Exigen más de 150 mil chilenos cambios al sistema de pensiones

Santiago.

Alrededor de 150 mil chilenos marcharon este domingo en Santiago contra el actual sistema de pensiones, manejado por las Administradoras de Fondos de (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a las que acusan de pagar jubilaciones bajísimas, y en demanda de que ese esquema sea cambiado.

 

Unas 150 mil personas, según los organizadores, y 50 mil, de acuerdo con la policía, se reunieron en Santiago. También se efectuaron protestas en la mayoría de las grandes ciudades del país. Algunas finalizaron en incidentes aislados, como en Valparaíso, donde grupos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno.

 

Una multitud se reunió en la plaza Italia, en el centro de la capital, atendiendo el llamado de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP, para protestar. La movilización recorrió más de dos horas la avenida Alameda, principal arteria de la urbe, exhibiendo carteles y lienzos al son de bombos y silbatos.

 

Ancianos y niños acudieron junto con sus familias a la manifestación, pese al intenso frío del invierno austral. Las AFP administran las pensiones de los trabajadores chilenos desde 1981, cuando el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014), elaboró una reforma que incluyó la creación de dichas empresas.

 

Durante el régimen de Pinochet, en el cual murieron unas 3 mil 200 personas, también se promulgó la Constitución vigente y se crearon los sistemas educativo y laboral. La mandataria chilena, Michelle Bachelet, lleva adelante medidas para modificar ese legado. En materia de pensiones aboga por una administradora estatal ante al reclamo de los jubilados, quienes piden la vuelta del anterior sistema público de reparto solidario.

 

El sistema de pensiones opera actualmente como una cuenta de ahorro forzosa, a la que los empleados aportan10 por ciento de sus sueldos y al final de su vida laboral reciben jubilaciones que, acusan, son menores a las remuneraciones que percibían. En promedio los jubilados reciben mensualmente unos 231 dólares, cifra menor al salario mínimo, que es de unos 396.

 

"Este es un sistema de porquería manejado por las AFP chupasangre, que roban nuestros ahorros y al final nos entregan una jubilación de mierda", declaró Julia Miranda, una trabajadora muy indignada.

 

En la actualidad las AFP administran 150 mil 685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones. Esas empresas invierten los recursos en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir laborando después de haberse jubilado.

 

Además, las AFP continúan administrando el dinero de los cotizantes después de que éstos se jubilan, mediante un programa de retiro de fondos programados. Otro reclamo es acabar con el retiro planeado y equiparar la edad de jubilación con el género, ya que hoy día los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60.

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ENRIQUE VALENCIA LOMELI


El investigador mexicano analiza la persistencia de una narrativa que lleva más de 30 años de reformas orientadas por políticas neoliberales. Lejos del desgaste frente a un panorama de escaso desarrollo social –un 50 por ciento de pobreza sostenida desde hace 30 años en México y una muy alta desigualdad–, la narrativa de mercado se repite y es efectiva, según Valencia Lomelí.

 

 

En la base de este relato existe una coalición tecnocrática nacional e internacional obsesionada por la baja inflación, por sostener un salario mínimo extraordinariamente bajo y un conjunto de acuerdos de apertura comercial. ¿Cómo funciona esta narrativa? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Qué condiciones estructurales sostienen dicha narrativa?

 


–Hace algunos meses presentó en Buenos Aires, en la sede de Clacso, un trabajo que llevaba por título “La (no) extraña persistencia de la narrativa de mercado” ¿Qué significa y por qué entre paréntesis la palabra “no”?


–Si analizamos el desempeño económico y social de México de los últimos 30 o 35 años, parecería muy extraña la persistencia de una narrativa de mercado que ha durado mucho tiempo y ha sido muy consistente. Entonces, teniendo un desempeño económico muy pobre en algunos indicadores y viendo el desarrollo social, donde existe una persistente pobreza y una alta desigualdad que no cede, cabe la pregunta ¿Cómo es posible que se mantenga esta narrativa triunfante? Por otra parte el “no” entre paréntesis, es lo que intento discutir, apunta a los fundamentos de una narrativa que persiste a pesar de los indicadores que arroja. Quienes defienden esta narrativa en México han configurado una coalición internacional que promueve este tipo de discursos. O sea, hay un fundamento de tipo sociopolítico, es decir una asociación de coaliciones mexicanas pro-mercado, con coaliciones internacionales pro-mercado. Por eso juego con esas dos dimensiones: por un lado es extraña la persistencia de esta narrativa, pero por otro lado tiene fundamentos sólidos que la sostienen.


–¿En qué consiste esta estrategia discursiva que se reproduce desde hace 30 años?


–Al inicio se genera la necesidad de introducir una reforma. Lo que se dice es que se trata de una reforma indispensable. Incluso se señala que la economía nacional no puede seguir adelante, si no se hace esta reforma. Entonces se busca la legitimidad a nivel nacional, en los medios políticos, académicos, de comunicación, etc. Hay toda una campaña para instalar la legitimidad de la reforma. Luego se busca identificar a los opositores para deslegitimarlos. Según esta narrativa, los opositores están en contra de la reforma porque no hacen un análisis correcto, porque tienen intereses propios, ocultos, etc. Según esta narrativa, el ámbito académico también se opone a la reforma porque los académicos no saben nada de la economía nacional, no saben lo que se vive en el mundo. A esto le sigue la etapa que consolida la reforma en términos legales y reglamentarios. Una vez alcanzada la formalización, viene la etapa de festejos de celebración por los cambios. ¡Como si una simple reforma legislativa cambiara la economía nacional! En esta etapa, se dice “hemos logrado transformar el país” y lo celebran quienes promueven estas reformas, pero además los organismos internacionales, los medios de comunicación afines, etc.


Acto seguido, viene la aplicación de la reforma en la vida cotidiana y sabemos que esta es compleja porque la economía no cambia con una simple ley y al poco tiempo empiezan a aparecer las limitaciones. Es decir, no se consigue todo lo que habían señalado que se iba a conseguir. Entonces viene la siguiente etapa: una nueva reforma, que viene completar un ciclo reformista que no ha terminado. Dicen “es necesario introducir una nueva reforma”. Así vuelve a iniciar el ciclo discursivo. México se ha reinventado no sé cuántas veces, por ejemplo con la reforma comercial, con la ola de privatizaciones, etc.


–¿Cómo está formada la coalición pro-mercado que mencionó previamente?


–Esto se puede ver en varios paìses del mundo donde hombres de Estado antes de cumplir con funciones públicas eran miembros de familias empresariales o bien pertenecían a grandes empresas, etc. Hay un juego entre la entrada y la salida de instituciones públicas a privadas y viceversa. En EEUU varios autores como, por ejemplo, Stiglitz cuestionan este fenómeno llamado de “puertas giratorias” donde hay una circulación que va del Estado norteamericano a Wallstreet y se reproduce en sentido contrario. Algunos hombres de Wallstreet de pronto pasan a ser dirigentes de instituciones públicas que tienen que ver con cuestiones financieras, con el manejo de políticas monetarias, etc. En España este debate referido a las puertas giratorias estuvo muy presente en el debate electoral. Existen propuestas para reglamentar este corredor que va del sector privado al sector público y viceversa. En México esto se ha vivido en los últimos años, donde algunos personajes que fueron muy importantes en las reformas de mercado al poco tiempo se volvieron directores de grandes empresas. Este fue el caso del sector de las telecomunicaciones con Telefónica. Así como ocurrió con las empresas ferroviarias donde algunos hombres migraron desde el sector público y se convirtieron en miembros de los consejos de administración de estas empresas que fueron privatizadas y ahora son estadounidenses. Hace poco en México se ha lanzado la reforma energética y ya vemos funcionarios públicos que cumplieron con cargos importantes que ahora se han vinculado al mundo de las empresas energéticas y petroleras. Ese esquema cementa de una manera muy firme el poder de esta tecnocracia. No es una tecnocracia meramente pública, es una tecnocracia vinculada al sector privado. Este pegamento poderoso entre intereses públicos e intereses privados le da continuidad a esta tecnocracia. Por último, en México hubo una extranjerización de los bancos privados, con la reforma financiera. En su momento quedó un solo banco privado nacional (porque la mayoría fueron a parar a manos extranjeras) que fue dirigido varios años por un ex director del Banco Central, quien además estuvo al frente del Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas financieras. Entonces tenemos el mundo bursátil, el mundo bancario, el mundo financiero, empresas de telecomunicaciones, energéticas y de transporte donde hay una asociación de intereses públicos y privados muy arraigada.


–¿En qué medida es también una coalición internacional?


–Para cerrar la conformación del poder nacional e internacional, existe una asociación con organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos hombres de Estado que pasan a ser dirigentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), etc. En la OCDE hay un funcionario que fue muy importante en todos los procesos de reforma financiera del país, en las negociaciones de la deuda externa mexicana, en fin en varias reformas. Existe entonces un poder nacional con ligas internacionales. Por eso, no concuerdo con quienes plantean que las reformas económicas de mercado en el caso mexicano (y en otros casos latinoamericanos) son una simple imposición internacional, donde el Banco Mundial y el FMI imponen estas políticas y México como un corderito inocente va hacia el precipicio. Esto no funciona de forma unilateral. No quiero dejar de reconocer el enorme poder que tienen todavía estas instituciones, especialmente las financieras. Pero lo que quiero destacar es que las reformas de mercado en México no son “made in FMI” solamente, también lo son, pero primero son locales. Es decir, esto es poderoso y durable gracias a una coalición nacional e internacional.


–¿Qué significa que la economía de México es “perversamente estable”?


–En nuestro país, lo que se busca con las políticas de enfoque de mercado es estabilizar lo que tiene que ver con el manejo de los precios. Se busca llegar a una inflación de un dígito o lo más cercano a la inflación de Estados Unidos. Hay una obsesión mexicana por tener una inflación muy baja. Con esto no quiero decir que yo sea favorable a las políticas económicas de alta inflación. Lo que cuestiono es ponderar el indicador de una baja inflación, como si fuera el indicador fundamental de desarrollo. Ese pensamiento es sumamente cuestionable. En México observamos el placer que siente la tecnocracia por haber logrado una inflación de un dígito. Ellos dicen, “somos un país estable y creíble porque logramos esto”. Durante la crisis del 2009 nuestro PBI llegó a bajar entre 6 por ciento y 7 por ciento pero las autoridades decían “lo logramos, somos estables, a pesar de todo tenemos baja inflación”. ¡Cómo si ese fuera el indicador fundamental! ¡Cómo si el crecimiento y la producción de satisfactores esenciales para la vida de los ciudadanos quedara en un segundo lugar! Como si lo importante fuera el precio bajo, cuando esto es un simple medio. ¡Excelente que tengamos precios bajos! Pero que nos permitan tener dinamismo. Entonces en este sentido la tecnocracia insiste con la idea de que somos creíbles para las calificadoras internacionales, se jactan de que tenemos un déficit público controlado, etc. En contrapartida, el dinamismo económico y el desarrollo social quedan en un segundo plano. Tenemos alrededor de 30 años de crecimiento económico muy limitado. Por eso yo decía que somos perversamente estables, porque efectivamente tenemos una baja inflación y tenemos indicadores macroeconómicos relativamente estables. Pero, por otro lado, tenemos una pobreza estable que se mantiene alrededor del 50 por ciento, así como una desigualdad relativamente estable y muy alta.


–El 50 por ciento de la población mexicana son aproximadamente 60 millones de personas. ¿Cómo se comportan los movimientos sociales, las organizaciones, los sindicatos frente a este panorama?


–En México, las principales centrales sindicales tienen una larguísima tradición de vinculación dependiente del Estado. Si vemos la política salarial mexicana de los últimos 40 años, la oposición de las centrales sindicales frente a estas políticas ha sido mínima. Tenemos una reducción del salario real en México muy importante. En los últimos 30 años, la coalición conservadora tecnocrática mexicana ha sido hábil para seguir asociada a los líderes de estas centrales sindicales. ¿Cómo se asocian? Bueno, con negociaciones, con acuerdos, beneficios, etc. No hay negociaciones sindicales para solicitar aumentos salariales en determinadas circunstancias que vayan por arriba de la inflación. No todos los sindicatos, pero una buena parte de las centrales sindicales son dependientes de la tecnocracia actual y de los viejos políticos del PRI de los años 60’ y 70’. Por otra parte existen organizaciones civiles ciudadanas muy activas en ámbitos sectoriales pero no han logrado oponerse de manera exitosa a este proceso de reformas de mercado. Especialmente oponerse en el sentido de negociar cambios en la reformas que apunten a alcanzar beneficios sociales. Creo que las acciones ciudadanas en general, que han sido muchas en estas décadas, no han logrado cambios sustanciales en las reformas de mercado en términos nacionales. En ámbitos locales o regionales o sectoriales, las acciones ciudadanas han resistido o han frenado el alcance de estas reformas, con alternativas de solidaridad y de organización propia; en el ámbito nacional no han logrado articularse en una coalición nacional exitosa para generar alternativas con enfoque de derechos sociales. Por último, algo fundamental a considerar es que la tecnocracia ha avanzado con la generación de programas sociales de transferencia de rentas y de servicios que benefician parcialmente a estos 60 millones. O sea, hay reparto de recursos limitados. Para las poblaciones que viven en situación de pobreza y algunos de pobreza extrema, el hecho de contar con recursos permanentes, aunque sean pocos, si no tienen empleo suficiente o empleo digno, se vuelve determinante.


–La represión parece ser un factor estratégico para instalar esta narrativa.


–El recurso a la represión tiene larga historia en el México corporativizado. Generalmente el viejo Estado recurría a las componendas con sus aliados corporativos, a la negociación de prebendas; recurría a la represión cuando las organizaciones corporativas (o movimientos en el seno de ellas) buscaban autonomía o políticas diferentes. Hay larga historia de represión a los movimientos médicos, ferrocarrileros, electricistas. En esa larga historia hay que ubicar la represión a los maestros disidentes. En la historia reciente, la narrativa de mercado trata de deslegitimar a los opositores de las reformas. La idea es avanzar en las reformas lo más rápidamente posible sin necesidad de deliberación o diálogo; la consulta es llevada a los mínimos posibles. Deslegitimar al oponente es clave: ¿cómo dialogar con opositores tan “atrasados”, tan “violentos”, tan “interesados”, etc.? Se construye así un adversario fácil de combatir: “¿Para qué dialogar con opositores sin legitimidad?” es el discurso de fondo; dicho de otra manera, no hay opositores legítimos. Los maestros opositores son presentados como enemigos de los estudiantes, de la educación misma. La tecnocracia hegemónica no es ejemplo de deliberación democrática. En el marco del gobierno actual el recurso a la represión se está convirtiendo en una práctica recurrente. Lo más notable es que algunos casos relevantes se dirigen a estudiantes, maestros y comunidades, de zonas con fuerte presencia indígena y de campesinos pobres. La desigualdad socioeconómica se está expresando así también en desigualdad sociopolítica con violencia y represión como en Ayotzinapa, Guerrero, y Nochixtlán, Oaxaca.


–Usted presentó un cuadro comparativo, con datos de la CEPAL, donde se muestra el salario mínimo real en Brasil, Chile, México y Argentina. En 2014, Argentina presentaba el salario mínimo real más alto entre estos países y México el más bajo. ¿Por qué dice que este indicador es el corazón del asunto?


–Creo que es el corazón del asunto porque en el caso mexicano el indicador salario, especialmente el salario mínimo, nos muestra el pensamiento “en vivo” de esta tecnocracia conservadora. Precisamente recurrí a este gráfico con el índice de salarios desde 1980 hasta 2014 y presenté el caso mexicano comparado con Brasil, Chile y Argentina. Entre 1980 y 2000 hubo una reducción de las 2 terceras partes del salario mínimo mexicano, y de 2000 a 2014 el salario mínimo ha permanecido estable. Esa es la estabilidad perversa.


¿Por qué digo que ahí está la clave? Porque ese es el núcleo del proyecto económico mexicano: les interesa mantener los salarios muy bajos para poder ser exitosos en la inserción exportadora mundial. México en los últimos 20 años ha sido exitoso en sus exportaciones (con todos los límites que deben considerarse en esto). ¿Pero qué exportamos? Exportamos productos ensamblados, manufacturas, etc. Todo esto con una base en salarios extraordinariamente bajos en comparación con toda América Latina (no sólo con Chile, Argentina y Brasil). Si comparamos con otros países estamos en una situación de excepcionalidad en la región. Hay una fuerte resistencia frente a una política salarial más activa, de incremento real del poder de compra de los salarios, como lo han vivido Argentina o Brasil, por ejemplo. En México temen que si se toman políticas salariales activas se va a disparar la inflación. Si tomamos el caso de Corea del Sur, observamos que allí se han incrementado los salarios en los últimos decenios lo cual no desembocó en una alta inflación, al contrario tienen inflación de un solo dígito y las exportaciones coreanas no están basadas en salarios extremadamente bajos. En México, el año pasado por primera vez se discutió un cambio en la política salarial. El objetivo era poder incrementar el poder de compra del salario mínimo. Que los empresarios y la tecnocracia se opongan a un aumento del salario mínimo es comprensible. Lo que es sorprendente es que las centrales sindicales enviaron un comunicado indicando que no estaban de acuerdo con una política de incremento del salario mínimo, tal como se planteaba. Los sindicatos señalaron que eso iba a generar problemas a la clase trabajadora, lo cual cristaliza la asociación entre algunas centrales sindicales y las cúpulas del poder privado en México.


–Argentina se sumó como observador a la Alianza del Pacífico ¿Qué pronóstico indicaría para este país sobre su política económica exterior?


–Las primeras reformas que vivimos en México fueron las reformas de apertura comercial. En un primer momento la tecnocracia de 1985 llevó adelante la apertura para romper con la historia de industrialización sustitutiva de las importaciones. Desde ese momento se realizó todo el proceso de reforma que yo señalaba, indicando que existía una necesidad de apertura. Se buscó deslegitimar a los opositores porque “era gente que no entendía las ventajas de la apertura a los mercados, etc”. La apertura fue la primera gran reforma. Luego vino el proceso de incorporación a los acuerdos comerciales. México se convirtió en uno de los líderes de la firma de convenios de apertura comercial, actualmente tiene convenios de libre comercio firmados con más de 40 países. A diferencia de América del Sur, México depende fundamentalmente del mercado estadounidense. Nuestras exportaciones van en un 80 o 90 % hacia los Estados Unidos. Entonces tenemos la expresión de que si EEUU tiene gripe, México tiene pulmonía. En la apertura comercial lo que tenemos es un incremento de la dependencia a un solo mercado. Cuando empezó la discusión sobre el tratado de libre comercio con EEUU y Canadá se lanzaron estudios econométricos, se escribía mucho para legitimar la reforma, planteos sobre el mundo feliz que viviría México gracias a esta asociación. Se dijo, además, que esto aumentaría los salarios reales de los trabajadores mexicanos, que bajaría la pobreza, etc. Pero lo que sucedió fue un incremento de relaciones comerciales con EEUU. La economía mexicana no creció, la pobreza no se redujo, como comenté, permanece estable. Las industrias trasnacionales asentadas en México han acentuado su productividad de una forma muy importante con la política salarial mexicana que ya conocemos. Pero no hubo dinamismo económico, ni desarrollo social. Entonces, pienso que estas asociaciones y tratados tienen que revisarse de una manera crítica. No me opongo a los acuerdos comerciales con otros países, pero deben basarse en reglas diferentes. Es necesario establecer acuerdos pero que contemplen las diferencias de desarrollo entre los países. Por ejemplo, el primer modelo de integración europea que incorporaba el reconocimiento de los desniveles de desarrollo de los países europeos parece que ya se les olvidó. Algo a destacar es el secretismo en este tipo de negociaciones y discusiones, por ejemplo con el famoso acuerdo de la alianza transpacífico donde los acuerdos se difundieron cuando ya estaban firmados. Lo que es más terrible es que no acaban de difundirse de manera plena. No está claro los costos que vamos a tener en materia sanitaria con la presencia de los intereses de las grandes trasnacionales farmacéuticas. En principio soy escéptico respecto de estas alianzas que acentúan y extreman el libre mercado.

 

 

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Martes, 21 Junio 2016 17:34

Santos, falta pelo pa’l moño.

Santos, falta pelo pa’l moño.

La paz expres es enemiga de la paz con justicia social. La paz expres es la de los politiqueros enmermelados que, utilizando el fementido plebiscito, preparan el asalto de los presupuestos de las vias terciarias, mediante licitaciones a dedo, aforados en casi 50 billones de pesos.

Falta todavia, Santos. primero la paz con justicia social para Colombia y despues la vitrina.

 

Vuelve y juega. Regresó la paz exprés

 

A Santos le cogió el afán, otra vez. Le interesa la paz cronológica. No la ontológica, la que corresponde a unas condiciones reales para la superación del atroz y aberrante conflicto armado que han orquestado las elites oligárquicas, dejando casi 8 millones de víctimas desplazadas y casi 500 mil muertos y desaparecidos.

A Santos le interesa más firmar un documento y ganar el plebiscito, que parece estar cuesta arriba, que darle cumplimiento efectivo a los pactos de paz en materia agraria, participación democrática, de víctimas y de justicia. Le interesa más su Premio Nobel y un cargo en Naciones Unidas, que la superación efectiva de la violencia. Por eso está de carreras.

Sí, es cierto, viene un cese bilateral del fuego y hostilidades que de hecho propiciará una transformación de la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y policiales del régimen. La verificación de la Comisión política de la ONU creada para el efecto será un factor definitivo en ese sentido al igual que la constitucionalidad del Acuerdo especial que adquiera el pacto final de paz en los términos del Artículo 3 común de los pactos de Ginebra, si la zancadilla oficialista enmermelada no lo impide con sus conocidas trampas de tahúr.

Pero este importante paso no es todavía el fin del conflicto social y armado.

Faltan mucho pelo pa’l moño, como anota el comandante Timoleón Jiménez. Miren lo que falta, todo amparado en el principio de la concomitancia, la integralidad y simultaneidad:

Uno. Dejación de las armas. Reincorporación de las Farc-ep a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo con sus intereses.

Dos. El gobierno nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc-ep.

Tres. En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre, o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

Cuatro. El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Cosa que está en pañales pues no quieren largar la teta.

Quinto. Garantías de seguridad para las Farc.

Sexto. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. Fenómeno que niegan desde el Ministerio de Defensa.

Septimo. Falta hacer un pacto sobre la refrendación y legitimación de los consensos que un Plebiscito enmermelado no alcanzará. Esta algazara electorera, treta polarizada frentenacionalista, es otro simulacro seudo democrático montado por la elite santista para repetir el saqueo de los dineros públicos. Lo harán utilizando el programa de las vías terciarias, autorizado recientemente mediante el Conpes 3857/2016, al cual le asignaron casi 50 billones de pesos, haciendo a un lado las autopistas 4G que irán más lentas. Es que la contratación de los hipotéticos arreglos de las vías rurales o terciarias hace más fácil el despojo descarado de miles de millones de pesos que irán a parar a los bolsillos de los entusiastas politiqueros con el cuento de la paz santista.

Hay que ver lo que está haciendo doña Dilian Francisco Toro, gobernadora del Valle; está feliz con los presupuestos de las vías terciarias puestos a su disposición desde la Presidencia de la Republica, merced a la intermediación de ciertos caimanes de la trampa electoral y clientelar. Ya su marido –el negro Caicedo– reparte y recoge en los clubes de Palmira, Guacari y Cali.

Nos jodimos con esta paz llena de embustes y velocidades de los gamonales y caciques santistas.

Octavo. Falta establecer un marco preciso de obligaciones para la implementación y verificación de los acuerdos de paz.

Noveno. Falta, digo yo, una profunda transformación del Estado, del Gobierno y sus instituciones en todos los niveles. Eso hay que pactarlo en medio de una profunda disputa política por el sentido democrático que debe cobrar el Estado hacia adelante y en condiciones de paz. Para tales efectos es inútil el simulacro del Ministerio para el postconflicto de Pardo y las reformas militares al gusto de la Otan y el Comando sur del imperio.

Así que a reunir más pelo pa’l moño, señor Santos, y a resolver con paciencia y ponderación los importantes puntos pendientes para poner fin al prolongado, complejo y atroz conflicto nacional.

 

Nota. La quiebra de Astraval es otro síntoma concreto, como aquel de Interbolsa, de la tremenda crisis económica y financiera que le va pierna arriba a Santos y al sistema capitalista que encarna. Que respondan los directivos de la Súperintendencia bancaria que propiciaron con la corrupción y los vacíos legales que permitieron esta estafa con las libranzas de las cooperativas militares y los educadores de Cundinamarca. Que rueden cabezas y se conozca la verdad.

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Jueves, 26 Mayo 2016 06:54

Vuelven las privatizaciones

Putin apuesta a recuperar el crecimiento económico.
 
Kudrin, ex ministro de Finanzas y hombre de confianza de Putin, regresa al gobierno con viejos anhelos de su gestión anterior, la reforma del sistema de pensiones y la privatización de activos estales.

 

 

Página/12 En Rusia
Desde Moscú

 

A pocos meses de que se celebren elecciones legislativas y a dos años para que termine el tercer mandato presidencial de Vladímir Putin (2000-2008 y 2012-2017), el Kremlin apuesta a recuperar el crecimiento económico que le asegure al líder ruso un cuarto período al frente de la Federación. La apuesta de Putin para lograr ese objetivo es la convocatoria a su amigo y exministro de Finanzas ruso, Alexey Kudrin para liderar el estratégico Consejo Económico de la presidencia rusa, que ayer volvió a reunirse luego de tres años.

 

Kudrin es el funcionario económico más preponderante de Rusia desde la caída de la URSS. Asumió en el 2000 y abandonó el gobierno diez años después tras enfrentarse con Dmitri Medvedev, hoy primer ministro y en aquel año presidente del país. En diez años, Kudrin pagó más de 90 mil millones de dólares para saldar las deudas de la nación, incluidas las del período soviético; reformó el caótico sistema impositivo de país y creó los fondos de reserva constituidos por excedentes de la venta de petróleo, entre otras medidas.

 

Ahora, el ex ministro de Finanzas vuelve a la carga con viejos anhelos de su gestión anterior, la reforma del sistema de pensiones y la privatización de activos estales. Desde que Putin sugirió su inclusión en el gobierno en abril durante la última “línea directa” (la conferencia de prensa anual en la que el líder ruso “dialoga” con los ciudadanos), Kudrin fue nombrado vicejefe del Centro de Estudios Estratégicos (el think tank que pensó el primer plan económico de Putin) y presidente del Consejo Económico de la presidencia rusa. En suma, los deseos de Kudrin dejaron de ser declaraciones en la prensa para traducirse en medidas efectivas.

 

El pasado 23 de mayo Putin firmó una ley para elevar la edad de jubilación de los funcionarios estatales y municipales desde el primero de enero del 2017. A partir de esa fecha, se elevará de forma progresiva la edad del retiro laboral, hasta establecerse en 65 años para los hombres y 63 para las mujeres. Anteriormente era de 60 para los hombres y 55 para las mujeres. La reforma parece ser solo un anticipo de lo que sucederá con el resto de la población. Y está bendecida por el Banco Mundial. Sergey Ulatov, residente macroeconómico de la institución, señaló que “es definitivamente necesario” reformar el sistema y que es un “factor clave de la política económica”.

 

Con todo, de hacerse efectiva, la medida no representa necesariamente un dolor de cabeza para los ciudadanos rusos que conserven un empleo. En efecto, muchos preferirían no jubilarse. El promedio de la pensión en el país es de 8 mil rublos (120 dólares) por mes y alcanza a duras penas para los gastos de alimentación. Cuatrocientos gramos de pollo en un supermercado cuestan alrededor de 300 rublos, la caja de un litro de leche no baja de los 60 rublos y un kilo de bananas supera los 100 rublos. Si se trata de esparcimiento, la entrada más barata a un concierto de música clásica en Moscú no baja de 300 rublos. Si se trata de transporte, para comprar un boleto de subte se necesitan 50 rublos.

 

Días atrás, el sitio de noticias ruso meduza.io publicó que cuando Medvedev realizaba una visita oficial a Crimea, una jubilada le espetó que su pensión era “una miseria”. El primer ministro prometió que cuando el Estado tuviera dinero haría algo.

 

Respecto a las privatizaciones, se siguió el mismo camino que con la reforma de pensiones. El ex ministro de Finanzas Kudrin lanzó una sugerencia desde un atril y en las semanas siguientes el plan tomó forma. A comienzos del año, cuando todavía no ocupaba cargos públicos, afirmó que debía realizarse una privatización masiva de activos del gobierno ruso en varias compañías aunque precisó que debía esperarse a que mejorara su performance como resultado de una recuperación en el precio del petróleo y de la economía en general. Aunque por ahora el proceso no es de carácter masivo, se han puesto en venta activos estatales en empresas estratégicas del país como Rosneft, Bashneft, y Alrosa.

 

La primera es una de las tres principales compañías petroleras de la nación, con negocios en numerosos países, entre ellos China, Egipto, Vietnam, Venezuela, Indonesia, entre otros. El año pasado obtuvo ganancias por más de 5 mil millones de dólares.

 

Este 24 de mayo, desde Eslovaquia, el ministro de Desarrollo Económico, Alexey Ulyukayev, afirmó que con la venta del 19,5% de Rosneft, el gobierno lograría mantener en un 3% del Producto Interno Bruto el déficit estatal para el 2016. Ulyukayev incluso afirmó que la operación es la “más importante para el balance del presupuesto”.

 

Otra petrolera que podría seguir este proceso es Bashneft, que el año pasado presentó beneficios por poco menos de mil millones de dólares. En este caso, el gobierno ya puso en venta el 50% de los activos estales y según Ulyukayev la operación podría concretarse “en la primera mitad del año”, puesto que a fin de este mes esperan la oferta de los inversores.

 

Alrosa, principal productora rusa de diamantes con 3,4 miles de millones de dólares de beneficios en el 2015, está en proceso de venta del 10,9% del capital estatal. La semana pasada, el presidente de Alrosa, Andrey Zharkov, acompañó al vice primer ministro ruso a una gira por el lejano este donde se realizó una presentación de la compañía. Según el alto directivo, empresas chinas ya han mostrado interés en participar de la privatización.

 

El gobierno es optimista sobre la venta de sus activos en estas tres empresas. Mientras que en abril, Ulyukayev afirmó que Rosneft, Bashneft y Alrosa podrían ser las primeras tres en privatizarse, días atrás afirmó que vender los activos de tres empresas para fin de año, sería un “éxito”.

 

Si la sugerencia de Kudrin se cumple, es esperable que para comienzos del 2017, el Estado ruso avance en la privatización de otras compañías. Algunos gigantes ya se apuraron a asegurar que al menos por este año, no se llevarán a cabo ventas de activos estatales. Una es la propietaria de los trenes rusos, Russian Railways. Su director afirmó que al menos durante el 2016 no hay planes. Otra es la fabricante de helicópteros, Russian “Helicopters”. El CEO aseguró que es “muy temprano” para hablar de privatización, aunque reconoció que existe un “buen grupo de inversores” como la francesa Airbus y la italiana AgustaWestland.

 

En el sector bancario, el proceso parece ser más cauto, y por ahora el Estado ruso solo redujo su participación en VTB, uno de las mayores instituciones crediticias, del 50% más una acción al actual 42.83%.

 

Kudrin también podría traer de regreso medidas de ajuste y recortes en el área social, tal como sucedió durante su gestión anterior. El exministro se llevó los laureles por reducir la inflación a menos de un dígito utilizando el presupuesto para comprar bonos de otras naciones. Sin embargo, para analistas como Borís Kagarlitski, esa medida fue “catastrófica para la economía real porque deprimió la demanda y suprimió el crecimiento incluso antes de que el precio del petróleo colapsara”.

 

De todas formas, Putin parece decidido a seguir los consejos de su amigo economista. En la reunión del Consejo Económico celebrada el día de ayer, parafraseó a Kudrin y afirmó que la “economía no se recuperara por sí sola” y que es “necesario implementar reformas para lograr la eficiencia económica”. Unos días antes, Kudrin sostuvo que la economía “seguiría en el fondo sin reformas”. El pronóstico oficial para este año, indica que el Producto Interno Bruto se contraerá en un 0,2 por ciento luego de caer un 3,7 en 2015.

 

La amistad y la relación profesional parecen estar en perfecta sintonía entre ambos dirigentes. Habrá que ver si se mantiene respecto de las necesidades del presupuesto militar, ya que el exministro de Finanzas llegó a dejar el gobierno por la negación de Medvedev a seguir sus consejos sobre reducir el presupuesto militar. Si Putin decidiera continuar adelante con el rearme militar y las operaciones en terceros países, como sucede ahora mismo en Siria, posiblemente lo último que necesite es un recorte en el presupuesto militar.

 

 

 

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Protesta de abogados ante el Parlamento, este domingo.

La coalición de gobierno saca adelante con 153 votos el impopular ajuste, una exigencia de los acreedores que ha puesto en pie de guerra a numerosos colectivos

 

 

En un clima de protestas y movilizaciones que han sacado a la calle a miles de personas, y en medio de grandes medidas de seguridad, el Parlamento griego ha aprobado esta medianoche un nuevo paquete de medidas de austeridad –una impopular reforma de las pensiones y otra fiscal- para llegar al Eurogrupo de este lunes con los deberes hechos. De la reunión de Bruselas depende que concluya la primera revisión del tercer rescate (86.000 millones a tres años) y, por ende, el desbloqueo del segundo tramo del mismo, 5.000 millones de euros vitales para afrontar los vencimientos de la deuda en junio y julio (casi 5.000 millones en total). La reforma ha salido adelante sin sorpresas, con los 153 votos de la coalición de gobierno, frente a 143 en contra.

 

Entre los efectos de la reforma de las pensiones, el duodécimo ajuste de las mismas desde 2010, figuran la introducción de una mínima de 384 al mes para periodos de cotización de 20 años, la desaparición del fondo complementario de solidaridad y la homologación de los numerosos fondos de pensiones gremiales (el de los periodistas, por ejemplo, ya no existe, lo que ha puesto en pie de guerra a este colectivo). La reforma fiscal contempla el aumento en un punto del tipo más alto del IVA (a partir de ahora, el 24%), el ajuste a la baja de la base mínima imponible o, en fin, la progresiva equiparación al régimen general de sectores como el agrícola, que hasta ahora disponía de ventajosas condiciones. Los agricultores son otro de los colectivos que más han batallado contra la reforma.

 

Con estos ajustes —denominados medidas preventivas o de contingencia por los acreedores, impuestas por temor a que Grecia no alcance sus objetivos presupuestarios—, el Gobierno de Atenas pretende economizar 5.400 millones anuales para alcanzar en 2018 un superávit primario del 3,5% del PIB, una meta para muchos irrealizable. El primer ministro, Alexis Tsipras, aseguró este viernes ante su grupo parlamentario que la reforma "coloca al Estado del bienestar de nuevo en la buena dirección, sin reducir las pensiones principales, sin cortar ni un solo euro de la mayoría de los pensionistas" y con “una distribución más justa de la carga", ya que los incrementos afectan, según el Gobierno, a las clases medias y altas. La reforma de las pensiones es crucial “para evitar que el sistema colapse en unos años”, subrayó Tsipras a sus parlamentarios.

 

Efklidis Tsakalotos, ministro de Finanzas, ha advertido por su parte a los socios de la eurozona del riesgo de que Grecia se convierta en un “Estado fallido” si las conversaciones sobre el tercer rescate fracasan, según una carta dirigida a los ministros de Finanzas de la eurozona a la que ha tenido acceso la agencia France Presse.

 

El Parlamento ha debatido desde el viernes el controvertido ajuste bajo medidas de seguridad exacerbadas, con el perímetro del edificio y de la oficina del primer ministro cerrado, incluidos los accesos del Jardín Nacional, que colinda con ambas sedes. Por tercer día consecutivo tras dos de huelga general, el viernes y el sábado, los principales sindicatos y asociaciones gremiales sacaron de nuevo a sus partidarios a las calles este domingo, ya que además se celebraba, con una semana de retraso, el Primero de Mayo (fue aplazado al coincidir el domingo pasado la Pascua ortodoxa); también ha habido paros parciales en el transporte público de la capital griega. En la plaza Syndagma, donde se levanta el Parlamento, se produjeron como de costumbre disturbios aislados entre manifestantes y policías.

 

Son los colegios profesionales los que más batalla han dado contra esta nueva vuelta de tuerca de la austeridad, amenazando con multas o la expulsión a aquellos de sus miembros que sean diputados y votaran a favor de la reforma; entre ellos, el colegio de médicos, el de periodistas y el de farmacéuticos. También promete expulsar a sus afiliados parlamentarios el colegio de ingenieros, la profesión del primer ministro Alexis Tsipras, y de otros dos ministros. Acabar con las denominadas "profesiones cerradas" —casi todas las ejercidas por profesionales liberales o autónomos— es una vieja exigencia de la troika desde los días del primer rescate, en mayo de 2010.

 

 

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Las recesiones de Rusia y Brasil, la desaceleración de China, las dudas sobre Europa y la fortaleza del dólar entorpecen la reactivación económica y exigen nuevas medidas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afronta sus reuniones de primavera, que arrancan mañana en Washington, con un mensaje claro a los Gobiernos: lo hecho hasta ahora no basta para apuntalar la recuperación económica. Las recesiones de Rusia y Brasil han resultado peores de lo previsto, la fortaleza del dólar quita brío al crecimiento de Estados Unidos y China se ha frenado. La zona euro sigue lastrada por la baja inversión, el alto desempleo y la miopía política para impulsar la actividad. El FMI reclama que sigan adelante las reformas y más estímulos fiscales para el crecimiento. El tinglado, viene a decir, no puede sostenerse solo por las políticas expansivas de los bancos centrales.


Las cosas no han resultado como el FMI esperaba. Después de una dura crisis de más de un lustro, lleva al menos dos años esperando que la recuperación cuaje, pero esta, lejos de hacerlo, pierde vigor, se llena de dudas. “La crisis aún persiste. Sin embargo, el optimismo está en el aire: la etapa de hielo ha quedado atrás, y el horizonte es más brillante. Mi gran esperanza es que 2014 resulte trascendental de otra forma: que sea el año en que los siete años de debilidad, en términos económicos, se conviertan en siete años de bonanza”, decía la directora gerente, Christine Lagarde, hace casi 30 meses.


La semana pasada, en el tradicional discurso previo a las reuniones de primavera del Fondo, en el aire flotaba algo muy distinto del optimismo. Lagarde dejó entrever que, una vez más, las nuevas previsiones económicas de la institución sufrirán rebajas, añadidas a las de enero, y estas a las de octubre. “El pronóstico global se ha debilitado respecto a los últimos seis meses, agravado por la desaceleración de China, la bajada de precios de las materias primas y la perspectiva de que las condiciones financieras se endurezcan para muchos países”, dijo.


En enero, el Fondo recortó sus previsiones para la economía global en dos décimas, hasta dejar el crecimiento de 2016 y 2017 en el 3,4% y el 3,6%, respectivamente. Mantuvo los pronósticos para China, aunque dio dos duros tijeretazos a Rusia y Brasil. A Estados Unidos le restó también 0,2 puntos porcentuales y calculó un avance del 2,6% en ambos años, y la zona euro la mejoró una décima
Y si hace ya años que el FMI ha puesto el acento en los estímulos al crecimiento por la vía de las política fiscal —en aquellos países con margen para hacerlo, añade siempre de coletilla— y monetaria, en estas reuniones de primavera está pidiendo más madera. El Fondo insiste en que sigan adelante las reformas estructurales —en Europa, más medidas para el empleo, sobre todo entre los jóvenes; para los exportadores de petróleo, más diversificación—, pero también una política fiscal más favorecedora del crecimiento económico.


“La política monetaria no puede seguir siendo el alfa y omega de la recuperación. De hecho, será mucho más efectiva con apoyo de elementos fiscales y estructurales”, recalca Lagarde.


El organismo con sede en Washington apoya que la Reserva Federal estadounidense (Fed) subiera tímidamente los tipos en diciembre, aunque el Banco Central de EE UU ha dejado claro que el proceso va a ser muy gradual.


Aplaude las tasas negativas


El Fondo aplaude las rondas de estímulos sin precedentes impulsadas por el Banco Central Europeo y, en especial, ha querido dar un espaldarazo a la introducción de tasas negativas nominales por parte tanto del BCE como del Banco de Japón, entre otros. En marzo, el eurobanco dejó la tasa de la facilidad de depósito (que es el tipo de interés que aplica a la liquidez que las entidades financieras depositan en el BCE) en el -0,4% (llevaba ya en territorio negativo desde junio de 2014), lo que les encarece aún más el depósito y, por tanto, incentiva a que dediquen el dinero a prestarlo a empresas y familias. Japón lo bajó al -10% el pasado mes de enero.


Ayer, el Fondo publicó un informe que titulaba precisamente Los efectos positivos de los tipos negativos y defendía su papel como combustible adicional a la ya de por sí política monetaria expansiva dominante. Eso sí, insiste también ahí en que las políticas fiscales y las reformas deberían acompañar el proceso.

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Marchan miles en Argentina en demanda de que renuncie el presidente Mauricio Macri

Buenos Aires.

 

Mientras la noche del jueves y hasta las primeras horas de la madrugada de este viernes miles de personas marcharon en esta capital a la plaza de Mayo y también en Mar del Plata y Rosario exigiendo la renuncia del presidente Mauricio Macri, en rechazo a los despidos y otras medidas, entró en vigor el aumento de 100 por ciento al transporte público, lo que causó protestas en estaciones ferroviarias.

 

Las tarifas del transporte en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron, incluso para los jubilados, y se anunció que se suprimirá una lista de medicamentos que se entregaban gratuitamente a éstos. Según la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ese listado incluye antibióticos y broncodilatadores, por lo que se prepara una acción penal.

 

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro general para el próximo 19 de abril y la instalación de una carpa de jubilados en protesta por las medidas “antipueblo del gobierno de Macri”. El dirigente del poderoso gremio de camioneros, Pablo Moyano, advirtió que irán a un paro general para “frenar el ajuste brutal que aplica el gobierno”. Diputados opositores presentarán un amparo contra el aumento del gas, que será de entre 300 y 500 por ciento.

 

La situación social se deteriora y esto llevó a la unidad de las cinco centrales sinidicales, las cuales marcharán juntas el próximo 29 de abril.

 

El panorama también se agrava para los periodistas, cientos de los cuales han sido despedidos y algunos han sido objeto de amenazas. El jueves, la reportera Gabriela Carchak, del canal C5N, fue amenazada de muerte y atacada cuando cubría una nota sobre un escrache realizado por un grupo de jóvenes ante la casa del juez Claudio Bonadio. Quienes la amagaron incluso difundieron por redes sociales su información privada y fotos de su hija. Ahora la comunicadora tiene vigilancia policial en su casa.

 

El periodista especializado en economía Roberto Navarro, cuyo programa fue sacado del aire por censura cuando iba a denunciar el millonario enriquecimiento de Nicolás Caputo, amigo y asesor de Macri, fue amenazado dos veces en su casa. En uno de esos amagos le dijeron que, “como los zurditos”, iba a aparecer en un río, en referencia a los detenidos-desaparecidos de la dictadura, quienes eran arrojados al mar.

 

Esto ha creado un clima de exasperación, que cada día es más evidente. La respuesta de Macri a la denuncia de Navarro fue nombrar a Caputo como nuevo vicepresidente del Mercado de Valores argentino, según fuentes relacionadas con la institución.

 

Posible orden de detención contra Cristina Fernández

 

El periodista e investigador Raúl Kollman, del diario Página 12, reveló que el juez Bonadio, quien estuvo a punto de ser sometido a juicio político por graves denuncias en su contra, ante fallos y resoluciones sospechosas de corrupción, “utilizó la figura de asociación ilícita para preparar la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien citó a declarar el próximo 13 de abril en el caso de la venta de dólar futuro, que decidió el banco central durante su gobierno.

 

Diversos juristas señalan que esta es una citación absolutamente forzada. Bonadio le tomará declaración indagatoria el miércoles próximo y ese día no va a quedar detenida”, subrayó Kollman.

 

El juez intenta detenerla en los días siguientes a la indagatoria y “ya tiene redactado el procesamiento con prisión preventiva”, anticipó Kollman.

 

Lo mismo decidiría en el caso del ex presidente del banco central, Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof, aunque este último es diputado y posee fuero. “No es una intuición ni una hipótesis, sino información de quienes están muy cerca de la causa”, agregó.

 

Se refiere a que varios periodistas han denunciado las detenciones arbitrarias, como la del ministro de Transporte del anterior gobierno, Ricardo Jaime, quien fue detenido el pasado domingo en Córdoba, cuando estaba por viajar para declarar ante un juez aquí. Se le obligó a usar un chaleco antibalas y salió rodeado, como si fuera un capo del narcotráfico.

 

Hace dos días el empresario Lázaro Baez, quien llegó en un avión privado con su abogado para presentarse a la indagatoria por otra causa, fue esperado por policías y la televisora amiga del gobierno. Fue trasladado, detenido y esposado. En ambos casos se dijo que se temía que los detenidos “se fugaran”.

 

Los aprehendidos han sido amenazados con la detención de sus hijos para así obligarlos a declarar contra la ex mandataria. Se habla de que “la espectacularidad” utilizada tiene como finalidad mediática encubrir la denuncia contra Macri.

 

En este contexto, frente a la posibilidad de una detención absolutamente arbitraria, las agrupaciones kirchneristas y peronistas convocan a una gran movilización popular para el 13 de abril, a las 8 de la mañana, en la puerta de los tribunales, para acompañar a la ex presidenta y dar una muestra de fuerza frente a la embestida del Poder Judicial.

 

 

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Lunes, 01 Febrero 2016 08:43

De la Ocde y otros demonios

De la Ocde y otros demonios

La Ocde publicó el pasado 10 de diciembre un estudio acerca del sistema de salud y el 20 de enero otro acerca del mercado laboral y políticas sociales de nuestro país en lo que respecta al 2015. Con estos informes ya son 162 los estudios que desde su conformación en 1961 esta organizació realiza sobre Colombia. El primero, que data de noviembre de 1998, versó sobre la educación vocacional.


En los últimos años estos estudios han evaluado metódicamente los diversos factores de la vida colombiana en el sector financiero, judicial, educativo, etcétera; todo ello con miras a una posible adhesión de nuestro país a dicha organización, para lo cual debe cumplir con decenas y centenares de exigencias, las que han motivado al establecimiento a propiciar la concreción de una serie de reformas en el Estado que de mirarse por separado pueden pasar desapercibidas, pero al detallarlas de conjunto nos puede dejar boquiabiertos e indignados. Podemos encontrar las siguientes características en los estudios mencionados al principio


Qué dice de la salud


Los estudios desarrollados por la Ocde en Colombia la llevan a confirmar que en nuestro país, desde 1990 y hasta la fecha, la cobertura en salud entre los sectores más empobrecidos ha crecido en un 97 por ciento. Crecimiento fundamentado con mayor impacto en las zonas rurales marginadas, lo que se traduce en atención más equitativa.


Para poder profundizar en la calidad de este servicio, la Organización llama la atención sobre la sustentabilidad financiera del mismo, 'recomendando' para lograrlo el control de los precios en los servicios de salud y en las Entidades Promotoras de Salud (Eps) las cuales trabajan más como empresas privadas –sin un compromiso real con los usuarios, los proveedores y los trabajadores–, buscando más el beneficio particular y la acumulación de ganancias que servir como entidades encargadas de ofrecer una prestación eficiente y eficaz de salud, lo que en últimas es su misión.


En igual perspectiva llama a garantizar en los próximos años más exigencia y actuación transparente en las Eps e Ips, enfocadas en un sistema de salud con resultados óptimos para los sectores populares, que sean sostenibles y libres de corrupción. Asimismo, la necesidad de cambiar los sistemas de pagos en cuanto a los primeros niveles de atención se refiere, aumentando la cantidad de especialistas en prevención y en manejo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes y el cáncer, que aquejan a gran cantidad de población.


En este sentido, la Ocde plantea recomendaciones como la transparencia y la atención de las Eps e Ips, llamándolas a innovar en infraestructura y capacitación del personal en el sector rural, pues una de las consecuencias del conflicto armado reposa en el abandono de esta parte de la geografía nacional por parte del Estado.


Y cómo vamos en lo social...


En cuanto a los temas sociales, laborales y de migración, esta organización reconoce que Colombia registra grandes avances en temas de disminución del desempleo y crecimiento económico, atrayendo inmigración desde países vecinos. Pese a esto, aún predominan la economía informal y la subcontratación laboral, con una desigualdad de ingresos que resulta alarmante, con altos índices de extrema pobreza. Preocupación persistente a pesar de que la pobreza extrema disminuyó del 16 al 9 por ciento, a la par que la pobreza multidimensional (que integra aspectos tales como la educación, la salud, acceso a servicios públicos, el trabajo, la vivienda y las condiciones de vida de niños y jóvenes) se redujo de 49 al 25 por ciento entre los años 1993-2013.


En cuanto al mercado laboral, el informe evidencia como problema fundamental para la economía el denominado autoempleo. Los datos son escandalosos: el 52 por ciento de la población trabaja bajo esa modalidad, porcentaje del cual el 83 lo ejerce en el sector informal –sin contar en su mayoría con ningún tipo de seguridad social–; esto sin mencionar el fuerte problema de tercerización laboral, en donde con contratos definidos a 3 o 6 meses se tiene mayor riesgo de volver a caer en el desempleo, con los cual las empresas, a través de bolsas de empleo, evitan pagar primas y prestaciones laborales.


Economía concentrada y desigual. Continuando con su estudio, la Ocde recuerda que el coeficiente de Gini se encuentra actualmente en 0,56 (en donde 0 es una equidad total en nivel de ingresos y 1 su completo acaparamiento). Realidad que tiene como soportes, los bajos niveles de educación –que generan esa brecha sustancial entre desigualdad de ingresos– y pobreza, llevado de la mano de procesos de corrupción y clientelismo con los cuales la redistribución de ingresos es casi nula


Según esta organización, una política para corregir la dualidad del mercado laboral descansa, por ejemplo, en la ley de formalización y generación de empleo del 2010 y la reforma tributaria del 2012. Propone, asimismo, profesionalizar el sector productivo de acuerdo con la fuerza de trabajo disponible, y prestar atención al "elevado salario mínimo", facilitar la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores a la seguridad social, aumento de incentivos para formalizarse y cotizar al sistema de salud, entre otros.


En lo social, la Ocde destaca la crisis de violencia política vivida durante estos últimos años en Colombia, con 20 sindicalistas asesinados entre el 2014 y más de 300 miembros del movimiento social atacados, amenazados y hostigados a lo largo de estos años. Extraño llamado de atención, pues en este aspecto no plantea ninguna 'recomendación', como si fuera un asunto de segundo plano, primando lo económico sobre la crisis social que crece dramáticamente en los últimos dos años.


La crisis de las pensiones...


La Ocde propone un mejoramiento en materia del sistema de pensiones, pues el que existe tiene muy poca cobertura. También asegura que debería eliminarse la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas. Debería, asimismo, aumentarse la tributación de las pensiones, lo cual podría ser una fuente de recursos para mejorar los programas de protección de las personas de la tercera edad. La pensión mínima debería desligarse del salario mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de referencia fundamentarse en un mayor número de años. La edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida.


También 'recomienda' incrementar el gasto público en programas de política social dirigidos a los pobres y vulnerables. Destinar recursos adicionales particularmente a medidas que mejorarían el impacto de las políticas sociales hoy vigentes (por ejemplo, ampliar la cantidad y calidad de los recursos educativos, como complemento de la mayor asistencia escolar generada por Familias en Acción).

¿Cómo vamos?


Durante los últimos años nuestro país ha invertido inmensos recursos para ajustar sus políticas e instituciones a los cánones de la Ocde, pese a lo cual el informe aquí retomado desnuda que aún le falta mucho para clasificar e integrarse a la dinámica mundial de los países desarrollados o en camino de serlo. Ellos los denominan "Los países de las buenas prácticas" a pesar de varios de ellos estar sumidos en tremendas crisis, además de que no pocos de sus dirigentes están incursos en procesos judiciales por corrupción. Pero así y todo, sabiendo que "las buenas prácticas" a las que aluden es la ortodoxia neoliberal, vale la pena adentrarnos un poco en lo arriba tratado. Veamos:


En el caso de la salud, los problemas son más graves que lo recordado por este informe, pues la realidad recuerda de manera sistemática un proceso mucho más rapaz de privatización y negación de este derecho, a lo largo y ancho del territorio nacional.


Casos como la liquidación del Seguro Social y las sistemáticas negligencias de las Eps y del régimen subsidiado que, basadas en una lógica de mercado, reducen por debajo de cuerda el gasto en la atención bajo la excusa de prescripciones médicas; esto de la mano con su metódico desfinanciamiento a lo largo y ancho del país: casos como el del Hospital Universitario del Valle, la Clínica Minerva y la alerta amarilla por la crisis hospitalaria en el Valle del Cauca y Santander, así lo demuestran.


Situaciones como el deceso de Rubiela Chibará el martes 19 de enero en Bogotá (http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28023-llamaron-al-cti-pero-les-enviaron-el-esmad.html) que muere en plena vía producto de un paro cardiaco luego de esperar por meses una cita para una operación de una dolencia del corazón nos demuestra lo retrasados que estamos en el derecho a la salud y a la vida.


Y este es solo un ejemplo. En una ciudad en donde según la Ocde el avance en el sistema de salud es significativo (http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28019-logros-descalabros-y-retos.html), el burgomaestre de turno notifica una reducción del 40 por ciento en esta materia a pesar de que la cantidad de salas de urgencias solo llega a 91 (para una ciudad con aproximadamente 8 millones de habitantes) de las cuales 55 son privadas y las restantes 41 pertenecientes a la red pública de hospitales. Salas, en especial las públicas, con graves problemas de hacinamiento pues tienen una sobreocupación, según la Personería, del 88 por ciento, como lo confirman en exceso los hospitales San Blas y el Tunal con el 305 por ciento, lo que evidencia una desigualdad abismal a la hora del acceso integral a un derecho fundamental como es el de la salud, producto de la dichosa ley 100 de 1993.


Si del sector laboral hablamos, la tase de desempleo hasta noviembre del 2015 se encuentra en 7,3%, disminuyendo un 3,6% en relación a los últimos 9 años, sin embargo, la tercerización laboral hace que muchos sean los trabajos inconsistentes, con contratos de entre 3 y 6 meses, lo que representa para el empleador el no pago de cesantías, pensiones y primas vacacionales, obligando además a asumir ese gasto al empleado y, considerando que tan solo cerca del 35 por ciento de la población en edad para jubilarse recibe una pensión, la situación laboral para las colombianas y los colombianos es precaria. Cerca del 90 por ciento del gasto en pensiones va dirigido al 20 por ciento más acaudalado, y menos del 6 por ciento a los pobres, sumado a esto la imposibilidad, ante este tipo de contratos, de sindicalización y de huelga. Esto si es que llega a contar con un contrato, pues el trabajo informal en el país pesa de manra importante sobre la economía, quedando estos trabajadores informales con un sistema de seguridad social y laboral casi nulo o paupérrimo.


Esta realidad es la que hace necesaria una reforma integral para incrementar la cobertura y conseguir que el sistema laboral sea más equitativo y sostenible, pensando más que en estándares internacionales en la equidad en condiciones de salud y sistemas de seguridad social para todos los ciudadanos, con posibilidades viables de accesibilidad a pensiones, pues actualmente pensionarse es casi un sueño, en parte por la edad necesaria para ello (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y en parte por la cotización de 1.300 semanas de trabajo, lo que equivaldría a 25 años seguidos en un país donde solamente el 33 por ciento de la población paga sus pensiones y cesantías. ¿Qué sucederá cuando la Ocde logre su propósito de incrementar la edad de jubilación, llevando para mujeres incluso hasta los 62 años y para los hombres hasta los 65?


Ante la magnánima 'propuesta' de la reforma tributaria en consdieración por el gobierno nacional, en relación al "elevado salario mínimo" que tiene Colombia. De nuevo la Ocde parte de estándares internacionales de sus 34 países afiliados, muchos de los cuales tienen unas condiciones de vida y seguridad social mejores que los países denominados "en vía de desarrollo". Esta reforma tributaria contempla entre otras cosas el mantenimiento del 4 x mil, el fin de la devolución del 2 por ciento en el IVA con pago de tarjetas crédito y débito, el incremento del IVA hasta el 19 por ciento –como paso hacía el 23 por ciento, que incluso llegan a cancelar en algunos países–. Es decir, que las mayoría continúen cargando con el peso tributario a través del consumo diario mientras los más ricos siguen excentos en líneas tan importantes como la especulación en bolsa o la cancelación por renta, la cual pretenden extenderla incluso hasta aquellos que ganan un poco más de dos salarios mínimos.


Mientras todo esto ocurre, en la cotidianidad del país se vive el aumento de la gasolina en 78 pesos –pese al desplome del precio del petróleo–, quedando en 7.896 el galón; un incremento, desde el mes de febrero, en 200 pesos al Transmilenio, 150 pesos al metro de Medellín y se espera el aumento en las tarifas del MIO en Cali; sumado esto al aumento gradual que afectó, durante el año que terminó, al gas natural vehicular en 292 pesos; el incremento al índice de precios al consumidor en 4 décimas, quedando en un 6,8 por ciento, subiendo de manera exorbitante los alimentos y bebidas no alcohólicas de un 0,9 por ciento en el 2013 a un 4,7 por ciento en el 2014, para finalizar en un 10,9 por ciento al finalizar el 2015.


Sumado a todo lo anterior (por si les parece poco) el salario mínimo para el año en curso solo fue incrementado en $ 45,105, quedando en 689,455 a pesar de la recomendación de la Ocde de que sea menor; salario mínimo que no alcanza para que una familia viva ni sobreviva. ¿Cómo será cuando la Ocde logre su propósito de favorecer mucho más a los dueños del capital?


En cuanto a la propuesta de la Ocde de propiciar el reintegro y retorno al mercado laboral criollo de personas especializadas que radican fuera del país –que según la Forbes alcanza el 3.3 por ciento del total de la población colombiana, profesionales en su mayoría–, Colciencias desde el año pasado implementa un plan denominado "Es tiempo de volver" con el cual busca que más de 200 profesionales nacionales, vinculados a universidades como Harvard y Oxford regresen a investigar y con ello potenciar los centros investigativos colombianos. Sin embargo, a pesar de que muchos regresaron junto con cónyuges e hijos, poco les han solucionado para que empiecen a laborar La desazón en lo que impera acá.


En ultimas, dígalo la Ocde o la vecina que hace empanadas en la esquina, nos encontramos en un problema de tamañas proporciones en todas las materias anteriormente mencionadas, por lo cual debemos cuestionarnos sobre qué hacer ante todo ello. Sin tapujo alguno, y ante nuestra precaria realidad, la cual no es necesario que la recuerde una organización internacional: para alcanzar parámetros de vida digna para toda aquella persona que habita el territorio nacional, es indispensable trastocar el actual orden económico y social, auspiciador de concentración de la riqueza y del empobrecimiento de las mayorías nacionales.

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Sábado, 19 Diciembre 2015 06:46

Por ahora

Por ahora

No hubo derrota popular más dura que el 27 de febrero de 1989. Al rebelarse contra el paquete económico del Fondo Monetario Internacional, millares fueron asesinados en las calles, sin que izquierda ni oficialidad patriótica pudieran coordinar esfuerzos para defenderlos.

Casi tan grave como la precedente fue la derrota del 4 de febrero de 1992. Ni masas ni izquierda lograron organizar movilizaciones en su apoyo; decenas de militares patrióticos perdieron vidas o carreras; el triunfo de la derecha parecía definitivo.

Por ahora.

No nos engañemos. La disputa por el poder político en Venezuela es sólo un medio para el control de la quinta parte de los hidrocarburos del planeta.

En esa lucha la oposición acaba de obtener 112 de 167 escaños en la Asamblea Nacional. Tres de ellos corresponden a representantes indígenas, a quienes el bolivarianismo concedió más derechos que a cualquier otro gobierno. Son más de 2/3 y 3/5 partes que la Constitución exige para medidas de gravedad extrema. No corresponden a un crecimiento de la derecha, que en la elección presidencial de 2013 obtuvo 7 millones 363 mil 980 sufragios y ahora junta 7 millones 707 mil 322, apenas 4.22 por ciento más. Se trata de una abstención del voto bolivariano ante la inacción del gobierno contra corruptos, acaparadores y especuladores.

En Los cuentos del Arañero, narra Hugo Rafael Chávez que Fidel le dijo: "Mira, una conclusión que he sacado, tu dijiste en el discurso...". Y peló por el discurso, el discurso mío lo tenía completico, y un resumen, y analizado por su propia letra, notas y números. Me dijo: "Tu dijiste en tu discurso una frase, una cifra, que hace 10 años había en Venezuela 600 mil estudiantes universitarios, hoy hay 2 millones 400 mil". Eso es cierto, un crecimiento de 400 por ciento. Pero él tenía una lista larga de avances en educación, salud, todo lo que hemos logrado, los avances sociales en estos 10 años. Y me dijo: "He sacado una conclusión, Chávez. Ninguna revolución que yo conozca, ni la cubana, logró tanto por su pueblo en lo social, sobre todo en tan poco tiempo como la revolución bolivariana". ¿Saben cuál es la segunda? Así me lo dijo: "He concluido que ustedes no quieren sacarle provecho político a estos avances sociales".

Como en tantas otras cosas, Fidel tenía razón. En Venezuela arrastramos una tremenda carencia de formación ideológica. No ha habido experiencias consistentes de escuelas de formación de cuadros. Se ha entregado al pueblo todo: atención médica gratuita, alimentos, medicinas y combustible subsidiados y 900 mil viviendas equipadas en los últimos años, 350 mil pensiones, millares de taxis nuevos, computadoras para los cursantes de educación primaria y tablets para los estudiantes de educación superior, la cual es casi toda gratuita. Por falta de una campaña educativa, una parte del pueblo ha llegado a creer que todo eso cae del cielo, que no presupone un arduo trabajo ni hay que defenderlo, que podrá superarlo el primer demagogo neoliberal que cambie promesas por votos.

A la abstención del gobierno de combatir corruptos, especuladores y acaparadores correspondió la abstención del pueblo de votar.

Pero la ultraderecha trabaja incesantemente con sus errores en favor de la izquierda. Falta un año para las elecciones de gobernadores y asambleas legislativas de los estados.

Durante ese año escaso la derecha proseguirá su ininterrumpida acción de 17 años para la destrucción del poder bolivariano. Alegará que la derrota de los bolivarianos es plebiscito que debe obligar a la renuncia del Presidente; convocará contra éste a un referendo revocatorio; destituirá vicepresidentes y ministros mediante votos de censura; negará la sanción para la Ley de Presupuesto y créditos adicionales; derogará la Ley Habilitante y todas las que consagren beneficios sociales; negará la autorización para celebrar contratos de interés nacional; negará permiso para designar a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes. Nombrará nuevos miembros del TSJ, nuevos rectores del CNE y nuevos fiscal general, contralor y defensor del pueblo, en cuanto venza el periodo de los actuales titulares o éstos sean destituidos con cualquier pretexto. Legislará la restitución a sus cargos con salarios caídos de la nómina mayor de Pdvsa que intentó destruir la empresa. Dispondrá la reprivatización de todas las empresas estratégicas nacionalizadas. Intentará destituir al Presidente con recursos que no detallamos para no darle ideas.

Pero en el año que falta para las elecciones de gobernadores y asambleas legislativas estadales, la derecha puede ahuyentar todos los votos que ha obtenido con engaño aplicando de nuevo las medidas neoliberales que le quitaron el poder y que no puede dejar de aplicar. Continuará subiendo los precios hasta hacerlos incosteables, acaparando, desapareciendo bienes, especulando. Oportunas leyes anularán las prestaciones sociales de los trabajadores, consagrarán los despidos a capricho del patrón y restablecerán los créditos indexados, con intereses sobre los intereses. Otras normas liberarán precios, alquileres y tasas de interés; aniquilarán progresivamente la educación gratuita; eliminarán subsidios; dispondrán el fin de las misiones y reformularán el presupuesto para reducir en más de la mitad 61 por ciento del egreso público que hoy se dedica a inversión social. Leyes de amnistía devolverán la libertad a terroristas, corruptos, sicarios, delincuentes bancarios y paramilitares. La parapolítica impune pasará a ocupar un sitio normal en el cuadro institucional, lista para crear el cuadro de confrontación violenta que sirva de pretexto para una intervención foránea.

La falta de sanción para corruptos, especuladores y contrabandistas de extracción puede así acarrear la pérdida de Venezuela y la de América Latina. ¡Qué cara, qué incomparablemente costosa nos está saliendo la impunidad de esos compañeritos!

Antes que preguntarnos qué planea la derecha, resolvamos qué deben hacer las fuerzas progresistas. Primero que todo: ejercer el derecho de veto presidencial contra leyes que destruyan derechos sociales o instituciones indispensables para la soberanía. Segundo: terminar con la impunidad de corruptos, acaparadores, especuladores y contrabandistas de extracción, sancionándolos en forma ejemplar e implacable, para probar al electorado que se abstuvo que no hay complicidad entre esos delincuentes y el gobierno. Tercero, reformar el aparato comunicacional que está en su poder para explicar de manera eficaz al pueblo el verdadero sentido y las ventajas del socialismo, y hacerle patente lo que el neoliberalismo le arrebatará. Cuarto, poner en pie de lucha movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones contra la venidera arremetida neoliberal, que se traducirá en despidos masivos, retiro de derechos laborales y de pensiones. Quinto, hacer valer la disposición constitucional que pauta que las conquistas sociales son irreversibles. Sexto, extremar las medidas policiales y de seguridad contra el paramilitarismo, que ya se perfila como el brazo armado del neoliberalismo. Séptimo, iniciar una profunda restructuración del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras organizaciones del Polo Patriótico para corregir fallas, ineficiencias, burocratismos y usos ventajistas del poder. Octavo, desechar radicalmente la idea de pactos o componendas "pragmáticas" con el empresariado y la derecha, en vista de los resultados catastróficos de la convivencia hasta ahora aplicada. Noveno, reforzar la formación ideológica de los militantes y la del pueblo en general. Décimo, predicar con el más convincente de los argumentos: el ejemplo.

Publicado enInternacional
Viernes, 11 Diciembre 2015 06:42

Lo que le espera a Venezuela

Lo que le espera a Venezuela

La oposición venezolana obtuvo una gran mayoría en la Asamblea Nacional del país por primera vez en los últimos 16 años. Muchos observadores estadounidenses consideran esto como un punto de inflexión, no sólo para Venezuela sino para toda la región, donde casi la mitad de los habitantes viven actualmente bajo gobiernos de izquierda.


¿Qué conclusiones debemos nosotros sacar de este hecho? Lo primero que debería reconocerse es que la infinita cantidad de artículos periodísticos, editoriales de opinión, declaraciones, etc., por ejemplo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que denunciaban el proceso electoral venezolano e insistían en la necesidad de monitores electorales "creíbles" –es decir, monitores de la OEA que respondieran a Estados Unidos– estaban equivocados. Al citar comentarios fuera de contexto del presidente venezolano Maduro y agregar otras declaraciones engañosas e imprecisiones sobre la "manipulación" y más, sembraron el temor de que el gobierno no aceptaría los resultados si perdía.


Pero menos de siete horas después de que cerraran las urnas se anunciaron los resultados y el presidente los aceptó sin reservas ni vacilación, más bien con cierto orgullo –que comparten muchos venezolanos– de que su sistema de votación muy seguro y múltiplemente salvaguardado funcionó bien. El presidente Maduro también había firmado antes de las elecciones un compromiso de respetar los resultados y solicitó, sin éxito, tal como sucedió a menudo en el pasado, que la oposición hiciera lo mismo.


La concurrencia a las urnas fue muy alta para cualquier país, aproximadamente del 75 por ciento, especialmente tratándose de una elección no presidencial y teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio en Venezuela, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos. Un análisis preliminar de los resultados parece indicar que la concurrencia de la oposición a las urnas fue masiva, prácticamente al mismo nivel que en las elecciones presidenciales de 2013, mientras que muchos chavistas que respaldan al gobierno se quedaron en sus casas, restándole así casi dos millones de votos respecto de las elecciones de 2013.

Por eso resulta difícil creer, como alegaron la mayoría de los críticos antes de las elecciones, que el gobierno contaba con algún tipo injusto de ventaja enorme sobre la oposición. Los votos que obtuvo el gobierno fueron más que nada los de sus bases de apoyo, gente a la que –a pesar de las dificultades de los últimos dos años– le cambió la vida sustancialmente para mejor y no quiere volver a la era pre Chávez. Realmente no hay cómo convencer a esta gente de que vote en contra del gobierno.


De modo que la oposición consiguió que su mensaje llegara a destino y logró que sus votantes concurrieran a las urnas, lo cual no debe sorprender, dada la situación de la economía y los recursos de la oposición. Aún poseen la mayor parte de la riqueza e ingresos del país, reciben millones de dólares del gobierno estadounidense y cuentan además con mucha cobertura de prensa.

Según información del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales de 2013, por ejemplo, el candidato de la oposición tuvo más presencia en la TV que el candidato del gobierno, y un porcentaje mayor de esa cobertura fue favorable a la oposición. También aventajan con creces al gobierno en los medios sociales. Es difícil sostener los dos discursos: que Venezuela no tiene elecciones libres o justas, que los votantes son intimidados, etc., y explicar al mismo tiempo un triunfo aplastante como éste de la oposición.


De modo que el sistema político venezolano, con todas sus fallas, es mucho más democrático que lo que suele darse por sentado. Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? Dado que la oposición consiguió una mayoría de dos tercios de los escaños, obtendrá importantes poderes, como la potestad de destituir jueces de la Suprema Corte, censurar al Vicepresidente y convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución.


Sin embargo, la oposición consta de más de 20 partidos políticos y tiene muchas divisiones. Es probable que el gobierno pueda conseguir votos de respaldo de algunos legisladores de la oposición en la Asamblea, para así poder continuar gobernando hasta las próximas elecciones presidenciales en 2018.


Si eso ocurre, las elecciones no habrán modificado demasiado la situación, desde el punto de vista del gobierno. El tema clave para su supervivencia política seguirá siendo la economía. Hay una inflación de tres dígitos, escasez generalizada de productos de consumo, recesión, precios bajos del petróleo, controles de precios impracticables y un sistema cambiario disfuncional, que es uno de los factores centrales del caos económico en que está sumido el país. Evidentemente es por esto que perdieron la Asamblea. De modo que, como ya sucedía antes de las elecciones, si el gobierno no arregla este caos, los chavistas perderán poder; si lo arreglan, probablemente les vaya bien.


Los líderes de la oposición tendrán de todas maneras que enfrentar la misma disyuntiva que han enfrentado los últimos 16 años: ¿Quieren participar en el sistema político o simplemente derrotar a sus enemigos (los chavistas)? De 1999 a 2003 exhibieron lo que el líder de la oposición Teodoro Petkoff denominaba "una estrategia de derrocamiento militar", que incluyó el golpe de Estado de 2002 apoyado por Estados Unidos y la huelga del petróleo de 20-2-2003. Pero en la última década han ido de aquí para allá entre estrategias insurreccionales y electorales. En 2004 recurrieron a la vía electoral con un referendo revocatorio presidencial, pero se negaron a aceptar los resultados del referéndum de 2004 (que ganó el presidente por un margen arrollador y fue monitoreado y aprobado por la OEA y el Centro Carter) reclamando que había existido "fraude". En 2005 boicotearon las elecciones de la Asamblea Nacional con ese argumento, pero luego participaron en las elecciones presidenciales de 2006. En 2013 perdieron las elecciones presidenciales y se negaron a aceptar los resultados, manifestándose violentamente en las calles; y el año pasado, un sector de la oposición comandado por Leopoldo López y María Corina Machado volvió a optar por la vía de las manifestaciones callejeras violentas para lograr "la salida" del gobierno.


La victoria electoral podría darles a los elementos más moderados de la oposición ventaja frente a sus colegas extremistas para mover y orientar al país en pos de un proceso político más normal y menos polarizado. El gobierno ahora tiene claramente un nuevo incentivo para actuar en esa misma dirección. Eso sería definitivamente lo mejor para el país, que enfrentará grandes desafíos para mejorar la economía.


El autor es Codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, DC.

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