Estados Unidos: del sueño a la pesadilla americana

La igualdad de oportunidades se ha visto especialmente dañada en la mayor economía del planeta


Si un estadounidense quisiera vivir el sueño americano quizá debería viajar a España. Esta es una de las conclusiones que entre cifras y palabras se puede filtrar del informe de la OCDE ¿Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social. Un español tarda unos 120 años en pasar de la pobreza a los ingresos medios, frente a los 150 de un estadounidense. La distancia que existe entre cuatro y cinco generaciones. El caso es que si analizamos la denominada curva del Gran Gatsby, que relaciona la baja movilidad con la elevada desigualdad, la tierra de las oportunidades refleja una imagen más injusta que la española.


Es el desfigurado retrato de una de las sociedades con mayor inequidad del planeta. En España, el 1% de las personas más ricas del país recibe el 8,6% de la renta nacional. El porcentaje, en la otra orilla del Atlántico, sube al 20,8%. Pero el país lo soporta porque esa desigualdad impregna la esencia de su mitología. Estados Unidos adora las buenas historias que llevan de la nada a la riqueza. La de la presentadora Oprah Winfrey, por ejemplo, ha sido mil veces contada. Su ascensión de una niñez pobre en el sur rural a multimillonaria estrella de los medios de comunicación. “El sueño americano sigue vivo, con más trabas, pero vivo”, defiende Jorge Pérez, de 69 años, uno de los empresarios latinos más ricos del mundo, quien ha forjado un imperio en el sector inmobiliario a través de su empresa, situada en Miami, The Related Group. “Yo soy un ejemplo perfecto. Nací en Cuba, viví en Colombia y fui a la universidad en Estados Unidos, sin tener un centavo, gracias a las becas. Allí abrí un negocio de la nada que hoy construye miles de millones de dólares en bienes raíces [terrenos y viviendas]”.


Sin embargo, el sueño, a veces, funde a negro. Desde la Edad Dorada (1870-1890) la mayor potencia económica del mundo no tenía unos índices de desigualdad tan elevados. El salario medio estadounidense lleva estancado casi cincuenta años y cada vez menos jóvenes piensan que les irá mejor que a sus progenitores. “Hay un ejemplo muy nítido: el 90% de los chicos nacidos en 1940 en Estados Unidos ganaba más que sus padres, pero solo el 50% de los chavales que nacieron en 1980 han sido capaces de lograr lo mismo”, advierte Ryan Rippel, director de movilidad económica de la Fundación Bill & Melinda Gates.


Este estancamiento tiene muchos culpables: el mercado laboral, la accesibilidad a la vivienda, la clase de barrio, el racismo estructural. “Cuando los niños crecen en el mismo vecindario, con padres que tienen ingresos similares, a los chicos afroamericanos les va peor en la vida que a los blancos del mismo entorno”, sostiene Ryan Rippel. Y todo puede empeorar. Aún se aguarda el impacto de la “innovación radical”. “Podemos estar acercándonos a una revolución definida por el pleno empleo, baja productividad, altos márgenes empresariales y elevada desigualdad”, prevé Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de la gestora Pictet WM. Esta inequidad y el declive postindustrial justifican, por ejemplo, el coste humano y económico (unos 69.000 millones de euros anuales) de la epidemia del consumo opio en Estados Unidos. Un angustioso relato de cómo el analgésico más antiguo conocido por el hombre anestesia el dolor de la democracia liberal más avanzada del planeta. El mundo rota impulsado por sus propios contrasentidos.

Por Miguel Ángel García Vega
Madrid 24 MAR 2019 - 11:01 COT

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Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

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"Con los chalecos amarillos, parece que las élites descubren a una tribu del Amazonas"

Entrevistamos al geógrafo Christophe Guilluy, teórico de la Francia periférica y de la fractura entre las élites y las clases populares.

 

El movimiento de los chalecos amarillos marcará un antes y un después en el mandato de Emmanuel Macron. Surgida a mediados de noviembre, esta movilización transversal mantiene su pulso con el joven presidente francés tras un aumento en el número de manifestantes el pasado 5 de enero. Y este sábado tendrá lugar el noveno fin de semana de protestas. Los chalecos amarillos sorprendieron por su carácter espontáneo y conflictivo. No obstante, la profunda fractura entre las élites francesas y las clases populares había sido descrita desde hacía años por el geógrafo y sociólogo Christophe Guilluy (Montreuil, 1964).


Curiosamente, la publicación del último libro de este polémico ensayista, No society. El fin de la clase media occidental, coincidió con la emergencia del movimiento de los chalecos amarillos. Fracturas francesas, Francia periférica, Crepúsculo de los de arriba... Los títulos de los anteriores ensayos de Guilluy ya habían fijado los conceptos que explican la crisis social y política en Francia y en otras democracias occidentales.


"Los chalecos amarillos representan el grito del pueblo que clama: existimos. No hemos desaparecidos", asegura Guilluy a Público. Durante una extensa entrevista de más de una hora y media en un café en la Plaza de la República, en el corazón del París antaño popular, ahora víctima de la gentrificación, reivindica la victoria cultural de los chalecos amarillos: "Han conseguido que muchos entiendan que el pueblo existe en Francia, de la misma forma que hay un pueblo en Reino Unido, España o Estados Unidos".


Mientras que los sindicatos y partidos de izquierda no lograron frenar las reformas neoliberales de Macron, la marea amarilla sí que obligó al joven dirigente a ceder por primera vez en su mandato. El gobierno francés renunció a aumentar los impuestos sobre el combustible y aprobó una serie de medidas, valoradas en 10.000 millones de euros, para calmar el malestar, como un aumento de 100 euros de los ingresos de aquellos que cobran los salarios más bajos o una disminución de las cotizaciones sociales para las pensiones de menos de 2.000 euros.


Sin embargo, según Guilluy, "los logros sociales no son lo más importante, sino que hemos comprendido que el pueblo no ha desaparecido y que este ya no vive en las grandes ciudades ni en el mismo lugar que las instituciones. Por primera vez en la historia, las clases populares ya no residen allí donde se crea la riqueza y los puestos de trabajo". En definitiva, los chalecos amarillos son la cristalización de la Francia periférica.


El espejo de la Francia periférica


Según este mediático geógrafo francés, hay una dicotomía entre la Francia periférica y las metrópolis francesas (París, Lyon, Toulouse, Marsella, Burdeos, etc). Mientras que las grandes ciudades concentran la creación de la riqueza y son las zonas mejor integradas en la economía global, los territorios rurales y las ciudades pequeñas y medianas resultan las principales perjudicadas de la desindustrialización y del modelo de la globalización neoliberal. "Los habitantes de estos territorios (jóvenes, empleados, campesinos, autónomos o pensionistas) quizás no comparten una consciencia de clase, pero sí la misma percepción de los efectos negativos de la globalización", afirma Guilluy en su obra La France périphérique.


Criticado por simplista y oponer las poblaciones modestas de las grandes ciudades con la de los territorios rurales y periurbanos, el concepto de Francia periférica se ha visto, en cierta forma, corroborado con la emergencia de los chalecos amarillos. Durante la primera jornada de protestas del 17 de noviembre —la más numerosa de todas con cerca de 300.000 manifestantes—, estuvieron más movilizados los territorios rurales menos poblados en contraposición con una movilización claramente inferior en las grandes ciudades.


No obstante, la Francia periférica no es solo el reflejo de las zonas más despobladas, a diferencia de la España vacía descrita por el escritor Sergio del Molino. El concepto de Guilluy aglutina pueblos, ciudades pequeñas y medianas en las que reside el 60% de la población francesa. Tres cuartas partes de los habitantes de estos territorios pertenecen a las clases trabajadoras y populares.


"La población modesta ya no vive en grandes ciudades"


Procedente del departamento de Seine-Saint-Denis, donde se encuentran buena parte de los suburbios en el norte de París, este geógrafo empezó estudiando los barrios más pobres de esta zona. "Entonces, me di cuenta que la mayoría de la población modesta no vive en las grandes ciudades, donde los habitantes pobres de las banlieues solo representan el 7%, sino en pequeñas y medianas ciudades. Constaté que no eran ni campesinos ni habitantes urbanos, más bien una mezcla de los dos", explica Guilluy, que militó en el pasado en el Partido Comunista Francés.


Según Guilluy, los bajos precios inmobiliarios y las escasas oportunidades laborales caracterizan los territorios de la Francia periférica: "Los precios de los inmuebles nos indican quién es importante para el sistema". "El gran problema de los habitantes de estas zonas periféricas es que cuando uno tiene un trabajo en una fábrica o empresa, tendrá grandes dificultades para encontrar otro en el caso en que lo pierda. Las lógicas económicas y sociales hacen que uno ya no pueda desplazarse allí donde se crean los puestos de trabajo", añade.


Secesión de las élites


"Uno de los grandes problemas ahora en Francia es que este país puede vivir únicamente con la riqueza que se crea en París, Lyon, Toulouse, etc. De la misma forma que en España se podría vivir únicamente con la riqueza que se crea en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid", defiende Guilluy. Este sociólogo lamenta que las élites creyeran que el pueblo iba a desaparecer porque había dejado de vivir en las grandes ciudades globalizadas. "Estas metrópolis se han convertido en las nuevas ciudadelas del siglo XXI, cuyos habitantes no ven lo que sucede allí afuera", señala.


"Cuando apareció el movimiento de los chalecos amarillos tuve la impresión de que las élites (económicas, políticas, mediáticas y culturales) estaban descubriendo a una tribu perdida del Amazonas", asegura Guilluy. Defiende que la virulencia con la que la clase dirigente reaccionó ante la emergencia de este movimiento, tachándolo de racista, homófobo y antidemocrático, se debe a la escisión entre las élites y las clases populares. "Año tras año, las lógicas económicas y geográficas permitieron a las élites separarse del pueblo", explica Guillluy, quien cita al historiador estadounidense Christopher Lasch (autor de La rebelión de las élites y la traición a la democracia), que a finales de los setenta ya empezó a alertar ante la revuelta de las élites.


Esta secesión no es solo el fruto de haber situado a las clases populares en la periferia económica y geográfica, sino también "cultural e intelectual", asevera. Según Guilluy, "No society —esta famosa afirmación de Margaret Thatcher con la que titula su último libro— significa que el pueblo no se ve representado ni por los intelectuales ni universitarios". "Resulta simbólico que los chalecos amarillos hayan recibido un apoyo marginal de las élites de la cultura y del sector del espectáculo", afirma Guilluy, quien recuerda que "una sociedad no es viable sin vínculos entre las clases intelectuales y el pueblo".


El bipartidismo representa "a una clase media que ya no existe"


Casi dos meses después de la emergencia de este movimiento de contestación, Macron sigue sin encontrar la solución a la crisis de los chalecos amarillos. "No hay una toma de consciencia del profundo malestar. Es como si no encontrara ni siquiera el lenguaje para hablar al pueblo", lamenta Guilluy. Este geógrafo explica que se reunió con el actual presidente cuando este ejercía como ministro de Economía. Le mostró el mapa de la Francia periférica y de aquellas zonas con una mayor fragilidad económica. "Me respondió: Tiene usted razón. Pero mi método consiste en mejorar el crecimiento de las grandes ciudades y de las grandes empresas. Si progresan los primeros de la cordada, lo hará el resto", explica.


"Toda la tecnocracia francesa y europea defiende esta misma idea", lamenta Guilluy respecto al apoyo de las élites a la teoría neoliberal del goteo. "¿Por qué? Porque ellos han sacralizado la economía y piensan que todo depende de ella". Según Guilluy, que apuesta por favorecer el desarrollo de la economía y las instituciones locales e introducir algunas medidas proteccionistas, "es evidente que el modelo neoliberal es insostenible desde un punto de vista social y político".


Una inestabilidad política que se ve reflejada en la crisis de los partidos tradicionales. "Las formaciones políticas fueron concebidas para representar a una clase media que ya no existe. Resulta bastante simbólico ver que el electorado que le queda a la derecha republicana o al Partido Socialista en Francia son los herederos de esta clase media. Por un lado, los jubilados (derecha); por el otro, los funcionarios (PS)", explica.


Dificultades de Podemos


Guilluy también responsabiliza a la izquierda de esta fractura entre las élites y el pueblo. "Seguí con gran interés la aparición de Podemos y creí que había una profunda reflexión sobre la necesidad de restablecer un vínculo entre las clases intelectuales y el pueblo. Pero no lo han conseguido", lamenta. Según este geógrafo, en el partido morado se ha producido un "encierre cultural y geográfico, lo que nos muestra la dificultad de la reconciliación".


"Pienso que muchos de los responsables de Podemos no supieron abandonar sus reflejos de intelectuales de izquierdas y entender que hacía falta restablecer vínculos con las clases populares en lugar de apostar por el eje izquierda-derecha", afirma Guilluy. Considera que la formación morada ha caído prisionera de sus propios votantes: "Uno de los motivos de las dificultades de la izquierda es que se ha vuelto demasiado caricatural respecto a su electorado, formado por estudiantes universitarios, intelectuales y clases medias superiores. Mayoritariamente son personas que viven en las grandes ciudades y al final uno necesita hablar a sus votantes para existir".


No obstante, según Guilluy, "no tenemos que realizar un trabajo de reeducación del pueblo, sino de las élites. Debemos acercarnos al pueblo".

12/01/2019 12:19 Actualizado: 12/01/2019 12:19
ENRIC BONET
@EnricQuart

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Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
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3 de diciembre de 2018

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Explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, celebrado en Buenos Aires por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) entre el 19 y el 21 del pasado mes de noviembre, me propuso un reto sorprendente: explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo. Hacer tal explicación ante ocho mil personas es casi una provocación. Pero no eludí el desafío.

Como he escrito, la fórmula del 1 % contra el 99 % no la inventó el movimiento de los indignados de 2011. Está en las páginas finales del diario de Lev Tolstói de 1910. La actualidad de esta fórmula está menos en la figura de Tolstói que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, atravesado por desigualdades entre ricos y pobres que tienen muchas similitudes con las de hace cien años. Ante el reto, decidí comenzar por deconstruir la pregunta. Era una vieja pregunta, una pregunta típica del siglo XX. En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de los movimientos feministas y antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, sino la diferencia. La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo la formulación que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.


En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1 % más rico. ¿No tendría más sentido, o no sería más útil, explicarla al 99 % más pobre? Explicar la igualdad al 1 % es como explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no me entienda; y si me entiende, tal vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. Recordé, a propósito de esto, ese siniestro movimiento de extrema derecha educativo en Brasil, conocido con el engañoso nombre de Escuela sin Partido, que en sus últimos documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl Marx, Paulo Freire, Milton Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la situación de antiguos estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se sienten perseguidos y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y derechos humanos, sospechosos de defender “ideas rojas” o “ideología de género”, la innovación conceptual más reciente de las cloacas autoritarias y neofascistas.


Me pregunté, pues, si no sería más útil y adecuado explicar la igualdad al 99 %. Pero ahí quedé suspendido en mi reflexión: ¿sería, al fin y al cabo, necesaria tal explicación? ¿No sabrán ellos mejor que nadie, y con la prueba de todas las arrugas de la vida, qué es la igualdad y qué es la desigualdad? ¿Necesitarán a alguien que se lo explique? El domingo anterior había pasado una buena parte del día en uno de los barrios más pobres y resistentes de Buenos Aires, el barrio Zavaleta, donde un grupo de activistas produce cooperativamente una revista, La Garganta Poderosa, que va siendo conocida en todos los barrios pobres del continente. Allí pude comprobar cómo para ellos y ellas la igualdad se explica fácilmente por la desigualdad que sufren todos los días en los cuerpos y en la vida. Acompañado a distancia por militares (no policía civil) que controlan la comunidad, pude comprobar que no es igualdad cuando unas voluntarias se organizan para recibir donaciones de alimentos y crear un restaurante comunitario donde los jóvenes comen una comida decente al día. Que no es igualdad cuando casi todos los habitantes tienen un joven pariente, amigo, hijo o nieto asesinado por la policía. Que no es igualdad cuando las inundaciones de las últimas semanas impiden que las cloacas improvisadas aguanten y los niños se despiertan con la cama llena de mierda (pido al editor que no censure esta palabra, ya que cualquier otra solo servirá para suavizar la mala conciencia de quien duerme en carritos Chico). Que no es igualdad cuando alguien en coma diabético muere en calles estrechas mientras unos brazos solidarios lo trasladan al lugar donde la ambulancia lo puede recoger. En Zavaleta, la igualdad se explica bien por la desigualdad, por la violencia policial, por la desvalorización de la vida, por la degradación ontológica de quien allí vive.


Pero incluso admitiendo que la explicación tiene sentido, la formulación de la invitación padece aún otro error, un error epistemológico. Presupone que hay un conocimiento específico y el único válido para explicar la igualdad, es decir, el conocimiento científico. Ahora bien, esto no es cierto y, en este caso concreto, es particularmente importante aclararlo. La filosofía eurocéntrica –y las epistemologías del Norte que nacieron de ella y dieron origen a la ciencia moderna– se basa en la contradicción entre defender en abstracto la igualdad universal y, al mismo tiempo, justificar que parte de la humanidad no es plenamente humana y, por tanto, no está contemplada en el concepto de igualdad universal, sea ella constituida por esclavos, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, trabajadores sin derechos, castas inferiores. No es preciso mencionar que John Locke, gran patrono de la igualdad, fue dueño de esclavos; o que la eugenesia, “la ciencia más popular” de inicio del siglo XX, demostraba científicamente la inferioridad de los negros, una ciencia que Hitler estudió atentamente en la prisión mientras preparaba Mein Kampf. Por eso, confiar en que las ciencias nacidas de las epistemologías del Norte expliquen adecuadamente la igualdad es lo mismo que escoger al lobo para cuidar a las ovejas. Una metáfora menos chocante será la de pensar que la “ayuda al desarrollo” realmente ayuda a los países en desarrollo. Al contrario de lo que promete, tal ayuda contribuye no al desarrollo de los países, sino a mantenerlos subdesarrollados y dependientes de los más desarrollados.


Las epistemologías del Sur que he venido defendiendo parten de los conocimientos nacidos en las luchas de aquellos y aquellas que vivieron y viven la desigualdad y la discriminación, y resisten contra ellas. Estos conocimientos permiten tratar la igualdad como denuncia de las desigualdades que oculta o considera irrelevantes para contradecirla. Permiten también tratarla como instrumento de lucha contra la desigualdad y la discriminación. Solo para dar un ejemplo: las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado. Se trata de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción. Solo para dar un ejemplo extremo: un trabajador en Brasil que use tarjeta para comprar a crédito llega a pagar una tasa de interés ¡del 326%! Como dice el economista Ladislau Dowbor, el crédito en Brasil no es estímulo: es extorsión. Su naturaleza criminosa es lo que explica el ejército de abogados a su servicio para defenderse de las múltiples violaciones de las leyes y para cambiar las leyes cuando ello sea necesario. Solo así se explica que en Brasil, según datos de Oxfam, seis personas tengan más patrimonio que la mitad más pobre de la población, y que el 5% más rico posea más que el 95% restante.


Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente. Datos de varias agencias internacionales, incluyendo UNICEF, revelan que las políticas neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la disminución de la esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por desnutrición o enfermedades curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una presión enorme sobre los recursos naturales, exigiendo su explotación cada vez más intensiva, con la consecuente expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, la contaminación de las aguas y la desertificación de los territorios. Además, las pocas reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas décadas están siendo violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más grotesco hoy es Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es muy probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose realidad.


A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero global serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con ellos y articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomiendo que comencemos a pensar en la revisión de su redacción (y en un modo totalmente nuevo de participación en tal redacción) para dar cuenta de la nueva criminalidad que en los próximos setenta años continuará impidiendo a la humanidad ser plenamente humana.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 
Artículo enviado a desdeabajo por el autor el 230 de noviembre

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Colombia: hambre y desmantelamiento del Estado social

La situación social en Colombia golpea a los más humildes, mientras desde el gobierno y los círculos de poder disfrutan las ganancias de la violencia.


Las cifras igual que los muertos, los caminos o el curso de los ríos cuentan cosas, tienen historias. Así ocurre con los datos de la desatención en salud, precarización del trabajo, desfinanciación de la educación, ejecuciones legales y extralegales, y el hambre y la miseria que ponen al descubierto una política de exterminio forjada en el largo plazo sobre gente marcada como prescindible, sobrante, que sin saberlo saca a la luz la desigualdad y el déficit democrático. Con la reciente dictadura que avanza con un discurso de poder que suma odio con leyes de venganza, nada cambiará y Colombia tenderá, a menos que haya un colapso estructural, a seguir siendo anunciada como “un país entre el hambre y el desperdicio de comida”(título de un informe periodístico de El Tiempo, de octubre de 2018), que señala que “150 indígenas colombianos y venezolanos” desde hace dos años se alimentan de residuos que disputan con chulos y ratas en el basurero de Puerto Carreño. Es el hambre que no reconoce fronteras, y permanece a la vista del mundo, como lo repasa el film La Pesadilla de Darwin, donde en el África (como en Colombia) la guerra produjo hambre donde había paz y abundancia, y a los nativos pescadores les quedó sacar del basurero las espinas sin carne del pescado. Son 815 millones de personas con hambre en el planeta y aunque la comida alcance para alimentar dos veces a la población entera, hay un genocidio del que son responsables los detentadores del poder y la riqueza.


El hambre en Colombia existe. Lo padecen 3,2 millones de personas sin seguridad alimentaria. Son cerca del siete por ciento de población, subalimentada, con privación crónica de alimentos (según datos de la FAO), que aprendieron a sobrevivir mientras las viejas armas se comían el presupuesto de su alimento y las nuevas amenazan con comerse las oportunidades de niños, jóvenes y viejos. Adicionalmente, la opulencia de pocos desperdicia 300.000 toneladas diarias de comida, suficientes para alimentar a ocho millones de este país y en Venezuela. La clase política, ante la indignante cifra del hambre, padecida “en democracia”, no intenta siquiera atacar el problema de fondo promoviendo límites al enriquecimiento que la provoca, sino que anuncia tramitar una ley que prohíba desperdiciar la comida. Algo similar, inútil y despreciable, ocurrió en 1918 con un decreto que prohibía la mendicidad en Bogotá, sin la menor preocupación por cambiar las condiciones que provocan el fenómeno. Los nazis, igual de audaces, crearon guetos con judíos y luego organizaron paseos para convencerse que matarlos por hambre era la solución. La trampa del poder es convocar a mirar a otro lado, y tratar solo con paliativos las consecuencias sin el menor acercamiento a las causas.


Son 3,2 millones de hambrientos en Colombia, cifra suficiente para cuestionar los anuncios de avance en democracia, inclusión y respeto a los derechos. La cifra pone de relieve que la solución a problemas endémicos, convertidos en violencias contra la niñez, es orientar la política a tratar las causas y crear condiciones de garantía y protección, que justamente el gobierno no asume porque es ideológicamente contrario a las soluciones requeridas. No promueve paz, equidad, ni eliminación de las barreras de discriminación y exclusión que producen hambre, miseria y violencia contra los débiles, porque su poder no responde al interés ciudadano, sino al de mafias y partidos comprometidos con corrupción y criminalidad, que no demandan nada distinto que no sea en beneficio propio.


En lo recorrido del siglo XXI las estructuras de desigualdad han permanecido estables, con insignificantes cambios en las desalentadoras cifras de una realidad que no se resuelve con discursos de odio, populismo punitivo, ni las salidas de guerra que pretenden acabar el hambre con balas y la marginalidad alistando soldados. El 10 por ciento de niños padecen desnutrición crónica que afecta su presente corporal e intelectual y el futuro propio y del país; 2,5 millones de niños tienen algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor por el que son discriminados; y más de 35.000 niños son explotados sexualmente por mafias que lavan sus ganancias en la economía legal; otros 35.000 (o quizá parte de los mismos) pasan la mayor parte de su tiempo y de su vida en la calle y fueron y siguen siendo maltratados y humillados; del millón de niños que fueron desplazados forzados durante la última década del siglo XX no hay rastro (datos de Unicef sobre la niñez en Colombia).


Al agrupar los datos, la realidad resulta todavía más crítica, porque no hay interés expreso del Estado en ofrecer garantías de solución mediante el acceso a bienes materiales para superar carencias conforme a la universalidad que exigen los derechos para todos. Las cifras reales (distan de datos formales que cambian metodológicas para maquillar informes) y su tendencia es similar en la década, con un promedio de 14,5 millones de personas en condiciones de pobreza y 4,5 millones en indigencia. En el todo de la desigualdad, 10 millones de personas (una de cada cinco) son las víctimas del conflicto armado, a las que el “No” del plebiscito por la paz les arrebató la posibilidad del pleno reconocimiento de personas con derechos y otra vez son negadas, revictimizadas, porque el gobierno se opone a la paz conquistada. De entre las víctimas, más de 7,5 millones son desplazados forzados que huyen, no van en grupos por las carreteras porque los matan, se camuflan en cordones de miseria, aprenden a sobrevivir como invisibles. Otros tantos excluidos y hambrientos “sobreviven” en alcantarillas, arboles, andenes, plazas, parques, botaderos de escombros o en basureros. Solo en Bogotá son más de 10.000, “habitantes de calle” en la miseria total, absoluta, sin sueños ni esperanzas, sin sentido de realidad, expuestos a la vida biológica, sin nada, sin agua, ni comida, ni ducha, ni letrina, sin lavarse los dientes o usar desodorante, sin intimidad, sin prendas de vestir. Seres que cada vez que respiran contradicen las teorías de la capacidad del cuerpo humano para resistir y de la mente para existir como sobrevivientes. Son colombianos, hombres y mujeres, sin patria, ajenos, marginados, no están locos, ni todos son drogadictos, ni ladrones, ni potenciales violadores; es gente despojada a la que el sistema de poder en su codicia e indiferencia extirpó su humanidad.


El gobierno y los beneficiarios del poder del Estado y de la riqueza del país, no se conmueven con estas cifras. No están en sus cuentas ni en su programa de gobierno. Solucionar esta realidad no ocupa su interés, como tampoco saciar el hambre ajeno les mejora sus ingresos; sin ellos se quedarían sin con quién experimentar juegos de guerra de verdad, sin su cantera de pobres, hambrientos y víctimas no tendrían asegurado su futuro.


Las cifras muestran el desmantelamiento del Estado social, porque del Estado de derecho queda muy poco. La verdad oficial es montada con falsificaciones, ofrece leyes donde se necesita comida y entrega odio donde debía florecer la paz. Los medios de comunicación y en especial la televisión privada que vive del Estado, se encargan de controlar las mentes ciudadanas distrayendo, mintiendo y creando ficciones para adormecer y ocultar a los responsables de toda o casi toda la desgracia, que es cambiada por histeria y odio hábilmente hoy conducido por el partido de gobierno, que en lo que va del siglo XXI ha moldeado a su antojo a la opinión y convertido al país en el rehén de sus desvaríos y sueños de poder absoluto y total de dictadura en democracia.


PD: Desde el 10 de octubre, con las universidades en la calle, comienza una era de nuevas y seguramente indetenibles movilizaciones sociales por la reconstrucción del Estado social y de derecho y el respecto a los pactos de derechos, para avanzar a una sociedad en paz, libres de mafias y corrupción en el control de la vida y del país.

11 octubre 2018

 

11 octubre 2018

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Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

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Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

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Viernes, 24 Agosto 2018 07:20

La simple lógica de la inequidad

La simple lógica de la inequidad

Existe una relación directa, ampliamente estudiada (Derek Epp, Enrico Borghetto, etc.) entre el aumento las desigualdades sociales y la disminución del debate social sobre el aumento las desigualdades sociales.
Esta distracción se logra, principalmente, desviando la atención a temas menos importantes pero mucho más apasionantes, casi ancestrales, razón por la cual, cada vez que aumenta la inequidad social, también aumentan las apasionadas discusiones sobre la inmigración, la invasión de otras razas y otras culturas, el patriotismo, la bandera, el himno nacional (un futbolista es silbado por arrodillarse en protesta, un político pone la mano en el corazón, y todas esas masturbaciones colectivas), la fe contra la razón, el crimen callejero en lugar del crimen legal, la inseguridad y la necesidad de un poder concentrado que ponga orden (que en realidad significa “confirmación del status quo”), como un padre justo pone orden entre sus niños desobedientes, aunque para ello haya que ceder aún más poder, más recursos y más riqueza.


No importa que el incremento de todos esos problemas también tenga su raíz en las mismas desigualdades sociales, astronómicas a esta altura, en la misma cultura que crea (de forma creciente, neurótica e ilimitada) necesidades que son imposibles de satisfacer por la amplia mayoría de cualquier sociedad y del planeta mismo. Desde un punto de vista psicológico, estas diferencias relativas, sin importar los ingresos absolutos de los individuos en una sociedad determinada, disparan los índices de ansiedad, de alcoholismo, de depresión, de adicciones, de suicidio, como también lo muestran diversos estudios referidos a los países ricos.


Esta distracción es una consecuencia de un proceso lógico: quienes aumentan cada día su poder económico, político y social, controlan una parte crítica de la narrativa social que se escribe no sólo en los grandes medios de comunicación que les son funcionales, sino por una clase política que es, a un tiempo, causa y consecuencia de esas narrativas.


Por esto, no es casualidad que las micro minorías que concentran una macro proporción de los recursos del mundo no sean consideradas beneficiarias del sistema que los produce y protege, sino benefactoras del resto (son ellos, los ricos inversores, quienes crean trabajo, quienes inventaron el cero, los algoritmos, la penicilina, la computación, los derechos humanos, nuestra modernidad, todo nuestro progreso, y otros absurdos tan comunes en nuestra civilización adicta a la pornografía política y religiosa).


No es casualidad que, al mismo tiempo que aumentan los desequilibrios sociales, aumentan las ideologías que los sustentan, como el fascismo y otras variaciones de la extrema derecha.
Claro que toda esa lógica es insostenible y siempre llega un momento de quiebre que, al final, termina por golpear a todos, los de arriba y los de abajo, los de derecha y los de izquierda, en diferente grado, según el momento histórico.


Claro que el nuestro es un problema aún mayor. No se trata de que la Humanidad esté preparando su próxima gran crisis. Se trata de saber cómo sobreviviremos como especie en las próximas generaciones.
Claro que los ancianos más egoístas del planeta, generalmente aquellos que se encuentran en el poder político de la mayoría de los países más poderosos del mundo, tienen poco que perder y, a juzgar por sus acciones, poco les importa más allá de la breve borrachera de sus millonarias y miserables existencias.


* Escritor uruguayo-estadounidense.

 

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Sábado, 07 Julio 2018 07:43

¿Qué diría Marx?

¿Qué diría Marx?

Las luchas de los trabajadores por sus condiciones laborales en 2018 en la República Popular China.

El pasado 4 de mayo el Partido Comunista Chino celebró el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en la plaza de Tian’anmen donde celebran sus multitudinarios congresos cada cinco años. Esto constituye todo un honor, pues rara vez una figura extranjera ha recibido este tipo de elogios, y más aún cuando el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, se refirió a él en los siguientes términos: “maestro de la revolución para el proletariado y los trabajadores de todo el mundo, el principal fundador del marxismo, creador de partidos marxistas, pionero del comunismo internacional y el más grande pensador de los tiempos modernos” . Luego apostilló que solo el socialismo con características chinas puede triunfar en China.

Este acto es uno más dentro de la campaña desarrollada por el PCCh para la revitalización del marxismo como pensamiento oficial, progresivamente abandonado desde los sucesos de Tian’anmen en 1989. El retorno a la retórica y la simbología marxista aumentan la desconfianza de los medios de comunicación internacionales sobre Xi, siempre bajo la sospecha de querer emular a Mao Zedong avanzando hacia una deriva “izquierdista” del país. Pero basta con observar la realidad social para comprobar que hasta el momento estos cambios siguen siendo meramente estéticos.


Un día después del homenaje, el China Labour Bulletin (CLB), observatorio independiente de los derechos laborales en la República Popular China situado en Hong Kong, daba cobertura a una protesta en Wugang, provincia de Hunan, donde miles de profesores realizaron una manifestación nocturna por las calles de la ciudad pidiendo aumentos salariales, seguridad social y una retribución variable anual. Según la página web Weiquanwang, la manifestación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial y acabó frente al edificio de la Oficina Gubernamental de la ciudad, y fueron interpelados megáfono en mano por el propio director de la oficina que pedía a los representantes de la protesta que se identificaran bajo el pretexto de entablar negociaciones.


MAPA DE CONFLICTOS


Estas protestas no son una anomalía. En mayo, el CLB registra en su mapa de conflictos 190 protestas en todo el país. Si bien las cifras no son tan espectaculares como en 2015, con más de 2.774 protestas en todo el año, la movilización activa de los trabajadores se ha convertido en una herramienta habitual como método de presión a la patronal. Los conflictos laborales se producen principalmente dentro de las empresas privadas (88% de los casos) y generalmente en los sectores de la manufactura, transportes y la construcción. “Recomendamos mirar nuestras estadísticas como la punta del iceberg —nos contestan desde el propio observatorio—; por ende, los porcentajes en cuanto a demandas, sectores afectados, son indicadores importantes para todos aquellos que quieran entender mejor la naturaleza de las disputas laborales en China”.


¿Quién protesta? Hay dos perfiles fácilmente identificables: el primero, antiguos trabajadores de las empresas estatales que sufrieron la privatización de sus sectores durante los años 90 —cuando China se preparaba para entrar en la Organización Mundial del Comercio—, y en segundo lugar los nong min gong, población considerada administrativamente rural pero que reside en las áreas metropolitanas de los grandes centros fabriles y que por tanto no puede disfrutar de los privilegios del hukou urbano. Mientras que la primera proviene mayoritariamente del sector industrial pesado situado en el norte del país, tiene una media de edad avanzada y reclama principalmente acceso a la seguridad social y pensiones dignas, la segunda se centra más en aumentos salariales, bonificaciones extra y son la mano de obra de las empresas situadas en la sureña provincia de Guandong. Es aquí donde se registra un mayor número de protestas al tratarse del foco industrial más importante. Otras provincias en el centro y en el norte como Shangdong, Jiangsu y Hebei también son el epicentro de numerosos y multitudinarios conflictos.


En ambos casos se trata de mano de obra cualificada que se ve sometida a duras condiciones laborales no exentas de habituales accidentes mortales. Uno de los ejemplos más graves es el de la minería: se estima que alrededor de seis millones de trabajadores en China contrajeron la neumoconiosis debido a su trabajo en las minas, la construcción y las factorías metalúrgicas, pero solo el 10% de estos casos fue relacionado con el trabajo por las estadísticas oficiales debido a la utilización de obstáculos burocráticos.


Otro ejemplo tristemente conocido por las pésimas condiciones es la compañía de Foxconn y sus diferentes factorías, donde las condiciones laborales y el trato humillante por parte de superiores y supervisores han llevado al suicidio a varios trabajadores, provocado por el estrés, largas jornadas de trabajo, trato humillante de la gerencia, promesas incumplidas en cuanto a mejoras de las condiciones o multas por errores laborales. Esta dramática realidad no puede ser reducida a mera anécdota: Foxconn es el mayor empleador privado en China continental, con 1,3 millones de personas en nómina.


“El grueso de las protestas —declara a una entrevista un portavoz del China Labour Bulletin— sigue siendo por impagos salariales, y muchas veces los trabajadores han esperado varios meses antes de tomar medidas colectivas, abrigando esperanzas de que el empleador sea capaz de saldar su deuda. Creemos que los problemas que aquejan a la clase trabajadora en China no han sido resueltos: incumplimiento de contratos laborales por parte de la patronal, impago de salarios, impago de contribuciones al seguro nacional por parte de la patronal, despidos ilegales, etc. En China, tras 10 años de implementación de la ley de contrato laboral, solo un 35% de trabajadores migratorios (el grueso de la fuerza laboral) tiene contratos con sus empleadores, un porcentaje decreciente, lo que muestra que los beneficios económicos del crecimiento no han sido compartidos de manera satisfactoria con los trabajadores”.


La estrategia es básica pero efectiva: autoorganización de los trabajadores paralelamente al sindicato oficial negociando bilateralmente con la patronal. Los métodos de presión empleados van desde la denuncia pública, las concentraciones, las sentadas y manifestaciones hasta, aunque en menor medida, las huelgas, el bloqueo de carreteras, la ocupación de las fábricas y la destrucción de maquinaria. La utilización de nuevas tecnologías, como la red social WeChat, ha sido una herramienta muy efectiva para este movimiento a la hora de realizar convocatorias, aunque el cada vez mayor control del Gobierno de las redes supondría un problema para el actual modelo organizativo.


La protesta se hace siempre es sobre una serie de reclamaciones concretas y rara vez hay un planteamiento sistémico que busque mayores culpables que el empleador, por lo que no parece que este movimiento pueda afectar al estado de las cosas en China más allá de un mejor reparto de beneficios entre su población. De hecho, muchas veces estas protestas se enuncian en un tono patriótico; por ejemplo, la de los profesores en Wugang, donde los manifestantes gritaban: “Amamos al país, amamos la educación y amamos a los estudiantes. ¿Y a nosotros, quién nos ama?”. Aunque no siempre el subterfugio del patriotismo funciona y en numerosos casos existe una represión directa por parte del Estado, como el pasado 26 de mayo, cuando tres representantes de los huelguistas en la fábrica de la Wolskwagen en Changchun, provincia de Jilin, fueron detenidos por “convocar una multitud para el disturbio social”.


La actitud del Estado hacia este movimiento es la de la precaución calculando el rédito político de cada una de sus acciones y no interviniendo hasta que no es necesario, tratando de no quedar como la mano ejecutora de la represión empresarial pero buscando siempre ofrecer confianza y perspectivas de estabilidad a la patronal.


PERSPECTIVAS


¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? En un vistazo superficial no parecen esperanzadoras. Este año, la prensa económica publicó varios titulares que parecen querer hacer soplar vientos de calma para Beijing con respecto al problema de la desigualdad económica: caída del coeficiente de Gini, aumento del índice de desarrollo humano, caída del índice de pobreza extrema... Si aplicamos la máxima de “cuanto mejor, peor”, el aumento de las mejora de las condiciones de vida supondría el fin de un souffle. El triunfo del “modelo chino” ya es celebrado tanto por el Partido Comunista como prueba del éxito de sus políticas así como por lobbies defensores de la total desregulación del mercado.


Sin embargo siguen llegando datos preocupantes. Según la OCDE, China es el país con más trabajadores pobres del mundo, con el 25% de los mismos por debajo del umbral de la pobreza, y paralelamente el segundo país, según Forbes, con más multimillonarios del mundo, y esto supone un fuerte viento que extiende las llamas del conflicto. La cada vez mayor y mejor coordinación entre los huelguistas chinos avalan esta tesis. “Este fin de semana —declara el CLB— se registró una huelga de camioneros a nivel nacional, afectando directamente el suministro alimenticio. Estamos en proceso de verificar la envergadura de la acción panprovincial. Pero se trata de un fenómeno recurrente, recientemente se han registrado varios incidentes similares, que potencialmente involucran a decenas de miles de trabajadores”.

Resulta difícil saber qué diría Karl Marx a 200 años de su nacimiento —efigie admirada en el Gran Salón del Pueblo Chino por un día— si pudiera analizar todo esto. En cualquier caso, recordamos al lector una de sus frases que hacen suponer el mantenimiento y consolidación del movimiento de los trabajadores en la República Popular China: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Es decir, en tanto que las desigualdades continúen, la lucha continuará.

PUBLICADO
2018-07-07 06:57:00

 

Publicado enSociedad
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