Lunes, 10 Julio 2017 06:28

Paz con ONU 2

Paz con ONU 2

Con la dejacion de las armas por parte de las Farc viene el proceso de insercion economica, politica y social de los guerrilleros. El acompañamiento de las Naciones Unidas es una garantia de la mayor trascendencia y para el efecto se nombrará una nueva Mision politica por el Consejo de seguridad.

Es de la mayor importancia conocer los elementos de tal participacion internacional.

Este 10 de julio debe salir una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para ordenar una nueva Misión política de dicho organismo en Colombia con el fin de acompañar la nueva fase de la implementación de los acuerdos de paz.

La Misión anterior ya cumplió su tarea en lo relacionado con el Cese bilateral de fuego y las hostilidades, la ubicación de las Farc en las Zonas veredales y los Puntos Transitorios y la dejación de las armas.

El nuevo mandato tiene que ver con la tarea de garantizar la construcción política, social y económica de la paz, y la seguridad de los combatientes guerrilleros en la transición y la inserción civil al campo de la lucha democrática.

Al respecto es necesario tener en cuenta que el modelo de la superación de la guerra colombiana se debe entender en los términos de un Protocolo aplicado por Naciones Unidas en las dos últimas décadas para superar las denominadas “nuevas guerras” suscitadas después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cuales es la nuestra, originada desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 y la violencia de los años 50.

Las Farc ya cumplieron con la dejación de las armas, aportando sustancialmente al fin del conflicto, ahora le corresponde al Estado dar cumplimiento a sus compromisos incluidos en el Acuerdo final de paz.

Inicialmente se prevé una presencia durante 36 meses, pero dada la complejidad de lo que viene por las características de una “paz imperfecta”, con otros actores inmersos en la violencia anti sistémica o delincuencial, por la continuidad del negocio de las drogas, es muy probable que tal Misión deba ampliar su participación por más tiempo, como una garantía esencial para la guerrilla mutada en un movimiento político y social.

Por supuesto, la incertidumbre alimentada en el campo político por actores adversos a la paz es otro elemento a considerar en esta labor de las Naciones Unidas.

Tal como lo hemos señalado en otras reflexiones el papel de la ONU no es casual y el mismo se inscribe en un prototipo conocido como Paz posbelica que refleja la plataforma diseñada en el documento de la “Agenda para la paz” de Boutros Boutros-Ghali, formulado en 1992, la cual ha servido de referencia en las operaciones de construcción de paz posbélica y se ha convertido en la forma de intervención internacional más habitual por parte de Naciones Unidas. Documento que marcará el paso de cómo deben abordarse los escenarios postconflicto con el objetivo de mantener una paz permanente.

En este documento se introdujo una taxonomía de conceptos y enfoques que desde entonces han sido una referencia clave en este ámbito: la diplomacia preventiva, las operaciones de mantenimiento de la paz (peace-keeping), las operaciones de imposición de la paz (peace-making) y la construcción de la paz (peace-building).

La construcción de la paz (peace-building), es un concepto más amplio que abarca todos los anteriores y se refiere a las acciones para alcanzar una paz estable y duradera, una vez que las hostilidades han terminado.

Este informe proporcionó un importante impulso a los argumentos a favor de la adopción de una política global de prevención de conflictos y construcción de la paz por parte de la comunidad internacional.

Boutros-Ghali en su documento definió consolidación de la paz (paceboulding) como los medios destinados a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto.

Por supuesto, no se trata de un concepto que genere consenso, sino que por el contrario, cada gran corriente de debate en la disciplina de las Relaciones Internacionales tiene su propia interpretación sobre como tales operaciones adquirieron un carácter cada vez más multidimensional, al integrar no sólo elementos relacionados con la diplomacia preventiva o el mantenimiento de la paz (Pacekeeping) —como se había caracterizado al período de la Guerra Fría— sino también tareas de asistencia humanitaria, asistencia en procesos electorales, reconstrucción física de infraestructuras, estrategias de buen gobierno, iniciativas de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes (conocidas por sus siglas en inglés DDR) o estrategias para la reforma del sector de la seguridad (policía y ejército principalmente).

Estas “operaciones multifuncionales complejas” pretendían no sólo consolidar la paz después de un conflicto bélico, sino también evitar el estallido de nuevos conflictos violentos.

Los elementos relacionados con la construcción de la paz, tal y como fue concebida por Boutros Ghali incluían el desarme de los actores armados, restaurar el orden, la eliminación de la armas, la repatriación de los refugiados, el apoyo y asesoramiento para la formación de los cuerpos de seguridad, el seguimiento de las elecciones, el desminado y otras formas de desmilitarización, proveer de asistencia técnica, avanzar en los esfuerzos para la protección de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones de gobernanza y promover la participación formal e informal en el proceso político. También incluía proyectos orientados a la creación de un nuevo entorno político, económico, social y de seguridad, con los recursos e instrumentos necesarios para resolver las tensiones e incompatibilidades existentes de forma pacífica. En definitiva, Naciones Unidas juega un papel clave en ofrecer instrumentos y en apoyar a aquellos países asolados por la guerra para el establecimiento de las condiciones de una paz sostenible y duradera.

Este Programa de paz se complementó después con otros documentos de la ONU como los siguientes:

Suplemento de un Programa de paz (1995).

Los resultados del Grupo de Trabajo Interdepartamental que contienen:

- Una Agenda para el Desarrollo (1994).

- Una agenda para la democratización (1996).

- El Informe del Panel sobre Operaciones de paz de Naciones Unidas (2000), también conocido como Informe Brahimi.

Otras contribuciones posteriores como los de la Comisión Carnegie para la Prevención de conflictos letales, el Informe del Secretario General sobre Prevención de Conflictos (2001), las propuestas de la Unión Europea en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, así como diversas iniciativas de la sociedad civil han ido ampliando el enfoque de construcción de paz.

Todos estos aportes han ido conformando el marco de la construcción de la paz, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos de medio y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural.

Para el nuevo movimiento político que se constituirá próximamente, conocer y aplicar adecuadamente este esquema es de la mayor prioridad dada su coincidencia con los potenciales democratizadores del Acuerdo final

Asi debe ocurrir en la tarea de organizar los Programas de desarrollo con enfoque territorial Pdets y sus Planes de Acción como instrumentos de transformación territorial en los 16 espacios geográficos previstos para el efecto en casi 190 municipios del país.

Espacios en los que se debe implementar la reintegración social y económica de los integrantes de las Farc; echar a rodar los proyectos productivos agroindustriales; ejecutar la reforma rural integral mediante el acceso a los 3 millones de hectáreas de tierra y formalizar la propiedad de otros 7 millones; poner a funcionar Ecomun como una red amplia de cooperativas; construir los planes de vivienda rural; hacer las inversiones en vías terciarias, en educación, salud, tecnología y ambiente; y dar seguridad a la población.

Ojala todo salga dentro de lo previsto por el bien de la convivencia y el respeto a la vida.

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¿Es posible ganar la batalla política de la paz?

La batalla política de la paz no se está ganado. Por el contrario, los enemigos de la reconciliación imponen con mucha audacia sus narrativas y argumentos.

No está fácil la tarea.

Hoy por hoy, la batalla política por la paz presenta muchas dificultades y grandes obstáculos.

¿Se perdió la batalla politica de la paz y es inevitable que la misma quede hecha trizas?, nos preguntamos.

La reciente encuesta de Invamer Gallup indica que una gran mayoría de ciudadanos son muy escépticos con el Acuerdo de paz firmado entre Santos y la guerrilla. Poco le creen al mismo.

Para el 65,2 por ciento de los colombianos el proceso de paz con las Farc va por mal camino.

El 55% de los colombianos piensa que la implementación del Proceso de Paz esta extraviada.

El 81% cree que del narcotráfico no se solucionará con el Acuerdo y que las estrategias de sustitución de cultivos son una farsa.

El 72%, que no se va a establecer la verdad ni se va a reconocer los derechos de 8 millones de víctimas de la guerra.

Y el 64% de la gente piensa que las Farc le mamaran gallo a todo lo acordado.

Situación que parece ir en contravía de la realidad, pues lo cierto es que las Farc hace mucho rato no hacen un tiro, tienen a toda su gente en las zonas veredales y ya pusieron a disposición de la ONU como 7 mil armas que tenían en su poder.

Lo que de por si son grandes logros históricos.

Pero, ¿Por qué el escepticismo de la gente?

Sera solo el resultado de las mentiras de Uribe, de su nuevo socio Pastrana y del aparato mediático del ultraderechista Centro Democrático.

Algo de eso debe haber y su eficacia en la batalla por la opinión y la conciencia de la ciudadanía se dejó sentir en la derrota del plebiscito santista del pasado 2 de octubre del 2016.

El uribismo ha demostrado que su discurso y su avalancha de postverdades penetran holgadamente en el sentido común de la sociedad, ese que permite explicar el mundo de la vida cotidiana de los seres humanos.

Pero, ¿es solo eso?

No lo creo.

Hay otras explicaciones de mayor calado para la masiva incredulidad con la paz.

La primera es la grotesca manipulación de la paz por parte del señor Santos para reencauchar el modelo neoliberal, ahora convertido al extractivismo minero depredador de la naturaleza y al agro negocio expoliador de las economías campesinas. La gente siente que la paz se convirtió en una mampara para profundizar una organización económica y social que ahonda la pobreza y miseria de millones de colombianos.

Santos utiliza la paz para perpetuar un sistema, que desde que se instauro con el gobierno de Cesar Gaviria en los años 90, ha generado los mayores infortunios de amplios sectores de la población.

La segunda es la implantación de la corrupción como régimen de gobierno. El saqueo al Estado parece ser la base central del funcionamiento del Estado. Lo del Fiscal Moreno es otro episodio más de esta larga cadena delincuencial que hace que el Estado, como lo dice la senadora Claudia Lopez, pierda anualmente cerca de 13 billones de pesos que van a parar a los bolsillos de los más prominentes políticos del santismo, el uribismo y el pastranismo. Más del 65% de los colombianos se marginan de los procesos políticos electorales y prefieren la abstención como consecuencia de tal derrumbe ético de la política convencional. Por supuesto, tal apatía invade la percepción del denominado proceso de paz, así la narrativa oficial haga todas las maniobras mediáticas y discursivas para hacernos creer que ingresamos al paraíso.

La tercera es la poca credibilidad del señor Santos y de su gobierno. La desaprobación de Chuky ya ha superado el 85%. Santos montó una cortina de humo con el tema de la paz para desviar la atención de la gente respecto de la descomunal crisis económica y social que sacude a Colombia reflejada en la recesión, el desempleo y la ampliación de la pobreza. El Estado no tiene plata, no obstante la fantasía del Marco Fiscal de Mediano Plazo dado a conocer, para asumir los compromisos hechos en el Acuerdo de paz.

La cuarta es el fracaso de la implementación de los pactos de paz por causa de la mentira, la corrupción y el burocratismo del gobierno. Santos quiere hacernos creer que a punta de papel y de decretos-leyes daremos el salto a la construcción de la paz. Pero ni aún así. Con solo ver la Ley de amnistía es suficiente. No obstante tener 6 meses de expedida, miles de presos, encabezados por el líder guerrillero Jesús Santrich, han debido recurrir, en las cárceles, a la huelga de hambre para exigir su libertad negada por jueces torcidos que siguen aplicando la doctrina del enemigo interno. Ni se diga de los otros componentes pendientes de su implementación que serán refundidos en el Congreso y en los Ministerios empeñados en el bloqueo a la paz.

La quinta es el asesinato sistemático de los líderes agrarios y sociales y de integrantes de las Farc. El neoparamilitarismo santista alimentado por el Ministro de la Defensa, se ha reorganizado y ejecuta un siniestro plan de exterminio de miembros de la sociedad civil.

La sexta es la arbitraria injerencia de Santos en los problemas de Venezuela alimentando la conspiración terrorista de la ultraderecha que, obviamente, ocasiona grandes tensiones sociales, políticas y económicas en la zona de frontera donde viven más de 14 millones de colombianos. Como se le puede creer a la paz de Santos si al tiempo está promoviendo una guerra en un país vecino.

Con tal panorama la batalla política de la paz está muy embolatada para sus defensores.

Serán necesarios grandes esfuerzos para revertir tal tendencia. Para hacer de la paz un acontecimiento histórico que convenza a millones de colombianos sobre las bondades de la terminación de una oscura guerra y sobre las posibilidades que tenemos haciendo realidad los Acuerdos de paz y todos sus potenciales de transformación sustantiva de la nación.

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El dilema de una «continuidad con cambios»

En solo tres semanas de mandato, Lenín Moreno ha marcado algunas diferencias con el gobierno de su predecesor Rafael Correa. ¿Hasta dónde llegará el cambio de narrativa?

Han pasado poco más de tres semanas desde que asumió la presidencia del Ecuador Lenín Moreno, promovido por el partido Alianza País (AP) que lleva ya diez años en el ejercicio público. Estos primeros días de gestión han estado marcados tanto por acciones estratégicas que van pautando la línea de la nueva administración, así como por conflictos al interior del partido de gobierno, en una coyuntura de reestructuración de mandos y sectores. Se trata de un proceso de transición en el que emergen, inevitablemente, los límites intrínsecos de AP como un conglomerado de fuerzas dentro del cual entran en disputan diversos proyectos políticos.


Las primeras acciones y posicionamientos del nuevo gobierno son fundamentales, considerando la expectativa social respecto al menos tres temas centrales, producto de la situación política del país. El primero tiene que ver con la necesidad –del gobierno, AP y Moreno- de ir (re)construyendo no solo legitimidad sino también popularidad. El segundo, se refiere a la capacidad de llevar a la práctica el discurso de cambio abanderado en campaña, sobre todo en temas como la apertura al diálogo y el replanteamiento de las prioridades económicas y políticas del Estado. Finalmente, la tercera tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad diferenciada de la gestión previa de Rafael Correa, en función de una demanda social que le apuesta a una «continuidad con cambios», pero también de un proceso de debilitamiento de AP como proyecto hegemónico.
El gobierno comprendió el escenario y sus desafíos, constituyendo una agenda estratégica que pareciera responder a varias de las críticas y demandas que vienen acumulando la sociedad civil, sectores y grupos específicos de interés. En ese sentido, Moreno ensaya un estilo más conciliador y un liderazgo menos omnipresente. Así, marca significativas diferencias con el formato que caracterizó a Rafael Correa a lo largo de una década, que condicionó muchas de las relaciones entre el sector público y otros actores políticos, sociales y económicos.


Más allá de las intervenciones de Moreno propias de la agenda presidencial, los principales temas tratados durante estas semanas, sus negociaciones, soluciones o diagnósticos, han sido expuestos públicamente por los ministros o funcionarios encargados. La voluntad de diversificar vocerías, reduce la carga personalista de la política y la gestión pública. De esta manera, se refuerza la imagen de un gobierno más amplio en el que otros cuadros del oficialismo –en el Ejecutivo y el Legislativo- van ganando visibilidad.


Asimismo, la idea de la centralidad del diálogo para una gestión incluyente que viene posicionándose desde la campaña, continúa vigente tanto en Moreno como en su gabinete. Se han abierto varios frentes de trabajo y/discusión sobre diversos temas, evidenciando la disposición política de impulsar una administración más participativa. Además, la priorización de asuntos es también sugerente. No es casual que el primer conversatorio al que llama el presidente sea con la prensa; lo mismo sucede con los sectores productivos.


Finalmente, resulta relevante destacar una medida importante simbólicamente en cuanto a los cambios en el estilo de liderazgo y relacionamiento. Durante la década de gobierno de Rafael Correa, un elemento característico de su mandato fue un espacio semanal de rendición de cuentas -trasmitido por radio y televisión- en el que durante cuatro horas, detallaba sus actividades de la semana. Este recurso fue constantemente criticado por algunos sectores sociales, la oposición política y los medios de comunicación con el argumento de que era la plataforma en la que, de manera más clara, se expresaban las características autoritarias y conflictivas del gobierno. Además, iniciada la crisis, se reprochaba también el costo que tenía realizar cada uno de estos espacios considerados como propaganda política. Entre sus primeras acciones, Moreno decidió reemplazar este recurso por un informe semanas de no más de 20 minutos en el que se relatan las actividades llevadas a cabo por él y el resto de autoridades del gobierno, sin su intervención directa. Esta iniciativa, igual que las otras, ha sido valorada como positiva y, sobre todo, como muestra más de una forma diferente de liderar.
Más allá del estilo y de aquellos aspectos que tienen que ver con la figura de Moreno, se distinguen también otros elementos que van dando forma al nuevo gobierno y que expresan lo que, por ahora, se puede entender como una estrategia de diferenciación que, a largo plazo, podrá evaluarse en su traducción en la política pública. Se trata de temas como la conformación del gabinete, instancias de diálogo anunciadas o ya constituidas, iniciativas que empiezan a impulsarse o declaraciones a las que se debe presentar atención para ir desentrañando el momento político que vive Ecuador.


El entorno cercano: aperturas, retornos y permanencias


Por el compromiso de «cambio con continuidad» que suponía el triunfo de Lenín Moreno, la conformación del gabinete ministerial suscitó gran expectativa. Además, la composición de los equipos de trabajo de un nuevo gobierno develan también asuntos de orden político que tienen que ver con la distribución de fuerzas al interior de un partido, así como con los acuerdos que van estableciéndose con otros actores durante la campaña.


No cabe aquí un análisis exhaustivo de la constitución del gobierno, sin embargo es posible destacar algunas características importantes. En primera instancia, lo más significativo en relación al gabinete ministerial -así como a cargos cercanos al presidente- es la presencia de figuras que fueron parte del momento originario de AP, del diseño e impulso del proyecto o de sus primeros años1. Algunos se mantuvieron vinculados temporalmente a la anterior administración; no obstante, otros se había separado por diferencias de diversa índole y hoy regresan, dándole fuerza a una fracción específica al interior del movimiento.


Paralelamente, se conservan también cuadros de AP que llevan ejerciendo distintas funciones de manera ininterrumpida durante estos diez años y que son quienes han ido conformando la estructura de militancia de alto rango del partido. Incluso, cabe destacar que en carteras fundamentales -como son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaria de la Gestión Política- se mantendrán a la cabeza los mismos funcionarios actuantes en el gobierno anterior.


El gabinete y los distintos cargos –e incluso candidaturas- que AP ha tenido designar, reflejan claramente la situación del partido que experimentó varias rupturas previas incluso al proceso electoral. Hoy la organización se encuentra en una situación de ajuste y ordenamiento de las diferentes facciones que la componente, en medio de un proceso de reestructuración de su correlación de fuerzas interna. Del desenlace de este proceso, que sin duda será conflictivo, dependerán, en parte, los límites y alcances del proyecto de Moreno.


Más allá de las condiciones de AP, otra características relevante en la conformación del equipo de gobierno de la nueva administración es que revela una apertura a ciertos sectores sociales y empresariales que se encontraban al margen de la administración pública hasta ahora2. Su composición evidencia un escenario más abierto al diálogo político y menos afín a los perfiles tecnocrático de la administración de Correa.


La agenda: encuentros y desencuentros; reformas y persistencias


La gestión de gobierno de las últimas semanas tiene algunos hitos fundamentales que marcan no solo prioridades de acción, sino también instancias en las cuales se desmarca de lo que se venía haciendo hasta ahora. La mayoría de iniciativas impulsadas están incorporadas en el discurso de Moreno desde la campaña y tienen que ver con temas como la austeridad y eficiencia en el gasto público, el estado de la economía y el fisco, una gestión inclusiva y participativa, el control y sanción frente a la corrupción, así como el afianzamiento y mejora de la política social.


Una de las medidas que apunta a fortalecer la idea de cambio del nuevo gobierno -tomada en el paquete de los diez primeros decretos presidenciales- promovió una reforma institucional a través de la eliminación o reemplazo de ciertas entidades, bajo el argumento de que ya cumplieron su función. Así, Moreno establece un ruptura inicial con la que se va diferenciando y consolidando una identidad propia. Más allá de su sentido práctico, se trata de una jugada estratégica que responde a algunas de las críticas que venían instalándose en el debate nacional durante los últimos meses respecto el tamaño del Estado, no solo en relación a la crisis, sino también a la función que desempeñaban organismos públicos sin un mandato claro3.


Asimismo, la nueva administración le apuesta a un diálogo prioritario con algunos de los actores que han estado en conflicto con AP hasta ahora o con los cuales no se establecieron canales de comunicación efectiva. Tal es el caso de los sectores productivos del país que mantuvieron una relación con Rafael Correa marcada por discrepancias y altos niveles de conflictividad. El actual gobierno anunció durante su primera semana la creación de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario encargado de articular el diálogo público-privado, conformado de manera paritaria. Dando un giro al discurso oficial, Moreno ha destacado la importancia de contar con un sector privado que funcione como pilar de la economía del país y su proceso de reactivación.


Frente a esto, organizaciones empresariales y productivas han manifestado ya su interés y dicen tener listas las agendas y propuestas. Se entrevé así una predisposición diferente. Está por verse su real impacto; sin embargo, la aproximación y las condiciones de debate expuestas inciden en el imaginario social a la hora de caracterizar positivamente los pasos que da al nuevo gobierno.


Algo similar sucede con los medios de comunicación, que fue otro tema sensible durante las anteriores administraciones de AP. En este sentido, resulta sugerente el conversatorio organizado por Moreno con representes de la prensa en su primer lunes en funciones. Tras haber afirmado en su discurso de posesión que buscará una relación «fresca y dialogante» con la prensa, durante este encuentro instó tanto a los medios, como a los periodistas, a construir consensos en torno a las propuestas para modificar la Ley de Comunicación; Ley que ha sido especialmente controvertida y que tanto AP, como Rafael Correa, han defendido e impulsado durante varios años4.


Moreno sostiene que la Ley es buena pero que debe ser mejorada. Los sectores involucrados piden la revisión de aquellos artículos que pueden resultar excesivamente restrictivos y/o punitivos. De esta manera se abre otra línea de diálogo que el mandatario apuntala anunciando además que él y sus ministros deberán acudir

permanentemente a los medios de comunicación para informar sobre su gestión, posicionándolos nuevamente como interlocutores válidos.


Resulta significativo el hecho de que el presidente exhorte públicamente a su gabinete a mantener una relación directa con la prensa. Como se ha dicho, su estilo tiende hacia un manejo menos personalista de la política. Varias han sido las señales en este sentido durante las últimas semanas en temas de relevancia nacional en los cuales, sus respectivos ministros han sido voceros activos en medios y redes sociales.


En esta misma línea, otro tema que no ha estado exento de conflictos y críticas en años anteriores fue el proceso de reforma educativa impulsado a fin de mejorar la calidad de la formación superior en el país. La ausencia de debate, socialización o involucramiento de las universidades y docentes en el diseño de la propuesta, así como los excesivos requisitos impuestos a un sistema universitario que requiere de mucho más tiempo para poder responder, fueron las principales razones expuestas por los involucrados. Hoy destacan no solo los diálogos impulsados recientemente desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con varios sectores universitarios, sino también la presentación de una reforma a la Ley de Educación Superior que incluye temas que han sido especialmente polémicos durante los últimos años5.


Los espacios de debate, así como los interlocutores que va reconociendo el gobierno, dan cuenta de un nuevo escenario en el país. Aunque está por verse hacia dónde van los diálogos y las reformas, hoy se leen como una señal de apertura, al igual que los cambios en el discurso y/o manejo de áreas fundamentales. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas, en donde se gestiona la respuesta a uno de los principales desafíos que enfrentará Moreno: la situación económica del país.


Desmarcándose del discurso que se venía sosteniendo hasta ahora por el oficialismo, la administración de Moreno ha ido posicionando una perspectiva diferente en el manejo de las finanzas nacionales. Se ha destacado la importancia del sector privado y su convivencia en armonía con la economía popular y solidaria como cable a tierra en relación al proyecto original de AP; se reconoce el déficit fiscal y la necesidad de buscar una solución al respecto; se destaca la importancia de impulsar las reformas necesarias para atraer la inversión extranjera directa, así como el acercamiento a organismos de crédito internacional que permitan al gobierno cumplir con sus objetivos.


Además, el Ministro de Finanzas dio un giro significativo –incluso simbólicamente- al abrir la posibilidad de que el dinero electrónico sea manejado por la banca, con el fin de que cumpla con su objetivo de reducir la demanda de dinero físico. Correa fue categórico al afirmar que eso no era una posibilidad, al punto que a día de hoy ha expresado públicamente sus críticas respecto de la postura que ha tomado la nueva administración6.


Finalmente, un asunto esencial a ser destacado, sobre todo por la clara distancia que marca respecto de la administración anterior, es la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una reunión con los altos mandos de ambas instituciones y los ministros vinculados al tema, Moreno explicitó su intención de establecer una relación descongestionada y fluida desde el respeto a sus instancias institucionales. A su vez, en medio de un discurso en el que reiteró su confianza frente a dichas instituciones, les encargó su seguridad, posicionándolas como las únicas fuerzas a cargo de dicha función. Esto sucede en el marco de la creación de un servicio de protección presidencial, como guardia civil armada, impulsado por Correa antes de dejar su cargo que generó molestia en militares y policías.


En definitiva, todas las iniciativas, declaraciones y medidas tomadas durante estas semanas no expresan todavía lineamientos de política pública. Marcan prioridades y un estilo de gobierno, determinan una hoja de ruta, establecen voluntades políticas. Permiten identificar las rupturas inmediatas entre ambas administraciones e incluso al interior del partido y sus distintas facciones. Se requerirá de un seguimiento no sólo para poder evaluar acciones más concretas sino también para determinar las características del gobierno a largo plazo.


La lucha anti corrupción como escenario de fondo


Las últimas semanas han estado marcadas por las gestiones que se realizan a nivel nacional en torno al caso Odebrecht. Hasta antes de la posesión de Moreno, no había ni resultados ni acciones contundentes. En esta coyuntura, el tema de la corrupción se ha convertido en objeto de disputas políticas por protagonismo, así como también en un recurso para la desmarcación. Se trata de un mecanismo de legitimación potente, dada la coyuntura.


Moreno ha respondido con una visión global del problema que se evidencia en la convocatoria a todos los poderes del Estado para debatir una estrategia conjunta. La Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción será el instrumento en el que se definirán tanto políticas como acciones concretas para enfrentar y prevenir la corrupción.


A esto se suma, paralelamente, la conformación de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado por al gobierno y conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y la administración. Esta iniciativa tendría cuatro atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de políticas y normas.


Así, nuevamente, se evidencia una postura de trabajo colectivo y la centralidad del diálogo en los procesos impulsados desde lo público. Sin embargo, no todas las personas convocadas a ser parte han aceptado y se trata de una iniciativa que ya ha recibido críticas porque existen otras instituciones del Estado con el mismo mandato, porque se considera que hay otras medidas que deben llevarse a cabo antes y que serían más efectivas, porque una parte significativa de sus miembros son militantes de AP y eso genera un desbalance.


La corrupción es un tema que aún tiene mucho trabajo por delante y que no genera consensos. El bloque oficialista en la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo frente a temas relacionados, el gobierno no consigue una convocatoria representativa que apoye su línea de acción y, entre medio, se suscitan lecturas contrapuestas entre algunos sectores de AP, incluyendo al ex presidente Rafael Correa. Es un tema que deja muchos elementos pendientes y que demandará de un seguimiento. En este sentido, cabe destacar que de sus resoluciones dependerá buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Existe una significativa expectativa social al respecto que responde a una evaluación del sistema judicial nacional y de la autonomía e independencia de las funciones del Estado.


Los pendientes


Se han marcado ya algunas pautas respecto de temas de gran relevancia; pautas que evidenciarían una coherencia con el discurso de campaña que prometía mantener pero, sobre todo, mejorar lo alcanzado. Empero, frente a esto hay también algunos asuntos que permiten avizorar la extensión de los conflictos que viene arrastrando el oficialismo con determinados sectores. Se trata de asunto en los que el gobierno de Moreno aún no ha tomado una posición clara o, frente a los cuales, se han dado pasos que parecen seguir la tendencia de la última década.


La primera ley aprobada por la nueva Asamblea –de mayoría AP- fue la ley que abre la puerta a los transgénicos en el país, fuertemente criticada por agrupaciones indígenas y ambientalistas. Será difícil encontrar espacios de diálogo con dichos sectores si el gobierno no muestra una voluntad de cambio. Está por verse si los temas vinculados a medios ambiente –como por ejemplo, las concesiones petroleras en el ITT o la explotación minera y maderera- son asuntos que entran en la línea de continuismo o en la cambio. No hay una política consistente aún e incluso se evidencian contradicciones7.


Existen, por otra parte, algunos temas pendientes que han estado en el debate pero que aún no queda clara cuál será su concreción; tal es el caso de un pedido de amnistía para 177 personas e indulto para otras 22 por parte de la CONAIE, bajo el argumento de que se trata de dirigentes que ejercieron el legítimo derecho a la resistencia en el 2015 frente a medidas tomadas por el régimen de Rafael Correa. La organización ha condicionado la posibilidad de un diálogo con el gobierno a las resoluciones de estos casos que consideran actos de persecución política. Tanto la Asamblea, como el Ejecutivo, han manifestado que se analizará cada caso por separado para determinar la pertinencia de acceder a sus pedidos. A día de hoy, se ha dado el indulto a un líder indígena de la Amazonía. Moreno lo anunció diciendo: «¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos.»


Finalmente, entre sus primeros decretos, Moreno elimina el Plan Familia, que fue la iniciativa pública impulsada por Rafael Correa para la prevención del embarazo adolescente, desde una perspectiva de recuperación del rol central de la familia. Dicha política fue un punto de quiebre importante con sectores sociales vinculados a temas de género que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva. Su perspectiva, profundamente conservadora, generó un retroceso en las cifras, así como en la concepción de la política pública que no debería legislar a partir de una carga moral o de la imposición de valores y creencias.


Moreno afirmó que habrá un cambio de enfoque con una orientación desde la libertad con corresponsabilidad. Esto ha generado una reacción positiva en sectores que llevan años en conflicto con Correa por sus límites en cuanto a la comprensión de asuntos vinculados a las problemáticas de género. Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema están a la expectativa de poder intervenir no solo en el diseño e implementación de una estrategia integral sobre sexualidad, sino también respecto de muchas de muchas deudas pendientes en términos de derechos.


A poco menos de un mes de iniciadas las actividades del nuevo gobierno, estos son solo algunos de los temas pendientes, sobre todo, con actores sociales con los cuales el gobierno de Correa no logró establecer consensos ni diálogos. La relación que Moreno y su equipo establezca con dichos sectores, será también una expresión del alcance de sus reformas.


En definitiva


Este repaso por las primeras tres semanas de gobierno de Lenín Moreno evidencia, sobre todo, una disposición al diálogo y la inclusión de otros sectores. En alguna medida, se ha ido marcando el camino para el cumplimiento de sus objetivos en términos de llevar a la práctica el discurso de cambio y constituir una identidad, así como una línea de gestión, diferenciadas de la de Rafael Correa. La posibilidad de alcanzar tanto legitimidad como popularidad -propias y consistentes- demandará de más tiempos y de la concreción de aquellos pasos iniciales que se han ido dando.


Cabe destacar el hecho de que existe una expectativa de diversos sectores sociales y políticos por la apertura de un nuevo tipo de relacionamiento desde el Estado y el gobierno con las demandas sociales. Bajo dichas condiciones, hay una mayor concurrencia de actores y el escenario político se amplía en términos no solo de participación, sino también de posibilidad de representación.


No obstante, paralelo a la construcción de un escenario que pareciera más incluyente, varios son los temas que van generado distancias entre la actual y la anterior administración de AP. Moreno y su equipo se han esforzado por formular una política de gobierno nueva así como una «marca» propia. En esa línea, se han planteado varias reformas legales, se han abierto espacios de discusión a sectores que antes estaban fuera o en confrontación con Correa, se han modificado asuntos que fueron bandera central de la década pasada.


En medio de dicha coyuntura de construcción y consolidación de gobierno, hay una excesiva presencia de Correa en el escenario nacional. En la medida en que están en debate varios elementos que provocan lecturas contradictorias y/o confrontadas, el ex mandatario se ha encargado de exaltar las diferencias en redes sociales permanentemente, cuestionando a la actual administración, a la bancada de la Asamblea e incluso al partido.


Esta intervención supone una distorsión en el espacio de actuación de Moreno y su equipo. Además, evidencia públicamente las rupturas el interior de AP, debilitando el proyecto y generando cuestionamientos a su actual espacio de gestión pública.


Bajo estas condiciones, la naturaleza del cambio y la resolución de estas tensiones y distintas narrativas, están por verse. Ambos factores marcarán el futuro del gobierno de Moreno. Han pasado solo tres semanas, quedan cuatro años que definirán tanto la situación del país en relación a un proyecto que generó profundos cambios pero que necesitaba de correcciones; así como la situación de un partido al que le urge un trabajo interno de estructuración y de desarrollo orgánico que le permita, entre otras cosas, gestionar sus problemas y disputas constantes.

 

Por Manuela Celi Moscoso
Nueva Sociedad


Notas:

1. Para información general sobre cada uno de los ministros, remitirse a http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miemb...
2. Una de las designaciones significativas es la de Humberto Cholango -expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una de las organizaciones que más conflictos tuvo con la administración de Rafael Correa- como titular de la Secretaría del Agua. Los efectos de su gestión serán fundamentales en la medida en que se relaciona con dos temas sensibles: la relación de AP con las minorías étnicas -y sus organizaciones- y el manejo de un recurso fundamental que ha generado ya conflictos significativos.
3. Tal es el caso de los Ministerios Coordinadores, la Secretaría del Buen Vivir y la Secretaría General de la Administración.
4. Poco antes de dejar su cargo, Rafael Correa advirtió ya respecto de una arremetida para eliminar la Ley y pidió tanto a la Asamblea, como al futuro gobierno, evitar que el poder mediático introduzca una agenda. Con Moreno ya en funciones, Correa ha vuelto a manifestarse, esta vez en contra de la línea del gobierno en relación al tema.
5. Como por ejemplo los mecanismos de nivelación y admisión, la autonomía y capacidad de autorregulación de los centros educativos, los grados académicos exigidos a los profesores, entre otros.
6. El dinero electrónico es una forma de pago a través del teléfono celular en la que no se requiere del uso de papel moneda. Entró en vigencia hace casi tres años y, desde entonces, ha sido fuertemente criticado por sectores de oposición que advierten que podría tratarse de una moneda paralela que pone en riesgo la dolarización. Fue además objeto de disputa con la banca privada a la cual Correa se negó a darle el manejo de este tipo de transacciones. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la anterior administración.
7. Como por ejemplo el posicionar el tema de los pueblos en aislamiento voluntario como una prioridad del gobierno. A través de la firma de un convenio interinstitucional se ha manifestado la voluntad de elaborar un plan de acción que incluye medidas para la protección de los recursos naturales en su entorno. Habrá que ver si esto no entra en conflicto con procesos de explotación petrolera, por ejemplo.

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Martes, 20 Junio 2017 06:35

Experimento futbolero

Experimento futbolero

Un gol de Pepe, el aguerrido defensa de la selección de Portugal, fue anulado durante el partido que ese conjunto disputó el domingo, en Kazán, Rusia, contra el equipo de México. Que una anotación sea invalidada en este deporte, es hasta cierto punto algo normal y relativamente frecuente, sólo que en este caso la decisión fue producto de un experimento en el que se emplea una tecnología conocida como VAR (siglas de Video Assistant Referee), o videoarbitraje, en español.

Desde el año pasado se experimenta con esta modalidad de asistencia arbitral, la cual se ha aplicado ya en algunos torneos oficiales, como el Campeonato Mundial de Clubes celebrado en diciembre de 2016 en Japón; la Copa Mundial Sub 20 concluida apenas el 11 de junio de este año en Corea del Sur, y la actual Copa Confederaciones, en la que se enfrentaron las selecciones de México y Portugal. En los tres certámenes la revisión de jugadas claves realizadas por un conjunto de árbitros acreditados por la FIFA, reunidos en lugares apartados frente a varias pantallas de video, ha resultado en la modificación de decisiones tomadas en la cancha que influyen decisivamente en el resultado de un partido.

La prueba en curso fue diseñada por el Consejo de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB, por sus siglas en inglés), organismo integrado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y las cuatro asociaciones de futbol del Reino Unido. El IFAB es el organismo encargado de definir las reglas en este deporte. En una reunión celebrada el 5 de junio de 2016 en Cardiff, Gales, la centenaria agrupación (se fundó en 1886) decidió por fin echar a andar este experimento que tiene una duración de dos años (2016-2017), con el objetivo de eliminar los errores graves que se cometen al juzgar jugadas claves y, de resultar bien, aplicarse en el Campeonato Mundial de Futbol que se realizará en 2018 también en Rusia.

En el diseño se incluyen diversos límites, pues sólo considera cuatro categorías de incidentes: 1. Goles o no goles (por ejemplo, si el balón rebasa o no la línea de meta), 2. Penaltis, 3. Tarjeta roja directa y 4. Errores de identificación (por ejemplo, cuando se castiga erróneamente a un jugador cuando otro comete la falta).

La participación en este experimento sólo está permitida para las asociaciones de futbol y las competencias deportivas autorizadas por la IFAB, y el permiso sólo se concederá cuando se utilicen los protocolos de ese organismo en su totalidad y se hayan cumplido los requisitos técnicos y de educación del árbitro determinados por él, con lo que se busca asegurarse de que se aplicarán siempre criterios estrictos y homogéneos.

Como proveedor de la tecnología VAR en este experimento fue seleccionada la empresa Hawk Eye Innovations que ya participa en otros deportes, como el tenis. Aporta varios elementos como la "tecnología de línea de gol" con siete cámaras en cada línea, y la "repetición inteligente", que muestra simultáneamente diferentes ángulos de la acción que se juzga.

El propósito de las pruebas consiste en examinar cómo afecta la aplicación de este sistema a los árbitros, el comportamiento de los jugadores, de los hinchas o porras en los estadios e incluso de quienes siguen los encuentros por televisión. Se trata en suma de averiguar si puede representar un beneficio para el futbol o no.

La realización de este estudio, que será revisado por algunas universidades europeas, es muy positiva, pues por fin se está reconociendo que en el futbol se cometen fallas muy graves. La aplicación de esta nueva modalidad arbitral ha sido objeto de diversas críticas, la mayoría de las cuales se originan en las resistencias propias del conservadurismo deportivo, pero, en mi opinión, es preferible el hecho real, que la suposición en la cancha, con una ventaja adicional, pues representará un duro golpe contra la corrupción en este deporte.

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“Entre la lealtad a la Constitución y la lealtad a un Comandante en Jefe que no la respete, lo primero es la lealtad a la Constitución”

11 de junio de 2017.-El Mayor General Cliver Alcalá Cordones, oficial en situación de retiro, forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Fue Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Guayana, que ocupa los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y representa el 52% del territorio nacional y el 6% de la población del país. Ingresó a los 17 años a la Academia Militar de Venezuela en septiembre de 1979. Allí conoció al Teniente Hugo Chávez Frías, y al Teniente Francisco Javier Arias Cárdenas, ambos formaban parte de la planta de oficiales, además de otros oficiales que insurgieron en 1992. Afirma que fue parte del sueño de un país distinto, donde se buscara configurar, con esos sueños e ideales, un país democrático, un país abierto a la participación, un país con una Constitución emanada desde el pueblo. Dice además que esos caminos se abrieron poco a poco y hoy lamentablemente nos encontramos en la configuración de un país que nunca imaginamos. Un país donde se cercena el derecho a la participación, un país donde se secuestran los poderes públicos. Un país donde la arbitrariedad se está haciendo cotidiana. Un país donde el abuso de poder se impone a las grandes mayorías en las importantes decisiones que se deben tomar.


Cuál es su opinión sobre el anuncio de Constituyente


Quiero señalar que la iniciativa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en las condiciones en las que la plantea el Gobierno Nacional, me genera alertas en primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, ya que en las bases comiciales se habla de modificar la Nación. Esto no aparece ni siquiera en las tres eventualidades donde se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Dejando de lado la arbitrariedad del presidente al usurpar la soberanía popular, en su convocatoria, esta convocatoria, por la naturaleza con que está realizando es inadecuada.


Se ha iniciado un proceso constituyente amañado con unas bases comiciales que dañan la estructura de la Nación y la República, y nosotros, que somos soldados, vemos en peligro esa República, creada incluso en su primera Constitución, reafirmada en su segunda Constitución y ratificada en una Constitución, que se nos vienen diciendo desde el año '99, que representa la mayor expresión de soberanía popular en el mundo. Hoy el mismo gobierno y algunos funcionarios que fungieron como Constituyentes, atacan ese legado del Comandante Hugo Chávez.


Cómo militares enfocamos el tema geopolítico. Defendemos la Nación compuesta por sus tres elementos esenciales que son: su gente, su autoridad y su territorio. La “transformación de la Nación” que aparece en el artículo 2 de las Bases Comiciales, va más allá de lo que se puede permitir como venezolano. Y los caminos que ha tomado este gobierno, por ejemplo el Arco Minero del Orinoco, la entrega de su territorio, la entrega de su gente y la entrega de la autoridad a empresas transnacionales, comprobadamente dedicadas al saqueo en otras partes del mundo y, que hoy son invitadas por parte del gobierno, evidencian el objetivo de blindar esos negocios con esas empresas, y muestra el objetivo que se pretende dar a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Incluso violando atribuciones propias del Poder Legislativo, que son usurpadas por el Poder Ejecutivo. Y por supuesto la instalación de un poder hegemónico sin la participación popular, sin poder popular, sin acompañamiento popular, lo que nos llevaría a un autoritarismo exacerbado. Más que traer la Paz señalada por Maduro, traería una cruenta guerra entre venezolanos por recuperar su Constitución del año '99.


¿Junto con la modificación de la Nación que aparece el artículo 2 de las bases comiciales, que otros alertas le provoca la iniciativa de convocatoria del Presidente?


No quiero dejar de señalar, porque me resulta extremadamente grave, que la de modificar la Nación no es una atribución que le compete al presidente. En el artículo 236 de la Constitución que señala sus atribuciones, no está la convocatoria a un proceso constituyente y menos está la transformación de la Nación. Él puede buscar cualquier tipo de cambio desde el punto de vista del Estado, pero a ningún venezolano se le puede permitir esa aventura de trastocar años de historia y años de República. Y en este caso es notoria la claridad que tiene el presidente Maduro al atropellar la Constitución del '99, con la aspiración de transformación de la Nación, y de valores que son aceptados en el mundo. Esta iniciativa del presidente representa una involución grave de esos valores.


Además no se sabe, porque no lo ha dicho, qué referencia toma el presidente Maduro en cuanto a la modificación de la Nación para llevar adelante semejante barbaridad. Sin duda esa Constitución que pretenden imponer ya se encuentra elaborada y no precisamente por los venezolanos que irían a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Además vemos con estupor como un Consejo Nacional Electoral (CNE) que durante el 2016 hablaba de la imposibilidad de ejecutar procesos electorales, hoy sale en forma acelerada a dar rienda suelta a los mandatos del Ejecutivo, para en forma rápida, imponer una votación amañada una votación sin proporcionalidad, una votación sin el voto universal y secreto, lo que nos trae a nosotros los venezolanos una incertidumbre total. Y a nosotros ciudadanos de uniforme nos interroga sobre qué construcción de país se pretende hacer, alejada de los valores de Bolívar, alejada de los valores de nuestros antecesores y alejados de los valores tradicionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.


Nos puede explicar, de acuerdo a su experiencia, que está sucediendo en la FANB. Ha circulado la noticia reproducida en Aporrea.org, que en una reunión del Alto Mando no había acuerdo con la iniciativa de convocatoria a Constituyente. Nos puede decir que opinión le merece esta información.


Yo creo que el igual del desacuerdo y malestar que siente un soldado desde su trinchera del retiro como mi persona, el desacuerdo a esa acción vil de tratar de cambiar la Constitución, se da también en nuestros soldados. En todos los niveles. Desde la base, pasando por los cuadros medios o superiores y por supuesto, no escapan de ese malestar los generales.


Esta iniciativa disfrazada de convocatoria, no resuelve, los problemas del país. Los problemas del país los generó un ataque a los recursos del Estado, a un saqueo pronunciado por parte las cúpulas políticas, que supieron de forma astuta, involucrar a un parte de la fuerza armada en los sectores económicos.


Hace más de dos años le alerté al Ministro Padrino, que involucrar a la fuerza Armada en el tema alimentación, no era más que vincular a la Fuerza Armada en el saqueo que se había venido dando en los últimos años en el país. Donde cuantiosas sumas de dinero se extraviaron, se perdieron y no se encuentran. O se encuentran en cuentas abultadas de funcionarios públicos y sus testaferros y cómplices privados en el exterior.


Hoy vemos ejemplos como el de Samar López, al que le confiscaron más de 3.000 millones de dólares. Un ciudadano que hasta hace apenas 10 años era un funcionario público de medianas responsabilidades. Este señor ha ganado desde entonces a razón de 300 millones de dólares anuales. No es normal que ninguna empresa en el mundo tenga la capacidad de generar esas ganancias de manera tan súbita, bueno aquí en Venezuela eso es posible producto de la corrupción.


Esa corrupción fue inoculándose dentro de las Fuerzas Armadas, lo que ha hecho que la opinión pública se desate contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que si algo ha logrado el presidente Maduro es que una institución que gozaba de cierto prestigio, de cierto renombre positivo, hoy es vista por su población como represores, como abusadores de derechos humanos. Así se está viendo en los últimos 60 días, como responsable de la muerte de muchos venezolanos, asesinatos que se han venido dando en las protestas pacíficas o violentas que se han generado durante estos 60 días. Donde la conducción de las cúpulas ha generado este saldo negativo para el país, para la fuerza armada en especial y para las familias de estos venezolanos asesinados y que enlutan la tierra de Bolívar.


Usted cree que la iniciativa de convocatoria a una ANC hecha por el presidente Maduro se ha convertido en una presión para la Fuerza Armada.


Claro. Pero primero quiero señalar el mal manejo, por parte del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, que ha permitido la convocatoria a actos políticos, ha permitido la posibilidad de hacer reuniones, de hacer convocatorias a las Fuerzas Armadas, cosa que no se veía con el gobierno de Chávez, porque quien convocada desde el ámbito civil para cualquier actividad era Hugo Chávez. Hoy la convocatoria, la hace cualquier gobernador, cualquier diputado, cualquier alcalde, cualquier persona que alegue la representación del presidente Maduro, hoy cualquiera de estas instancias dan instrucciones e intentan cambiar los protocolos tradicionales de nuestras Fuerzas Armadas. Y ese intento de violentar los protocolos militares está trayendo a lo interno de la Fuerza Armada grandes contradicciones, grandes problemas que ya se empiezan a sumar.


Que el Alto Mando se haya tomado la iniciativa, por su envergadura, de tratar el tema de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y, que según las versiones esta convocatoria sea rechazada mayoritariamente, índica que algo no anda correctamente.


Porque en los últimos 3 o 4 años estaba vedado por parte del Alto Mando cuestionar cualquier violación a la Constitución, pero ya se empiezan a sentir, a ver, a escuchar las contradicciones que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, a sus diferentes niveles y a medida que baja de los niveles, las contradicciones y molestias son mucho mayores.


Entonces creo que la Fuerza Armada no escapa del rechazo general hacia la Asamblea Nacional Constituyente, del rechazo a tener otra Constitución que no goce del respeto que goza la Constitución de 1999. Tanto es así que hoy vemos que hasta aquellos que la adversaron e incluso votaron contra ella en el año ´99, reclaman su cumplimiento y buscan el restablecimiento de ella. A pesar que desde hace más de 16 meses a través de Estados de Excepción ilegítimos, se está incumpliendo constantemente.


Hablaba de la represión y de cómo esto impacta al interior de la Fuerza Armada, en este sentido presentó una denuncia en fiscalía hace unos días, nos puedes explicar esa denuncia.


Así es. Se presentó una denuncia producto de una grabación recibida en mi domicilio de manera anónima, en la que se puede apreciar que 6 generales de la fuerza armada, estudiaban una nueva fase del Plan Zamora. Plan al que se le ha puesto el nombre de un General cuya memoria está sembrada, desde hace muchos años en la Fuerza Armada. Se coloca el nombre de General Zamora el general del Pueblo, a un plan que es contra el pueblo. Un plan que ha traído más de 60 bajas de ciudadanos tanto civiles como militares, eso deja mucho que desear. Utilizar un nombre tan representativo de la Fuerza Armada y tan respetado, y donde lo que se ha logrado es que ese nombre hoy esté manchado de sangre.


Ese protocolo, que origina mi denuncia y donde se establece el uso de armas letales, que es contrario a la tradición de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, quedó demostrado en esa grabación que yo introduje en el Ministerio Público, donde los generales discutían la utilización de francotiradores.


Ya ha habido cambio de generales a partir de la denuncia, incluso, precisamente uno de los generales que sostenía que era inconstitucional el empleo de armas letales para las manifestaciones, fue cambiado de esa Zona Operativa de Defensa Integral en Lara. Lo que indica que quién disienta, producto de que se viola la Constitución, es desplazado, cambiado y colocada otra persona que si acepte violar la Constitución.


Esa denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público en espera de la designación de Fiscal con Competencia Nacional para su investigación. Esa es una de mis metas. Y creo que eso debe generar resultados. Por el momento, un primer resultado es que se ha dejado de observar, por las redes sociales, la presencia de francotiradores, que hasta ese día se veían en videos que circulaban. Eso por lo menos indica la vergüenza que da el uso de armas letales. Espero que mi denuncia haya servido al menos, para que no se estén utilizando los francotiradores.


No obstante tenemos otros elementos que van contra la participación popular y la posibilidad de disentir con el gobierno, como son el empleo de grupos sediciosos, mal llamados colectivos, que también participan en forma coordinada con algunos militares, en estas operaciones.


Pero quiero resaltar algo que hasta ahora no he dicho. El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hablaba de que la Fuerza Armada era leal a su Comandante en Jefe. Yo creo que eso es correcto en la medida en que el Comandante en Jefe respete su Constitución. Pero entre el cumplimiento, el respeto y lealtad a la Constitución y el respeto a alguien que sea su Comandante en Jefe pero que no respete la Constitución, lo principal es el cumplimento fiel de la Constitución, así lo establece el artículo 328 constitucional.
Por supuesto que se le debe subordinación y respeto al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero el Comandante en Jefe tiene la altísima responsabilidad de deberle respeto, obediencia y subordinación a la Carta Magna. Cuando se viola la Carta Magna el Comandante en Jefe pierde su legitimidad frente a los soldados que comanda. Mi mensaje para Padrino es que el respeto esencial y primordial es para con la Constitución. El que cumpla la Constitución tiene la representación y tiene el respeto del resto de los venezolanos.


Ya tiene fecha la elección de Constituyente, el CNE señalo el 30 de julio para la realización de esa elección, tú crees que hay oportunidad de detener esta ANC.


Yo creo que el presidente Maduro, cuando recupere su sano juicio, debe detener este proceso constituyente que él sabe que es amañado, que es anticonstitucional y que no ha logrado tener el apoyo de la ciudadanía. Esto es lo que debe pasar independientemente de que la acelerada acción de Tibisay Lucena le dé una fecha a este proceso.
Creo sin temor a equivocarme que ese proceso no va a avanzar. Tengo fe porque va en sentido contrario a la realidad del país. Tengo fe en que va a seguir creciendo el rechazo que se ha venido dando y el repudio de buena parte de la población venezolana va a aumentar.


Y va a aumentar todavía más cuando se concreten las bases comiciales que ni siquiera tienen un registro. Es decir tú inscribiste gente pero no sabes ni siquiera con qué registro se hará una parte de esa elección, es un desorden. Y el desorden cuando se presenta de esa forma tiene un final triste e infeliz. Así como el final triste e infeliz que tuvo la decisión de retirar el billete de 100 bolívares, una decisión que incendió el país y que acabó con una parte de la actividad y con muchas víctimas en Ciudad Bolívar. Bueno hoy se está acabando con casi todo el país y se mantiene la posición inflexible e inconstitucional del presidente Maduro de mantener esa absurda iniciativa de convocatoria.


Creo que los tiempos que vienen van a ser de muchas dificultades para los venezolanos, incluyendo al gobierno nacional. Va a ser del deslave de muchos de los que lo acompañan en este momento. El principal deslave se dio en diciembre del 2015 con parte de la población chavista que dejó de votar por sus diputados o que votó en contra de sus diputados tradicionales. Se vienen desprendiendo liderazgos por esa acción inconstitucional del presidente.


Y además, se notan ambigüedades, el presidente el día lunes 5 introdujo un refuerzo a las bases comiciales para pedirle, sugerirle a los constituyentes que en el futuro hagan un referéndum. Pero ellos, supuestamente tendrían poder plenipotenciario y podrían hacer lo que quieran. Esto último sugiere otra burla más del presidente y del CNE. Y de los secuaces que llevaron esa corrección de las bases comiciales, en este caso Jorge Rodríguez, donde se ve que no respetan al pueblo, no respeta la Constitución. Y ese irrespeto en momentos críticos, en momentos culminantes, en momentos de la mayor escalada del conflicto, ese irrespeto incluso a las Fuerzas Armadas, se va a evidenciar. Sin duda alguna los caminos que lleva adelante el gobierno nacional, son caminos sobre espacios muy críticos, muy movedizos, muy frágiles, que difícilmente lleguen al 30 de julio en forma consolidada.


¿Si el Mayor General Cliver Alcalá estuviera activo cuál sería su actitud en este momento?


Yo creo que desde hace mucho tiempo hubiésemos hablado con el Presidente, con el Jefe de las Fuerzas Armadas, con el Alto Mando, exigiéndole respeto a la Constitución, exigiéndole respeto a la Fuerza Armada, exigiéndole trato adecuado de un Jefe hacia la Fuerza Armada.


Cuando cumplí mis 30 años de servicio en Julio del 2013, yo creo que no había condiciones para que el General Cliver Alcalá, como algunos otros generales que eran visualizados como que defendían el proceso revolucionario, se mantuviera uno o dos años más en la extensión de su carrera. Yo en las vísperas de mayo del 2013 ya sabía que era imposible que ellos continuaran conmigo, ni que yo continuara con ellos.


Primero por temas éticos y por lealtad conmigo mismo. Permitir el abuso, la arbitrariedad, el autoritarismo, permitir las decisiones sin discusión, a pesar que informaban que el Alto Mando Civil y Militar de la Revolución se había reunido y tomado tal decisión, pero siempre eran decisiones de uno o de dos. Decisiones que por supuesto al no ser colegiadas, al no ser colectivas, se caen por su propio peso.


Creo que si en este momento estuviese activo, estuviese en constante discusión, dentro de los estándares de un Alto Mando de consulta, informándole al Comandante en Jefe, informándole a las instituciones de sus malos procederes y violaciones a la Constitución.


Lamentablemente no es así, estoy en situación de retiro. Pero esa condición en situación de retiro, me permite en función del artículo 333 constitucional que me asiste como ciudadano para poder expresar mi opinión, y el artículo 350 en caso de generarse las condiciones de su aplicación, también me obliga como ciudadano a cualquier participación en forma constitucional en la restitución de nuestra Constitución.


Dentro de las Fuerzas Armadas, no diría que hay muchos Cliver Alcalá Cordones, pero si hay muchos soldados dignos, la mayoría. Muchos soldados llenos de sueños de ideales, que quieren una Patria Digna. Y ellos en estos momentos ni siquiera pueden atender a sus familias en forma honesta. En forma humilde, no lo pueden hacer porque la precariedad de los ingresos de nuestros soldados raya en el peor poder adquisitivo que tiene cualquier soldado en el mundo.


Es cierto que eso no es todo lo que adorna a un soldado. Un soldado se adorna de ideales, se adorna de ritos que cumple. Pero es necesario que para mantenerlo con la moral en alto, con el compromiso profesional, tenga el recurso y el sustento adecuado para su familia.


Este es el peor momento de la historia contemporánea de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que está siendo vista por su pueblo mucho peor que cuando los hechos del Caracazo, que no es poca cosa. Yo, que los viví como teniente con tres años de antigüedad, y que cruce toda Caracas de Este a Oeste de Sur a Norte en esos días, donde la pérdida de vidas humanas fue numerosa, creía que estos episodios no se volverían a repetir y que habían sido borrados de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, que nunca más volveríamos llegar a eso. Hoy estamos transitando caminos difíciles. Pero se va a imponer, sin lugar a dudas la Fuerza Armada de Bolívar, la Fuerza Armada del pueblo venezolano, en el respeto a su futuro, en el respeto a su Constitución, y en el respeto de ese sueño que nos trazó Bolívar y que en mucho el Comandante Chávez nos reforzó.


Hoy los que traicionan a Chávez, los que traicionan a Bolívar y los que traicionan al pueblo venezolano quieren hacer una Constitución a su medida para perpetuarse en el poder y continuar el saqueo del país. Cómo venezolanos, no podemos permitirlo.

Por: Carlos Carcione para Puntodecorte.com y Aporrea.org | Domingo, 11/06/2017 03:18 PM |

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Edgardo Lander: “Si no evitamos la Constituyente ilegítima nos encontraremos con un orden completamente autoritario”

Edgardo Lander es Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Forma parte del Grupo de Trabajo Permanente de la Fundación Rosa Luxemburgo oficina Quito, ha venido trabajando Alternativas al Desarrollo, y es Asociado del Instituto Transnacional, un tanque de pensamiento de izquierda, que tiene su sede en Ámsterdam. Por la extensión de esta entrevista la publicaremos en dos partes.


El domingo 29 de mayo publicamos la primera parte de esta entrevista en profundidad con Edgardo (Entrega (I) "Hay sectores que buscan la violencia como objetivo"). En ella hablaba especialmente de las causas y peligros de la violencia y la represión que se está desarrollando. En esta segunda parte de la entrevista abordamos con Edgardo, los objetivos del movimiento en defensa de la constitución y contra toda violencia, le preguntamos si es posible detener la Constituyente y sobre el debate que recorre la izquierda en relación a la situación venezolana.


En la rueda de prensa donde fuiste vocero de la autoconvocatoria de un sector de personalidades y organizaciones que se asumen no representados ni por el PSUV ni la MUD, anunciaron una serie de iniciativas. Según tu opinión cuál es la puntualización que esa lucha tiene que ir adoptando.


En esta extrema polarización que se ve en los medios, los diversos grupos y personas que nos hemos autoncovocado compartimos que esa polarización no representa a todo el país, ni siquiera a la mayoría del país. Pero esa otra postura, que no es simplemente una posición intermedia, una cosa blandengue, que no es un centro político, sino que es amplio sector muy diverso de la sociedad. Que inclusive en relación al proyecto de sociedad podemos tener muchas diferencias, pero hoy tenemos claro que para poder debatir sobre esas diferencias y expresar que país queremos, tenemos que sobrevivir. Si nos matamos todos entre si ahí termina el debate. Entonces cómo darle expresión pública y capacidad política a ese enorme descontento. Como construir discursos alternativos que apunten a mostrar una luz que muestre que son posibles otras formas de encontrar las soluciones. Otras formas en las cuales se desmonte esta dinámica que se ha desatado de exterminio del otro, hacia unas formas de un mínimo de convivencia que permita expresas las diferencias. Creo que por ello y acá hablo en los términos de lo que ha sido la experiencia en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, para nosotros ha sido central la idea de que la Constitución constituye hoy las únicas reglas del juego con las cuales contamos. No se trata de una defensa de la Constitución como si fuese un texto sagrado ni inamovible, yo personalmente soy de la idea que la constitución que corresponde un país petrolero rentista donde todo el mundo tiene derechos y no tiene obligaciones, pero en este momento no tenemos ni el espacio ni el oxígeno ni es el momento adecuado para abrir debate sobre estas cosas. Primero tenemos que desmontar la escalada de violencia y en otro momento podemos abrir discusiones sobre lo que hay que cambiar o lo que hay que preservar.


Insistimos en esta idea de las reglas del juego. Las reglas del juego que votamos los venezolanos cuando nos dimos la Constituyente del ‘99. Una elección universal, directa y secreta con representación proporcional de las minorías, donde hubo un referéndum donde se le preguntó al pueblo si quería una Constituyente y posteriormente a los trabajos de aquella ANC otro referéndum en el que el 72% de la población aprobó la Constitución, son unas reglas del juego legítimas y las reglas del juego con las cuales contamos.


El cambio de estas reglas de juego, de donde venga provoca más violencia. Cuándo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional, declara que Maduro había abandonado el cargo, cuando hasta el día anterior lo acusaban de abusar del cargo, eso obviamente no respeta la Constitución y muestra una disposición a violarla. El gobierno por su parte ha venido desmontando la Constitución desde el momento en que perdiendo las elecciones parlamentarias decidió nombrar un TSJ amañado. Entonces hay una estrecha relación, inseparable relación entre los niveles de violencia que siendo alimentados estos dos extremos y las formas en que la Constitución ha venido siendo atacada por estos dos extremos. Para nosotros, como Plataforma en Defensa de la Constitución, la idea de desmontar la escalada de violencia y la idea de la defensa de la Constitución son absolutamente inseparables. Porque estas son las reglas del juego con la que tenemos que buscar las formas de ir resolviendo los severos problemas que hoy enfrenta la sociedad venezolana.


Y esto pasa inevitablemente por el reconocimiento de la separación de poderes, por el reconocimiento de tener un calendario electoral claro. Hay razones para pensar , qué sentido tiene que nos anuncien que el 10 de diciembre va a haber elección a gobernadores si ya va estar en funcionamiento una Asamblea Constituyente que al ser plenipotenciaria podría decir para que va a haber elecciones si la nueva estructura del Estado no tiene gobernadores.


Hay aquí una situación de simplemente tirarle una patada a la mesa que hace que aquí no vaya a haber elecciones más nunca. Porque no sabemos si en una Asamblea Constituyente totalmente controlada por la cúpula PSUV – Gobierno, que diseño autoritario de país se van a inventar. Eso nos coloca en una situación compleja, estamos en un momento muy crítico en el que si no le logra evitar que una elección tramposa de Asamblea Constituyente ilegítima se lleve a cabo, nos encontraremos con un nuevo país, con un orden autoritario donde la posibilidad de plantear democráticamente opciones va a estar absolutamente negada. Eso hace que en los próximos meses sean absolutamente crítica, en el que la búsqueda de salidas no violentas pase por el rechazo de esta propuesta, precisamente porque tiene mecanismos tramposos, en los cuales no hay democracia, no hay posibilidad de expresión de la voluntad del pueblo venezolano por el mecanismo absolutamente manipulado de esta ingeniería electoral, lejos de abrir las puertas a posibilidades no violentas de procesamiento de las diferencias, estaremos en una situación donde cualquier cosa vale. Estamos en unas semanas históricamente críticas. En un punto de no retorno, podríamos amanecer en pocas semanas con un orden constitucional manipulado, autoritario, con una nueva estructura de Estado totalmente controlado por arriba. Si simplemente constitucionalizan lo que ya han hecho se constitucionaliza un orden autoritario.


Cuáles son las condiciones que tu vez que te harían decir que es posible impedir esta Constituyente


Yo creo que es fundamentalmente un asunto que está en el tema de la legitimidad. Una pugna por la legitimidad. El gobierno pretendía con este llamamiento un poco revigorizar el imaginario chavista popular. Es decir una Constitución que es feminista, que es ecológica, que es indígena que es de las comunas, etcétera, como tratar de recuperar el espíritu de lo desde abajo. Ese es un cuento que algún impacto tiene, pero no tiene capacidad para construir la legitimidad que requiere. Entonces en la medida en que esto va apareciendo, tanto por los procedimientos, la metodología y la dimensión de como se está haciendo como por el país que anuncian, esto no convence. Entonces cómo construir un clima de opinión de acción que contribuya a deslegitimar de tal manera que las fracturas que sabemos que existen del gobierno, no en el Alto gobierno por supuesto, pero si en otros niveles, y las fracturas que sabemos que existen al interior de las fuerzas armadas, se hagan más visibles y que por la vía desgajamientos, el gobierno llegue a la conclusión de que no puede seguir adelante. Y ese es un escenario que yo no descarto. La tarea es darle esa sensación de urgencia para contribuir a crear el clima de opinión y de fisuras al interior de este aparato que avancen en la deslegitimación de este proceso, de manera tal que el gobierno reconozca que está caminando hacia una situación de no retorno que sea interpretado como el cierre de la Santamaría y que la única cuestión social que quede es la violencia. Esto no quiere decir que al amplio espectro que comparte estas preocupaciones tenga opiniones compartida con respecto al país, al Arco Minero, a cómo construir un modelo distinto del rentismo, nos queda mucho que debatir y diferenciarnos. Pero esta situación suficientemente severa, de definición de para dónde va el país a muy corto plazo, que requiere que todos los esfuerzos de convergencia, aun entre quienes estamos enfrentados políticamente, porque este no es solo un reto político, es un reto ético de sobrevivencia en Venezuela hoy. Y planteado en términos éticos yo creo que apela a una sensibilidad ampliamente extendida a la sociedad venezolana.


Que les dices a las voces de izquierda que han cuestionado tus críticas al gobierno.


Desde el punto de vista de quienes apostamos, en el inicio del proceso a que era posible la transformación venezolana, por el amplio proceso de movilización y organización popular en los primeros años del chavismo. Y de quienes estamos convencidos que estamos en una profunda crisis civilizatoria que requiere en primer lugar ir más allá del capitalismo. Pero incorporando hoy todas aquellas miradas que las corrientes ortodoxas del socialismo dejaron fuera. Por ejemplo el tema de la diversidad cultural de los pueblos del mundo, las perspectivas feministas con todas las implicaciones que tiene, todo lo que tiene que ver con los límites del Planeta y las implicaciones de esta guerra permanente que la modernidad ha construido en contra el resto de la naturaleza de la cual los humanos somos parte. Quienes estamos convencidos de esa necesidad como urgencia de transformación ante la crisis civilizatoria, no podemos ver lo que ocurre hoy en el país simplemente con las herramientas y las miradas de la guerra fría. No podemos ver simplemente al gobierno sólo porque se declara de izquierda, revolucionario o lo que sea y como estaría enfrentado a los Estados Unidos, simplemente por eso debería tener nuestro apoyo como reclama mucha de la izquierda internacional que mira de esa forma al Proceso Venezolano.


Es indispensable tener la posibilidad de diferenciarse del proyecto imperial de aplastamiento de los imaginarios de la transformación; de esos imaginarios, de esa capacidad organizativa que se generó en el movimiento popular durante los primeros años. Pero por otra parte igualmente es necesario enfrentarse de forma radical y evitar la legitimación de un discurso supuestamente de izquierda, supuestamente socialista, supuestamente revolucionario, para llevar a cabo políticas que son absolutamente autoritarias y que en ese espectro que ha conformado lo que históricamente se ha entendido desde la Revolución Francesa como izquierda y derecha, son claramente posturas de derecha.

Por: Carlos Carcione/Aporrea.org | Jueves, 01/06/2017 08:01 AM |

 

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Colombia y las FARC se dan dos meses más para la aplicación de los acuerdos

El proceso de paz ha estado marcado por retrasos logísticos y en la entrega de armas, que aún no ha terminado


El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se alarga. El calendario de aplicación de los acuerdos, que hubiera tenido culminar esta semana al cumplirse 180 días, ha quedado modificado por los retrasos logísticos de la transición de la guerrilla a la vida civil y la entrega de armas, que aún no ha terminado. Las dos partes han acordado darse un nuevo plazo. La guerrilla tiene 20 días más para dejar el armamento en manos de la misión de Naciones Unidas desplegada en territorio colombiano. "Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación", ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en una declaración pública la noche del lunes, festivo en Colombia. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".


Las 26 zonas donde los excombatientes transitan a la vida civil desde el pasado enero se amplían hasta agosto, es decir, 60 días más. "El 1 de agosto se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en condiciones de plena normalidad institucional", se lee en un comunicado publicado posteriormente por la Comisión de Seguimiento del proceso en la que se sientan el Gobierno y las FARC. Estos lugares servirán para que los guerrilleros se sigan formando en diversos oficios, parar preparar proyectos productivos "en un modelo de reincorporación comunitaria". Nuevas condiciones para las que amas partes tendrán que solicitar antes del 10 de julio al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe su misión en Colombia.


Las razones del cambio en el calendario pactado durante cuatro años de conversaciones en La Habana se materializan sobre el terreno. La carretera que une Villavicencio, una ciudad a unas tres horas de Bogotá, con el campamento en el que 600 excombatientes de las FARC se preparan para la vida civil recuerda a la guerra que terminó el pasado noviembre con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla. El Meta sigue siendo una de las regiones más minadas del mundo. La insurgencia plagó estas tierras de explosivos para hacerse con el territorio. Ahora, trabajadores de la organización antiminas Halo Trust son el testigo de lo que queda de un conflicto de medio siglo.


Cuando los palos que demarcan la zona minada terminan, aparece la vereda de La Guajira. Una calle de tierra en el llano oriental colombiano, con menos de una decena de casitas a cada lado. Desde hace unos meses, los habitantes conviven con observadores de la ONU, miembros del Gobierno, la Policía y de las FARC. Son los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación responsables de que los guerrilleros del campamento cercano dejen las armas.


Los que durante 50 años se dispararon, ahora duermen bajo la misma carpa, a pocos centímetros. Comparten el comedor y los baños portátiles. Se sientan en la misma mesa a decidir los temas del día y a solucionar los incidentes que se encuentran en el camino a la paz. "Percibí desde el primer momento un cierto grado de desconfianza del Gobierno como de las FARC", explica Juan Carlos Bertalo Peralta, miembro de la Armada y uno de los 18 observadores españoles desplegados en territorio colombiano. "Ha sido una barrera muy difícil de superar. Hoy en día convivimos con toda normalidad".


Pese a todo, el trabajo diario continúa. Cristina Sánchez Pedraza, inspectora jefe de la Policía Nacional de España y observadora de Naciones Unidas se sienta cada mañana con el Gobierno y las FARC para mediar en los incidentes que trae aparejados este proceso. "Cuando sucede algún problema, entra Naciones Unidas, formando parte del tripartito. Lo que hacemos es tomar declaración, hacer entrevistas a quien corresponda para tratar de saber qué ha pasado en ese incidente", explica la policía. "Hay días que hay un poco de tensión, dependiendo del tema que estemos tratando. Pero es más de lo que desde fuera podría parecer. Hay muy buena voluntad de todas las partes de que esto siga hacia delante. Y esto es lo que predomina en todas las reuniones".


Durante la visita que EL PAÍS realizó a la sede de La Guajira ni los miembros del Ejecutivo ni los de las FARC quisieron acercarse a la grabadora. La excusa era la misma: "No tenemos permiso de los superiores". Aunque este diario realizó las gestiones pertinentes, de nada sirvió en una zona donde no se ha cumplido con el calendario marcado. El espacio donde el Mecanismo vive de manera temporal no está acabado. El lugar donde centenares de guerrilleros deben prepararse para abandonar su vida de combatientes es exactamente igual al de su vida de combatientes. Es decir, no han llegado ni los materiales, ni las máquinas ni los trabajadores que debían adecuar el campamento para recibir asistencia médica y formación. Tampoco hay zonas comunes para cocinar o para practicar deporte.


"Es evidente que ni en uno ni en dos ni en los meses que se acordó ya extender este período van a ser entregadas estas zonas", asegura Matías Aldecoa, segundo responsable de las FARC en el Mecanismo. "El tema de la reincorporación es muy complejo. Los guerrilleros vamos a dejar las armas, pero no tenemos dónde vivir. No hay todavía una seguridad jurídica. Tampoco hay garantías de la seguridad personal, de protección. Tampoco hay una garantía de la seguridad económica, ¿de qué van a subsistir?".


"Somos conscientes de que ha habido algunos retrasos en la parte logística. Pero en ninguna parte del acuerdo está condicionada la entrega de armas a que los campamentos y las sedes estén listas", dice el contralmirante Orlando Romero Reyes, responsable del Gobierno ante el Mecanismo. Sus palabras se materializan sobre el terreno. En la zona de La Guajira no hay nada construido.


En un paseo por sus alrededores se pueden ver los fusiles de los guerrilleros con el código de registro que la ONU ha usado para realizar un inventario que deja un saldo de unas 7.000 armas en los campamentos. Todo este material será depositado en contenedores que se están instalando en las zonas veredales, como el que aparece a la salida del camino de tierra que conecta esta región con la urbe más cercana. Aunque el plazo para la entrega de los fusiles se ha ampliado 20 días, estos almacenes permanecerán en las zonas hasta agosto.


La misión de Naciones Unidas tiene en su poder más de 1.000 armas de miembros de las FARC que forman parte del mecanismo, de los guerrilleros que se capacitan para otorgar seguridad a la guerrilla, de aquellos que se dedicarán a hacer pedagogía de esta fase de la implementación; y de los que trabajarán en tareas de desminado y erradicación de cultivos ilícitos como los de coca.


De manera paralela, la guerrilla y el Gobierno se preparan para llegar a 900 caletas, los zulos escondidos en la Colombia profunda donde se almacena el material pesado y explosivo. Ambas partes han elaborado un plan para la extracción y destrucción de este armamento: a partir del 1 de junio se establece un plazo de tres meses para conseguir este segundo objetivo. Si en este tiempo no se hubiera conseguido el desarme definitivo, "las caletas quedarán a disposición del Gobierno que contará con la colaboración de exintegrantes de las FARC para el desmantelamiento". Este trabajo no tiene una fecha límite por el momento.

 

Mesetas 29 MAY 2017 - 19:05 COT

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Maduro insiste en su proyecto de nueva Carta Magna

Miles de chavistas y opositores midieron fuerzas nuevamente en las calles de Caracas este miércoles, en una jornada en la que las fuerzas de seguridad bloquearon y reprimieron a los detractores que pretendían llegar al centro de la ciudad, mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que asuma la convocatoria a una Asamblea Constituyente y organice el proceso para elegir a los miembros del ente que reformará la Constitución.

Opositores que rechazan la Constituyente intentaron marchar hacia el centro de Caracas, pero fueron dispersados por las fuerzas de seguridad al llegar a la principal autopista de la capital. Apoyados por camiones blindados, militares y policías replegaron con gas lacrimógeno y chorros de agua a los manifestantes, mientras jóvenes respondieron con piedras y quema de barricadas.

También se reportaron fuertes choques en Altamira, al este de la capital, donde manifestantes lanzaron piedras y bombas molotov a los elementos de seguridad, que respondieron con gases y disparos de balas de goma; movilizaciones similares se realizaron en otras ciudades del país.

Aunque no existe una cifra oficial de muertos en cuatro semanas de protestas, el portal venezolano Correo del Orinoco da cuenta de 31 decesos y más de 500 heridos. Telesur habla de 34 fallecidos; Ap de 35, y Afp de 32 y 300 heridos.

Este miércoles un joven de 18 años murió en el este de Caracas al recibir un impacto en el cuello y otro se prendió fuego cuando incendiaba la motocicleta de un militar con otros dos manifestantes, en tanto que otro hombre fue arrollado por una tanqueta a la que lanzaron cocteles molotov, pero se desconoce su estado.

De acuerdo con la agencia de noticias Ap, durante la noche del martes un hombre de 21 años murió de un disparo de arma de fuego en medio de un saqueo en la ciudad de Valencia; un motociclista de 28 años fue arrollado por un vehículo que intentaba esquivar una protesta en una autopista del este de Caracas y dos personas fallecieron cuando el autobús en el que viajaban volcó al intentar evadir una barricada levantada por manifestantes en el estado de Carabobo.

Mientras, en el centro de Caracas, Maduro encabezó un acto ante miles de seguidores, tras haber entregado al CNE el decreto de convocatoria al proceso para cambiar la Constitución de 1999.

El proceso constituyente "es la única convocatoria legal y constitucional que existe hoy en el país", apuntó, al asegurar que desde la oposición brotó una "insurgencia armada".

De acuerdo con el presidente, con la nueva Carta Magna se busca ampliar el sistema judicial, promover nuevas formas de "democracia participativa" y garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.

La oposición asegura que la Constituyente consolida un "golpe de Estado" que, dice, comenzó cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a finales de marzo las funciones del Congreso, único poder del Estado que controla, lo que desató la ola de protestas.

En este contexto, Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, calificó la situación en Venezuela de "verdadera tragedia" y expresó el deseo del gobierno de su país de trabajar en ese tema con otros socios, incluso europeos.

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Maduro ordena modificar la Constitución de Venezuela y disolver la Asamblea Nacional

El presidente de Vanezuela firma el decreto que convoca una Asamblea Constituyente, "para lograr la paz que necesita la república y para derrotar al golpe fascista". La oposición llama a "rebelarse" al considerar que Maduro "tratar de destruir el voto en Venezuela convocando a un parapeto, a un fraude, a una estafa".


El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado este martes un decreto con el que se inicia el proceso para modificar la Constitución del país. Esto supone disolver la actual Asamblea Nacional, con mayoría opositora, y convocar una Asamblea Constituyente. Este movimiento de Maduro ha sido calificado por la oposición como un golpe de Estado y por el que ha llamado a los venezolanos a "rebelarse" para evitar la disolución de la república.


El mandatario ha firmado además otro decreto para instalar la Comisión Presidencial, que será el organismo encargado de activar la Asamblea Constituyente. La comisión estará presidida por Elías Jaua e integrada por Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Noelí Pocaterra, Francisco Ameliah, Elvis Amoroso y Reinaldo Muñoz.


Maduro ha asegurado que convoca "al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la república, para derrotar al golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero".


Según el presidente, desde hace un mes se ha puesto en marcha un plan para derrocarlo del que forman parte las protestas antigubernamentales en las calles que ha convocado la oposición para pedir que se restituya el "hilo constitucional" y que se convoque a elecciones, entre otras exigencias.


El mandatario ha explicado que con la convocatoria que ha hecho se transformará el Estado, "sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí", y consideró que la Constitución actual, creada en 1999 a instancias de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, debe ser fortalecida.


"Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas aproximadamente, unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas", dijo.


"Es la hora. Es el camino. No dejaron más alternativa", indicó, sujetando un ejemplar de la Constitución del país, que ha descrito como "hija de (el fallecido presidente Hugo) Chávez". "¿Quieren diálogo? Poder Constituyente. ¿Quieren paz? Poder Constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder Constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal", resaltó.


El presidente venezolano recalcó que asume "todas las consecuencias y responsabilidades" y ha llamado a la población "a prepararse para una gran victoria constituyente". "Victoria, victoria, victoria popular", manifestó. "Convoco a la unión cívico-militar. Un golpe de Estado como el que está activado, ya lo sabemos bien, sólo se derrota con la unión cívico-militar y con la Constitución en la mano", remachó.


El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, designado por Maduro como miembro de la comisión presidencial que deberá explicar al pueblo su convocatoria, aseguró que con esta Constituyente no se prevé aplicar "modificaciones sustanciales" a la Constitución vigente.


La oposición llama a "rebelarse"


Inmediatamente después de las declaraciones de Maduro, el gobernador del estado venezolano de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, tildó de "fraude" la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, pidiendo a la población que "desobedezca semejante locura".


"¡Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", indicó en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.


Poco después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, acusó a Maduro de estar "disolviendo la democracia y la República". "Que le quede claro al mundo, que le quede claro al pueblo venezolano. Lo que se anunció hoy no es una Constituyente. Es una estafa para engañar al pueblo con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela", recalcó.


Así, ha acusado al mandatario de "buscar, con la Constitución, destruir la propia Constitución, la democracia y el voto en Venezuela". "Es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana", agregó.


"Lo que ha hecho Nicolás Maduro hoy es tratar de destruir el voto en Venezuela convocando a un parapeto, a un fraude, a una estafa, poniéndole la etiqueta de Constituyente", reiteró.


El presidente de la Asamblea Nacional dijo que "lo que está proponiendo Nicolás Maduro, en su desesperación, es precisamente que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones libres, directas y democráticas". "Frente a eso tenemos que plantarnos todos, como un solo hombre y una sola mujer, para conquistar la libertad y la dignidad del pueblo venezolano", remachó.


El diputado pidió a la Fuerza Armada que se pronuncie, así como "a las otras instituciones, a la fiscal (Luisa Ortega), a los magistrados, a quienes tengan todavía conciencia y les duela el país, no se hundan con este golpe de Estado, es el momento de la conciencia, rebélense".


Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, afirmó en la misma rueda de prensa de la MUD que la convocatoria de Maduro "es una movida de una persona acorralada que quiere huir hacia adelante" y aseguró que este será "el último error del dictador".

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Una huelga general desafía las reformas del Gobierno brasileño

Los sindicatos logran el apoyo a la protesta de la Iglesia y de algunos aliados políticos del presidente, Mchel Temer, hundido en las encuestas


El Gobierno de Brasil se juega su futuro en los próximos días. Asediado por los escándalos de corrupción y hundido en las encuestas, el presidente, Michel Temer, lo ha apostado todo a un programa de reformas que incluye un cambio en las leyes laborales y un recorte en el sistema de pensiones. Los sindicatos han decidido desafiarlo en la calle y este viernes lo someterán a una prueba de fuego con la convocatoria de una huelga general que ha encontrado apoyos inesperados más allá del ámbito tradicional de la izquierda.


“La huelga general puede ser el test más difícil para el Gobierno”. Ese tuit es de hace cuatro años y se refería al Ejecutivo de Dilma Rousseff, la presidenta depuesta en septiembre pasado por una maniobra que colocó al frente del país a su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. El autor de la frase, el empresario João Doria, es ahora el alcalde de São Paulo por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), uno de los principales apoyos de Temer. Doria se ha empeñado tanto en los últimos días en hacer fracasar la huelga que hasta ha llegado a un acuerdo con empresas de taxis para trasladar gratis a los funcionarios que deseen acudir al trabajo.


Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff también vale ahora para Temer. La convocatoria de huelga es un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado. La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder. La economía se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.


Al margen de la exhibición de poder sindical, la protesta de hoy será el primer termómetro para medir en la calle la posible incidencia de la difusión pública de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones ante la justicia de los exdirectivos de la mayor constructora del país que han puesto al descubierto una monumental trama de corrupción. Las revelaciones han vuelto a golpear duramente al PT y a su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero han dejado malherido a todo el sistema político. El Gobierno tiene a ocho ministros investigados por el Tribunal Supremo y el propio Temer se ha librado únicamente por la protección legal que le brinda la Constitución, pese a que la fiscalía general de la República constató la existencia de indicios contra él.


La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI. La reciente visita al país del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo que acudía a ver a un Temer con escasos apoyos políticos fuera de Brasil, sirvió para ilustrar el tamaño de la apuesta. Temer proclamó que su inspiración es Rajoy, y este le dio un consejo en público: que desoiga a la calle, olvide los posibles daños electorales y prosiga adelante contra viento y marea.


Los riesgos para Temer son enormes. Brasil es uno de los países americanos con mayor tradición sindical. La primera huelga general se remonta a 1917 y hace 73 años el presidente Getulio Vargas aprobó las leyes de protección al trabajo hasta ahora consideradas casi intocables. Incluso un sindicalista sin formación académica, Lula, logró a principios de este siglo alcanzar la presidencia del país. Al margen de esas raíces históricas, la convocatoria ha logrado apoyos que van más allá del mundo sindical. A ella se han adherido desde profesores de colegios de élite a algunos obispos, después de que la jerarquía católica brasileña criticase la reforma de las pensiones y hasta el papa Francisco enviase al presidente una carta afeándole algunos aspectos de su política. Como mínimo la paralización del transporte –incluido el aéreo- parece garantizada en las mayores ciudades.


Entre los que se suman a la protesta hay también aliados políticos de Temer. Y ese es ahora el principal de sus numerosos problemas. Aunque el miércoles logró aprobar inicialmente la reforma laboral, la primera gran modificación de las añejas normas de la época de Vargas, los partidos que le apoyan sufrieron deserciones. Para sacar adelante su gran apuesta, la revisión de las pensiones, necesita una mayoría cualificada. No le va a resultar fácil porque la medida es la que más contestación ha suscitado. Y un hipotético éxito de la huelga podría agravar las defecciones entre sus aliados.

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