino aquellos comprometidos con una economía social de mercado, con una infraestructura social y sanitaria muy fuertes. Tenemos que asegurarnos de que el sistema se ocupe de todo el mundo y no deje a nadie atrás. Yo soy un ferviente creyente en el libre mercado y en el principio de que los Gobiernos no son los creadores de riqueza ni de innovación, ni emprendimiento. Pero tenemos que crear un sistema que lo facilite, con un modelo tributario que propicie una mejor redistribución, y financiar la red de protección social que necesitamos. Por ejemplo, en Ginebra tenemos un impuesto sobre la renta relativamente alto, no existe fiscalidad sobre las ganancias de capital porque eso estimula la inversión, pero hay un impuesto sobre las fortunas. Creo que ese es un buen modelo.

P. Es decir, que urgen cambios en el sistema fiscal.

R. Sí, pero antes debemos acabar con las numerosas formas de evasión fiscal y con los paraísos fiscales.

P. Ha declarado que el neoliberalismo ha muerto, que es cosa del pasado.

R. Estamos asistiendo poco a poco a un cambio. Lo hemos visto en Davos, de ese capitalismo que solo piensa en los accionistas a un capitalismo de todas las partes, que no busca solo el beneficio inmediato y a corto plazo, sino que tiene en cuenta los objetivos de sostenibilidad marcados por Naciones Unidas. Los ejecutivos de las empresas tienen una forma de pensar muy distinta a la que defendió Milton Friedman. Creo que los Estados deben fijar las normas de funcionamiento del mercado y marcar la dirección que deben seguir las economías, por ejemplo, para avanzar hacia una descarbonización o reforzar la resistencia del aparato industrial.

P. ¿Cuál es el mayor riesgo en ese escenario?

R. Mi mayor preocupación es el estallido de una crisis social. Por un lado, de aquellos que se han quedado atrás, con ejemplos en España o en Francia, que van a salir con más frecuencia a la calle, van a provocar una radicalización de la sociedad, y que se dan tanto en la izquierda como en la derecha. Por otro lado, hay un riesgo creciente de crisis intergeneracional. El desempleo está reduciendo las oportunidades de los jóvenes, mientras les cargamos cada vez con una mayor deuda. La justicia social se está reduciendo, la movilidad social se está reduciendo prácticamente en todo el mundo, lo que significa que, si no naces en la familia apropiada, tienes menos oportunidades de conseguir una vida decente. Por no mencionar las consecuencias medioambientales de este sistema de producción que puede añadir tensión a esta crisis generacional.

Por Alicia González

Madrid - 07 nov 2020 - 18:30 COT

Publicado enSociedad
En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Socialdemocracia: internacionalismo y redistribución nacional

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en este tiempo, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional.

 

Atrapada entre el implacable proteccionismo y la xenofobia trumpistas, por un lado, y la coalición neoliberal de liberadores sexuales y oscuros recaudadores, por el otro, la izquierda de los países ricos parece carecer de nuevas ideas. Y peor que carecer de nuevas ideas es intentar restaurar un mundo que ya no existe, que va contra la corriente de la vida y la economía modernas.

Sin embargo, este es un ejercicio en el que participan algunos sectores de la izquierda. Tengo en mente varios ensayos de El gran retroceso, un libro que reseñé aquí, un artículo reciente de Chantal Mouffe y, quizás más manifiestamente, El futuro del capitalismo, de Paul Collier (reseñado aquí y aquí). Dani Rodrik proporcionó munición ideológica temprana para este punto de vista con su célebre «trilema». Es también el contexto en el que mi Capitalismo, nada más fue recientemente reseñado por Robert Kuttner en The New York Review of Books.

Este proyecto apunta a recrear las condiciones existentes aproximadamente entre 1950 y 1980, que fue, de hecho, el periodo en que floreció la socialdemocracia. Si bien muchos tienden a presentar esta época en tonos excesivamente brillantes, sin duda fue, en muchos aspectos, extraordinariamente exitosa para Occidente: el crecimiento económico era elevado, los ingresos de las naciones occidentales convergían, la desigualdad era relativamente baja, la movilidad social era mayor que hoy, las costumbres sociales se volvían más relajadas e igualitarias y la clase trabajadora occidental era más rica que las tres cuartas partes de la humanidad (y podía sentirse, como escribe Collier, orgullosa y superior al resto del mundo). Hay mucho por lo que sentir nostalgia.

Condiciones especiales

Pero ese éxito se dio en condiciones muy especiales e imposibles de recrear. ¿Cuáles eran?

Primero, no existía una competencia entre gran parte de la mano de obra global y los trabajadores y trabajadoras del Primer Mundo. Las economías socialistas, China y la India seguían políticas autárquicas, por diseño o por accidente histórico. En segundo lugar, el capital no se movía demasiado. No solo existían restricciones al capital, sino que las inversiones extranjeras eran a menudo objeto de nacionalización, y tampoco existían los medios tecnológicos para trasladar fácilmente grandes cantidades de dinero.

En tercer lugar, la migración era limitada y, cuando sucedía, se daba entre pueblos culturalmente similares (como la migración del sur de Europa a Alemania) y gracias a la creciente demanda de mano de obra impulsada por las economías nacionales en crecimiento. En cuarto lugar, la fuerza de los partidos socialistas y comunistas nacionales, combinada con los sindicatos y la amenaza soviética (especialmente en Europa), hizo que los capitalistas se manejaran con precaución: por instinto de supervivencia, tuvieron cuidado de no presionar demasiado a trabajadores y sindicatos.

En quinto lugar, el espíritu socialdemócrata de igualdad estaba en sintonía con las costumbres predominantes en aquella época, reflejadas en la liberación sexual, la igualdad de género y la reducción de la discriminación. En un contexto interno tan benigno, y sin enfrentarse a ninguna presión por parte de trabajadores extranjeros mal remunerados, los socialdemócratas podían seguir siendo internacionalistas, como fue el caso de notabilísimas figuras como Olof Palme en Suecia y Willy Brandt en la República Federal de Alemania.

Cambios drásticos

En las condiciones sociales y económicas totalmente diferentes que presenta la actualidad, cualquier intento de recrear un contexto interno tan benigno implicaría cambios drásticos y, de hecho, reaccionarios. Sin decirlo abiertamente, sus partidarios piden socialdemocracia en un solo país o, más exactamente, en un rincón (rico) del mundo.

Collier aboga por amurallar el mundo rico para detener la migración, que considera culturalmente disruptiva y que socava injustamente el trabajo nacional. Collier justifica estas políticas, aplicadas sobre todo por los socialdemócratas en Dinamarca, diciendo que su preocupación son los países menos desarrollados: no vaya a ser que el éxodo de sus trabajadores más calificados y ambiciosos empuje aún más a estos países hacia la pobreza. Sin embargo, está claro que no son esos los verdaderos motivos de tales políticas.

Otros protegerían a Occidente de la competencia de China, argumentando, otra vez de manera falsa, que los trabajadores occidentales no pueden competir con trabajadores de menores salarios, sometidos a una dura disciplina productiva y sin sindicatos independientes. Como ocurre con las políticas que detendrían la migración, la justificación del proteccionismo se camufla con el lenguaje de la preocupación por los demás.

Dentro de esta perspectiva, debería lograrse que el capital nacional permaneciera principalmente en casa, promoviendo una globalización mucho más «superficial» de la que existe hoy. Las empresas occidentales que actúen con ética no deberían contratar a personas en (digamos) Myanmar que no gocen de derechos laborales elementales.

Las masas populares

En todos los casos, estas políticas apuntan a interrumpir el libre flujo de comercio, personas y capital y a aislar al mundo rico de las masas populares. No tienen casi ninguna posibilidad de éxito, simplemente porque los avances tecnológicos de la globalización no se pueden deshacer: China y la India no pueden volver al aislamiento económico y las personas de todo el mundo, dondequiera que estén, desean mejorar su situación económica emigrando a países más ricos.

Además, estas políticas representarían una ruptura estructural con el internacionalismo que siempre fue uno de los logros más importantes de la izquierda (si bien suele más bien brillar por su ausencia). Reducirían el crecimiento en los países pobres y la convergencia mundial, frenarían la reducción de la desigualdad y la pobreza mundiales y, a fin de cuentas, resultarían contraproducentes para los propios países ricos.

Soñar con un mundo restaurado suele ser bastante común, y a menudo (especialmente a una edad avanzada) nos acostumbramos a entregarnos a esas ensoñaciones. Pero hay que aprender a distinguir entre sueños y realidad. Para tener éxito en tiempo real, en las condiciones actuales, la izquierda necesita ofrecer un programa que combine su internacionalismo y su cosmopolitismo de antaño con una fuerte redistribución nacional. Tiene que apoyar la globalización, tratar de limitar sus efectos nefastos y aprovechar su indudable potencial para igualar, con el tiempo, los ingresos en todo el mundo.

Como escribió Adam Smith hace más de dos siglos, la igualación de las condiciones económicas y el poder militar en todo el mundo es también una precondición para que prevalezca la paz universal.

Por Branko Milanović

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: Social Europe

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La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

UNA LEY ESCANDALOSA

Con ese aparatoso nombre se trata de legitimar una política aperturista, muy lejos de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos. Incluso se plantea la reversión de “nacionalizaciones” del período de Chávez.

 

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Sábado 3 de octubre | 17:12

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Ecuador alcanza un nuevo acuerdo con el FMI a cambio de ajuste y reformas estructurales

El préstamo permite cerrar el proceso de reestructuración de la deuda con acreedores privados. El Fondo pide a cambio ajustar cuentas fiscales.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó este viernes un acuerdo con Ecuador para otorgar un préstamo de 6.500 millones de dólares, que se utilizará para sostener el plan de reestructuración de bonos y financiar su presupuesto para 2020.

El préstamo, anunciado hoy en Twitter por el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, permite cerrar el proceso de reestructuración de deuda por 17.400 millones de dólares encarado por el Gobierno con los acreedores privados antes de la fecha límite fijada para el 1 de septiembre.

”El nuevo acuerdo complementa un canje de deuda exitoso de 17.400 millones de dólares en bonos globales entre las autoridades y sus tenedores de bonos, y se espera que catalice apoyo financiero adicional bilateral y multilateral”, dice un comunicado del FMI en el que se dio a conocer el resultado de lo que llama un “diálogo franco y constructivo”, una frase muy usada por el organismo para evitar hablar de las exigencias que impone para este tipo de acuerdos.

A cambio del crédito, el Fondo espera que el Gobierno ecuatoriano aplique un plan para “reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”. El pronóstico económico para el país no es bueno, se calcula un decrecimiento del 11% del PIB y un aumento del déficit fiscal debido al impacto económico del parón provocado por la pandemia de la covid-19 y al arrastre de los bajos precios de petróleo.

El ajuste de las cuentas fiscales, como pide el FMI, tiene un antecedente reciente en el país. Las protestas contra el gobierno en Octubre del 2019 se dieron por el intento de imponer una serie de medidas para achicar el gasto público. Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció la derogación del decreto de aumento de los combustibles.

Ni el FMI ni Ecuador dieron detalles de las metas fijadas para el ajuste de gasto, de la inversión, ni en qué consistirá la reforma tributaria exigida. En su escueto mensaje presidencial, Lenín Moreno agradeció al equipo negociador y a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo.

El Gobierno ecuatoriano buscaba renovar el acceso a financiación desde que el programa de rescate anterior fue oficialmente suspendido en mayo de este año. En marzo de 2019, se había pactado un préstamo de 4.200 millones de dólares, aparejado de 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

Este nuevo pacto, obtenido centralmente para pagar la deuda a los acreedores privados, se da a poco de las elecciones que determinarán el cambio de Gobierno, que llegará el próximo año de unas elecciones presidenciales en las que no participará Lenín Moreno y el oficialismo no tiene un candidato claro.

Por Diego Sacchi

@sac_diego

Viernes 28 de agosto 

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El presidente Sebastián Piñera, rodeado de sus nuevos ministros en su presentación, el martes (HANDOUT / AFP)

 

Piñera conforma un gabinete de defensores de la Constitución de la dictadura

 

La derecha más pinochetista no está dispuesta a rendirse fácilmente. La sociedad chilena cambió definitivamente a partir de las protestas que se iniciaron en octubre pasado contra el modelo neoliberal implantado por la dictadura del general Pinochet (1973-1990). Sin embargo, el presidente liberal Sebastián Piñera ha decidido derechizar más si cabe su Gobierno, no tanto para salvar su desprestigiada imagen, sino para evitar que la coalición oficialista conservadora, Chile Vamos, se descomponga y pueda hacer frente unida a las irreversibles reformas progresistas que se avecinan.

Piñera, que con un 12% ostenta uno de los índices de aprobación más bajos desde la reinstauración democrática, efectuó el martes un relevante cambio de gobierno para incluir como ministros a los halcones que controlan los dos principales partidos de la coalición, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). La crisis de Gobierno es consecuencia directa de la humillante derrota sufrida por el ejecutivo la semana pasada, cuando el parlamento aprobó una medida de la oposición de centroizquierda para que los chilenos puedan recuperar el 10% del fondo de su jubilación privada, uno de los estandartes del modelo económico impuesto por Pinochet a través de la Constitución de 1980, aún vigente.

En la decisiva sesión de la cámara baja, 35 diputados de Chile Vamos votaron a favor de la reforma constitucional de las pensiones y en contra de la postura del Gobierno, resquebrajando la coalición. Con el dinero rescatado se pretende que los ciudadanos puedan aliviar la crisis económica provocada por la pandemia, ante la insuficiencia de los cerca de los 5.000 millones de euros en ayudas sociales inyectados por La Moneda en los últimos cuatro meses.

Piñera renovó seis ministerios de peso, que forman parte del llamado gabinete político: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Gobierno, Presidencia y Desarrollo Social. Los nuevos titulares son abiertamente partidarios de rechazar la redacción de una nueva Constitución, lo que será consultado en el referéndum del 25 de octubre. No obstante, los cambios más relevantes son la inclusión de los senadores de RN Andrés Allamand, en Exteriores, y de la UDI, Víctor Pérez, en Interior, ministerio que equivale a la práctica a la vicepresidencia. Ambos son barones influyentes en sus partidos y rechazan la nueva carta magna, en contra de las tres cuartas partes de la ciudadanía, que en las encuestas se manifiestan a favor de finiquitar la Constitución ideada por Pinochet en 1980. Allamand y Pérez, como muchos otros halcones de Chile Vamos se desmarcaron de los crímenes cometidos durante la dictadura pero defienden a capa y espada el modelo neoliberal legado por Pinochet. Además, la esposa de Allamand, la exministra Marcela Cubillos, se ha convertido en principal portavoz de la campaña contra la nueva carta fundamental. Todos ellos personifican la casta política chilena de izquierda y derecha contra la que apuntaban las protestas callejeras, interrumpidas por la cuarentena.

“No son nombres dialogantes”, asegura desde Santiago el analista político Felipe Vergara. “Piñera tira la toalla y les dice a los partidos: ‘gobiernen ustedes’; los partidos le estaban dando la espalda al presidente, si no hacía un guiño, podía quedarse solo”, añade. “Este cambio no es una decisión popular, el Gobierno se transforma claramente en opositor a la nueva Constitución”, continúa.

Aunque el Ejecutivo tendrá poca influencia en la carta magna que con toda probabilidad se redactará tras el referéndum, una unidad de acción de la derecha desde La Moneda servirá para construir una candidatura fuerte que dé opciones a Chile Vamos para retener el poder en las presidenciales del año que viene. “La derecha está apostando al electorado duro, asumiendo que el tema constitucional está perdido”, agrega Vergara. La revuelta social de octubre ha propiciado la polarización política y la derecha evalúa la posibilidad de supervivencia en el poder con un candidato de estilo bolsonarista, no muy alejado del pinochetismo sociológico que aún defienden muchos de sus miembros, treinta años después de la dictadura.

Por otra parte, Piñera también es cuestionado por su mala la gestión de la pandemia. A pesar de que su sistema sanitario era teóricamente mejor que otros de la región, Chile alcanza los 9.300 muertos por la Covid-19 y es el tercero de Latinoamérica en número de fallecidos, por detrás de brasileños y peruanos; y el segundo en índice de decesos (485) por cada millón de habitantes, solo superado por Perú.

Por Robert Mur | Buenos Aires, Argentina. Corresponsal

30/07/2020 02:09 | Actualizado a 30/07/2020 10:40

Publicado enInternacional
Cómo y cuándo salir de la enorme crisis económica creada por la pandemia

El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años.

Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común.

 

Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando

 

Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población.

Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores.

Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica.

 

Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte

 

Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España.

Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años.

La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente

 

El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo).

La alternativa progresista a esta estrategia extremista

 

Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en los servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.

Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación.

 

La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común

 

La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico.

En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020).

 

¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal

 

Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad.

Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.

De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesariopara recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo.

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¿Estabilización o desmantelamiento? Las medidas de apertura económica en Venezuela.

Un complejo coctel de fenómenos y medidas parece estar reanimando la economía venezolana y dando un respiro a los sectores populares, pero también transformando al llamado “socialismo del siglo XXI” en una estructura que tiene cada vez menos que ver con la utopía chavista.

El segundo gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en enero de 2019, ha implicado un cambio rotundo con respecto al modelo económico de su primer período (2013-2018), en línea con lo anunciado ya en agosto de 2018 con el llamado Plan de Recuperación Económica. Si bien las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense de Donald Trump han atado de manos al gobierno en muchos aspectos, también es verdad que, en paralelo al recrudecimiento de esas sanciones durante 2019, la situación económica venezolana ha venido, paradójicamente, estabilizándose. Un dato más asombroso todavía si recordamos que Rusia y China cerraron su línea de crédito a Caracas hace ya varios años y que la empresa estatal de petróleo del país caribeño no ha logrado salir del atolladero en el que cayó durante el primer gobierno de Maduro.

¿A qué se debe entonces la actual sensación de mejoría en lo económico, que ni los más apocalípticos opositores pueden negar?

¿DEL DESASTRE A LA ESTABILIDAD? 

En su segundo mandato, después del desastre económico del primero, Maduro ha mostrado una tendencia a aplicar medidas de apertura y liberalización que desatan los nudos gordianos traídos por los obsesivos controles económicos estatales.

Las actuales medidas para desmontar este sistema de control implican una apertura económica radical que en cualquier país sería catalogada por la izquierda como “neoliberalismo salvaje”. Son la respuesta a un consenso del que participan economistas de derecha y del gobierno, como Jesús Farías. Las disposiciones incluyen la eliminación definitiva y legal del control de cambios y del control de precios, privatizaciones como la de la cadena de automercados Bicentenario (expropiada por Chávez), la eliminación de aranceles para la importación y algo impensable durante el primer gobierno de Maduro: disciplina fiscal y la paralización de la reproducción alocada de dinero sin respaldo en la economía real (o inorgánico) que terminó en la peor hiperinflación del mundo. Durante la transición hacia el nuevo modelo liberal, Maduro reconoció en agosto de 2018 que en su primer gobierno financió el gasto público con la emisión de dinero inorgánico (lo que es penado por ley), pero que en esta nueva etapa impondría “disciplina fiscal prusiana”.

Todo ello en un escenario social en el que el sueldo mínimo cayó de casi 250 dólares en 2012 a sólo cinco en 2015.

La importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad ha sido declarada libre de impuestos en 3.275 categorías de productos con el argumento de intentar eludir el bloqueo financiero. Y a juzgar por la cantidad de productos importados que inundan el mercado venezolano, parecería estar lográndolo, aunque con ello deprima aun más la producción nacional.

Un factor central para entender la sobrevivencia del venezolano es que la pauperizada economía nacional comienza a adaptarse a nuevos tipos de ingresos de divisas. Aunque incomparables a la otrora renta petrolera, estos nuevos ingresos están signados por las remesas enviadas por los migrantes venezolanos, la repatriación de capitales por goteo y el nuevo impulso a la extracción de oro, entre otros.

DESPUÉS DEL PETRÓLEO. 

Las remesas, particularmente, contribuyen a que los nuevos ingresos no se queden en las cúpulas políticas o económicas, lo que genera un burbujeo en todo el tejido social. Con el Estado ya lejos de ser la principal fuente de ingresos directos como antaño, la remesa ha pasado a ocupar su lugar. Quizá no tanto por el volumen, sino por su capacidad de irrigación directa a los sectores más necesitados.

Es imposible tener estimaciones certeras del volumen de las remesas. El control de transacciones facilitó triangulaciones bancarias de diversa índole que permitieron llevarlas a cabo sin ningún control estatal. No obstante, diversos actores, incluso contrarios políticamente, proponen cifras relativamente parejas. Algunos calculan que el ingreso supera los 3.700 millones de dólares anuales, y otros, que podría estar acercándose a 6.000 millones en 2020. Otras estimaciones afirman que ya sobrepasa el total de exportaciones no petroleras. Hay economistas que calculan que los venezolanos envían en promedio entre 5 y 6 mil dólares por año cada uno, una cifra que puede ser exagerada para quienes envían remesas desde países periféricos. En un intento por conseguir información pregunté a varios familiares de migrantes pertenecientes a los sectores populares que reciben remesas y, entre quienes me respondieron, el mínimo recibido fue de 50 dólares mensuales, lo que representa diez meses de sueldo mínimo.

La Onu maneja el dato de que han emigrado más de 4 millones de venezolanos. Tomando en cuenta que la finalidad principal de esta migración masiva venezolana ha sido producir ingresos para transferir remesas, podemos imaginar que el impacto de estas permite hasta cierto punto sustituir el que otrora tenían los empleos estatales. Antes de la crisis, el Estado era el principal empleador y los puestos públicos se estimaban en 2 millones.

Otra nueva fuente de divisas es lo que llamamos “repatriación de capitales por goteo”. No encontramos cifras confiables sobre esto. Históricamente las clases alta y media alta, así como los sectores emergentes, llevaron sus ahorros y su capital hacia el exterior con el fin de atesorarlos en dólares y en un país confiable. Muchos de estos sectores aún viven en Venezuela y van trayendo mensualmente o incluso semanalmente pequeñas dosis de sus ahorros, pues, una vez convertidos a la moneda local, estos son disueltos por la inflación. El más reciente mecanismo que comprueba estas “microrrepatriaciones” es la utilización de la plataforma Zelle como forma de pago en diversos locales comerciales, especialmente en las zonas de clase media y alta. Se trata de una red de pagos que requiere disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos y que no cobra comisiones por la transferencia.

La diferencia con el período previo a la crisis es que quienes fugaban capital, de manera más o menos fraudulenta, ahora lo repatrían no para grandes inversiones, pero sí en pequeñas dosis y hasta pequeñas inversiones como las que se ven con el auge en la oferta de restaurantes y lugares de diversión en las principales ciudades. Jesús Farías, exministro de Economía de Maduro y uno de los principales impulsores de la nueva etapa económica lo explica de esta manera: “Los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlos en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado” (Banca y Negocios, 10-I-20).

Este proceso está generando algunas burbujas de consumo que develan nuevas formas de desigualdad en un ambiente ya ideológicamente posterior a los planteamientos de Chávez, y en el que participan viejas elites junto con nuevos ricos formados, fraudulentamente, en el chavismo y el adequismo.Todo ello, mientras los dirigentes políticos del chavismo apuestan al nacimiento de una “burguesía revolucionaria”, tal como la denominó el ministro de Tierras, Castro Soteldo.2

Ante la caída de la producción petrolera el gobierno impulsó la extracción del oro en el arco minero, que también está generando nuevos ingresos, aunque con consecuencias nocivas visibles en materia ecológica, que era otra bandera del discurso propiamente chavista. Con la minería de criptoactivos amparada legalmente y un precio irrisorio de la electricidad, Venezuela se ha convertido en un país con condiciones favorables para estas operaciones, y es el tercero en el ranking mundial en el uso de criptomonedas.

Todo ello va aportando a la creación de una nueva economía nacional en la que ni el Estado ni el petróleo figuran como protagonistas.

Algo muy notable de esta transición económica es la ausencia de datos para producir confianza en torno a la balanza de pagos, que es muy difícil de calcular con la situación actual, pero de la que se evidencia un equilibrio. Los datos oficiales publicados hasta el momento generan mucha desconfianza, dada la política del gobierno de no reconocer la gravedad de la situación. Es posible que nadie tenga la información real sobre los nuevos ingresos del país, especialmente de las remesas desde el exterior, pero tampoco sobre el oro y otros rubros que se están exportando. El gobierno parece independizado del Estado y no rinde cuentas a nadie.

UNA ECONOMÍA DOLARIZADA. 

La crisis venezolana fue ampliamente divulgada por los medios internacionales durante el primer mandato de Maduro (2013-2018). Los servicios del Estado colapsaron, la migración se contó por millones, la desnutrición se generalizó en sectores enteros de la población. Un ejército de hambrientos invadió los basureros.

La situación hoy parece ser otra. Las medidas de liberalización han abatido la escasez. Ya no existen las colas. La inflación aún es alta, pero las oficinas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, registran que en 2019 la tendencia fue hacia su disminución en comparación con 2018 y años anteriores. Tomando en cuenta que la hiperinflación implica sobrepasar un 50 por ciento de inflación mensual, según estos datos sólo existió un mes con hiperinflación en todo el año.

El cambio se percibe cotidianamente. Se nota mayor capacidad adquisitiva incluso en sectores empobrecidos. El transporte público superficial ha venido mejorando. Muchos sectores del comercio sobrevivieron los peores años de la crisis y comienzan a revitalizarse. El dólar es usado en todos los estratos sociales. Hay nuevos negocios y comercios. El discurso de la crisis humanitaria se ha hecho insostenible y ha salido de la boca de los políticos de oposición.

Han aparecido burbujas de consumo en centros financieros o turísticos del país. Así, algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades grandes se han llenado de negocios caros, carros lujosos, edificios de alta gama y un consumo irrefrenable de productos importados. Igual en sectores turísticos. Siempre con el dólar como sustituto ya legal del bolívar, que está quedando confinado a circuitos marginales, en un proceso de dolarización irrefrenable reconocido abiertamente por Maduro en noviembre del año pasado. Pero la dolarización no es sólo de ricos o nuevos ricos. Muchos servicios hoy facturan en divisas. Son varios los oficios y profesiones que cobran en dólares, desde ejecutivos hasta mecánicos y costureras.

Los buhoneros, manteleros o comercios informales de la calle aceptan dólares. Los marchantes que venden caramelos y chupetas hacen promociones para facilitar la venta en divisas. Cualquier puesto en mercados populares acepta y da vueltos en dólares. Las propinas también se están dando en esta moneda en muchos espacios.

Es verdad que el Estado todavía paga en bolívares los sueldos irrisorios de sus trabajadores, incluyendo los de los principales prestadores de servicios como enfermeras, médicos y docentes, así como policías y otros. Pero también es verdad que muchos de ellos cobran servicios en dólares por fuera de su trabajo en el Estado. Los maestros reciben en dólares las clases particulares. Enfermeras y médicos tienen trabajos paralelos en los que hacen lo mismo. La policía cobra sus coimas también en dólares. Jubilados y trabajadores públicos tienen negocios de comercio informal con el que atrapan divisas.

En líneas generales, quedan muy pocos que vivan de los sueldos del Estado.

Según Datanálisis, una importante firma de investigación económica, más del 40 por ciento de la población utiliza el dólar.

Podría aducirse que la mejoría puede ser sólo una sensación, pero la triangulación de datos realizada sugiere que esa sensación tiene un sustento real.

Es cierto que Caracas se ha vuelto una gran burbuja que parece no estar afectada por la grave crisis del interior del país, sobre todo en la esfera de los servicios públicos y signada por la falta de gasolina. Pero también es cierto que los nuevos ingresos a los que hemos hecho mención están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso hay territorios, como los de frontera y los de explotación del oro, donde se evidencia un poder adquisitivo en aumento. Atrás quedaron las imágenes diarias de saqueos en carreteras y pueblos del interior del país que pudimos ver desde 2016 hasta 2018.

Ha habido un debate sobre el auge de los bodegones (ventas de productos exclusivamente importados). Para los economistas del gobierno son síntoma de recuperación económica, para otros analistas son el mejor ejemplo del fin de la revolución y el auge de una división de clases tajante y problemática.

En la actualidad, y a pesar de estos bruscos cambios económicos, el principal problema inmediato no parece ser la desigualdad social en crecimiento. El país tiene varios años siendo completamente pobre, y ahora resulta que hay ricos que también fueron golpeados por la crisis de diversas formas y cuyo consumo no tenía el grado de visibilidad que ahora tiene con estas grandes burbujas y bodegones. Pero, por ahora, el tema central no es la desigualdad, puesto que esta termina invisibilizándose en la medida en que las clases pobres y medias aumentan su consumo en comparación con los peores años de la crisis (2013-2018).

El desafío más acuciante y verdadero signo de esta época es el colapso general de los servicios públicos y la incapacidad del Estado para enfrentarlo. El gobierno ya no tiene posibilidad de agenciar los servicios públicos, lo que abre una era de micro- y macroprivatizaciones. Quien tiene dinero para pagar podrá contar con salud, transporte, educación, luz y agua. Quien no tenga, la tendrá mucho más difícil. Las arcas estatales han quedado desprovistas. Las misiones sociales que fueron la política asistencial exitosa de Chávez han venido debilitándose de manera importante, centros médicos emblemáticos como el que quedaba en el corazón de la clase media alta de Caracas, en las Mercedes, está cerrado hace tres años, las decenas de médicos cubanos que allí laboraban se han retirado. Como ese, muchos otros centros de salud y educativos propios de las misiones sociales han cerrado.

Por todo esto, los sectores vulnerables irán engrosando grandes bolsones de pobreza que seguro impactarán en los próximos decenios en la vida del país, pero, por ahora, el cambio económico genera algo de oxígeno a todas las capas sociales, de manera directa o indirecta.

Ciertamente, el estatismo extremo ahogó la economía venezolana y la llevó al quiebre antes de las sanciones. En cambio, el desmonte de los controles estatales y la imposición de medidas liberales han dado un respiro a la economía, sobre todo la de los más pobres. Esto desata un debate sobre el éxito de ciertos modelos económicos y la deseabilidad de cierto tipo de controles, pero, principalmente, sobre el modelo del Estado y su relación con la economía y la sociedad.

El debate no es sólo sobre Venezuela. Un nuevo ciclo progresista en América Latina debe salir de los dogmas para confrontar una situación regional donde campea el libre mercado salvaje, y no permitir la disolución del Estado como ente mediador o colchón para la pobreza estructural que el primer ciclo de Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner apenas pudo calmar temporalmente. El nuevo ciclo revitalizado en Argentina y México no parece aún tener al respecto una dirección clara. ¿Puede la izquierda emprender cambios profundos en la economía latinoamericana o terminará muriendo en el libre mercado por puro miedo a repetir la experiencia venezolana? Todo esto convendría pensarlo en el marco del fracaso del neoliberalismo evidenciado con las protestas de Chile, Ecuador y Colombia, entre otras, a finales de 2019.

Por Ociel Alí López

13 marzo, 2020

  1.   Designación derivada de Acción Democrática, partido político que tuvo el poder durante los 40 años previos a Chávez y aún cuenta con un poder político importante.
  2.            Así propone Castro Soteldo en la entrevista de Latina 102.1 FM, del 11-IX-19. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=cNqWSL8XdkI›

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Seguidoras de Bernie Sanders en Arizona.Caitlin O'Hara / AFP

A pesar de sus intentos de indentificarse con Obama, Sanders ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones

Pocos movimientos políticos han sufrido un batacazo tan rápido y drástico como el que ha experimentado la campaña de Bernie Sanders entre los caucus de Nevada y el Supermartes. En el transcurso de 10 días, este aspirante ha pasado de ser el probable candidato demócrata a estar muy lejos de conseguirlo.

De hecho, las cosas se le han puesto tan mal que Sanders ha presentado un anuncio que intenta retratarlo como gran amigo del expresidente Barack Obama.

Los verificadores de datos han señalado que el anuncio es muy engañoso. Embarulla cosas que Obama ha dicho a lo largo de una década y deja fuera un contexto esencial. Pero el análisis fotograma a fotograma subestima de hecho lo hipócrita que es que Sanders intente identificarse con Obama. Porque el sandersismo, como filosofía, consiste precisamente en rechazar el obamaísmo. Es decir, se basa en negarse a aceptar la idea de una política gradual, de que medio pan es mejor que nada, y exige el maximalismo del todo o nada.

Lo cierto es que existen razones fundadas para las críticas de Sanders a Obama. Pero Sanders debería asumir esas críticas en lugar de pretender que nunca las ha hecho. Entonces, ¿de qué trata el debate? De valores, no, aunque Sanders y su círculo tienen la mala costumbre de insinuar que cualquiera que cuestione su estrategia política es un instrumento corrupto de la oligarquía. Obama estaba, y Joe Biden está, claramente a favor de objetivos progresistas como la cobertura sanitaria universal y la reducción de la desigualdad de rentas.

Pero Obama perseguía esos objetivos mediante cambios graduales. El Obamacare estaba diseñado para ampliar la cobertura sanitaria y al mismo tiempo trastornar lo menos posible la vida de quienes ya tenían un seguro médico. Obama subió los impuestos a los ricos más de lo que la mayoría de la gente imagina —en 2016, el tipo impositivo medio aplicado por el Gobierno federal al 1% era casi tan alto como antes de Reagan—, pero lo hizo con discreción, sin mucha retórica populista.

Desde el punto de vista de Sanders, este método gradual y discreto reflejaba falta de osadía (o quizá corrupción por parte de la “clase dominante”). Obama debería haber ido a por todas y (de alguna manera) haber implantado la sanidad pública para todos. Debería haber atacado frontalmente la desigualdad, con subidas de impuestos mucho mayores para “millonarios y multimillonarios”.

Y para ser justos, yo coincido de hecho en que Obama fue demasiado precavido en algunos frentes. En 2009 me tiré de los pelos públicamente por la clara parvedad del estimulo económico aplicado por Obama, y predije (correctamente) que sería un desastre político, porque la incapacidad de alcanzar resultados llamativos favorecería a los republicanos. Y creo que Obama podría haber conseguido mucho más si hubiera estado dispuesto a usar el proceso de conciliación —que permite utilizar la mayoría simple— para esquivar las tácticas obstruccionistas, como hicieron los republicanos para aprobar las rebajas fiscales de 2017.

También me disgustó mucho, en tiempo real, que Obama empezara a hacerse eco de los argumentos republicanos a favor de la austeridad presupuestaria, a pesar de que seguía habiendo un elevado desempleo. Y todavía creo que Obama podía y debería haber sometido un par de grandes bancos a la administración judicial temporal como precio por haberlos rescatado. Sin duda, Obama mostró demasiado respeto por los banqueros que habían sido los que en un principio nos llevaron a la crisis financiera.

Pero Sanders no está presentando un argumento selectivo y sosteniendo que Obama debería haber sido más decidido en algunos frentes. Defiende una agenda maximalista en todos ellos: eliminación total de los seguros de salud privados y una ampliación enorme de programas públicos que exigirían grandes subidas de impuestos tanto a la clase media como a los ricos.

La teoría política que respalda este maximalismo es la afirmación de que un programa populista audaz transformaría el paisaje electoral, atrayendo a más votantes blancos de clase obrera y aumentando el número de votantes, todo ello a una escala suficiente como para obtener una victoria aplastante en noviembre e intimidar a los miembros centristas del Congreso para que acepten propuestas radicales.

Por desgracia, no hay pruebas que respalden esta teoría política; en concreto, el prometido aumento de votantes jóvenes no se materializó el Supermartes. Por consiguiente, el sandersismo se parece bastante al linternismo verde, por su fe en que los milagros políticos pueden alcanzarse por pura fuerza de voluntad.

Como es natural, muchos seguidores de Sanders dirán que esto solo lo digo porque estoy a sueldo de los multimillonarios, o algo por el estilo.

En todo caso, necesitamos tener clara la naturaleza del debate en lo que queda de contienda demócrata. Insisto, no se trata de valores: los demócratas como grupo se han vuelto mucho más progresistas de lo que eran, y hasta un “centrista” como Biden defiende políticas —como una gran ampliación del Obamacare— que no hace mucho se habrían considerado demasiado izquierdistas.

Dicho esto, me preocupa que si Biden llega a ser presidente ceda con demasiada facilidad; los progresistas tendrán que presionarle al máximo y asegurarse de que el gradualismo no se convierte en rendición preventiva.

Sin embargo, Sanders, a pesar de sus intentos de última hora para identificarse con Obama, ha adoptado una estrategia maximalista, sin concesiones. Entiendo el atractivo emocional de dicha estrategia, sobre todo para sus seguidores jóvenes. Pero todo lo que sabemos da a entender que un progresista que insista en jugársela al todo o nada, acabará, pues eso, en nada.

 

06 Mar 2020 - 18:30COT

Por Paul Krugman, premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

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