Imagen de la represión policial en el contexto de las protestas en Chile EFE

La organización publica este jueves su Informe Anual sobre las Américas, en el que hace balance de la situación de los derechos humanos en el continente

Desde Venezuela en enero hasta Chile en octubre, 2019 ha sido un año en el que la ola de protestas que ha recorrido América –en especial América Latina– se ha saldado con represión institucional por parte de gobiernos de distinto signo político, incapaces de generar diálogo con sus ciudadanos. Así lo cree Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, que afirma que el continente "sufre, pero también se despierta".

En su Informe Anual sobre las Américas, la organización cifra en al menos 210 las personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en el continente: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. "Es un balance negativo, un saldo demasiado alto", asevera Jiménez. Incluso en Chile, donde se ha abierto un proceso constituyente como resultado de los reclamos de los manifestantes, "nos preocupa el costo, en otros países se han dado estos procesos sin la necesidad de más de 400 personas con lesiones oculares".

Para Jiménez, es difícil comparar los niveles de gravedad entre un país y otro, pues cada uno tiene "sus propios retos" en cuanto a derechos humanos. Aunque apunta a Venezuela como país donde la organización puede establecer "un patrón sistemático de represión", pues, a diferencia de otros Estados, las protestas de principios de 2019 fueron "una ola más". "No se trata de hechos aislados, sino de la política sistemática de un Gobierno que no admite la disidencia", afirma, ante una represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad,  según denunció la organización a mediados de año.

Sin embargo, un punto común entre las diferentes movilizaciones ha sido la incapacidad de los gobiernos para dialogar con quienes reclamaban más derechos sociales, civiles y políticos. "Hubiesen podido responder con propuestas o con, al menos, la construcción de un espacio cívico para el diálogo, y en vez de eso en casi todos los lugares se respondió con violencia estatal", lamenta.

Los defensores de DDHH y el derecho al asilo, en riesgo

En marzo se cumplen cuatro años del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, y dos del de Marielle Franco, concejala afrofeminista de Río de Janeiro. "Es un mes que nos causa mucha tristeza", dice la investigadora, porque quienes defienden los derechos humanos continúan viviendo "situaciones de impunidad". Con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para los defensores; allí tuvieron lugar un 68% del total mundial de 304 homicidios. Colombia fue el país más letal, con 106 homicidios.

Jiménez destaca la vulnerabilidad de las personas que defienden el medioambiente y el acceso a la tierra, a menudo desprotegidas en comunidades aisladas. Y también de aquellas que, aunque no hayan sido víctimas de homicidio, han sido silenciadas o expulsadas, como es el caso de Nicaragua, de donde han huido más de 70.000 personas tras la crisis de 2018. "Son diferentes niveles de violencia, pero todos dañan a la sociedad", apunta. "Cada vez que censuran, callan, asesinan a un defensor, perdemos una oportunidad para avanzar los derechos de todas las personas".

Amnistía también ha visto "con mucha preocupación" el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y México. "Vimos cómo se movió la frontera de México-Estados Unidos a México-Guatemala", explica Jiménez. "Trump logró externalizar sus fronteras, y México está haciendo el trabajo sucio conteniendo migrantes, deportando personas sin importar que muchas necesiten protección internacional". Entre otras medidas, el Gobierno de López Obrador retuvo a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, y envió un cuerpo militar para detener una caravana de migrantes centroamericanos

"Si algo ha demostrado la Administración de Donald Trump, es que es la xenofobia se puede institucionalizar", observa Jiménez, preocupada por la coyuntura de las siguientes elecciones en Estados Unidos. "Poco a poco ha ido erosionando el sistema de asilo, y eso ha sido en casi cuatro años. No queremos imaginarnos qué podría pasar en cuatro años más", enfatiza, ante la implementación de políticas como la devolución inmediata en la frontera y la separación familiar.

Mujeres y jóvenes lideran los movimientos sociales

2019 también ha alumbrado algunas luces esperanzadoras en el continente. Al terminar el año, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que implica que solo necesita tres ratificaciones más para que entre en vigor. "Esperamos que se traduzca en políticas a favor de la Amazonía y del ecosistema que hace que América Latina sea  tan rica en recursos naturales", asevera Jiménez.

Pese a la degradación medioambiental y los incendios que arrasaron el Amazonas, el cambio climático también supone "una oportunidad", opina la investigadora. "Estamos muy esperanzados porque la población más joven de las Américas ha hecho del climático una razón de lucha, y puede que se traduzca eventualmente en política". Una lucha social que se ha revitalizado en el continente "gracias a la juventud y a las mujeres", apunta.

La marea verde a favor del aborto en Argentina, la ola morada contra los feminicidios en México y el himno feminista del colectivo chileno Lastesis, erigido como un símbolo global, son tres ejemplos de lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres "que van a quedarse". "Países como Argentina nos enseñaron con su marea verde que no van a permitir que se controlen los cuerpos de las mujeres, y que la exigencia de autonomía es algo regional", dice Jiménez, ante la restricción de derechos reproductivos que continúa en países como el Salvador y Paraguay.

"Hemos visto un resurgimiento de la creatividad de la gente joven, de las mujeres, una revitalización de la protesta. Cuando ves cómo se conjuga toda esa gama de luchas es cuando sientes que puedes hacer cambios", señala. "Ya no es un sufrimiento en silencio". Aunque la impunidad y la violencia continúen atravesando el continente, "se pueden lograr cambios contra actores que parecen invencibles", concluye.

Por Clara Giménez Lorenzo

27/02/2020 - 07:00h

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Jueves, 27 Febrero 2020 05:21

Líbano, retrato de una revolución

Manifestantes intentan traspasar el pasado 11 de febrero los muros de hormigón levantados para impedir el acceso de civiles al Parlamento libanés en Beirut NATALIA SANCHA

La desigualdad, la corrupción y el lastre de unas élites sectarias enquistadas en el poder han desatado una ola de protestas que dura ya cinco meses y que protagonizan los que no tienen nada que perder

 La lluvia de piedras e insultos contra los antidisturbios parece no terminar. “Corruptos, ladrones, nos habéis robado nuestro futuro”, grita un joven enmascarado entre el centenar de manifestantes que desde hace horas descarga su ira en el empobrecido barrio de Tariq al Yadid, en los arrabales de Beirut, la capital libanesa. Los médicos voluntarios evacuan a los heridos mientras sobre sus cabezas el viento agita amarillentos pósteres de Saad Hariri, dimitido primer ministro y zaim (líder político-confesional, en árabe) de este puñado de calles de población suní.

Esta misma estampa se repite a lo largo y ancho del país desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que una nueva tasa sobre las llamadas de WhatsApp se convirtió en el detonante de una protesta social que ha sacado desde entonces a cientos de miles de libaneses a la calle para exigir la dimisión en bloque de los zaim de todos los partidos y confesiones.

Los manifestantes arremeten contra una élite que se agarra al poder desde hace tres décadas y a la que acusan de haber saqueado las arcas del Estado. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB). Entrando en el quinto mes de protestas, los expertos denuncian la flagrante desidia de la élite dirigente ante el posible colapso económico del país, aquejado también de una corrupción que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

El nombre del joven enmascarado que grita contra los corruptos es Abdalá Jarah. A sus 20 años encarna a esa generación posterior a la guerra civil (1975-1990) que ahora lidera las protestas —en las que también es importante la voz de las mujeres y rechaza un sistema heredado que reparte el poder político y económico en función de cuotas confesionales (hay 18 oficiales). La fractura generacional es patente y arrecian las críticas contra los septuagenarios líderes de los partidos.

Hace seis meses que Jarah tuvo que dejar los estudios universitarios de Informática porque no puede pagar las tasas universitarias. “Me gustaba mucho y soy bueno”, lamenta. En un país donde la educación y la sanidad son servicios casi exclusivamente en manos del sector privado, cada día son más los jóvenes que abandonan las escuelas y las familias sin cobertura médica.

“Hace dos meses que me han reducido el sueldo de dos a un millón de libras libanesas (LBP, en sus siglas en inglés, y equivalente a una disminución de 1.200 euros a 600)”, cuenta su madre, Igtimad, de 65 años y divorciada. Es funcionaria de la empresa estatal de telefonía Ogero. Paga 600.000 libras (360 euros) mensuales de alquiler. “Gracias a Dios tenemos salud. Pero si ocurre algo, nos dejarán morir en la puerta del hospital”, afirma indignada. La mayoría de los funcionarios han visto sus sueldos reducidos a la mitad. 

Truncada la vía de los estudios, Jarah tampoco encuentra trabajo. “Su única opción para no tirar su futuro es emigrar”, interviene su madre. A esa misma conclusión han llegado miles de jóvenes libaneses. Los que tienen diplomas universitarios y doble pasaporte o buenas conexiones para obtener un visado ya han abandonado Líbano. El resto, como este joven, da rienda suelta a la frustración a pedradas y pega simbólicamente los currículos en los muros de hormigón tras los que se parapeta el Parlamento. Han acudido varias veces a las asociaciones caritativas suníes del partido El Futuro que lidera el ex primer ministro Hariri y que antaño, con respaldo saudí, proporcionaban becas y ayudas a su base social. Sin recursos, la solidaridad vertical construida a partir de los partidos y las confesiones a las que representan se resquebraja.

El Gobierno de unidad libanés que vio la luz en enero de 2019, tras nueve meses de arduas negociaciones, ha sido la primera víctima del movimiento de contestación popular y acabó con la dimisión de Hariri en octubre pasado. El empresario Hasan Diab ha sido nombrado nuevo jefe de un Gobierno tecnócrata liderado por el tándem chií Hezbolá-Amal (moderado) junto con el principal partido cristiano, Corriente Patriótica Libre (CPL), al que pertenece el presidente libanés, Michel Aoun.

La desesperación de la familia Jarah va en aumento. “Me siento como en un oscuro túnel del que no veo la salida por ninguna parte”, se sincera en el salón de su casa Nadia Jarah, única hermana de Abdalá. Madre de tres y con un marido inválido, la mirada acuosa de Jarah no se despega de la pila de cartas que desde la mesita del salón le recuerda que hace nueve meses que el banco amenaza con desahuciarla. Un miedo que afecta a otros miles de ciudadanos sobre los que se cierne una  inminente devaluación del 30% de la moneda. En las casas de cambio, el dólar, que ha permanecido en un cambio fijo de 1.500 LBP desde 1997, se vende esta semana a 2.450.

Ante la desidia del Banco Central de Líbano (BCL), las entidades bancarias han impuesto medidas informales para el control de capitales. Cada día, los clientes hacen horas de cola a las puertas de Bank Audi, donde pueden retirar 600 dólares al mes si sus ahorros son inferiores al millón de dólares, y 2.000 si los superan. “De cada 11.000 dólares que traigo de fuera gano 4.700 al cambio”, admite un empresario francés afincado en la capital libanesa. Cada día aterrizan funcionarios de ONG internacionales, de la ONU, la UE, diplomáticos y empresarios locales o extranjeros que atraviesan el control policial cargados con fajos de dólares. Miembros de Hezbolá afirman, además, que llegan maletas cargadas de dólares desde Teherán para pagar sus sueldos. 

De devaluarse la libra en un tercio, la mitad de la población libanesa caería de la noche a la mañana bajo el umbral de la pobreza, advierte en un informe el Banco Mundial (BM). “La crisis libanesa necesita una estrategia integral […] para corregir las ineficiencias y beneficios desproporcionados de un sistema de crecimiento desigual”, opina en una entrevista por correo electrónico Wissam Harake, economista del BM. Los Jarah hacen equilibrios sobre la intangible frontera de la pobreza, que ya afecta a un tercio de la población libanesa, según informes de la ONU.

Durante una de tantas manifestaciones, un desesperado padre de familia en la cincuentena se rocía con gasolina. “Ya no sé qué hacer”, solloza el hombre, a quien otros manifestantes salvan de quemarse vivo, pero no de la desesperación. La inflación ha disparado los precios de productos básicos en un 25% y ha forzado al recién nombrado Ejecutivo a pedir ayuda a varios países para asegurar las divisas necesarias con las que subvencionar la importación de trigo, medicamentos, leche en polvo y combustible.

La clase media libanesa va camino de desaparecer. “El 10% de la población adulta acumula el 55% de los ingresos nacionales, algo que sitúa Líbano entre los países con mayor desigualdad económica en el mundo”, escribe en un reciente informe la economista libanesa Lydia Assouad.

El otro extremo

En el extremo opuesto, la clase más adinerada intenta poner a salvo sus fortunas antes de que se haga efectiva una devaluación y pierdan un tercio de sus depósitos bancarios. Lo hace gastando tanto como puede y la banca les permite. La sucursal de Rolex en Beirut hace su agosto. “El reloj más barato cuesta 6.000 dólares y algunos de colección superan los 20.000”, cuenta una empleada. Coches, oro y diamantes son otros productos de lujo en los que invierten, así como en el sector inmobiliario, cuyas ventas se han disparado. La especulación financiera favorece al que tiene dólares en efectivo. De ahí que las pistas de esquí y las discotecas VIP del país estén a rebosar.

Además, “la relación entre banqueros y políticos es incestuosa”, resume Pierre Issa, director de la ONG Arcenciel, durante una conferencia en Beirut. En el primer mes de protestas, en octubre pasado, los bancos cerraron al público durante tres semanas y un puñado de accionistas transfirieron 2.300 millones de dólares a Suiza para escapar al corralito. No pocos de ellos son los mismos que se sientan en el Parlamento. El director del Banco Central, Riad Salame, es el nombre y rostro más criticado por los manifestantes. Como muchos líderes políticos que le cortejan, lleva apoltronado en su cargo cerca de tres décadas.

Al igual que los bancos, los políticos han dilapidado el remanente de confianza ciudadana que les quedaba. “Viven en la inopia y no son conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra el país”, afirma en Beirut un diplomático europeo.

“No habrá más ayudas hasta que no propongan un plan económico real y viable”, repiten como un mantra desde hace dos años unos hastiados donantes internacionales sobre los 11.000 millones de dólares (10.137 millones de euros) prometidos en la conferencia de Cedres en París, organizada en abril de 2018. Expertos internacionales consultados por este diario coinciden en que hoy es una cantidad insuficiente para un país que necesitaría una inyección de entre 28.000 y 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.

No es de extrañar tampoco que los bancos y cajeros se hayan convertido en diana privilegiada de las pedradas de los manifestantes, menos numerosos a medida que pasa el tiempo, que intentan asaltar el Parlamento fortificado en el centro económico de Beirut. A las protestas se suman desesperanzados jóvenes suníes llegados del norte, de la empobrecida Trípoli, o del sur, de los suburbios marginales chiíes de Dahie. Enfrentados por la religión, comparten hoy cebollas entre irrespirables nubes de gases lacrimógenos, unidos por ese sentimiento que comparten los que no pueden emigrar, los que ya no tienen nada que perder.

La rabia colectiva contenida estalló en todo su apogeo el segundo fin de semana de enero, con 575 heridos como el peor balance hasta la fecha de unas refriegas en las que Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios”. Un millar de manifestantes han sido arrestados, decenas torturados, sostiene la ONG. Entre la lluvia de piedras corretean niños y niñas que venden botellas de agua o mendigan divertidos entre el inusual gentío

“No tengo dinero para pagar. ¡Bajadme de la ambulancia!”, grita en un ataque de llanto una niña a los incansables voluntarios de la Defensa Civil. Dumoo —que en árabe significa lágrimas— ignora su fecha de nacimiento. Calcula tener 12 años, “o por ahí”. Se trata de la única niña herida en los primeros cuatro meses de protestas, dicen los paramédicos. Tiene la frente abierta y a las tres de la madrugada es atendida en un hospital de Beirut. Está de suerte: el Ministerio de Salud cubrirá los gastos de los siete puntos de sutura, así como el de toda persona herida en las protestas.

Entre la pobreza y la miseria

Ya en casa, su madre, Suad, una ciudadana siria de 33 años, refunfuña hastiada, no solo por la herida: “Los 11 miembros de la familia dependemos de ella tanto para el alquiler como para la comida”, afirma cuando oye que Dumoo necesita al menos dos días de reposo. La pequeña se encoge de hombros y su padre, pescador palestino nacido en Líbano, esquiva la mirada.

En la seguridad que le da su barrio, Ouzai, en los arrabales del sur de Beirut, Dumoo vuelve a ser esa mocosa desafiante que ha pateado mucha calle. Desde los seis años trabaja 10 horas diarias vendiendo botellas de agua para traer entre 30.000 y 50.000 libras a casa (entre 18 y 30 euros). Hoy gana lo suficiente para mantener a sus ocho hermanos, de entre 2 y 17 años, y a sus padres. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir.

La calle en la que vive la familia está en una zona mayoritariamente chií y las fachadas están empapeladas con pósteres en honor a los mártires de la milicia-partido Hezbolá. Aquí, las asociaciones caritativas también han reducido drásticamente las ayudas para medicamentos, hospitales y escuelas. La electricidad se limita a 15 horas diarias en el piso de alquiler de tres habitaciones que ocupan. En todo el país, las cajas de la solidaridad sectaria han quedado vacías.

Líbano alberga a 400.000 refugiados palestinos y 1,5 millones de sirios, lo que equivale a un tercio de la población libanesa. Con el país vecino a punto de entrar en el décimo año de guerra, el 75% de los refugiados sirios en Líbano vive bajo el umbral de la pobreza y la crisis amenaza con hundirles aún más. Las ayudas de la ONU para sirios y palestinos también han sufrido severos recortes.

En la familia de Dumoo, esta niña supone el débil hilo de los ingresos para subsistir que de romperse arrojaría a 10 personas a la pobreza absoluta. La crisis de los bancos no les afecta porque guardan sus pocos ahorros en una bolsa de plástico en algún lugar seguro de la casa. Sus hermanos adolescentes no tienen trabajo y se quedan en casa porque temen convertirse en víctimas del enfado de una población libanesa que les acusa de “robarles el trabajo”.

Es la una de la tarde. Han pasado 24 horas desde que fue herida. Dumoo se despereza y con los hilos azules de los puntos de sutura y la sangre reseca pegada al flequillo sale con el estómago vacío a trabajar. Abandona este masificado barrio a bordo de una furgoneta que cubre los cuatro kilómetros que separan Ouzai del corazón económico de Beirut. Un trayecto que sirve de línea divisoria entre una periferia pobre y un corazón rico cada día más pequeño. En el centro, muros revestidos de mármol conducen a escaparates de Louis Vuitton o Hermes, y ferraris aparcados junto a la acera.

“En las revoluciones del resto de países de la región tuvieron que derrocar a un Ben Alí (Túnez), a un Mubarak (Egipto) o a un Gadafi (Libia)”, dice el joven Abdalá Jarah. “Aquí tenemos que derrocar a seis: uno por cada confesión en el poder”, zanja.

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El encendido discurso de Mon Laferte en Viña del Mar

El público acompañó su show con cánticos contra la represión y el gobierno de Piñera 

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad, y sé que yo ahora tengo privilegios". De esta manera, la cantante Mon Laferte sentó posición este lunes a la noche en Viña del Mar sobre lo que ocurre en Chile con la represión del gobierno de Sebastián Piñera. La artista de 36 años usó para expresarse el escenario del tradicional festival de la canción.

 “Todo el mundo me decía que tenía que cancelar, que no se podía hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”, dijo en medio de una ovación imparable. “Me enteré de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile”, lanzó en medio de una rechifla y el grito de “¡Asesinos!” de la tribuna y “¡El que no salta es paco!”, consigna a la que se plegó. “Me querían citar a declarar por un delito, pensé que era una broma y hasta hace un momento estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?” En ese momento, la tribuna, conocida como “El Monstruo”, se unió en una consigna: “¡No estás sola!”

“Yo solamente había dado una entrevista, tuve miedo pero me he sentido súper valiente. Lo único que sé hacer es cantar, tuve que empezar a trabajar de chiquita”, agregó sobre su infancia de muy pocos recursos. Recordó un consejo de su abuela: “Tienes que trabajar mucho y me lo tomé en serio para no fallarle a ella y a mi familia, y aquí estoy”.

Laferte ha sido muy crítica del accionar del gobierno conservador desde que empezaron las protestas en octubre del año pasado. Ya se había expresado en noviembre, en los momentos de mayor violencia, cuando concurrió a la entrega de los Grammys latinos con la frase “En Chile torturan, violan y matan” escrita en su cuerpo, al tiempo que ingresaba a la ceremonia en topless.

La artista de 36 años se llevó una Gaviota de oro y otra de plata, tal como había ocurrido en la edición de 2017 del festival, pero no obtuvo la de platino. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota”, anunció al recibir una de las estatuillas. “Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite. El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, añadió.

Antes, su show musical fue arrollador e incluyó la presencia en el escenario de unas cincuenta mujeres, vestidas con trajes típicos. "Es tan difícil tener espacios en los escenarios para las mujeres que yo dije: 'Voy a invitar a todas mis amigas poderosas, que yo admiro'", anunció Laferte al hacerlas subir. Luego, cantó dos cuecas junto a ellas.

De este modo, el Festival no fue ajeno de ningún modo a lo que vive Chile. Y Laferte no fue la única. Ricky Martin llegó a Chile para actuar en Viña del Mar y pidió a los chilenos "exigir lo básico, los derechos humanos". Además, el humorista Stephan Kramer habló de los jóvenes que defienden a los manifestantes de la represión policial y que son conocidos como “primera línea”. La presencia de Kramer marcó un record histórico de 57 puntos de rating. 

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De Harvey Weinstein a Plácido Domingo: de cómo el mundo ha cambiado tras el estallido del #MeToo

Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron

Que el #MeToo no necesitaba ninguna decisión judicial para certificarse como uno de los grandes movimientos de cambio de los últimos años era algo sabido. Más allá de lo que sucediera en los tribunales, la ruptura histórica del silencio de las mujeres alrededor de la violencia sexual y el acoso y su repercusión social y política internacional es ya un sello de nuestros días. Sin embargo, en menos de 24 horas dos decisiones le han dado al movimiento el respaldo 'oficial' definitivo: el lunes, un jurado declaró culpable al productor Harvey Weinstein de dos delitos sexuales; este martes, una investigación oficial concluye que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y ejerció abuso de poder. Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron.

"Para las mujeres que testificaron en este caso y que han pasado por un infierno traumático, hicisteis un servicio público. Gracias". La declaración es de Ashley Judd, una de las primeras actrices que denunció a Weinstein por acoso sexual. Fue en octubre de 2017 cuando The New York Times publicó las primeras historias que acusaban al poderoso productos de delitos sexuales. Más de dos años después y tras un juicio que ha durado seis semanas, un jurado ha declarado a Weinstein culpable de un delito sexual contra la asistente de producción Miriam Haley y de otro de violación a la actriz Jessica Mann. Por esta condena podría permanecer en prisión hasta 29 años. El productor ha sido absuelto de otros dos cargos y aún tiene una causa pendiente en un juzgado de Los Ángeles.

El inicio del juicio a Weinstein bien podría representar esta ola feminista que recorre lugares distintos con una narrativa muy parecida y los mismos lemas: 'a mí también', 'yo te creo', 'no es sexo, es violación' o 'solo sí es sí'. Allí, frente a un juzgado de Nueva York, decenas de mujeres interpretaban 'Un violador en tu camino', la 'performance' creada por LasTesis, el grupo feminista chileno que la puso en marcha en medio de las protestas que sacudieron el país. De Chile había llegado al juicio del caso que hizo estallar el MeToo. Por el camino había pasado por México, España, Argentina, Colombia, Francia, Turquía, India, Reino Unido, Guatemala, Brasil, Marruecos o Túnez.

El himno le debe su viralidad a la letra y a su potente puesta en escena, pero sobre todo a que, más allá de casos individuales, apela a una cultura de la violación que perdura de distintas maneras: sea de donde sea, una mujer se ve en esos versos que dicen "el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo;es la violencia que no ves. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía".

Solo unas horas después del veredicto sobre Weinstein, una investigación del sindicato de ópera de EEUU revelaba que Plácido Domingo había acosado sexualmente y abusado de su poder durante años. La investigación cuenta con 27 personas que aseguran haber sufrido o presenciado este tipo de comportamientos por parte de Domingo durante los años 90 y 2000. Otra investigación, de la Ópera de Los Ángeles, sigue en marcha. El tenor dimitió de su dirección el pasado octubre, después de que Associated Press hiciera pública su investigación sobre él.

Si cuando las acusaciones se hicieron públicas, Plácido Domingo defendió su inocencia, este martes ha pedido perdón, con la investigación ya pública pero sin haber llegado, todavía, a los tribunales. Domingo ha pasado de asegurar que su comportamiento había sido "galante" - "Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. Me refería sobre todo a la cultura del piropo. He sido galante. Pero siempre en los límites de la caballerosidad"- a reconocer "toda la responsabilidad" por las acciones que se le atribuyen y disculparse por el "dolor" causado a las víctimas. 

Sus palabras, unas y otras, son la muestra del cambio -incómodo para muchos- que el MeToo ha supuesto: el movimiento ha venido a cuestionar la forma en que nos relacionamos, la forma en que concebimos la violencia sexual y las maneras que muchos hombres han interiorizado como naturales o bien como parte de su privilegio. Si además eras un poderoso productor de Hollywood o un tenor reconocido en todo el mundo, la impunidad parecía más que descontada.

De Weinstein a Domingo ha habido otros casos, muchos, la mayoría, con menos repercusión o que sencillamente han pasado desapercibidos por cotidianos. No fue así con Bill Cosby, que en 2018 fue declarado culpable de tres delitos de agresión sexual y pasa sus días en una cárcel de Phoenix. La coincidencia de estos tres casos en el mundo de la cultura revela también hasta qué punto la industria del espectáculo había interiorizado la cosificación de las mujeres y el 'peaje' que muchas tenían que pagar para seguir en ella. 

Por si la palabra de miles mujeres en todo el mundo no fuera suficiente -y no lo ha sido, para muchos, durante mucho tiempo-, hoy el MeToo, ese fenómeno que habla de violencia y acoso, que interpela e incomoda, se apunta dos decisiones que consolidan su espíritu y que le dará legitimidad antes quienes seguían defendiendo una extraña forma de galantería

Por Ana Requena Aguilar

25/02/2020 - 17:37h

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Quema de autos en Viña del Mar en la protesta contra Piñera.

Las reacciones a los serios incidentes en la apertura del Festival de Viña del Mar

El mandatario chileno volvió a exigir un "gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz". El lunes estuvo marcado por un estado de tensa calma en las calles.

En su primera aparición pública luego de los serios incidentes en Viña del Mar, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que el país "ya ha sufrido demasiada violencia". En ese sentido, le exigió a todos los sectores de la sociedad y la política que condenen cualquier acto que atente contra la democracia. Sin embargo, su respuesta al conflicto fue, una vez más, el refuerzo del aparato represivo. La ciudad de Viña del Mar amaneció el lunes blindada por carabineros, que reforzaron los puntos centrales de ese centro balneario luego de las masivas protestas contra el gobierno de Piñera y los graves incidentes registrados el domingo por la noche. El gobierno chileno teme que la efervescencia en las calles sea un anticipo de la radicalización de las protestas a partir de marzo, mes en el que se esperan varias manifestaciones.

"Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz. Este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia", destacó Piñera, que el lunes retomó su agenda política con una reunión con todos los ministros a la vuelta de sus vacaciones.

"Necesitamos asegurar el orden público y vivir en paz para tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente. Todos queremos mejorar, cambiar, modernizar y perfeccionar la Constitución", agregó el mandatario. El plebiscito del próximo 26 de abril es una de las principales apuestas de Piñera para desactivar la grave crisis que vive el país desde octubre pasado, cuando iniciaron las manifestaciones contra el cuestionado modelo chileno, herencia directa del pinochetismo.

El lunes, la calma parecía volver a las calles de Chile luego de un domingo tenso. Sin embargo, tres colegios registraron incidentes por la mañana, en el inicio de clases en la comuna de Antofagasta. Supuestos alumnos encapuchados realizaron un recorrido por distintos establecimientos con el objetivo de obstaculizar la vuelta a clases y sumar más jóvenes a una marcha que iniciaron por Calle Orella, para continuar por las principales vías del casco central. 

Por la tarde tuvieron lugar nuevas manifestaciones en Viña contra el festival musical, que se desarrollaron sin mayores inconvenientes. A la noche se esperaba la presentación de la cantante chilena Mon Laferte , quien ha apoyado fuertemente las protestas sociales y a la que algunos grupos de ultraderecha anunciaron que buscarán boicotear su actuación.

Temiendo nuevos incidentes, el gobierno chileno redobló las medidas de seguridad con un amplio operativo policial en los alrededores de Viña. La alcaldesa de la ciudad balneario, la conservadora Virginia Reginato, pidió ayuda al gobierno para enfrentar nuevos actos de violencia y aseguró que los chilenos quieren "que vuelva la paz" a sus hogares y a ciudades. "Quiero mandarle un mensaje al presidente de la república: yo creo que ya la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña", agregó Reginato.

Por su parte, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Zenteno, se refirió a los disturbios que se registraron el domingo en los alrededores de la Quinta Vergara, y aseguró que no hubo errores en el despliegue de la policía uniformada. La institución informó que durante las manifestaciones 23 uniformados terminaron lesionados y atribuyeron los hechos ocurridos a "la delincuencia".

En ese sentido, Zenteno manifestó que "el único error es que esta gente atenta contra la seguridad de las personas". El uniformado agregó que, en su particular visión de los hechos, no es posible hablar de "situaciones de derechos humanos, porque realmente los manifestantes atentan contra todo: hay jóvenes, hay niños, que van a un festival y eso no es digno de nuestro país".

La ciudad de Viña del Mar, a 135 kilómetros al oeste de Santiago, fue escenario la noche del domingo de duros enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que se concentraron bajo el lema "Calles con sangre, Viña sin festival". Pedían la cancelación de la cita internacional de música por la grave crisis que atraviesa el país.

Además de los choques, grupos de encapuchados incendiaron varios autos, saquearon comercios y atacaron con piedras el edificio de la municipalidad y el emblemático Hotel O'Higgings, que tuvo que ser desalojado por unas horas y donde se encontraban artistas, periodistas y trabajadores del festival. Hubo también destrozos en sucursales bancarias y empresas de telecomunicaciones.

La policía les cortó a los manifestantes el paso con un inédito y fuerte operativo de seguridad que incluyó un helicóptero y un globo con cámaras de vigilancia. A pesar de la dura represión con gases lacrimógenos y carros hidrantes, los manifestantes resistieron y llegaron hasta los alrededores de la Quinta Vergara, donde unas 20 mil personas aguardaban el inicio del tradicional festival. Según el ministerio del Interior, la noche dejó 24 detenidos, 29 agentes policiales heridos, nueve tiendas saqueadas y una decena de autos incendiados.

Chile vive desde el pasado octubre su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos treinta muertos y miles de heridos, además de graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. Lo que en un principio empezó como un llamamiento de los estudiantes a protestar contra el aumento de la tarifa del subte, se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

La situación generó un fuerte descenso en la aprobación del cuestionado presidente Piñera, con índices menores al 9 por ciento según las últimas encuestas. En este escenario, las autoridades temen una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando culminan las vacaciones de verano y arrancan nuevamente gran parte de las actividades productivas en el país. 

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Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

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Michael Bloomberg y Donald Trump, en una imagen de archivo de 2016. En vídeo, Sanders se dirige a Bloomberg en el mitin del viernes en Nevada: "No puede comprar la presidencia". BRENDAN SMIALOWSKI (AFP) / REUTERS

Con candidatos como Bloomberg o Trump, y otros con agresivas políticas para redistribuir la riqueza, el poder político de los súper ricos marca la campaña de las elecciones de noviembre

El eslogan de la campaña presidencial de Michael Bloomberg es escueto y de una elocuencia pasmosa: “Mike lo hará”. Sacar a Donald Trump de la Casa Blanca es la prioridad de más o menos la mitad de los estadounidenses de cara a las elecciones de noviembre, y el candidato demócrata dice que “lo hará”. ¿Por qué? Porque tiene 64.200 millones de dólares para hacerlo.

Nunca en la historia una carrera presidencial ha explorado tan abiertamente las posibilidades que proporciona el dinero para alcanzar el poder político en Estados Unidos. Y sucede además cuando la mera existencia de los mil millonarios y su efecto en la sociedad constituye uno de los grandes debates ideológicos en las primarias demócratas. Dos candidatos, Bloomberg y Tom Steyer, tercero y séptimo en los sondeos, pertenecen al selecto club de los 607 estadounidenses con fortunas de más de mil millones de dólares. Y otros dos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, primero y cuarta, basan sus campañas en reducir las cada vez más extremas desigualdades económicas que arrastra el país, con agresivos planes fiscales para redistribuir la riqueza de esa élite.

“A eso hay que añadir que, por primera vez en la historia, el presidente que se presenta a la reelección también es mil millonario”, apunta Jason Seawright, profesor de la universidad Northwestern (Illionis), que investiga sobre las preferencias políticas de los estadounidenses ricos y su papel en la democracia. “Eso cambia el juego. En una campaña que enfrenta a Trump, Bloomberg y Sanders, la conversación sobre el dinero y la política es inevitable”.

Las elecciones de noviembre serán, de alguna manera, un referéndum sobre los multimillonarios. Los votantes podrán elegir entre deshacerse de ellos (Sanders, Warren), poner a uno al frente del país (Trump, Bloomberg, Steyer) o dejarlos más o menos como están (Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar).

En el debate de los candidatos demócratas del miércoles pasado en Las Vegas, la expresión “mil millonario” se pronunció más veces que, por ejemplo, “China”, “inmigración” o “cambio climático”. Más que una nota del debate, los multimillonarios constituyen la melodía misma de la carrera. Son los candidatos y sus némesis. Son los jefes de la economía que ha creado las desigualdades que provocaron la ola populista que vive el país. Y son también, de Mark Zuckerberg a Jeff Bezos pasando por Rupert Murdoch, quienes controlan las plataformas de persuasión.

La irrupción de los millonarios en la primera línea de la política estadounidense, explica Seawright, “ha sido gradual”. “Un factor es que cada vez hay más multimillonarios”, defiende. “Desde los años 80 ha aumentado enormemente la brecha que separa a los más ricos del resto. Otro factor es que, desde que se introdujeron reformas en los sistemas de primarias en los años 70, el control que tienen los partidos políticos sobre el proceso de elección de sus candidatos es más débil”.

El 95% de los votantes demócratas considera que las desigualdades económicas son un gran problema para el país hoy, según un estudio de Pew Research. Está arriba en la lista de preocupaciones, apenas detrás del coste de la asistencia sanitaria y el cambio climático. El 55% de los demócratas que apoyan a Sanders y el 49% de los que respaldan a Warren consideran que la existencia de personas con fortunas de más de mil millones de dólares es mala para el país, mientras que el 69% de los simpatizantes de Bloomberg y el 67% de quienes apoyan a Biden consideran que no es ni bueno ni malo.

“Años de desigualdades crecientes en EE UU han acabado convirtiéndolo en un asunto central en la política”, explica David Callahan, investigador y director de Inside Philantropy, un proyecto que persigue el control y la transparencia de la filantropía a gran escala. “La desigualdad económica siempre se traslada a desigualdad política, al encontrar los ricos maneras de convertir su dinero en influencia. En una época con más personas ricas que tienen más dinero, esa élite goza de una influencia creciente”.

Los 400 estadounidenses más ricos han triplicado su porción de la riqueza del país desde los años 80, y hoy tienen más que la suma de los 150 millones de adultos que constituyen el 60% de los hogares, según un estudio del economista de Berkeley Gabriel Zucman. Cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan subidas de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas. Pero esas preferencias no acaban de reflejarse en las políticas públicas. “Nuestras investigaciones muestran desde hace tiempo que los estadounidenses están a favor de medidas que redistribuyan el dinero de los más ricos”, explica Seawright. “Sin embargo, las políticas económicas sistemáticamente caen del lado de esos ricos. Hay un problema de no representación, y tiene que ver con la industria de la influencia y el lobby”.

Los multimillonarios llevan décadas marcando la política estadounidense sin necesidad de presentarse a elecciones. La explosión de la industria de la influencia en Washington ha sido espectacular. En 1971 había 175 grupos de lobby registrados. En 2019, había 11,862. La filantropía también se ha convertido en un eficaz arma de influencia política. “Gracias a las leyes laxas de financiación de campañas y a las directrices difusas para las contribuciones benéficas, los multimillonarios disponen de múltiples opciones para convertir su riqueza en influencia”, explica Callahan.

Organizaciones benéficas como la que tenía Trump hasta diciembre de 2018 se convirtieron, según denuncia la periodista Jane Mayer en su libro Dinero oscuro, en “una nueva generación de fundaciones hiperpolíticas” que “invierten en ideología como capitalistas de riesgo”. También Bloomberg lleva tiempo financiando a colectivos claves en causas progresistas, así como a campañas de congresistas y políticos locales, tejiendo una extensa red de apoyos muy valiosa para una carrera presidencial.

Mención aparte merecen los hermanos Koch, Charles y el ya fallecido David, cuyo sofisticado trabajo en la sombra durante años ha sido decisivo en la propagación de las ideas del populismo de derechas que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Han invertido, por ejemplo, en educación universitaria para inculcar sus ideas a las nuevas generaciones, con becas y fundaciones que financian programas e investigaciones académicas alineadas con su visión de la economía y la política.

Pero la influencia del dinero no entiende de color político, y hoy muchos de los estadounidenses más ricos financian a candidatos demócratas y causas asociadas con dicho partido. “La diferencia es que los progresistas hablan más y dan menos, y los conservadores hablan menos y dan más”, apunta Seawright.

En este contexto destaca el caso de Bernie Sanders, cuya campaña se financia exclusivamente con micro contribuciones de sus seguidores, y que se jacta de no haber recibido un solo dólar de los multimillonarios. “Si los que te dan el dinero son los ciudadanos, gobiernas para los ciudadanos. Si te dan el dinero los multimillonarios, ¿para quién gobiernas?”, preguntaba a la multitud la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en un mitin del senador en New Hampshire. Pero no es Sanders el único candidato que no piensa aceptar un dólar de ningún donante multimillonario. Tampoco Bloomberg lo hará. Le sobra con lo que tiene.

Por, PABLO GUIMÓN

Washington 23 FEB 2020 - 11:06 COT

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Católicas por el Derecho a Decidir plantea que las mujeres hagan parte de la iglesia desde la libertad. En la imagen, el confesionario que llevan a los barrios. CDD

En medio del debate en el país, varias organizaciones promueven la campaña Causa Justa que pide la despenalización total del aborto para evitar que más mujeres sean judicializadas

Les han dicho falsas católicas, las amenazan con la excomunión, las atacan en redes sociales. Nada de esto amilana a un grupo de mujeres, las Católicas por el Derecho a Decidir (Cdd), que por estos días alza la voz en Colombia cuando el aborto vuelve a ser centro de debate. En el país andino la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en tres circunstancias, pero en los próximos días la Corte Constitucional responderá una demanda de una abogada antiaborto que busca que este vuelva a ser ilegal en todos los casos y regresar a 2006.

En la otra vereda, con el pañuelo verde, las católicas de este movimiento dicen que, por el contrario, este es momento de redoblar la apuesta y sacar definitivamente el delito de aborto del código penal, que hoy da penas de 1 a 3 años de cárcel a las mujeres, excepto para tres casos: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. “Nos reunimos alrededor de una causa justa y es que se deje de criminalizar a las mujeres por el aborto. Esta es la oportunidad de avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres”, dice con vehemencia Sandra Mazo, politóloga, lingüista y una “orgullosa católica”, incluso más desde que empezó a estudiar sobre teología feminista.

Sí. Ella sabe que feminismo y teología son dos palabras que suenan extrañas en la misma frase, como les dijeron desde que comenzaron en los 90 a organizarse para exigir igualdad a la jerarquía de la Iglesia católica. En la sede del movimiento, en un barrio céntrico de Bogotá, cuentan que llevan años estudiando los códigos canónicos e interpretando la Biblia y los libros de la Iglesia con mirada de mujer, que no hay tal contradicción porque “fundamentalmente defendemos los derechos por la igualdad de las mujeres en lo económico en lo político y en lo social”. Su eje inicial eran los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad —dicen— de "desculpabilizar" a las mujeres, pero en el camino entendieron que el aborto era un tema central. “Se está cometiendo una injusticia con las mujeres. No es justo que la Iglesia católica liderada por hombres misóginos que nos excluyen de las decisiones, unos célibes con unas posturas tan patriarcales, sean los que decidan por el cuerpo de las mujeres. Eso es inaudito”, dice Mazo.

Una red latinoamericana

El movimiento inició en Uruguay y se extendió por varios países de América Latina. Su fuente es la teología de la liberación y la justicia social, porque veían que “las mujeres que tienen recursos económicos abortaban así fuera ilegal y no se morían. Las mujeres pobres soportaban toda la carga de la penalización del aborto y el riesgo en los abortos clandestinos”. En Colombia, este grupo tomó fuerza en 2006 en los meses previos a que el tribunal constitucional aprobara el aborto en las tres causales. Ellas fueron a debate con los jerarcas de la Iglesia católica que por esa época eran buscados como fuentes en los medios de comunicación. Se unieron a otras organizaciones feministas y abogaron por la legalización del aborto que fue celebrada como una conquista.

Colombia, a pesar de su arraigada tradición católica, es un Estado laico y ninguna religión está por encima de otra ante la Constitución. La actual discusión ha vuelto a polarizar a la sociedad, pero hay cambios inevitables. Aura Cuasapud, abogada del movimiento, afirma que ahora no discuten tanto con los sacerdotes, sino con evangélicos y otros laicos antiaborto que se han vinculado a partidos políticos con asiento en el Congreso. Desde ahí, por ejemplo, líderes políticos como el expresidente y senador Álvaro Uribe ya promueven un referendo, por si la Corte Constitucional decide despenalizar. “Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, ¿en qué queda el respeto a la vida?”, escribió. Mientras, fieles de su partido hacen plantones contra el alto tribunal.

Las católicas, que son incómodas para esos grupos religiosos, por ser voces disidentes, defienden las decisiones del Constitucional que en los últimos años ha proferido al menos 17 sentencias a favor del aborto. “Yo sí quiero dar un parte de tranquilidad a los grupos religiosos. Si hay algo bello en la sentencia de la Corte y en nuestra causa es que el aborto no es obligatorio. Si una mujer de estos grupos está en una de las causales tiene derecho a decir no voy a abortar así esté en riesgo su vida, pero ellos no puede obligar a todas las mujeres de Colombia a que sacrifiquen su vida, su salud y decisiones. Con mucho cariño les digo que si ellos creen que su convicción religiosa les impide abortar no tienen que hacerlo”, dice Mazo.

Los grupos antiaborto se autodenominan provida y basan su discusión en el momento de la concepción y en que es más importante la vida del feto que la de la mujer. El grupo de católicas afirma que esa discusión no es central y “más que ponernos en el tema la vida o no la vida”, el eje del debate está en la salud pública y en la desigualdad social. Pero sobre todo y, en términos religiosos, en “la libertad de consciencia que es la que reconoce que todo hombre y mujer tiene agencia moral, es decir, capacidad para decidir”, explica la abogada.

Otra diferencia del debate actual con el del pasado es la aparición de las redes sociales como amplificadoras de la desinformación. Varios políticos han dicho que las “mujeres abortan como método anticonceptivo”. Mazo afirma que son falacias. “El aborto plantea un dilema, pero es siempre la última opción que toma la mujer. Cuando hay un embarazo no deseado la primera decisión no es decir ‘ah, salió positivo, ¡listo, aborto!’. No, nunca vas a encontrar una mujer que diga ‘ay me voy a embarazar para abortar’. Tampoco le va a decir a una amiga, ‘vamos el domingo a abortar’, qué chévere. No es así”.

Parte de su trabajo es en los barrios populares del país a los que llegan con un confesionario. Dentro de la estructura, sin embargo, las mujeres no encuentran a un sacerdote al cual confesar sus dudas esperando una respuesta. En su lugar hay un espejo. Son ellas quienes “con Dios en su conciencia entran a dialogar y a decidir”. El mensaje es que no es un cura, ni alguien externo quien debe decidir por el cuerpo de la mujer, que es “ella la que tiene que querer y estar segura de lo que significa ser mamá. Nosotras no somos un recipiente vacío para la maternidad”, concluye Mazo, directora de Católicas, que en compañía de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres pide la despenalización total a través de la campaña Causa Justa.

 

Bogotá 22 FEB 2020 - 19:01 COT

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Manifestación de la huelga petrolera en Río de Janeiro, el 18 de febrero / Foto: Marcelo Aguilar

Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.

Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.

Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.

ADENTRO.

Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.

Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.

“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.

“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.

AFUERA.

Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.

Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.

“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”

EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.

Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.

El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.

Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.

El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.

Por Marcelo Aguilar

21 febrero, 2020

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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