MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

El elegido para reemplazar el liderazgo de los Castro

Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, con 58 años recién cumplidos, el ingeniero electrónico que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado en Cuba es un político de sólida y ascendente trayectoria.



Miguel Díaz Canel es el hombre elegido para ocupar el lugar donde antes había un solo apellido: Castro. Cuando Cuba rechazó la invasión de Playa Girón hace hoy 57 años, él apenas era un bebé que tomaba el biberón. Si Fidel condujo la Revolución en el caimán barbudo durante décadas; en Villa Clara, la provincia donde nació el nuevo presidente, el Che Guevara inmovilizó el célebre tren blindado repleto de soldados que aceleró la caída de Fulgencio Batista. El ingeniero electrónico graduado en 1982 que acaba de proponer la Asamblea del Poder Popular como jefe de Estado es un político de sólida y ascendente trayectoria. Mañana cumplirá 58 años, ya ungido de manera formal como principal mandatario de la isla. Sus actos más o menos recientes como primer vicepresidente daban señales de que podía serlo. Había sido recibido en China por Xi Jinping, también asistido a la entronización del Papa Francisco en Roma. Se descontaba que sucedería a Raúl en el gobierno de la isla. Nadie se atrevía a confirmarlo, pero si a sugerirlo como posible.


Alto, canoso, de caminar erguido y sonrisa tenue, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez –tal sus nombres y apellidos completos– nació el 20 de abril de 1960. No es el integrante más joven del Consejo de Estado propuesto por la asamblea que presidió el veterano Esteban Lazo, pero forma parte de la generación del recambio. Raúl Castro tiene 86 años y quienes pasarán a ocupar ahora cargos que dejan los viejos comandantes de la Sierra Maestra promedian los 48. El presidente que se adivinaba fue cooperante internacionalista en Nicaragua, donde apoyó al sandinismo en la década del 80. Ocupó el cargo de primer secretario de la Unión de Juventudes Comunistas en Villa Clara, repitió la misma función en el PC cubano de su provincia natal y también en Holguín. Fue ministro de Educación Superior en el 2009 y en el 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros.


Si algo une a Díaz Canel con el legado revolucionario de Fidel es que siempre se mimetizó entre el pueblo para conocer sus deseos y necesidades. De él se edificó una leyenda en sus tiempos como funcionario en la provincia de Holguín, donde conoció a su segunda esposa. Cuentan que se presentaba por sorpresa para comprobar el servicio que recibían las personas en determinado lugar. En 2012 –explica Harold Cárdenas, un profesor de marxismo en la Universidad de Matanzas– intercedió para que un blog llamado La joven Cuba pudiera seguir activo con sus opiniones críticas. El nuevo presidente lo hizo sin que nadie se lo pidiera. La anécdota la difundió la agencia AP, que no es precisamente Granma ni Juventud Rebelde.


A este hombre le interesa la cultura y se dice en Cuba que es una mente abierta a la diversidad. Durante su gestión en Santa Clara prosperó El Menjunje, un centro cultural que organizaba espectáculos ideados o protagonizados por transexuales.


En un vuelo rasante sobre los perfiles improvisados que ahora inundan Internet, queda muy claro que Díaz Canel estaba lejos de tener un biógrafo. No sólo por su perfil bajo. La épica de la Revolución y los comandantes que le aportaron su mística, opacarían a cualquier figura posterior. El nuevo presidente sabe que deberá estar a la altura que le impone la historia. En Cuba el techo es muy alto, por el motivo que fuera.


Díaz Canel no podrá reemplazar el carisma de Fidel, ni la experiencia negociadora de su hermano Raúl, quien quedará al frente del Partido Comunista Cubano (PCC). Será el nuevo poder en la isla entre hombres y mujeres que no vivieron como adultos el desembarco del Granma o la crisis de los misiles. Aquel mundo bipolar ya no es el mismo, pero está sujeto a nuevos desafíos. No existe más la Unión Soviética y los misiles dejaron de apuntar desde Cuba a Estados Unidos. Vladimir Putin no es Nikita Krushchev y las bombas hoy caen en Siria o países que Estados Unidos tilda de terroristas. La lista la escribe Donald Trump, esa especie de nuevo villano planetario aunque la prensa corporativa en general ubique en ese lugar a otros políticos. Cuba integra esa nómina de enemigos y su generación nacida durante la revolución deberá saber qué hacer con ella.


En Cuba el pueblo de a pie no conoce demasiado sobre Díaz Canel. Las personas mayores se quedaron con el recuerdo de los comandantes de la Revolución –algunos que seguirán y otros que se irán del gobierno– y los más jóvenes no parecen demasiado interesados en conocer detalles sobre la vida del jefe de Estado que será oficializado hoy en La Habana. Los 604 diputados presentes en la Asamblea Nacional del Poder Popular lo aplaudieron ayer de pie, casi en simultáneo con la ovación cerrada que le tributaron a Raúl Castro. Él agradeció, serio y como distante, acaso seguro de que no la tendrá fácil.
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Jueves, 19 Abril 2018 05:47

Bloquean 15 universidades francesas

Bloquean 15 universidades francesas

El presidente francés prometió “ir hasta el final” con los ajustes. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Una mayoría de los encuestados cree que el país es menos justo y menos democrático.

Las aristocráticas calles del distrito 7 de la capital francesa rara vez son testigos de una revuelta estudiantil, menos aún de la toma de una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del complejo sistema francés de educación: la Universidad de Ciencias políticas donde se capacitan los funcionarios de alto vuelo, los líderes políticos y empresariales. Atónitos, los vecinos de este centro de estudios que linda con lo más coqueto del barrio latino leen las pancartas pintadas por los estudiantes: “Aquí se capacitan quienes seleccionan. Bloquemos la fábrica de las elites”. También: “Contra la dictadura macronista”. En total, hasta ahora, hay unas 15 universidades bloqueadas o perturbadas por la oposición de los estudiantes a una de las reformas del presidente Emmanuel Macron: la ORE, Ley de orientación y éxito de los estudiantes.

El descontento social arraigado en las numerosos reformas lanzadas por el presidente electo hace casi un año abarca también los ferrocarrileras, los estudiantes de bachillerato, los hospitales y otros gremios afectados por la política del jefe del Estado. Francia vive hace varias semanas días negros debido a las huelgas en la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. Este empresa ha sido siempre la encarnación del símbolo del modelo francés de servicio público. Ahora es un modelo de la tormenta.


El Ejecutivo tocó uno de los ramos más sensibles de Francia. La reforma de los ferrocarriles implica que los nuevos empleados que ingresen a la compañía no tendrán las ventajas de que gozaban antes. Entre otras cosas, se acaba la jubilación a los 55 años al tiempo que se abrirá el mercado de las vías a la competencia y se transformará esta empresa en una sociedad anónima. Según el gobierno, ese es el único camino para saldar la deuda de 45.000 millones de euros que arrastra la compañía mientras que los sindicatos que promueven las huelgas alegan que la meta no es otra que la de “destruir el servicio público”. Las reformas en este sector tienen la memoria agitada. Cada vez que un gobierno intentó retocar los ferrocarriles, el país terminó paralizado. En 1995 tuvo lugar en Francia una de las huelgas más extensas y prolongadas de la historia cuando el entonces gobierno de Alan Juppé, bajo la presidencia de Jacques Chirac, intentó reformar la empresa nacional de los ferrocarriles y tuvo que renunciar. Nada, sin embargo, movió la posición del actual primer ministro, Édouard Philippe, ni la de los parlamentarios de la mayoría que aprobaron ampliamente los cambios. Estudiantes, ferrocarriles, Air France, jubilados -han perdido poder adquisitivo– y hospitales, el país está convulsionado por la avalancha de reformas. El presiente se vio obligado, en dos oportunidades, a dar la cara a lo largo de dos entrevistas en la televisión perfectamente diseñadas. Macron prometió “ir hasta el final”. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Las huelgas intermitentes empezaron el 3 de abril y está previsto que se prolonguen hasta el tres de junio, justo antes del inicio de las vacaciones del verano europeo. Hay días en que las principales estaciones de trenes de la capital, la Gare de Lyon, la Gare de l’Est o la Gare du Nord, son un auténtico caos de pasajeros demorados. Sin dudas, será ese sector de la opinión pública quien se convertirá en el árbitro final.

Pese a los paros y las críticas, a los sondeos menguantes y a los epítetos como “presidente de los ricos” o “presidente de las ciudades”, el jefe del Estado parece aún gozar de una inédito estado de paciencia de parte de la sociedad. El país no es sin embargo iluso. Es consciente de la profundidad y la velocidad de las transformaciones introducidas por Emmanuel Macron desde que accedió a la jefatura del Estado en mayo de 2017. Una encuesta reciente realizada por la consultora BVA para el semanario Le Nouvel Observateur muestra la radiografía de una sociedad perturbada por la intensidad de las transformaciones. El “nuevo mundo” que Macron había prometido durante la campaña electoral es percibido como real. El 57% piensa que “Francia cambió desde hace un año” mientras que 32% reconoce que esos cambios son mucho más importantes de lo que hubiesen imaginado. La manera en que se valoran esos cambios es variable: 21% siente que Francia “cambió para bien”, 30% que fue “para mal” y otro 49% dice no haber percibido ninguna variación. La sociedad le reconoce en un 63% que Francia, en el plano internacional, es más ambiciosa desde que Macron llegó al Palacio del Elíseo. Sin embargo, hay, en el país, un consenso mayoritario para juzgar lo que ha sido una de las columnas vertebrales de la retórica de la construcción francesa: la justicia y la democracia. El estilo autoritario de Macron se traduce en la encuesta por una mayoría de 65% convencida de que Francia es ahora menos democrática, 75% juzga que el país es menos justo y el mismo porcentaje que se vive en una sociedad menos igualitaria.

Sólo el 28% siente que la política actual permitirá que Francia se reforme profundamente ante el 54% que piensa lo contrario. En síntesis, el retrato que arrojan las encuestas es doble: un país más dinámico pero mucho menos justo. En un libro que aparece en estos días escrito por Jérôme Fourquet, director del Departamento Opinión de la consultora IFOP (Le nouveau clivaje) se demuestra cómo Francia no ha esquivado las enfermedades sociales derivadas de la globalización: fractura entre la ciudad y los suburbios, entre la ciudad y el campo, entre los conectados y los no conectados, etc, etc. Están los “que perdieron” con la globalización, y aquellos que “se adaptaron y ganaron”. Macron aparece claramente como el presidente de los últimos sin que, por el momento, esto llegue a desatar una ola de descontentos o revueltas tan potentes como para que el presidente modere el rumbo.


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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

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La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
La economía cubana ante el cambio de Gobierno

El nuevo poder ejecutivo que se formará a partir del 19 de abril próximo estará conformado por personas que nacieron después de la revolución y que por ende no cuentan con la legitimidad histórica de quienes lucharon en la Sierra Maestra.

 El Presidente Raúl Castro llega al fin de su mandato sin haber logrado aplicar el 75% de las reformas aprobadas por el Parlamento, por el Partido Comunista (PCC) y por la población, en asambleas de debate barrial. Deja en manos del nuevo mandatario problemas tan complejos como la unificación de la moneda o la apertura de la empresa privada. 

“El periodo de Raúl Castro no ha generado el crecimiento económico que proclamó, pero los cambios en la sociedad no han sido menores. La expansión de derechos de propiedad, religión, acceso a internet y viajes de los últimos años han producido una cultura política mucho más vocal, plural y menos controlable por el partido-Estado”, es el balance del profesor cubanoamericano Arturo López Levi.


Durante el último año, los cambios se han paralizado, no hay nuevas aperturas, no se entregan más licencias de autónomos para abrir hostales o restaurantes, se congeló la creación de cooperativas y no existe un mecanismo para legalizar las pymes, a pesar de que el propio Raúl Castro aseguró en el Congreso del PCC que serían autorizadas, dentro del plan de reestructuración económica.


La unificación monetaria es el siguiente desafío que se enfrenta la economía: entre las dos monedas existen cinco tasas de cambio diferentes. Según el doctor en economía cubano Juan Triana, cuando se dé ese paso quebrarán el 60% de las empresas estatales, que hoy importan sus insumos gracias a una tasa de cambio más favorable. El también economista y profesor Pavel Vidal cree que, a pesar de todo, la única salida es “desmantelar toda la estructura productiva e instituciones que han mostrado su inefectividad por décadas”. Sin embargo, el cierre de estas empresas deficitarias provocaría un mínimo de 1,5 millones de desocupados.


Durante los últimos meses las autoridades han recalcado que no permitirán la acumulación de riquezas. “El asunto es que no me dejan crecer más, tengo una fábrica de 10 000 m2 y 300 obreros”, afirma un empresario y agrega que “la inversión que tenía prevista en Cuba tuve que realizarla en Ecuador”.


Los sectores más ortodoxos temen que las reformas lleven hacia el capitalismo y se oponen a estos cambios. La retirada de Raúl Castro del Gobierno conllevará a la salida del grupo más reacio a las transformaciones y podría dejar las manos libres al nuevo presidente y su equipo para acelerar las reformas. El ex diplomático cubano Carlos Alzugaray cree que “Raúl dejará que Díaz Canel, o quien sea electo, actúe con la menor interferencia posible” desde el PCC, donde se concentrarán los dirigentes de históricos.


El cubano de a pie se limita a juzgar al Gobierno en su conjunto por no haber alcanzado la prosperidad prometida. Raúl Castro eliminó las trabas para viajar, generalizó el uso de internet, multiplicó por cinco el número de autónomos, permitió el acceso de los cubanos a los hoteles de turismo y autorizó la compraventa de casas, a pesar de lo cual Betsy, una joven de 20 años, asegura que no ve “nada destacable en su gestión”. Para le gente común, el tema económico es clave a la hora de realizar un juicio.


Los daños causados por el Bloqueo de los EE UU parece un tema ya gastado a los ojos de los cubanos aunque la intensificación del mismo durante 2017 haya afectado duramente la económica nacional y la de los pequeños empresarios en particular. El miedo sembrado por la administración Trump a viajar a Cuba redujo el número de turistas estadounidenses, una buena parte de los cuales llegaban por Airbnb para hospedarse en casa particulares y comer en restaurantes privados.


Trump dispara al corazón de la industria más dinámica de la isla —15% de crecimiento anual— buscando hacer el mayor daño económico y social posible. En esencia mantiene el fundamento del embargo descrito en un documento del Departamento de Estado el 6 de abril de 1960: “... debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. (...) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.


El nuevo poder ejecutivo que se formará a partir del 19 de abril próximo estará conformado por personas que nacieron después de la revolución y que por ende no cuentan con la legitimidad histórica de quienes lucharon en la Sierra Maestra. El profesor López Levi considera que “el nuevo liderazgo depende más de una legitimidad por gestión, medida en estabilidad social, seguridad pública, crecimiento económico y mejoría del bienestar de la población”. Pavel Vidal agrega que el próximo presidente cubano “necesitará convencer de que tiene la autoridad y la disposición para completar los objetivos trazados y profundizar el proceso de reformas económicas, sobreponiéndose a las fuerzas internas que se resisten a los cambios”.

 

Fernando Ravsberg
La Habana (Cuba)

publicado
2018-03-31 06:00:00

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Raúl Castro admite errores en la reforma económica de Cuba

El gobierno ha fijado como próxima prioridad la unificación monetaria y del tipo de cambio

El presidente cubano, Raúl Castro, admitió errores en el plan de reformas económicas, pero prometió continuar con la apertura de estilo soviético, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su política contra el gobierno comunista.

Castro, quien dejará la presidencia el 19 de abril, encabezó una reunión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que examinó qué había salido bien, qué se debía rectificar y qué cuestiones obstaculizan la implementación de las medidas de apertura, reportó este martes el diario Granma.

Castro, de 86 años, continuará hasta 2021 como jefe del gobernante Partido Comunista, la fuerza política rectora del país.

A pesar de los errores e insuficiencias reconocidas en este pleno, la situación es más favorable que hace algunos años, señaló el presidente.

En los primeros tres años hubo un alto rendimiento de implementación de políticas, pero a partir de 2011 el ritmo bajó por la complejidad de las medidas y por errores en la planificación y el control, explicó el responsable de las reformas económicas, Marino Murillo, ante el Quinto Pleno del Comité Central del PCC.

El funcionario explicó que la lentitud de las reformas se debió a limitaciones financieras que imposibilitaron el respaldo adecuado a un grupo de medidas que requerían inversiones, publicó Granma.

El mandatario cubano, quien hace una década remplazó en el poder a Fidel Castro, emprendió desde 2010 un programa que incluyó la apertura de pequeños negocios privados y la compraventa de viviendas, entre otras reformas, para tratar de mantener el socialismo en el país.

Las reformas económicas de Raúl Castro buscan dar mayor espacio a la iniciativa privada en el sector servicios y la apertura a la inversión extranjera, manteniendo el Estado el control de los grandes sectores estratégicos.

El proceso de apertura ha significado especialmente el auge de restaurantes privados y el alquiler de habitaciones, algo que ha generado recelo en algunos sectores del gobierno, que critican la acumulación de riqueza en manos de particulares.

Actualmente se están revisando todas las medidas y entre las prioridades está el ordenamiento monetario, en particular los estudios para la unificación monetaria y cambiaria.

En Cuba circulan el peso CUP, moneda en la cual se pagan la mayoría de los salarios, y el peso convertible CUC, usado en el sector turismo y para los productos importados. El gobierno sostiene que la convivencia de ambas obstaculiza el control económico.

El pleno del Comité Central señaló como prioridad la unificación monetaria y cambiaria, pues los tipos de cambio diferentes benefician a las empresas estatales pero distorsionan la realidad de la economía nacional.

El PCC reiteró su apoyo a las pequeñas empresas particulares, en las que trabajan unas 580 mil personas, y reconoció que no siempre los organismos estatales se involucraron en el éxito de los negocios privados.

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La adhesión a la OCDE mantiene en vilo a Colombia

El país afronta exámenes decisivos para el ingreso en la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos


La adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un camino que Colombiacomenzó hace cinco años, mantiene en vilo al país en vísperas de un examen decisivo. En los próximos días está previsto que el comité de empleo del organismo internacional, con sede en París, debata su ingreso. El Gobierno de Juan Manuel Santos busca apuntarse este tanto antes de terminar el mandato en agosto. Pero todavía quedaría el visto bueno de la comisión de comercio, la más problemática por las presiones de EE UU. A eso se añaden las observaciones que, en materia de derechos humanos, formula Human Rights Watch (HRW).


Colombia ha logrado la aprobación, desde 2013, de 20 comités de la OCDE. Para acceder a este club, formado por 35 países, solo le faltan tres pasos. Sin embargo, este proceso puede complicarse en la recta final. La posible adhesión ha generado, además, un debate político que gira en torno a sus beneficios y a las dudas sobre la preparación real del país. El último Estado latinoamericano que consiguió entrar fue Chile, en 2010, mientras que México lo hizo en 1994.


Uno de los mayores obstáculos tiene que ver ahora con la presión de Estados Unidos, que plantea algunas exigencias para apoyar su ingreso. Una de ellas es la eliminación del programa de chatarrización o desguace de camiones de más de 25 años, que perjudicaría a los fabricantes norteamericanos. Ese país también reclama modificaciones en la ley de propiedad intelectual y mayor atención a las demandas de la industria farmacéutica.


La titular de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, viajó a Washington a principios de marzo para tratar de rebajar las inquietudes de los sectores que mantienen relaciones comerciales con Colombia. “Escuchamos sus comentarios sobre la experiencia que han tenido invirtiendo y exportando hacia nuestro país, y exploramos fórmulas para facilitarles su labor comercial y empresarial en Colombia”, aseguró la ministra.


Para el Ejecutivo de Santos, la adhesión a la OCDE es crucial. Así lo recalcó ayer el mandatario desde Brasil. “¿Por qué hemos querido ingresar a la OCDE?”, preguntó. La respuesta supone en sí un mensaje a los inversores extranjeros. “¿Eso qué les da a los inversionistas y a las personas que van a hacer negocios en Colombia? También esa seguridad legal de que el día de mañana no va a venir un Gobierno a deshacer todo lo que se ha venido haciendo porque este es un club, no de países ricos sino de países, a mi juicio, con buenas políticas públicas que se van revisando permanentemente y eso de cierta forma es una garantía para cualquier inversionista”, consideró Santos.


El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, encargado de coordinar los trabajos del Gobierno en el proceso de acceso, resumió la semana pasada el interés de la actual Administración: “Colombia en paz y en la OCDE es un país mucho más atractivo para la inversión”. Por ello, a pesar de las dificultades, quiso mostrarse “optimista” ante las decisiones pendientes. Y aseguró en una entrevista en City TV que “hay un espacio para llegar a un acuerdo, hay una negociación viable” con Estados Unidos.


Jorge Restrepo, profesor de Economía y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, ve la adhesión “tremendamente conveniente para la economía colombiana”. En su opinión, la entrada mejoraría la eficacia del sistema tributario y “la calidad de la provisión de los bienes y los servicios públicos”. “¿Cómo alguien se puede oponer?”, se pregunta en referencia a las reservas de un sector de la opinión pública colombiana.


Derechos humanos


Las objeciones al ingreso de Colombia están relacionadas también con los derechos humanos. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, solicitó hace ya meses a la OCDE que analice la emergencia alimentaria del pueblo indígena wayúu en la península de La Guajira y tenga en cuenta la que considera una “respuesta insuficiente” de las autoridades.
“La adhesión de Colombia a la OCDE es una de las mayores ambiciones políticas del presidente Santos. Y el progreso que ha hecho el país en muchos ámbitos para lograr este objetivo es notable”, explica a EL PAÍS Juan Pappier, abogado para las Américas de HRW. “Sin embargo, aún quedan enormes desafíos por delante, como la crisis de desnutrición en La Guajira que se ha cobrado la vida de decenas de niños indígenas wayúu. El 22 de marzo, el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE deberá analizar las políticas sociales del país para proteger a poblaciones vulnerables. Si la OCDE examina la crisis en La Guajira y le exige al Gobierno un plan concreto para afrontarla, podrá ayudar a salvar vidas y a solucionar esta desgarradora crisis humanitaria”.

 

Bogotá 20 MAR 2018 - 23:38 COT

 

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Las huellas que deja el Papa latinoamericano

Francisco transformó a Bergoglio, radicalizó su perspectiva a favor de los pobres, de los excluidos y de sus derechos. Sus gestos y mensajes se pudieron ver desde el primer viaje a Lampedusa, suelo de inmigrantes. Fue memorable su discurso sobre “las tres T” en Bolivia.

Aún para los más cercanos que conocían sus pensamientos y que habían seguido su trayectoria fue difícil imaginar, aquel 13 de marzo de 2013, el “plan de gobierno” que Jorge Bergoglio tenía en su mente cuando fue ungido como Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica. El tiempo, pero sobre todo los gestos de Francisco fueron dejando en claro la propuesta y las huellas que el primer papa latinoamericano deseaba establecer como impronta a su gestión. Fue así que su primer viaje político-pastoral lo llevó hasta Lampedusa, para encontrarse con los inmigrantes ilegales expulsados de su territorio que huyen desesperados en busca de la vida. A ellos y al mundo les reafirmó con un gesto de cercanía y solidaridad su prédica en favor de los pobres, de la vida y de los derechos.


Y desde allí el Papa comenzó a construir su condición de líder universal, más allá de las propias fronteras de la Iglesia Católica donde hasta hoy muchos sectores lo resisten. Puede decirse que Bergoglio es líder en un mundo con liderazgos en crisis. Pero también es cierto que para construirse en ese lugar el Papa eligió la actitud del diálogo y del encuentro con los diferentes, desde la realidad de los pobres y reclamando por sus derechos.


Puede decirse que el discurso pronunciado el 9 de julio de 2015 por el Papa ante el auditorio plural de los movimientos sociales reunidos en Cochabamba (Bolivia) cuyo eje fue su proclama de “las tres T” (tierra, techo, trabajo) constituye una suerte de síntesis doctrinal que, en otro tono y con distinto despliegue, Francisco expresó de manera sistemática y con base teológica en Laudato Sí. Una gran suma que, a contracorriente de las fuerzas triunfantes del capitalismo mundial, se alza en favor de los pobres y sus organizaciones, critica a los poderes hegemónicos y lanza un llamado a la paz. Una militancia pacifista que Bergoglio apoya con sus acciones y las del Vaticano en cada lugar de conflicto que se presente en un rincón de la tierra.


Francisco es hoy un líder incómodo para los centros de poder mundial, pero al mismo tiempo una figura cercana y popular entre los marginados. Y ha construido esa identidad apoyándose en la historia reciente, también en el pensamiento teológico y en la experiencia pastoral, de la Iglesia afincada en América Latina.
De modo también estratégico Bergoglio decidió consolidarse fuera de los límites de la Iglesia, concretar el viejo anhelo del Concilio Vaticano II de dialogar con la sociedad a partir de las realidades, los problemas y también los cuestionamientos que de allí surgen para la institución católica. Quienes lo conocen íntimamente aseguran que el Papa está convencido que es allí, entre los postergados por la sociedad actual y sus poderes, entre los pobres y los excluidos, donde existe el terreno más fértil para el anuncio genuino del mensaje de Jesucristo.


Curiosamente –sobre todo para quienes lo miran a la distancia– las mayores resistencias hacia Francisco radican en la misma estructura eclesiástica y, paradójicamente, en la Argentina, su país.


En la Argentina porque quienes más se alegraron con su designación son los sectores católicos más conservadores, empresarios y representantes del poder, que vieron en Francisco la continuidad de un cardenal Bergoglio que, sin considerarlo como del propio palo nunca les resultó incómodo. Pero Francisco transformó a Bergoglio, acentuó los rasgos más latinoamericanistas del entonces cardenal de Buenos Aires y radicalizó su perspectiva en favor de los pobres, de los excluidos y de sus derechos. Y esto disgustó al poder que hoy se dice decepcionado o directamente escandalizado con el Papa.


Francisco apoyó todo esto con su política de los gestos y con un mensaje sencillo, llano y entendible para todo el pueblo, una virtud que tampoco solía exhibir durante su paso por el arzobispado de Buenos Aires.


Y en la institución eclesiástica, ese lugar desde el cual los integrantes del colegio cardenalicio fueron a buscar a un papa latinoamericano y seleccionaron a un argentino porque siendo tal era el “más parecido” a los europeos, las resistencias (también las intrigas y las conspiraciones) han ido en aumento. Los sectores más conservadores no dejan de rasgarse las vestiduras ante lo que consideran excesivas concesiones de Bergoglio, tanto en sus mensajes como en su estilo pastoral. Francisco no se inquieta por ello. Conoce los problemas que enfrenta y utiliza la energía y el respaldo que le llega desde afuera para dar batallas en la propia Iglesia. Pero sabe que tiene una tarea por hacer: avanzar y profundizar la reforma de la Iglesia hacia una forma de gobierno y de participación más sinodal, más horizontal y plural que renueve la vida del catolicismo. Esa es, probablemente, la gran tarea pendiente y la próxima que el Papa decida encarar como legado de su pontificado. Para alcanzar este propósito no habría que descartar ni siquiera el llamado a un nuevo concilio ecuménico.
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Lunes, 12 Marzo 2018 08:43

Como pez en el agua

Como pez en el agua

David Foster Wallace fraguó la parábola que se conoce como Esto es agua. Contó que había dos jóvenes peces nadando uno junto al otro cuando encontraron uno más viejo que iba en dirección contraria y que los saludó diciendo: "Buen día, muchachos. ¿Cómo está el agua?" Los dos peces jóvenes siguieron nadando un poco más y, de pronto, uno de ellos voltea hacia el otro y pregunta: "¿Qué diablos es agua?"

Es muy factible que mi pez beta, Rufino –que se llama igual que el del detective habanero Mario Conde y que vive solo por peleonero en una pecera bien acondicionada–, tampoco sepa qué es el agua, aunque sólo ahí puede vivir. ¿Qué pasaría si tomara conciencia de ella?

En la parábola wallaceana son tres los peces que participan del enigma acuático y eso basta para hacer de éste un problema social. Wallace afirma que el meollo de la historia es obvio, a saber: que las realidades más relevantes usualmente son las más difíciles de advertir y de tratar. En esto, por supuesto, no es determinante la edad que tienen los peces.

De esta materia, es decir, de la capacidad o bien de la mera posibilidad de darse cuenta de lo más obvio que nos ocurre, está hecha gran parte de la filosofía y la sicología.

Darse cuenta de qué diablos es el agua no es un proceso fácil y tampoco garantiza una salida fiable de la enajenación que se produce constantemente a escala individual y colectiva. Las fuentes de la enajenación son poderosas y muy diversas.

Las reacciones que se han denominado antisistema, como pueden ser recientemente los casos del Brexit o las elecciones de hace unos días en Italia, entre muchas otras, podrían verse como una manera de "tomar conciencia".

Eso es apenas lo primero que podría apuntarse, pero hay todo un proceso, complejo sin duda, que ha de seguirse para comprender su significado y sus repercusiones. E, insisto, no necesariamente todo esto significa que se alcance un avance que pudiese concebirse como positivo. Eso es tan sólo una posibilidad. La historia está plagada de situaciones como ésta.

En 2018 se cumplen 170 años de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. De alguna manera era esa una expresión radical de lo que "es el agua". Se trataba de la necesidad de los trabajadores de tomar conciencia del "hecho objetivo que es la explotación". El trabajo político consistía, entonces, en propagar esa conciencia, en darse cuenta de lo que ese hecho político entraña.

El capitalismo hoy no es el de 1848 ni el de 1917 o de 1933, esto es obvio. Detrás de los movimientos políticos, de las revoluciones y los grandes programas de reforma, hay un texto del que se seguirán extrayendo conclusiones. El pensamiento tiene que evolucionar y, preferentemente, sin descalificaciones atemporales como muchas veces se hace.

Hoy la "clase obrera", el "proletariado" tienen otra composición y un significado político distinto. Están en una diferente relación con la tecnología y las formas primordiales de la acumulación del capital. La sociedad global es distinta. Los conflictos han modificado su naturaleza y la manera en que se exhiben. La demografía es otra cosa y el desgaste social altera su forma y su condición. Los enfrentamientos políticos a escala nacional y mundial así lo muestran. Entretanto, la desigualdad es más profunda en términos relativos y absolutos, y es una de las cuestiones primordiales que enfrenta la humanidad.

Rupert Younger y Frank Partnoy son un par de profesores que se definen como creyentes del capitalismo de libre mercado y desde ahí promueven el llamado activismo como forma de acción política (ver activistmanifesto.com) para confrontar las actuales desviaciones de ese sistema.

Han hecho un curioso trabajo de confrontación de esa postura con el planteamiento original del Manifiesto del 48. Esto podría tomarse como una mera edulcoración de aquel texto tan radical. Posiblemente así lo sea. Y, sin embargo, ofrecen reflexiones interesantes, sobre todo para ordenar una discusión y plan-tear los desacuerdos. No pretenden ser extremistas ni revolucionarios, pero admitamos que en buena medida la llamada izquierda, sea convencional o no, tampoco ofrece hoy un panorama intelectual demasiado atractivo y abarcador.

Conciben el activismo como una serie de principios que expresan en general las actuales relaciones que surgen de las luchas existentes en contra de la desigualdad, de lo que dicen es el movimiento histórico que ocurre ante nuestros ojos.

Ven las manifestaciones de la desigualdad como la fuente permanente del cambio histórico. Activismo hay y lo vemos en distintas formas. No todas ellas son exitosas. El movimiento de ocupación de Wall Street provocado por la más reciente crisis financiera tuvo resultados limitados. Hoy el Congreso de Estados Unidos se propone desmantelar buena parte de las regulaciones que se impusieron al sector financiero después de 2009.

Pero hace unos días las enormes manifestaciones de mujeres en muchas partes del mundo han llamado la atención para exigir un cambio en una sociedad donde impera el machismo, la desigualdad de género y la violencia. La lista puede seguir.

¿Será esa una forma del agua de la que hablaba Foster Wallace?

 

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Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242