MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Lunes, 23 Noviembre 2015 06:23

Agotados, modelos de gobiernos progresistas

Agotados, modelos de gobiernos progresistas

A Boaventura de Sousa Santos, estudioso de los procesos sociales y políticos de Latinoamérica, le preocupa la incertidumbre que se cierne sobre nuestra región, ahora que el ciclo de gobiernos progresistas que impulsaron un profundo cambio en Sudamérica la década anterior entra en crisis. "Sí –afirma–, hay claros signos de agotamiento del modelo. Argentina y Brasil lo demuestran claramente."


En una entrevista realizada en Colombia pocos días antes de los comicios argentinos, el sociólogo portugués, impulsor del Foro de Sao Paulo en los años 90 y catedrático de la Universidad de Coimbra, ya ubicaba las dificultades que tenía que remontar el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner para salir victorioso en las elecciones. Y no lo logró. Pero no sólo es Argentina. Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia están en la misma curva de retroceso, según su análisis.


Para explicar el agotamiento de esos modelos de desarrollo, cada uno con características propias, el ensayista y autor de una veintena de obras sobre la globalización y los movimientos sociales, particularmente los latinoamericanos, se remonta a su origen. Los gobiernos sudamericanos, recuerda, llegan a la primera década del siglo XXI con un impulso brutal del neoliberalismo, marcados por desigualdades profundas. Pero también por movimientos de resistencia muy fuertes.


"No es por casualidad que organizamos en Brasil el Foro Social Mundial, que es una emergencia de luchas: el levantamiento zapatista, las batallas por el agua en Cochabamba y muchas otras. Y al mismo tiempo gobiernos progresistas van ganando elecciones. El primero fue Hugo Chávez. Con estos procesos se crean nuevos marcos constitucionales, algunos bastante rupturistas. Además, Ecuador y Bolivia introducen algo muy nuevo, con una marca indígena, conceptos como el suma qamañay, sumak kawsay (buen vivir) y pacha mama (madre tierra). Hubo voluntad política y un constitucionalismo transformador desde abajo, que no era de las élites ni de la clase política."


Una oportunidad histórica que se aprovechó


Pero, agrega, los cambios económicos no fueron tan profundos como se requería. También pesó, naturalmente, el contexto global: Hubo lo que podríamos llamar un relajamiento de la tutela imperial, por el involucramiento de Estados Unidos en Irak. Y esto lo aprovecharon las fuerzas progresistas. Pero en 2009 supimos que el imperialismo estaba de vuelta con el golpe de Honduras contra Manuel Zelaya; le siguió Paraguay, y ahora otras formas de intervención, los llamados golpes suaves.


Paralelamente, China irrumpe como potencia global, sedienta de recursos naturales. Los gobiernos progresistas vieron que vender a China sus abundantes recursos naturales era una forma de no entrar en confrontación con el modelo neoliberal.


En resumen, no hubo ruptura. De Sousa Santos recuerda la carta que Lula da Silva escribió a los brasileños cuando ganó la presidencia por primera vez, en 2003. Aseguró que iba a mantener todos sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.


El crecimiento que vivía su economía lo permitía. Aprovechó la oportunidad histórica de mantenerse en el poder y hacer una redistribución social sin precedente. Se crearon clases medias que no había, se aceleró el mercado interno. Pero esa misma oportunidad histórica no fue aprovechada para regular el capital financiero.


Agrega que en ese periodo, desde México hasta Argentina, aumentó el número de millonarios año tras año. Los bancos nunca ganaron tanto. La diferencia fue que en los países con gobiernos progresistas se desarrollaron políticas sociales sin precedente. Y en los otros (México y Colombia, principalmente) no.


Otros países plurinacionales, como Bolivia y Ecuador, desarrollaron otra contradicción en su seno. El Estado nacional penetró como nunca antes en todo el territorio. Pero al mismo tiempo la Constitución pluricultural que ellos impulsaron llegó a estorbarles.


Pone de ejemplo el caso del Yasuní ecuatoriano, reducto amazónico prístino, no tocado por la civilización, y con un riquísimo yacimiento petrolero por debajo. La nueva Constitución se propuso dejar el petróleo bajo tierra si las economías industrializadas pagaban 50 por ciento de la renta petrolera que el Estado iba a dejar de recibir por mantener la selva virgen. Era una idea totalmente revolucionaria. El problema es que en el fondo siempre fue un plan B, porque el plan A fue, y es, seguir con la explotación petrolera. Lo que pasó es que se impuso la necesidad de seguir con la redistribución social, y para lograrlo el gobierno profundizó el modelo neoliberal de acceso a los recursos. Esto significa expulsar campesinos, reprimir protestas, contaminar aguas. Y eso se está haciendo en todos lados.


Oportunidad histórica que se desaprovechó


En suma, es una contradicción de un modelo de carácter nacionalista con un modelo neocolonial. América Latina sigue cumpliendo la función que le asignó el sistema colonial, que es producir recursos naturales, y si acaso mano de obra.


Esta contradicción, agrega, no se notó mientras hubo la demanda china. Pero eso terminó y China tuvo que hacer cambios, devaluar su moneda, proteger su mercado interno, y disminuyó su necesidad de productos naturales. El precio del petróleo no baja de un día para otro en 50 por ciento. Nuestros países tomaron entonces el camino del endeudamiento.


Hubo otra oportunidad desaprovechada por los gobiernos progresistas, según De Sousa Santos: Transformar a sus países en la especialización industrial, lo que llamamos el post extractivismo, para no depender de los recursos naturales. Eso no se hizo. Y ahora no hay demanda. Por eso es extremadamente difícil mantener este modelo. Y la derecha, que es revanchista, está resurgiendo de manera muy fuerte. Es una derecha oligárquica, golpista, muy agresiva.


–Otros países no pasaron por el llamado ciclo progresista, México y Colombia de manera particular. ¿Su mirada sobre la situación mexicana?


–A México lo veo en un contexto más amplio, el de los tratados de libre comercio. Primero fue el TLCAN y ahora el Transpacífico. Son procesos que a la larga van a debilitar a los países menos fuertes y van a crear estados fallidos en cadena. Esto va a ocurrir porque los mecanismos de control mínimo de cohesión social van a ser atacados por este tipo de acuerdos.


–¿Qué queda de esos grandes movimientos sociales que llevaron a Evo Morales, a Rafael Correa, a los Kirchner, a Lula, a sus victorias electorales?


–Tuvieron un papel determinante. Pero yo diría que luego se durmieron. Perdieron vitalidad, dejaron de presionar. Lograron conquistas importantes. No las minimizo. Pero creyeron que teniendo amigos en el poder ya no tenían que seguir luchando. El problema es que se confundieron: tener un amigo en el gobierno no es lo mismo que tener un amigo en el poder. Y dejaron de presionar.


Otra cosa que ha faltado es la reforma política de fondo. No hubo una política de ciudadanía, sino una de integración para el consumo. Y eso llevó a que en breve los ideales de esas clases populares pronto se convirtieran en los ideales de las clases medias. A las oligarquías eso no les gustó. Las nuevas clases medias, con expectativas muy altas, quieren más. Y no hay más. Hubo más universidades públicas, pero los servicios universitarios no crecieron. Hubo más unidades habitacionales, pero los servicios públicos no mejoraron. De este modo los gobiernos progresistas fueron perdiendo su base social de apoyo.


–¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo revertir la derechización?


–Los pueblos a veces nos sorprenden. Los portugueses no podíamos imaginar en 1974 la revolución de los claveles. Hoy mismo, en Colombia, con este proceso de paz, que es la buena noticia del continente, puede permitir una recomposición de fuerzas. En México, Morena es una opción interesante. Y si no hubiera fraude en México, quizá podríamos ver un cambio.

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Domingo, 22 Noviembre 2015 06:09

Los muchos brasiles

Los muchos brasiles

Brasil es una potencia mundial importante –en términos de tamaño, población e influencia. No obstante, de muchas maneras es una combinación de tan diferentes y contradictorias facetas que es difícil para cualquiera, incluidos los mismos brasileños, saber cómo definir las características de Brasil como nación y fuerza en el sistema-mundo.


En la actualidad el rostro más importante de Brasil es el Brasil de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) y su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Después de tres infructuosas carreras por la presidencia, Lula finalmente ganó en 2002. La elección de un líder sindical de orígenes humildes como presidente representó, cuando menos, la penetración social de una persona y un partido que desafiaron las jerarquías sociales incrustadas en el sistema político.


Lula y el PT prometieron básicamente dos cosas. La primera fue elevar de un modo significativo el ingreso real de los sectores más pobres del país. Y logró hacer esto mediante su programa de Fome Zero (Hambre Cero). Éste se conformó por un complejo de programas federales de asistencia destinados a la eliminación del hambre en Brasil. Incluyó notablemente la Bolsa Família (Bolsa de la Familia), así como acceso a crédito y a aumentos en el salario mínimo.


La segunda promesa fue rechazar las políticas neoliberales de sus predecesores y el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos al Fondo Monetario Internacional.


Casi de inmediato, Lula cambió su posición. Nombró como ministro de Finanzas y como presidente del Banco Central a dos personas comprometidas precisamente con las políticas neoliberales y particularmente con la promesa hecha al FMI de mantener un cierto excedente primario de ingresos, que es la porción de los ingresos gubernamentales que no se gasta. Este tipo de política macroeconómica reduce los fondos disponibles para inversiones sociales. Su alardeada virtud es la de estabilizar los gobiernos y evitar la inflación. El FMI exigió de Brasil que mantuviera un excedente de 4.25 por ciento. En la presidencia de Lula, el excedente creció más que nunca a 4.5 por ciento.


Las políticas mixtas de Lula existían dentro de la particular cultura política de Brasil, país con gran número de partidos políticos, ninguno de los cuales excede de la cuarta parte de los escaños en el Parlamento. La cultura política de Brasil hace casi normal que los individuos y aun partidos completos den virajes en sus alianzas con gran frecuencia. Meramente buscan poder e ingresos. Una de las formas en que Lula y su partido se mantuvieron en la cumbre fue el mensalao (las mensualidades pagadas a los miembros de la legislatura. Es probable que el nivel de corrupción de Brasil no sea realmente mayor que el de la mayoría de otros países, pero los rápidos virajes en las alianzas legislativas han hecho esto mucho más visible.


Luego está el Brasil como fuerza geopolítica, el Brasil del BRICS –grupo de cinco economías llamadas emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuya fortaleza se basa en elevar los precios mundiales de las mercancías de exportación básicas. De pronto hubo nueva riqueza en Brasil (como en otros países del BRICS), hasta que colapsó el precio de esas mercancías básicas. Hoy parecería que, económicamente, así como les llegó fácil, así se fue.


Sin embargo, BRICS fue más un intento por incrementar la acumulación de capital. Fueron un intento por afirmar su fortaleza geopolítica. Aquí también hubo inconsistencias. Por un lado, Brasil se volvió la principal fuerza en intentar (en la primera década del siglo XXI) construir una unidad de América Latina y el Caribe independiente de Estados Unidos y de las estructuras que éste ha construido para controlar América Latina. Éste fue el Brasil que encabezó la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y de alojar ahí a países tan disparados políticamente como la Venezuela de Hugo Chávez y la Colombia de Juan Manuel Santos.


El Brasil que fue campeón de la autonomía de América Latina fue también el Brasil que buscó imponerse de muchos modos a sus vecinos, notablemente a Argentina. Fue también el Brasil que deseó crear un grupo lusófono que sirviera a sus intereses económicos. Fue también el Brasil cuyos vínculos más cercanos con China (a través de BRICS ) no se situaban en una estructura de iguales geopolíticos.


Hoy todos esos diferentes brasiles se mueven hacia implosiones internas. La sucesora de Lula como presidenta, Dilma Rousseff, ha tenido un catastrófico descenso en popularidad durante el año anterior. Lula mismo perdió algo de su postura, alguna vez intocable. El régimen está siendo amenazado por un enjuiciamiento a Rousseff. Hay rumores de que el ejército está considerando un golpe de Estado. La negación de tal posibilidad por parte del jefe de las fuerzas armadas parece en sí misma una cuasiconfirmación de tal rumor.


Sin embargo, no hay una clara alternativa, lo que hace del enjuiciamiento y del golpe militar algo poco probable. Decir que hay muchos brasiles es decir algo que puede decirse de muchos países, tal vez de casi todos. Pero de alguna forma eso parece más así en Brasil. Valiente será aquel analista que prediga el Brasil de 2016 o 2017. Pero aunque los detalles exactos sean impredecibles, las fuerzas de Brasil pueden continuar haciendo de Brasil un locus clave del poder mundial.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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Colombia necesita una reforma tributaria integral para impulsar la inversión y diversificar la economía, afirma la OCDE

19/01/2015 - Según el último Estudio Económico de Colombia elaborado por la OCDE, la economía colombiana ha tenido un desempeño extraordinariamente bueno durante la última década, situándose consistentemente entre las economías más dinámicas de América Latina, pero hoy en día necesita una reforma tributaria integral que fomente la inversión y la diversificación de la economía para que el país pueda situarse en la senda hacia un crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo.

La OCDE identifica una serie de políticas que resultan fundamentales para el futuro crecimiento del país y para reducir los altos niveles de desigualdad de ingresos. Es necesario implantar una reforma tributaria integral para que el sistema tributario resulte más favorable a la inversión, más eficiente y equitativo, mientras que una reforma del sistema pensional podría reducir la pobreza en la tercera edad. Asimismo, el Estudio indica que impulsar la inversión en infraestructuras —mediante el cumplimiento de la cuarta generación (la denominada 4G) de concesiones viales promovida por el gobierno— y dotar de mayor eficacia a las inversiones subnacionales son también prioridades claves.

El Estudio, presentado en Bogotá por Alvaro Pereira, Director de Estudios País del Departamento de Economía de la OCDE, Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y José Uribe, Gerente General del Banco de la República, pone de relieve que se prevé que la economía de Colombia crezca en valores cercanos al 4,5% en los próximos años, a pesar de unas condiciones externas menos favorables.


"La economía colombiana ha mostrado una solidez y un dinamismo extraordinarios en los últimos años, pero la caída de los precios del petróleo y del carbón constituye un importante desafío para poder sostener el crecimiento," afirmó Álvaro Pereira. "Mientras que la reforma tributaria de 2012 tuvo efectos muy positivos sobre la creación de puestos de trabajo formal, y la ley tributaria de diciembre 2014 también representa un paso en la dirección correcta, se requiere de más medidas ahora. Una reforma tributaria integral puede aportar el impulso necesario al crecimiento y a la inversión para diversificar la economía, reducir aún más la informalidad laboral y mejorar el bienestar de todos los colombianos."

La reforma tributaria debe abordar las elevadas tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas, el IVA sobre los bienes de inversión y el impuesto sobre el patrimonio neto de Colombia, los cuales perjudican a la inversión, según indica la OCDE. El Estudio recomienda reducir gradualmente la tasa del impuesto sobre la renta corporativa y que se amplíe la base impositiva de este tributo, de manera que aumente así el número de empresas que pagan impuestos.

El fortalecimiento de la administración tributaria y el aumento de las sanciones contribuirán a reducir la evasión de impuestos. El análisis efectuado por la OCDE muestra que una reducción del 50% en el IVA y en la evasión tributaria de las empresas podría aportar unos ingresos adicionales de más de 15 billones de COP (8.000 millones de USD). Esta recaudación adicional podría ayudar a financiar inversiones sociales y en infraestructuras, así como parte de los costos de implementación de un futuro plan de paz.

El Estudio también indica que Colombia puede hacer que su sistema tributario sea más respetuoso con el medio ambiente —introduciendo un impuesto sobre el carbono— y más equitativo —reduciendo las generosas exenciones y deducciones del impuesto sobre la renta personal, que benefician fundamentalmente a los contribuyentes más adinerados— sobre todo en relación con las elevadas pensiones y los dividendos.

La OCDE también recomienda reformar a fondo el sistema pensional para reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera edad. En torno a dos terceras partes de esta franja de población no dispone de ningún tipo de pensión en la actualidad, mientras que la prestación social mínima para la tercera edad se sitúa por debajo de la línea nacional de pobreza.

Las reformas pueden garantizar que la población de la tercera edad disponga de una pensión decente y al mismo tiempo mantener unas sólidas finanzas públicas. Asimismo, la OCDE apoya la ampliación de los criterios de admisibilidad del programa Beneficios Económicos Periódicos, así como el aumento de los niveles de cobertura y de prestaciones del programa de protección social Colombia Mayor. Además, reformas que reduzcan la informalidad laboral, tales como invertir más en habilidades y reducir los costos laborales no-salariales, pueden ampliar tanto la cobertura como la financiación de estos programas.

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Viernes, 20 Noviembre 2015 06:23

Un nuevo fantasma, el desalojo

Un nuevo fantasma, el desalojo

La batería de reformas en Grecia prevé, entre otras cuestiones, que los deudores que no afronten sus créditos hipotecarios pierdan su vivienda. A cambio, el gobierno de Tsipras recibe un desembolso del rescate.

Grecia dio un paso más hacia el ajuste. El Parlamento heleno aprobó ayer una nueva batería de reformas, que incluye una polémica ley de ejecuciones hipotecarias, a cambio de un desembolso del rescate y de fondos que serán destinados a recapitalizar la banca. Las iniciativas prevén, entre otras cuestiones, que los deudores que no afronten sus créditos hipotecarios pierdan su vivienda. Sólo el 25 por ciento de los griegos socialmente más desfavorecido estará protegido de una posible confiscación de su casa. El paquete de medidas fue apoyado por 153 de los 155 parlamentarios que integran el bloque oficialista, 137 votaron en contra y 10 legisladores estuvieron ausentes. Un representante del partido populista de derecha Griegos Independientes (Anel), que votó en contra, y otro del partido Syriza de Alexis Tsipras, que se mantuvo alejado del debate, fueron los dos legisladores díscolos que decidieron no acompañar la iniciativa. Luego de la votación, ambos fueron separados de sus bancadas.


El paquete de medidas aprobado ayer resulta altamente controvertido: por primera vez luego de una moratoria lanzada hace cinco años, contempla la posibilidad del desalojo compulsivo. Luego de asumir su segundo mandato de gobierno, Tsipras prometió mantener la ayuda frente a los desalojos, al menos, para el 72 por ciento de los griegos que cargaran con hipotecas y no pudiesen atender sus compromisos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado esta semana con la troika de acreedores –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional– sólo contempla protección absoluta para propietarios con ingresos muy bajos, que constituyen cerca del 25 por ciento de la cartera de hipotecas morosas.


Se trata de personas con ingresos anuales brutos que ascienden a 8180 euros en el caso de los griegos solteros, 13.917 euros para los casados sin hijos y 20.639 euros para familias con dos hijos. Los afectados podrán acceder a un subsidio para hacer frente a sus obligaciones bancarias. El paquete aprobado incluye además algunas enmiendas sobre el pago a plazos de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, y la imposición de un gravamen a los juegos de azar y al vino de 15 centavos por litro. Las dos últimas son medidas alternativas a la imposición de un IVA del 23 por ciento en la enseñanza privada, decisión acordada inicialmente en el primer rescate, que desencadenó una ola de protestas.


De la aprobación de estas reformas dependía el desembolso de un tramo de 2000 millones de euros del rescate y de 10.000 millones de euros destinados a la banca, desbloqueo crucial para concluir antes del 31 de diciembre el proceso de recapitalización financiera y evitar quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros, en caso de crisis bancaria, como contempla la normativa europea que entra en vigor a partir del 1º de enero de 2016. El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dijo que se negoció bajo presión. "En verano la presión era el Grexit. En otoño era la recapitalización de la banca", dijo Tsakalotos. Y aseguró que lo primordial es que el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta, que empieza con la recapitalización de la banca, continúa con el cierre de la primera evaluación y concluye con el debate sobre la deuda.


El diputado de Syriza Gavriil Sakelaridis renunció después de adelantar que no iba a contribuir a que se aplicase la política gubernamental. El ingreso del viceministro de Interior, Nikos Toscas, en lugar de Sakelaridis, permite a Tsipras deshacerse de los remanentes díscolos que existen en Syriza. La oposición acusó a Tsipras de engañar a los ciudadanos. "La ley demuestra que todo lo que prometía Syriza sobre la protección de la primera vivienda era una mentira para aferrarse al poder", dijo Vangelis Meimarakis, del conservador Nueva Democracia.

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El G20 admite que sus medidas no bastan para reactivar el crecimiento

La cumbre de Antalya, la décima que celebra el G20, no se recordará por la aprobación de nuevas medidas para resteñar las heridas que ha dejado la crisis financiera en la economía mundial. Más al contrario, el comunicado final de la cumbre, que acabó este lunes, admite que el crecimiento económico mundial es "desigual y continúa por debajo de nuestras expectativas". También, que los países ricos y emergentes reunidos en este foro, deben "hacer más", aunque nada de lo expuesto en el texto suponga un cambio sustancial sobre decisiones ya en marcha.


El año pasado, en Brisbane (Australia), los países del G20 recopilaron las reformas que piensan llevar a cabo para añadir dos puntos porcentuales a su crecimiento en 2018. Los organismos internacionales que supervisan este objetivo (FMI, OCDE y Banco Mundial) coinciden en que más de la mitad de esas reformas ya se han llevado a cabo, pero su impacto en la evolución de la economía mundial se antoja muy escaso frente al frenazo de China, el efecto de la caída de las materias primas en los países emergentes, o las dificultades de Europa para retomar el crecimiento. En 2015, según el FMI, el PIB mundial apenas crecerá un 3%, frente al 3,4% del año pasado. Y, así, la reducción del paro se hace más difícil.


El más claro fue el presidente de China, Xi Jinping, que emplazó al resto de líderes del G20 a encontrar con urgencia nuevas fuentes de crecimiento económico, porque a pesar de que la crisis financiera ha terminado, la recuperación es muy débil y no asegura una nueva era de prosperidad mundial. "Es una etapa marcada por la transición", terció la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien enfatizó que los países deben acelerar las medidas previstas en Brisbane.


El comunicado final refleja también el recelo de las economías emergentes por cómo los mercados digieran que los caminos de la Reserva Federal de Estados Unidos (ultima una subida de tipos) y el Banco Central Europeo (que pretende relajar más su política monetaria) se separen cada vez más. El texto insta a "calibrar y comunicar claramente las grandes decisiones de política monetaria, para mitigar la incertidumbre y minimizar efectos negativos".


Como estaba previsto, los gobiernos representados en Antalya han asumido las recomendaciones para evitar que las multinacionales eludan el pago de impuestos. El G20 encargó en 2012 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que coordinara una revisión de las normas sobre fiscalidad de empresas y estableciera propuestas de reforma para lograr que las grandes compañías tributen más.


Según las estimaciones "prudentes" de la OCDE, los vacíos legales, artificios contables e incentivos fiscales que aprovechan las multinacionales para reducir los beneficios sujetos a tributación o desplazarlos a paraísos fiscales o países que les permiten pagar muy poco, se traducen en unas pérdidas de recaudación de hasta 230.000 millones de euros cada año en el mundo solo en el impuesto de sociedades.


Las recomendaciones de la OCDE no son de obligado cumplimiento, pero algunas sí serán aplicadas de forma casi inmediata. Así, sus propuestas cambian las directrices sobre precios de transferencia (como evaluar las relaciones económicas entre una multinacional y sus filiales para que reflejen la actividad real y no rebajen la factura fiscal) y establecerá en 2016 un instrumento multilateral para que los cambios necesarios en los convenios bilaterales no tengan que negociarse país a país.
Entre las propuestas más destacadas, están esos nuevos criterios para adaptar los precios de transferencia a la actividad real y la exigencia a las multinacionales de que entreguen a las autoridades fiscales información sobre como los elaboran. También tendrán que suministrar a las administraciones tributarias un informe para esclarecer, país por país, "donde se localizan beneficios, ventas, empleados y activos, así como donde se pagan y devengan impuestos". La OCDE cuenta con que el intercambio de esos informes país por país sea efectivo a partir de 2017.


También se aconseja revisar la estructura de los convenios fiscales, para evitar que las multinacionales busquen la aplicación del convenio más favorable, se plantea una nueva definición de "establecimiento permanente" -por ejemplo, si una empresa como Amazon tiene en un país un gran almacén con trabajadores para distribuir productos vendidos por Internet, tendrá que tributar por la actividad generada en ese centro-, que no estará lista hasta 2016. Se aconseja limitar las deducciones por gastos en intereses a un porcentaje de su beneficio de explotación. Se obliga a intercambiar información sobre los acuerdos para dar un trato fiscal ventajoso a ciertas multinacionales (como el tax ruling de Luxemburgo). Y se recomienda que varios países modifiquen regímenes fiscales que facilitan una rebaja tributaria para incentivar un determinado tipo de gasto (en I+D, por ejemplo), que luego no se produce allí.


"Es un primer paso, pero también una oportunidad perdida", lamenta Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam, quien recuerda que el impulso para estas reformas vino de una "tormenta perfecta", al unirse la publicación de escándalos tributarios de multinacionales con la crisis financiera y la necesidad de los Estados de aumentar la recaudación. "En muchos aspectos se queda corto, los países en desarrollo se sumaron tarde a un debate crucial para ellos, cuando la agenda ya estaba marcada, y no hay previsto ningún instrumento para obligar a cumplir las normas".


Una comisión de expertos (ICRICT, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran el economista colombiano José Antonio Ocampo, la jurista francesa Eva Joly o el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, apoyada por grandes ONG como Oxfam, han identificado lo que considera puntos débiles de la reforma. Así, el informe de las multinacionales país por país no se divulgará de forma pública y no hay ninguna disposición sobre un tipo mínimo común en el impuesto de sociedades. El ICRICT lamenta también que se haya arrumbado la propuesta de fusionar los beneficios globales de las multinacionales para luego distribuirlos por países, a efectos impositivos, según la actividad económica realizada en cada uno de ellos. Y que los países occidentales echaran abajo la propuesta para que un organismo mundial, en el ámbito de la ONU, supervise y denuncie "los efectos de la competencia tributaria desleal".


La cumbre de Antalya sirvió además para subir otro escalón en la reforma financiera en la que el G20 lleva cinco años inmerso. Los presidente de Gobierno y jefes de Estado de las principales economías mundiales dieron el visto bueno a las nuevas reformas acordadas en el Consejo de Estabilidad Financiera. La más importante de ellas, la que exige a las 30 principales entidades mundiales (y que se replicará a escala europea) que dispongan de deuda emitida e instrumentos híbridos de capital suficientes como para asumir pérdidas equivalentes al 18% de sus activos ponderados por riesgo antes de 2022.


El nuevo objetivo, que se superpone a los requisitos de capital de máxima calidad (hasta un 9,5% en acciones y reservas para las mayores entidades), pretende minimizar la posibilidad de que un gran banco entre en crisis, y sobre todo, asegurar que hay opciones de que su rescate lo financien sus accionistas y acreedores, y no el dinero público como ocurrió en los últimos años.
Ante las nuevas medidas, el presidente del BBVA, Francisco González, que asiste en Antalya a un foro paralelo con grandes empresas, pidió el domingo al G20 que se tome "una pausa en la regulación del sector financiero para calibrar su impacto en la economía". Y abogó porque los gobernantes se focalicen ahora en impulsar el crecimiento.


Las palabras de González trasladan un recelo creciente en la banca, que ve cómo el énfasis en la estabilidad financiera les pone en una posición menos ventajosa respecto a otras entidades, como los fondos de gestión de activos, con gran protagonismo en las relaciones financieras en los mercados, pero menos exigencias de supervisión. En su informe al G20, el Consejo de Estabilidad reconoce que las reformas para hacer más consistente y transparente a la llamada "banca en la sombra" van con retraso, y que las que ya se aplican, como las que someten la compraventa de productos derivados a un sistema centralizado para dar cuenta del intercambio, tienen un seguimiento desigual.

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Primera huelga general en Grecia contra la austeridad de Tsipras

El izquierdista Alexis Tsipras se enfrentó este jueves a la primera huelga general desde que fuera elegido primer ministro de Grecia el pasado enero con la promesa de acabar con la austeridad. Una protesta convocada contra la continuidad bajo su gobierno de las políticas de recortes exigidas por los acreedores europeos y que, como es habitual en el país mediterráneo, tuvo un seguimiento muy desigual: amplio en el sector privado, muy reducido en el privado.


La combatividad mostrada en años anteriores por las principales centrales sindicales griegas –con una media de cinco huelgas generales al año entre 2008 y 2014– se había atenuado con la llegada al poder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) y, a excepción de un paro funcionarial el pasado julio, el Ejecutivo progresista no había tenido que lidiar con demasiados conflictos laborales. Pero la rendición de Tsipras ante la imposición de nuevas medidas de ahorro a cambio de un nuevo rescate y la continuación de las políticas de austeridad tras renovar su mandato en las elecciones anticipadas del pasado septiembre han puesto fin a la tregua sindical.


La confederación de sindicatos de funcionarios ADEDY y la central del sector privado GSEE llamaron a una huelga de 24 horas que provocó el cierre de la mayoría de instituciones públicas –incluidos sitios arqueológicos y museos- y la reducción a mínimos de la atención hospitalaria. Los medios de comunicación limitaron sus informaciones a las relativas a la huelga y en los transportes pararon el metro y el ferrocarril, los autobuses funcionaron sólo en determinadas franjas horarias, hubo cancelaciones de vuelos domésticos y de numerosos trayectos marítimos entre el continente y las islas, pues entre los trabajadores náuticos tiene gran influencia el sindicato comunista PAME, también convocante de la huelga. En cambio, en la escasa industria y en el comercio apenas se registraron cierres. "El problema es que hay que estar abierto para sacar un mínimo de dinero, porque no se gana nada", explicó Alexandros, un comerciante textil citado por EFE, que no ocultaba su malestar con el Ejecutivo de Syriza: "Nos sentimos muy traicionados. Parece un Gobierno de derechas".


En la manifestación que recorrió Atenas participaron 20.000 personas, entre ellos antiguos miembros del Gobierno de Tsipras, como Panayotis Lafazanis, o la expresidente del Parlamento, Zoí Konstantopulu, que abandonaron Syriza en protesta por lo que consideraban una claudicación en las negociaciones con los acreedores. La marcha capitalina culminó en disturbios cuando jóvenes de estética anarquista lanzaron piedras y cócteles molotov a los agentes de policía situados en la Plaza Syntagma, y estos respondieron con gases lacrimógenos. Los disturbios prosiguieron en las calles adyacentes, donde los encapuchados rompieron escaparates. Al menos tres personas fueron detenidas.


En la localidad de Patras, hubo tensión entre los militantes de Unidad Popular –la escisión izquierdista del partido de Tsipras– y los de Syriza, que, aunque parezca incongruente, también participaron en la protesta. De hecho, la sección sindical del partido gobernante llamó a sus miembros a secundar la huelga general pues considera que las "políticas extremas, impopulares y neoliberales" están siendo aprobadas por Tsipras por la "presión de los acreedores". "Estamos poniendo en práctica un acuerdo que incluye medidas injustas", reconoció la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, para quien la huelga puede reforzar a Grecia de cara a las negociaciones con los acreedores.


Este miércoles se reanudaron en Atenas los contactos entre el Gobierno griego y la "cuadriga" de instituciones que ha sustituido a la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional– sobre los nuevos recortes que tendrá que emprender Tsipras a cambio de 2.000 millones de euros para las arcas públicas y otros 10.000 para la enésima recapitalización de la banca griega. Entre los temas más peliagudos a discutir se hallan el fin de la moratoria a los desahucios, prolongada por Syriza, y la reducción de los plazos de devolución de deudas a Hacienda, algo que podría ahogar más a una población que acumula ya casi ocho años en crisis. Un ejemplo: sólo en el último mes, 15.000 usuarios fueron desconectados de la red eléctrica por deudas con la empresa de distribución.

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Brasil da un giro ultraconservador de la mano de los diputados evangélicos

La parálisis del Gobierno y el empuje de parlamentarios religiosos impulsan leyes retrógradas relacionaddas con la familia, el aborto o a la posesión de armas

 

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha abierto la puerta para legalizar el consumo de marihuana; hace unos días, Colombia aprobó la adopción para las parejas homosexuales. El 22 de octubre, Chile celebró su primera unión homosexual. América Latina avanza hacia conquistas sociales cada vez más abiertamente. Brasil, por el contrario, hundido en una crisis política y económica que se retroalimenta periódicamente, desanda el camino y retrocede en esas mismas conquistas sociales a paso ligero a base de proyectos de ley impulsados por la parte más ultraconservadora del Congreso. El Gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), anulado, incapaz ya de por sí de sacar adelante sus propias medidas de ajuste, asiste inoperante al giro.

Un ejemplo: el Parlamento brasileño aprobó la semana pasada poner en marcha un proyecto de ley, que aún deberá ser aprobado por la Cámara, que restringe los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar o que, al menos, se los dificulta. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Senado, ha sido elaborada por el conjunto de diputados evangélicos comandados por el ultraconservador miembro de la iglesia evangélica –y acusado de corrupción por la Fiscalía- Eduardo Cunha, presidente de la Cámara. En la acutalidad, el aborto es legal en Brasil en casos de violación, si el embarazo acarrea riesgos para la mujer o en casos de malformaciones cerebrales del feto. Y una mujer violada en Brasil puede acudir a un ambulatorio donde, tras pasar una serie de entrevistas, los médicos le proporcionan o bien la píldora del día después si aún está a tiempo o, si ya está embarazada, le prescriben el aborto. Todo esto (incluido el acceso a la píldora del día después en los centros públicos de salud) se va a complicar con esta ley, que prevé, entre otras cosas, que esa misma mujer deberá pasar antes por una comisaría y denunciar el hecho, además de someterse a un examen médico.


El giro retrógado brasileño no acaba aquí. Otro grupo de parlamentarios aprobó esta semana pasada otro proyecto de Ley que da poderes a las iglesias católica e evangélica para acudir al Tribunal Supremo e impugnar leyes consideradas, según ellas, inconstitucionales. O, más específicamente "que interfieran directa o indirectamente en el sistema religioso o en el culto". Hasta ahora estas prerrogativas estaban reservadas, entre otras instituciones, a la presidencia dela República, y al Congreso y al Senado. La iniciativa corrió de parte también de los activos e inevitables diputados evangélicos, de partidos diferentes unidos bajo un credo común y una común tendencia ultraconservadora. Son 75 en una Cámara de 513 diputados. Parecen pocos, pero sólo lo parecen, ya que el Parlamento brasileño es, por su propia naturaleza, una Cámara hiper-fragmentada en la que abundan las alianzas y contra alianzas de partidos minoritarios e ínfimos. El PT, la formación del Gobierno, por ejemplo, sólo cuenta con 64 diputados.


Además, estos parlamentarios evangélicos no están solos en esta cruzada regresiva y militante. Forman parte de un grupo más amplio, de más de dos centenares de diputados, denominados la "Triple BBB", por Boi, (Buey en portugués), Bala y Biblia. Son parlamentarios que representan los intereses, respectivamente, de los terratenientes y ganaderos proclives a la desforestación de las tierras vírgenes para que sirvan de pasto, a los lobbies de empresas de seguridad y de las empresas de armas y a los que –a su juicio- deben velar por la moral religiosa de la sociedad. Los primeros han conseguido desbloquear recientemente un viejo proyecto de ley paralizado desde 2000 que, de hecho, restringe las tierras destinadas a los indios. Por su parte, los diputados de la Bancada de la Bala, siguen tramitando una ley para liberalizar las armas que, de aprobarse –y tiene muchas posibilidades de que lo haga- permitirá que profesionales tan variopintos como camioneros, taxistas y diputados, entre otros, puedan llevar pistolas por la calle sin mucha complicación burocrática, con un permiso menos restrictivo que el que se emplea para sacarse el carné de conducir. Los diputados evangélicos, en un reverso sintomático de lo que ocurre actualmente en los países latinoamericanos, han puesto en marcha un proyecto de Ley que tiene por objeto restituir exclusivamente a las uniones compuestas por un hombre y una mujer la categoría legal de matrimonio. Con esto tratan de que los matrimonios de personas homosexuales, actualmente legales en Brasil, dejen de tener derechos en materia de herencias, custodia de los hijos o a la hora de compartir los seguros sanitarios.


Detrás de todo este giro ultra-conservados, como elemento aglutinante, se encuentra el polémico presidente del Congreso, Eduardo Cunha, acusado por la Fiscalía de regentar cuentas millonarias en Suiza alimentadas de sobornos provenientes del pozo sin fondo de corrupción que durante unos años fue la petrolera pública Petrobras. Cunha necesita a todos estos parlamentarios más o menos afines para no verse descabalgado de un poder que se le cuartea cada día, no perder su condición de aforado y no acabar en un tribunal o con los huesos en la cárcel.


Cunha ha negado siempre –incluso en una solemne comisión parlamentaria- tener cuentas en Suiza. Ahora, tras las evidencias incontestables aportadas por la Fiscalía, afirma, en una sorprendente y algo surrealista entrevista publicada el sábado a Folha de S. Paulo, que las citadas cuentas están a su nombre pero pertenecen a un "trust", del que él es sólo "usufructuario en vida". Y añade que nunca se enteró de que una de esas cuentas recibió en 2012 un jugoso ingreso de 1,3 millones de francos suizos (1.200.000 euros) procedente de uno de los implicados en la trama de Petrobras.

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Domingo, 25 Octubre 2015 06:22

Una apertura a divorciados y homosexuales

Una apertura a divorciados y homosexuales

Después de tres semanas de deliberaciones, el Sínodo de los Obispos Católicos concluyó ayer sus deliberaciones en Roma aprobando, por amplia mayoría de los 270 participantes, un extenso documento de 94 artículos en el que se presentan al Papa una serie de consideraciones sobre la familia, incluidas recomendaciones para la mayor "integración" de los divorciados en la Iglesia y, sin pronunciarse en forma específica sobre los procedimientos, se pide "discernir" sobre las "diversas formas de exclusión" que pesan sobre estas personas, que "no solo no tienen que sentirse excomulgadas", sino que "pueden vivir y crecer como miembros vivos de la Iglesia". Al hablar en la clausura del debate el papa Francisco afirmó que los "verdaderos defensores de la Doctrina no son los que defienden la letra", sino quienes reconocen "el espíritu", "la gratuidad del amor y del perdón de Dios".


El documento, que necesitaba por lo menos los dos tercios de los participantes para resultar aprobado, tuvo un amplio respaldo de los padres sinodales. Los párrafos en los que se trata el tema de los divorciados (84 a 86) fueron los que mayor cantidad de votos en contra cosecharon (72, 80 y 64 respectivamente).


Siguiendo el criterio de transparencia elegido por Francisco para su pontificado, inmediatamente después de recibido el texto en italiano el Papa decidió darlo a publicidad, incluyendo el resultado de las votaciones artículo por artículo.


Respecto de las cuestiones doctrinales que tanto preocuparon a algunos de los sinodales más conservadores, el documento reafirma la "indisolubilidad" del matrimonio "entre un varón y una mujer" y cierra toda posibilidad de asimilar a "matrimonio" las uniones entre personas del mismo sexo. No hay en este sentido ninguna modificación en la Doctrina tradicional de la Iglesia Católica.


Existe sin embargo una referencia específica a la homosexualidad en el capítulo titulado "Situaciones complejas". Se dice allí que la Iglesia, tomando el ejemplo de Jesús, ofrece "su amor ilimitado a cada persona sin excepción". Se alega entonces que "la Iglesia reafirma que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, con cuidado para evitar cualquier marca de discriminación injusta". El párrafo, uno de los que más resistencias cosechó entre los sinodales, obtuvo no obstante 231 votos a favor y 37 en contra.


Pero a renglón seguido y hablando "en relación a las propuestas para establecer equivalencia entre el matrimonio y las uniones entre personas homosexuales", se ratifica que "no hay ninguna base para asimilar o establecer ni remotamente la asimilación entre las uniones homosexuales y el designio de Dios para el matrimonio y la familia". Se agrega también que "el Sínodo considera totalmente inaceptable que las iglesias locales sufran presiones sobre este tema y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la aprobación de leyes que establezcan el 'matrimonio' entre personas del mismo sexo".


El texto sinodal hace un amplio repaso de la situación de la familia en sus contextos sociales, culturales, políticos y religiosos, introduciendo también afirmaciones respecto del impacto que cada uno de estos niveles y circunstancias tiene sobre la vida familiar. Se dice que "la familia sufre, de modo particular, la problemática del trabajo", señalando que las posibilidades de los jóvenes de acceder al empleo son pocas y "la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria" (14). En consonancia con afirmaciones recientes del papa Francisco denuncia también que "el sistema económico actual produce nuevos tipos de exclusión social, que a menudo hacen que los pobres resulten invisibles para la sociedad" subrayando que "la cultura dominante y los medios de comunicación sirven para exacerbar esta invisibilidad" (15). Se cita allí una frase de Francisco en la que denuncia el sistema por haber eliminado al hombre del centro de sus preocupaciones y de haberlo sustituido por un "culto idólatra del dinero" que promueve "indiferencia global". Por este motivo, dicen los sinodales, "la Iglesia, bajo el impulso del magisterio papal, exige un profundo replanteamiento de la orientación del sistema mundial" y trabaja "para desarrollar una nueva cultura ecológica: un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad" (16).


Hay también apartados dedicados a la tercera edad, los niños, las personas con necesidades especiales, los migrantes, la situación de la mujer, las adopciones y las uniones de hecho, entre otras muchas cuestiones. La diversidad de temas y enfoques del documento, revela no solo las diferencias de mirada, sino que pone en evidencia las problemáticas diversas que surgen al abordar la cuestión de la familia en las diferentes realidades y culturas en las que la Iglesia Católica desarrolla su presencia.


La Relatio synodi (tal el nombre que se le da a la declaración) no tiene carácter de documento oficial de la Iglesia, sino que se trata de recomendaciones que el Papa recibe para su consideración y a partir de las cuales seguramente elaborará un texto a modo de exhortación pastoral o de encíclica.


En el discurso pronunciado ayer al cerrar las deliberaciones, el papa Bergoglio también dejó un mensaje claramente emparentado con las discusiones que se vivieron en el aula sinodal entre algunos prelados que se consideran "defensores de la Doctrina" y otros más abiertos a nuevas consideraciones.


Francisco destacó "la riqueza de nuestra diversidad" y destacó que "la experiencia del Sínodo nos hizo comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu; no ideas, sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor y del perdón de Dios". Y en el mismo tono el Papa insistió en que "el primer deber de la Iglesia no es distribuir convicciones y anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios para llamar a la conversión y para dirigir todas las personas a la salvación del Señor".


Asumiendo que durante la asamblea se presentaron serias disputas entre varios de los participantes, Francisco reconoció también que "en el curso de este Sínodo las distintas posiciones que se han expresado –y por desgracia a veces con métodos no del todo benévolos– han enriquecido y animado sin duda el diálogo, ofreciendo una imagen viva de una Iglesia que no utiliza 'módulos impresos', sino que toma de la fuente inagotable de su fe agua vida para refrescar los corazones resecos".


Después de haber reafirmado, en consonancia con el documento final de la asamblea, "la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad en la indisolubilidad", el Papa destacó la "vivacidad" de la Iglesia Católica "que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia". Tampoco faltó una palabra para los "corazones cerrados" de quienes "a menudo se esconden incluso dentro de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas". Y siguió señalando que "la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores".


En otro pasaje de discurso de cierre Francisco, que había reconocido las diferencias que surgen como resultado de las diferentes culturas en las que el catolicismo está presente, sostuvo que "la inculturación no debilita los valores verdaderos, sino que muestra su verdadera fuerza y su autenticidad, porque se adaptan sin mutarse, es más, transforman pacíficamente y gradualmente las diversas culturas".

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Golpe de timón en Canadá contra la política neoliberal de austeridad

Dos países de la anglosfera –Gran Bretaña (GB) y ahora Canadá– sopesan abandonar su política conservadora neoliberal fiscalista de extrema derecha, salpicada de un superbelicismo intervencionista, para mover el péndulo del espectro político hacia el centro-izquierda, cuando no a la izquierda "tout court", de acuerdo con la añeja dicotomía decimonónica de izquierda-derecha –necesaria, pero insuficiente y deficiente–, la cual, a mi juicio, ha sido superada por la nueva taxonomía confrontativa del siglo XXI entre globalistas noratlantistas y humanistas universales.


El golpe de timón en Canadá es mayúsculo: el ser humano empieza a sustituir al mercado plutocrático con su mano invisible, muy vista en el centro de la ecuación global en la segunda década del siglo XXI.


En Australia, el flamante premier Malcolm Turnbull, quien defenestró al belicoso premier Tony Abbott –quien exhibió su perturbadora rusofobia durante la cumbre del G-20 (http://goo.gl/Vnkr6a)–, ha puesto en tela de juicio el andamiaje monárquico de la anglosfera y hasta reclama su salida de la corona británica para convertirla en una república.


¿Implosiona el neoliberalismo monárquico/plutocrático de la anglosfera?


Mucho más dramático ha sido el asombroso ascenso del casi-marxista Jeremy Corbyn –cuya tercera esposa, Laura Álvarez, es mexicana– como nuevo líder del Partido Laborista, que ha sepultado al blairismo bélico –con su tramposa cuan fallida tercera vía fiscalista– y ha colocado a la defensiva al premier David Cameron, inmerso en escándalos impublicables (el " pig-gate").


Se derrumba el superbelicoso bushismo neoliberal/fiscalista en el Atlántico Norte (GB) como en Canadá: miembro del esquema irredentista Norteamérica con su paragüas militar NorthCom/Norad (Comando Norte).


Gary Silverman, del Financial Times, titula el triunfo del vencedor premier Justin Trudeau: Los canadienses martillan la política de austeridad (http://goo.gl/9Vyx1D).


Justin Trudeau, de 43 años, es hijo del legendario premier Pierre, quien ocupó en forma casi continua su puesto, con un hiato de ocho meses, de 1968 a 1984.


Gary Silverman sintetiza el triunfo de Justin Trudeau basado en una plataforma de incremento del déficit (¡supersic!) presupuestal para financiar los proyectos de infraestructura (¡supersic!) para estimular la economía. ¡Todo lo contrario de Videgaray en el "México neoliberal itamita"!


Se cierra así en Canadá una década de sombrío neoliberalismo fiscalista, acoplado al superbelicismo bushiano/blairiano: binomio del desastre anglosajón en Irak y Afganistán.


Se desfonda la política exterior del pugnaz rusófobo Stephen Harper, de 56 años –líder del Partido Conservador–, con su apoyo a ultranza al racismo infanticida de Israel.


Se descuenta que Justin Trudeau optará por una política menos militarista y más diplomática tanto en referencia a Rusia como al Medio Oriente, donde la otrora pacifista Canadá entrena en forma inoperante al ejército de Irak.


Para beneficiar a Israel, Harper chocó con Obama, quien operó el histórico acuerdo nuclear del P5+1 con Irán.


Muchos analistas consideran que el voto fue más de castigo en contra del islamófobo Harper –quien se pronunció en contra de la admisión de refugiados sirios–, lo cual dio el triunfo a Justin Trudeau por default.


El repudio al proisraelí Harper, quien se condujo como un vulgar tirano en un país de amplia tradición democrática, fue generalizado, y otorgó al Partido Liberal de Justin Trudeau una mayoría de 184 escaños de un total de 338 en el Parlamento (http://goo.gl/IIsGns).


El Partido Nuevo Demócrata, encabezado por Tom Mulcair, de 60 años – clon del vilipendiado ex premier británico Tony Blair–, que partió como gran favorito, se derrumbó hasta el tercer lugar, con 44 escaños.


Anthony Zurcher, de la BBC, comenta que el trunfo de Justin Trudeau fue avasallador y parecía impensable hace cinco años, poco probable hace unos meses e improbable incluso hace unos días (http://goo.gl/EDXV7o).


La política fiscalista de Harper –a quien se le desalinearon los astros con el desplome del petróleo y las materias primas– favoreció fiscalmente a la plutocracia neoliberal al cercenar 45 mil millones de dólares estadunidenses anuales de los ingresos del gobierno.


Justin Trudeau prometió acabar con los beneficios fiscales ultraselectivos, optar por déficit durante tres años para estimular el gasto gubernamental mediante inversión en infraestructura, recortar los impuestos a la clase media y salir de la ineficaz coalición de 62 países en contra de los yihadistas.


Según The Guardian, la elección fue vista en parte como un referéndum sobre el liderazgo de Harper y su economía neoliberal y su belicosa política exterior y considera que la elección impactará muy pronto el teatro global (http://goo.gl/Dyhk1h), del que, a mi juicio, el "México neoliberal itamita", genuina fábrica de miserables y homicidios masivos, no puede ser la excepción en su próxima elección presidencial.


El "México neoliberal itamita" practica tanto una política monetarista radical, al estilo de los caducos Chicago boys de la Universidad de Chicago –donde fue formado el itamita Agustín Carstens, director del Banco de México, para quien la colosal crisis de 2008 fue un catarrito–, así como un fiscalismo asfixiante, al modo del malhadado itamita Videgaray Caso, quien no le hace caso a nadie, salvo a los alquimistas neoliberales del MIT, de la estirpe de sus tutores Rudiger Dornbusch y Pedro Aspe Armella, quien alucinó la realidad como mito genial: gran beneficiado de la privatización de Pemex con Alberto Baillères (http://goo.gl/xsJpYh).


Justin Trudeau se comprometió a recibir a 25 mil refugiados sirios y a invertir 250 millones de dólares para albergarlos, así como salir del programa del avión caza furtivo F-35: asociación de 12 países que incluye a Estados Unidos, GB y Australia.
Justin Trudeau también se comprometió a emprender una investigación nacional sobre mujeres aborígenes asesinadas, a lo cual se rehusó el despedido Harper.


A mi juicio, en la fase global de la doble volatilidad financiera y geopolítica, el impensable/poco probable/improbable triunfo de Justin Trudeau abandona el aciago bushismo/blairismo fiscalista neoliberal bélico y se ajusta a la nueva realidad de Norteamérica tanto en geopolítica –más cercano a Obama y, sobre todo, a Hillary Clinton– como en las finanzas/geoeconomía, más acorde a la reciente teoría antifiscalista de Larry Summers, ex secretario del Tesoro y anterior rector de la Universidad Harvard, quien aboga por un gasto masivo en infraestructura, cuando todos los trucos monetaristas y fiscalistas del neoliberalismo han llegado a su fin (https://goo.gl/1G8OmR).


Justin Trudeau es asesorado por Larry Summers, quien comenta el riesgo de retorno a recesiones en Occidente a escala global: una histéresis –recesiones costosas que frenan el crecimiento futuro– cuando a los monetaristas se les agotaron las municiones, a mi juicio, muy artificiales.


Larry Summers juzga que Occidente vive una combinación de crecimiento lento, baja inflación esperada y tasas reales de interés cero que denomina estancamiento secular.


Hoy Occidente vive una nueva época macroeconómica, donde el riesgo de una deflación es mayor a la inflación. Canadá ya tomó nota.


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Martes, 13 Octubre 2015 08:00

Paz y poder dual en la transición.

Paz y poder dual en la transición.

Los diálogos de paz entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc; entre el Estado colombiano y la insurgencia campesina revolucionaria en la Mesa de La Habana, han perfilado un momento fundacional de la nación. Porque se quiera o no, las conversaciones para terminar la guerra y sentar las bases de una paz estable y duradera se convierten en un parteaguas histórico que traza una frontera en el devenir de la sociedad y la nación.


La potencia desplegada por los sujetos sociales y políticos, configurados en el inexorable acontecer de los años recientes, ha promovido la configuración de nuevos horizontes sociales, culturales, institucionales e internacionales. La capacidad democratizadora de la multitud, la fuerza transformadora de las masas populares demuele las desuetas estructuras oligárquicas de dominación y subordinación de millones de seres humanos sometidos al trato arbitrario, a la explotación, la mentira, la manipulación y la humillación.


Gradualmente, el viejo establecimiento se viene al suelo. Se derrumba, y con él, los dispositivos de control y prevalencia de las roscas organizadas (nacionales, internacionales, regionales, locales y sectoriales) en el monopolio de la riqueza, de las rentas, del trabajo y los dispositivos de la hegemonía dominante: aparatos armados, medios de comunicación, sistemas de educación, regímenes jurídicos, redes institucionales e infraestructuras políticas de diverso alcance.


Quien quiera leer que lea. Quien tenga la lucidez para entender que entienda. Quien quiera interpretar a su manera, que lo haga, que proceda a conveniencia, designando las cosas de acuerdo a sus intereses, egoístas o comunales. La delirante ultraderecha dirá que camina un golpe de Estado comunista, Castro-chavista, en sus recientes palabras. Que acabaran con el Ejército; que se eliminara la propiedad privada; que se fulminara la democracia liberal; que la libertad de prensa morirá para implantar la verdad comunista; que la familia se disolverá, etc, etc. En fin, cualquier cantidad de ocurrencias como las que suele repetir el caudillo de marras en plan de meter miedo y no perder vigencia con su discurso de guerra y violencia.


Pero la realidad verdadera cobra forma. Estamos en una transición desde el viejo y agotado dominio oligárquico hacia una democracia ampliada, hacia una sociedad en paz con justicia social . Estamos en un momento de la democracia como autodeterminación de las masas .


Estamos ante la posibilidad de construir un poder independiente, paralelo, autónomo; es decir, una dualidad de poder, encontrar un caso sui generis en que, a través del propio Estado y de la conquista de la estructura jurídica superior del país, se puede consolidar y constituir un poder popular. La cuestión de la dualidad de poderes debe ser abordada en lo teórico con la urgencia que presenta la proximidad en el tiempo o el entrecruzamiento entre el reformismo burgués santista y el cambio radical jalonado por la insurgencia revolucionaria. Hay que actuar previendo giros sorpresivos, inesperados, que, obviamente, es preciso estimular o prevenir. No se puede vivir al remolque de los sucesos y la rutina.


Colapsan los viejos poderes de las rancias elites patrimonialistas y emergen los nuevos poderes populares, los poderes de los movimientos sociales, los poderes de la democracia avanzada, ampliada, de autentica participación, en la gramática de los consensos alcanzados en los diálogos de La Habana.
No se necesita mucha ciencia para advertir que la oligarquía no cumplirá lo pactado en materia agraria, política, de cultivos de uso ilícito y jurídico. Eso lo tenemos por sabido los revolucionarios. La elite ira tirando a la caneca de la basura cada documento que se firme. En ellos todo esto es un simulacro; su interés esencial, en la lucha de clases sustancial en curso, es doblegar, destruir al adversario. Masacrarlo. Exterminarlo. Impedir que avancen las conquistas populares. Su objetivo principal es reencauchar el régimen social de acumulación, apuntalarlo, oxigenarlo. No ahorraran recursos. Ni maniobra. Ni componenda. Vendrán nuevos paramilitarismos en otras envolturas y presentaciones. Vendrán montajes judiciales y penitenciarios. Proseguirá el juego mediático. El Ejército, como síntesis exacerbada y razón última del Estado, se reorganizara para acoplarlo a los nuevos cometidos de la geopolítica imperial: apropiación, saqueo y despojo de los recursos naturales, de las materias primas, de la riqueza amazónica, del agua, del petróleo, del oro, de la fuerza de trabajo, de la riqueza social. La proyectada reforma de la doctrina de la seguridad del Ejército corresponde más a un contexto continental de reafirmación de la hegemonía norteamericana, apropiación de los recursos naturales y desestabilización de gobiernos no afines a la Casa Blanca, tales como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Esta situación exige unas Fuerzas Militares preparadas para combatir con ejércitos regulares y no con guerrillas agrarias.


El cambio de la doctrina militar que se anunció hace algunos días por el comandante del Ejército no responde a los intereses de la paz interna, sino a una lógica global pensada e impulsada por Estados Unidos.


Durante el posconflicto los enemigos identificables de la paz y el progreso no serán las guerrillas comunistas sino los campesinos, indígenas, afrodescendientes y movimientos sociales que se movilizarán por la defensa de la tierra ancestral, el agua y el territorio, tal como pasa ahora en el Cauca, en Cali, Sumpaz, Putumayo, y La Guajira.

Para descalificar a estos actores sociales hay que ligarlos con el discurso de la amenaza "castro-chavista", un discurso hoy más común que nunca debido al conflicto fronterizo con Venezuela y a la cercanía del acuerdo con las FARC. La supuesta ideología cubano–venezolana sirve para encontrar enemigos dentro y fuera de las fronteras.


Avanzar, profundizar, consolidar lo conquistado en los diálogos es un reto permanente para las fuerzas revolucionarias del cambio. En eso no hay tregua. No se puede hacer pausa. Ya quisiera la elite dominante que se renunciara, desde abajo, a la lucha por el cambio radical del sistema imperante.
Todo se remite, en últimas, a las correlaciones de fuerza. Lo que ha ocurrido hasta el momento encarna esa realidad política.


Por eso hay que determinar y construir la correlación de fuerzas dentro de la "dualidad de poderes" mediante la política de alianzas entre las clases subalternas e intermedias durante la fase de transición. Para ello es vital caracterizar: a) la cantidad de fuerza; b) La Localización de la cantidad de fuerzas; c) El movimiento de la cantidad; d) La cantidad del poder efectivo que varía según la fase o momento del proceso de poder dual: no es una construcción acumulativa y unilineal, sino que tiene retrocesos y avances que dependen de la táctica y de la autonomía de lo político.


No exageramos si sugerimos la constitución de un poder dual en la coyuntura. No descubrimos nada nuevo sin querer insinuar que se trata de un vulgar calco de otros procesos.


Obviamente hay que entender que esa dualidad de poderes ocurre en el seno de un Estado democrático burgués de alto desarrollo institucional en un contexto económico subdesarrollado. En un país de desarrollo intermedio o subdesarrollo intermedio, pero con una gran capacidad de desarrollo institucional y de relaciones participativas en que una burguesía emergente en la década de los 60 construyó una gran alianza intradominante, superando conflictos internos mediante el consociacionalismo y, por consiguiente, capaz de crear estructuras de dominación muy estables en un país que durante 60 años no tiene golpes de Estado pero si una cruenta guerra interior.


Eso para decir que en el enigma de la psicología de las naciones y en lo que se puede llamar el 'temperamento' de los Estados, hay siempre una causalidad descifrable, un ciclo de datos reconocibles y situables. Pues bien, para quienes estudian el Estado en la América Latina, aquella continuidad o eje autoridad-legalidad-democracia que se ha dado en Colombia, aun en medio de la más feroz guerra, fue siempre, por lo menos en su apariencia preliminar, una suerte de 'misterio dado' de la historia regional.


Poder dual se presentó en la revolución inglesa del siglo XVII: existen allí fases de reproducción del poder dual: 1) Londres (burguesía presbiteriana v/s Oxford) (rey); 2) Burguesía presbiteriana (fracción en el ejército parlamentario) v/s Parlamento presbiteriano (burguesía acomodada y rica); 3) Levellers v/s Cromwell.


En la revolución francesa de 1789. En la revolución americana del siglo XVIII. En la revolución europea de 1848. En la Comuna proletaria de Paris. En la revolución soviética de 1917.


Poder dual ocurrió en la revolución minera boliviana de 1952, en la Asamblea popular de 1971, en La Paz. En el Chile de Salvador Allende, en 1973. Se registra en los procesos bolivariano y ecuatoriano.


El poder dual no está referido ni a un tiempo determinado, ni un a un lugar histórico preciso definido. Se habla de "dualidad de poderes" en toda transición política, de un fenómeno peculiar de toda crisis social y no propio y exclusivo de alguna revolución pasada.


La dualidad de poderes no existe necesariamente y en todos los casos; se produce solamente allá donde, en el momento de la crisis histórica, las clases básicas se ven obligadas a aceptar una fase de poder dual, porque no han podido imponer al punto su propio poder global. Es una falacia hablar por eso, en general, del poder dual como algo que debiera existir necesariamente en cierto momento; es una falacia, asimismo, hablar de su construcción imprescindible, como pródromo del poder global.


El poder dual es una realidad política y sociológica en los procesos de transformación revolucionaria y cambio radical del Estado y la sociedad civil. No obstante, hay que eludir la disolución del concepto de "dualidad de poderes", en tanto que sobre generalización.


De todas maneras todo poder dual es breve. La temporalidad o precariedad es el carácter natural e inevitable de este hecho anómalo porque la unidad es la voluntad principal de todo Estado.


Las preguntas que queremos formularnos a propósito de esta fenomenología política son las siguientes: ¿Emerge, de manera embrionaria, un poder dual en la actual coyuntura auspiciada con los diálogos de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc? ¿El campo de conflicto delineado además de incluir unos sujetos en reyerta promueve la emergencia y existencia de nuevos poderes sociales, políticos y estratégicos? ¿Se derrumba y colapsa el anacrónico Estado oligárquico y su vieja maquinaria gubernamental?


Para responder a estas preguntas, para sugerir y proponer unas hipótesis de trabajo político acudo a la reflexión y análisis de René Zavaleta Mercado, el pensador marxista boliviano, que desde su experiencia en la revolución boliviana de 1952 y en el gobierno de Salvador Allende, a principios de los años 70, abordo este importante aspecto en su obra El poder dual (1979). Problemas de la teoría del Estado en América Latina.


Como lo que se pretende es la identificación de un poder dual en la presente coyuntura y sus potenciales implicaciones, incorporo además el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos sobre el poder y las características que presenta en estos momentos. Su construcción teórica al respecto ocurre en el debate con las teorías liberales clásicas del poder y su enfoque institucional del mismo y con las formulaciones de M. Foucault sobre el tema. De Sousa Santos nos plantea este campo analítico en la perspectiva de la lucha por la emancipación y la construcción de un Estado democrático que coincide con el fin esencial de la terminación de la guerra civil colombiana y la construcción de la paz.


En tal sentido, hay que considerar que el conocimiento de la naturaleza y estructura de poder es un paso muy grande hacia la adquisición de una táctica correcta, de unas consignas adecuadas al momento.


Sugiero, adicionalmente, para tratar el tema, acudir a un nuevo andamiaje teórico, el cual nos parece más oportuno para abordar el contexto de transformaciones que se presenta en Colombia en los años recientes; lo que supone ampliar, por supuesto, la visión de lo político y del poder a partir del concepto de "campo político" y también incorporar la noción de "campo de conflicto" como el lugar en que se dirime la disputa por el poder.


Dussel (2006), a partir de un análisis teórico minucioso de los momentos de lo político, sus dimensiones y esferas, plantea un acercamiento a lo concreto, conflictivo y crítico de la realidad política y sus posibilidades de deconstrucción y paralela construcción de un orden político alternativo. Asume el concepto de campo político, cercano al de P. Bourdieu, para delimitar el objeto de la y lo político y diferenciarlo de los otros campos del mundo cotidiano. De ahí que "el campo político es el espacio de interacciones, cooperación, coincidencias y conflictos, que remite a la esfera de las luchas hegemónicas por el poder" (2006). Agrega que: "Todo campo político es un ámbito atravesado por fuerzas, por objetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos [...] cada sujeto, como actor es agente que se define en relación a los otros" (Dussel, 2006).


El concepto de campo político, desplaza o más bien amplía el análisis hacia la sociedad civil y permite identificar la red de relaciones de fuerzas o nodos, en que cada ciudadano, cada representante o cada organización operan.


Resulta pertinente ampliar la noción de poder, que no se restringe a los espacios convencionales de gestión y acción política, sino que abarca todos los intersticios de la vida social. Como sostiene Foucault (1983), y profundiza críticamente De Sousa Santos, el poder no se localiza en una institución o en el Estado, no se posee, sino que se ejerce, y se encuentra diseminado en las distintas dimensiones de la vida social y política, en sus hogares moleculares. En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie es dueño o poseedor, sin embargo, sabemos que se ejerce en determinada dirección; no sabemos quién lo tiene pero sí sabemos quién no lo tiene (1985).


Lo cierto es que la política y la lucha por el poder involucran una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales, y el cuestionamiento a las prácticas dominantes relacionadas tanto con los universos simbólicos como con la redistribución de los recursos. En efecto, remite a la constitución de una nueva gramática social capaz de cambiar las relaciones de género, de raza, de etnia y la apropiación privada de los recursos públicos, e implica una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad (De Souza Santos, 2004).


En su carácter potencial, el poder reside en el pueblo (potentia). De acuerdo a Dussel (2006), a través de la red de interacciones y nodos –recurriendo a un concepto de Manuel Castells–, es capaz de generar un proceso de toma de conciencia del poder en-si y de constituir organizaciones para acceder al control del poder político institucional (potestas), es decir, orientarse hacia la objetivación del poder. De acuerdo al autor, el poder se tiene o no se tiene, en ningún caso se toma. Para una aproximación más cercana al funcionamiento del orden político vigente, el autor recurre al concepto de sistema, a partir del cual propone caracterizar a los sistemas como liberales, socialistas o de participación creciente.


En ese marco, se ubica el concepto de campo de conflicto (Melucci 1999) como operador metodológico. En primer lugar, para discernir entre los conflictos de carácter estructural o hegemónico que implican situaciones de crisis estatal y conllevan la posibilidad de una transformación de las relaciones, de aquellos corporativos o meramente coyunturales cuyo impacto y alcances son limitados, y no afectan a la estructura del poder. En segundo lugar, el campo de conflicto constituye sujetos, en episodios de conflictividad los sujetos se agregan, articulan, construyen discursos, pueden cambiar la cualidad y el alcance de la acción colectiva, en tanto que en situaciones históricas en que no existe conflictividad o ésta se reduce a cuestiones puntuales, los sujetos colectivos tienden a inhibirse e incluso a desaparecer. Ello permite abordar a los movimientos en su multiplicidad y variabilidad, en sus desplazamientos entre los diversos ámbitos del sistema y del campo político; así su identidad no es una esencia sino el resultado de "intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores" (Melucci, 1999).


En todo caso, en el del poder dual en ciernes, metodológicamente existe la necesidad de desplazarse del ámbito político–institucional y ubicarse en el espacio de las relaciones, articulaciones y tránsitos entre Estado y sociedad civil (Dagnino et. al. 2008).


El poder dual.


Zavaleta define el "poder dual" como la ruptura de la unidad de poder natural del Estado moderno, el cual se caracteriza por esa capacidad de generación de una estructura de dominación, no sólo institucional sino también social y cultural; es decir, una estructura de poder completa. El poder dual, por consiguiente, es una forma de romper esa unidad de poder a partir de formas de lucha que van conformando un contrapoder al poder de la burguesía. Zavaleta destaca la concepción leninista sobre la capacidad de las fuerzas revolucionarias para constituir un gobierno suplementario y "paralelo" al gobierno formal de la burguesía, dando lugar a un segundo poder.


La dualidad de poderes consiste en que lo que debía ocurrir sucesivamente ocurre sin embargo de una manera paralela, de un modo anormal; es la contemporaneidad cualitativa de lo anterior y lo posterior.


La dualidad de poderes:


- Señala un tipo de contradicción estatal o coyuntura estatal de transición;
- Anomalía que se presenta en el seno del poder del Estado (y a veces en el seno del aparato de Estado);
- Se produce en circunstancias determinadas debidamente circunscritas;
- Hablamos de una metáfora, un signo trópico; usamos la designación como símbolo de situaciones que son más complejas que lo que puede caber en una frase;
- No es un poder dual (un único poder con dos caras, una suerte de Jano), sino una dualidad de poderes: dos tipos de Estado que se desarrollan de un modo coetáneo en el interior de los mismo elementos esenciales anteriores; su sola unidad es una contradicción o incompatibilidad.


El doble poder se manifiesta en la existencia de dos gobiernos: uno es el gobierno principal, el verdadero, el real gobierno de la burguesía, que tiene en sus manos todos los resortes del poder; el otro, que no tiene en sus manos ningún resorte del poder, pero que descansa directamente en el apoyo de las masas populares, agrarias y obreras.


El poder dual se describe como un hecho de facto y no como un hecho legal.


No es un poder dividido, sino dos poderes contrapuestos y enfrentados (cada polo está ocupado por una clase social, es ya el poder de una clase organizada).


Existen seis formas de Poder dual, de dualidad de poderes:


i) En la esfera de la economía.
ii) Territorial o geográfica.
iii) Intraclase dominante.
iv) Semifantasmal o falsa dualidad. Sirve solamente como apariencia para esconder una dualidad de poderes "verdadera", que no ha podido expresarse todavía. Pero es algo que sólo puede conocerse a posteriori; de otro modo, la encontraríamos en cada contradicción aparente, como el anuncio de un doble poder todavía inédito.
v) En los órganos políticos periféricos.
vi) En los órganos políticos superiores (dualidad estatal propiamente dicha).


Características distintivas de toda situación de dualidad de poderes son, a saber: el hecho de ser una fase transitoria por definición, que supone la emergencia, en el marco de un proceso revolucionario, de dos poderes con vocación estatal, uno de carácter principal, el otro embrionario y surgido desde abajo a partir de la iniciativa de las masas, ambos alternativos e incompatibles entre sí, donde lo que debía producirse sucesivamente en términos temporales –revolución democrático-burguesa primero, revolución socialista tiempo después– acontece de una manera paralela/simultanea, generando por lo tanto una dinámica de contemporaneidad cualitativa de lo anterior y lo posterior.


Poder dual, contrahegemonia y emancipación.


Avanzando en esta indagación del poder dual en la transición a la paz, acudimos a la reflexión teórica de Boaventura de Sousa Santos sobre el fenómeno del poder para entender su complejo entramado.


El autor construye una teoría política de carácter crítico–emancipatorio que propone una ampliación de los límites y el alcance de la noción de «poder», poniendo en cuestión la naturaleza del poder político público tradicionalmente privilegiado por la teoría política dominante. Este enfoque le permite adelantar una radiografía que identifica los múltiples poderes políticos en circulación y descubre las opresiones estructurales entrelazadas que se producen en las actuales sociedades neoliberales.


Desde hace algún tiempo, viene identificando en sus trabajos las bases para la elaboración de una nueva teoría política capaz de fundar, en la época de la globalización neoliberal y su resaca social y económica mundial, un nuevo contrato social global más solidario e incluyente que el hoy en crisis contrato social de la modernidad occidental.


La teoría política desarrollada por éste constituye una opción teórico–práctica contrahegemónica por dos motivos fundamentales. El primero, porque parte del análisis crítico de la realidad mundial contestando el liderazgo de la teoría política liberal dominante; el segundo, porque plantea caminos alternativos para la transformación personal y social desde posiciones que se inscriben en el horizonte de acción política y social de inspiración socialista, que tiene como centro de gravedad la búsqueda de los valores de justicia, igualdad y solidaridad, que él complementa con el de la diversidad. Su objetivo principal es el de crear un «nuevo sentido común político» (Santos, 1998: 340; 2003: 127) basado en la potenciación de la dimensión participativa de la política y en la repolitización global de la vida social, en contra de las dinámicas despolitizadoras estimuladas por la teoría política neoliberal hegemónica.


De la teoría política contrahegemónica de De Sousa Santos se puede afirmar, en general, que es portadora de una constitución «genética» que puede calificarse de crítica, emancipadora y utópica. Es crítica, en primer lugar, porque huye de las posturas pasivas y conformistas que asumen —e incluso celebran— la realidad dada y sospecha de aquellas actitudes dominadas por el fatalismo histórico, la creencia conservadora y resignada según la cual las cosas son como son y no se pueden cambiar. En lugar de ello, su teoría política crítica asume una posición de denuncia al examinar las condiciones de vida y poner en evidencia las numerosas relaciones de poder incrustadas en la corteza de las sociedades neoliberales contemporáneas, busca alternativas viables de pensamiento y acción, y contribuye a la formación de sujetos políticos rebeldes, solidarios y participativos que exigen transformaciones sociales estructurales en sentido progresista.


Es emancipadora, en segundo lugar, porque está radicalmente comprometida con los diferentes proyectos de lucha contra hegemónicos abanderados por los distintos movimientos sociales y políticos que alrededor del mundo impulsan la puesta en marcha de múltiples procesos de liberación de los grupos subordinados. La finalidad principal de estos procesos es la de combatir y erradicar el agravamiento de las injusticias económicas, políticas y sociales existentes, fomentando el mejoramiento global de la condición humana, y no sólo el de una minoría social privilegiada y el de un reducido grupo de países. De hecho, una de las principales aspiraciones que contiene su teoría política contrahegemónica es la de rescatar las voces silenciadas que resisten o, en palabras del sociólogo, «dar voz a los que no la tienen y aclarar teóricamente muchas de las causas del sufrimiento humano en este mundo globalizado e injusto en el que vivimos» (Santos apud Chavarría, 2004: 100).


La teoría política crítico–emancipatoria de Boaventura de Sousa Santos puede ser considerada, en tercer lugar, una teoría política que desempeña una función utópica, porque restituye el valor de conceptos tan denostados por el realismo político como «esperanza», «imaginación utópica», «cambio» o «futuro abierto», entre otros, y está fundada en anhelos de un cambio de rumbo que contienen una doble dimensión: la crítico–descriptiva, al desafiar el orden de cosas existente y la propositivo–transgresora, que se concreta en planteamiento de alternativas creíbles que funcionan como horizonte movilizador de la acción colectiva e individual. Para el filósofo alemán Ernst Bloch, el teórico contemporáneo más importante de la esperanza, el fenómeno utópico es un rasgo constitutivo del pensamiento humano que remite, en todo tiempo y condición, a la construcción de otro mundo posible más justo y decente. En el pensamiento filosófico de Bloch, la utopía, en su significado positivo, está relacionada con categorías como «lo nuevo», lo que «todavía no» es, «sueño diurno» y «conciencia anticipadora», entre otras, que adquieren un papel relevante en la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos. Tal y como la define formalmente, por «utopía», el pensador portugués entiende: «La exploración, a través de la imaginación, de nuevas posibilidades humanas y nuevas formas de voluntad, y la oposición de la imaginación a la necesidad de lo que existe, sólo porque existe, en nombre de algo radicalmente mejor por lo que vale la pena luchar y al que la humanidad tiene derecho» (Santos, 2003: 378). Ahora bien, en rigor terminológico, a su particular forma de entender la utopía, Santos (1995: 479; 2003: 379) la llama heterotopía, noción acuñada originalmente por el filósofo francés Michel Foucault. Con este concepto, que etimológicamente significa «otro lugar», Santos se refiere a la descentralización, dentro de un mismo lugar, de los proyectos y las prácticas emancipadoras.


La originalidad del concepto está en el rechazo de la idea de un lugar único considerado la sede por excelencia de la emancipación social, sino que pone el acento en una concepción múltiple y plural de la utopía. Según esta visión, en el presente existen experiencias concretas —algunas plenamente disponibles, otras tan sólo en estado latente— que tienen posibilidades reales de desarrollarse en la dirección de una sociedad mejor. Pero estas experiencias se encuentran socialmente descentradas, localizadas en el centro, aunque también en los márgenes de la sociedad. Conviene matizar, a fin de evitar errores de interpretación, que la teoría política contrahegemónica de Santos no defiende, en el lenguaje de Bloch (1977: 134, 147), una «utopía abstracta», la que está cargada de tintes idealistas y se entrega a una ensoñación atemporal e ilusoria situada más allá del devenir histórico. Por el contrario, de Sousa Santos aboga por lo que Bloch (1977: 135, 147) llama utopía concreta, la que no se refiere a un sueño imposible ni irrealizable, sino que está relacionada con lo probable o, mejor dicho, con la búsqueda de «lo real–posible» (Bloch, 1977: 135). La utopía concreta de Santos se refiere, pues, a direcciones, caminos y tendencias alternativas que son empíricamente realizables, pero que todavía están madurando, de modo que remiten a un futuro abierto por el que vale pena luchar.


Los ejes sobre los que se articula la teoría política contrahegemónica de Boaventura de Sousa Santos pueden dividirse en cinco, que se sintetizan del siguiente modo. El primero es la elaboración de un marco analítico amplio que examina de manera crítica las diferentes y entrecruzadas relaciones de poder que se dan en las sociedades del centro, la periferia y la semiperiferia del sistema mundial capitalista.


El segundo es la propuesta de reconfigurar la capacidad reguladora del Estado en el contexto de la globalización neoliberal. Esta idea implica el restablecimiento del debilitado poder regulador del Estado en materia económica y social mediante diferentes líneas de acción, como la recuperación de la función redistributiva de la riqueza y los recursos públicos, así como la transformación teórico–práctica del Estado en un «novísimo movimiento social» (Santos, 2005: 330), planteamiento según el cual el Estado es concebido como una organización política híbrida formada por una conjunto heterogéneo de flujos, redes, movimientos y organizaciones en el que interaccionan actores e intereses estatales y no estatales, tanto a escala local como global, de los que el Estado es el elemento coordinador.


El tercer eje temático es el desarrollo de una concepción sustantiva y contrahegemónica de la democracia (cf. Aguiló, 2008, 2009a). Ésta adquiere la forma de una democracia radical o de alta intensidad como complemento enriquecedor —y democratizador— de la democracia representativa liberal, por la que toma opción la teoría política hegemónica. El objetivo principal de la democracia radical planteada por Santos es el de convertir las relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida.


El cuarto eje de análisis apunta hacia la crítica de las concepciones etnocéntricas de los derechos humanos y su reconstrucción en un proyecto intercultural y cosmopolita subalterno a través del diálogo horizontal de culturas.


En quinto y último lugar, la transformación de la universidad en una institución académica y social de carácter intercultural e incluyente, regida por el conocimiento como factor de emancipación y promotora activa de la democracia epistémica y la justicia cognitiva (cf. Aguiló, 2009b). Todos estos ejes de la teoría política de Santos desembocan, a su vez, en un objetivo común: la reinvención en el siglo XXI del dañado valor de la emancipación social.


La teoría liberal clásica del poder y el enfoque de Foucault.


Para elaborar su análisis del poder, Boaventura de Sousa Santos entra en diálogo y discusión con dos grandes concepciones sobre el poder y la política provenientes de orientaciones epistémicas e ideológicas diferentes: la teoría política liberal clásica y el pensamiento político de Foucault.


Una cartografía crítica del poder.


Las consideraciones de Boaventura de Sousa Santos (1989a, 1991, 1995, 1998, 2002, 2003, 2006a, 2006b) sobre la mecánica y las formas de poder existentes en las sociedades capitalistas contemporáneas le llevan a construir una teoría política contrahegemónica que incluye una nueva cartografía del poder político y de sus modos de producción. Este análisis estructural del poder tiene un doble objetivo: el primero, en la línea de Foucault, consiste en revelar y criticar las ocultaciones que producen los discursos políticos (neo) liberales dominantes sobre lo político; el segundo es el de amplificar los conceptos de «poder político» y «derecho» más allá de los angostos límites que establece la teoría política liberal clásica. El análisis cartográfico de los poderes políticos que circulan en las sociedades capitalistas contemporáneas permite a Santos identificar distintos sistemas de opresión y elaborar, como propuesta alternativa, un mapa de la emancipación social fundado en procesos de democratización radical.


Más que del poder, en abstracto, como si fuera una substancia externa, trascendente y autónoma, Santos habla habitualmente, adoptando una perspectiva contextual y relacional, de relaciones intersubjetivas e intergrupales de poder.


Desde una perspectiva general, Santos (2003: 303) define el concepto de «poder» como «cualquier relación social regulada por un intercambio desigual». Estos intercambios desiguales engloban de manera virtual todas aquellas condiciones —bienes materiales, recursos, oportunidades, símbolos, valores, entre otras— que afectan, e incluso determinan, nuestra vida personal y social. Las relaciones de poder, según la definición anterior, constituyen procesos de intercambio desigual entre individuos o grupos sociales; son, en otros términos, conjuntos de relaciones sociales entre sujetos iguales en la teoría pero desiguales en la práctica.


Bajo la influencia del pensamiento de Foucault, Santos (2003: 328) distingue dos dimensiones distintas del poder. Por un lado, el ejercicio del poder cósmico, aquel centrado en el Estado, jerárquicamente organizado y que tiene unos límites formales establecidos por relaciones burocráticas e institucionalizadas. En términos comparativos se corresponde con el poder estatal teorizado por Foucault. Por el otro, y en contraposición, está el poder caósmico, el poder descentralizado e informal que no tiene una localización específica, emerge de intercambios sociales desiguales, se ejerce desde varios microcentros de poder de manera caótica y no tiene unos límites predefinidos. Es otra manera de referirse al poder disciplinario foucaultiano.


La cartografía estructural que desarrolla Santos tiene como foco prioritario de atención analizar las formas de desigualdad social que producen las relaciones de poder. La idea clave sobre la que se sustenta el análisis es que las relaciones de poder no existen ni ocurren de manera aislada, sino que se producen en secuencias o cadenas, de manera que el poder actúa a través de complejas redes políticas y sociales. Es lo que Santos (2003: 301) llama constelaciones de poder, definidas como «conjuntos de relaciones entre personas y entre grupos sociales» (Santos, 2003: 306). Teniendo en cuenta la definición anterior del poder ofrecida por Santos, conviene percatarse de que las constelaciones de poder no se basan en la solidaridad, la cooperación o el reconocimiento mutuo entre las personas, sino que constituyen relaciones sociales asimétricas en las que una de las partes tiene la capacidad para tratar las necesidades e intereses de la otra de manera desigual. En su funcionamiento, las constelaciones de poderes combinan componentes cósmicos con una pluralidad de componentes caósmicos.


Santos intenta encontrar una vía de análisis que no reproduzca las deficiencias de la teoría liberal del poder ni las de la concepción foucaultiana. Respecto a la primera, critica lo que denomina la «ortodoxia conceptual» (Santos, 1989a: 3; 1998: 139) de la teoría política liberal: la idea según la cual el Estado, en comparación con la vida espontánea y prepolítica propia del estado de naturaleza, guiada por la conservación de los derechos naturales individuales y la satisfacción de los intereses privados, es una construcción artificial. Es, en efecto, el planteamiento que legitima la dicotomía entre lo público y lo privado, núcleo duro de la ortodoxia conceptual liberal. De ella forman parte otras importantes dicotomías e ideas, como la escisión entre lo colectivo y lo individual, la tensión entre el derecho natural y el derecho positivo, la que se establece entre la ley y el contrato, la despolitización de la sociedad civil, el confinamiento de la democracia al ámbito público, la reducción de los poderes políticos al poder político liberal y la del derecho al derecho legal estatal.


Con relación al análisis foucaultiano del poder, Santos plantea dos críticas. La primera se refiere a la visión extremadamente fragmentaria y homogeneizante que Foucault tiene del poder disciplinario. Para Santos, el poder caósmico–disciplinario no es tan disperso ni carente de centro como creía Foucault. Si, como afirmaba el filósofo, el poder pervade todos lados, en realidad no está en ninguna parte, de ahí la necesidad de establecer un principio de estructuración y jerarquización que sirva como instrumento de diferenciación interna del poder disciplinario, porque no todos los poderes sociales son iguales, ni son idénticas sus lógicas de acción: el poder caósmico no se ejerce de la misma manera en la fábrica, en la familia o en la escuela. La conceptualización de Foucault no distingue, por tanto, las condiciones específicas de cada uno de los poderes sociales en circulación. La segunda crítica está relacionada con la concepción monolítica y pura que Foucault tenía del poder jurídico. El error de Foucault, en opinión de Santos, está en identificar equivocadamente lo jurídico con lo estatal, ya que en multitud de sociedades pueden encontrarse cuerpos normativos no reconocidos formalmente por el Estado, como la legalidad indígena o la ley gitana, ordenes jurídicos en competencia con la ley oficial estatal. Para Santos, el poder jurídico no es un cuerpo aislado e impermeable, sino flexible y heterogéneo que tiende vínculos estables con otros tipos de poder social. Sostiene, de hecho, que una de las características fundamentales de la modernidad occidental es el llamado isomorfismo estructural entre el derecho y la ciencia: la idea según la cual el orden social tiene que ser el reflejo del orden científico, premisa que llevó al derecho a convertirse en una especie de alter ego de la ciencia moderna. Se trata de hacer ver la interrelación que hay entre el poder jurídico y el poder disciplinario, aspecto que el análisis de Foucault había descuidado. Critica, además, que en la teoría foucaultiana del poder es posible encontrar una cierta devaluación del poder jurídico estatal, reducido a una forma más de poder entre la multiplicidad de poderes sociales, cuando, según Santos, el Estado sigue teniendo una posición central en la configuración de las relaciones de poder.


El marco analítico que construye Boaventura de Sousa Santos (1989b: 250; 1991: 181; 1995: 417; 1998: 150; 2002: 369; 2003: 316; 2006a: 52-53) trata de cartografiar aquellas relaciones sociales estructurales de poder que generan injusticia y desigualdad. Este mapa, cuya lente de enfoque se ciñe a las sociedades capitalistas que forman parte del sistema mundial, no adoptar una perspectiva nortecéntrica de análisis, en el sentido de prestar atención a las dinámicas globales que afectan no sólo a los países del centro del sistema mundial capitalista, sino también, y especialmente, a los márgenes del sistema mundial, en los que se encuentran los países periféricos y semiperiféricos.


Haciendo uso de una metáfora espacio–temporal, Santos distingue seis espacios–tiempo estructurales. Internamente, cada uno de los espacios–tiempo estructurales está constituido por seis elementos que determinan su sentido y alcance: el primero es una unidad de práctica o agencia social, la dimensión activa del espacio–tiempo que organiza la acción colectiva e individual a partir de un criterio principal de identidad; el segundo se refiere a una forma institucional privilegiada, que se encarga de crear pautas, estructuras, modelos y procedimientos de normalización, así como de organizar las relaciones sociales en secuencias rutinarias hasta lograr que los modelos establecidos se naturalicen y formen parte del sentido común; el tercero lo forma una dinámica de desarrollo, que es el principio de racionalidad que imprime la orientación de la acción social y define la pertenencia de las relaciones sociales a uno u otro espacio estructural; el cuarto elemento concierne a un mecanismo de poder, relativo a formas de intercambio desigual entre individuos o grupos. Las diferentes formas de intercambio desigual originan diferentes formas de poder y aunque cada una de ellas posea un lugar de acción privilegiado pueden estar presentes en todos los espacio–tiempo. El quinto elemento es una forma de derecho, referida a los marcos legales y normativos que contribuyen a la prevención y solución de conflictos; la sexta y última dimensión de los espacios–tiempo de las sociedades neoliberales es una forma de conocimiento que incluye estilos específicos de razonamiento y aspectos retóricos y argumentativos.


Cada uno de dichos espacios constituye una constelación de relaciones de poder que (re)producen intercambios desiguales. Estos espacios–tiempo estructurales integran las formas de sociabilidad y hábitos relacionales hegemónicos en la vida cotidiana, de ahí su carácter estructural, pues desempeñan el papel de núcleos configuradores del orden social y político imperante en las actuales sociedades capitalistas del sistema mundial, condicionando el tipo de relaciones de familia, trabajo, consumo y vecindad, entre otras. Aunque entre los espacios– tiempo se establecen articulaciones mutuas, cada uno de ellos tiene una lógica propia y presenta un funcionamiento autónomo. Así, para Santos (2003: 309), las sociedades neoliberales pueden definirse como series de constelaciones políticas formadas por seis modos específicos de producción de poder. Además de ello, las sociedades neoliberales también son conjuntos de constelaciones jurídicas y de constelaciones epistemológicas.

Veamos el examen de las constelaciones políticas y de los seis modos básicos de producción de poder, quedando pendiente el estudio de los modos de producción de derecho y de los modos de producción de conocimiento.

El primero de los espacios–tiempo estructurales que conforman el modelo de análisis de la organización de las sociedades neoliberales propuesto por Santos es el espacio doméstico, que puede definirse como el conjunto de relaciones sociales que se dan entre los miembros de la familia: entre los cónyuges, entre éstos y sus hijos y entre los propios hijos, principalmente. El objetivo de estas relaciones es el producir y recrear el ámbito de lo doméstico y del parentesco: la división sexual del trabajo, la gestión de los bienes y de las responsabilidades familiares, entre otros aspectos. En este espacio–tiempo, las relaciones entre sujetos se organizan en torno al patriarcado, la forma de poder dominante. Es el sistema de control y dominación de los varones sobre la reproducción social las mujeres en tanto sujetos individuales y colectivos. La dominación patriarcal, sin embargo, basada en la autoridad masculina, no se circunscribe al espacio doméstico, sino que se extiende e invade el resto de espacios por medio de instituciones económicas, políticas, mediáticas, legales, culturales, religiosas y militares que descalifican, discriminan o excluyen las diferentes maneras de significar, conocer y sentir de las mujeres. La unidad de práctica social característica de este espacio es la diferencia sexual y generacional.


Las instituciones privilegiadas son el matrimonio y la familia –entiéndase la familia nuclear, formada por cónyuges de distinto sexo con hijos legítimos–. El principio de racionalidad operativo es la maximización de la afectividad. La forma de conocimiento propia es el familismo o cultura familiar. Por último, la forma hegemónica de derecho es el derecho doméstico.


En segundo lugar, se encuentra el espacio de la producción, en el que se desarrollan relaciones sociales en torno a valores económicos de cambio derivados de procesos productivos. Las relaciones que se dan en este espacio–tiempo son de dos tipos: relaciones de producción —relaciones capital–trabajo— y relaciones en la producción —relaciones trabajo– trabajo—. El modo de poder propio es la explotación, entendida en el sentido que le atribuía Marx, es decir, como el intercambio desigual de trabajo humano por un salario que está por debajo de su valor real. A la explotación humana hay que añadir la explotación de la naturaleza, concebida por el capitalismo como res extensa cartesiana: materia pasiva, inerte, cuantitativa, desprovista de dignidad alguna, que puede ser manipulada y explotada a placer.


La unidad de práctica social la forman la clase social y la naturaleza. La dimensión institucional se materializa en la fábrica y la empresa. La dinámica de desarrollo actuante es la optimización del lucro y la maximización de la degradación de la naturaleza. El cuerpo normativo que rige estas relaciones es el derecho de producción y la forma epistemológica que despunta es el productivismo o, de manera más general, la cultura empresarial.


El tercer lugar lo ocupa el espacio de mercado, constituido por relaciones sociales que tienen como base la distribución y el consumo de valores de cambio en el libre mercado. La modalidad de poder, adoptando una perspectiva marxista, es el fetichismo de las mercancías, que guarda relación directa con la explotación. Con este concepto, Marx hacía referencia a la cosificación de los seres humanos y a la personificación de los objetos que se produce en la sociedad capitalista. En los intercambios mercantiles, las mercancías aparecen dotadas de un carácter autónomo, es decir, no evidencian las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción necesarias para fabricarlas. Como resultado de ello, el trabajador percibe el objeto producido como algo extraño a su actividad: es la sensación de alienación que le provoca el hecho de ser un mero instrumento alquilado para la elaboración de un objeto que no le pertenece y que en el mercado se relaciona como si fuera una persona, mientras que las personas, en la esfera productiva, lo hacen como si fueran objetos. El fetichismo de las mercaderías alude también a la falta de libertad que, según Marx, padece el consumidor, ya que las posibilidades de quien compra están condicionadas por la posición que ocupa en la organización social. En este espacio–tiempo, la unidad de práctica social es el cliente o consumidor. La institución social central es el mercado. El principio de racionalidad se traduce en la maximización de la utilidad y la mercantilización total de las necesidades. La forma jurídica es el derecho del intercambio y la forma epistemológica relevante es el consumismo o cultura de masas.


El cuarto espacio–tiempo estructural es el espacio de la comunidad, definido como la serie de relaciones sociales desarrolladas en torno a la producción de territorios físicos y universos simbólicos que favorecen la identificación colectiva. El dispositivo de poder activo es la diferenciación desigual, mediante la cual se identifica diferencia con inferioridad: el sujeto o grupo percibido socialmente como diferente con relación a los códigos socioculturales imperantes de regulación es, en virtud de su diferencia empírica —de género, etnia, orientación sexual, biológica, entre otras—, clasificado como inferior. Los procesos de diferenciación desigual funcionan creando mecanismos de identidad —o inclusión— y diferencia —o exclusión— utilizados para discriminar entre miembros externos e internos a la comunidad. En esta constelación política, jurídica y epistemológica, la unidad de práctica social es la etnicidad, la raza, la nación, el pueblo o la religión. Las instituciones de normalización adoptan la forma de la comunidad, el barrio, la región, las organizaciones populares de base y las iglesias. La racionalidad que guía la acción es la maximización de la identidad. El cuerpo de leyes que regula estas relaciones es el derecho de la comunidad y las formas dominantes de saber son la cultura local y el conocimiento de la tradición.


El espacio de la ciudadanía, en quinto lugar, es aquel en el que predominan las relaciones de obligación política vertical, entre el Estado y los ciudadanos. El mecanismo específico de poder es la dominación. En tanto que está centrada en el Estado y es ejercida por él, la dominación es la modalidad de poder más fuertemente institucionalizada, de aquí que sea la única forma de poder que la teoría política liberal clásica considere como poder político. En la teoría política crítica de Boaventura de Sousa, en cambio, el espacio ciudadano es una de las varias formas de poder social. Su unidad de práctica social es la ciudadanía. El aparato institucional es el Estado. El modo de racionalidad la maximización de la lealtad. El marco legal lo proporciona el derecho territorial y las formas de conocimiento son el nacionalismo educacional y cultural y la cultura cívica.


En sexto y último lugar, se encuentra el espacio mundial, definido como el conjunto de relaciones sociales que la división internacional del trabajo produce en las sociedades nacionales (Santos, 2003: 313).


La forma propia de poder es el intercambio desigual, en el sentido más estricto del término, y se refiere a los relaciones de intercambios económicos desiguales realizados entre el centro, la periferia y la semiperiferia del sistema mundial. Es una forma de poder muy estudiada por los teóricos del sistema mundial, del imperialismo comercial y las teorías de la dependencia. El Estado–nación es la unidad de práctica social. El entramado institucional lo forman el sistema interestatal, los organismos internacionales y las organizaciones supraestatales. El principio de racionalidad es la maximización de la eficacia. El patrón normativo que reglamenta los intercambios en el sistema mundial es el derecho sistémico y la forma epistemológica que sobresale es la ciencia.


A partir de sus reflexiones sobre la naturaleza del poder político y su dinámica de funcionamiento en las actuales sociedades capitalistas, Boaventura de Sousa Santos diseña un complejo mapa en el que identifica los lugares estructurales que producen y reproducen relaciones políticas de poder. Es un marco analítico propuesto como alternativa teórica que resulta, por un lado, de una crítica a la teoría liberal del poder que intenta desactivar la dicotomía entre Estado y sociedad civil y sus corolarios —anclaje del derecho y la política en el nicho del Estado, profesionalización de la política, distinción entre lo público y lo privado, etcétera— y, por el otro, de la adhesión crítica a la concepción foucaultiana del poder. En un esfuerzo por superar, entre otras deficiencias, el carácter fragmentario y disperso de la teoría política de Foucault, Santos localiza y distribuye, de manera más específica y detallada que aquél, el poder social en seis espacios–tiempo estructurales: el doméstico, el productivo, el mercantil, el comunitario, el ciudadano y el mundial. Ello le permite mostrar que «la naturaleza política del poder no es el atributo exclusivo de una determinada forma de poder, pero sí el efecto global de una combinación de diferentes formas de poder y de sus respectivos modos de producción» (Santos, 1991: 181; 2003: 310).


Una de las aportaciones más interesantes del análisis del poder que plantea la teoría política contrahegemónica de Boaventura de Sousa Santos es la idea según la cual las sociedades capitalistas no deben considerarse formaciones sociales articuladas en torno a un derecho único, el derecho estatal, ni a una política única, la expresada en la relación entre el Estado y la sociedad civil por vía de la representación política democrática. Al contrario, son concebidas como una pluralidad de constelaciones jurídicas, políticas y epistemológicas relacionadas entre sí. Este juego de poderes políticos, jurídicos y epistemológicos en relación recíproca le permite adoptar a Santos una perspectiva relacional que diluye la dicotomía jurídico–política liberal entre lo público–político y lo privado–personal, evitando caer así tanto en la «hiperpolitización del Estado» como en su reverso, la «despolitización de la sociedad civil» (Santos, 1989b: 249; 2003: 128) causada por la teoría política liberal.


Al asumir como natural la división entre lo público y lo privado, la teoría política liberal menospreció la idea de una pluralidad de poderes políticos en circulación social e invirtió sus energías en llevar a cabo una cierta democratización del poder estatal en tanto que única forma reconocida de poder político–público. Sin embargo, y como contrapartida, no reconocer que el poder, más allá del ejercido por el Estado sobre la ciudadanía, actúa en múltiples espacios y se reproduce de muchas maneras —mediante discursos y prácticas que abarcan desde la violencia física hasta mecanismos simbólicos e institucionales más sutiles, tales como las leyes vigentes, las costumbres heredadas y la mentalidad en boga—, condujo a una teoría política ciega y conservadora que dejaba en una situación de vulnerabilidad a quienes en el ámbito considerado privado padecían actos discriminatorios. La teoría política liberal no es, en este sentido, crítica ni emancipatoria, pues no denuncia las injusticias de formaciones sociales que atenazan a los colectivos más débiles, invisibiliza y legitima las discriminaciones sexistas, económicas, étnicas y culturales y no plantea elementos para enfrentar las varias formas de opresión —discriminación, abusos, explotación, exclusión, falta de oportunidades, entre otras— que condicionan la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. No es, en definitiva, una teoría política solidaria con quienes sufren relaciones políticas de sujeción. Por esta razón, unos de los méritos más notables de la teoría política crítica de Santos es el de ampliar los límites del poder político y la opresión.


Cuando una determinada construcción social o relación de poder es despolitizada, es decir, privatizada y no sujeta a responsabilidad política, hasta el punto de convertirse en una realidad naturalizada, se está evitando que quien la sufre pueda emanciparse de una situación injusta.


Desterrar del ámbito del poder político estatal fenómenos socioculturales hoy dominantes, como el patriarcado heterosexista o la producción y el consumo capitalistas, sólo contribuye a aumentar las desigualdades entre personas, naturalizar relaciones de subordinación y desarticular lo privado como espacio político para la vindicación ciudadana. Puede decirse que Santos, en este aspecto, presenta un concepto de libertad que conecta con la tradición política republicana, para la cual la libertad no es la libertad liberal como ausencia de interferencia, sino la emancipación de las relaciones de dominación despótica o, como la entiende el filósofo Philip Pettit (1999: 40 ss.), la ausencia de dominación arbitraria. Llama la atención, a este respecto, cómo el Estado de derecho democrático–liberal es capaz de convivir cómodamente con formas despóticas de poder exentas de cualquier control democrático. Es lo que de Sousa Santos (2005: 354 ss.) conceptualiza como fascismos sociales. Son relaciones sociales que, aunque están formalmente incluidas en el marco del Estado y del contrato social, se rigen por la arbitrariedad y el autoritarismo del fuerte sobre el débil: «La vulnerabilidad del individuo en el fascismo social no resulta [...] de la imposición de un poder estatal tiránico frente al individuo, sino, por el contrario, del abandono total del individuo —muchas veces propiciado por el mismo Estado— de tal manera que cualquier poder, de cualquier tipo, puede aspirar a regular el comportamiento individual y a dispensar los bienes públicos a su antojo» (Santos y García Villegas, 2001: 45). Desde luego, una teoría política que convive tranquilamente con una abundancia de despotismos y esclavitudes sociales cotidianas es difícilmente transformadora y deficitariamente democrática.


Digamos para concluir que el debate sobre el poder dual en la transformación sociopolítica apalancada por los diálogos de paz debe incluir estas consideraciones de orden analítico. No es posible avanzar en la construcción de un pacto final de paz en marzo del 2016 sino se identifican claramente los elementos de dicha realidad que, por supuesto, la delegación santista intenta conducir en los términos de un cambio político monitoreado en función de los intereses de la elite dominante en el Estado.


Notas.


La transición que actualmente ocurre en el campo político a raíz del proceso de paz bien puede interpretarse a la luz de las elaboraciones teóricas de Leonardo Morlino, reunidas en el texto "Cómo cambian los regímenes políticos?" (1985), donde plantea un modelo de reformas políticas promovidas desde las elites dominantes en el Estado, las que advertidas de una crisis estructural en el funcionamiento del Estado implementan procesos de reformas y ajustes institucionales para no perder el control de la sociedad y las instituciones. Ver en el siguiente enlace electrónico dicho texto http://bit.ly/1K4Gplm Este enfoque no es el que se comparten este trabajo pero hay que abordarlo para entender cómo y en qué piensa la clase directiva colombiana a propósito del proceso de paz.
El concepto de la democracia como autodeterminación de las masas elaborado por René Zavaleta Mercado es ampliado por Luis Tapias en su texto "Cuatro conceptos de la democracia" al que se puede acceder en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1OxB6kT

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