Covid 19, oportunidad popular, Sin dilaciones, un país para todos y todas

Como lo habíamos previsto, el país entra a partir del próximo martes 24 de marzo, en una larga cuarentena, con posibilidades de prolongación. La decisión del gobierno Duque, sin permitir un día de respiro para las poblaciones que ya estaban en aislamiento obligatorio –para que pongan en orden al menos parte de aquello que lo requiera–, resume con claridad la disputa del gobierno nacional con los municipales. La ausencia de una acción pública de los sectores alternativos, entre ellos el Comando nacional de paro, demandando medidas previas en favor del conjunto nacional, reduce el espacio social y político para liderar la construcción de otro modelo social y económica, uno donde la democracia sea real, directa, radical, y no simplemente formal, uno donde la riqueza no quede en manos de unos pocos, con un gobierno sometido y actuando en favor de ellos.

 

Las cifras sobre el avance del Covid-19 en Colombia no dejan lugar a dudas: poco a poco el conjunto de nuestra población se verá afectada por esta pandemia. No es casual que así sea, ya que gobernantes y empresarios actuaron de manera mancomunada para mantener los aeropuertos abiertos, las empresas de aviación en plena operación, sin obligar a quienes administran las terminales a implementar verdaderos sistemas de control para toda aquella persona que llegara procedente de otro país. Los que viajaban desde el interior del país también deberían someterse a medidas de control.

Paralelo a ello, como radiografía de nuestro sistema de salud pública, la posibilidad de acceder a pruebas médicas sin costo alguno –test Coronavirus– para verificar si es una gripe tradicional o si en efecto se trata del virus, tampoco fue implementado. Medida que no se cumple, incluso, en el momento actual, expresión de Improvisación, negligencia, que llega hasta al punto que la persona diagnosticada de padecer el virus, sale para su casa a cumplir una terapia de aislamiento voluntario, con unos controles laxos por parte de las secretarías de salud y centros hospitalarios, algunas/os de ellas/os, por ejemplo en municipios que no son capitales de departamento, mal dotados, lo que obliga al personal médico a prestar atención con alto riesgo de contagio.

Como es conocido, por decretos y comunicaciones oficiales, la destinación de ayudas financieras por el gobierno nacional tiene como preocupación central extender la mano a los grandes empresarios, inyectarles liquides, facilitarles créditos de diverso tipo, además de autorizarles acudir al recurso de vacaciones individuales o colectivas anticipadas de los trabajadores. En tanto, para los pequeños y medianos empresarios, no hay opciones, como tampoco las facilitan los bancos (ver propuesta No. 7). Situación igual para los sectores populares, para quienes no han destinado recursos extras a los existentes en programas como Familias en Acción y otros similares, en este caso centralizados o reorientados para atender esta coyuntura.

En estas condiciones, asumiendo que la pandemia no terminará en pocos días, no menos de 8 semanas, y que estamos ante una oportunidad para ahondar relacionamientos sociales, profundizar solidaridades y fraternidades, así como levantar una alternativa ante lo estatal, es imperioso, a la par de la demanda de la respuesta del Estado (ver artículo, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39098-covid-19-oportunidad-popular-construyamos-un-pais-para-los-50-millones-que-somos.html), precisar medidas por implementar entre y para los marginados y excluidos de siempre.

Pero antes de proponer algunas medidas para el debate, las que demandan coordinación de experiencias sociales existentes, así como potenciar recursos de todo orden, además de disposición popular para dejar a un lado la atomización que desde siempre ha sido su sello, algunas demandas que no podemos dejar de plantear (en próximo artículo desarrollaremos las medidas por acordar e implementar desde el campo popular).

Acción urgente

  1. Reubicación de partes del presupuesto nacional.

En el momento actual vivimos una confrontación entre la vida y la muerte, y para que venza la vida necesitamos muchos más recursos orientados hacia la vida, y esos recursos existen. La sociedad debe exigir que por lo menos el 50 por ciento del presupuesto 2020 de las Fuerzas Armadas, se destine para la financiación de un plan de salubridad pública y de asistencia social de emergencia, para atender las demandas a las cuales nos expone la pandemia.

  1. Disposición de hospitales, edificios, hoteles y otros para atender la pandemia.

Una de las mejores dotaciones con que cuenta el país a nivel de atención médica está en manos de los militares, instalaciones que hoy tienen menor ocupación como efecto directo de la reducción de heridos producto de la guerra. Bien, el hospital militar, así como aquellos bajo la administración de la Policía, deben prepararse, reorganizar secciones y alistar personal para atender esta coyuntura.

De igual manera debe hacerse con secciones de cuarteles, para atender infectados en caso de no poderlos atender en otras instalaciones.

Muy importante concretar la utilización de hoteles que disponen de infraestructura que rápidamente se puede adecuar para esta contingencia, y de otras edificaciones, colegios y coliseos. Con todos ellos hay que pasar a reorganizarlos y prepararlos para recibir y cuidar gente diagnosticada como portadora pasiva o activa del virus.

  1. Vincular más personal médico.

La demanda de personal médico es palpable. Hay que hacer una convocatoria nacional a todos los médicos, enfermeras, técnicos de atención prehospitalaria, egresados en las promociones de los últimos años, que no hayan prestado su año rural y que estén desempleados, para que se presenten para contratación, al menos por 6 meses. Este personal tiene el conocimiento básico para atender el potencial de pacientes que se tendrán, y a la par son jóvenes, quienes, según los informes de prensa, son menos propensos a caer dominados por el virus.

El llamado a este personal por los diversos medios de comunicación o, simplemente, a partir de la base de datos construida para citarlos al sorteo en el que participan para realizar el año rural.

  1. Descongestionar cárceles y centros de detención.

Una situación dramática, conocida y prolongada a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, es el hacinamiento en cárceles de todo tipo, así como de los centros de detención transitorios. El hacinamiento, además de la insalubridad que caracteriza a todas las edificaciones del encierro, es una realidad que atenta contra el derecho a la vida de quienes ahora ven correr los días tras las rejas. ¿Qué puede ocurrirle a cientos de presos/as que conviven casi sin distancia alguna entre unos y otros, si uno de ellos/as llega a padecer el virus?

Para superar esta realidad y esta posibilidad, para cumplir en parte con lo señalado en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional, para proteger la vida de miles, es urgente: 1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena.

  1. Plan urgente para traer al país a todos los nacionales que ahora están bloqueados en distintos países del mundo.

La inesperada realidad que ahora afecta al mundo en su totalidad sorprendió a muchos nacionales en diversas geografías, bloqueados por la cancelación de tiquetes aéreos, sin recursos propios para prolongar su estancia por semanas y meses. Es imperioso realizar un censo de todos ellos y diseñar un plan de urgencia para traerlos de regreso. Como es obvio, antes y después de abordar el transporte aéreo, someterlo a todas las medidas de rigor, además del aislamiento por el tiempo requerido en centros especialmente dispuestos para ello.

  1. Viendo por todos y todas

Varias ciudades y departamentos del país implementaron planes experimentales –pequeñas ‘cuarentenas’– este fin de semana y en la noche del viernes 20 de marzo se decretó, desde el próximo martes 24 de marzo, aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, extendido hasta el 13 de abril, que con seguridad se ampliará en término por varias semanas más. No olvidar que las personas mayores de 70 años estarán asiladas por ahora hasta el 31 de mayo.

Es así como iniciamos un prolongado encierro generalizado en el país, una medida que no puede dejar de lado, a su suerte, a miles de miles que viven del rebusque diario. Un plan urgente de entrega mensual, de un salario mínimo por familia, para garantizar su manutención, es indispensable. Estos recursos se pueden conseguir en acción conjunta del gobierno central con los presupuestos municipales y distritales. Una emisión extraordinaria por parte del Banco de la República, en caso de ser indispensable, puede ser la solución para el permanente lamento del gobierno nacional.

Que nadie quede tirado a su suerte, y que los recursos públicos lleguen a una parte ampliada de la ciudadanía.

  1. Apoyo y crédito para pequeños y medianos empresarios, así como para comerciantes.

Desde esta semana se viene cerrando todo, y los empleadores, solo algunos, han dispuesto que sus trabajadores salen a vacaciones anticipadas, y solo con 15 días de salario en el bolsillo, pero la gran mayoría serán despedidos porque el tipo de contrato lo permite, o la calamidad pública lo habilita, y el empleador no tiene cómo pagar sino produce. De acuerdo al discurso del empresariado, nadie quiere despedir, pero ese es el resultado más visible sino hay una acción urgente, de cambio, desde el poder central. El país es de todos, y no de la minoría que ha concentrado la riqueza (revise cada uno las ganancias de los bancos, por ejemplo, para que llegue a conclusiones), y en pos del país todo hay que actuar.

Por ello, sino queremos empezar a escuchar al empresariado diciendo “tuve que despedir a los trabajadores pues no tengo con que pagar la nómina”, pues el gobierno central tiene que liberar apoyos económicos, cubrir parte de la nómina, obligar a los bancos a conceder créditos diferidos para su cancelación con cero intereses. Todo esto es posible, el gobierno inglés acaba de promulgar medidas similares. Lo fundamental es mantener la producción en pie, y si algunos tienen que cerrar que los trabajadores/as tengan un ingreso para sobrevivir en esta calamidad.

Además muy pocos trabajos pueden realizarse en casa, y en estos casos, si bien el empleo puede mantenerse, a los pequeños empresarios y comerciantes les queda imposible cumplir con las cargas laborales. Entonces, insistimos, debe disponerse que las entidades bancarias faciliten el dinero para cancelar estos salarios, sin interés, por lo menos por 8 semanas, y los empresarios se comprometen a cancelar el crédito luego de salir de la crisis. La nóminas de estas empresas está bancarizada, y la entidad puede consignar a cada trabajador el valor de su salario, en los términos que desde tiempo atrás lo venía haciendo el empleador.

El gobierno dispuso que se faciliten créditos para estos empresarios, pero hoy los bancos solo refinancian deudas, y dicen que no puede realizar nuevos créditos para estos efectos. Saben el riesgo y por eso no sueltan el dinero, en un claro mensaje de lo que están visualizando, y de la crisis en la que esta situación nos dejará sumidos.

  1. Protección para quienes atienden a las personas infectadas

Debe disponerse, de manera inmediata, la compra de suministros para proteger a quienes atienden a los infectados. La precariedad con que se labora en las instituciones de salud pública es lamentable y en la situación es que entramos conlleva poner al límite a su personal. Protegerlo con todas las garantías es un acto ético indiscutible así como una manifestación de responsabilidad y respeto con el conjunto que lo integra.

  1. Transportistas en general

De igual manera hay que proceder con quienes transportan alimentos, medicinas, elementos de primera necesidad en general, así como aquellos que mantienen las instalaciones de los servicios públicos, el combustible, para todos los cuales hay que disponer medidas y recursos para protegerlos en su integridad.

Que nadie pierda la vida como resultado de no invertir para impedir que quienes atienden a la mayoría de la sociedad, ahora obligada al resguardo, terminen infectados por el virus.

Para hacerlo posible

Las propuestas y acciones aquí extendidas para el debate y la acción, no se harán efectivas si quienes detentan el poder no sienten pisadas de animal grande. Sin descuidar las medidas de protección requeridas hay que actuar, entre todas y todos, para que asì sea. 

 

 

Publicado enColombia
Sábado, 21 Marzo 2020 06:16

Sucesor designado

Sucesor designado

Es muy probable que en las próximas horas al menos 150 mil ciudadanos rusos hayan respaldado con su firma la carta abierta de más de un centenar de juristas, politólogos, intelectuales y activistas de los derechos humanos, en la cual piden al Consejo de Europa estudiar la legalidad de la reforma constitucional hecha por y para el titular del Kremlin, Vladimir Putin.

Pero nada va a cambiar por cuanto las enmiendas establecen que las obligaciones internacionales de Rusia no proceden cuando se contradigan con la legislación rusa y la Carta Magna –ya aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, por la totalidad de las 85 Entidades federales, por la Corte Constitucional y firmada por el presidente– para entrar en vigor y obtener "legitimidad" sólo necesita que, en medio del feroz avance del Covid-19, se lleve a cabo la "votación popular" el 22 de abril.

Será una consulta que –como está planteada, sin el reglamento estricto de un referendo, observadores internacionales ni el requisito de ser aprobada por la mayoría absoluta del padrón– ya está ganada por el único beneficiario de la reforma: bastará con que la mitad de las boletas depositadas en las urnas favorezcan el "Sí" frente al "No" , de un paquete de 68 páginas de enmiendas que casi nadie ha leído y que requieren modificar al menos un centenar de leyes.

Desde que Putin anunció la reforma, a mediados de enero, quedó claro que su intención es perpetuarse en el poder y se supo quién es su sucesor designado: él mismo.

Esta certeza se afianzó cada vez más con la inverosímil rapidez con que se aprobó la iniciativa presidencial en cada etapa del procedimiento de formulación de una Constitución que amplía sobremanera sus facultades e incluso le permite gobernar hasta 2036, si al término de su actual mandato dentro de cuatro años opta por la reelección.

La prisa por estar por encima de todos lo antes posible obedece a su obsesión de no convertirse en pato cojo en el que hubiera sido su último periodo conforme a la anterior Constitución y sin otras opciones (presidencia del Consejo de Estado, en primer lugar) donde reubicarse para seguir gobernando. De hecho, en cualquier momento, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, Putin puede dejar la Presidencia y, con la adecuada ley aún por promulgar, cambiar de sillón, a uno mejor.

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EEUU plantea hacer dos pagos de 3.200 euros a las familias de dos hijos por la crisis del coronavirus

Se trata de la propuesta inicial del Partido Republicano, avalada por la Casa Blanca y que será negociada este viernes en el Senado para su aprobación en las próximas horas. Es el tercer paquete de medidas por la crisis del Covid-19.

 

Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras, dice la apócrifa frase del Quijote. Estados Unidos, la patria del capitalismo, prevé realizar dos pagos directos de 1.200 dólares (1.125 euros) a cada ciudadano con ingresos medios o bajos en las próximas seis semanas por la emergencia nacional del coronavirus, además de otros 500 dólares (468 euros) extra por cada hijo.

Esto supondría conceder a cada familia con dos hijos 3.400 dólares (3.188 euros). El primer pago se haría en unas tres semanas (en abril) y el segundo dentro de seis (en mayo).

Se trata de la propuesta inicial del Partido Republicano en el Senado, una medida que fue dada a conocer este jueves. La norma, el tercer paquete de ayudas estadounidense por el Covid-19, será negociada este viernes en el Congreso con el Partido Demócrata, puesto que necesitan el apoyo de éstos para su aprobación, que podría producirse en las propias horas.

Con todas las salvedades que quieran hacerse, como que se deba a la situación excepcional que ha traído la pandemia del covid-19, no deja de ser la implantación por un determinado período de tiempo de una especie de renta básica universal en el país más capitalista del mundo. Y todo ello implementado por un gobierno republicano y detractor del Estado. El mismo Estado que ahora, ante la caída de la economía, se ve obligado a sacar músculo.

A partir de la base planteada, la propuesta republicana sólo podría aumentar sus prestaciones puesto que algunos senadores demócratas (e incluso varios republicanos) han planteado ser más ambiciosos en el tiempo y en el espectro de las medidas y garantizar los ingresos de las familias a través de la ampliación de las prestaciones del seguro de desempleo.

La propuesta del Partido Republicano en el Senado cuenta con el aval de la administración Trump y, de hecho, supera las expectativas de la Casa Blanca y hasta del Departamento del Tesoro (algo así como el Ministerio de Hacienda).

No en vano, el responsable de este departamento, Steven Mnuchin, la defendió este jueves por la mañana, horas antes de los republicanos hicieran público el contenido de la medida, en una entrevista con el canal Fox Business Network, del grupo de ultraderecha Fox.

Mnuchin, multimillonario y exempleado de Goldman Sachs para más señas, defendió la concesión de 1.000 dólares por ciudadano además de la concesión extra de otros 500 dólares por cada hijo. "Ésta es una situación sin precedentes, en la que por una buena razón el Gobierno ha dado instrucciones de cerrar a la mayor parte de la economía para que podamos ganar esta lucha contra el virus", afirmó.

La propuesta republicana propone realizar esos dos pagos directos a las familias de ingresos medios y bajos. En concreto, recibirán la cantidad íntegra aquellos trabajadores que hayan declarado ingresos inferiores a 75.000 dólares al año (70.000 euros). A partir de esa cota, se restarán cinco dólares por cada 100 dólares más de sueldo y aquellos que ganen a partir de los 99.000 dólares (92.825 euros) anuales no tendrán derecho a ninguna cuantía.

La cantidad total de realizar estos dos pagos directos y en mano en abril y mayo a los estadounidenses ascenderá al menos a 500.000 millones de dólares (unos 469.000 millones de euros).

Además, la propuesta plantea una partida de 208.000 millones de dólares (unos 195.000 millones de euros) en préstamos para las grandes compañías, especialmente, las aerolíneas (50.000 millones de dólares), y otros 300.000 millones (280.708 millones de euros) para pequeñas y medianas empresas. En Estados Unidos hay unos 30 millones de pymes que dan empleo a 59,9 millones de personas.

Se trata de sacar todo el músculo posible ante el tsunami que podría acabar llegando con unos efectos económicos devastadores. El pasado miércoles el presidente Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que su administración trabaja con diversos escenarios de la crisis, el peor de ellos, dijo, sería que el paro alcance el 20% aunque Trump se mostró sostuvo que él personalmente ve improbable que se llegue a eso.

Un dato así sería la peor cifra del país desde la Gran Recesión en los años 30. Precisamente el pasado mes de noviembre Estados Unidos registró el paro más bajo de su historia, con un 3,7%. En estos momentos, sólo en las dos primeras semanas de marzo las solicitudes por desempleo ya se han disparado en un 33%.

Trump ofreció este jueves otra rueda de prensa en la Casa Blanca en la que defendió los pagos directos a los ciudadanos y añadió que esto no significa que el Gobierno vaya a dejar caer a las empresas: "Las vamos a defender a todas, no quiero perder ninguna industria, y ayudaremos a las grandes y a las pequeñas, todas ellas son el corazón de este país".

Los demócratas quieren subir la apuesta

Con todo, la propuesta de republicana podría incluso aumentar sus prestaciones. Es lo que intenta el Partido Demócrata y para ello cuentan con el apoyo de varios senadores republicanos.

El líder de este partido en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que "un cheque de 1.000 dólares ayudaría a alguien a pagar a su casero en marzo, pero ¿qué pasa después? Mil dólares se gastan muy rápido".

Schumer defendió, según recoge la cadena CNBC, la alternativa de "un seguro de desempleo ampliado, que cubre durante mucho más tiempo y proporcionaría una red de seguridad mucho más grande".

En una línea parecida se expresó este jueves, según recoge Político, el senador republicano Richard Shelby. "Creo que si vamos a ayudar a la gente deberíamos dar dinero en mano sólo como suplemento de la prestación de desempleo y no sólo a la gente que ya tiene trabajo".

"Simplemente dar un cheque a cada estadounidense que gane hasta 75.000 dólares… no le veo la lógica. Sería más coherente vincular una ayuda a una prestación por desempleo", agregó. El debate, en cualquier caso, está abierto y la propuesta republicana inicial sólo puede mejorar con suplementos y ampliación de coberturas.

El tercer paquete de medidas por el covid-19

Este proyecto de ley sería el tercero, y el más grande, aprobado por el Congreso y firmado por Donald Trump desde que la pandemia del Covid-19 empezó a golpear Estados Unidos.

El primer paquete de ayudas fue firmado por Trump el pasado 6 de marzo. Incluía una dotación de 8.300 millones de dólares para el fomento de los servicios de telemedicina, la investigación de la vacuna y el refuerzo de las medidas de los Estados y los ayuntamientos.

El segundo paquete, de una dotación de unos 100.000 millones de dólares, lo firmó Trump el pasado miércoles. Incluía expandir la prestación de desempleo, asignar más fondos para realizar test y las bajas laborales por estar enfermo de Covid-19. Aunque esta medida es de importancia en un país que no recoge el derecho a la baja laboral pagada, la medida recogía un agujero: las empresas de más de 500 empleados y de menos de 50 estaban exentos de cumplir esta norma.


El plan de choque de Macron prioriza el rescate de empresas y cuestiona conquistas sociales

La Asamblea Nacional francesa culmina la respuesta económica a la crisis sanitaria con medidas centradas en el rescate del sector privado y en que solo unas pocas empresas se benefician de la suspensión del pago del alquiler.

 

20/03/2020 07:18

Por Enric Bonet

@EnricQuart

“No puede ser que el gobierno progresista sea más tímido que el gobierno liberal del señor Macron”. El diputado Íñigo Errejón se refería el miércoles en el Congreso de los Diputados a una idea repetida en redes y medios españoles: Francia ha avanzado por la izquierda a España en su respuesta al coronavirus.

Un plan de gasto público de 300.000 millones de euros. La suspensión del pago de los alquileres y de las facturas de la luz, agua y el gas. Nacionalización de grandes empresas. Tras leer algunas paparruchas informativas publicadas estos últimos días, uno pensaría que Emmanuel Macron se ha metamorfoseado en Maximilien Robespierre. Sin embargo, el gobierno francés no prevé por ahora un aumento masivo del gasto público por hacer frente a la pandemia. Las medidas anunciadas tienen como objetivo “salvar a las empresas” y cuestionan algunas conquistas sociales, como las 35 horas de trabajo semanal y el uso de los días de vacaciones.

Tras una primera respuesta tímida (y con incongruencias como haber mantenido la primera vuelta de las municipales mientras el país se dirigía hacia el confinamiento), el ejecutivo centrista se ha puesto las pilas. La Asamblea Nacional debatió este jueves y votará el viernes las medidas necesarias para establecer el “estado de emergencia sanitario” y mantener la economía a flote.

“Nuestro país atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes desde hace un siglo que requiere medidas fuertes, pero también afronta una crisis ya que una parte de la población está inmovilizada y esto puede conllevar consecuencias graves para la vida de la nación”, reconoció el miércoles por la noche el primer ministro Édouard Philippe, tras el segundo consejo de ministros de esta semana.

“No se trata de un plan de inversiones masivo”

En concreto, el gobierno francés movilizará 45 mil millones de euros para contener el impacto económico del confinamiento. La principal partida, valorada en 32.000 millones, incluye medidas de tesorería. Es decir, contiene las cantidades que la administración de dejará de recaudar al haber aplazado (o incluso anulado)  el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las empresas durante el mes de marzo y quizás también en abril y mayo.

En cambio, la medida de corte más social consiste en indemnizar, por un total de 8.500 millones, todos aquellos trabajadores sometidos a un expediente de regulación temporal. Unas inversiones que comportarán que el déficit público aumente del 2,2% hasta el 3,9%, según la nueva versión de los presupuestos examinada este jueves en el Parlamento francés ().

“No se trata de un plan de inversiones masivo. En realidad, el gasto público solo aumentará en unos 10 mil millones, una cantidad parecida a la que se destinó en diciembre de 2018 a satisfacer las reivindicaciones de los chalecos amarillos”, explica el analista económico Romaric Godin, quien considera que “las cifras de gasto público aún pueden ser mucho más importantes en los próximos meses”.

Según este periodista del diario digital Mediapart, el gobierno francés, como el español, apuesta por una rápida recuperación tras la parálisis: “Considera la situación actual como un paréntesis”. París prevé que el PIB francés se reduzca este año un 1%, mientras que con la Gran Recesión en 2008 bajó un 2,8%.

“Evitaremos que nuestro modelo económico se hunda”, defendió el miércoles el ministro de Finanzas, Gérald Darmanin, en una entrevista en el rotativo económico Les Echos. El gobierno francés tiene como gran objetivo “salvar a las empresas”. Una prioridad comprensible teniendo en cuenta la excepcionalidad económica que supone el confinamiento: una parte de la economía de mercado ha quedado congelada y el Estado acude a su rescate. “No dudaré en utilizar todos los instrumentos que dispongo para ayudar a las empresas atacadas en los mercados”, afirmó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, abriendo la puerta a nacionalizaciones de los grupos más amenazados, como la aerolínea Air France.

Para evitar que se cierre el grifo del crédito bancario, Macron anunció el lunes que el Estado ejercerá de avalador de los nuevos préstamos, hasta un máximo de 300 mil millones. “La ventaja de este tipo de medidas es que el tesoro público no se compromete a pagar ninguna cifra concreta. Solo lo hará en el caso de que las empresas quiebren y no puedan devolver los créditos”, explica Godin. De la misma forma que los 100.000 millones propuestos por Pedro Sánchez, esta medida tiene un objetivo evidente: calmar a los mercados.

Suspensión del alquiler: solo para unas pocas empresas

Otro anuncio de cara a la galería del joven presidente hizo correr ríos de tinta en España: la suspensión del pago del alquiler y de las facturas de la luz, agua y gas. Un dispositivo del que no se benefician los particulares, sino solo las pequeñas empresas en una situación de dificultad.

El gobierno francés ha llegado a un acuerdo con las empresas estatales EDF y Engie para que adopten esta medida, pero no lo ha hecho con otras eléctricas. En el caso de los alquileres, se ha negociado con grandes propietarios de recintos, pero su aplicación dependerá de su “buena voluntad”. “Solo se beneficiarán de esta medida los comercios de centros comerciales o grandes avenidas como los Campos Elíseos, pero difícilmente lo harán las tiendas de barrio que alquilan sus locales a pequeños propietarios”, advierte Godin.

Aún más polémica ha resultado la voluntad del ejecutivo de utilizar el “estado de emergencia sanitario” para fragilizar conquistas sociales. La ley que se examina este viernes en la Asamblea Nacional permitirá a las empresas durante el periodo de confinamiento “imponer o modificar de forma unilateral las fechas escogidas para una parte de las vacaciones”.

También deroga las 35 horas de trabajo semanal, uno de los tótems del modelo social galo, en aquellos sectores “especialmente necesarios para la seguridad de la nación”. Lo que amenaza con precarizar la situación de aquellos que ahora trabajan a destajo, como las cajeras o mozos de almacén. En cambio, el ejecutivo se dota de la posibilidad de “limitar” los despidos durante el confinamiento.

“Hacen falta más inversiones a nivel social Los más pobres serán los más afectados por esta crisis sanitaria”, asegura Aurélie Trouvé, portavoz de Attac en Francia, quien considera insuficiente la prórroga de dos meses de la tregua hibernal (periodo sin desahucios) y defiende la necesidad de ofrecer una alternativa habitacional a todas las personas sintecho. “Deberían destinarse más recursos a los hospitales y promover aumentos salariales y de plantilla entre el personal sanitario”, añade Trouvé, quien critica que “los recortes en investigación en las últimas décadas han hecho que los científicos franceses lamenten ahora no haber podido investigar lo suficiente sobre los virus”. De hecho, Macron anunció este jueves un aumento de 5.000 millones del presupuesto destinado a la investigación en la próxima década.

“Las medidas anunciadas hasta ahora no resultarán suficientes. El impacto económico y financiero puede ser más fuerte del esperado. El gobierno francés defiende que no se producirá un aumento del paro y que las empresas no quebrarán, pero desconfío de estos discursos”, explica el economista Frédéric Farah, miembro del colectivo keynesiano Les Économistes atterrés. “Si nos encontramos en una guerra (la expresión bélica utilizada por Macron para referirse a la lucha contra el coronavirus), tendríamos que adoptar una verdadera economía de guerra y que la administración pública tome un mayor peso sobre el mercado”, defiende este profesor de la Universidad la Sorbona de París, quien considera que debería aprovecharse el periodo de crisis actual para orientar los modelos productivos hacia “la urgencia ecológica y las crisis sanitarias del futuro”.

Tanto la respuesta de Sánchez como la de Macron coinciden en un punto esencial: se concentran en superar el socavón, pero no anticipan las probables turbulencias económicas una vez se acabe el confinamiento.

Publicado enEconomía
Imagen: Sandra Cartasso

Si bien el enfoque tradicional indica la presencia in situ de los cuerpos en el dispositivo analítico, es posible matizar esa exigencia. 

“La función del marco --entiéndalo como ventana-- que traté de definir en la estructura del fantasma no es una metáfora”.  Jacques Lacan

La pandemia que amenaza al planeta nos anoticia sobre la necesidad de observar algunos decisivos recaudos tales como guardar cierta distancia entre los cuerpos y evitar la circulación. Cuidar al Otro aparece como la consigna necesaria para que tales medidas no desemboquen en la desconfianza, el recelo y la mala fe respecto al prójimo, anhelado cóctel de todo régimen totalitario. Toda la pregunta que nos convoca reside en considerar cómo se aborda la práctica psicoanalítica a partir de estas normas que el gobierno argentino con muy buen criterio ha tomado para prevenir el febril ritmo de propagación que distingue al Covid-19. Discontinuar los tratamientos no aparece como una vía aconsejable habida cuenta del campo fértil para la angustia que este virus amenaza coronar en un sin salida. Es que si damos crédito al punto de vista freudiano según el cual la realidad psíquica prima por sobre cualquier otra, todo dato empírico o estadístico --tal como Aquiles con la tortuga-- le va en zaga a la escalada que el pánico imprime: esa otra peste que paraliza el trabajo psíquico inventa un Otro todopoderoso, enmudece los cuerpos y arroja las personas al puro estado de objetos.

Desde ya, un recurso disponible para evitar tal peligro es el empleo de medios digitales: Skype, videollamadas o sencillamente la voz en el teléfono. Al respecto, cierto sesgo de la teoría psicoanalítica nos revela algunas condiciones subjetivas pasibles de ser aprovechadas en aras de que el dispositivo por medios digitales enfatice el cuidado del lazo social en momentos tan inéditos como el que estamos viviendo. Por lo pronto, si bien el enfoque tradicional indica la presencia actualizada de los cuerpos en el dispositivo analítico, basta recordar el supuesto autoanálisis de Freud realizado en diálogo epistolar con su entonces amigo Fliess, para matizar la exigencia de la condición in situ en la pareja analítica. De hecho, a efectos de esta puntual situación que la contingencia nos obliga a atravesar, bien podríamos preguntarnos:

¿Qué es el cuerpo?

A tal interrogante Lacan responde con una muy fina articulación según la cual el ser hablante: “ama a su imagen como lo que le es más prójimo, es decir su cuerpo. Simplemente, de su cuerpo no tiene estrictamente ninguna idea. Cree que es yo [moi]. Cada uno cree que es él. Es un agujero. Y después, afuera está la imagen. Y con esta imagen hace el mundo”. Según nuestra lectura, Lacan está diciendo que: el cuerpo del cual no se tiene idea es el prójimo. En otros términos: la intimidad de un cuerpo de deseo habita más en el Otro que en la ficción provista por el narcisismo de la imagen, a punto tal que ya en uno de sus primeros textos Freud señalaba que el prójimo es una noticia en el cuerpo propio: una de cuyas versiones es el padecer sintomático que no se reconoce como propio. Tal noticia --para decirlo en términos freudianos-- habita en los orificios del cuerpo, allí donde las sustancias, la visión y la materialidad de la Voz dan cuenta de la eminente condición social de nuestra subjetividad. En efecto, ya sea en la boca, el ano, los ojos o las orejas, transcurre la oscura corriente de afecto que signa y determina las huellas constitutivas de una satisfacción singular cuyas marcas --si bien imborrables-- resultan pasibles de ser reescritas en un análisis. ¿Cómo juega este cuerpo de deseo en el marco de una pantalla?

El marco de la ventana

No debe ser casualidad que sea en el seminario sobre La Angustia donde Lacan asimila el fantasma --a saber: el guion que alimenta la realidad psíquica de un sujeto-- al marco de una ventana, ese ángulo o perspectiva por la cual cada sujeto construye una realidad según las particulares noticias que el prójimo dejó en su cuerpo. Desde este punto de vista, el empleo de medios digitales como el Skype, si bien ausentan los cuerpos in situ, no dejan de aportar la presencia de un marco o ventana en la pantalla del equipo. Basta evocar el recurso de retirarse oportunamente del campo de visión del sujeto para hacer presente por un instante esa necesaria ausencia que agita el deseo; la misma con la que nos “cagamos” de risa o de miedo; la misma que --ante el estereotipado chiste con que el sujeto pretende escaparse del compromiso de un decir-- el analista actualiza con la modulación de la voz o el empleo de un silencio en la línea telefónica. (Todo esto para no hablar de aquellos pacientes que se presentan a tres metros del equipo; los que se esconden detrás de algún libro o almohadón; hasta los que se presentan en ropa interior porque “en casa me estoy cagando de calor”, signos evidentes del marco fantasmático que la pantalla actualiza durante una sesión).

Quizás estos momentos en que --como canta Jorge Drexler-- se aconseja: “manten a distancias largas/ tu amor de distancias cortas”, nos sirvan para actualizar aquello de “irrealizar el referente” indicado por Lacan como condición para la práctica analítica. Es que, habida cuenta de la transferencia de amor y saber que el paciente deposita en el Otro, la principal función del cuerpo del analista para propiciar un cambio de posición subjetiva es la de causar al sujeto primero, para luego ausentarse, hacerse un hueco, ofrecerse como puro semblante. En estos días en que la superación de la pandemia depende del esfuerzo mancomunado de millones de personas, se trata entonces de ampliar o interrogar ese marco aportado por la pantalla para que las noticias del prójimo faciliten el acceso a un imaginario no especular, allí donde la singularidad habita más allá de la tontería narcisista que nos encierra en el pánico.

Por Sergio Zabalza, psicoanalista.

Cuatro razones por las que nuestra civilización no se irá apagando: colapsará

 

Foto: Studio Incendo – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Según se aproxima la fecha de caducidad de la civilización moderna, aumenta el número de estudiosos que dedican su atención a la decadencia y caída de las civilizaciones del pasado. Dichos ensayos proponen explicaciones contrapuestas de las razones por las que las civilizaciones fracasan y mueren. Al mismo tiempo ha surgido un mercado lucrativo en torno a novelas, películas, series de televisión y videojuegos post-apocalípticos para aquellos que disfrutan con la emoción indirecta del caos y los desastres oscuros y futuristas desde el confort de su sofá. Claro que sobrevivir a la realidad será una historia bien distinta.

El temor latente a que la civilización tenga sus horas contadas ha generado un mercado alternativo de ingenuos “felices para siempre” que se aferran desesperadamente a su confianza en el progreso ilimitado. Optimistas irredentos como el psicólogo cognitivo Steven Pinker tranquilizan a esta muchedumbre ansiosa asegurándole que la nave titánica del progreso es insumergible. Las publicaciones de Pinker le han convertido en el sumo sacerdote del progreso (1). Mientras la civilización gira alrededor del sumidero, su ardiente público se reconforta con lecturas y libros llenos de pruebas elegidas cuidadosamente para demostrar que la vida es ahora mejor de lo que nunca ha sido y que probablemente continuará mejorando. Sin embargo, cuando se le pregunta, el propio Pinker admite que “es incorrecto extrapolar que tenemos el progreso garantizado solo por el hecho de que hasta ahora hayamos progresado”(2).

Las estadísticas color de rosa de Pinker disimulan hábilmente el fallo fundamental de su argumentación: el progreso del pasado se consiguió sacrificando el futuro, y el futuro lo tenemos encima. Todos los datos felices que cita sobre el nivel de vida, la esperanza de vida y el crecimiento económico son producto de una civilización industrial que ha saqueado y contaminado el planeta para crear un progreso fugaz para una creciente clase media –y enormes beneficios y poder para una pequeña élite.

No todos los que entienden que el progreso se ha adquirido a costa del futuro piensan que el colapso civilizatorio será abrupto y amargo. Algunos estudiosos de las antiguas sociedades, como Jared Diamond y John Michael Greer, señalan acertadamente que el colapso repentino es un fenómeno raro en la historia. En The Long Descent, Greer asegura a sus lectores que “el mismo modelo se repite una y otra vez en la historia. La desintegración gradual, no una catástrofe repentina, es el modo en que finalizan las civilizaciones”. El tiempo que suelen tardar estas en apagarse y colapsar, por término medio, es de unos 250 años, y este autor no ve razones por las que la civilización moderna no vaya a seguir esta evolución (3).

Pero la hipótesis de Greer es poco sólida porque la civilización industrial muestra cuatro diferencias fundamentales con todas las anteriores. Y cada una de ellas puede acelerar e intensificar el colapso venidero además de aumentar la dificultad de recuperación.

Diferencia nº 1

A diferencia de todas las anteriores, la civilización industrial moderna se alimenta de una fuente de energía excepcionalmente rica, no renovable e irremplazable: los combustibles fósiles. Esta base de energía única predispone a la civilización industrial a tener una vida corta, meteórica, con un auge sin precedente y un descalabro drástico. Tanto las megaciudades como la producción globalizada, la agricultura industrial y una población humana que se aproxima a los 8.000 millones de habitantes son una excepción histórica –e insostenible– facilitada por los combustibles fósiles. En la actualidad, los ricos campos petroleros y las minas de carbón fácilmente explotables del pasado están casi agotados. Y, aunque contemos con energías alternativas, no existen sustitutos realistas que puedan producir la abundante energía neta que los combustibles fósiles suministraron todo este tiempo (4). Nuestra civilización compleja, expansiva y acelerada debe su breve existencia a esta bonanza energética en rápido declive que solo tiene una vida.

Diferencia nº 2

A diferencia de las civilizaciones del pasado, la economía de la sociedad industrial es capitalista. Producir para obtener beneficios es su principal directriz y fuerza impulsora. En los dos últimos siglos, el excedente energético sin precedentes proporcionado por los combustibles fósiles ha generado un crecimiento excepcional y enormes beneficios. Pero en las próximas décadas este maná de abundante energía, crecimiento constante y beneficios al alza de desvanecerá.

No obstante, a menos que sea abolido, el capitalismo no desaparecerá cuando la prosperidad se convierta en descalabro. En vez de eso, el capitalismo sediento de energía y sin poder crecer se volverá catabólico.  El catabolismo es un conjunto de procesos metabólicos de degradación mediante el cual un ser vivo se devora a sí mismo. A medida que se agoten las fuentes de producción rentables, el capitalismo se verá obligado a obtener beneficios consumiendo los bienes sociales que en otro tiempo creó. Al canibalizarse a sí mismo, la búsqueda de ganancias agudizará la espectacular caída de la sociedad industrial.

El capitalismo catabólico sacará provecho de la escasez, de la crisis, del desastre y del conflicto. Las guerras, el acaparamiento de los recursos, el desastre ecológico y las enfermedades pandémicas se convertirán en las nuevas minas de oro. El capital se desplazará hacia empresas lucrativas como la ciberdelincuencia, los préstamos abusivos y el fraude financiero; sobornos, corrupción y mafias; armas, drogas y tráfico de personas. Cuando la desintegración y la destrucción se conviertan en la principal fuente de beneficios, el capitalismo catabólico arrasará todo a su paso hasta convertirlo en ruinas, atracándose con un desastre autoinfligido tras otro (5).

Diferencia nº 3

A diferencia de las sociedades del pasado, la civilización industrial no es romana, china, egipcia, azteca o maya. La civilización moderna es HUMANA, PLANETARIA y ECOCIDA. Las civilizaciones preindustriales agotaron su suelo fértil, talaron sus bosques y contaminaron sus ríos. Pero el daño era mucho más temporal y estaba geográficamente delimitado. Una vez que los incentivos del mercado perfeccionaron el colosal poder de los combustibles fósiles para explotar la naturaleza, las funestas consecuencias fueron de ámbito planetario. Dos siglos de quema de combustibles fósiles han saturado la biosfera con un carbono que ha alterado el clima y que continuará causando estragos durante las próximas generaciones. El daño causado a los sistemas vivos de la Tierra –la circulación y composición química de la atmósfera y del océano; la estabilidad de los ciclos hidrológicos y bio-geoquímicos; y la biodiversidad del planeta entero– es esencialmente permanente.

Los humanos se han convertido en la especie más invasora jamás conocida. Aunque apenas somos un mero 0,01 por ciento de la biomasa del planeta, nuestros cultivos y nuestro ganado domesticado dominan la vida en la Tierra. En términos de biomasa total, el 96 por ciento de los mamíferos que pueblan el planeta son ganado; frente al 4 por ciento salvaje. El 70 por ciento de todas las aves son aves de corral, frente a un 30 por ciento salvaje. Se calcula que en los últimos 50 años han desaparecido en torno a la mitad de los animales salvajes de la Tierra (6). Los científicos estiman que la mitad de las especies restantes desaparecerán hacia el final del siglo (7). Ya no quedan ecosistemas vírgenes o nuevas fronteras adonde las personas puedan huir del daño que han causado y recobrarse del colapso.

Diferencia nº 4

La capacidad colectiva de la civilización humana para afrontar sus crecientes crisis se ve paralizada por un sistema político fragmentado entre naciones antagonistas gobernadas por élites corruptas a quienes preocupa más la riqueza y el poder que las personas y el planeta. La humanidad se enfrenta a una tormenta perfecta de calamidades globales que convergen. El caos climático, la extinción desenfrenada de especies, la escasez de alimentos y agua dulce, la pobreza, la desigualdad extrema y el aumento de las pandemias globales están erosionando a marchas forzadas las bases de la vida moderna.

Pero este sistema político díscolo y fracturado impide casi por completo la organización de una respuesta cooperativa. Y cuanto más catabólico se vuelve el capitalismo industrial, más aumenta el peligro de que gobernantes hostiles aviven las llamas del nacionalismo y se lancen a la guerra por los escasos recursos. Por supuesto que la guerra no es algo nuevo. Pero la guerra moderna es tan devastadora, destructiva y tóxica que poco deja detrás. Ese sería el último clavo del ataúd de la civilización.

¿Resurgiendo de las ruinas?

El modo en que las personas respondan al colapso de la civilización industrial determinará la gravedad de sus consecuencias y la estructura que la reemplace. Los desafíos son monumentales. Nos obligarán a cuestionar nuestra identidad, nuestros valores y nuestras lealtades más que ninguna otra experiencia en la historia. ¿Quiénes somos? ¿Somos, por encima de todo, seres humanos que luchamos por sacar adelante a nuestras familias, fortalecer nuestras comunidades y coexistir con otros habitantes de la Tierra? ¿O nuestras lealtades básicas son hacia nuestra nación, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra ideología o nuestra religión? ¿Podemos dar prioridad a la supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta o nos permitiremos quedar irremediablemente divididos según líneas nacionales, culturales, raciales, religiosas o de partido?

El resultado final de esta gran implosión está en el aire. ¿Seremos capaces de superar la negación y la desesperación, vencer nuestra adicción al petróleo y tirar juntos para acabar con el control del poder corporativo sobre nuestras vidas? ¿Conseguiremos promover la democracia genuina, mejorar la energía renovable, retejer nuestras comunidades, reaprender técnicas olvidadas y sanar las heridas que hemos causado a la Tierra? ¿O el miedo y los prejuicios nos conducen a terrenos hostiles, a la lucha por los menguantes recursos de un planeta degradado? Lo que está en juego no puede ser más importante.

Notas:

[1] Algunos de sus libros son: The Better Angels of Our Nature and Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress.

[2] King, Darryn. “Steven Pinker on the Past, Present, and Future of Optimism” (OneZero, Jan 10, 2019) https://onezero.medium.com/steven-pinker-on-the-past-present-and-future-of-optimism-f362398c604b

[3] Greer, John Michael.  The Long Descent (New Society Publishers, 2008): 29.

[4] Heinberg, Richard. The End Of Growth. (New Society, 2011): 117.

[5] Para más información sobre el capitalismo catabólico, léase: Collins, Craig. “Catabolism: Capitalism’s Frightening Future,”CounterPunch (Nov. 1, 2018).  https://www.counterpunch.org/2018/11/01/catabolism-capitalisms-frightening-future/

[6] Carrington, Damian. “New Study: Humans Just 0.01% Of All Life But Have Destroyed 83% Of Wild Mammals,” The Guardian (May 21, 2018). https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

[7] Ceballos, Ehrlich, Barnosky, Garcia, Pringle & Palmer. “Accelerated Modern Human-Induced Species Losses: Entering The 6th Mass Extinction,” Science Advances. (June 19, 2015). https://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253

Craig Collins es autor de Toxic Loopholes, sobre el sistema disfuncional de protección al medio ambiente de EE.UU. Enseña ciencia política y derecho medioambiental en la Universidad de California en East Bay y fue miembro fundador del Partido Verde de California.

Por Craig Collins | 18/03/2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/03/13/four-reasons-civilization-wont-decline-it-will-collapse/

Publicado enSociedad
El coronavirus expone las falencias del sistema de salud de EE.UU.

La pandemia se expande, así como el miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos 

Treinta millones de personas no poseen seguro médico y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas. 

 

"Es una gripe", decía Donald Trump sobre el coronavirus hace menos de un mes, con esa mezcla de ignorancia y soberbia que lo caracteriza. Pero desde esa definición a la fecha se sucedieron 69 muertes, 3.774 contagios y una declaración de emergencia nacional en Estados Unidos. La propagación de la pandemia exhibe como pocas veces las graves falencias del sistema de salud estadounidense: una buena parte de la población no tiene seguro médico, y no existe en muchos estados la licencia paga por enfermedad. Para colmo, surgieron dificultades a la hora de implementar los primeros tests de coronavirus en el ámbito público. Si bien la declaración de emergencia nacional pretende extender su aplicación en laboratorios privados, todavía no queda claro cuántos estadounidenses podrán hacer frente a los costos. Mientras tanto, los precandidatos demócratas a la presidencia, Bernie Sanders y Joe Biden, intentan capitalizar los errores de Trump y su gestión como plataforma para presentar sus programas de salud.

En sus primeras apariciones públicas tras los primeros casos de coronavirus en el país, Trump se mostró escéptico y le restó importancia al verdadero peso de la crisis. El presidente pasó de pensar que el coronavirus era un problema exclusivamente chino (lo llamó “un virus extranjero”) a descartarlo por considerarlo un engaño del partido demócrata.

El miércoles pasado, cuando ya llovían las quejas por el manejo gubernamental de la pandemia, Trump declaró la suspensión de entrada al país de los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos pertenecientes al espacio Schengen. El anuncio de emergencia nacional llegó sobre el cierre de una semana difícil para la bolsa estadounidense. A pesar de que el viernes registró una limitada recuperación, los principales índices bursátiles sufrieron su peor caída desde la crisis financiera de 2008. Esa parece ser la mayor preocupación del mandatario.

Salud en estado crítico

Apenas un elemento resulta suficiente para alimentar la hipótesis pesimista (pero realista) de que el coronavirus se continuará expandiendo en el país: la inexistencia de un sistema de salud público consolidado y progresivo.

En un interesante artículo publicado en The Guardian, el exsecretario de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, Robert Reich, afirma que “En lugar de un sistema de salud público, tenemos un sistema privado con fines de lucro para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo”.

En la actualidad, 30 millones de personas no poseen seguro médico, y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas, según la Kaiser Family Foundation, una organización dedicada a investigar temas de salud. El miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos puede impedir que se detecten contagios y el coronavirus siga propagándose.

Frente a ese contexto reaparecieron en la escena pública los programas de salud de los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Joe Biden. El Medicare For All propuesto por Sanders es la base de su plataforma progresista. Su plan dejaría intacta la infraestructura actual de médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica, pero nacionalizaría la industria de los seguros de salud. Casi todo el dinero que las personas y los empleadores pagan actualmente a través de las aseguradoras, así como gran parte del dinero que pagan los estados, según el plan de Sanders, pasaría a ser pagado por el gobierno federal.

El programa de Biden, en cambio, es menos ambicioso. No tocaría el actual Medicare, junto con las aseguradoras privadas que ofrecen los planes llamados Medicare Advantage, pero les daría a los estadounidenses más jóvenes la opción de inscribirse en una nueva póliza administrada por el gobierno. El foco puesto en la juventud, a diferencia de Sanders que cree que la prioridad son las personas de la tercera edad: no es casual que se trate del grupo etario más castigado por el coronavirus.

Falta de kits

Más allá del relato cínico de Trump, en Estados Unidos durante varias semanas no hubo suficiente stock de kits de diagnóstico para comprobar quién estaba infectado, lo que significa que muchos potenciales casos pueden haber pasado desapercibidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los principales institutos de salud pública del país, inicialmente sólo permitían realizar pruebas en sus propios laboratorios.

Durante más de un mes, cada estado debía enviar las muestras de posibles contagios por correo postal a la sede de los CDC en Atlanta, el único lugar autorizado para realizar las pruebas. Fue recién la semana pasada cuando los 50 estados del país empezaron a contar con la capacidad técnica para realizar los exámenes de manera autónoma.

Según cifras oficiales, hasta el martes pasado solo 79 laboratorios estatales o del sistema de salud pública contaban con capacidades para hacer las pruebas, en un país con más de 327 millones de habitantes. Con el giro de fondos tras la declaración de emergencia nacional, se espera que el trámite se agilice con la habilitación de laboratorios privados.

El alto costo de enfermarse

En teoría, los CDC ofrecen el test de coronavirus de manera gratuita, siempre y cuando esté prescripto por un médico. Y las grandes aseguradoras del país sostienen que tampoco cobrarán por el servicio en algunos estados. Pero esa supuesta gratuidad no es suficiente para esconder al resto de las dificultades.

Osmel Martinez Azcue le contó al Miami Heraldcómo, al volver con síntomas de gripe de un viaje a China, acudió a un hospital de Miami a hacerse las pruebas de coronavirus. Resultó que tenía una gripe. Pero también una factura de 3.270 dólares que lo esperaba apenas volvió a su casa. “¿Cómo se puede esperar que los ciudadanos contribuyamos a reducir el riesgo de contagio entre personas si los hospitales nos van a cobrar más de 3 mil dólares por un análisis de sangre y una muestra nasal?”, se preguntaba indignado este joven de origen cubano.

El caso de Shefali Luthra, miembro de la Kaiser Family Foundation, no fue tan doloroso aunque también expone las falencias del sistema y la falta de coordinación. Tres días después de volver de una conferencia en Nueva Orleans, a Luthra le avisaron que al menos uno de los asistentes había dado positivo en el test de coronavirus. “Como periodistas y divulgadores de la medicina estamos en teoría muy bien equipados para saber lo que ocurre. Pero en la vida real, descubrir si estamos en riesgo y hacernos la prueba es casi imposible. Resulta que tanto el consejo médico como el acceso a las pruebas varían dramáticamente dependiendo de dónde vives y quién eres, y no está claro cuál es el estándar”, relata en diálogo con PáginaI12.

Lo que además llamó la atención de Luthra fue una evidente discriminación. El congresista republicano Matt Gaetz fue el único de ese grupo de trabajo que consiguió ser evaluado. “Inicialmente no tenía los síntomas pero decidí que debía intentar hacerme la prueba, como lo hizo Gaetz. Después de todo, Trump prometió que las pruebas estarían disponibles para cualquiera que quisiera una…”, admite Luthra con un dejo de ironía. Al día de hoy y a pesar de gozar de un buen seguro médico, todavía no pudo acceder al preciado test.

La crisis del coronavirus también exhibe la fragilidad del sistema laboral nacional. El CDC le recomienda a todos los estadounidenses que se queden en casa si están enfermos. Pero ¿cómo podrían hacerlo, si en muchos casos eso significa que automáticamente dejen de cobrar sus sueldos? A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países industrializados, en Estados Unidos ninguna ley federal obliga a las empresas a pagarles licencia por enfermedad a sus trabajadores.

Sherry Leiwant, copresidenta de A Better Balance, que hace campaña por una mayor protección en los lugares de trabajo, comenta a este diario: "Una buena cantidad de estudios demuestran que el contagio se puede contener con la licencia laboral con goce de sueldo”. Pero agrega que los trabajadores prefieren “no quedarse en casa para aislarse si de esa manera ponen en riesgo sus puestos de trabajo". Según una reciente encuesta de la firma YouGov, casi la mitad de los trabajadores admiten que el año pasado acudieron enfermos a su empleo.

Por primera vez en la historia y movido por la urgencia de la situación, el Congreso de Estados Unidos está abordando la problemática. El proyecto de ley aprobado el viernes prevé “10 días de licencia por enfermedad y 12 semanas de licencia pagas para aquellos que están enfermos de coronavirus o cuidando a un familiar cercano que esté en cuarentena o afectado por el cierre de escuelas”, detalla Leiwant. Pero la medida, que ahora pasará por el Senado, exime de esa responsabilidad a las grandes empresas del país: nuevamente, los mayores privilegiados serán los más poderosos.

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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Italia: record de víctimas del coronavirus en un solo día

Se registraron 368 muertos en 24 horas; la región más afectada es Lombardía

Desde Roma. Mientras la cantidad de muertos por el coronavirus sigue aumentando y no se encuentran en los negocios los más elementales medios para protegerse como guantes descartables, alcohol en gel o barbijos, algunos italianos que todavía están en el exterior insisten en querer volver y los que están en Italia, cantan desde los balcones, aplauden a médicos y personal hospitalario, y tiran algunos fuegos artificiales como para distraerse después de casi una semana de encierro total ya que el gobierno prohibió salir a la calle para evitar contagios, a no ser por trabajo, para comprar alimentos o en casos de emergencia.

También para distraerse giran decenas de videos en los medios como Whatssapp o Facebook. Uno de ellos, que hizo reír hasta a los más preocupados, fue la mejor síntesis del día domingo en Italia: “Atención: paseo organizado para este domingo. Se parte a las 7.30hs de la puerta del baño. Luego se hará un breve picnic con el desayuno en el pasillo y finalmente se hará una visita guiada del comedor”.

Algunas fotos del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, publicadas por la prensa muestran que sólo los aviones de Alitalia están estacionados junto a las mangas y dispuestos a partir. Sin embargo hay grupos de italianos repartidos en varios países que intentan, sin lograrlo, volver a su patria. Es que la mayoría de las compañías aéreas ha anulado sus vuelos a Italia a causa de la crisis del coronavirus y los pasajeros a veces ni siquiera pueden recuperar el dinero para poder comprar otros pasajes que al menos los acerque a la frontera italiana. 

Se trata de estudiantes del sistema Erasmus -un plan que permite el intercambio de estudiantes entre países de la Unión Europea- , de turistas, de profesionales e incluso de deportistas. En España, por ejemplo, que también ha impuesto una serie de medidas restrictivas, se habla de unos 5.600 italianos bloqueados que no saben cómo volver. Entre ellos algunos nadadores profesionales que en cambio lograron volver a Italia gracias a que la Federación de Natación les alquiló un auto.

El ministerio del exterior italiano, que está a cargo de Luigi Di Maio del Movimiento Cinco Estrellas, se ha movido en estos últimos días y está intentando organizar vuelos de retorno con Alitalia para toda esta gente bloqueada en distintos países.

Respecto a la pandemia, los datos dados a conocer este domingo, como cada día, por el comisario de la Protección Civil, Angelo Borrelli, son una vez más alarmantes. El total de casos infectados en todo el país ha pasado de 21.157 ayer a 24.747 hoy, de los cuales 20.603 son positivos al virus (ayer 17.750), 1.809 han muerto (ayer eran 1.441), 368 de ellos en las últimas 24 horas. y 2.335 (1.966 ayer)se han curado. De los 20.603 positivos, 9.268 se encuentran en aislamiento domiciliario sin síntomas o con síntomas leves. 1.672 están en terapia intensiva en las distintas regiones del país. El número de curados sigue siendo superior al de muertos, como siempre lo fue hasta ahora, si bien es cierto también que antes los curados eran casi el doble de los fallecidos y ahora no.

El gobierno de Giuseppe Conte, por su parte, que tiene que lidiar también con los problemas económicos y la falta de producción que esta crisis está arrastrando, está tomando medidas desesperadas para tratar de ayudar a las familias pero sobre todo a los hospitales. La situación es muy crítica dentro de los hospitales del norte de Italia, en particular Lombardía, la región italiana más afectada por el virus. Los hospitales no dan a basto, en particular cuando se trata de internar a los infectados en terapia intensiva. Y los médicos lo advierten cada día. Es así que surgieron campañas para reabrir viejos hospitales, que dejaron de funcionar hace algunos años, como el hospital Forlanini de Roma, que se espera poder preparar para recibir a muchos nuevos pacientes.

“Nuestra prioridad es hacer trabajar con seguridad a los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario que con coraje y espíritu de abnegación se ha dedicado a la cura de los ciudadanos, dedicándose a esta emergencia sanitaria sin ahorrar energías”, dijo Conte a los periodistas cuando habló de sus intentos para proveer en poco tiempo a los hospitales todos los medios que exige este crítico momento. El quinto decreto del gobierno Conte referido al coronavirus y que podría ser aprobado el lunes por el Consejo de Ministros, prevé entre otras cosas potenciar el sistema sanitario nacional de manera que se pueda entregar a los hospitales las maquinarias especializadas y necesarias en los distintos servicios, pero especialmente para terapia intensiva. El decreto también destina una parte de los 350 mil millones de euros previstos, al apoyo de la ocupación y de los trabajadores en general, a fin de que ninguno pierda el trabajo a causa del coronavirus. Prevé asimismo la suspensión de las cuotas que pagan las familias por préstamos bancarios de todo tipo y la suspensión del pago de varias obligaciones fiscales.

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¿Estabilización o desmantelamiento? Las medidas de apertura económica en Venezuela.

Un complejo coctel de fenómenos y medidas parece estar reanimando la economía venezolana y dando un respiro a los sectores populares, pero también transformando al llamado “socialismo del siglo XXI” en una estructura que tiene cada vez menos que ver con la utopía chavista.

El segundo gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en enero de 2019, ha implicado un cambio rotundo con respecto al modelo económico de su primer período (2013-2018), en línea con lo anunciado ya en agosto de 2018 con el llamado Plan de Recuperación Económica. Si bien las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense de Donald Trump han atado de manos al gobierno en muchos aspectos, también es verdad que, en paralelo al recrudecimiento de esas sanciones durante 2019, la situación económica venezolana ha venido, paradójicamente, estabilizándose. Un dato más asombroso todavía si recordamos que Rusia y China cerraron su línea de crédito a Caracas hace ya varios años y que la empresa estatal de petróleo del país caribeño no ha logrado salir del atolladero en el que cayó durante el primer gobierno de Maduro.

¿A qué se debe entonces la actual sensación de mejoría en lo económico, que ni los más apocalípticos opositores pueden negar?

¿DEL DESASTRE A LA ESTABILIDAD? 

En su segundo mandato, después del desastre económico del primero, Maduro ha mostrado una tendencia a aplicar medidas de apertura y liberalización que desatan los nudos gordianos traídos por los obsesivos controles económicos estatales.

Las actuales medidas para desmontar este sistema de control implican una apertura económica radical que en cualquier país sería catalogada por la izquierda como “neoliberalismo salvaje”. Son la respuesta a un consenso del que participan economistas de derecha y del gobierno, como Jesús Farías. Las disposiciones incluyen la eliminación definitiva y legal del control de cambios y del control de precios, privatizaciones como la de la cadena de automercados Bicentenario (expropiada por Chávez), la eliminación de aranceles para la importación y algo impensable durante el primer gobierno de Maduro: disciplina fiscal y la paralización de la reproducción alocada de dinero sin respaldo en la economía real (o inorgánico) que terminó en la peor hiperinflación del mundo. Durante la transición hacia el nuevo modelo liberal, Maduro reconoció en agosto de 2018 que en su primer gobierno financió el gasto público con la emisión de dinero inorgánico (lo que es penado por ley), pero que en esta nueva etapa impondría “disciplina fiscal prusiana”.

Todo ello en un escenario social en el que el sueldo mínimo cayó de casi 250 dólares en 2012 a sólo cinco en 2015.

La importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad ha sido declarada libre de impuestos en 3.275 categorías de productos con el argumento de intentar eludir el bloqueo financiero. Y a juzgar por la cantidad de productos importados que inundan el mercado venezolano, parecería estar lográndolo, aunque con ello deprima aun más la producción nacional.

Un factor central para entender la sobrevivencia del venezolano es que la pauperizada economía nacional comienza a adaptarse a nuevos tipos de ingresos de divisas. Aunque incomparables a la otrora renta petrolera, estos nuevos ingresos están signados por las remesas enviadas por los migrantes venezolanos, la repatriación de capitales por goteo y el nuevo impulso a la extracción de oro, entre otros.

DESPUÉS DEL PETRÓLEO. 

Las remesas, particularmente, contribuyen a que los nuevos ingresos no se queden en las cúpulas políticas o económicas, lo que genera un burbujeo en todo el tejido social. Con el Estado ya lejos de ser la principal fuente de ingresos directos como antaño, la remesa ha pasado a ocupar su lugar. Quizá no tanto por el volumen, sino por su capacidad de irrigación directa a los sectores más necesitados.

Es imposible tener estimaciones certeras del volumen de las remesas. El control de transacciones facilitó triangulaciones bancarias de diversa índole que permitieron llevarlas a cabo sin ningún control estatal. No obstante, diversos actores, incluso contrarios políticamente, proponen cifras relativamente parejas. Algunos calculan que el ingreso supera los 3.700 millones de dólares anuales, y otros, que podría estar acercándose a 6.000 millones en 2020. Otras estimaciones afirman que ya sobrepasa el total de exportaciones no petroleras. Hay economistas que calculan que los venezolanos envían en promedio entre 5 y 6 mil dólares por año cada uno, una cifra que puede ser exagerada para quienes envían remesas desde países periféricos. En un intento por conseguir información pregunté a varios familiares de migrantes pertenecientes a los sectores populares que reciben remesas y, entre quienes me respondieron, el mínimo recibido fue de 50 dólares mensuales, lo que representa diez meses de sueldo mínimo.

La Onu maneja el dato de que han emigrado más de 4 millones de venezolanos. Tomando en cuenta que la finalidad principal de esta migración masiva venezolana ha sido producir ingresos para transferir remesas, podemos imaginar que el impacto de estas permite hasta cierto punto sustituir el que otrora tenían los empleos estatales. Antes de la crisis, el Estado era el principal empleador y los puestos públicos se estimaban en 2 millones.

Otra nueva fuente de divisas es lo que llamamos “repatriación de capitales por goteo”. No encontramos cifras confiables sobre esto. Históricamente las clases alta y media alta, así como los sectores emergentes, llevaron sus ahorros y su capital hacia el exterior con el fin de atesorarlos en dólares y en un país confiable. Muchos de estos sectores aún viven en Venezuela y van trayendo mensualmente o incluso semanalmente pequeñas dosis de sus ahorros, pues, una vez convertidos a la moneda local, estos son disueltos por la inflación. El más reciente mecanismo que comprueba estas “microrrepatriaciones” es la utilización de la plataforma Zelle como forma de pago en diversos locales comerciales, especialmente en las zonas de clase media y alta. Se trata de una red de pagos que requiere disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos y que no cobra comisiones por la transferencia.

La diferencia con el período previo a la crisis es que quienes fugaban capital, de manera más o menos fraudulenta, ahora lo repatrían no para grandes inversiones, pero sí en pequeñas dosis y hasta pequeñas inversiones como las que se ven con el auge en la oferta de restaurantes y lugares de diversión en las principales ciudades. Jesús Farías, exministro de Economía de Maduro y uno de los principales impulsores de la nueva etapa económica lo explica de esta manera: “Los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlos en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado” (Banca y Negocios, 10-I-20).

Este proceso está generando algunas burbujas de consumo que develan nuevas formas de desigualdad en un ambiente ya ideológicamente posterior a los planteamientos de Chávez, y en el que participan viejas elites junto con nuevos ricos formados, fraudulentamente, en el chavismo y el adequismo.Todo ello, mientras los dirigentes políticos del chavismo apuestan al nacimiento de una “burguesía revolucionaria”, tal como la denominó el ministro de Tierras, Castro Soteldo.2

Ante la caída de la producción petrolera el gobierno impulsó la extracción del oro en el arco minero, que también está generando nuevos ingresos, aunque con consecuencias nocivas visibles en materia ecológica, que era otra bandera del discurso propiamente chavista. Con la minería de criptoactivos amparada legalmente y un precio irrisorio de la electricidad, Venezuela se ha convertido en un país con condiciones favorables para estas operaciones, y es el tercero en el ranking mundial en el uso de criptomonedas.

Todo ello va aportando a la creación de una nueva economía nacional en la que ni el Estado ni el petróleo figuran como protagonistas.

Algo muy notable de esta transición económica es la ausencia de datos para producir confianza en torno a la balanza de pagos, que es muy difícil de calcular con la situación actual, pero de la que se evidencia un equilibrio. Los datos oficiales publicados hasta el momento generan mucha desconfianza, dada la política del gobierno de no reconocer la gravedad de la situación. Es posible que nadie tenga la información real sobre los nuevos ingresos del país, especialmente de las remesas desde el exterior, pero tampoco sobre el oro y otros rubros que se están exportando. El gobierno parece independizado del Estado y no rinde cuentas a nadie.

UNA ECONOMÍA DOLARIZADA. 

La crisis venezolana fue ampliamente divulgada por los medios internacionales durante el primer mandato de Maduro (2013-2018). Los servicios del Estado colapsaron, la migración se contó por millones, la desnutrición se generalizó en sectores enteros de la población. Un ejército de hambrientos invadió los basureros.

La situación hoy parece ser otra. Las medidas de liberalización han abatido la escasez. Ya no existen las colas. La inflación aún es alta, pero las oficinas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, registran que en 2019 la tendencia fue hacia su disminución en comparación con 2018 y años anteriores. Tomando en cuenta que la hiperinflación implica sobrepasar un 50 por ciento de inflación mensual, según estos datos sólo existió un mes con hiperinflación en todo el año.

El cambio se percibe cotidianamente. Se nota mayor capacidad adquisitiva incluso en sectores empobrecidos. El transporte público superficial ha venido mejorando. Muchos sectores del comercio sobrevivieron los peores años de la crisis y comienzan a revitalizarse. El dólar es usado en todos los estratos sociales. Hay nuevos negocios y comercios. El discurso de la crisis humanitaria se ha hecho insostenible y ha salido de la boca de los políticos de oposición.

Han aparecido burbujas de consumo en centros financieros o turísticos del país. Así, algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades grandes se han llenado de negocios caros, carros lujosos, edificios de alta gama y un consumo irrefrenable de productos importados. Igual en sectores turísticos. Siempre con el dólar como sustituto ya legal del bolívar, que está quedando confinado a circuitos marginales, en un proceso de dolarización irrefrenable reconocido abiertamente por Maduro en noviembre del año pasado. Pero la dolarización no es sólo de ricos o nuevos ricos. Muchos servicios hoy facturan en divisas. Son varios los oficios y profesiones que cobran en dólares, desde ejecutivos hasta mecánicos y costureras.

Los buhoneros, manteleros o comercios informales de la calle aceptan dólares. Los marchantes que venden caramelos y chupetas hacen promociones para facilitar la venta en divisas. Cualquier puesto en mercados populares acepta y da vueltos en dólares. Las propinas también se están dando en esta moneda en muchos espacios.

Es verdad que el Estado todavía paga en bolívares los sueldos irrisorios de sus trabajadores, incluyendo los de los principales prestadores de servicios como enfermeras, médicos y docentes, así como policías y otros. Pero también es verdad que muchos de ellos cobran servicios en dólares por fuera de su trabajo en el Estado. Los maestros reciben en dólares las clases particulares. Enfermeras y médicos tienen trabajos paralelos en los que hacen lo mismo. La policía cobra sus coimas también en dólares. Jubilados y trabajadores públicos tienen negocios de comercio informal con el que atrapan divisas.

En líneas generales, quedan muy pocos que vivan de los sueldos del Estado.

Según Datanálisis, una importante firma de investigación económica, más del 40 por ciento de la población utiliza el dólar.

Podría aducirse que la mejoría puede ser sólo una sensación, pero la triangulación de datos realizada sugiere que esa sensación tiene un sustento real.

Es cierto que Caracas se ha vuelto una gran burbuja que parece no estar afectada por la grave crisis del interior del país, sobre todo en la esfera de los servicios públicos y signada por la falta de gasolina. Pero también es cierto que los nuevos ingresos a los que hemos hecho mención están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso hay territorios, como los de frontera y los de explotación del oro, donde se evidencia un poder adquisitivo en aumento. Atrás quedaron las imágenes diarias de saqueos en carreteras y pueblos del interior del país que pudimos ver desde 2016 hasta 2018.

Ha habido un debate sobre el auge de los bodegones (ventas de productos exclusivamente importados). Para los economistas del gobierno son síntoma de recuperación económica, para otros analistas son el mejor ejemplo del fin de la revolución y el auge de una división de clases tajante y problemática.

En la actualidad, y a pesar de estos bruscos cambios económicos, el principal problema inmediato no parece ser la desigualdad social en crecimiento. El país tiene varios años siendo completamente pobre, y ahora resulta que hay ricos que también fueron golpeados por la crisis de diversas formas y cuyo consumo no tenía el grado de visibilidad que ahora tiene con estas grandes burbujas y bodegones. Pero, por ahora, el tema central no es la desigualdad, puesto que esta termina invisibilizándose en la medida en que las clases pobres y medias aumentan su consumo en comparación con los peores años de la crisis (2013-2018).

El desafío más acuciante y verdadero signo de esta época es el colapso general de los servicios públicos y la incapacidad del Estado para enfrentarlo. El gobierno ya no tiene posibilidad de agenciar los servicios públicos, lo que abre una era de micro- y macroprivatizaciones. Quien tiene dinero para pagar podrá contar con salud, transporte, educación, luz y agua. Quien no tenga, la tendrá mucho más difícil. Las arcas estatales han quedado desprovistas. Las misiones sociales que fueron la política asistencial exitosa de Chávez han venido debilitándose de manera importante, centros médicos emblemáticos como el que quedaba en el corazón de la clase media alta de Caracas, en las Mercedes, está cerrado hace tres años, las decenas de médicos cubanos que allí laboraban se han retirado. Como ese, muchos otros centros de salud y educativos propios de las misiones sociales han cerrado.

Por todo esto, los sectores vulnerables irán engrosando grandes bolsones de pobreza que seguro impactarán en los próximos decenios en la vida del país, pero, por ahora, el cambio económico genera algo de oxígeno a todas las capas sociales, de manera directa o indirecta.

Ciertamente, el estatismo extremo ahogó la economía venezolana y la llevó al quiebre antes de las sanciones. En cambio, el desmonte de los controles estatales y la imposición de medidas liberales han dado un respiro a la economía, sobre todo la de los más pobres. Esto desata un debate sobre el éxito de ciertos modelos económicos y la deseabilidad de cierto tipo de controles, pero, principalmente, sobre el modelo del Estado y su relación con la economía y la sociedad.

El debate no es sólo sobre Venezuela. Un nuevo ciclo progresista en América Latina debe salir de los dogmas para confrontar una situación regional donde campea el libre mercado salvaje, y no permitir la disolución del Estado como ente mediador o colchón para la pobreza estructural que el primer ciclo de Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner apenas pudo calmar temporalmente. El nuevo ciclo revitalizado en Argentina y México no parece aún tener al respecto una dirección clara. ¿Puede la izquierda emprender cambios profundos en la economía latinoamericana o terminará muriendo en el libre mercado por puro miedo a repetir la experiencia venezolana? Todo esto convendría pensarlo en el marco del fracaso del neoliberalismo evidenciado con las protestas de Chile, Ecuador y Colombia, entre otras, a finales de 2019.

Por Ociel Alí López

13 marzo, 2020

  1.   Designación derivada de Acción Democrática, partido político que tuvo el poder durante los 40 años previos a Chávez y aún cuenta con un poder político importante.
  2.            Así propone Castro Soteldo en la entrevista de Latina 102.1 FM, del 11-IX-19. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=cNqWSL8XdkI›

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Avanza el coronavirus en Italia: Ya murieron más de mil personas 

Se registraron además 15.000 contagios

 

El brote de coronavirus no da tregua en Italia, el país europeo más afectado por la pandemia. Este jueves la cifra de muertos ascendió a 1016, de los cuales 189 se produjeron en las últimas 24 horas. En tanto, los contagios llegaron a 15 mil. La región más afectada sigue siendo Lombardía, en el norte, que registra 744 muertes y 8.725 contagios. El país más afectado de Europa y el segundo en el mundo después de China tomó medidas drásticas con el cierre total de comercios, exceptuando bienes de primera necesidad y fármacos. Al cierre de locales se sumó el jueves el de todas las iglesias de la diócesis de Roma. El primer ministro Giuseppe Conte confía en que la política de aislamiento funcione e incluso sirva de "ejemplo positivo" para otras naciones.

Hasta el momento, apenas cinco de las 20 regiones del país no registraron casos fatales, pero las autoridades temen que el virus se expanda al sur de la península. En total, 60 millones de italianos permanecen aislados, especialmente después de que el gobierno decretara el miércoles el cierre de todos los comercios a excepción de supermercados y farmacias. Se trata de una medida inédita en la historia del país.

La mayoría de las ciudades italianas se encuentran desiertas. En Roma, Milán, Florencia y Venecia las calles, plazas y medios de transporte permanecen en un llamativo silencio. En algunos puntos del país la policía controla que se cumplan las estrictas disposiciones de permanecer encerrados en casa para evitar la propagación del virus.

El jueves se cerraron además todas las iglesias de la diócesis de Roma con el objetivo de ayudar a detener la pandemia de Covid-19. "Hasta el viernes tres de abril de 2020, el acceso a las iglesias" de Roma y, de una manera "general, a los locales de culto habilitados al público, quedan prohibidos a todos los fieles", señaló en un comunicado de prensa el cardenal italiano Angelo De Donatis, obispo vicario de Roma. Aunque las misas y cualquier otra reunión de personas ya habían sido prohibidas, las iglesias permanecían abiertas a los fieles que quisieran acceder a orar en ellas. 

El coronavirus es motivo de preocupación para la Iglesia y el Vaticano. El gobierno italiano incluyó las misas, las bodas y los funerales entre las congregaciones prohibidas, una medida "fuertemente restrictiva cuya aceptación supone sufrimiento y dificultades" para los sacerdotes y fieles, lamentó hace unos días la Conferencia Episcopal Italiana en su sitio web.

Italia, por lejos el país de Europa más afectado por la pandemia del Covid-19, superó el jueves la barrera de los mil muertos y acumula además más de 15 mil infectados, según cifras oficiales.

"Mañana, no sólo nos admirarán, sino que seremos un ejemplo positivo para el mundo", manifestó en las últimas horas el primer ministro Giuseppe Conte, convencido de que el estricto confinamiento es la medida fundamental para frenar el contagio de coronavirus en Italia.

Conte aseguró que los resultados del aislamiento serán visibles dentro de dos semanas. En China, las medidas de contención ayudaron a controlar la epidemia, pero en Italia esto aún es un misterio para los científicos.

"A diferencia de la situación en Wuhan, donde era posible evitar la epidemia mundial, Covid-19 ya se está extendiendo por todo el mundo", advirtió Paul Hunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. "Entonces, cuando las restricciones en Italia se levanten, puede haber una gran cantidad de personas contagiadas en los países vecinos que podrían conducir a una nueva propagación en Italia", agregó.

La filtración a los medios el sábado del bloqueo previsto para varias regiones del norte provocó la fuga de miles de italianos hacia el sur, muchos de ellos estudiantes y trabajadores, que pueden haber llevado el virus a otras regiones donde los casos eran muy limitados.

Mientras la próspera región de Milán, la más afectada, tiene uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo, el sur carece de instalaciones y equipos adecuados para un fenómeno de semejantes proporciones. Los médicos del norte temen inclusive el colapso del sistema por falta de plazas en los departamentos de terapia intensiva. En el sur la falta de personal calificado fue siempre uno de sus grandes males.

"El 40 por ciento de las salas de cuidados intensivos en el sur son virtuales, falta el personal y faltan los equipos", resumió en ese sentido el profesor Alessandro Vergallo, presidente del sindicato de reanimadores y anestesistas italianos

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