Lunes, 02 Enero 2017 08:47

La paz territorial en Antioquia.

La paz territorial en Antioquia.

La construcción territorial de la paz ya está en curso, como parte de la misma el gobierno nacional expidió 27 decretos (Ver http://bit.ly/2i1ykZm ) para organizar los espacios de ubicación de los integrantes de las Farc en su transición a la movilización política y social con el fin de hacer realidad la “paz positiva” con derechos y justicia social efectiva para las comunidades y las familias campesinas, que supere el enfoque de la simple “paz negativa” como ausencia de guerra y la “paz imperfecta”.


Para el departamento de Antioquia han sido expedidos los decretos 2010, 2016 y 2025, que trazan las regulaciones de los territorios de paz en Ituango, Remedios, Yondo y Anorí.


Pero como la aplicación de los acuerdos de paz presenta demoras, la llegada de los combatientes guerrilleros ha registrado dificultades debiendo conformarse, por el momento, 11 Puntos de Preagrupamientos Temporal/PPT, en el caso de la región antioqueña.


La paz y su implementación, tiene en el enfoque territorial un elemento bastante sensible. Es en los espacios geográficos en los que la realidad de la paz se visualiza mejor usando conceptos como terreno, bloque, región, localidad, vereda, municipio, departamento, que simbolizan el espacio donde se juega la hegemonía popular y nacional. Hablar de topografía es hacerlo de clases sociales, de formas de propiedad, de enclaves militares, de medios de comunicación, de rebaños religiosos y de grupos culturales.


En esos espacios se dan procesos que conforman la correlación de fuerzas en los ámbitos social, normativo y político.


Es en los espacios regionales donde se asientan los dominios políticos, ideológicos y militares de las oligarquías tradicionales. Es allí donde se despliega con mucha eficacia la violencia, la coerción, la manipulación y subordinación del pueblo.


En este caso concreto, nos referimos a un departamento con 63.600 kilómetros cuadrados; casi 7 millones de habitantes; 125 municipios; un Área Metropolitana de 4 millones de habitantes; y 9 sub regiones.


Con un enorme dispositivo militar centralizado en la Séptima División del Ejército que tiene bajo su mando las brigadas 4, 11, 17, Brigada de Selva 15, la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. A lo que se agregan los dispositivos de policía, Marina y Fuerza Aérea con una base estratégica en Rio Negro.


La transformación de las Farc en una fuerza política y civil en Antioquia está ocasionando un alto impacto regional, provocando el nerviosismo de una elite política bastante reaccionaria y corrupta que se niega a la democracia ampliada y la paz.


Su rechazo a los desarrollos de la paz se está expresando por boca del gobernador Luis Pérez, quien aún no se acostumbra a la democracia ampliada, y por eso acude a la mentira y difamación para lanzar acusaciones falsas sobre prostitución infantil, desorden público, con consumo desproporcionado de licor, e intimidaciones a la población civil y a las autoridades municipales por los militantes de las Farc, aseveraciones que los propios alcaldes han rechazado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU ha desmentido con investigaciones profesionalmente documentadas.


Luis Pérez está utilizando la democracia y los medios de comunicación para engañar, para insultar y agredir, evitando la controversia y el debate pluralista sobre el histórico proceso de paz y sus proyecciones en el departamento de Antioquia.


Rectifique gobernador, sigue usted con el mismo lenguaje politiquero de los últimos 100 años. Juéguele limpio y con transparencia a la paz.
Para evitar esta grotesca manipulación politiquera, en la que ya se infiltro, obviamente el caballista del Ubérrimo, con sus consabidas intrigas, varias organizaciones sociales, científicas, universitarias, religiosas, empresariales, académicas, sindicales, femeninas y democráticas, hemos organizado una Veeduría de control ciudadano al proceso de paz en Antioquia para acompañar su correcta implementación mediante propuestas e iniciativas que hagan una realidad la paz para los antioqueños.


Pedimos tener presencia en la Comisión que desde este martes 3 de enero/2017 ira a los 11 Puntos de Preagrupamiento de Paz de Antioquia, integrada por Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria Departamental de Gobierno, Luis Guillermo Pardo, Asesor de Paz, Tatiana Gutiérrez, Gerente de Paz de la Gobernación y el Coronel de la Policía Nacional, Wilson Pardo, comandante de la Policía, quien de acuerdo con los Protocolos debe ir de civil a las zonas de localización de las Farc.


En ese sentido, para que no se diga que nos oponemos a todo con el fin de sabotear el funcionamiento del gobierno departamental, encontramos oportuna y acorde con los pactos agrarios de paz, el proyecto de Luis Pérez de conformar una Empresa de Desarrollo Agroindustrial para Antioquia (Ver http://bit.ly/2i1ykIO ), como parte del actual Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensar en Grande” (Ver http://bit.ly/1QYp6wx ); es muy buena idea que esperamos tenga un gran énfasis en la Innovación social con importantes avances en Medellín y el Área Metropolitana del Aburra (Ver http://bit.ly/1LS0DAm ).


En igual sentido nos parecen oportunas las medidas proyectadas para resolver los graves problemas financieros de SaviaSalud (Ver http://bit.ly/2ioQpDZ ), arruinada por el saqueo de los politiqueros de Antioquia, pues su hueco fiscal es casi de un billón de pesos afectando hospitales, médicos, enfermeros y, por supuesto, a miles de personas en condiciones de extrema pobreza, con graves problemas de salud.
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@duque_2016

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Miércoles, 14 Diciembre 2016 07:10

La Justicia refrendó el proceso de paz

La Justicia refrendó el proceso de paz

Los magistrados del alto tribunal aprobaron el procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo Parlamento el pasado 30 de noviembre.

 

La Corte Constitucional de Colombia aprobó ayer un mecanismo de vía rápida, conocido como “fast track”, para que el Congreso valide las leyes que permitirán aplicar el acuerdo de paz con la guerrilla FARC que le valió el Nobel al presidente Juan Manuel Santos.


La votación de los magistrados del alto tribunal quedó 8 a favor y 1 en contra de la aprobación del procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo parlamento el pasado 30 de noviembre, informó la Corte Constitucional.


“Indudablemente la decisión de la Corte Constitucional es una gran noticia para el país, porque le va a permitir a los colombianos poder disfrutar la paz más rápidamente y al Congreso poder implementarla en tan solo seis meses’’, dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, tras conocer la noticia. ''Vamos a comenzar con la ley de amnistía (de los guerrilleros), que estoy seguro ser presentada o esta tarde o mañana (miércoles) en la mañana y otros proyectos de ley, que el gobierno ya tiene listos’’, explicó.


Los otros proyectos legislativos serán la jurisdicción especial para la paz, como se conoce al sistema de justicia transicional acordado con las FARC, la participación política de los rebeldes, y normas para ''lucha contra los paramilitares’’, cuyo accionar preocupa especialmente a los guerrilleros, según Lizcano. Desde Europa, donde se encuentra de gira tras recibir el sábado en Oslo el premio Nobel de la Paz, el presidente Santos había dicho la víspera que respetaría ''lo que la Corte decida’’ sobre el “fast track”, un mecanismo que su gobierno había tildado de clave para la efectiva implementación del pacto con las FARC.


El “fast track” prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar las leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz alcanzado en noviembre. Además, estipula que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.


En la tarde de este martes, la Corte Constitucional tiene previsto dar una rueda de prensa para detallar los alcances de su decisión. El partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Alvaro Uribe, había pedido al alto tribunal no aprobar el mecanismo porque a su juicio da ''un duro golpe a la democracia’’ al permitir que se ''introduzcan cambios sustanciales en la Constitución sin consultar al pueblo colombiano’’.


Uribe, férreo opositor al acuerdo con las FARC, fue también el líder de la campaña por el No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, cuando los ciudadanos rechazaron el acuerdo original pactado entre las FARC y el gobierno de centro-derecha tras cuatro años de negociaciones en Cuba. Esa votación, inesperada para el gobierno, llevó a las partes a renegociar puntos del acuerdo para incluir propuestas de la oposición y finalmente a promover su refrendación a través del Congreso, donde Santos cuenta con mayorías.


Colombia vive un conflicto armado en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales, con saldo de unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados a lo largo de más de medio siglo.

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Martes, 29 Noviembre 2016 06:30

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

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Lunes, 28 Noviembre 2016 17:16

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enEdición Nº230
Evo Morales: Bolivia está mejor sin embajador de EU

Aunque Bolivia está mejor sin embajador de Estados Unidos, quisiera que nombren uno, dijo a La Jornada el presidente Evo Morales. Pero no a cualquiera, sino a un diplomático, no a un político que se dedique a conspirar en contra de la soberanía de su país.

Estados Unidos no tiene embajador en Bolivia desde que, en septiembre de 2008, el gobierno de Evo Morales expulsó a Philip Goldberg, acusándolo de dividir el país y apoyar a la oposición. Como diplomático, Goldberg había desempañado un relevante papel durante la guerra civil yugoslava.

Entrevistado a bordo del avión presidencial, un Falcon 900 EX de manufactura francesa, en el recorrido entre Tarija y Cochabamba, el mandatario boliviano asegura que el voto en favor de Donald Trump en los comicios estadunidenses fue producto del descontento contra la globalización fallida conducido por la derecha.

Con tres años más al frente del Ejecutivo, explica que el descalabro sufrido en el referendo para decidir la posibilidad de presentarse a un nuevo periodo en el cargo fue resultado de una campaña de mentiras, que él no está listo para irse, y que siempre ha respetado la decisión de su pueblo.

A continuación la entrevista completa con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

–¿Cómo explica el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Ve posibilidad de un nuevo tipo de relación entre su país y Washington?

 

–La victoria de Trump fue producto del descontento contra la globalización fallida, del enojo contra el libre mercado desquiciado, de la barbarie de la guerra. Un descontento conducido por la derecha.

“Estados Unidos no ha nombrado un nuevo embajador. Todavía no. Quisiera que lo hiciera. Quisiera que nombrara a un diplomático, no a un político. A uno que respete. No que se dedique a conspirar, que se dedique a quitarnos nuestra soberanía. Con cualquier presidente que sea, si quiere respetarnos, estamos dispuestos a intercambiar embajadores.

“Esperamos trabajar contra el racismo, contra el machismo, contra la antinmigración, por la soberanía de nuestros pueblos. Deben evaluar eso. Pero mire, en mi experiencia vivida, es mejor estar sin embajador de Estados Unidos. Aunque siempre tiene a sus brazos operativos para que le hagan el trabajo. Por ejemplo, algunas organizaciones no gubernamentales que usan el medio ambiente para atacarnos.

“Siempre tengo un recuerdo presente. Cuando llegué a la presidencia, algunos mineros, que en tiempos de la dictadura militar habían sido expulsados del país o se habían tenido que asilar, me fueron a ver y me dijeron: ‘Presidente, cuídese de la embajada de Estados Unidos.’ ¿Sabe la razón por la que no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque allí no hay embajada de Estados Unidos”.

 

–¿Qué piensa usted que ha sucedido en América Latina con la derrota del kirchnerismo en Argentina, el golpe de Estado en Brasil, el triunfo de la derecha en la elecciones parlamentarias en Venezuela? ¿Afecta a Bolivia ese avance de la derecha?

 

–Nos afecta políticamente, pero también económicamente. Afecta la estabilidad política.

“¿Qué tan importante es la estabilidad política? Es muy importante poder pensar a largo plazo. Cuando sólo están pensando en cuándo se van a ir del gobierno no se puede planificar. Los programas de desarrollo se detienen.

"Lo que pasó en Argentina y Brasil nos lleva a un debate importante. Los movimientos sociales vieron lo que está pasando allá y dicen: hay que estar unidos, no hay que dejar que la derecha llegue. No hay que permitir que llegue la privatización. Esa experiencia nos ha llevado a ver los errores que se cometieron."

 

–Cuando usted asumió la Presidencia de Bolivia se encontró con un país devastado. ¿Qué ha hecho para reconstruir el país 11 años después?

 

–Cuando llegamos al gobierno, Bolivia estaba prácticamente dividida entre el campo y la ciudad, y el occidente y el oriente. Económicamente se encontraba descuartizada. Algunos megacampos eran de los españoles (Repsol), otros eran de Brasil (Petrobras) y otros de franceses (Total). Los ductos eran de los estadunidenses. Teníamos, política y económicamente, un Estado mendigo, un Estado limosnero.

“¿Por qué nos dejaron así? Porque los bolivianos no decidíamos ni políticas ni programas y, menos, proyectos sociales. En la parte económica todo era impuesto por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. La CIA era un parásito que tenía sus oficinas en Palacio Nacional. El Grupo Militar de Estados Unidos tenía las suyas en la sede de las fuerzas armadas en el Gran Cuartel General de Miraflores.

“Cuando había conflicto político y los partidos de la derecha se peleaban, el embajador de Estados Unidos era el padrino. Se pueden encontrar imágenes, fotografías de sus reuniones. El embajador juntaba a partidos como el MIR y el MNR. Ningún partido ganaba con más de 30 por ciento. Teníamos una democracia pactada. Todo era pacto. Era legal, pero no había legitimidad.

“Eso cambió gracias a nuestra lucha. Para nosotros fue muy importante pasar de la lucha sindical, de la lucha social, de la lucha comunal a la lucha electoral. Lo hicimos conservando los valores que nos dejaron nuestros antepasados. Conservamos viva la lucha en tiempos de la Colonia, la lucha en tiempo de la dictadura militar, la lucha por la democracia. La lucha contra el gobierno pactado, contra el modelo neoliberal.

“También conservamos viva la lucha campesina, especialmente en mi región (Chapare), que nos hizo despertar a la presencia estadunidense, uniformada y armada, con bases militares, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero, en el fondo, no había lucha contra el narcotráfico. Se trataba de un pretexto para ejercer un control geopolítico. En ese tiempo, a los dirigentes ya no nos acusaban de comunistas, de rojos, sino de narcotraficantes, de terroristas.

"Fue un hecho histórico este paso de la lucha social a la lucha electoral con un programa hecho por el pueblo, que nos permitió ganar el gobierno."

 

–¿En qué consistía ese programa?

 

–En tres cosas. Primero, en lo político, la refundación del país. En lo económico, la nacionalización de los recursos y de las empresas estratégicas. Y, en lo social, la redistribución de la riqueza.

“Con ese programa ganamos el gobierno. En 2005 obtuvimos la Presidencia con 54 por ciento de los votos. Todo el mundo quedó sorprendido.

“Lo más difícil fue la refundación: la Asamblea Constituyente y el proceso de la nueva Constitución. Tardamos casi cuatro años. Y en ese proceso, la derecha se replegó hacia sus departamentos y, avivando el separatismo, trató de dividir el país. Fracasaron. La derecha intentó revocar el Constituyente. Fracasaron. Intentaron un golpe de Estado e igual fracasaron. Nuevamente el pueblo regresó a la calle. Se realizaron grandes concentraciones, para otra convocatoria. En septiembre de 2008 tuve que expulsar al embajador de Estados Unidos para garantizar la estabilidad política.

"Es que, cuando los gobiernos democráticos no están al servicio del imperio, sufren golpes de Estado militares. Y cuando tuve información fidedigna de que el embajador de Estados Unidos estaba financiando a mis opositores, estaba conspirando, dije: fuera embajador. Ahora, sin embajador de Estados Unidos, tenemos más estabilidad política."

 

–¿Qué impacto ha tenido en el país la nacionalización económica?

 

–Ha cambiado la matriz económica de Bolivia. La renta petrolera en 2005 eran 300 millones de dólares. Hemos llegado a 5 mil millones de dólares. La inversión pública en 2005 eran 600 millones de dólares. Hemos llegado ahora a más de 8 mil millones de dólares de inversión pública. El PIB en 2005 era de 9 mil millones de dólares, el año pasado llegó a 34 mil millones dólares.

 

–¿Y la caída del precio del petróleo les afecta?

 

–Sí, este año vamos a crecer menos. Pero hay un momento en el que nos hemos disparado. Las reservas internacionales en 2005 eran mil 700 millones de dólares, en 2014 más de 15 mil millones de dólares. Eso, sin tomar en cuenta los depósitos, ADP. Considerándolos pasamos de los 40 mil millones de dólares. Esa es la estabilidad económica que tiene Bolivia.

"Eso fue posible por la nacionalización de los recursos naturales, pero también de empresas estratégicas. Ese fue el caso de Etel, la empresa de telecomunicaciones en manos italianas. Antes tenía utilidades de 70 millones de dólares, que no se quedaban aquí. Además, apenas estaba en 90 municipios de los 339 que tenemos. Nacionalizamos y ahora tenemos 140 millones de dólares de utilidad, que se quedan aquí, y tenemos Internet y telecomunicaciones en casi toda Bolivia."

 

–¿Cómo ha caminado el tema de la redistribución?

 

–Tenemos el compromiso de redistribuir las ganancias de las empresas públicas no sólo a alcaldías sino a los que más lo necesitan . Lo hacemos ejecutando programas destinados al impulso de la producción, como el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria o el Programa de Alianzas Rurales. Pero, también, con políticas sociales, como el pago de los bonos, que permiten que la gente cuente con más recursos económicos y de esta manera puedan solventar sus necesidades y requerimientos. Tenemos para los niños el Bono Juancito Pinto, y los apoyos a la vejez que no está jubilada.

"Esto nos ha permito reducir, rápida y drásticamente, la pobreza. Ahora tenemos una nueva Bolivia. Sus políticas son conocidas y reconocidas en otros países."

 

–¿Qué ha cambiado para los pueblos indios en estos 11 años?

 

–La única forma de garantizar la paz social es con la participación ciudadana. No hay paz sin justicia social. Pero esto vale no sólo para el movimiento indígena, sino para todos los sectores sociales. Todos son actores. No somos una democracia representativa, ni siquiera participativa, sino decisiva. Los que más han ganado con los cambios en Bolivia son las mujeres y los indígenas.

“Hay pequeños grupos indígenas. Creamos circunscripciones especiales. Los hermanos tienen sus asambleístas nacionales y departamentales. Los grupos indígenas menos numerosos pueden tener un asambleísta, con los mismos derechos y los mismos deberes que los demás, pero para escogerlo necesitan mucho menos votos que los otros.

"Y luego está el envalentonamiento. Antes, una hermana con pollera era mal mirada y tratada. Ahora se la pone con mucho orgullo. Antes, la música originaria era mal vista. Ahora en las ciudades ya marchan con ella. Antes, la comida del indio, que es la quinoa, era despreciada; ahora es la comida más rica del mundo. Nosotros ya no la comemos porque ha subido mucho de precio. Antes se prohibía vender la carne de llama; ahora es la carne que tiene menos colesterol. Todo lo indígena se valoriza."

 

–Esos movimientos sociales que antes eran tan vitales ¿lo siguen siendo después de 11 años de gobierno y de que algunos de sus dirigentes se han incorporado como funcionarios públicos?

 

–Entre 85 y 90 por ciento de quienes son elegidos por nuestro instrumento político (el MAS) para ser alcaldes, concejales o asambleístas departamentales son dirigentes sociales. Nos descabeza los movimientos sociales.

 

–¿No es eso un problema para el movimiento?

 

–Sí, pero es una linda experiencia. Cada cinco años hay que preparar una nueva cantidad de dirigentes. Llegan las elecciones y la mayoría de los candidatos viene de los movimientos sociales. Toda elección nos descabeza a nuestro movimiento social. Antes de nuestro instrumento político, los dirigentes nos descartábamos. Pero ahora hay ese problema. El dirigente está pensando: ¿qué cargo después me toca? Es una realidad. Es una linda experiencia.

 

–Ustedes han sacado a muchos bolivianos de la pobreza. En lugares como Brasil, donde también se hizo, este logro no se acompañó de un trabajo ideológico y cultural. Quienes dejaron de ser pobres se asumieron como clase media y olvidaron su vieja identidad y sus vínculos asociativos. Hicieron del aumento a su capacidad de consumo el centro de su nueva vida. ¿Ha pasado algo así en Bolivia?

 

–Aquí hay un problema. Una parte de quienes han salido de la pobreza se ha integrado a la clase media. Esos 2 millones de personas ya tienen otras expectativas. Son nuevos clasemedieros. Se olvidan de que clase media es clase a medias... Lamentablemente algunos dejan de valorar su pasado campesino e indígena o de otros sectores sociales. Llegan incluso a despreciarlos. Es el pueblo quien defiende al país. Y a los nuevos clasemedieros ya no les importa defender al país. Sus demandas son para tener más consumo. Tienen aspiraciones muy exageradas. Es muy importante esta experiencia.”

 

–Su periodo como presidente llega hasta finales de 2019. El referendo para permitirle presentarse a una nueva elección fue ganado por escaso margen por sus opositores. ¿Qué sigue?

 

–Yo no estoy preparado para irme a casa. Lo que hemos hecho en el tema desarrollo y en el tema político es un récord.

“El movimiento social planteó este tema del referendo. Y la derecha lo enfrentó en base de mentira, de codicia. Inventó una mujer y un niño, y dijo que era hijo de Evo. Es más, dijo que el niño había muerto. Todo era mentira. Y ahora que se investigó resulta que ni siquiera había habido niño. Pero ya quedó la calumnia. La prensa se comportó como un cártel de mentiras. El tema estaba bien organizado. Lo planificaron con anticipación.

“Cuando no pueden tumbar ideológicamente ni democráticamente usan a la familia y hasta un niño inexistente. A mí realmente me ha sorprendido. Sin embargo, ahora la gente se da cuenta.

“Yo estoy muy satisfecho. Aunque hayamos perdido la gente dice: Evo, tú debes seguir hasta 2025. Y yo dije: no voy a ir. Y me dicen: la vida de Evo no depende de Evo. Evo es del pueblo. Evo debe someterse al pueblo.

“Mi sueño es que acaba mi periodo, me voy a mi chacra, a mi cabañita, a compartir con los dirigentes los buenos y los malos momentos. Ese es mi deseo. Pero siempre he respetado la decisión del pueblo. Una parte de la misma derecha dice: sin Evo, ¿qué va a ser de Bolivia?

 

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Renuevan acuerdo de paz el gobierno colombiano y las FARC

Tras avances en las negociaciones en Cuba, representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC anunciaron en La Habana esta tarde el nuevo acuerdo de paz, que incluye “ajustes y precisiones” al aprobado previamente.


“El nuevo acuerdo de paz es la victoria de Colombia”, dijo Iván Márquez, el jefe negociador por la guerrilla en su cuenta en Twitter.


Los delegados del gobierno y las FARC, después del rechazo del plebiscito del 2 de octubre, extendieron las negociaciones en La Habana para discutir ajustes al texto del acuerdo original, sobre la base de propuestas y sugerencias de dirigentes anotados en la campaña por el NO. Durante 15 días han trabajado en largas jornadas, que muchas veces se extendieron hasta la madrugada.


“No hay más tiempo que perder”, enfatizó Humberto De la Calle, jefe negociador de Colombia al intervenir, tras la firma del nuevo acuerdo en el acto al que asistió el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.


Las dos delegaciones comparecieron ante la prensa de manera conjunta en el Salón de Protocolo de El Laguito, en La Habana, ante los países garantes Cuba y Noruega.


El acuerdo “integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno”, precisó el texto elaborado tras las negociaciones que volvieron a abrirse tras el plebiscito del 2 de octubre que impidió implementar un pacto previo para acabar con 52 años de enfrentamiento armado.


De la Calle: Este acuerdo es mejor que el anterior


El jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle habló del proceso de las rueniones con partidarios del ‘No’ y la construcción de un nuevo acuerdo. “Esas reuniones se llevaron a cabo con el propósito de sostener diálogos abiertos, recoger inquietudes, preocupaciones y sugerencias para el fin del conflicto”.


“Las reuniones con la delegación de las Farc fueron igualmente intensas, más de 15 días de trabajo, muchas veces más allá de la media noche. Reuniones con discusiones arduas, pero quiero destacar el ambiente constructivo y de buena voluntad”.


Afirmó que este acuerdo “fue una oportunidad para aclarar dudas, resolver inquietudes, pero sobretodo para unirnos a los colombianos”.


“Trabajamos con la certeza que no hay más tiempo que perder. Estamos convencidos que este documento señala caminos viables y posibles para acabar con el conflicto en Colombia. Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible, aunque era también susceptible a críticas, era el mejor por cuanto daba por terminado el conflicto. Pero hoy con humildad digo que este acuerdo es mejor porque resuelve muchas de las críticas, pero su aceptación no será unánime. Eso sí, esperamos que la base de apoyo lo haga más solido”.


Añadió que este acuerdo “en lo que gana con creces es que mediante un estudio democrático se ha logrado construir una paz más amplia”.


“Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifica las convicciones que dieron forma al primero”. Además, anunció que “se eliminó la idea de vincular el acuerdo a la Constitución Política”


Sobre el enfoque de género explicó que “significa el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que en consecuencia se necesitan acciones específicas para restablecer sus derechos”.


Iván Márquez: Aprobamos el acuerdo de la esperanza


Iván Márquez, agradeció a los garantes presentes, que “impulsaron contra viento y marea los avances de la mesa”. Calificó como “ángeles de la guarda” a los acompañantes de Venezuela y Chile, y a nombre de Colombia dio las gracias por “durante tanto tiempo ayudar a encontrar las sendas de la paz”.


Hemos trabajado día y noche para entretejer el nuevo acuerdo que garantice la paz estable y duradera de Colombia, dijo Márquez, quien anunció que prefieren llamar a este “el acuerdo de la esperanza, poderoso instrumento para la democratización del país y para la materialización de los derechos de la gente”.


La paz sigue su marcha irrefrenable, y subrayó: “Irrefrenable”


Comunicado conjunto #4


La Habana, Cuba, 12 de noviembre de 2016


El Gobierno Nacional y las FARC-EP atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno.


La construcción de una paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo Acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales.


Invitamos a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo Acuerdo, y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. La Paz no da más espera.


Al finalizar el día, los colombianos podrán consultar en la página www.mesadeconversaciones.com.co un documento en el que se señalan las modificaciones y los nuevos elementos. La integración total de los textos del nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera quedará disponible en próximos días.


Principales ajustes al acuerdo


• Durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.
• En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz se atendió la mayoría de las propuestas formuladas.
• Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad.
• Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos.
• Mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga.
• Sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.
• Se eliminan los Magistrados extranjeros, pero se acepta la presencia de amicus curiae -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten.
• Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal.
• Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso.
• Se estableció el término concreto de duración de la Jurisdicción.
• Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica.
• Se estableció también que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional.
• Se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
• Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas.
• Se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad.
• Mantenemos vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna.
• En la Reforma Rural Integral hemos afirmado que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.
• También quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo.
• Para lograr darle la mayor solidez a la reforma rural, se ajustaron los tiempos de implementación a las nuevas realidades fiscales. El acuerdo además por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina.
• Desde el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el nuevo Acuerdo se ha logrado precisar de manera concreta las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades.
• Se aclara que los programas de sustitución buscan tener territorios libres de cultivos de uso ilícitos de modo que no se establezca un marco de coexistencia entre el programa de sustitución y la continuación de tales cultivos.
• En cuanto a la aplicación de las políticas sobre el consumo, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos.
• Se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación.


Reunión previa


Antes de la firma del acuerdo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a una reunión “urgente” al expresidente Álvaro Uribe, líder del opositor Centro Democrático, que encabezó la campaña del “no” en el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz.


Los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) son las voces más representativas del “no” y quienes presentaron la semana pasada a Santos un documento con 500 propuestas de modificación, en las que han trabajado estos días los equipos negociadores en La Habana.


El pasado 26 de septiembre el presidente Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, suscribieron en la ciudad de Cartagena de Indias (norte de Colombia) el llamado Acuerdo Final con el que se comprometieron a terminar el conflicto armado.

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Los estudiantes encabezan la oposición a Temer

Las ocupaciones de escuelas en todo el país tienen su motivo en la enmienda constitucional 241 que tiene media sanción y que congela por 20 años la inversión en salud, educación y en el resto del presupuesto nacional.


El gobierno de Michel Temer recibió un revés inesperado, con un foco de conflicto y de protesta por parte de los estudiantes universitarios y secundarios, que mantienen tomadas en todo el país más de 1.000 colegios y un centenar de universidades. Están contra la reforma educativa y la enmienda constitucional que congela el gasto del Estado por 20 años, la principal medida de ajuste del Poder Ejecutivo.


Con el Partido de los Trabajadores (PT) desacreditado tras la caída de Dilma Rousseff y con escasa presencia en las elecciones municipales y las dificultades de la izquierda en armar una rápida oposición a Temer, la base estudiantil le causó a Temer una paleta de focos de conflicto en todo el país. La estrella de la protesta, cuya imagen se viralizó por las redes sociales y obligó a la prensa tradicional a seguirla como una emergente de la nueva situación política, se llama Ana Julia Riberiro. Tiene 16 años, es estudiante del Colegio Estadual Manuel Alencar Guimaraes, de Curitiba, capital de Paraná, estado fronterizo con Misiones.


El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva la llamó para decirle que estaba emocionado con su discurso. “Me puse nerviosa cuando me llamó, pero nuestro movimiento es apartidario. También consideraría importante si me llama otro ex presidente, como Fernando Henrique Cardoso”, explicó ella. El discurso de Ana Julia, como se la conoce, fue ofrecido ante la Asamblea Legislativa de Paraná, en la ciudad de Curitiba, convertida en “República de Curitiba” por concentrarse allí la agenda nacional desde 2014, ya que el juez de esta ciudad famosa por su aire europeo y transporte urbano innovador, Sergio Moro, conduce la causa del escándalo Petrobras.


En su discurso, acusó a los legisladores y responsables de tener las manos manchadas de sangre por la muerte de Lucas, un joven que ocupaba una escuela, pero el nudo de su alocución fue una crítica a los principales planes de gobierno de Temer. “No vi a ninguno de estos diputados que critican las ocupaciones y no las causas del problema en el velorio de Lucas”. Y hubo otra ovación, en medio del repudio de algunos diputados estaduales. “Somos apartidarios pero no rechazamos la politica. Queremos hacer política”, dijo al explicar que su discurso fue preparado por varios colegas pero luego ella se soltó y dejó diez minutos boquiabiertos a la clase política brasileña.


La escuela pública está bajo revisión con Temer, que adoptó con su nuevo ministro de Educación, Mendonca Filho, el proyecto Escuela Sin Partido, que combate la “ideologización” en la educación primaria y secundaria, un plan originado en los aliados del poderoso bloque evangelista del Congreso. Temer, por decreto, inició cambios en la educación media pública eliminando la obligatoriedad de artes, educación física, sociología y filosofía para permitir más espacio a la enseñanza técnica. Y además, las ocupaciones en todo el país, con foco en Paraná, tienen su motivo en la enmienda constitucional 241 que tiene media sanción y que congela por 20 años la inversión en salud, educación y en el resto del presupuesto nacional menos en el pago de intereses de la deuda pública.


“Somos apartidarios, estudiantes por los estudiantes. Estamos preocupados por las futuras generaciones, no queremos la Escuela Sin Partido, queremos una generación de personas con sentido crítico, político, que no crean en todo lo que leen. Queremos luchar contra el analfabetismo funcional. La Escuela sin Partido nos quiere no pensantes, sumisos, nos insulta y piensa que no podemos pensar en forma independiente”, sostuvo. Sobre la reforma constitucional, expresó: “No nos podemos quedar de brazos cruzados ante un ataque a la Constitución de 1988”.


La ocupación en Curitiba fue la pionera de un movimiento contra el gobierno que estalló en todo el país pero comenzó a generar fallos en contra por parte de la justicia. Una magistrada de Curitiba ordenó la desocupación, con multas de unos tres mil dólares diarios por incumplimiento, de 25 escuelas. En el estado central de Tocantins, 18 adolescentes fueron detenidos y esposados por orden de un fiscal del consejo de menores que actuó con la policía sin autorización de un juez, quien luego liberó a los alumnos.


En Curitiba, ayer, durante dos horas, activistas del grupo neoconservador Movimiento Brasil Libre (MBL), que organizó las manifestaciones para destituir a Rousseff y es un grupo aliado al presidente Temer, fueron a intentar desocupar por la fuerza la escuela Ferreira da Costa. Manifestantes del MBL intentaron ingresar a la escuela y fueron detenidos por la Policía Militar del estado de Paraná. “No podemos hacer valer nuestras convicciones por el uso de la fuerza”, dijo el secretario de Seguridad de Paraná, Walter Mesquita.


Para los especialistas, la reforma educativa, sumada al congelamiento del presupuesto, genera nuevos escenarios, inéditos frente a la formación en las escuelas públicas sobre todo. “La reforma propuesta es una antirreforma, que apunta a la educación profesional. Los estudiantes son divididos por decreto y los que opten por estudios técnicos serán condenados a puestos de trabajo de baja remuneración”, dijo el coordinador de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, Daniel Cara.


Aliado del presidente Temer, el senador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y candidato derrotado en 2014, celebró la paternidad de la reforma educativa. La creadora del programa es la viceministra de Educación, María Helena Guimaraes, quien iba a ser la ministra de Educación de Neves si vencía las elecciones, según informó la revista Carta Capital. “Son medidas que presenté en la campaña y apuntan a mejorar el desempeño escolar y contener las altas tasas de evasión”, sostuvo el senador Neves, considerado un presidenciable para 2018 y segundo en las encuestas.

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Martes, 25 Octubre 2016 06:25

El ajuste de Temer dispara mil protestas

El ajuste de Temer dispara mil protestas

El proyecto de ley para congelar el gasto, que es rechazado por sindicatos, movimientos sociales y la oposición, ahora minoritaria en el Congreso, es la piedra angular del ajuste fiscal ideado para salir de la recesión y atraer inversiones.

 

El gobierno de Michel Temer aceleró los tiempos y buscará votar hoy en la Cámara de Diputados la segunda parte de la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años, una medida que provocó protestas en todo el país, con la ocupación de escuelas y universidades y el bloqueo de avenidas en 11 estados.


El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció ayer que mañana “se cerrará el primer ciclo de reformas” y se mostrará a los inversores que Brasil está en “el rumbo correcto”, al referirse a la Propuesta de Enmienda Constitucional 241.


Mañana comenzará la sesión para aprobar el segundo turno para una reforma constitucional que frene el gasto público por 20 años. El jefe del Estado tendrá poderes para cambiarlos recién dentro de una década, en la propuesta más arriesgada de Temer y su ministro de Economía, Henrique Meirelles.


Según el cronograma, una vez aprobadas en dos vueltas por Diputados, el 13 o 14 de diciembre podrá ser votada por el Senado. Temer invitó a una cena a los miembros de la cámara alta con el objetivo de buscar compromisos frente la reforma.


El proyecto, que es rechazado por sindicatos, movimientos sociales y la oposición, ahora minoritaria en el Congreso, es la piedra angular del ajuste fiscal ideado para salir de la recesión y atraer inversiones. En esa línea, Temer defendió el ajuste y el cambio en la Constitución de 1988 durante su presentación en la conferencia bianual Rio Oil & Gas que se desarrolla en Rìo de Janeiro.


“Estamos tomando algunas medidas de austeridad administrativa, endurecimiento administrativo, basta verificar la cuestión del techo del gasto público, una medida fiscal”, dijo Temer, quien convocó al sector privado petrolero a “generar una mayor expectativa de optimismo en el país”. Temer, que estuvo unos días de gira internacional, no se refirió en su discurso de ayer a la operación Lava Jato, una semana después de que el arquitecto del impeachment a Rousseff, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, fuera detenido acusado de corrupción en el caso.


Temer también defendió la nueva ley petrolera impulsada por el canciller Serra y a la que le falta la media sanción del Senado, que podría tratarla en las próximas horas, que le retira la exclusividad a Petrobras de los megayacimientos submarinos que le habían adjudicado los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.


En ese sentido, destacó el perfil del nuevo presidente de Petrobras, Pedro Parente, ex jefe de gabinete de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y ex titular de la multinacional agrícola Bunge, como parte del plan de desinversión de Petrobras hasta 2020.


La enmienda constitucional gana dada vez más rechazo en las calles: en Recife, sindicatos cortaron la principal carretera del estado de Pernambuco. Las protestas se centraron en las universidades federales de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Brasilia, Amazonas, Paraná, Río de Janerio, Alagoas, Ceará, Roraima y Minas Gerais.


En Paraná, el movimiento es el más grande, con 800 escuelas ocupadas y ocho universidades, ya que se reclama el cese de la reforma en la educación media –con el fin de la obligatoriedad de sociología, filosofía, artes y educación física–.
La situación política en el país tuvo también sus impactos vinculados a la Operación Lava Jato y sus afluentes: el presidente del Senado, Renán Calheiros, llamó “juececito de primera instancia” al magistrado que allanó el viernes la cámara alta y detuvo a cuatro policías que investigaban escuchas telefónicas contra parlamentario ordenadas por la Justicia.


Uno de los policías legislativos detenidos por la Policía Federal dijo que el ex presidente José Sarney tuvo su vivienda ‘limpia’ por los agentes del Senado ante posibles escuchas telefónicas ordenadas por la justicia que abrió investigaciones por corrupción.


En ese marco, también fue beneficiado por la policía legislativa el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien pidió un habeas corpus para ser liberado luego de haber sido detenido por orden del juez Sergio Moro, del escándalo de Petrobras, por recibir sobornos tras mediar contratos en Petrobras.


Cunha recusó a Moro, quien defendió durante una visita a la Asamblea Legislativa del estado de Paraná la propuesta que el equipo de la Operación Lava Jato envió al Congreos para endurecer las penas por delitos de corrupción.


También ayer la Policía Federal, que depende del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, afirmó que sospechan que el ex presidente Lula figura como “Amigo” en una lista de financiación clandestina que tenía la empresa Odebrecht, una nómina en la cual aparecen el canciller José Serra y otras personas supuestamente con apodos.


Lula negó los cargos y la declaración del policía, ya que el comentario estaba hecho en el pedido de procesamiento que la policía federal hizo a la fiscalía contra Antonio Palocci, ex ministro de Economía de Lula y ex jefe de gabinete de Rousseff detenido desde fines de setiembre por orden del juez Moro.

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Las reformas educativas en clave de resistencias

Una vorágine de mutaciones culturales presiona a los sistemas escolares en el siglo XXI, impulsando su transformación de manera acelerada; lo que permanece invariable, en la inmensa mayoría de lugares del mundo, es el sistema económico, político, social y cultural de explotación del hombre por el hombre.

 

El cambio educativo suele venir en presentaciones de reformas y en algunos casos de revoluciones. A veces las reformas son lo más revolucionario posible en un momento histórico dado; en otros casos las reformas sólo intentan impedir revoluciones y contradicen la propia esencia etimológica de ‘acción para volver a formar’ reproduciendo las mismas políticas y prácticas que enuncian cambiar. Muchas reformas son en realidad contrarreformas que procuran eliminar o minimizar el impacto en la acumulación de capital, de importantes conquistas sociales. Dialécticamente hablando, todos estamos de acuerdo en cambiar constantemente, sólo que algunos abiertamente aspiramos que la transformación sea el camino para construir otro mundo posible de solidaridad y justicia social en el cual el ser humano deje de ser considerado un simple consumidor de mercancías.

 

Respecto al cambio educativo actual Unesco (2015) plantea:

 

Vivimos tiempos turbulentos. El mundo está rejuveneciendo y aumentan las aspiraciones a los derechos humanos y la dignidad. Las sociedades están más conectadas que nunca, pero persisten la intolerancia y los conflictos. Han aparecido nuevos centros de poder, pero las desigualdades se han agravado y el planeta está bajo presión. Las posibilidades de un desarrollo sostenible e inclusivo son muy amplias, pero las dificultades son arduas y complejas. El mundo está cambiando: la educación debe cambiar también. (p.3)

 

En el presente, es creciente el interés del capitalismo globalizado por generar una centralización de las reformas educativas a escala mundial que le permita introducir de la manera más homogénea y rápida los cambios educativos que demanda el modelo de producción del siglo XXI. En contraposición, ciudadanos y magisterio entienden cada vez de manera más nítida, la urgencia de construir una agenda internacional alternativa en defensa de la educación pública.


Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los países miembros de la ONU en Septiembre de 2015, expresan la tensión actual entre aspiraciones ciudadanas e intereses del gran capital. Los ODS o nueva versión de las llamadas metas del milenio, incorporan en esta oportunidad un objetivo específico dedicado a la educación, el cuatro, que contiene diez metas las cuales exigen ser leídas, valoradas y trabajadas con una clara visión política.


Hasta hace tan solo un par de décadas, el proceso de reformas había construido una imagen-pinza pública de cambios “generados” desde el nivel nacional, los cuales en la medida que fueran progresistas contarían con el respaldo de los organismos internacionales especializados en la agenda educativa. Hoy, se construye una imagen pública para las transformaciones educativas diametralmente opuesta. Las reformas educativas aparecen ahora como resultantes de un consenso mínimo internacional que guiará los procesos de cambio de los sistemas escolares nacionales.


No es una novedad que el centro capitalista le imponga a la periferia la ruta de las adaptaciones que requiere el modelo de producción y sus sistemas de engranaje, en este caso el educativo. La variante en el presente viene dada por el hecho de legitimar ante el público en general, los mecanismos de determinación de la agenda de cambios desde el propio centro de gobernanza global.


Ministerios de Educación Nacionales -o sus equivalentes- aparecen ahora interpelados a cambiar; ya sea conforme a las orientaciones que dictan los organismos económicos internacionales o, en la dirección convergente que acordaron sus gobiernos a través de los ODS, cuyo monitoreo, supervisión y evaluación –en el último de los casos- está a cargo del sistema de Naciones Unidas.


Al ser los sistemas escolares parte sustantiva de los mecanismos de gobernabilidad de los Estados Nacionales, ello impone dinámicas de alianzas y acuerdos entre perspectivas e intereses comunes a escala planetaria por parte de quienes gobiernan; lo cual debería hallar un correlato entre quienes resistimos. El curso que tomen los cambios educativos en cada lugar dependerá, en gran medida, de la correlación de fuerzas que caracterice al mundo político en un momento histórico dado y de las tensiones existentes entre las clases en esa sociedad.


Pero, ¿cuál es el lugar de enunciación de las reformas educativas? Ante todo es importante destacar el papel de la ex URSS en el triunfo del paradigma de la educación para todos y todas. En 1917 los bolcheviques toman el poder en la Rusia Zarista e inician la revolución socialista en uno de los países más atrasados, económicamente hablando, sin acueductos, electricidad y con muy pocas escuelas. En solo décadas logran concretar una política pública que hasta ese momento parecía ser una utopía a nivel mundial: hacer llegar la educación a todo el territorio de Rusia y la Unión Soviética, es decir lograr la masificación educativa en un país. La educación para todos y todas dejó de ser una aspiración de ilustrados, maestros(as), sectores progresistas y políticos radicales en el mundo, para convertirse en un paradigma emergente de la gestión pública.


Al culminar la Segunda Guerra Mundial creció la esperanza de los pueblos del mundo respecto a las posibilidades de la educación para evitar otra confrontación a gran escala y como camino para mejorar sus sociedades. No es osado señalar que la educación de masas es una conquista del socialismo, independientemente de la degeneración burocrática y liquidacionista de la experiencia soviética desde el periodo post leninista.


Por ello, el surgimiento del paradigma mundial de la educación de masas debemos ubicarlo en el marco de las tensiones propias de la crisis capitalista que llevó a las dos guerras mundiales del siglo XX y la insurgencia de la revolución rusa.


En ese contexto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial los sectores capitalistas más conservadores se vieron forzados a aceptar, no sólo la creación de la UNESCO, sino el impulso de la masificación de la educación a escala planetaria.


Con la creación de la ONU se estructuran un conjunto de organismos especializados en las distintas áreas de gobierno e interés político, los cuales fueron delineados a partir de los acuerdos de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas (1944). En el caso de la educación se asume que la tarea central le corresponde a UNESCO, quien puede establecer alianzas en determinados casos con otras agencias dependientes del sistema de Naciones Unidas e incluso más allá.


Sin embargo, con el desembarco del neoliberalismo educativo en la década de los ochenta del siglo XX, organismos económicos globales como el Banco Mundial (BM) la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, decidieron fortalecer sus oficinas de educación y asumir un mayor protagonismo en las propuestas, diseños y orientación de las reformas educativas globales. De esa etapa hasta el presente han evolucionado adquiriendo un protagonismo central que amenaza, incluso, la continuidad de convergencia de la agenda educativa en UNESCO.


Es necesario señalar que UNESCO sigue siendo -por carencia de otro espacio mundial similar o parecido- el lugar privilegiado para expresar las tensiones entre lo económico, lo político, lo pedagógico y lo social; por ello, mantiene su carácter progresivo respecto a las instancias económicas señaladas. El creciente protagonismo en la agenda educativa de los organismos económicos globales amenaza con sustraerle a UNESCO su papel de líder en el sector, dejándole sólo protagonismo en cultura y comunicación.


Hoy en casi todos los sistemas educativos del mundo se habla de calidad de la educación como preocupación central de las reformas y el mecanismo hegemónico que se está utilizando para determinar su curso es el modelo del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o PISA (por sus siglas en inglés). PISA es diseñada y puesta en marcha por la OCDE, convirtiéndose su propuesta en el paradigma de la medición y estandarización educativa a nivel global. La direccionalidad estratégica de la política educativa suele ser decidida por el centro de poder del sistema mundo derivado del acuerdo de Bretton Woods (1944).


La bitácora de las reformas educativas se inicia en las reuniones del G7 (o G8); su memorándum activa al Fondo Monetario Internacional (FMI) quien delinea la ruta de solución a los “problemas” y transformaciones que requieren los sistemas educativos nacionales para satisfacer las demandas del modelo de producción. Estas recetas generan demandas concretas para los sistemas escolares, vistos como lugares donde se forma la mano de obra especializada y/o calificada que requiere el capital en la coyuntura.


El Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, estructuran y coordinan las políticas económicas y sociales, así como escenarios presupuestarios financieros por regiones y países, para los sistemas educativos a partir de los acuerdos del G7 (ó G8) y el FMI.


Luego, estas decisiones y orientaciones son legitimadas ante el público en general, mediante documentos, discursos, libros, declaraciones, noticias, estudios, que circulan de manera profusa en la organización y desarrollo de Conferencias internacionales, regionales, especiales, sectoriales organizadas según la magnitud de la transformación requerida, en la telaraña de instituciones pertenecientes a:


(1) el sistema de Naciones Unidas (UNESCO, FAO, UNICEF, PNUMA, entre otras);
(2) muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales;
(3) las cada día más influyentes Fundaciones Filantrópicas pertenecientes a grandes magnates industriales y financieros.

 

Los debates, acuerdos y resoluciones que acompañan esta operación son difundidos de manera profusa en formatos de noticias, estudios especializados, artículos de opinión, programas especiales de TV y radio, colecciones bibliográficas, videos, hasta en canciones y películas por parte de la industria cultural. El propósito es construir hegemonía cultural que propicie la cimentación de consenso social, respecto a la inminente necesidad de emprender cambios en una determinada dirección y sector, en este caso el educativo.


Esta dinámica permea los debates nacionales y construye “viabilidad política” para emprender los cambios: La narrativa de presentación en cada país, solía ser la propia de un clamor de la ciudadanía local, ocultando –en la mayoría de los casos- su lugar de enunciación real, la teleología del cambio propuesto y la dependencia nacional respecto a centros de poder económico mundial. Estas iniciativas que antes se imponían bajo el formato inicial de “Comisiones Nacionales de Currículo” y “Comisiones de Estado para la Reforma Educativa”; hoy suelen presentarse como “Comisiones por la Calidad Educativa” y, la narrativa que las alimenta es la de la estandarización de los aprendizajes.

 

Reformas, contrarreformas y educación publica


Las reformas y contrarreformas educativas se convirtieron en los mecanismos que expresaban las tensiones entre educación para élites y educación para todos y todas. Desde la perspectiva de los intereses del gran capital se procuró hipotecar las reformas educativas a los requerimientos del modo de producción; desde las resistencias al modelo capitalista, las reformas fueron consideradas oportunidades para avanzar en el concepto de educación pública, gratuita, popular y de la calidad incluyente.


Al analizar los procesos de reformas educativas generadas desde el surgimiento del Sistema de Naciones Unidas podemos identificar tres grandes ciclos, un número similar de operaciones de control de destino y cinco modas.


El primer ciclo fue el de la masificación de la educación. Éste aparece vinculado a la reestructuración del mundo capitalista post segunda guerra mundial; el cual demandaba mano de obra más especializada, burocracia gubernamental capaz de absorber y comunicar los nuevos códigos de gobernanza mundial y, la generación de una inmigración masiva de sectores de la población del campo a la ciudad en los países de la periferia capitalista que posibilitara la industrialización de la agricultura.


El segundo ciclo, es el de las reformas educativas neoliberales que se inicia en los ochenta con la crisis de las deudas externas, la revolución de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información y, la reestructuración económica global. El propósito de este ciclo es la promoción de la privatización y la mercantilización educativa como mecanismos para liberar al sector público de la “carga” presupuestaria que implicaba la educación pública.


El tercer ciclo, se inicia a finales de los noventa e inicios del siglo XXI; siendo éste el ciclo el de la estandarización de la evaluación de docentes y estudiantes, la expansión acelerada de la mercantilización, la virtualización de la educación y del Apagón Pedagógico Global (APG).


En este ciclo se concreta el abandono de la agenda de la educación superior o universitaria por buena parte de los organismos educativos internacionales, dejando a merced del mercado y los rankings universitarios el destino del sector. UNESCO, por ejemplo, una vez culminada la primera Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES, 1998) paradójicamente cierra su dirección de educación superior.


Por otra parte, en las últimas décadas se distinguen tres grandes operaciones de control de destino caracterizadas por: (a) la creciente centralización internacional de la agenda de reformas de los sistemas escolares nacionales, (b) la homogenización de las narrativas ciudadanas y gubernamentales respecto a la educación y, (c) la determinación del uso de los recursos del PIB y el presupuesto público en educación a través de la imposición de las llamadas “tendencias” del cambio.


En el primero de los casos se logra construir una lógica mediante la cual las Conferencias Mundiales, Regionales y/ o Sectoriales constituyen el espacio privilegiado para consensuar las rutas marco de las reformas educativas nacionales. En ese sentido se oculta el papel de la economía en la orientación estratégica de las reformas, dotando a algunos organismos internacionales del sector educación con una especie de aureola de “neutralidad” que les faculta para elaborar documentos base, permeados por la agenda económica en educación, los cuales son presentados con el lenguaje propio de los educadores y el sector educativo.


En el segundo, se logra construir un sentido común de lo educativo que tiene como rango distintivo “despolitizar” el debate en el sector. La despolitización procura ocultar la dependencia de los sistemas educativos respecto a las agendas de dominación política global. Si éstas se ocultan resulta más limitadas las posibilidades de que emerjan propuestas alternativas al modelo hegemónico de dominación, de neo colonización cultural y –como lo alerta Henry Giroux- de conformación de zombis políticos como sustitutos de la ciudadanía crítica. Un indicador claro de ello, son las dinámicas mediante las cuales los sistemas escolares fueron abandonando -progresiva y aceleradamente- - las finalidades, tareas y estrategias vinculadas al pleno desarrollo de la personalidad que les caracterizó a sus inicios.


En el tercero, se logra consensuar la determinación de un monto mínimo del PIB (6%) y del presupuesto público (20%) para el sector de educación. Detengámonos brevemente en este último aspecto. Esta conquista de carácter progresivo, que sintetizaba una aspiración histórica del magisterio y sus organizaciones sindicales para garantizar el funcionamiento de robustos sistemas escolares nacionales y la ampliación de la cobertura de la educación pública, comenzó a ser vista como una importante porción del presupuesto público por parte de las grandes transnacionales del sector y para los empresarios locales.


Cada vez más economistas, administradores, especialistas en informática, comienzan a ocupar los cargos de Ministros de Educación o sus equivalentes; en muchos casos ya ni los viceministros del sector son educadores, ni tienen experiencias mínimas de aula en los sistemas escolares.


El Foro Mundial de Educación realizado en Incheon, Corea (2015) -donde se consensuaron las metas y el Marco de Acción 2030 para el sector- contó con la casi nula presencia de docentes en comparación con el protagonismo de los directores de los organismos económicos globales, los representantes de la filantropía empresarial y grandes transnacionales del sector educativo. En este sentido, el logro más importante de este Foro que fue consensuar un monto mínimo del PIB y del presupuesto para alcanzar metas en EPT 2030, resultó ser un escenario privilegiado para allanarle el camino a las grandes transnacionales del sector tecnológico y de la medición estandarizada, quienes entienden el 6% PIB y el 20% del presupuesto público educativo, como un mercado global a disputar.


Hoy buena parte de este monto –del PIB y el presupuesto público en educación- está siendo invertido en la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia, el cual va a parar a las finanzas de las grandes trasnacionales informáticas. Otra porción es destinada a la aplicación de las pruebas estandarizadas (PISA y Ranking universitario, como ejemplos) cuyos resultados vienen prediseñados con orientaciones para las políticas públicas educativas. Crecientes montos del presupuesto educativo se destinan en compras de materiales bibliográficos a los grandes consorcios editoriales, así como a las corporaciones de alimentos que invaden el mercado de las llamadas políticas compensatorias y los programa sociales que se viabilizan a través de la educación. Finalmente, otra porción importante del PIB y el Presupuesto Público del sector se utiliza en infraestructura y actualización de las condiciones de planta física para albergar plataformas tecnológicas. Todo en nombre del necesario cambio educativo.


Paradójicamente, en momentos en los cuales se logra acordar un piso mínimo de inversión en educación, se genera una desinversión en salarios y condiciones de trabajo de los docentes y, en requerimientos que emanen de la determinación de necesidades, prioridades y aspiraciones desde las propias escuelas.


Analizados los ciclos y las operaciones de control a distancia, veamos ahora el último de los elementos: las modas educativas. Ellas se convierten en elemento discursivo central sobre el cuál gravitan las reformas educativas en cada uno de los ciclos y operaciones de control.

 

Las modas educativas que fragmentan la pedagogía


El fragmento es la herramienta ontológica y epistemológica predilecta del capitalismo para imponer su dominio. Por su parte el análisis de la realidad como totalidad y la dialéctica entre lo global y lo local, emergen como antítesis de ese proceso epistémico de dominación. Por caminos distintos a los de otros campos profesionales, la pedagogía se auto constituyó en la ciencia o la convergencia de ciencias que estudian al ser humano en su proceso de aprendizaje no limitándose a lo cognitivo, sino relacionando la organización escolar con la realidad histórica, política, económica y social concreta.


Esta comprensión de la relación entre el todo y las partes, dota a la pedagogía de perspectivas políticas no siempre compatibles con el sistema. Por ello, se inicia un proceso inducido desde esferas económicas, tanto en el magisterio como en las políticas públicas, de ruptura con la posibilidad de interpretación holística de la realidad. Las modas y “novedades discursivas acompañan y hacen “creíbles” para el público en general, las contrarreformas educativas que debilitan los avances progresistas precedentes.


Desde los años cincuenta del siglo XX las reformas dejan de hablar de las pedagogías, sustituyéndolas en distintos momentos por alguno de sus componentes como epicentro de la actividad de cambio educativo. Se habla de la importancia de trabajar un determinado fragmento de la pedagogía y se desacredita el potencial del conjunto de ellos actuando en la cotidianidad educativa. No desconozco con ello que detrás de cualquier enfoque pedagógico subyace una ontología y una epistemología política que condiciona su teleología. Lo que pretendo subrayar es el desarrollo de contrarreformas educativas que se fundamentan en modas educativas para romper cualquier posibilidad de interpretación de la realidad como totalidad.


Primero fue la moda de las didácticas (´50s), seguida de la moda de la formación de directores, supervisores y planificadores (´60s), posteriormente las modas del gerencialismo y la evaluación cualitativa (´70s). En la década de los ochenta del siglo pasado desembarca la moda educativa de más larga duración, la del currículo, la cual se instaló en los sistemas escolares durando casi treinta años, además con concepciones curriculares separatistas de las políticas y prácticas pedagógicas.


En cada una de estas modas se nos dijo que el fragmento era el epicentro de la actividad pedagógica y el elemento más importante para las reformas educativas. El común identificador de las modas educativas lo constituye, la concepción nomotética del ser humano, la invisibilización de la tríada contexto-docente-estudiante en interacción, y especialmente, la ruptura con la interpretación de la relación entre lo general y lo particular, del todo con las partes, de lo escolar con el contexto, es decir de la totalidad con lo cotidiano del hecho educativo.


Esta dinámica logró permear la estructura y el diseño organizacional de muchos Ministerios de Educación, los cuales cuentan, con direcciones de planificación, currículo, evaluación, supervisión, entre otros, pero no cuentan con una instancia organizacional que las integre; peor aún aparecen separadas administrativamente en vice ministerios distintos que no se articulan entre sí. El objetivo de romper con la mirada integral e integradora del hecho educativo fue realizado mediante la imposición de modas a partir de fragmentos de la pedagogía.


La moda más reciente es la de la evaluación de los sistemas educativos (dos primeras décadas del siglo XXI) con dos aristas centrales: la del rendimiento de los aprendizajes; limitándolo a cuatro áreas (lectura y escritura, matemáticas, tecnología y nociones de ciencia) y, de los docentes (uso del tiempo escolar, rendimiento estudiantil, mecanización de la carrera docente). En el caso de la educación superior se impone el modelo de los rankings. Se pretende ahora decir que lo importante son los resultados de estas evaluaciones y clasificaciones.


A tal punto han logrado construir hegemonía para sus propósitos que buena parte de las reformas y/o contrarreformas educativas que vienen generándose gravitan y son determinadas por los resultados de las pruebas PISA/OCDE y los rankings universitarios surgidos del tejido de sistemas estadísticos internacionales promovidos por el Banco Mundial y la OCDE.


Paralelo a las modas educativas, y con el propósito de destruir cualquier resistencia a la regresión educativa en marcha, se ha generado una renovada ofensiva contra el magisterio y la idea de planteles escolares. Estos mecanismos buscan socavar y destruir el espacio de la educación pública. Veamos las expresiones de cada una de ellas.

 

La docencia una profesión en riesgo de desaparición


La dominación y las resistencias son procesos objetivos y subjetivos, que se expresan en la realidad social, en este caso educativa. Los docentes somos actores/autores fundamentales en la construcción de ciudadanía no domesticada, interpretación científica del mundo, el aprender a aprender y el desarrollo del pensamiento crítico. Si se indaga con meridiana precisión, encontraremos que detrás de cada proyecto emancipatorio colectivo ha sido notoria la presencia de docentes, quienes coadyuvaron a abrir -desde las ideas y el ejemplo de sus posiciones- el camino. Por ello, el capitalismo desprecia tanto a los docentes.


El capitalismo ha querido arrebatar hasta la identidad a quiénes ejercen la docencia. Los apologistas del capitalismo han señalando, en distintos momentos y regiones –incluso desde paradigmas aparentemente progresistas- que, por ejemplo, no es correcto llamarse maestro o profesor. Esta línea discursiva se complementa con la que señala que “cualquiera puede dar clase y no se requiere mayor formación profesional que aquella propia de la transferencia de conocimientos” –como si la docencia y la pedagogía fueran simples tecnologías de enseñanza de contenidos- o que “la docencia es una seudo profesión de paso, es decir, para ejercerla mientras se alcanza el dominio de otra profesión de larga duración”.


Lo que está ocurriendo en muchos países donde se presentan las contrarreformas neoliberales de nueva generación (siglo XXI), no es otra cosa que un gigantesco ensayo del gran capital para aplicar la más feroz involución educativa en el plano de la educación pública con un capítulo especial en la eliminación de la profesión que lo ha caracterizado: la docencia. Si logran imponerlo en algunos países procurarán generalizarlos como nuevo modelo para América Latina y el Mundo.


Estas contrarreformas en marcha en distintas latitudes del planeta, son para el capitalismo en educación del presente, lo que en los noventa fue la Chile de Pinochet. El centro de las reformas neoliberales de nueva generación apuntan a la destrucción de la profesión docente atacando:


(a) El prestigio, la tradición y el reconocimiento social de los centros de formación profesional, especialmente aquellas caracterizadas por su perfil crítico como las normales y muchos institutos pedagógicos;
(b) la estabilidad laboral, que en las décadas precedentes había logrado un estatus singular en buena parte de las legislaciones nacionales; el Caballo de Troya que utilizan para ello son las evaluaciones docentes, la imposición de nuevos modelos de sistemas de ingreso y ascenso, el horizonte difuso de los sistemas de jubilaciones y pensiones docentes, muchos de ellos generados en la frontera de lo extra jurídico.


Paralelo a ello, en muchos lugares se está procediendo a la creación de un “ejército de reserva docente” que trabajaría por periodos cortos de 1 a 6 años, para lo cual son preparados mediante modelos Fast Track de enseñanza de técnicas básicas de transferencia de conocimiento. Finalmente, mediante el impulso de modelos de virtualización educativa.


Si no son necesarios docentes, no existe razón en las políticas públicas para financiar o poner en marcha normales o universidades pedagógicas. Para su progresiva sustitución se diseñan programas de formación docente inicial y de formación permanente de los docentes en servicio, paralelos o independientes a los que se realizan en las normales o universidades pedagógicas en la Región.


Los administradores de los sistemas educativos nacionales comienzan a aplicar el modelo norteamericano de formación docente Fast Track, cuyo rasgo más distintivo es la sustitución de lo pedagógico por tecnología de la enseñanza administrados por ahora en la mayoría de los casos, por y desde los Ministerios de Educación Nacional o sus equivalentes, pero que seguramente serán privatizados en el corto plazo;


(c) a las organizaciones sindicales autónomas del magisterio. Para ello coaptan, condicionan o desprestigian a las direcciones sindicales más patronales, persiguen a las más combativas y colocan nuevos mecanismos y obstáculos para limitar la sindicalización y las posibilidades de procesar cotizaciones sindicales. Sindicatos débiles o sumisos no serán herramientas eficaces del magisterio para resistir;
(d) el concepto de lo público, abriendo paso a la idea de mercado educativo. La profundización de las iniciativas de mercantilización y privatización educativa son crecientes, en las cuales el docente es un simple asalariado condenado a trabajar un fragmento de la mercancía educativa, objetivada en títulos.


El propósito de cada una de estas iniciativas no es otro que poder mostrar que se pueden administrar y llevar adelante sistemas educativos sin maestros(as), sin profesoras(as) y sin la profesión docente. Pero la ofensiva de las contrarreformas de nueva generación no se detiene allí. El nuevo espacio de desmantelamiento de la educación pública es el plantel y el aula como lugares de encuentro y construcción del imaginario colectivo de los sistemas escolares masificados.

 

Plantel educativo o pantalla virtual: la tecnología acecha a la escuela


Si la prospectiva planificadora de los sistemas educativos, desde la lógica capitalista, ya no requiere normales ni universidades pedagógicas porque la docencia deja de ser una profesión, el capítulo siguiente de la contrarreforma neoliberal será la destrucción del plantel escolar como espacio educativo socialmente construido para la enseñanza-aprendizaje durante los siglos XIX y XX.


La virtualización juega un papel especial en esta tarea. Un dato ilustra esta tendencia, durante el año 2014 desde el Banco interamericano de Desarrollo (BID) se promovió el modelo de enseñanza de “pirámide invertida” que en esencia y síntesis planteaba que dada la proliferación de computadores caseros y portátiles, los teléfonos celulares inteligentes y las tabletas electrónicas, así como la expansión de la internet y el wifi, estaba llegando el momento de desarrollar un modelo de aprendizaje “casero” basado en videos masivos y uniformes de enseñanza, en el cual la escuela se convierta fundamentalmente en un espacio de evaluación.


Evidentemente, ello se alimenta de la tendencia a sustituir inversión en infraestructura escolar por servicios tecnológicos -hardware y software- para mantener la expansión económica de la industria de las tecnologías de la comunicación y la información a escala global. La disputa por las partes del PIB y el presupuesto público en educación es cada vez más feroz y como en los demás campos confronta al capital nacional con el trasnacional.

 

Apagón Pedagógico Global (APG)


Todos los procesos descritos anteriormente nos han permitido señalar, desde hace ya varios años, el riesgo cierto, que en el marco de las transformaciones del capitalismo mundial del siglo XXI se genere un Apagón Pedagógico Global (APG). En la carta que el 9 de julio de 2015 doscientos treinta y seis educadores e investigadores educativos de todo el mundo le entregáramos a la señora Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, así lo alertamos. Esta tendencia a generar un APG se expresa en:


(a) la fragmentación de la pedagogía, en el impulso de modas temporales de algunos de sus componentes (didácticas, planeación, gerencialismo, evaluación, currículo, sistemas de evaluación escolar) que terminan generando una despedagogización de la educación y especialmente de la escolaridad;
(b) una desvaloración institucional y social de la profesión docente que conlleva a impulsar la idea que cualquier titulado puede ejercer la docencia, rompiéndose la noción de profesionalidad en el sector y de carrera docente e, incluso cuestionando la existencia de normales y universidades que forman docentes;
(c) un creciente discurso de desvaloración de la escuela, del centro educativo, con alternativas que golpean la noción de educación pública, como lo son la virtualización, la educación en casa o el concepto de espacios de aprendizajes como sustitutos permanentes de plantel y aula;
(d) la evaluación de aprendizajes en dos áreas cognitivas (pensamiento lógico matemático / lectura y escritura), una informativa (conocimiento sobre ciencias) y una instrumental (uso de tecnología) creando la noción que el resto de los aprendizajes son de segundo orden. Todo aquello que apunte al desarrollo integral del ser, individual y social, y la construcción de ciudadanía pasa a ser accesorio y prescindible. La estandarización de los criterios y valores de estas cuatro áreas de aprendizajes se presentan como equivalentes a la calidad educativa como aspiración ciudadana colectiva.


No es osado ni delirante plantear que de continuar esta tendencia al APG capitalista en educación, en las próximas décadas podría desaparecer la escuela y la escolaridad como las hemos conocido en los últimos siglos. El sustituto de los sistemas educativos pareciera ser una especie de apartheid educacional que llevaría la exclusión educativa a un nivel inimaginable en el presente, conduciendo a la humanidad a una barbarie civilizacional sin precedentes.
El giro economicista de las contrarreformas educativas que se está imponiendo de manera abierta y sin medias tintas, obliga a abrir un debate mundial respecto a su impacto en el corto y mediano plazo.
No es tiempo de lecturas románticas o aparentemente “despolitizadas”. Ni las reformas educativas ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son neutros y los resultados de su implementación dependerán en buena medida de la orientación política que alcance la sociedad mundial en el corto y mediano plazo.


Lo que está en juego, es el futuro de la educación pública de masas en el mundo. Es tiempo de revisar, analizar y proyectar el papel de las resistencias en la actual coyuntura de las reformas y contrarreformas educativas a escala global. Las reformas educativas que no se piensan, diseñan y aplican democráticamente con los y las docentes, terminan en dominación y conflictos para las sociedades.


Quizá sea tiempo de soñar con una organización de los educadores a nivel mundial que no esté atrapada por las lógicas de los partidos del status quo mundial ni por las trasnacionales económicas; es tiempo de pensarnos desde el protagonismo central de los docentes de aula. Las resistencias son la única garantía de una educación pública para todos y todas como camino para construir juntos otro mundo posible.

 

Lista de referencias y trabajo recientes vinculados
Bonilla-Molina, L. (2015). Calidad de la educación: Ideas para seguir transformando la educación. Ediciones CIM. Caracas Venezuela.
Bonilla-Molina, L (2016). Educación en la agenda para la elección del nuevo(a) Secretario (a) General de Naciones Unidas. Disponible en http://otrasvoceseneducacion.org/ archivos/99542
Bonilla-Molina, L. (2016). No dejemos solos a las maestras y maestros(as). (Carta a los candidatos a la secretaría general de la ONU). Disponible en http://questiondigital.com/?p=34137
Bonilla-Molina, L. (2016). La universidad Latinoamericana ¿Tiene falla de origen? Disponible en http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/101099
Bonilla-Molina, L. (2016). Universidad, apertura, cierre de carreras y programas de formación. Disponible en http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/108540
Giroux, Henry (2011). Zombie Politics and Culture in the Age of Casino Capitalism. Series: Popular Culture and Everyday Life - Volume 23- EEUU.
ONU (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education
UNESCO (2015). Replantear la educación: ¿Hacia el bien común mundial? Ediciones Unesco. París. Francia. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/ 0023/002326/232697s.pdf
UNESCO (2016). Unesco Science Report: Towards 2030. Ediciones Unesco. Paris Francia. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf

Publicado enInternacional
“La edificación de la paz es una construcción social”

El ritmo de la actual coyuntura social y política en Colombia, leída a través de los ojos de uno de los líderes nacionales que con más convicción se ha jugado por el buen desarrollo de los diálogos que tienen asiento en La Habana.

 

Cuatro años atrás, en marzo del año 2012, cuando El Polo Democrático Alternativo (PDA) estaba a las puertas de su Conferencia Ideológica, Iván Cepeda atendió una solicitud de entrevista de este mismo periódico, faltaban aún cinco largos meses para que las conversaciones para un posible proceso de paz, adelantadas de manera discreta, fueran anunciadas públicamente el 26 de agosto.

 

Aquel 21 marzo del 2012, Iván Cepeda nos dijo: Sin resolver el problema de la guerra en Colombia, el problema de la solución política, de las reformas necesarias, difícilmente podremos avanzar en temas de democratizar el país [...]. El proceso de democratización del país, el proceso de respeto pleno a los derechos humanos, requiere que resolvamos el conflicto armado.

 

Tres meses después, en junio, en conversación para el mensuario Le Monde Diplomatique edición Colombia, Iván afirmó: El tema político central de la coyuntura política nacional es saber si en Colombia habrá en los próximos meses y años un proceso de solución política del conflicto armado. Creo que ese es el núcleo en el que convergen muchísimos de los problemas más graves del país. Han madurado las condiciones para que se dé favorablemente una salida a ese conflicto. Esto significaría un cambio cualitativo, esencial en la vida política del país. La resolución del conflicto armado es una aspiración de las fuerzas democráticas que se ha frustrado una y otra vez por distintas circunstancias.

 

Han trascurrido cuatro años desde el anuncio oficial del proceso de paz entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc. Nos reunimos de nuevo con Iván Cepeda en la sede del PDA, su labor consagrada, con formidable energía y claridad, como facilitador del proceso de paz, ha sido asombrosa, y unas cuantas canas han brotado en su ensortijada y rebelde cabellera oscura.


Iván nos ha citado en el PDA, porque debe asistir a una reunión de su Comité Ejecutivo. Al fondo del salón, mientras en el país, en la región, y en el mundo se viven días cruciales, se discute aquí sí es posible o no suspender a un concejal que votó a favor del Plan de desarrollo de Peñalosa. Un sector del PDA defiende al concejal para así ganar su voto y promover la elección a la presidencia de este partido de Jaime Dussan. Las ambiciones a la candidatura presidencial destruyen proceder éticos y elegancias elementales.

 

Desde abajo –Da–: Pero vamos a lo que vinimos, y le preguntamos a Iván: ¿Cuál es el balance de estos cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y las farc?

 

Iván Cepeda –IC–: El país ha experimentado una muy estimulante actividad en materia de paz. En La Habana van llegando, de modo veloz, a un conjunto de acuerdos que representan la posibilidad cierta de cambios en lo social y en lo político. Creo que es un error subestimar los acuerdos de La Habana. Si bien no establecen transformaciones inmediatas, si abren la puerta para un conjunto de luchas sociales y de movilizaciones que van a ser determinantes en la conquista de la paz.

 

La paz hay que entenderla como una conquista de la movilización y de la lucha social y política. La paz no es una especie de regalo caído del cielo. Los acuerdos tocan temas neurálgicos: la reforma agraria, aplazada históricamente; una reforma política profunda, democrática, que no sólo le garantice a los opositores y a los movimientos sociales su vida y su acción política, sino que cambie el régimen de partidos y del sistema electoral; un cambio de paradigma en este asunto central de los problemas del país que es el narcotráfico, planteando la sustitución de cultivos como enfoque principal; y un proceso de verdad y justicia que va a constituir la posibilidad de desentrañar muchos de los asuntos negados y ocultos en la historia reciente del país.

 

La trascendencia de los Acuerdos la revela el hecho de que los sectores más militaristas del espectro político le tienen una gran animadversión. Y más allá de su perorata pública contra los Acuerdos en términos de enfrentarlos porque van a hacer que haya paz con impunidad, o porque amenazan la propiedad privada, lo que hay en realidad es un gran temor a que avance la restitución de tierras, la reforma agraria y también a que haya justicia y se esclarezcan muchos de los crímenes que son de responsabilidad de la extrema derecha.

 

Da: ¿Existe algún otro logro?

 

IC : En el último año es notable el progresivo decrecimiento de la confrontación tanto de la guerrilla de las Farc, como de las fuerzas militares. Primero, por un alto al fuego que decretaron las Farc, y después un desescalamiento del conflicto que incluyó el cese de bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, y los enfrentamientos entre sus unidades militares.

 

Entonces, no solo se han alcanzado consensos y acuerdos, sino realidades. Hay que añadir el importante acuerdo alcanzado el 30 de marzo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

 

Da: ¿En qué fase de este arduo, complejo y apasionante proceso nos encontramos?

 

IC: Se medirán ahora en las urnas el respaldo al proceso de paz y el interés y el propósito de frustrarlo. Aquí no caben equivocaciones. No puedes aceptar sofismas como el que señala que los detractores del proceso están por la paz, más no por los acuerdos. Quieren derrotar el proceso de paz y evitar los cambios que trae.

 

Hemos ingresado a la fase culminante del proceso, y pueden presentarse sobre el particular decisiones claves en días, semanas o en pocos meses.

 

Da: ¿Puedes indicar algunos de los errores cometidos en el proceso de negociación y que no deben repetirse en lo que aún falta de la misma?

 

IC: Uno de los errores o inconvenientes: privilegiar formalidades jurídicas y legales por encima de las necesidades políticas. Es evidente que las Farc han tomado la determinación de avanzar hacia una organización y un movimiento de carácter político legal. Pero eso requiere garantías. Que se evite generar incertidumbres acerca de peligros que no son imaginarios. En muchos procesos de paz han traicionado los acuerdos, y eso es un peligro, una amenaza al proceso y a los acuerdos. Es necesario que se apele, entonces, a las garantías jurídicas y políticas que aseguren el cumplimiento de lo pactado.

 

Da: No deja de sorprender la reunión de diversas fuerzas sociales y políticas para apoyar el sí al proceso de paz. ¿Podríamos percibir en ello una prefiguración de un porvenir trenzado en la comunicación y la cooperación de las vetas de honestidad que han sobrevivido a la dinámica de degradación impulsada por la economía ilegal y la prolongada confrontación?

 


IC: El proceso no es simplemente un cambio en términos humanitarios, aunque lo es. El proceso implica una serie de transformaciones en el orden político, social y cultural.

 

Podemos asistir, como ha ocurrido en otros procesos de paz, a una especie de irrupción de factores políticos y sociales novedosos que democratizan realmente la sociedad. La edificación de la paz es una construcción social. Colocarle punto final a la guerra entre Gobierno y Farc va a significar un conjunto de hechos políticos novedosos, revolucionarios. En sí mismo el proceso de paz puede ser una revolución democrática. Nuevos sujetos políticos y nuevas voces, programas y formas de hacer política surgirán.

 

Por esto es por lo que los opositores rechazan el proceso de paz, porque la guerra favorece las peores formas de autoritarismo, de sojuzgamiento de la protesta y de la movilización social, las formas más corruptas y violentas de acumulación de riqueza y poder, la estigmatización total de cualquier persona, comunidad y colectividad que quiera un cambio. Lo que temen es que este orden sea alterado.

 

Da: Conoces, como pocas personas, la intimidad de este proceso, ¿falta mucho para el acuerdo final?

 

IC: La agenda de La Habana es ambiciosa, y aún quedan asuntos pendientes en los que hay que adelantar, por ejemplo, avanzar en lo correspondiente a las garantías de los demás acuerdos; en las reglas de juego para terminar la guerra; en cómo se implementarán los acuerdos –de una manera fiel al espíritu de los acuerdos–. No son cosas menores.

 

Sabemos que hay intereses en acelerar las negociaciones, y que hay estrategias de negociación implícitas, pero también es necesario no perder de vista que la política tiene temporalidades.

 

Da: ¿Afecta el devenir nacional e internacional esta fase culminante del proceso de paz?

 

IC: Las temporalidades políticas tienen comienzo, discurrir y cierre. Las coyunturas políticas cambian, también los contextos internacionales. Vemos por ejemplo al gobierno de los Estados Unidos que vive una serie de cambios con carácter transformador. Me refiero al acercamiento en sus relaciones con Cuba, el respaldo al propio proceso de paz en Colombia.

 

Pero el día de mañana no sabemos quién pueda llegar a la Casa Blanca. Existe el peligro cierto de que llegue a la presidencia alguien que abraza las posiciones más demenciales.

 

También es necesario tener en cuenta el entorno regional, que va cambiando. Y este es un factor que tiene peso en la vida política colombiana. Todo lo que pase en Venezuela, por ejemplo, tiene repercusión inmediata en la frontera y en nuestro país. Y viceversa.

 

También hay cambios en la política nacional. Tenemos un Gobierno que está sufriendo un desgaste evidente, no sólo en las encuestas, sino en su sustento político y económico.

 

Lo alcanzado en La Habana ha permitido derrotar a las fuerzas que quieren que el tiempo juegue a su favor. Fueron derrotados en el año 2014, se les está derrotando ahora, y así sucederá, estoy seguro, en el plebiscito.

 

Pero esto puede cambiar también. Y hay interpretaciones en todo el espectro político, derecha e izquierda, que relativizan y trivializan de una manera preocupante estos factores que es necesario no soslayar.

 

La próxima legislatura

 
Da: Es predecible que para darle forma a los acuerdos el legislativo tome cartas en el asunto, ¿Se avecina una avalancha legislativa?

 

IC: Vienen muchas leyes y reformas constitucionales para desarrollar los acuerdos. Lo importante, he insistido, es que ese proceso sea hecho de una manera bilateral. Que no se convierta en una expresión nueva del unilateralismo, y la visión de sectores particulares de lo que debe ser la paz.

 

El mecanismo previsto determina que los proyectos de ley y las reformas constitucionales estarán sometidos a un procedimiento especial que recorta los tiempos del trámite, que tiene un control especial de constitucionalidad. En especial se establece la garantía de que los proyectos de ley, y las reformas constitucionales, no podrán ser alterados en el trámite; o se aprueban, o no se aprueban. Pero no pueden ser decorados o reformados a gusto del legislador. Es el gobierno el que presenta los proyectos, pero hemos dicho que debieran ser previamente consultados con la contraparte en la mesa de negociaciones.

 

Da: Pero esto no está aprobado aún...


IC: Es parte de la negociación del punto sexto, que trata de la implementación de los acuerdos. Punto que, entre otros temas, trata el desarrollo normativo y legislativo de los acuerdos.

 

Da: Nadie ignora que las elecciones presidenciales del 2018 tienen una enorme importancia para el desarrollo de los acuerdos de paz. Sin embargo el escenario político, hasta ahora, revela una atomización de las fuerzas sociales y política, de izquierda y democráticas en general, ¿cuál es tu consideración sobre este ámbito?

 

IC: Asistimos durante los últimos 5 años a una fase de ascenso de la movilización social y de progresiva irrupción de nuevos actores políticos. También de procesos de convergencia en el plano de las luchas sociales. Por ejemplo, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, la Mesa Amplia, Nacional y Estudiantil, el Movimiento Nacional Carcelario.

 

En el mundo político de la izquierda hemos tenido debates, discusiones, rupturas, pero también convergencias. Veo un mundo de la izquierda y de los movimientos sociales muy dinámico, en el que están apareciendo nuevos factores. Han surgido la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, dos movimientos muy representativos del mundo rural, del campesinado, de los indígenas, y afrodescendientes.

 

Da: Hay nuevos actores sociales, hay pluralidad, pero también hay dispersión, y tal realidad asegura la imposibilidad de participar de una victoria electoral a favor de la paz en el 2018; se mantienen rivalidades e incomunicaciones hasta los umbrales temporales críticos....

 

IC: Hay necesidad de convergencia y de una muy amplia y muy audaz política de alianzas porque las elecciones del 2018 deben garantizar el cumplimiento de los acuerdos con las Farc y, ojalá, con el Eln, o sino la continuidad de las negociaciones que estén llevando a cabo. Así que el gobierno del 2018 es un gobierno con inmenso significado en el devenir del país.

 

Da: ¿Cómo has podido mantener este despliegue formidable de energía para contribuir a sacar adelante este arduo proceso?

 

IC: Por la conciencia del significado político del proceso. No se trata de cualquier asunto, es el problema neurálgico de nuestra vida política, sin cuya solución es imposible pensar en otras posibilidades. Si en los años sesenta, setenta, se identificó la acción armada como una posibilidad de transformación, hoy debemos pensar, seriamente, que es través del ejercicio de una insurrección civil, civilista, que lograremos los cambios.

 

Por una razón muy sencilla, es del lado del modelo neoliberal, del lado del capital, que está hoy la violencia como herramienta que garantiza su supervivencia. Este modelo quiere llevar a la humanidad a esa circunstancia de guerra, de destrucción del ser humano, de acción del terror. Es el ingreso a un estadio de guerra regular o irregular permanente. Refugiados, crispación, inmolaciones, todo esto nos debe poner a pensar.

 

La salvación de la humanidad está unida a ideales y formas de concebir la acción política ligada a la ecología, la derrota de la pobreza, y a la derrota del militarismo, en Colombia y en el mundo.

Publicado enEdición Nº227