MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Dos días históricos para consolidar la democracia

La megaelección en Chile de este fin de semana

Luego del estallido social de 2019, que derivó en la realización del plebiscito nacional en el 2020, y de la postergación de los comicios el pasado 10 y 11 de abril debido a la pandemia por la covid19, Chile entra nuevamente en cuenta regresiva para acudir a las urnas. En la megaelección del sábado 15 y domingo 16 de mayo, 14.900.189 electores son convocados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. La expectativa por la nueva constitución, el contexto pandémico, el deterioro sostenido en la imagen del gobierno y la cercanía de los comicios presidenciales hacen que estas jornadas sean días claves para pensar el futuro de la nación andina.

En 2019 quedó a la vista del mundo que detrás del elogiado “modelo chileno” persistían y se reproducían desigualdades y exclusiones, y que gran parte de la sociedad guardaba un profundo descontento y hartazgo. Lo que comenzó como un reclamo de los sectores estudiantiles por el aumento del pasaje del metro, terminó incorporando sectores heterogéneos sin banderas políticas, que expresaban demandas sociales estructurales de larga data; a tal punto que llegó a avanzar sobre uno de los fundamentos del orden vigente desde la dictadura pinochetista: una constitución sin legitimidad de origen y apuntada como gran responsable de la desigualdad chilena.

La imagen del gobierno de Sebastián Piñera fue en debacle desde el estallido social, y aunque mejoró levemente durante los últimos meses, la aprobación del tercer retiro de fondos de pensiones por parte del Congreso, ratificado por el Tribunal Constitucional luego del rechazo a las impugnaciones del gobierno, y las recientes acusaciones de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya por la violencia registrada durante las protestas del año 2019, convulsionan los últimos meses de su gestión.

Con una confianza en el gobierno que no superaba los diez puntos, el 25 de octubre de 2020 se celebró un referéndum que, con un porcentaje arrollador del 78 por ciento, aprobó la redacción de una nueva Carta Magna por una Convención Constituyente conformada en su totalidad por miembros electos para ese fin. Hoy, siete meses más tarde, más de 1300 candidatos competirán para conformar aquel órgano de 155 miembros que, inéditamente, se constituirá bajo criterios de paridad y contará con 17 cupos para pueblos indígenas. La Asamblea tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ampliarse por única vez por tres meses más, por lo que, a mediados del año que viene el país tendría un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del mes de marzo, el 59 por ciento de los consultados manifestaban ilusión respecto del proceso constituyente y, en cuanto a sus ejes prioritarios destacaban la salud, la educación y las pensiones. Dadas las nuevas incorporaciones normativas, y la gran cantidad de postulaciones -2.213 candidaturas independientes, por fuera de los partidos políticos - no es factible anticipar la conformación de la Convención. La fragmentación producida por la falta de unidad de los partidos progresistas chilenos y la proliferación de candidaturas independientes ciudadanas podría devenir en un proceso constituyente que legitime el triunfo del conservadurismo, algo muy alejado a las demandas ciudadanas que llevaron al estallido del 2019.

Los otros cargos a elegir -que originalmente iban a ser electos el 25 de octubre del año 2020- son alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Las votaciones respecto de los dos primeros tienden a servir de “termómetro” para las elecciones presidenciales, que suelen ser un año después. Sin embargo, en esta oportunidad, dada la postergación como consecuencia de la pandemia, se realizarán con solo seis meses de diferencia. La otra peculiaridad de esta elección es que las gobernaciones regionales tendrán autoridades designadas por primera vez con voto popular, ya que solían ser elegidos por el Poder Ejecutivo. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo el domingo 13 de junio.

Otro de los grandes interrogantes de esta elección es la participación. Esto se debe, por un lado, a la baja que se viene registrando desde la aplicación del voto voluntario, y, por el otro, al contexto de pandemia. Los indicadores en cuanto a la situación de la covid presentan mejoras respecto al momento en que se optó por aplazar los comicios; actualmente, Chile registra cerca de 5.500 casos y 120 muertes diarias mientras que en el mes de abril había vivido jornadas con más de 9.000 infectados, y la vacunación ya alcanzó al 56 por ciento de la población-objetivo. En 2020, y a pesar de la incertidumbre, la participación alcanzó el 50,90 por ciento, siendo la primera vez que supera la mitad del padrón desde que se implementó el voto voluntario.

Días después de estos comicios comenzarán a encaminarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, que contarán con primarias para los partidos o coaliciones el 18 de julio, y se desarrollarán el 21 de noviembre – con una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre -. Estas elecciones presentarán un desafío para los partidos políticos, que se encuentran ante el interrogante de cómo canalizar las demandas de una sociedad que ha demostrado tener una baja confianza en los partidos políticos tradicionales, siendo reflejo de ello el importante lugar que tomaron las candidaturas independientes postuladas para este 15 y 16 de mayo, y las movilizaciones espontáneas y sin banderas que dieron lugar a este importante proceso constituyente para la consolidación democrática.

Por Mg. Dolores Gandulfo*

15 de mayo de 2021

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Se unió la izquierda en Perú: Pedro Castillo suma el apoyo de Verónika Mendoza

De cara a la segunda vuelta de las presidenciales el 6 de junio

Acordaron crear un programa de vacunas universales y gratuita, reactivar la economía, combatir la corrupción, reformar el Estado e impulsar una nueva constitución.

Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.   

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Viernes, 23 Abril 2021 06:16

El comunicador y los cumpleañeros

La Habana, marzo de 2021 AFP, YAMIL LAGE

El Congreso del PC y la oposición en Cuba

Completado el traspaso entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, la designación de nuevas autoridades del partido único arroja luz sobre el futuro vínculo con la disidencia y el rol a jugar por la «economía militar».

 

Al fin de semana pasado causó sensación en Twitter la imagen del periodista Humberto López mientras recargaba el depósito de combustible de un moderno auto con matrícula particular. Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión revelarían después que el vehículo le fue asignado junto con un apartamento en uno de los edificios destinados a funcionarios de alto nivel del gobierno y el Partido Comunista (PC).

La noticia encontró confirmación implícita este lunes, al anunciarse el nuevo Comité Central del PC y conocerse que el abogado y presentador televisivo se incluía entre sus 95 miembros. El Comité Central es la «asamblea nacional de militantes» encargada de dirigir el PC entre congreso y congreso. Como esos encuentros se celebran cada cinco años –y la Constitución considera al PC la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado»–, las decisiones del Comité Central trascienden por mucho las fronteras de la organización que preside.

Frente a los más de 600 diputados que sientan plaza en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Comité Central –la mayoría de ellos, también parlamentarios– conforman una suerte de vanguardia de la vanguardia. Significativamente, es un grupo en el que predominan los dirigentes políticos y administrativos (apenas 11 de sus integrantes son trabajadores sin cargos de dirección y sólo dos desempeñan oficios manuales en la agricultura; no hay ningún cuentapropista).

La buena estrella de López comenzó a iluminar hace casi tres años, cuando fundó el programa de información política Hacemos Cuba, que todavía conduce y dirige. La exposición mediática que le propició ese espacio determinó que más adelante le llegara –todo indica que desde el Palacio de la Revolución– la propuesta de convertirse en el rostro visible de la campaña antidisidencia de la prensa estatal.

Desde finales de 2019, en varias emisiones del Noticiero nacional de televisión, un segmento conducido por él ha buscado poner en entredicho a las principales figuras de la oposición, al mostrar su dependencia respecto de los fondos federales de Estados Unidos y sus vínculos con organizaciones terroristas radicadas fuera de la isla. Las publicaciones en redes sociales de los propios opositores, así como grabaciones y documentos acopiados por la Seguridad del Estado (la policía política), son el pan cotidiano de la sección y le han garantizado un alto rating.

Este éxito le ha valido una defensa acérrima por parte de los partidarios del gobierno de La Habana y críticas y amenazas desde el campo opositor. Abogados como Eloy Viera, residente en Canadá, han convocado a presentar demandas judiciales en contra de López por delitos como injurias y violación de la correspondencia. «Esta persona tomó una llamada por teléfono con una asesoría legal y colocó el audio en la televisión nacional», denunció Viera la semana pasada a medios opositores en el exterior.

Difícilmente un tribunal cubano aceptaría un caso así. Pero el ascenso del polémico comunicador al Comité Central puede tomarse como referencia de que en el futuro la confrontación será incluso más radical. Así lo anticipó el presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso de aceptación del cargo de primer secretario del Comité Central del PC este lunes: «El dinero corre a raudales para atacarnos, [pero] no somos una revolución débil». Tres días antes, al inaugurarse el congreso, Raúl Castro había proclamado: «Jamás le negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución». Una salva de aplausos cortó sus palabras.

¿EL NUEVO HOMBRE FUERTE DE CUBA?

Como es habitual, el octavo Congreso del PC transcurrió entre el 16 y el 19 de abril, en homenaje a la batalla que desde 1961 la propaganda oficial cubana califica como «primera gran derrota del imperialismo en América». En esencia fue eso lo que ocurrió en Playa Girón, el minúsculo poblado de la costa centrosur de la isla, donde Estados Unidos pretendía establecer una cabeza de playa que justificara su intervención militar. Fue aquella una victoria por la que Fidel Castro manifestó siempre especial orgullo. Pero las décadas transcurridas han puesto a sus sucesores ante otros retos no menos notables.

Entre todos, pocos superan en urgencia el planteado por el envejecimiento poblacional. Uno de cada cinco cubanos tiene hoy más de 60 años de Edad y para 2030 se prevé que los ancianos representen alrededor de un tercio del censo nacional. Los jóvenes más calificados suelen plantearse la emigración como proyecto de vida, y entre los que se quedan predominan los matrimonios con uno o, cuanto más, dos hijos.

En respuesta, las autoridades han impulsado la «política de los tres hijos», que compromete a los gobiernos locales a construir viviendas y proveer ayudas a las madres solteras que cuidan familias numerosas. Sin embargo, a juicio de lo dicho a Brecha por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa estrategia comienza a ser contraproducente: «Lo que incita es a parir sin lo mínimo indispensable y después exigirle al Estado que resuelva los problemas. Muchos territorios han caído en una espiral de “gastos sociales” difíciles de sostener».

El número y la condición de los futuros cubanos centraron buena parte de las reflexiones de Raúl Castro durante la lectura del Informe Central al Congreso. Su preocupación apuntó al peligro que la actual tendencia demográfica implica para la defensa del país. «El envejecimiento de la población […] limita el número de ciudadanos que arriban a la edad reglamentaria para sumarse al servicio militar. […] Esta cuestión es más importante en la medida en que pasa el tiempo». Entre sus recomendaciones estuvo no «admitir la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos injustificados, no hayan cumplido el servicio militar».

El octavo congreso sirvió de escenario para la salida de la «generación histórica» de los cargos que había ocupado por más de 60 años. Y también para que se visibilizara el poder de la «economía militar», personificada en la figura del presidente del poderoso Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Exgeneral de las Fuerzas Armadas y exyerno de Raúl Castro, López-Calleja es considerado una pieza clave dentro de la nomenklatura isleña. Su promoción al Buró Político, la mesa directiva del PC, integrada por 14 miembros, fue resaltada por opositores como el exprofesor universitario José Raúl Gallego, emigrado a México. «Si en años anteriores lo vimos viajando en calidad de “asesor” o de “incógnito”, ahora abandona las sombras. Ante la cercanía de la muerte de Raúl Castro, el poder real empieza a afincarse también como poder formal», señaló Gallego en sus redes sociales.

Es ese el enfoque preponderante fuera de la isla y entre los grupos disidentes, pero puede que no sea completamente acertado. Al repasarse los nombramientos de los últimos dos años se pone de manifiesto el protagonismo del ahora presidente y primer secretario del PC. Con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel designó a figuras de su entorno para cargos tan estratégicos como los de primer ministro y primer secretario del PC en la provincia de La Habana (donde reside uno de cada cinco cubanos). Más aún, este congreso determinó erigir a Díaz-Canel como cabeza única del PC, algo inédito y no contemplado en los estatutos de la organización.

Otro hecho que ameritaría un segundo análisis es la postergación de que fueron objeto algunos de los dirigentes más populares del país. Dos viceprimeros ministros (una de ellos, mujer y negra) y el primer secretario del PC en la estratégica provincia de Santiago alcanzaron, apenas, a incluirse en la nómina del Comité Central. El caso de este último resultó más llamativo por la designación para el Buró Político de una homóloga suya proveniente de una pequeña provincia occidental.

LA VULGARIZACIÓN DE LA DISIDENCIA

Poco antes del congreso, el 4 de abril, los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) transmitieron en vivo una suerte de aquelarre callejero en que se burlaban de Díaz-Canel y los policías que poco antes habían fracasado en el intento de arrestar a uno de sus líderes. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo –las cabezas del MSI que quedan en Cuba– habían anunciado que ese domingo organizarían una fiesta para los niños de San Isidro, una barriada pobre ubicada a no más de un quilómetro de la ciudadela colonial de La Habana.

La fecha que habían escogido no era casual. El 4 de abril cumplía 60 años la Organización de Pioneros José Martí, el movimiento creado por el PC para agrupar a los niños de hasta 15 años de edad. Cualquier niño que en Cuba cursa las enseñanzas primaria y secundaria –es decir, todos– es considerado de manera automática «pionero» y pasa a jurar en cada comienzo de semana una consigna que a muchos opositores lleva tiempo causándoles urticaria: «Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!».

No sólo a la disidencia declarada, sino también a muchos de los cubanos residentes en otros países. La sangría migratoria alcanza con particular fuerza al liderazgo opositor. Activistas como Anamely Ramos –la «cara intelectual y femenina del MSI»– han decidido poner en pausa su «lucha frontal contra el régimen» y cruzar la frontera; en su caso, para cursar un doctorado en Antropología dictado por una universidad mexicana.

La metamorfosis política que se produce luego de abandonar la isla tiene su manifestación más dramática en la comunidad asentada en el sur de Estados Unidos. A mediados de 2020 un estudio de la Universidad Internacional de la Florida resaltó que, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los hispanos, entre los cubanoestadounidenses el presidente Donald Trump acaparaba dos tercios de las intenciones de voto; más aún, de acuerdo con la investigación, «76 por ciento de los encuestados que llegaron entre 2010 y 2015 dijeron ser republicanos».

El domingo de marras, apenas Osorbo logró escapar de los policías, miles de personas se conectaron en vivo a las transmisiones por Facebook del MSI. La dramaturgia de la protesta era simple: Osorbo, Otero Alcántara y sus correligionarios habían ocupado la calle frente a la sede de su organización y a voz en cuello convocaban, a las decenas de espectadores reunidos en el lugar, a ofender al presidente. «Cuando yo diga: “Díaz-Canel”, ustedes dicen: “¡Singao!”», grita Otero Alcántara en el video. Aunque a sus espaldas algunas voces lo respaldan, desde el público la reacción es mucho más tibia, nula casi. Sólo dos incidentes jalonan la transmisión: en un punto, los miembros del MSI vuelven a entrar a la casa para dejar paso libre a un puñado de policías que atraviesa la concurrencia; en otro momento, una anciana sale al ruedo contoneándose a ritmo de twerking para bailar con Otero Alcántara; mientras, los amigos de este aplauden y aseguran que «algo grande está ocurriendo en Cuba».

Las transmisiones originales del suceso encontraron amplio respaldo en el ecosistema disidente y entre las figuras del periodismo no estatal en Cuba. Mas la conmoción nacional que anticipaban desde el MSI nunca ocurrió. Al día siguiente, cuando Otero Alcántara pretendió retomar la idea del cumpleaños y salió a buscar niños para animarlo, la Policía cargó con él y con el payaso que había contratado para el festejo, sin que nadie en el barrio intercediera en su favor. Desde entonces, tanto él como Osorbo Castillo han tratado de llamar la atención con performances y declaraciones polémicas, pero, más allá de alguna detención de pocas horas, el asunto no ha pasado a mayores.

Desde Miami, la tarde del propio domingo 4, el humorista Ariel Mancebo se aventuró a analizar las razones de esa indiferencia, en un post que le granjeó ataques del autotitulado exilio. «El problema grave que yo tengo con los de San Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto. Su actitud es de guapos, no de disidentes que proponen un cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva. […] Alguien que camina dando saltos como si fuese un guapo en medio de una bronca, sin camisa, gesticulando a más no poder […] es más carne de presidio que líder».

Ni Osorbo ni Otero Alcántara parecen interesados en desligarse de esa aureola de marginalidad. La semana pasada, por ejemplo, Osorbo cuestionó sin pruebas las estadísticas oficiales sobre la covid-19 y se burló del destino que estaría dándoles el gobierno a los cadáveres que supuestamente esconde: «Al zoológico, para echárselos a los leones, no los están llevando, porque yo tengo un socio que vive por allá y me hubiera avisado. Nada, mi gente, seguro que los están cogiendo para alimentar los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Ustedes saben cómo funciona la dictadura». Por esas fechas, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública prácticamente había estallado en llanto durante su conferencia televisiva de las mañanas al anunciar la primera muerte de un niño cubano a causa del virus. Y en los días siguientes se notificaría el fallecimiento de otra niña y de una madre que acababa de dar a luz.

Desde hace semanas, La Habana Vieja, el municipio capitalino al que pertenece el barrio San Isidro, se mantiene como el de mayor índice de contagios del país, con una incidencia de nuevos casos que decuplica el promedio nacional. El hacinamiento de sus más de 91 mil habitantes en poco más de 4,5 quilómetros cuadrados no es una baza a su favor, pero al empeoramiento de la situación epidemiológica ha contribuido también con la indisciplina social.

Tras el frustrado arresto policial de Osorbo buena parte de la discusión en las redes se centró en la actitud de sus defensores, en particular de uno que se había involucrado en la disputa con un niño pequeño en brazos. Si bien hubo quien consideró ese gesto un símbolo de rebeldía, otros lo vieron como una decisión sencillamente irresponsable. Las normas establecidas por el gobierno para enfrentar la epidemia prohíben a los menores de edad permanecer en espacios públicos. Ante la violación de ese precepto, sus padres o tutores pueden ser sancionados con multas elevadas.

A una penalización similar se exponen los asistentes a actividades recreativas. Sin embargo, a comienzos de abril, Otero Alcántara se filmó participando en una fiesta con varios de sus vecinos. Como anticipando las críticas que le sobrevendrían por esa violación de las normas sanitarias, este reiteró que no aceptaba las órdenes de la dictadura y volvió a convocar a la desobediencia civil. Desde su punto de vista, «la epidemia es culpa del régimen». Más allá de la comedia de golpe y porrazo que llevan meses protagonizando, tampoco es que Otero Alcántara y los suyos tengan mucho que proponer. Al menos, si se dejan de lado sus transmisiones de Facebook y la sección de revelaciones con que, desde hace más de un año, López hace más animadas las soporíferas emisiones del Noticiero nacional de televisión

La Habana, marzo de 2021 

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Un hombre camina ante una imagen de Fidel Castro, el lunes en La Habana (Cuba).Yander Zamora / EFE

Una nueva generación de dirigentes se encuentra frente al dilema de cómo reestructurar la economía para hacer el socialismo sostenible en la isla

 

Continuidad política y reformas económicas de calado, y más lo segundo que lo primero, he ahí donde se juega el futuro de la Cuba tras el VIII Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Habana. El encuentro unificó todo el poder político en el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y en una nueva generación de líderes nacidos después del triunfo revolucionario. Su principal desafío será realizar una apertura económica e introducir transformaciones profundas, que necesariamente deben ampliar el marco del mercado y de la iniciativa privada, avanzando hacia un modelo mixto, para tratar de hacer sostenible el sistema heredado, sin negar su espíritu.

Es la primera vez que se alinean el Gobierno y las estructuras de la cúpula del partido, hasta ahora encabezado por la vieja guardia, en la figura de un civil que no luchó en la Sierra Maestra, Diaz-Canel, que ya ejercía la presidencia desde 2018. Hasta este jueves el Partido Comunista de Cuba (PCC) rendía cuentas a Raúl Castro y a los históricos, que ahora abandonan todos los cargos.

Sabido es que el modelo de partido único no va a cambiar, pero mantenerse en el inmovilismo y en las reformas rácanas sería el mejor modo de que la economía se vaya a pique, lo que equivale a decir todo el sistema, dado que la crisis y la situación por la que atraviesa la isla es de extrema gravedad. Los problemas estructurales acumulados y la ineficiencia de la empresa estatal, agravados por la epidemia y el recrudecimiento del embargo norteamericano, no se resuelven con parches, se admite en las altas instancias, y también que las reformas introducidas hasta ahora claramente han sido insuficientes para garantizar un mejor nivel de vida a los cubanos, principal reto de los nuevos dirigentes, que no cuentan con la legitimidad “histórica” sino que la valoración que se haga de ellos dependerán de lo que logren.

 “El PCC necesita ampliar las zonas de legitimidad de su mandato con un desempeño económico que lo justifique o se le va a complicar la gobernabilidad”, opina el académico cubanoamericano Arturo López-Levy, señalando que “a mediano plazo, la economía es el primer renglón para medir sus capacidades”. Hay bastante consenso en este punto, y también en otro asunto que menciona López-Levy: “Se necesita orientar prioridades y recursos hacia la seguridad alimentaria, pues sin comida no hay país, por muchos hoteles que se construyan o reparen. Díaz-Canel ha enfatizado el discurso de la continuidad para asegurar la confiabilidad de los que lo han elegido, pero para resolver las demandas y quejas de una Cuba globalizada y signada por una crisis estructural, va a tener que prometer y hacer grandes cambios, tanto sustantivos como en la forma de gobernar”.

¿Qué lectura puede hacerse del VIII Congreso? ¿Defraudó las expectativas de los que esperaban una apuesta decidida por la apertura? ¿O era lo que podía esperarse de un cónclave cargado de simbolismo en el que lo que se escenificaba era la despedida de Raúl y la generación histórica? Hay diversas opiniones. En su informe central, Raúl Castro criticó el “egoísmo” de los que demandan el ejercicio privado de algunas profesiones y reclaman la importación comercial privada para establecer un sistema no estatal de comercio, advirtiendo que hay “límites” que no se pueden rebasar porque implicarían la destrucción del socialismo. La mención cayó como un jarro de agua fría en los sectores que defienden la apertura y en muchos emprendedores, aunque pasados los días, y tras el primer discurso de Díaz-Canel, algunos de los analistas consultados se inclinan a pensar que “la reforma va” y que cada vez será más profunda. Hasta donde se llegará, sea por propia voluntad o por necesidad, es la gran incógnita.

“El VIII Congreso del PCC no ha traído grandes sorpresas, pero tampoco ha significado un retroceso en lo que al sector privado se refiere”, asegura Oniel Díaz Castellanos, fundador de Auge, empresa consultora que brinda asesoramiento a decenas de emprendedores privados. Admite que “ciertas palabras en el Informe Central alarmaron a varios colegas”, entre los que se incluye, pero dice que “una mirada serena” a las intervenciones de Díaz-Canel así como a las resoluciones emanadas de la cita, confirman que “hay una combinación de voluntad política para abrir más espacios económicos, a la vez que se establecen límites que no se deberían pasar según la lógica del PCC”. Su conclusión: “en ninguno de los Congresos anteriores se ha hablado y escrito tanto” sobre el sector no estatal, de las pymes y la iniciativa privada, de lo que deduce que “no hay marcha atrás” en la reforma.

Es de la misma opinión el economista Omar Everleny, que apunta que “el Congreso tiene varias lecturas: podría parecer que no hay cambios ya que se critica a personas que quieren obtener más ingresos y se precisa que Raúl estará presente en la toma de las decisiones fundamentales; pero por otro lado, se ha apelado a hacer ingentes esfuerzos por salir de la crisis económica, de implementar en el corto plazo medidas para potenciar el trabajo, la necesidad de descentralizar decisiones, de utilizar las formas no estatales, de implementar las pequeñas empresas….”. El camino, cree, no es inmovilista sino “reformista, pues si no será complejo producir los resultados económicos que espera la nación”.

En la composición del nuevo Buró Político, destaca Everleny la entrada de dos figuras “con un corte empresarial”: Manuel Marrero, que hoy es primer ministro, “pero que fue presidente de la corporación turística Gaviota”, y Luis Alberto López-Callejas, que al frente de GAESA (el grupo empresarial del ejército) “controla el mayor por ciento de los negocios en divisas cubanos sean tiendas, hoteles, marinas, aviación, y la zona Especial de Mariel, y no es un político al estilo de los que se conocen, sino un hombre de negocios clásico”.

Rafael Hernández, director de la revista Temas y miembro del PCC, consideró fuera de la realidad a los que pensaron que el Congreso iba a “rifar” el sector estatal y que “ahora sí era el turno de la privatización”. “Naturalmente, esos augurios no tenían sustento”, opinó, aclarando que ninguna “las resoluciones aprobadas desandan lo avanzado durante el año y pico de pandemia respecto a la legitimidad y consolidación del sector privado”. “La Resolución sobre la Conceptualización del modelo reitera ‘reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas”, asegura.

Diversos economistas han puesto énfasis en que tan relevante como el Congreso fue lo sucedido justo antes de su inauguración, cuando Díaz-Canel presidió un inédito encuentro con emprendedores privados y representantes de la empresa estatal, en el que se habló del necesario impulso a las pymes y el papel creciente que ocupará el sector no estatal. En otra reunión con el sector agrícola, en la que resulto cesado el ministro del ramo, se aprobaron un conjunto de medidas para incentivar a los productores privados y reactivar esta esfera de la economía, vital en estos momentos de crisis, y allí el presidente advirtió de que no había “tiempo para pensar en el largo plazo”.

Sobre los “límites” en la apertura al sector privado de los que habló Raúl Castro —pero que no especificó—, López-Levy considera que no es la cuestión más relevante. “Los límites y las líneas rojas irán moviéndose con la vida. Las reformas traerán más presión de otras reformas, y otro tipo de cambios llegarán por carambola”. Los más escépticos indican que otros intentos de reforma se frustraron en el pasado, cierto, aunque hoy la situación es distinta, el tiempo y el ritmo son ahora vitales, pues la crisis es gravísima y las urgencias son cada vez mayores. Habrá que ver los próximos movimientos de los encargados por los ‘históricos’ en asegurar la “continuidad” y hacer sostenible el socialismo cubano.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 22 abr 2021 - 1:04 CEST

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Cuba, el congreso del Partido y más continuidad

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba escenificará el retiro de la vieja guardia y del propio Raúl Castro. Pero en Cuba se habla de muchas otras cosas: de la unificación monetaria, la pandemia, las vacunas cubanas, la crisis y la posibilidad de sacrificar ganado después de casi 60 años de prohibición. El «congreso de la continuidad histórica» resume las tensiones entre inercias y cambios.

La gente en La Habana habla. Habla de todo. Habla mucho, por ejemplo, del rebrote del covid-19, que en los últimos dos meses ha alcanzado cifras que rondan el millar de contagios diarios, cuando nos habíamos habituado a contar menos de 100. Habla del anuncio de supuestas medidas adicionales de restricción por la pandemia, más cierres, más controles. Habla del vecino que ha dado positivo y está ingresado, el pobre. Habla, claro que habla, de los diversos candidatos vacunales cubanos, apuesta por ellos y los espera como la tabla de salvación.

También habla, ahora mismo, de que el gobierno cubano, luego de casi seis décadas de prohibición, autorizará a los ganaderos del país a sacrificar reses para comerciar la carne y les dará facilidades para vender la leche. Y eso no es cualquier cosa: en Cuba por sacrificar una vaca recibías una condena peor que las de la India. Podías ir 20 años a la cárcel, mucho más tiempo que por ciertos homicidios. Claro, se podrá vender carne y leche pero… con controles. En Cuba todo se regula, se controla, aunque luego se recontrarregula y se descontrola, como la transmisión de la epidemia. El problema es que en Cuba, que llegó a ser un país exportador de carne, no quedan muchas vacas.

La decisión de «liberar» las reses llega envuelta en un paquete de 63 medidas de las que, se asegura en medios oficiales, «30 son consideradas de prioridad y otras de carácter inmediato, para estimular la producción de alimentos en la nación», algo que, como lo habla la gente, es un problema cada vez mayor. Entre esas medidas se incluyó además la reducción de la tarifa eléctrica a los productores de alimentos, luego del aumento de precios decidido por el gobierno.

Se habla, y mucho, de que el dinero no alcanza. Al fin se realizó la tanto tiempo esperada y mil veces anunciada unificación monetaria que sacó del juego a los llamados pesos convertibles (CUC), que tenían una cierta equivalencia con el dólar (USD), pero que se cambiaban a 24 pesos cubanos (CUP) por CUC… pero también a 12, o uno a uno, según la instancia comercial o administrativa que realizara el canje, dando como lógico resultado que nunca se sabía a ciencia cierta cuánto costaba o valía algo. Así funcionaba (o pretendía funcionar) la economía nacional.

Ahora se ha fijado el cambio oficial de un dólar en 24 CUP, para no devaluar demasiado la moneda cubana. Y se han quintuplicado o más los salarios estatales y las pensiones en CUP, mientras se han septuplicado o mucho más los precios de los productos en las tiendas del Estado. Sin embargo, como esas tiendas del Estado están desabastecidas y frente a ellas se producen largas colas que pueden llevarle al pretendido comprador cinco, seis horas, a sol y lluvia y sin baño donde hacer sus necesidades (de eso también se habla, muchísimo), el mercado negro del cambio de divisas les ha dado a dólar y al euro valores más reales: unos 48 pesos por dólar y 56 pesos por euro. Y subiendo.

Se habla, por supuesto, de que el presidente Joe Biden ni nos ha mirado. Se esperaban algunos cambios en las medidas muy restrictivas que aplicó la administración anterior, que recrudeció las leyes del embargo, prohibió prácticamente el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, cerró el consulado de La Habana y complicó la posibilidad de viajar a los cubanos con familias al otro lado del Estrecho de La Florida. Hoy en día, para aspirar a un visado, el ciudadano cubano debe ir a un tercer país. Guyana, por ejemplo. Y cuando habla del tema, la gente se pregunta: ¿Biden en más de lo mismo? Hasta ahora, para los cubanos, parece que sí.

Pero se habla, sobre todo, de que la «cosa» está mala. De que la economía está en crisis con la paralización del turismo y la ineficiencia tradicional, del incremento de las actividades de la disidencia, de que la vida es cada vez más cara y la gente no sabe cómo arreglárselas. Hasta el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo dice cuando reclama soluciones inmediatas, pues hay urgencia, no hay tiempo para los plazos largos.

Y aunque también se habla del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, creo que se le dedican menos palabras, comentarios, pensamientos de los que por lógica debería provocar. Incluso en los medios oficiales, regidos por el Partido, estoy casi seguro de que se ha hablado mucho menos que otras veces. Apenas se sabe que se discutirá en el Congreso de «la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico Cubano de Desarrollo Socialista y de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución». O sea, se volverá a hablar de lo que ya se habla.

Se dice, además, que el Congreso traerá cambios. Pero solo sabemos con certeza de que habrá uno, y lo conocemos desde hace varios años: el general Raúl Castro dejará su puesto como secretario general y lo entregará al actual presidente de la República.

¿Qué implicará ese cambio? La gente no lo sabe y apenas especula sobre el tema. Ya se sabe, porque se ha dicho, que el Congreso será un ejercicio de continuidad, de reafirmación de la irreversibilidad del socialismo en Cuba, o sea que en esencia se dirá que se mantendrán las mismas formas de gobierno, política y de organización social existentes en estos momentos.

Si hubiera más información sobre qué podría traer la reunión del máximo órgano de decisión del país, quizás la gente hablaría mucho más. Pero el secretismo es parte del sistema político cubano. No obstante, se supone que el relevo de generaciones históricas no implicará un relevo esencial de prácticas políticas, aunque ya en el plano económico, como he relatado antes, se han ido introduciendo transformaciones, pues el país atraviesa una de sus peores crisis financieras, de producción y de suministros, no tan profunda como la de los años 1990, pero bastante cercanas.

Con menos expectativas en el ambiente de lo que tal vez debería generar la reunión del partido único y gobernante en Cuba, sería deseable que el Congreso en marcha (entre el 16 y el 19 de abril) diera muchos más temas de los que hablar, especular, resultados que esperar. Que como resultado del cónclave se sacudieran más y mejor unas estructuras económicas que han demostrado estar plagadas de mecanismos y leyes disfuncionales (como las que provocaron el empobrecimiento de la masa ganadera del país) o la tan demorada unificación monetaria, que llegó cuando no podía esperarse más y fue en el peor momento económico de la nación (por solo citar un par de ejemplos a partir de lo antes mencionado), cambios que traigan más esperanzas a una población que vive una etapa de infinitas dificultades, agravadas por la presencia de la pandemia, que ha alterado el equilibrio económico del mundo, no solo de la isla.

En el plano simbólico, el Congreso marcará un cambio histórico en Cuba, cuando por primera vez en seis décadas no sean ya Fidel y Raúl Castro los líderes al mando. En los últimos años, y más en los meses recientes, la presencia pública del general Raúl Castro se hizo muy esporádica, mientras la del presidente Díaz-Canel alcanzó niveles de visibilidad que ni siquiera sostuvo Fidel (según recuerdo). Por lo tanto, habrá que ver si en lo real el traspaso de poderes es completo y qué significaría de cara a las nuevas realidades del país y del mundo. Aunque, repito, se habla de continuidad, solo continuidad.

Una gran campaña de vacunación contra el covid-19, con vacunas creadas en Cuba, puede ser un gran legado del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en este mes de abril de 2021. La salida del panorama político activo de Raúl Castro lógicamente que entraña un vuelco histórico más o menos visible en lo inmediato. Pero la gente necesita más. No solo para hablar, sino para vivir mejor. Creo que después de tantos sacrificios, los cubanos nos lo merecemos.

Y con urgencia, no con soluciones a largo plazo que a veces ni siquiera han llegado, perdidas en el tiempo, en el espacio, en la ineficiencia y en el olvido. 

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Biden acaba con el anarcoliberalismo y tiene una buena razón para hacerlo

Un par de discursos de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, han bastado para tirar por la borda las proclamas anarcoliberales de los últimos cuarenta años.

 

En el Senado, Yellen advirtió que "la recesión será larga y dolorosa si no hay un mayor estímulo fiscal" y, en el Congreso, anunció las subidas previstas en los impuestos sobre sociedades (del 21% al 28%) y en los que gravan los beneficios obtenidos en el exterior (del 13% al 21%), así como la necesidad de establecer un impuesto mínimo común en todos los países sobre las ganancias de las multinacionales.

Todo ello -dijo- para frenar la carrera global a la baja y "hacia el abismo" de los impuestos en los últimos treinta años. Días antes, Biden había presentado el último plan de estímulo dedicado a inversiones en infraestructuras por un valor de 1,9 billones de dólares, elevando así a la fabulosa suma de 5,8 billones el dinero que la administración estadounidense lleva gastado para combatir la crisis. Todo lo contrario de lo que los anarcoliberales, desde Reagan hasta Trump, vienen diciendo que hay que hacer para arreglar cualquier tipo de problema económico: recortar gasto y bajar impuestos.

Lo importancia de estas medidas va más allá de su magnitud, muy grande en gasto pero no tanto en materia impositiva, pues la del tipo del impuesto sobre sociedades se quedará a siete puntos del 35% que tenía cuando Trump lo redujo al 21%. Lo importante, a mi juicio, es el cambio en la filosofía que hay detrás de ellas y, sobre todo, el reconocimiento de que ese mantra anarcoliberal no ha funcionado en absoluto y que es inapropiado para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos para poder mantener su poder imperial sobre el resto del mundo.

Como el propio presidente Biden recordó hace unos días, 52 de las mayores empresas de Estados Unidos no habían pagado en impuestos ni un centavo en los últimos tres años pero eso no había conseguido recuperar su inversión ni que creasen más empleo. Y lo único que han logrado los programas de recortes de los últimos decenios ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y deteriorar la base material de la economía y los servicios públicos que son imprescindibles, no solo para mantener niveles mínimos de bienestar para toda la población, sino para que las propias empresas privadas puedan funcionar con un mínimo de eficiencia.

Ha tenido que producirse una pandemia para que se den cuenta pero bienvenido sea, aunque llegue tarde, este cambio de paradigma.

Lo bueno, además, es que Estados Unidos no se puede permitir poner en práctica esa nueva estrategia fiscal, imprescindible para financiar el enorme gasto público previsto, sin lograr, al mismo tiempo, otros dos objetivos. Por un lado, que se asuma esa filosofía en los demás países y se establezcan un estándar mundial común, y de ahí su propuesta de impuesto mínimo global sobre el beneficio de las sociedades.

Por otro, cambiar la percepción que se ha sembrado en la ciudadanía sobre la fiscalidad a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. No es posible consolidar los cambios que necesita llevar a cabo la administración Biden, o los parecidos que se propongan a partir de ahora otros gobiernos, sin acabar con la demonización de los impuestos y de la inversión pública, y eso obliga a realizar un discurso político muy diferente al que hemos venido oyendo en los últimos decenios.

Ahora bien, ni Yellen, ni Biden, ni los dirigentes del Fondo Monetario Internacional que igualmente reclaman más impuestos sobre los ricos y empresas para hacer frente a la crisis y que ahora dicen "estar a favor de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global", se han hecho de izquierdas, bolivarianos o comunistas. Es verdad que asumen lo que veníamos proponiendo desde hace tiempo los economistas y organizaciones progresistas pero lo han debido hacer porque las propuestas de los anarcoliberales han fracasado y porque tienen por delante unos retos a los que no podrían hacer frente simplemente haciendo cada vez más ricos y poderosos a quienes ya lo tienen todo.

Por eso no conviene echar las campanas al vuelo. Detrás de las buenas palabras hay una estrategia de fondo que lo explica todo.

Estados Unidos tan solo se propone recuperar el terreno perdido, evitar que su sociedad colapse como resultado de las fracturas sociales tan grandes que han provocado cuarenta años de políticas a favor del gran capital, y reforzarse para hacer frente a la competencia cada día más feroz de China.

La explicación de los cambios tan radicales que en materia económica está llevando a cabo la administración Biden quizá se puede encontrar en un informe publicado por The Atlantic Council sobre la estrategia que debería adoptar Estados Unidos frente al ascenso del poder de China en el mundo y cuyo autor es un ex alto funcionario del gobierno que se mantiene en el anonimato (aquí).

En el informe se definen, en primer lugar, los intereses nacionales que Estados Unidos debe proteger, junto a los de sus socios y aliados. Los tres primeros, retener la superioridad económica y tecnológica colectiva, proteger el estado global del dólar estadounidense y mantener una abrumadora disuasión militar convencional.

La estrategia que puede ser eficiente para alcanzarlos debe tener, según el informe siete componentes de los cuales el primero es reconstruir los fundamentos económicos, militares, tecnológicos y de capital humano del poder nacional a largo plazo de Estados Unidos

Según el informe, para desarrollar esa estrategia hay que basarse en diez principios organizativos básicos de los que destaco el primero: los pilares fundamentales del poder estadounidense son cuatro, las fuerzas armadas, el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y pilar del sistema financiero internacional, el liderazgo tecnológico global, y los valores de la libertad individual, la justicia y el estado de derecho.

De ahí se deducen, finalmente, una serie de "tareas domésticas centrales" de carácter estructural, a largo plazo y "con dividendos que solo se obtendrán en una década o más". Entre ellas, las siguientes:

- Revertir las inversiones en declive en infraestructura económica nacional crítica, incluidos los sistemas móviles 5G de próxima generación.

- Revertir la inversión pública en declive en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, educación, universidades e investigación científica básica.

- Asegurar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en las principales categorías de innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial.

- Desarrollar un nuevo consenso político sobre la naturaleza futura y la escala de la inmigración a los Estados Unidos para garantizar que la población estadounidense continúe creciendo, permanezca joven y evite las implosiones demográficas que amenazan a muchas otras economías desarrolladas y emergentes, incluida la propia China, mientras retiene a los mejores y más brillantes de todo el mundo que vienen a los Estados Unidos para estudiar.

- Rectificar la trayectoria presupuestaria a largo plazo de los Estados Unidos para que la deuda nacional se mantenga en última instancia dentro de parámetros aceptables.

Esto es lo que posiblemente hay detrás del impresionante programa de estímulo que está diseñando la administración de Biden y de las medidas fiscales anunciadas: la paradoja del anarcoliberalismo de las últimas décadas. Ha hecho más poderosos y ricos que nunca a quienes ya lo eran pero ha debilitado al capitalismo como sistema, porque este necesita legitimación y equilibrio interno y sostenibilidad. Queriendo apropiarse de todo se ha fracturado la sociedad que lo sostiene y desmantelado las fuentes de ingresos que el propio capital necesita para sobrevivir.

El anarcoliberalismo ha matado de éxito al capitalismo de nuestro tiempo y este debe ahora reinventarse. Está por ver a qué precio y con qué resultados pero la casi total ausencia de contrapesos me hace temer lo peor.

 Por Juan Torres López

10 abril, 2021

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Un país en remate: transnacionales y empresarios locales festejan las políticas de Maduro

Se hacen concesiones, se privatizan o directamente se rematan. Maduro sigue en carrera en su curso privatizador y entreguista. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro.

Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley “Antibloqueo”. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa “transparencia” del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.

En medio de una flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo al uso de divisas en el país, el gobierno de Maduro ha entregado a inversionistas privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jacta en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Hace menos de seis días, el viernes 19 de febrero Maduro anunció que el país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera. Recalcando que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo. Un país llevado a la quiebra se pone en venta.

Al mismo tiempo indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de “negocio”. "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó.

Se trata de todo el curso entreguista y privatizador de Maduro, como lo hemos venido denunciando desde este diario, e incluso impulsando campañas unitarias contra todo este curso de remate del país en medio de la catástrofe económica que se vive durante ya más de siete años.

Además de las transnacionales todos los grupos económicos del país lo celebran. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas del Estado que con el concurso de testaferros participan del festín.

Mientras hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata el país, mientras un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, llevando la buena vida.

Y lo constatan los propios empresarios. El pasado miércoles 27 de enero también hubo otro festejo, esta vez en la sede de la principal cámara empresarial del país. La llamada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la nueva Asamblea Nacional (AN) encabezada por Jorge Rodríguez, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) se reunieron en la propia sede de Fedecámaras. El mismo presidente de Fedecámaras lo decía, “jamás una comisión de tan alto nivel se ha reunido con nosotros, y menos en nuestra casa”.

Es claro, y así lo han hecho resaltar, que el encuentro entre los jerarcas del chavismo y dirigentes empresariales es para darle continuidad a nuevas reprivatizaciones -como las que han ocurrido sobre todo desde el año pasado con compañías que estaban en manos del Estado. Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles, entre otras empresas, han sido transferidas a operadores privados en las así llamadas alianzas estratégicas.

En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Empresarios destacan el giro gubernamental. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, se da el lujo de decir el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo. Este empresario resalta que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y a otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo, puntualiza que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la Ley antibloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero no todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés, tampoco lo fue en los ‘90. Ni tontos que son los capitalistas para hacerse de empresas en las que consideran que no es un negocio rentable.

El gran negocio petrolero [1]

Pero hasta aquí hemos mencionado toda una serie de empresas que no tienen la envergadura de la industria petrolera, del sector hidroeléctrico, telefonía o industrias básicas como las de Guayana. Justamente es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones se ha venido en un avance constante desde hace ya varios años.

El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, para solo mencionar algunas.

Sobre la privatización en la industria petrolera hemos escrito por extensión un artículo titulado “Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela” en el cual hacemos un recorrido de los últimos seis años a todo este proceso de “apertura”, donde además del sector petrolero abordamos el gasífero y petroquímico.

En el mismo indicamos cómo en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Incluso señalamos que, con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso.

Pero se trata de un curso que sigue dando pasos agigantados, ahora amparados por la Ley “antibloqueo” en el mayor secretismo de Estado, que no permite seguirle el paso minucioso con detalle a todo este proceso entreguista. Peor aún, se puede penar con años de cárcel si alguien se atreve a publicar todos estos entramados y negociatas que se llevan a cabo.

Y Maduro vuelve a recalcar en este mes de febrero “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro. Se trata de un gran pillaje que implica un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China, Turquía y diversos pulpos petroleros europeos.

Como concluíamos en el artículo antes señalado, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

 

[1] Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquíaquí y aquí.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 24 de febrero | 20:00

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

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Martes, 19 Enero 2021 06:20

Arce y la economía boliviana

Arce y la economía boliviana

Si algo tienen en común los gobiernos neoliberales en la región es que la eficiencia ha demostrado ser un ingrediente más de su propaganda y uno menos de su gestión.

Bolivia no ha sido la excepción. Apenas 11 meses de gestión económica de Áñez bastaron para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer las familias. La caída del PIB de Bolivia en 2020 superará 8 por ciento, un registro que si bien no destaca en contraste con sus vecinos, sobresale porque es el único país que en plena pandemia, en lugar de estimular la economía, ¡tomó medidas de ajuste! Un estudio realizado por el CEPR ( Economic Policy Responses to a Pandemic: Developing the Covid-19 Economic Stimulus Index) muestra que Bolivia está entre los países de América Latina que menos impulso fiscal dedicaron para enfrentar la crisis generada por la pandemia: menos de 0.5 por ciento del PIB (frente a 2 por ciento promedio ­global). En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo, Bolivia generó más de un millón de nuevos pobres durante la ­(indi)gestión de Áñez.

La victoria electoral del MAS en octubre sentó las bases para que, a partir de noviembre, con el nuevo gobierno, comenzara a suministrarse el antídoto. En sólo dos meses, Luis Arce se puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas, que se podrían agrupar en tres ejes: 1) humanitarias (para los más necesitados); 2) ordenar la casa, y 3) volver a crecer.

Humanitarias. Lanzamiento del Bono contra el hambre, equivalente a 140 dólares entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a los más necesitados para enfrentar la urgencia social.

Nuevo régimen de reintegro del IVA, que devuelve 5 por ciento del precio neto a quienes tengan salarios inferiores a mil 250 dólares, medida que mejora el ingreso de las clases medias y bajas.

Aumento de 3.4 por ciento en los ingresos de los jubilados para 2020.

Disminución del precio de los alimentos gracias al restablecimiento del certificado de abasto interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo de 15 por ciento de harina solvente a precio justo al mercado interno.

Ordenadoras. Final de la fiesta de 11 meses de contrabando: intensificación de la supervisión aduanera, crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados.

Abrogación de decretos de Áñez perjudiciales para los intereses del público, como: a) decreto que autorizaba el uso de semillas transgénicas; b) decreto que difería el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), la rebaja de la base imponible del impuesto a las transacciones; c) decreto que permitía la libre exportación agropecuaria, de pollo y carne, y eliminaba el requisito del certificado de abasto interno; d) decreto que extendía la explotación del registro mercantil sin respetar debidos procesos; e) decreto que habilitaba la importación de vehículos usados, que daña el ambiente, la balanza comercial, envejece el parque automotor y deteriora los ingresos fiscales.

Desactivó juicios de arbitraje internacional por incumplimiento de pagos con la firma Dopprlmayr, la firma austriaca proveedora de Mi Teleférico por deudas no canceladas en el gobierno de facto.

Emisión de un bono navideño para incentivar a pequeños ahorristas.

Extensión del alícuota adicional de 25 por ciento de la alícuota al impuesto a las utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera 6 por ciento, que hasta ahora sólo afectaba a los bancos y otras empresas financieras.

Sanción del impuesto a las grandes fortunas, que logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar el país adelante.

Volver a crecer. Se ordenó la capitalización de 100 por ciento de los beneficios de 2020 de la banca y otras entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, aumentar la solidez de los bancos y expandir el crédito (ya que no podrá ser distribuido como ­dividendos).

Reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas.

Creación y reglamentación de dos fideicomisos para la reactivar la industria nacional y el combate al contrabando que atenta contra la producción nacional, especialmente de textiles, que resurgió durante el gobierno de Áñez.

Créditos de fomento agrario a 3 por ciento anual de interés.

Reactivación de la construcción del tren metropolitano cochabambino (más de 17 millones de dólares de inversión).

Reactivación de la planta procesadora de banano de Unabeni.

Más de 5 millones de dólares invertidos en BOA, empresa que estaba en proceso de desguace para venderla a precio de saldo (abandono de rutas rentables, retraso pagos tributarios y del mantenimiento de las aeronaves).

Un total de 130 millones de dólares destinados a créditos para reactivar la industria nacional, a 5 por ciento de interés y hasta 10 años de plazo, con el principal propósito de sustituir importaciones de bienes finales e intermedios.

Reactivación de plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de urea paralizados por problemas técnicos, sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo.

El Arce-presidente no ha dejado de ser Arce-economista. El conjunto de acciones tomadas en este corto periodo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible. Por ahora, va en el camino correcto.

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla*

*Celag

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en la Asamblea Nacional, este martes.MANAURE QUINTERO / Reuters

La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional

 

Venezuela ha dado un paso más en la dolarización del país este martes. El presidente, Nicolás Maduro, ha anunciado la intención de “avanzar 100% hacia un sistema de pagos digital en el país”, en el cual siga aumentando la creciente influencia del dólar sobre la maltrecha economía venezolana. La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional. “Ya estamos por autorizar, bajo la supervisión de la Superindentencia de Depósitos Bancarios, la apertura de cuentas en dólares a todos los niveles”, afirmó.

El mandatario venezolano hizo estos anuncios con motivo de su visita a la Asamblea Nacional, recién electa en los cuestionados comicios del pasado diciembre y controlada ahora por el chavismo, en ocasión de la presentación de su Memoria y Cuenta, el informe anual de gestión, un gesto institucional que Maduro no había hecho durante los años en los cuales la oposición controló el Poder Legislativo.

La intención de Maduro por digitalizar totalmente las transacciones comerciales y estandarizar la influencia del dólar –presente ya en un 70% de la economía– tiene lugar en un país con cuatro años de hiperinflación, una hacienda pública devastada por la corrupción y una grave caída en sus ingresos petroleros. El bolívar, la moneda nacional, prácticamente no existe en papel moneda y buena parte de las transacciones y pagos cotidianos se hacen con puntos de venta [tarjetas de crédito], transferencias bancarias y mecanismos alternativos como el pago móvil.

El uso del dólar está autorizado, pero son poco comunes los billetes de baja denominación, lo cual dificulta operaciones comerciales elementales ante la ausencia de cambio. En este contexto, Maduro anunció que el transporte público del país será cancelado con los sistemas de pagos digitales V-Ticket y V-Pos. El Gobierno ya tiene digitalizadas asignaciones salariales, bonos oficiales y subsidios añadidos de la administración pública mediante el denominado Carné de la Patria, estimula el uso de las criptomonedas y ha creado otros mecanismos similares de pago como la Billetera Móvil.

“El Gobierno de Maduro tiene hoy mucho interés en minimizar en lo posible el uso del efectivo”, afirma Leonardo Vera, docente y miembro de la Academia Venezolana de Economía. “La razón principal es que, en un contexto de hiperinflación, esta mecánica de estar imprimiendo billetes a cada rato es muy costosa. La vida útil de cada billete es muy corta, es un gasto enorme para el Estado.” Cada dólar se vende en este momento en un millón y medio de bolívares. El billete venezolano de más alta denominación es de 50.000. El bolívar, la moneda latinoamericana más fuerte durante buena parte del siglo XX, hoy no vale nada.

“Se ha hablado de la dolarización de la economía. Yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape,” afirmó Maduro, cuya administración sigue dando pasos apurados y silenciosos para atraer capitales, congraciarse con el sector privado y dinamizar el comercio exterior en medio del extendido cuestionamiento a su Gobierno. Hasta 2017, tanto Maduro como la plana dirigente chavista culpaban casi diariamente “al dólar criminal”, y “la guerra económica de la burguesía”, como presuntos responsables del naufragio económico del país.

Desde que asumió el poder, en 2013, el Gobierno de Maduro ha impreso dos familias de billetes que al poco tiempo han quedado completamente obsoletos, devorados por un descontrolado aumento de precios que ya parece parte del paisaje, y para el cual no se ha anunciado ninguna estrategia económica en particular.

Antes de que el dólar fuese aceptado abiertamente en Venezuela, hace tres años, la ausencia de bolívares en efectivo dio paso a enardecidas protestas de la población afectada, particularmente en pueblos pequeños al no poder cobrar sus salarios.

“Hay una tendencia en curso, acentuada con el covid, para que muchas economías del mundo digitalicen sus transacciones”, afirma Vera, quien afirma que, contrariamente a lo que pueda pensarse, ya hay un trecho avanzado en Venezuela en estos temas al estar presionado el Gobierno por la necesidad.

Para el asesor financiero Henkel García, director de la firma Econométrica, el Gobierno va a encontrar problemas para masificar esta digitalización: “En cualquier caso, al no resolverse el problema económico del país, mucha gente va a quedar por fuera. La gente necesita bolívares. Gente que no tiene teléfono inteligente, que no quiere usarlo en la calle por miedo al hampa. Es imposible plantearse una meta del 100 por ciento de la digitalización de los pagos. Ni Suecia, país vanguardia en el mundo en estos temas, ha podido hacerlo”.

“Tendremos un gran problema para este objetivo: la debilidad de las plataformas tecnológicas venezolanas y los pocos recursos existentes para ponernos al día”, afirma Vera. “Puede que a futuro tengamos un sistema diversificado de medios digitales, pero con plataformas muy inestables”, concluye.

Por Alonso Moleiro

Caracas - 13 ene 2021 - 16:01 UTC

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