Viernes, 15 Diciembre 2017 07:05

El peor momento para la gestión de Macri

El peor momento para la gestión de Macri

Cambiemos quiso forzar el debate sobre el ajuste a los jubilados pero tuvo que levantar la sesión. Luego Macri amagó con dictar un DNU para saltear al Congreso pero el rechazo de Carrió y la advertencia de la CGT de un posible paro obligaron a dar marcha atrás. 

 

A dos años y dos meses de sus respectivos triunfos electorales, Cambiemos provocó ayer su primera gran crisis de gobierno. El oficialismo desató una brutal represión que derivó en el fracaso de la sesión convocada para aprobar la reforma previsional. En ese contexto, desencadenó un conflicto interno con sus principales socios y abrió una línea de confrontación con los gobernadores peronistas y con la CGT, que amenazó con paro general. La decisión de avanzar con el ajuste en los haberes jubilatorios terminó con decenas de heridos de balas de goma, unas 30 personas detenidas y el presidente, Mauricio Macri, titubeando sobre la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia tras la derrota parlamentaria. El rechazo público de Elisa Carrió y la advertencia de la CGT parecieron forzar anoche la marcha atrás del Ejecutivo Nacional. En horas de la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había salido a acusar a sectores de la oposición por los hechos de violencia y ratificar el respaldo oficial a la iniciativa. A última hora fuentes de Cambiemos adelantaban la posibilidad de volver a sesionar el lunes.


Desde la mañana las afueras del Congreso estuvieron militarizadas, con un despliegue de fuerzas de seguridad del que no se tenían recuerdos ni siquiera en la crisis de 2001. “Connie, sentalos a todos. ¡Que no se pare nadie!”, le ordenó Nicolás Massot, jefe del bloque de Diputados del PRO a su compañera Cornelia Schmidt Liermann. Eran las casi las dos de la tarde y los diputados de Cambiemos comenzaban a salir del Salón Delia Parodi y cruzaban unos pocos metros hasta el recinto de la Cámara Baja con la intención de iniciar el tratamiento de la reforma previsional. De a poco empezaban a llegar las primeras noticias de la fuerte represión con balas de goma y gas pimienta y las imágenes de los heridos, entre ellos diputados nacionales como Mayra Mendoza y Matías Rodríguez, del FpV-PJ. Algunos legisladores que estuvieron afuera hasta ese momento, ingresaron al Palacio e intentaron vencer la resistencia de los hombres de seguridad. “¡Soy yo! ¡Correte! ¡Somos diputados, dejanos pasar!”, le gritaba el chubutense Santiago Igón al personal que bloqueaba el acceso al hemiciclo. Atrás suyo se agolpaban, entre otros, Felipe Solá, Axel Kicillof, Daniel Filmus, además de asesores y periodistas. Agustín Rossi acababa de pasar, también a los empujones.


Minutos más tarde y en medio de un escándalo que incluyó un intento del presidente de la Cámara de golpear al diputado Leopoldo Moreau, Carrió pidió que se levante la sesión. “Monzó, decidite, sos el presidente de la Cámara o el jefe de la policía”, le había dicho Moreau al titular del cuerpo, que se paró de su silla y le lanzó sin éxito un puñetazo al grito de “¿a mi me venís a decir, Moreau?”. Asesores y otros legisladores tuvieron que intervenir para tranquilizar la situación que recién se descomprimió cuando Cambiemos aceptó que no podía continuar.


Operativo y represión


Desde la mañana, varias cuadras a la redonda del Congreso estaban valladas y completamente cubiertas por un enorme operativo de seguridad ordenado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Se preparaban para la movilización convocada por la dos CTA, movimientos sociales y organizaciones políticas, acompañadas por la CGT. Según se informó extraoficialmente, intervenían más de 1500 efectivos entre Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. Además, se sumaron camiones hidrantes que en reiteradas oportunidades lanzaron agua mezclada con gas pimienta sobre los manifestantes. El Cels advirtió que también había en la zona un camión del Ejército. En horas de la noche, según la Correpi existían al menos 30 personas detenidas. Manifestantes, periodistas, fotógrafos y dirigentes políticos sufrieron disparos, golpes, palazos y empujones. El jefe de Gabinete responsabilizó a los diputados opositores por esos hechos, al igual que lo había hecho Carrió durante su intervención en el recinto. “Esa violencia comenzó con ataques a los funcionarios que fueron a exponer sobre el proyecto de ley en las reuniones de comisión y vimos hoy, como ayer, también la búsqueda de violencia primero desde la calle y después desde el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado en el último tiempo”, sostuvo Peña. La líder de la Coalición Cívica había dicho que los diputados “tienen que tener cuidado de no avasallar a las fuerzas del orden”.


El desafío del quórum


La sesión especial de ayer estaba pautada para las 14 mientras que los manifestantes comenzaron a concentrarse en algunos puntos de la ciudad a partir de las 11. La tensión política y social había comenzado en la reunión de comisión del martes, en la que también se habían producido incidentes, tanto entre diputados como entre un grupo de jubilados y algunos funcionarios públicos como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.


El objetivo principal del oficialismo era lograr que ayer se sentaran en sus bancas 129 diputados, el quórum suficiente para sesionar. Después, sostenían, sería más sencillo aprobar la reforma porque necesitarían juntar solo la mayoría de los legisladores presentes. Cambiemos llevó 106 propios y se estiró hasta los 128 con diputados del Frente Cívico por Santiago del Estero, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y un grupo del interbloque Argentina Federal que responde a los gobernadores peronistas. Si bien Diego Bossio y la mayoría del BJ no se sentó, sí lo hicieron los tucumanos Gladys Medina, José Orellana y Pablo Yedlin, el sanjuanino Walberto Allende, los chaqueños Juan Mosqueda y Elda Pértile y los cordobeses Martín Llaryora, Juan Brügge, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio.


A las 14.35, el tablero de la Cámara de Diputados marcó por un instante 129 presentes y 128 ausentes. Antes de que Emilio Monzó terminara de decir “con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario...”, el tablero volvió a marcar un diputado por debajo del quórum. Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria se acercó a los gritos a la presidencia, le dejó sobre el escritorio a Monzó varios cartuchos de balas de goma recogidos de la represión que continuaba afuera. Horacio Pietragalla, Máximo Kirchner, Guillermo Carmona, Martín Doñate, Carlos Castagneto, entre otros, se trenzaron en una discusión con Monzó sobre el quórum que duró varios minutos. También Victoria Donda, de Libres del Sur, se acercó con muletas y la pierna lastimada por la mordida de un perro de Gendarmería en la represión del martes.


La oposición denunció que los 129 diputados se habían logrado con “diputruchos”. Se referían al legislador electo Jorge Enriquez y a Astrid Hummel, reemplazante de la macrista Ana Martínez, quienes todavía no habían jurado. Horas después Enriquez y otros integrantes del oficialismo desmintirían categóricamente esa versión, que calificaron como una “infamia”. En las filmaciones, imágenes y testimonios no se pudo probar que alnguno de ellos hubiera ocupado efectivamente una banca. En medio de la confusión y mientras Monzó intentaba arrancar la sesión, por un momento el tablero marcó 130 diputados presentes. Fue también fugaz. Nunca más el oficialismo logró conseguir el quórum. Carrió, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Monzó, mantuvieron una pequeña reunión en la que acordaron, con el consenso de la Casa Rosada, levantar la sesión.


Fuentes del bloque oficialista le admitieron más tarde a PáginaI12 que si bien ellos no habían cometido ninguna irregularidad, “el número no estaba cerrado” y que eso influyó en la decisión de dar marcha atrás. Tampoco descartaban que algún diputado opositor se hubiera sentado “accidentalmente” en su silla.


Los diputados del FpV-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Bloque Justicialista y hasta el Frente de Izquierda festejaron la derrota del oficialismo.


Por la tarde, mientras continuaba la represión y las detenciones, Macri se reunió de urgencia con Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el de Hacienda, Nicolás Dujovne. Dejaron trascender que firmaría un DNU con la reforma previsional y, además, un “bono” de compensación para que los jubilados y pensionados no perdieran ingresos por el “empalme” en el cambio de la fórmula de actualización de los haberes. “Carrio y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, advirtió Lilita en su Twitter. “Si hay DNU, hay paro nacional”, afirmó Héctor Daer, triunviro de la CGT, minutos más tarde.


Anoche los responsables de la negociación política con los gobernadores adelantaban que intentarán sesionar nuevamente el lunes, luego de buscar un nuevo acuerdo con los mandatarios provinciales para que les garanticen el respaldo de sus legisladores. Será un intento por revertir, al menos en parte, la peor crisis del gobierno de Mauricio Macri desde su llegada al poder.

Publicado enInternacional
Miércoles, 15 Noviembre 2017 06:27

Sobreexplotación del trabajo

Sobreexplotación del trabajo

Conforme los trabajadores fueron logrando disminuir la duración de la jornada laboral, los grandes empresarios fueron implementando métodos nuevos de explotación de la fuerza de trabajo. Como no podían disponer de los trabajadores por tantas horas, han tenido que implementar la productividad del trabajo, la utilización de la mano de obra de manera más intensa, para mantener e incluso extender la extracción del excedente.


En el centro del capitalismo ese mecanismo ha permitido un gran ciclo de desarrollo económico, que ha combinado expansión e integración de amplios sectores de la clase trabajadora. Mientras que, en la periferia, los mecanismos han sido otros.


Tras llegar con retraso al mercado internacional, las burguesías periféricas han intensificado la explotación de la clase obrera para lograr condiciones competitivas en el plano internacional, que les permitiera encontrar espacios en ese mercado. De ahí que los mecanismos de sobreexplotación se hayan desarrollado tan ampliamente en la periferia.
La categoría de sobreexplotación del trabajo es parte inherente de la teoría marxista de la dependencia, elaborada por Ruy Mauro Marini, gran intelectual brasileño, que ha vivido y producido prácticamente toda su obra en el exilio, en Chile y en México, siempre asociada a la militancia política, en Brasil en la organización Política Obrera (Polop), en los otros países en el MIR chileno. Su obra articula una concepción de cómo en la periferia se combinan la dependencia externa con las condiciones específicas de la lucha de clases, particularmente de la extracción del excedente.


Es solo en ese marco teórico que se puede comprender de forma cabal el significado y el lugar de la sobreexplotación del trabajo. Se trata de formas agregadas de explotación, de extensión de la jornada y de intensificación del trabajo que, combinadas, generan mecanismos que elevan la explotación muy por encima de las condiciones normales y estructurales de extracción de la plusvalía.


Esos mecanismos, a su vez, bloquean cualquier posibilidad de expansión del mercado interno de consumo popular, porque se remunera a los trabajadores por debajo de sus necesidades básicas. De ahí que los modelos de acumulación en la periferia dependan de las altas esferas de consumo del mercado y de exportación.


La sobreexplotación requiere, a su vez, condiciones políticas para que se efectivice. En Brasil, fue indispensable el “bloqueo salarial” (congelamiento del salario), para que se diera el “milagro económico” durante la dictadura militar. Fue el santo del milagro económico. La dictadura combinó represión política con sobreexplotación de los trabajadores.
Las restauraciones neoliberales en países como Argentina y Brasil concentran gran parte del accionar de los gobiernos en generar las condiciones para elevar la explotación de los trabajadores. La “reforma laboral” brasileña es el mejor ejemplo de la imposición de condiciones salvajes a los trabajadores, que incluyen, entre otras, medidas como reducir para menos de una hora el horario de almuerzo, permitir que mujeres embarazadas o que amamantan a sus hijos trabajen en condiciones insalubres. Prácticamente son abolidos los derechos elementales de los trabajadores, incluyendo la duración de la jornada de trabajo, el salario mínimo, que tienen que ser discutidos en cada negociación salarial. Se impone, como dicen cínicamente sus promotores, lo discutido sobre lo legislado, esto es, si el nivel de desempleo y la correlación de fuerzas en que se dan las negociaciones permiten, no hay limite para que se impongan las condiciones más salvajes de explotación de los trabajadores.


Los regímenes de excepción, donde el Poder Judicial ya no es garante del Estado de derecho; donde gobiernan lo banqueros y se impone la tercerización de las relaciones de trabajo; se restringen las acciones de los sindicatos para defender las conquistas de los trabajadores; donde se impone el Estado mínimo, con la centralidad del mercado, es el mejor escenario político para que la sobreexplotación de los trabajadores se imponga.


Hasta alrededor de algunas pocas décadas, la sociología del trabajo era una de especializaciones más prestigiosas y buscadas en el campo de las Ciencias Sociales. Después de las críticas a la excesiva “centralidad del trabajo”, se ha pasado al polo opuesto, en que pareciera que las actividades del trabajo son unas entre tantas otras, y no más la actividad esencial que ocupa la mayor parte del tiempo de la gran mayoría de las personas en el mundo.


Hay que rescatar la importancia de las relaciones de trabajo, en un mundo en que, más que nunca, la mayoría aplastante de la humanidad vive del trabajo, por mas diferenciadas que sean esas actividades. Que esa gran mayoría vive del trabajo y para el trabajo. La teoría marxista de la dependencia de Ruy Mauro Marini es el mejor marco teórico para ese indispensable rescate.

Publicado enInternacional
Sábado, 11 Noviembre 2017 06:57

Un freno a la flexibilización

Un freno a la flexibilización

Ante centenas de banderas rojas, Douglas Izzo, titular de la CUT paulista, denunció: “Esta reforma laboral es una afrenta a la Constitución y al pueblo brasileño; no permitiremos que avance y, si avanza, vamos a parar Brasil”.

 

A la huelga general: la Central Unica de los Trabajadores (CUT) propuso esa medida de fuerza ayer durante el acto en San Pablo contra las reformas laboral, que entra en vigor este sábado, y la previsional que tiene estado parlamentario pero su aprobación parece incierta. La Plaza da Se, frente a la Catedral en el centro paulista , es un reducto histórico de la CUT y el Partido de los Trabajadores. Allí, ante centenas de banderas rojas Douglas Izzo , titular de la CUT paulista, denunció “esta reforma laboral que es una afronta a la Constitución y al pueblo brasileño, no permitiremos que avance y desde ya alertamos que si la reforma previsional avanza vamos a parar Brasil”.


Durante la concentración se votó y aprobó una convocatoria a un día de protesta nacional o una huelga general como la realizada en abril pasado, que fue al primera desde 1996. Claro que para una medida de fuerza de esa magnitud se requerirá del apoyo de las otras organizaciones gremiales empezando por la antipetista Fuerza Sindical, otrora aliada de Michel Temer con quien nunca rompió por completo.


Luego de la exitosa huelga de abril se realizó otra, en junio, pero esta vez con menos participación debido al boicot de Fuerza Sindical.


Otra causa que explica el bajo acatamiento del segundo paro nacional, el de junio, fue la represión policial de la manifestación realizada el 24 de mayo en Brasilia cuando Temer dio el primer paso elocuente hacia un régimen autoritario al movilizar a las Fuerzas Armadas para restablecer la “ley y el orden”.


En la CUT, la organización más poderosa, se nuclean unos tres mil sindicatos que representan a 24 millones de trabajadores. Esa organización responde por cerca del 35 por ciento de los asalariados formales, seguida por Fuerza Sindical con el 15, según datos de 2014.


Ayer hubo una convocatoria unitaria a los actos de protesta en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y otras capitales. La concentración de Fuerza Sindical, con sus característicos colores naranja, comenzó por la mañana en el popular barrio paulista Mooca, desde donde luego una parte de los manifestantes se dirigió hacia la Avenida Paulista donde confluyendo con las columnas de la CUT.


El dirigente metalúrgico Miguel Torres, de Fuerza Sindical, no descartó un paro general si se aprueban los cambios, drásticos, al sistema previsional mientras se intenta frenar en los tribunales la ley 13.467 considerada inconstitucional por parte de los jueces del Foro Laboral.


A través del nuevo régimen prácticamente se “demuele” la Consolidación de las Leyes Laborales sancionada en 1943 por el presidente Getulio Vargas y se restablecen relaciones de la época de la “esclavitud” planteó recientemente el senador y ex dirigente de la CUT Paulo Paim, en diálogo con PáginaI12.


A partir de hoy entran en vigor los contratos “intermitentes”, que equivalen a “trasladar al trabajador golondrina del campo, a los contratos de trabajo urbano” comparó del centro de estudios sindicales Dieese. Mediante ese tipo de vínculo el patrón decide por cuántos días contrata a su empleado, que será multada si falta, y figurará como un trabajador formal aunque su situación sea precaria y lo obligue al multiempleo. Y si el empleado falta pagará una multa.


Los empleadores podrán fragmentar las vacaciones en hasta tres veces eligiendo en que meses concederlas, las trabajadoras con hijos pequeños no tendrán derecho a amamantarlos en lugares limpios alejados de las máquinas, y fue eliminada la contribución sindical obligatoria. Y se consagra el principio de que “lo acordado en la empresa está por sobre lo legislado”, con lo cual se mina la capacidad de resistencia del trabajador su patrón.


El presidente nacional de la CUT, Vagner Freitas, planteó una estrategia de lucha política y gremial para hacer frente a un “gobierno golpista”. Freitas sostuvo que mientras se boicotea la aplicación de nueva ley laboral debe iniciarse una campaña de agitación contra la Previsión, que es un tema rechazado por ocho de cada diez brasileños. “Tenemos que continuar alertas, invadir las redes sociales de los diputados, y decir claramente que el que parlamentario que vota a favor del proyecto (jubilatorio) de Temer no va a tener el voto del trabajador” en las elecciones de octubre 2018.


La estrategia de la CUT es clara: por un lado movilizar y acumular fuerzas con miras a un paro ligando la baja popularidad del presidente, con el 3 % de apoyo, a los cambios en la jubilación que incluyen elevar a 65 años la edad mínima para hombres y mujeres. Y por otro respaldar la elección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y la formación de una bancada “popular” en el Parlamento a fin de derogar las reformas ( o contrarreformas) heredadas del gobierno de excepción.

Publicado enInternacional
Mauricio Macri celebró el domingo el triunfo electoral del oficialismo en Argentina.

 

El líder del PRO se convierte en el presidente más reforzado de América Latina

 

Mauricio Macri se convirtió en la noche del domingo en el líder más fuerte de América Latina. En un momento en el que casi todos los presidentes de la región están muy debilitados, el argentino logró una victoria aplastante en las legislativas en todo el país, y sobre todo le ganó por más de cuatro puntos a Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Este éxito le da un poder enorme para reformar Argentina y le convierte en el centro de la política probablemente por muchos años. "No hay que tener miedo a las reformas", fue el primer mensaje de un Macri eufórico, con un triunfo que supera sus propias expectativas y destroza a la oposición peronista.

Mauricio Macri ha sido subestimado casi desde que era un adolescente. Primero, por su padre, uno de los empresarios más ricos y polémicos del país, que toda la vida lo minusvaloró e incluso públicamente dijo que su hijo nunca llegaría a presidente porque no estaba preparado. Y después, por todo el establishment argentino, lo que él llama el círculo rojo, que desde 2003, cuando el entonces presidente de Boca Juniors decidió dar el salto a la política, se burlaba de su aspecto, de su forma de hablar, de sus maneras de hijo de millonario, de su desconocimiento de los códigos de la política.

Pero Macri, ayudado por un equipo fiel dirigido por Marcos Peña y asesorado por el ecuatoriano Jaime Durán Barba, fue poco a poco consolidando su poder, primero en la alcaldía de Buenos Aires y ahora en la presidencia, hasta lograr una victoria en los cinco distritos clave del país que nadie conseguía desde 1985, cuando un Raúl Alfonsín en la ola de la recuperación de la democracia arrasó en las elecciones intermedias. Macri supera el 40% de voto en todo el país y desarbola a la oposición en plazas clave, por lo que cuenta con un importante aval de la sociedad para sacar adelante sus reformas, aunque no tiene la mayoría absoluta del Congreso.

 

1508779553 248321 1508796613 sumario normal recorte1

 

Macri ha sabido aprovechar el rechazo que generaron en buena parte de las clases medias urbanas y rurales los últimos años del kirchnerismo, en los que el aislamiento internacional, el cierre de los mercados financieros y la explosión del mercado negro del dólar, sumado a los escándalos de corrupción, provocaron una huida de votos hacia cualquiera que ofreciera un cambio. Y apoyado en esas clases medias y rurales ha ido poco a poco conquistando espacios en las clases bajas, antes feudo inexpugnable del peronismo.

Solo así se explica que Cambiemos, la coalición que dirige, haya logrado ganar en provincias empobrecidas y muy peronistas como Jujuy, Salta, El Chaco, e incluso en La Rioja, donde ha destronado finalmente al cacique Carlos Menem, que volvía a presentarse y será senador aunque fue derrotado. Cambiemos destrozó a los Kirchner en la patagónica Santa Cruz, la cuna de su poder, que aún gobierna Alicia Kirchner, la hermana del expresidente.

Macri ganó en 2015 por la mínima, menos de tres puntos, frente al entonces candidato peronista Daniel Scioli, apoyado por el kirchnerismo. Desde entonces ha gobernado en minoría y con muchas dificultades. A los empresarios y economistas liberales que le reclamaban reformas más profundas, un recorte más rápido del gasto público, Macri siempre les contestaba: no hay margen político, hay que ir poco a poco porque si no perderé el poder.

Pero ahora lo tiene todo. Así que el presidente lanzó un mensaje claro: se abre un periodo para buscar grandes acuerdos, al estilo de los Pactos de La Moncloa españoles que muchos argentinos ven como un ejemplo, para pactar grandes reformas con los gobernadores, los empresarios y los sindicatos. Pero si no se logran, Macri seguirá adelante.

"Entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Tenemos que hacer muchísimas. Nos van a ayudar a vivir mejor", clamó un eufórico Macri que hacía esfuerzos por contenerse. "El poder no me va a cambiar", insistía tratando de conjurar el clásico mal de los gobernantes latinoamericanos, que con un sistema presidencialista sin muchos contrapoderes acaban teniendo un dominio absoluto que les lleva a excesos.

Otros presidentes argentinos han caído en ese intento por reformar en especial el mercado laboral, dominado por los sindicatos más poderosos de América, pero pocos habían tenido una ola tan favorable como la de Macri, al que nada parece hacerle mella: ni la crisis económica, que aún sufren buena parte de las clases medias y bajas del conurbano bonaerense, precisamente donde más apoyo ha tenido Kirchner, ni los errores de gestión que él mismo reconoce con una facilidad a la que los argentinos no están acostumbrados, ni el durísimo 2016, ni la inflación que sigue siendo la más alta de América después de Venezuela, ni algunos escándalos con las empresas de su familia o el blanqueo de capitales al que se ha acogido legalmente su hermano.

Hasta ahora, el presidente ha evitado un ajuste más fuerte gracias a la deuda. Los Kirchner tuvieron cerrados los mercados internacionales en los últimos años y bajaron mucho la deuda. Por eso Macri tenía margen y un mercado encantado de prestarle a una de las tasas más altas del mundo, además de entrada infinita de capital especulativo atraído por tipos de interés del 27% en pesos. Pero el presidente sabe que eso tiene un límite y esta victoria marca un cambio. "Mientras la Argentina tenga déficit fiscal va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos el compromiso de reducir la pobreza, que sufre mucho la inflación. Si uno no financia el déficit con inflación lo hace con deuda. Pero no podemos hacerlo eternamente, por eso hay que reducir el déficit fiscal", explicó.

Ahora viene la parte más difícil de su mandato, pero la afronta con un enorme capital político, muy superior a cualquier previsión. Con el peronismo en desbandada y dividido, la reelección en 2019 parece sencilla, aunque en Argentina es inútil hacer cualquier previsión. Cuando empezó 2015, por ejemplo, todos los analistas decían que era imposible que ganara Macri. Y lo hizo pocos meses después.

Macri ha logrado conectar con la sociedad con el mensaje de que ha venido para hacer de Argentina un país normal, abierto, donde "no ganen siempre los más vivos [listos, tramposos]" y con la idea de que ya se probaron durante muchos años todas las otras fórmulas y no funcionaron, así que ahora le toca a la suya. Las encuestas señalan que la gente no está contenta con la situación actual, en la que siguen sufriendo fuerte la crisis y la inflación, pero tienen mucha confianza en que mejorará en el futuro. Ahora el presidente tiene que cumplir con unas expectativas muy altas. Tiene margen político, pero necesitará resultados.

 

 

Publicado enInternacional
Breve análisis sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno

 

La situación de endeudamiento y recesión económica en la que dejó el gobierno anterior al país requiere de grandes dosis de pragmatismo para articular una política económica adecuada para el Ecuador. Sin embargo, el pragmatismo es también una ideología cuyos límites están en la dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las políticas gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen en visiones cortoplacistas de conveniencias momentáneas. Así las cosas, el país requiere de un plan económico que aún no tenemos y que va más allá de meras líneas de acción coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual gobierno nacional.
Respecto a lo anterior, cabe reseñar que toda política económica debería buscar a la postre cuatro ejes básicos: lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y social para el conjunto de la población.


Para lograr esos fines, todo manual de Estado aplicado a la política económica se vale de un serie de instituciones y actores que pueden ser directos –el Estado en todos sus niveles y así como sus instituciones públicas- e indirectos –banca, asociaciones empresariales, corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas sean efectivas y cumplan los objetivos trazados.


Para ello hace falta, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la producción, el empleo y los ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente, donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de matriz productiva.


Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso son cinco ejes los de intervención planteados por el presidente Moreno en la noche del 11 de octubre como medidas económicas inmediatas para reactivar la economía nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvalía, fortalecer la dolarización, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y la evasión de impuestos, así como articular un cambio de política económica con base sobre el Impuesto a la Renta.


Respecto a la Ley de Plusvalía, su continuidad o derogación será decidida democráticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado día 2 de octubre por la secretaría jurídica de la Presidencia a la Corte Constitucional. En todo caso vale resaltar que, más allá de que es de justicia establecer medidas contra la especulación del suelo, en un país que sufre un déficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de dicha ley ha significado una reducción del 15% en la construcción de estas y el sector se ha contraído en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendrá que ser mediante el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del suelo y se eviten prácticas especulativas respecto a la plusvalía de bienes de inmuebles.


En el artículo 60 de dicho ordenamiento se indica:


“Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición del suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo”.


El cumplimiento cabal de este artículo de la LOOTUS debería ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las políticas de descentralización y transferencia de competencias a unos gobiernos autónomos cada vez más descapitalizados, debiéndose implementar los mecanismos apropiados para la captación por parte de estos de los beneficios por el alza del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformación de suelo rural a urbano, la modificación de usos del suelo o la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo a cambio de una participación justa del Estado en el beneficio económico que estos derechos adicionales significan.


Respecto a la segunda línea de acción, fortalecer la dolarización, el presidente Moreno se comprometió a presentar una ley de incentivo para la repatriación de capitales planteando la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años a quienes cumplan con esta demanda durante el primer año de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la entrada de 1.700 millones de dólares hoy fuera de la economía nacional, reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la actividad económica. En ese sentido, también se plantea el compromiso de devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presión empresarial de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en una economía rentista y de escasa diversificación productiva como la ecuatoriana en aras a defender una dolarización que en la actualidad nos mantiene atrapados en el ámbito de la falta de soberanía monetaria.


Siguiendo con este apartado, preocupan más que lo dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la República. En este sentido y al día siguiente de la alocución presidencial, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, declararía públicamente que se está trabajando con la Procuraduría General del Estado y la Cancillería para que en los próximos días sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte denunciados. Según Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país y conlleva una importante involución en el ámbito de la soberanía nacional.


Para el titular de la cartera de Comercio Exterior, la mayoría de los países con los que se pretenden establecer líneas de inversiones en Ecuador demandan la articulación de TBIs. La carencia de estos vendría a explicar en parte la baja Inversión Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el país, la cual se cuantifica en tan solo el 0.79% de la que llega a América Latina y Caribe. Lo que no dice este alto funcionario público es que un país como Brasil, mayor receptor de IED del subcontinente, nunca suscribió en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional que gran daño ha causado con sus sentencias al Ecuador y resto de países del Sur global.


En la noche del pasado día 11, el presidente Moreno volvió a hacer hincapié en la necesidad de profundizar el programa de austeridad sobre las cuentas púbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se busca reducir el déficit fiscal del actual 4,7% del PIB –que en realidad está por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se están aplicando medidas de austeridad que conllevan la reducción del 10% en el sueldo de servidores públicos del jerárquico superior –en la actualidad el 8% del empleo público absorbe el 20% del gasto corriente en nómina-, la limitación de contratación de consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de compra de vehículos de lujo y otros tantos gastos más de carácter innecesario.


A este respecto cabe destacar que las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene porqué significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de políticas alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor universitario Pablo Dávalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy validos que tienen parecidos al de los derivados financieros. Según Dávalos, se podrá establecer un sistema de compensación del déficit fiscal a través de la emisión de SWAPs –seguros de ejecución presupuestaria- mediante la transferencia, a año vencido, de los recursos de ejecución presupuestaria no ejecutados y convertidos en Certificados de Programación Fiscal por un monto similar al del déficit y respaldados por el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.


Respecto al cuarto eje de acción, lo que tiene que ver con el combate al contrabando y la evasión fiscal, el mandatario planteó que se implementará un sistema destinado a eliminar la subvaloración de mercancías, fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de 10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando y la evasión.


Si bien es cierto que 10 centavos por ítem puede significar mucho o poco en función del precio de cada producto gravado, lo que en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez más el sector de importador –eje fundamental en una economía de escasa capacidad productiva- clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad que atraviesa el sector productivo nacional que sí cumple con sus obligaciones tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado en la comercialización de productos de contrabando y la necesidad de proteger la escasa producción nacional de un país sin capacidad de devaluación en su moneda.


En todo caso, las medidas planteadas por el régimen dejan entrever cierta limitación a la hora de conceptualizar excepciones de carácter estratégico, tales como podrían ser la exoneración de aranceles para el sector ciencia y tecnología o moratorias para la importación de vehículos livianos a combustión interna vs liberalización de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.


Ahora bien, lo más interesante de las medidas anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las políticas económicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la política fiscal.


Mientras los agoreros del desastre -léase ese 20% de voto duro correista que aún queda en el país- auspiciaban un “paquetazo” económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta presidencial y de su equipo de gestión se basa en la reactivación productiva poniendo en el centro de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas.


Es así que el presidente Moreno anunció el envío en breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los 300.000 dólares, así como para que las microempresas ya establecidas no paguen dicho impuesto por sus primeros 11.000 dólares de utilidad y los nuevos emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros años de existencia.


De esta manera se articula un elemento de cambio fundamental en las políticas económicas del gobierno nacional que tiene que ver con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas públicas, tal y como pasaba antaño.


En ese sentido, a las empresas que facturen más de 300.000 dólares se les aplicará la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018. Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente existentes.


Sin embargo, los representantes de los grandes grupos económicos del país –esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan sólo tributan en la práctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las élites económicas también consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben más de 3.000 dólares mensuales –más de ocho veces de un salario básico al que tan solo llegan menos de la mitad de la población económicamente activa- tributen el Impuesto a la Renta sobre el décimo tercer sueldo para partir del próximo año.


Al respeto cabe señalar el retrógrado nivel que demuestran los voceros y representantes políticos de estas élites, dado que hasta el propio FMI -institución financiera internacional poco sospecha de izquierdismo- plantea en su última publicación del Monitor Fiscal la necesidad de actuar sobre tres áreas básicas: el incremento de los impuestos aplicados a las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal y el crecimiento del gasto público en el terreno de la educación y la salud. Respecto a este último apartado, cabe significar que en el Ecuador actual, dicha inversión ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior gobierno durante los últimos tres años de su gestión.


Según el FMI, institución históricamente bendecida por las élites económicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: “Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria (...) y también se podría evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza”.


Ante la voracidad de la banca privada, importante es también la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrónico pasaría a estar gestionado también por las cooperativas de ahorro y crédito, lo que significa darle liquidez a los sectores más olvidados de la economía nacional.


En todo caso y más allá de las medidas enfocadas de incentivar la producción poniendo énfasis en los sectores micro y medianos productivos (donde faltan propuestas para el crédito educativo, de apoyo a la mujer emprendedora, fondos de inversión de riesgo para primeros emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y estrategias sólidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta gubernamental demuestra una carencia en los ámbitos que tienen que ver con reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la caída de precios del crudo.


En este sentido y más allá del riesgo de flexibilización laboral que podría suponer la actual reforma en marcha del sistema de contratación laboral en el país, una medida tan básica como la disminución del IVA en tan solo dos puntos vendría a significar un incremento de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostró cuando dicho impuesto regresivo pasó del 14 al 12% haciendo que la economía del país creciera un 3% en tan solo un trimestre.


También siembra dudas el anuncio presidencial de cumplir en los términos acordados con las obligaciones contraídas con proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa que prolongar la agonía del endeudamiento heredado y desplazar al año que viene una medida –la renegociación de la deuda externa- que tendrá que se aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes empresas, los cuales se aplicarán en 2018, comenzarán a tener sus frutos en las arcas públicas a partir del siguiente año.


En resumen y saludando el hecho de que el presidente Lenín Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes grupos económicos que operan en el país, las propuestas gubernamentales expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa económico sólido para salir de la crisis. Son básicamente líneas de acción político económica coyunturales y de medidas de aplicación a corto plazo. Seguimos sin hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza nuestra dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities, seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversión extranjera directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar el sector productivo y se mantiene la actual desvinculación entre política social y económica en Ecuador.


El autor es Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

Publicado enInternacional
Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

Publicado enEconomía
“Están a la vista los límites de la acción electoral”

‘Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo’ es el nuevo libro escrito por Decio Machado (Brasil-Ecuador) y Raúl Zibechi (Uruguay), una lectura necesaria para pensar el campo popular de la región, en tiempos donde el minuto a minuto electoral parece licuar las perspectivas críticas. De paso por Córdoba, invitado por el Colectivo de Investigación ‘El llano en llamas’, Zibechi repasó algunas observaciones del libro y otros análisis de coyuntura.


“Con el progresismo hubo más capitalismo”, plantea el colaborador de La Jornada, Brecha y La Vaca, entre otros medios del continente, y uno de los autores-activistas referente de las luchas de los movimientos antisistémicos. La frase no es mera provocación, tiene un sentido profundo en torno a la construcción de historias de vida en grandes masas de la población, con hondo alcance en el tipo de valores colectivos e individuales que este sistema configura y que pareció sorprender a más de uno a partir de los resultados de las elecciones de 2015.


El libro, editado por Autonomía-Pié de los hechos, “es un intento de hacer balance del periodo progresista y por otro lado desarmar algunas ideas falsas”. “Sostengo que en Cuba hubo una revolución, no sé si en Bolivia o en Venezuela hubo revolución ¿Pudo haber revolución que no haya tocado uno de elementos centrales del aparato estatal como las Fuerzas Armadas? Ahí comparamos los debates y procesos que hubo en Cuba con los que hubo en Bolivia y Venezuela. Queda para mí claro que no hubo proceso revolucionario”, señala el autor.


A eso agrega otro ítem, “el famoso tema de la desigualdad”. “En el periodo progresista disminuyó la pobreza, pero también disminuyó con los gobiernos conservadores. Pero no disminuyó la desigualdad, porque el extractivismo es una máquina de generar desigualdad. Entonces el trabajo busca poner en diálogo esos temas y mostrar que el progresismo tuvo cosas interesantes, como el empoderamiento de sectores populares, que es un efecto indirecto, pero que no todo lo que dice el progresismo de sí mismo es como lo dice”. Y además, resalta los “efectos negativos, como el consumismo o la dependencia de las políticas sociales del capital financiero, algo demostrado”. “Con un dinero del Estado por política social tengo una tarjeta con la que puedo comprar una moto o un plasma, eso es una expansión y profundización del capitalismo”.


El trabajo repasa, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento de los sectores populares en Brasil al tiempo que los bancos hicieron jugosos negocios durante el lulismo, como nunca antes. El trabajo se orienta a debatir dentro del propio campo popular y de las izquierdas acerca de los horizontes emancipatorios lejos de miradas posibilistas.
Frente a las urgencias que marcan los voceros del sistema de partidos, reacomodando nombres propios frente a cada elección, Zibechi deja un mensaje acerca de los caminos de emancipación colectiva que, entiende, serán duraderos si surgen de abajo, sin tener base en la tutela del Estado ni política social alguna, por más progresista que sea, en contextos donde “el modelo extractivo deja afuera a la mitad de la población”. “Debemos insistir, promover y fortalecer las alianzas urbano-rurales, la recuperación de tierras, la soberanía alimentaria como camino hacia la autonomía”.


Apuntes del libro


Entre las líneas de trabajo, el texto intenta pasar a discutir a partir de las diversas experiencias revolucionarias del siglo XX, y qué tipo de subjetividad han promovido las izquierdas en el poder. Con una marcada crítica a la visión teleológica del marxismo ortodoxo que confió ciegamente en la apropiación de los medios de producción controlados por Estados centralizados, sin cuestionar el productivismo irracional ni la persistencia de la monetización de la vida, el trabajo va pasando por textos surgidos al calor de la truncada sovietización rusa, los ricos debates de la revolución cultural china y las reflexiones sobre los objetivos que debiera tener la economía en la incipiente Cuba revolucionaria de la década del sesenta. Cuestiones como el trabajo voluntario, la relación campo-ciudad y la organización horizontal de la producción van siendo revisadas con profundas críticas y valiosos rescates en torno a textos de Lenín, Mao y Guevara, entre otros.


El libro recuerda las revueltas frente al neoliberalismo que atravesaron el continente en la larga década del noventa, para luego centrarse en analizar los progresismos, y compararlos en perspectiva histórica y coyuntural. Observar que bajo los gobierno del PT la parte más rica de Brasil concentra más recursos que durante el neolierbalismo, que la Colombia derechista redujo más la pobreza que la Revolución Ciudadana de Ecuador en el mismo período o el sensible aumento de las muertes a manos de la policía en Argentina durante el kirchnerismo comparado con la década anterior son datos que se van entremezclando con análisis de fondo acerca de los ‘límites del progresismo’.


El eje central del trabajo pasa por revindicar el conflicto social nacido desde abajo como motor de las grandes transformaciones estructurales de la sociedad en contraposición a las democracias electoralistas, que si bien han reducido la pobreza no han sacudido las estructuras profundas de la desigualdad en el continente: basta ver la situación de vivienda, salud pública y educación en las diversas geografías. Asimismo no han alterado las fuerzas de seguridad ni los mecanismos de participación y financiamiento de la política, aspectos clave en la construcción de otros horizontes emancipatorios.


Sin dejar de reconocer logros de estos gobiernos, el libro apunta a mantener vivo el sentido crítico en el campo de los ‘abajos’ o de los ‘movimientos antisistémicos’ contra cierta intelectualidad que “olvida los protagonistas populares que hicieron posible el ciclo progresista y sólo atienden al papel de los dirigentes que, en sintonía con toda tradición del pensamiento crítico, debemos considerar que juegan un papel secundario” (162). En América Latina, plantean los autores, la contra-hegemonía “significa poner en cuestión los componentes sustantivos de la modernidad: el predominio de la razón científica, el pensamiento ilustrado, el concepto de desarrollo y acumulación, así como nuestra relación de control y dominio de la naturaleza” (100).


Punteo de la coyuntura


Consultado sobre el actual escenario en la región, específicamente sobre Colombia y Venezuela, Zibechi reflexiona: “En algunas zonas campesinas, las FARC era un principio de orden y freno al narco aliado a los paramilitares. Esta transición fortalece el campo paramilitar. Veremos qué sucede. Pero la guerra contra los de abajo sigue, en forma de goteo, porque no cesa la muerte de dirigentes populares”. Mientras que en Venezuela observa “una puja muy fuerte de poder, donde el madurismo mantiene un apoyo electoral importante, pero también lo tiene la oposición”. “Es una sociedad partida al medio, y eso hace que sea cuestión de tiempo que estalle en un conflicto”. Zibechi expresa su rotundo rechazo y llama a “impedir la injerencia de Estados Unidos y las empresas extranjeras” y aclara que “eso no implica apoyo al madurismo, que entiendo está derivando en un creciente militarismo, donde el núcleo del poder está en las Fuerzas Armadas, lo cual significa un problema”.


En torno a este escenario, dice: “sin dejar de poner la mirada en la realidad local y el análisis de clase, hace falta prestar mucha más atención en el crecimiento exponencial de las tensiones internacionales. Hace diez años no me hubiese imaginado la situación actual de Siria ¿hoy es tan loco pensar esa situación en Venezuela donde Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses? El escenario se está moviendo muy rápido, y nuestra capacidad de comprensión de la realidad internacional no se está moviendo tan rápido. Hago un llamado a pensar geopolíticamente desde los movimientos”.

 

Leonardo Rossi
La Tinta

Publicado enSociedad
La Constituyente toma el control de los poderes públicos en Venezuela

El presidente bolivariano llama a un diálogo que incluya a México, Colombia, Argentina y Chile

Una docena de cancilleres del hemisferio "condenan la ruptura del orden democrático" en Caracas

 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes un decreto para tomar control de los poderes públicos de Venezuela, horas después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Caracas de emplear de forma sistemática la violencia contra los manifestantes en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comenzaron en abril y han provocado 125 muertos.

Maduro, al intervenir en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), celebrada en esta capital, convocó a un diálogo regional que incluya a México, Colombia, Argentina y Chile, entre otros, al tiempo que en Lima, una docena de cancilleres expresaron su "condena a la ruptura del orden democrático" en Venezuela y anticiparon que desconocerán cualquier medida que adopte la Constituyente. Entre los asistentes está el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

La ANC celebró este martes su tercera sesión, mientras fuerzas de seguridad impidieron el acceso al recinto a los diputados opositores de la Asamblea Nacional.

Los constituyentes, elegidos con más de 8 millones de votos el pasado 30 de julio, aprobaron un decreto que subordina los poderes públicos del país a las decisiones de la ANC. "Este es un decreto que refleja la buena voluntad de esta Asamblea, que tiene un mensaje muy claro de cordialidad, de convivencia y de entendimiento entre los venezolanos", dijo la presidenta de esa instancia, Delcy Rodríguez.

Aristóbulo Istúriz, primer vicepresidente de la ANC, aseguró que se definieron un conjunto de normas basadas en el artículo 349 de la Constitución, que establece que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Constituyente".

Se aprobaron "legalmente" unas normas que, de ser incumplidas, "simplemente aplicaremos la ley", subrayó Istúriz, y explicó: "nosotros podemos reformar y limitar las funciones de los poderes públicos, es decir, hay una serie de medidas que establecen las leyes, nosotros no estamos amenazando a nadie, sino que estamos haciendo un esfuerzo para lograr la convivencia".

La Constituyente también aprobó un acuerdo en respaldo a la fuerza armada, luego del ataque al cuartel de Paramacay, en Valencia, estado de Carabobo, el pasado domingo por una veintena de hombres, que dejó dos muertos, un atacante herido y ocho detenidos. La iniciativa fue propuesta por la legisladora Carmen Meléndez, quien fue ministra de Defensa en 2013.

En el pleno fue ovacionado el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, al tiempo que reafirmó el carácter "antimperialista y revolucionario" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, dijo, "no tiene militancia política".

La ANC anunció que investigará la violencia política desde la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999. Se realizarán estas indagaciones en el contexto de la aprobada "comisión de la verdad" propuesta por Maduro.

"Es un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, para deslindar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y en poderes fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el estado de derecho", dijo Delcy Rodríguez.

Más temprano, fuerzas de seguridad impidieron ingresar al recinto a 10 diputados de la oposición y la noche del lunes, con un grupo de nuevos asambleístas, tomaron el salón protocolar donde deliberaron este martes, denunció la Asamblea Nacional, que debate en el hemiciclo y sesionará este miércoles.

"No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente", tuiteó el diputado opositor Stalin González.

En este contexto, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, denunció el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes e incluso torturas".

Naciones Unidas dirigió un urgente llamado a Caracas para que adopte medidas tendientes a rebajar la escala de violencia en el país. El equipo de expertos del organismo estuvo en Venezuela desde principios de junio hasta finales de julio, pese a que oficialmente le fue negada la solicitud de investigar la situación en el país. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo "estar preocupado de que Venezuela se esté distanciando de la paz".

Tres días después de que el Mercado Común del Sur suspendió a Caracas indefinidamente con el argumento de una "ruptura del orden democrático", más de una decena de cancilleres y representantes de países del hemisferio suscribieron en Lima una declaración de 16 puntos en la que manifestaron su "enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza" en Venezuela y a la "violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales", lo que incluye "la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional".

Al margen del texto, el canciller peruano, Ricardo Luna, dijo que el grupo está abierto a apoyar un diálogo "creíble y de buena fe" con Maduro. Precisó que los 17 países reunidos este martes y los que se quieran sumar quedan constituidos en un grupo de observación cuya próxima reunión se hará en septiembre, en el contexto de la Asamblea de la ONU.

El canciller de México, Luis Videgaray, resaltó en un encuentro con la prensa posterior a la lectura de la declaración, que dos puntos sustanciales son el desconocimiento de la Asamblea Constituyente y la decisión de aceptar sólo lo aprobado por la Asamblea Nacional.

En la reunión convocada por Perú, participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, así como el vicecanciller de Canadá, el representante de Granada ante la Organización de los Estados Americanos y el embajador de Uruguay en Lima.

Aunque la Declaración de Lima fue suscrita sólo por 12 países, Luna aclaró que representa el sentimiento de los 17.

En respuesta, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el encuentro y dijo que era una "conjura" de grupos de países, a los que identificó como mini OEAS, para darle el "piso político al imperialismo estadunidense para seguir agrediendo" a Venezuela.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a 15 meses de cárcel al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, del opositor Partido Primero Justicia, y el Consejo Nacional Electoral dispuso que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no podrá presentar candidatos para los comicios de diciembre en siete estados del país, dado que se se investigan denuncias por irregularidades en la recolección de firmas para el registro de sus candidatos.

Publicado enInternacional
Superpoderes flexibilizadores para Macron

La reforma propuesta por el presidente francés desató la furia de los sindicatos, ya que implicaría una profundización de la que Macron aprobó el año pasado como ministro de Economía de Hollande.

 

El Parlamento francés convirtió ayer en ley los superpoderes que había pedido el presidente Emmanuel Macron para poder sacar por decreto su nueva reforma laboral, una medida que ya desató la furia de los sindicatos y que será una profundización de la que aprobó apenas el año pasado como ministro de Economía del socialista Francois Hollande.


El Senado fue la segunda de las dos cámaras en dar el visto bueno al proyecto de ley, que fue aprobado por 225 votos a favor y 109 en contra, sólo un día después de que lo hiciera la cámara baja, y ahora se espera que el flamante mandatario presente el primer decreto a finales de mes, justo cuando terminan las vacaciones de verano en el país.


Con la reforma, el Gobierno pretende dar más flexibilidad a las empresas con el argumento de que podrían generar nuevos empleos con mayor facilidad. La reforma fue además unos de los puntos centrales del programa electoral del presidente.


Francia padece desde hace varios años un elevado desempleo. La oposición de izquierda teme que la reforma afecte a los derechos de los trabajadores. El hecho de que sea implementada a través de decretos también es controvertido. Según este método, criticado especialmente por los sindicatos, el parlamento no debatirá los textos sino que solo será consultado al inicio y al final del proceso. El rechazo podría pasar a las calles en un momento en el que una parte de la oposición denuncia “una ley de demolición social”.
Como ministro de Economía, Macron logró aprobar una reforma laboral que debilitó varios derechos laborales el año pasado. Se enfrentó a los sindicatos, a multitudinarias marchas en las calles de las principales de todo el país y hasta provocó una ruptura dentro del entonces oficialismo socialista.


Mientras el entonces presidente Hollande quedó muy debilitado y tuvo que renunciar a una eventual reelección, él salió fortalecido como un candidato apartidista, atractivo tanto para los socialistas que se habían corrido al centro como para los conservadores más moderados.


Amparado por su arrasadora victoria electoral de este año, Macron ahora impulsa una nueva reforma laboral que profundizará los cambios conseguidos el año pasado. Según el mandatario, la nueva ley de trabajo permitirá a las empresas flexibilizar los procedimientos de contratación y despidos para poder generar nuevos empleos.


La nueva normativa pretende poner fin de manera definitiva a la negociación sectorial y los convenios colectivos, y poner límites fijos a las indemnizaciones por despido, algo que el año pasado no pudo ser aprobado, debido a las idas y vueltas del gobierno y al estallido social que generó el debate.


Como sucedió con la reforma laboral del año pasado, aprobada gracias a un vericueto legal que le permitió a Hollande evitar al Parlamento y aprobar el proyecto de manera unilateral, la CGT, el principal sindicato de trabajadores del país, ya anunció un paro general para el 12 de septiembre próximo, después del fin de las vacaciones de verano.
“La esencia de esta reforma no tiene impacto en el empleo, pero describe un proyecto que consiste en retomar ) las viejas demandas, los viejos sueños de la patronal desde hace 20 años’’, comentaba recientemente el presidente del sindicato CFE-CGC, François Hommeril.


Varios medios franceses adelantaban que otros sindicatos anunciarán medidas de fuerza similares en septiembre, cuando el gobierno de Macron emita los primeros decretos para modificar el Código de Trabajo.


Las votaciones de las últimas 24 horas en las dos cámaras desnudaron el amplio poder que posee Macron, quien no sólo ganó la Presidencia en las urnas, sino también la mayoría del Parlamento.


En clara mayoría, el líder de la izquierda y presidente de la bancada de Francia Insumisa en la cámara baja, Jean-Luc Mélenchon, calificó ayer el proyecto de ley que otorga poderes especiales a Macron como un “golpe de Estado social”. Luego de que el gobierno emita los decretos, el Parlamento deberá ratificarlos para que se conviertan en ley, aunque sin discutirlos.

Publicado enInternacional
Más de 8 millones de venezolanos votan a pesar de los focos de violencia opositores

Los focos de violencia y el boicot absoluto de la oposición lograron rebajar mucho la participación en las constituyentes celebradas en Venezuela este domingo, pero aún así más de ocho millones de venezolanos (un 41,53% del censo) acudieron a las urnas en una jornada electoral muy tensa y con grandes medidas de seguridad en torno a los centros de votación.



Un total de 8.089.320 venezolanos participaron ayer en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Así lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, a las 23.50 horas (5.50 en España). Al tratarse de unos comicios boicoteados por la oposición, que ni siquiera ha presentado candidatos, la clave estaba en la participación, que fue del 41, 53% del censo.


Los resultados ofrecidos por el poder electoral del país caribeño refuerzan la posición del presidente, Nicolás Maduro, porque esa participación es en su casi totalidad de sus seguidores, y supera lo que obtuvo en las presidenciales de 2013, cuando logró el apoyo de poco más de 7 millones de personas. Y es mucho mayor que el obtenido en las últimas votaciones, las legislativas de 2015, en las que el chavismo perdió con 5,6 millones de votos frente a los 7,7 de la oposición.


No obstante, cabe esperar que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconozca las cifras. De hecho, su excandidato a la presidencia, Henrique Capriles, ya ha anunciado protestas para hoy y ha llamado a sus partidarios a marchar a Caracas el día en el que se constituya el nuevo órgano electo.


Maduro reconoce que está negociando con la oposición


“Voy a dedicar toda mi vida para que esta revolución levante cabeza, superemos los errores y las debilidades”. Nada más conocerse los resultados, el presidente venezolano compareció ante sus seguidores concentrados en la plaza Bolívar. Reconoció que en las últimas semanas había mantenido negociaciones con la oposición (algo que ya había anunciado la víspera el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero), asegurando que les ofreció presentarse a las elecciones pero que estos lo rechazaron. Además, afirmó que esta semana los 537 asambleístas (faltan por elegir los 8 que representarán a los pueblos indígenas) tomarán posesión.


Ahí se abrirá un nuevo frente con la MUD, que rechaza la legitimidad de esta Asamblea y se aferra al Parlamento elegido en diciembre de 2015 y que fue declarado en desacato por el Tribunal Superior de Justicia. Maduro también ha realizado una maniobra para sumar a los opositores al juego político: abrir el plazo de inscripción para las elecciones a gobernadores que deberían de celebrarse en diciembre. “Abandonen la violencia y mídanse en las urnas”, retó.


Con el anuncio de los resultados terminaba una jornada que volvió a poner de manifiesto la profunda división existente en Venezuela. Más allá de la separación física, que en Caracas se representa por la fractura entre el Oeste chavista y el Este opositor, el abismo es casi de identidad. Atravesar la capital era como pasar de un mundo a otro en apenas unos minutos. En una de esas Caracas paralelas, la gente votaba y en las calles se podía transitar sin problema. En la otra, el Este, las arterias seguían bloqueadas y se registraban enfrentamientos y escaramuzas entre manifestantes y agentes de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos, lo mismo que en jornadas anteriores pero con mayor intensidad.


Como en los últimos días, hay que dividir la historia en dos partes. Ambas transcurren en paralelo, no se cruzan, pero forman parte de un país que sigue fracturado.


Muchos menos "guarimberos" en la marcha opositora


La enésima marcha de la semana estaba convocada a las 10.00 horas. Recomendación para periodistas que tengan en mente venir a Caracas: las diez de la mañana no son las diez de la mañana. Es una hora aproximativa. “Se convoca a las diez pero suele salirse a las once o las doce”, reconocía sin rubor un hombre del que luego hablaremos más en detalle.


Por el momento, volvamos a Altamira. A mediodía, la plaza no llegaba ni a un cuarto de entrada. Curiosamente, el número de jóvenes encapuchados (aka “guarimberos”) era sensiblemente inferior que otros días. En esta ocasión, el grueso de los manifestantes se acercaba más a lo que tradicionalmente ha sido la base opositora: gente de clase media-alta a la que se le detecta el estatus a kilómetros. La mayoría vestía de blanco (un sutil guiño a las “mujeres de blanco” contrarias al Gobierno cubano), siguiendo la recomendación de la Mesa de la Unidad Democrática.


Embozados y señores y señoras del Este de Caracas tienen una relación extraña, porque están juntos pero tampoco demasiado revueltos. Los primeros, reciben su ayuda económica y alimentaria. Los segundos, pueden parapetarse tras ellos como fuerza de choque. He presenciado muchas protestas en diversas partes del mundo. Un común denominador suele ser que el Gobierno acuse a los manifestantes de estar pagados por una “mano negra” para salir a la calle. Como si, equivocado o no, uno no tenga capacidad propia para movilizarse. Por eso, siempre me ha resultado difícil creerme estas afirmaciones. Hasta ahora. Porque muchos de los chavales que ejercen como arietes de las protestas antichavistas sí que sacan algo. Lo primero, comida, que los vecinos bajan de casa o compran. Estamos hablando, en un buen porcentaje, de adolescentes en situación de exclusión, no de los hijos de los barrios ricos como Chacao o Altamira.


Por otro, dinero. Podría enumerar todos los rumores que me han llegado estos últimos días, que van desde gente que ha visto a otra gente pagando a los encapuchados desde un coche hasta la existencia de una tarificación dependiendo de hasta dónde está dispuesto a llegar el manifestante. Eso no puedo corroborarlo. Lo que es cierto, porque lo he visto, es que los encapuchados aprovechan el contexto para sacarse unos “bolos”. Y que tienen tanta costumbre de pedir “una ayudita” a los manifestantes que es evidente que es una práctica habitual.


Así estaban a las 11 de la mañana, parando a los coches que llegaban a Altamira, pidiéndoles esa “ayuda” a cambio de franquearles el paso. Una actividad que no terminaba de convencer a todos. “Esta gente está cobrando a los vehículos por pasar, hay que denunciarlo”, protestaba un chaval, que llamaba la atención sobre la diferencia de clase y educación entre unos y otros. Otro señor, le contradecía: “No obligan a nadie”, pero necesitan colaboración. Al final, terminaba asumiendo que los “guarimberos” son un mal menor para mantener la estrategia de desestabilización.


Este último señor, el anteriormente mencionado, no quería dar su identidad argumentando encontrarse en “régimen de presentación”. Es decir, en libertad vigilada. Hace unos meses fue arrestado en otra protesta y tiene prohibido manifestarse. Ayer había roto ese veto y defendía vehemente a los encapuchados. “¿Y el Black Block en Berlín, en Francia, en España, en EEUU? Se encapuchan. Se visten de negro para que no les identifiquen”, argumentaba. “Pero estos son grupos de izquierdas”, rebatía el joven, visiblemente molesto. “Pero es que este no es un Gobierno de izquierdas. Aquí se tomaron la franquicia de izquierdas, pero no pueden serlo. Aquí compraron la franquicia, pero la izquierda no hace lo que hacen ellos, que matan a la gente de hambre mientras que pagan todo el dinero a las multinacionales extranjeras”. Momento de desconcierto.

Termina la conversación.


Tampoco daba tiempo para más porque minutos después un fuerte despliegue de la Policía Nacional Bolivariana irrumpía en la plaza lanzando gases lacrimógenos. En un abrir y cerrar de ojos, estaba vacía. Impresiona ver al convoy motorizado, como cuadrigas de la legión romana algo desordenadas, abrirse paso por el bastión opositor. Apenas una decena de chavales responde con cuatro piedras. A partir de ese momento comienzan las escaramuzas. Cuando marchan los agentes, los opositores vuelven a reunirse, tímidamente. Hasta que los uniformados regresan y los cada vez más exiguos manifestantes ponen pies en polvorosa.


Así se estaba desarrollando la mañana hasta que, pasado el mediodía, un artefacto explotaba al paso de una fila de agentes en pleno Altamira. La deflagración dejó siete policías heridos, según datos del Ministerio Público de Venezuela. Y la imagen de los pocos opositores que aguantaban en las inmediaciones aplaudiendo de júbilo al paso de los heridos. Ojo, que este no fue el único incidente del día. En Caurimare y Los Ruices, también en el este, los choques se alargaron hasta que oscureció.


Desde la tarde, manifestantes y policías se encontraban separados por 500 metros en un acceso a la autopista Francisco Fajardo. Se miraban los unos a los otros y aguantaban, hasta que los integrantes de la protesta (que son los que pretendían romper el cerco policial) lanzaban alguna andanada. En este punto, alguno de los antichavistas usó un arma de fuego. Aquí, uno tira de experiencia, por encontrarse allí cuando uno de los policías se salvó del disparo, que le rozó el hombro. En El Paraíso, un barrio del oeste de Caracas donde se mezclan los sectores populares con zonas residenciales, se produjeron fuertes disturbios. Hacia las 17.00 horas, desde la autopista que bordea los bloques que abren la parroquia, se escuchaba la detonación de perdigones.


Al menos 10 muertos, entre manifestantes y policías


A todo este caos hay que añadirle el hecho más grave. Al menos diez personas, según los datos del Ministerio Público, murieron durante las protestas a lo largo de todo el país. En esta lista se incluyen desde manifestantes hasta policías. Se trata de la primera ocasión, al menos en dos décadas, en la que se registran muertos durante unas elecciones en Venezuela relacionados con protestas contra los comicios.


Una vez analizado el “parte de guerra” nos trasladamos al oeste, a los barrios donde los vecinos pudieron votar sin problemas. También, al Poliedro, el centro de contingencia en el que miles de personas depositaron su papeleta debido a que los colegios de sus lugares de origen estaban cerrados o amenazados por la oposición. Aquí hay que hacer una acotación. Reflexionar sobre el concepto de “normalidad”. Porque es cierto que las votaciones en las zonas donde no hay mayoría opositora se han desarrollado sin sobresaltos. Pero tampoco se puede calificar como “normal” que una legión de votantes tenga que desplazarse y votar, en un proceso convocado por el Gobierno, a kilómetros de su domicilio.


“Votar es importante porque vamos a tener paz y libertad. Ya estamos cansados de las guarimbas, las trancas y las quemaceras de cauchos que no nos dejan trabajar”. José Mora, que llevaba hora y media esperando en un colegio de Catia a las 14.00 horas, simboliza el discurso que uno podía encontrarse a las puertas de cualquier centro de votación.


Como en la constituyente cabe todo, porque la teoría dice que de lo que se trata es de incluir en la Carta Magna derechos que han ido aplicándose a través de políticas públicas desde la victoria de Chávez, cada elector tenía su lista de requerimientos. Entre todos, sin embargo, destacaba el de la pacificación. Porque ya son más de cien días de protestas y enfrentamientos, dentro de un ciclo que, en realidad, se abrió con la victoria electoral de Nicolás Maduro en abril de 2013. Desde entonces, las protestas han ido in crescendo. Aunque también es cierto que las dificultades, especialmente económicas, se han multiplicado. “Vamos a ver si se calma esto y viene la paz, porque estamos hartos de tanta trancadera de calle”, afirmaba Mireia Godoy, residente junto al Cuartel de la Montaña, en el 23 de Enero, el lugar donde están enterrados los restos de Hugo Chávez.


Al margen de las cuestiones urgentes en un país en el que más de 100 personas han muerto en los últimos meses de protestas, la “profundización” en el proceso bolivariano era la segunda idea más repetida. “Debemos seguir el legado de nuestro comandante Chávez, dar el poder al pueblo. Estamos ante algo nunca visto”, afirmaba Carmen Romero en su centro de votación del 23 de enero.


En esta zona, una de las grandes preocupaciones era garantizar la participación. A falta de conocer qué dirán exactamente los líderes de la oposición, ya se puede avanzar que ni siquiera se van a creer las cifras. Durante toda la jornada, sus canales informativos reiteraban que los colegios electorales estaban vacíos. Como en cualquier parte del mundo, eso es cierto dependiendo del lugar al que uno se dirija. Es imposible que todos los centros registren una afluencia masiva a todas horas. En realidad, da igual porque la respuesta estaba escrita.


“Tenemos un mínimo, que son siete millones y medio de votos. Pero es un mínimo”, afirmaba Borman Angulo, coordinador nacional de Juventud y Deporte de Voluntad Popular. Teniendo en cuenta esto, era previsible que si las cifras que ofrecía el CNE eran superiores a los votos que se arroga la MUD, bastaba con considerar que se había exagerado. Si estaban por debajo, a pesar de no reconocerlos se lo plantearían como derrota.


No hace falta ser un analista brillante para vaticinar que las tensiones no terminan con las urnas. Lo único que cambia es el terreno de juego.

31/07/2017 08:24 Actualizado: 31/07/2017 09:19
ALBERTO PRADILLA


Caracas como dos ciudades: una vota y la otra se encierra entre basura


En medio existen grises pero la diferencia es abismal entre el centro y el oeste, donde la mayor parte de colegios están abiertos, y el este, encerrado en sí mismo, lleno de barricadas y con la basura desparramada por el suelo.

caracas
30/07/2017 18:37 Actualizado: 30/07/2017 18:40
alberto pradilla
@albertopradilla


Con música y cohetes, antes de que amanezca, feudos del chavismo como el barrio 23 de enero despertaban a los votantes a las 6 de la mañana. La hora es intempestiva para un domingo, pero en Venezuela es tradición madrugar mucho, hacer cola para votar lo antes posible y ya disponer de toda la jornada. “Queremos ser los primeros para venir”, decía Carmen Romero, una mujer que llevaba desde las 5 esperando para votar en la escuela pública de la popular barriada. “Estamos viviendo en nuestras carnes la cuestión de los terroristas que están en el este. Aquí, por el contrario, estamos tranquilos y votamos para frenar la violencia”, afirmaba. El votante más ideológico habla de “profundización en el proceso” para explicar su participación electoral. En las filas, antes de las urnas, lo que más se escucha es un llamamiento a votar por la pacificación.
Hoy, cuando 19 millones de electores de un censo total de 30 millones está convocado a las urnas, siguen existiendo dos Caracas que viven de espaldas una a la otra. En medio existen grises, que no todo es tan fácil, pero la diferencia es abismal y real entre el centro y el oeste, donde la mayor parte de colegios están abiertos, y el este, encerrado en sí mismo, lleno de barricadas y con la basura desparramada por el suelo.


Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar los opositores durante las protestas. Sus fuerzas flaquean


“Hoy es uno de los días más importantes para que el venezolano chavista salga a votar”. Gustavo Borges, calado con gorra verde de estrella roja y el brazalete con la bandera de Venezuela, también es de los primeros en el colegio del 23 de enero. Insiste en que la constituyente convocada por el presidente, Nicolás Maduro, es la vía para destensar la situación. Quizás para dar ejemplo, que aquí son mucho de simbología, el jefe de Gobierno ha sido también madrugador a la hora de cumplir con la papeleta. Pasadas las 6 de la mañana, el máximo mandatario venezolano reivindicaba que el suyo era “el primer voto por la paz, por la soberanía, la independencia y la tranquilidad futura de Venezuela”.


La situación es completamente distinta en el este del país (por cierto, más opulento pero con menor proporción de habitantes). La oposición rechaza participar en las elecciones y ha llamado a manifestarse hoy a las 10.00 horas (las 18.00 en España). A las 8, en Altamira no había un alma. Una única señora preguntaba dónde había que concentrarse, asegurando que la convocatoria comenzaba a las 4 de la mañana. “No tenemos nada, estamos pasando hambre y por muchas dificultades”, aseguraba. La tensión es palpable. En Chacao, justo antes de llegar al feudo opositor, un grupo de motorizados partidarios del chavismo se enfrentaban con unos encapuchados que pretendían colocar una barricada. No lo consiguieron. Al final, los opositores abandonaban el lugar a la carrera. Da la sensación de que trancar las calles es la única estrategia sostenible para los antichavistas. Permite, con un número relativamente pequeño, dar una sensación de caos. Aunque lo de llenar de basura tu propio barrio es más incomprensible.


Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar los opositores durante las protestas de hoy, especialmente si se toma en cuenta que parece que sus fuerzas flojean. La víspera, Henrique Capriles y Leopoldo López llamaban conjuntamente a manifestarse. En realidad, es un modo de intentar tapar bocas, ya que en las últimas horas se había extendido la sombra de la duda en sus propias bases. Los más duros acusan a la dirigencia de ser excesivamente condescendientes con el chavismo. Sí. Han oído bien. Excesivamente condescendientes. La gestión de la frustración por asegurar que se frenarían unas elecciones que no podían suspender.


Tengan claro que el nivel de intimidación y presión es tal en los feudos opositores que el Gobierno ha tenido que habilitar cuatro centros de contingencia en Los Teques, Caracas, Maracaibo y Aragua. Es decir, que se han abierto polideportivos para que puedan votar personas que no pueden depositar su voto en su lugar de origen. Ayer, en el Poliedro, el centro preparado para los votantes de Caracas, varias personas explicaban que tenían que trabajar por las elecciones casi de modo clandestino. Además, algunos colegios han sido atacados y el material electoral ha tenido que ser trasladado a otros lugares

Publicado enInternacional