Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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La cantante brasileña Maria Bethania, en una imagen de febrero de 2021.Jorge Bispo / Divulgação

La artista brasileña habla sobre la tristeza que le provoca su país y del concierto que ofrecerá este sábado, el día que cumplirá 56 años de su debut musical

 

Maria Bethânia (Santo Amaro, 75 años) fue aconsejada por Boninho, director de televisión de la cadena Globo, para que hablara bastante durante el recital en directo que ofrecerá este sábado y que podrá verse de forma gratuita a través de la plataforma Globoplay. Le sugirió que evitara el vacío entre las canciones ante la ausencia de aplausos, ya que no habrá público. La cantante sonríe: “Le dije que se quedara tranquilo, porque soy la cantante brasileña que más pega una canción con la otra, ya sea con un texto, con una introducción. Odio esos vacíos, no me gusta darles espacio”, comenta por teléfono la también hermana de Caetano Veloso. “Espero los aplausos, pero no cuento con ellos. Muchas lecciones de Fauzi”, dice la cantante, nombrando a Fauzi Arap, el director y dramaturgo que fue su gran maestro en la sabiduría de casar texto y música en los espectáculos, una dinámica que se tornó su marca registrada.

Rosa de los vientos, un espectáculo fundamental de la colaboración entre Bethânia y Fauzi, cumple 50 años en 2021 y se celebrará en el directo de este sábado, su primera experiencia en este formato, que se emitirá desde el espacio cultural Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro. No es la única efeméride que marca la presentación. Bethânia recuerda, “perfectamente”, el 13 de febrero de 1965, día de su debut en el espectáculo Opinión: “Recuerdo mi llegada al Teatro Opinião, entré con Caetano. Tereza Aragão [actriz y productora] me recibió y me llevó al camerino. Recuerdo que era muy pequeño, pero cálido. Una luz ámbar, un espejo cuadrado, sencillo. El camerino desnudo”, describe con detalle. Una osadía para aquellos años. Brasil vivía en dictadura después del golpe militar de 31 de marzo de 1964.

Días antes del audaz espectáculo, Bethânia había llegado desde Bahía. Estaba allí para sustituir a otra estrella de la música brasileña, Nara Leão. Ya había cantado en Salvador, capital del Estado de Bahia, pero Opinión sería su debut nacional. “El Grupo Opinión me pidió una hora en una peluquería al día siguiente de mi llegada, no les gustó mi pelo”, recuerda. “Me pasé toda la mañana en esa peluquería. No me gustó nada cómo quedó. En el camerino, el día del estreno, me miraba y pensaba: ‘Este no es mi pelo’.” Minutos antes de entrar, un gran escenógrafo, amigo de Tereza, vio que no estaba satisfecha, me cogió el pelo y me hizo ese moño con el que canté Carcará. Me preguntó si estaba bien, le dije que estaba mucho mejor que antes. Subí al escenario feliz, descalza, para cantar É de manhã, de Caetano. Había conseguido convencerles de entrar con esta canción de mi hermano, que por aquel entonces era un artista desconocido. Y el moño se convirtió en una marca”.

Bethânia recuerda que estaba tranquila: “Tereza estaba muy nerviosa, Caetano también, yo no”. Pero no estaba indiferente. Estaba ansiosa por subir al escenario y mostrar lo que había preparado. La misma sensación que tiene poco antes de su primer directo virtual, 56 años después de aquel espectáculo. “Siempre es así, hasta hoy. Por eso me gusta ensayar, mucho. Sé hacerlo, lo he aprendido, esto es lo que he elegido, voy a mostrarlo”, afirma Bethânia, anticipando que el espectáculo Opinión será recordado brevemente en el directo “con una estrofa”. “No voy a cantar Carcará. Pero cantaré algunos éxitos y algunas cosas de Noturno”.

Noturno es el disco que lanzará en los próximos meses, con canciones de compositores como Adriana Calcanhotto, Chico César y Tim Bernardes, algunas de ellas extraídas del espectáculo Claros breus, de 2019. Carcará — nombre de una ave del norte de Brasil — es un marco de la historia musical, una música de protesta metafórica en contra los militares. Su letra tiene versos como Carcará es malo y valiente… coge, mata y come.

Bethânia tiene una ansiedad tranquila por el recital de este sábado. Se afirma en la certeza de que el 13 de febrero es “el día de la buena suerte, el día de la bendición”. Ese día, en 2016, la escuela de samba Mangueira, de Río de Janeiro, ganó el Desfile de Carnaval de ese año con el tema María Bethânia: la niña de los ojos de Oyá, en honor a la cantante, otro recuerdo que se invocará en el directo, en el que estará acompañada por dos guitarras, bajo y percusión.

“El 13 de febrero es inolvidable. Es el mes de Nuestra Señora de la Purificación, siempre estoy en Santo Amaro para las fiestas, que no se han celebrado este año”, se lamenta. “Siempre reservo el 13 de febrero para pasarlo con un amigo, descorchar un champán, beber una cerveza. Es un gran día. La gente le tiene un poco de manía al 13, pero para mí es todo lo contrario”.

El lamento de estar lejos de Santo Amaro estos días se hace más fuerte en esta era de noticias falsas. Un vídeo, realizado en 2019, en el que aparecen Bethânia y Caetano en una fiesta en Santo Amaro, se compartió como si fuera de esta pasada Nochevieja. Es decir, se les acusó falsamente de asistir, durante la pandemia, a un evento donde había multitud de gente y sin llevar mascarilla. “Ni siquiera he visto el vídeo, pero por supuesto me he enterado”, dice Bethânia. “También he oído que se ha desmentido. Que tampoco sirve de nada, porque todo el mundo sabía que no era verdad, pero no se trata de eso. El mundo se ha convertido en esto. La pandemia llegó como una marca de hierro de esta cosa vulgar, pequeña, perversa y mala que vivimos. Y no parece que Brasil vea que hay una salida. Pero un día lo hará”.

El Brasil de 2021 que describe Bethânia no se parece en nada al país de belleza profunda y luminosa que cantó con ternura en Brasileirinho, un álbum de 2003. Pero afirma que aquella patria de sussuaranas, de Heitor Villa-Lobos y de cigarrillos de paja aún permanece: “Brasil sigue siendo el mismo, pero está dormido, aterrorizado, asustado, enfermo y triste. Ya no me gusta hablar de Brasil. Me dan ganas de llorar”.

Noturno, el nuevo disco de Bethânia, no es una respuesta a ese estado de cosas: “Este Brasil no me inspira”. Pero, como ella misma explica, el álbum no ignora su tierra, su tiempo. Su repertorio incluye, por ejemplo, “2 de junio”, lanzada por la cantante Adriana Calcanhotto en 2020 sobre la muerte del niño Miguel Otávio, que se cayó de un edificio de lujo en Recife mientras su madre, una empleada del hogar, paseaba al perro de su empleadora. Ese caso de marcada negligencia por parte de los empleadores expone (y la canción lo pone de manifiesto) profundos nudos en la cuestión racial y la desigualdad social que han formado y forman Brasil.

Noturno invoca una sobriedad, una calma, una madurez”, dice Bethânia. “Pero es un disco de una mujer de 74 años, una cantante brasileña, en una pandemia, con las angustias y situaciones que todo eso implica. También trae una canción como Lapa santa, inédita, de Roque Ferreira y Paulo César Pinheiro, que canta este Brasil de hoy, de manera fuerte, nordestina, honesta. En uno de los versos, se pregunta: ‘¿Dónde está el dueño de la casa?”. En un país que no ve salida, la pregunta podría estar inscrita en la bandera.

Leonardo Lichote

Río de Janeiro - 12 feb 2021 - 23:56 UTC

Publicado enCultura
Fuentes: Público [Un hombre se prepara para colgar el cartel de 'Disponible' en el local de una cafetería cerrada durante la pandemia del coronavirus, en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera]

Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, «cueste lo que cueste», para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.

Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que, una vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo: la lucha para aumentar el beneficio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés social.

El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el beneficio serán muy complicadas, como también será más difícil todavía imponer políticas alternativas para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza.

Será así, por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará la Covid-19 sobre el conjunto de las economías y, la segunda, con las dos posibles vías para aumentar el beneficio en el capitalismo de nuestros días.

La pandemia va a dejar, al menos, cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de estrategia económica que se quiera llevar a cabo.

– Un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. La primera supondrá un aumento de entre 20 y 50 puntos del PIB en la inmensa mayoría de las economías. Eso obligará o bien a realizar amplios programas de reestructuración y quitas o a aplicar gigantescos recortes de gasto público. Lo primero, como es bien sabido, produce una urticaria fatal en el poder establecido porque atenta contra el fuero del capital financiero, aunque solo de esa manera se pueda salvar el huevo del capital en su conjunto. Por tanto, poner generalizadamente en cuestión el principio de que las deudas se pagan en su totalidad, como sería necesario hacer, no se va a consentir salvo que haya un movimiento internacional de gran fuerza que imponga la razón en todo el planeta. Si no se produce, veremos el mayor proceso de privatización y desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes de los derechos sociales, ya de por sí mermados por el neoliberalismo. Lo cual, no solo producirá un incremento global del malestar social sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por falta de demanda efectiva.

El incremento de la deuda de las empresas, por su parte, va a producir una escalada de quiebras y una pérdida de solvencia de la banca que contribuirá a aumentar la debilidad de las economías si no se ponen en marcha programas de ayudas e inversión pública que sirvan de estímulo para la inversión privada y si no se disponen, al mismo tiempo, de nuevas y más seguras y efectivas fuentes de financiación de la actividad empresarial.

– La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de actividad económica. Y también la demanda si ahora ocurre lo mismo que en otras grandes crisis: una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre generalizada y el temor al futuro.

Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones al alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, a que las autoridades suban los tipos de interés para frenar la inflación. Y si fuese así, llegaría con seguridad una nueva fase de frenazo de la actividad económica y desempleo masivo.

– Las compras masivas de títulos financieros que vienen realizando los bancos centrales está provocando burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrán que acabar antes o después. La volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera son la tercera dificultad a la que se enfrentarán las economías tras la pandemia.

– Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las diferentes economías, y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su conjunto.

Como dije, a estas dificultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el beneficio del capital solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico: incrementar la productividad de los factores productivos (capital, trabajo y recursos naturales) o la explotación del trabajo, es decir, intensificar el tiempo de trabajo no pagado a los asalariados.

Dicho de una forma coloquial, la primera vía permite aumentar en mayor medida el tamaño de la tarta y de esa forma es más fácil lograr una distribución más beneficiosa para el capital con menos costes asociados porque, gracias a que hay más que repartir, los salarios también se pueden ver beneficiados. Es lo que ocurrió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso llamados los «años gloriosos del capitalismo».

Es sabido que estamos viviendo ya una nueva revolución tecnológica que permitirá que la productividad se dispare en muchas actividades económicas gracias a la digitalización, el big data y la inteligencia artificial. Pero, para que se produzcan aumentos generalizados de la productividad en toda la economía y no sólo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y generalizado de la inversión. Algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado, justamente por las circunstancias que he señalado antes y por el gran atractivo que sigue teniendo la especulación financiera, pues ofrece mayor y más rápida rentabilidad.

Sin una masiva inversión pública, viviremos aumentos espectaculares de productividad en algunos sectores, pero no de la forma generalizada en que sería necesaria para recuperar el beneficio sin empobrecer todavía más el trabajo en la mayoría de las actividades económicas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir en los años venideros la fase de mayor precarización y pérdida de derechos laborales de la historia del capitalismo contemporáneo. Y no exagero, pues ya son muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el fin del descanso dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de «cero horas», para proporcionar el trabajo sólo en los momentos en que lo requiera la empresa, o incluso la creación de territorios de potestad empresarial con sus propias leyes e instituciones de gobierno, a semejanza de los que ahora conforman las administraciones públicas.

Para evitar un escenario como el que acabo de describir brevemente sería necesario permitir que los estados tengan manos libres para promover la inversión y el apoyo que permita la generalización del aumento de productividad. Para lo cual es imprescindible dar una solución al crecimiento de la deuda y reformar el funcionamiento de las administraciones públicas, para lograr que se gaste bien y para acabar con su servidumbre hacia las grandes empresas que dominan el mercado y las instituciones. Es imprescindible que se diseñen programas de ayudas a las empresas para que estas puedan aumentar su dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Hay que evitar de una vez que el capital financiero imponga la deuda como motor de la actividad económica reformando el sistema bancario y acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reserva fraccionaria. Hay que asumir que los beneficios del incremento de la productividad deben distribuirse con equidad, llegando a pactos de rentas. Y, tal y como ha demostrado esta pandemia que no será la última, se deben mejorar los sistemas de gestión del riesgo, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes imprescindibles para dar respuesta a los males o problemas que nos afectan a todos por igual.

No hay razones, desgraciadamente, para ser muy optimista sobre la posibilidad de que se pongan en marcha estas vías alternativas que sirvan de contrapeso frente a la voracidad que los grandes grupos económicos y financieros han demostrado tener en las últimas décadas. Las derechas de todo el mundo tienen muy claro cuál es su papel para apoyarlos. Las izquierdas, sin embargo, carecen de proyecto común o, mejor dicho, han pasado a defender proyectos que satisfacen intereses cada día menos «sociales» y más reducidos y singulares, de tribu, cuando no puramente individuales. Han dejado a un lado lo que les dio sentido históricamente y lo único que les puede proporcionar fuerza y capacidad de transformación: la defensa de los intereses mayoritarios, la asunción del «sentido común» de la gente corriente.

Por Juan Torres López | 13/02/2021

Publicado enSociedad
Jueves, 11 Febrero 2021 06:16

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Con más de 95 millones de habitantes, Vietnam solo contabilizó algo más de 2.000 casos y 35 muertes con covid-19. ¿Qué nos dice la experiencia de este país del sudeste asiático donde la pandemia no es el principal factor político y que viene enfrentando diversos cambios y tensiones en su modelo político-social controlado aún por el Partido Comunista?

 

Corea del Sur y Taiwán han sido constantemente elogiados como modelos de combate contra el covid-19. Pero Vietnam, una nación mucho más pobre y con 97 millones de habitantes, lo ha hecho por lo menos igual de bien, a pesar de atraer mucha menos atención. Esto se debe, en parte, a que el estricto control del Partido Comunista sobre los datos oficiales genera dudas –comprensibles– sobre las cifras. Sin embargo, aunque no pueden hacerse predicciones sobre una tercera o una cuarta ola, Vietnam parece haber logrado hasta ahora un grado real de éxito. 

Mientras que en marzo pasado los gobernantes de Estados Unidos y del Reino Unido restaban importancia al virus, Vietnam destacó sus riesgos mediante una efectiva estrategia de comunicación, que incluía un video musical viral que obtuvo 67 millones de visitas. Se impusieron de inmediato restricciones a los viajes, rastreo de contactos y medidas de cuarentena. Las fronteras se cerraron a todos, excepto a los ciudadanos vietnamitas y a algunos expertos invitados el 24 de marzo, y siguen estando cerradas, mientras que las escuelas y las universidades cerraron de enero a mayo. ¿El efecto? Solo se necesitó un breve confinamiento, que duró dos semanas a escala nacional y tres en áreas de alto riesgo. La primera ola había sido eliminada a mediados de julio, y los brotes más pequeños desde entonces han sido aplastados rápida y eficazmente. En total, ha habido 35 muertos.

Algunos han argumentado que el autoritarismo de Vietnam le permitió erradicar el virus, y algo de ello seguramente hubo. Pero especialistas como Guy Thwaites, director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam, desestimaron esta sencilla explicación del éxito del país. De hecho, la respuesta ante el covid-19 se ha caracterizado por un inusual nivel de transparencia estatal, con lo que se ganó la confianza de una población que, contrariamente a lo que suele creerse, no confía mucho en las autoridades. Otros han afirmado que, mientras las naciones europeas pasaron décadas tercerizando funciones estatales, Vietnam mantuvo un aparato estatal unificado que ha apuntalado su exitoso programa de salud pública. Sin embargo, el Estado vietnamita no está tan cohesionado como podría suponerse. Entre 2006 y 2016, años entre los que gobernó Nguyễn Tấn Dũng –cuyo yerno es dueño de la franquicia McDonald’s en el país–, Vietnam experimentó lo que se ha descrito como un «giro hiperliberal». Aumentó la dependencia del capital extranjero, se extendió la privatización de empresas estatales y se alentó a las provincias a competir entre sí para crear el entorno más propicio para los negocios. El resultado fue una rápida fragmentación de su capacidad, lo cual despertó la preocupación nada menos que del Banco Mundial. A pesar de los crecientes niveles de inversión pública, el sistema nacional de salud de Vietnam ha sido remodelado por la mercantilización, y los particulares tienen que pagar cada vez más por la atención médica.

Cuando Dũng renunció en 2016, el secretario general Nguyễn Phú Trọng y sus aliados se impusieron en medio de una lucha entre facciones dentro del Partido Comunista. Trọng era percibido como un conservador de la vieja guardia, escéptico de la agenda de reformas de Dũng. Pero ya en el cargo, ha continuado en gran medida el legado de su predecesor: abandonó ciertas políticas industriales, monitorió una agresiva campaña contra la corrupción y reprimió a la disidencia para proteger a los principales conglomerados privados, cuya influencia ha crecido constantemente.

Por tanto, el éxito de Vietnam en la lucha contra el virus no puede atribuirse a la represión estatal o la centralización económica. Su rápida respuesta estuvo a la altura de lo que habrían podido hacer naciones democráticas liberales más ricas, si hubiesen tenido voluntad política. De hecho, en una entrevista reciente, Mai Tiến Dũng, jefe de la Oficina de Gobierno de Vietnam, no atribuyó el éxito del país a ninguna característica política ni económica, sino al hecho de que en enero de 2020 fueron mucho más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y armaron desde el principio una estrategia de contención completa. Tal como ha señalado Thwaites, el ingrediente clave de su éxito fue, lisa y llanamente, un «buen uso de la epidemiología».

Esto también fue acompañado por un plan económico, cuya nave insignia fue un paquete de ayuda de 62 billones de dongs (más de 2.600 millones de dólares) que brinda exenciones de impuestos y préstamos a baja tasa de interés para las empresas, junto con apoyo financiero a los hogares en aprietos. Los pagos fueron modestos, entre 250.000 y un millón de dongs por mes (11 y 43 dólares, respectivamente), y su distribución se vio obstaculizada por una serie de rígidas condiciones burocráticas. Se pedía a los trabajadores y trabajadoras migrantes informales que presentaran licencias comerciales inexistentes si querían calificar para el plan, mientras que otros grupos –como trabajadoras y trabajadores sexuales– fueron excluidos casi por completo. Aun así, las ayudas siguieron siendo un salvavidas crucial para gran parte de la población. 

Las transferencias de efectivo se complementaron con la asistencia de grupos de la sociedad civil dirigidos por el Estado: las organizaciones de masas del Frente Patriótico de Vietnam, alineado con el Partido Comunista. Si bien fueron bastante ineficaces en la campaña por el cambio social y político, estas instituciones paraestatales estaban bien equipadas para distribuir provisiones materiales al inicio de la crisis. La federación de sindicatos, por ejemplo, proporcionó equipamiento de protección personal, información y apoyo financiero a los trabajadores, mientras que el Sindicato de Mujeres ayudó a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres a acceder a préstamos y apoyó a las sobrevivientes de violencia doméstica en medio de un aumento en las agresiones.

Los mayores gastos relacionados con el coronavirus se financiaron principalmente con las reservas en efectivo y bonos del Tesoro, ahorrándose tener que pedir préstamos en el mercado internacional o solicitar asistencia presupuestaria. Combinado con la supresión del virus, esto convirtió a Vietnam en la economía de más rápido crecimiento del mundo en 2020 y en el único país del Sudeste asiático que registró tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, los sectores más pobres de la población aún enfrentaban serias dificultades. El cierre de las fronteras internacionales asestó un duro golpe a la industria del turismo y el sector perdió aproximadamente 23.000 millones de dólares en 2020. Un impulso al turismo interno bajo el lema «Los vietnamitas viajan en Vietnam» logró amortiguar el golpe, pero no pudo compensar los ingresos que generalmente aportan los arribos internacionales. Tanto las aerolíneas públicas como las privadas han solicitado rescates, mientras que las exportaciones de manufacturas disminuyeron –particularmente en los sectores claves del vestido, teléfonos inteligentes, y pescados y mariscos–, lo que provocó un aumento del desempleo. Otros que dependen de estas industrias, como quienes se dedican a la venta ambulante dirigida a los turistas o al personal de las fábricas, también sufrieron pérdidas sustanciales. Además, hubo una gran caída en la exportación de mano de obra; una fuente vital de ingresos para las comunidades que dependen de las remesas de los trabajadores expatriados.

A fines de 2020, 32,1 millones de vietnamitas se habían visto afectados por el impacto económico de la pandemia sufriendo desempleo, despidos o ingresos reducidos: 71,6% de los trabajadores del sector de servicios, 64,7% de la industria y la construcción y 26,4% de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Las «huelgas salvajes» se incrementaron por primera vez en años, ya que los trabajadores y las trabajadoras reclamaron por condiciones seguras en los primeros días de la pandemia, así como por salarios justos y una consecuente compensación. En una medida sin precedentes, el Consejo Nacional del Salario, que negocia incrementos anuales del salario mínimo, decidió no aumentarlo este año. La caída de los ingresos, a su vez, benefició a los usureros ilegales, que cobran tasas de interés exorbitantes y dejan a sus clientes sometidos a un sometimiento permanente por sus deudas. Como resultado, algunos vietnamitas se han suicidado.

Mientras tanto, una grave crisis de deuda ha afectado al fondo de seguridad social del país, responsable del seguro médico, las pensiones y las prestaciones por desempleo. En tiempos normales, la configuración de la seguridad social de Vietnam facilita el robo por parte de los empleadores. Las cuotas de los trabajadores son deducidas automáticamente de sus salarios, y se confía a los empleadores que las transfieran al fondo junto con sus propios pagos. Por lo tanto, los estos pueden retener sus contribuciones y quedarse con las de sus empleados, muchas veces sin consecuencias. Esta práctica se hizo aún más frecuente en 2020, ya que se aprovecharon las exenciones para las empresas afectadas por covid-19 para reducir los pagos de los empleadores. Como resultado, los niveles de deuda del fondo se dispararon a aproximadamente 20 billones de dongs (más de 800 millones de dólares). El déficit se agravó porque los trabajadores retiraron la totalidad de sus cotizaciones para su jubilación futura o empeñaron sus libretas de la seguridad social para conseguir dinero en efectivo y mantenerse a flote.

Sin embargo, hacia fines de 2020 había indicios de que la economía vietnamita se había estabilizado relativamente. El mercado laboral comenzó a recuperarse; el VN-Index, índice bursátil de Vietnam, alcanzó sus niveles más altos desde noviembre de 2019; y algunas corporaciones multinacionales comenzaron a trasladar la producción al país. Su balance económico es ahora, en términos generales, la envidia de sus vecinos. De hecho, que la pandemia no haya sido de ninguna manera el hecho dominante de la política nacional el año pasado es una clara señal del logro de Vietnam. En octubre y noviembre, las tormentas azotaron las regiones centrales del país, causando daños materiales generalizados y muchas más muertes que el coronavirus. Al mismo tiempo, Estados Unidos inició una investigación sobre las exportaciones de madera vietnamita y la presunta manipulación de su moneda, poniendo en peligro una de las relaciones bilaterales más importantes del país. El gobierno tendrá que negociar estos asuntos con la administración entrante de Joe Biden, además de animarlo a mantener la postura de línea dura de Donald Trump frente a China, que ha sido muy popular entre los vietnamitas.

Otros acontecimientos de este mes pueden eclipsar aún más al covid-19. El 1º de enero comenzó a regir un nuevo Código Laboral, que permite por primera vez la existencia de organizaciones representativas de los trabajadores independientes, no afiliadas a la Confederación General del Trabajo, controlada por el Estado. Esto podría marcar un cambio significativo en las relaciones laborales, liberando potencialmente a los trabajadores organizados del dominio del Partido Comunista. Pero esta victoria aún puede ser contrarrestada por la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo de libre comercio negociado en secreto durante los últimos siete años, que ha sido ampliamente condenado como un intento de erosionar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, está por verse si la tradición de décadas de militancia laboral autoorganizada de Vietnam subsistirá en 2021, o si las libertades consagradas en el Código Laboral se enfrentarán a mayores obstáculos.

Quizás lo más significativo sea que, entre el 25 de enero y el 2 de febrero, más de 1.500 delegados se reunirán en Hanoi para que el XIII Congreso del Partido decida sobre un nuevo liderazgo. Por lo general, la decisión se toma antes del Congreso y luego los delegados dan su acuerdo, pero esta vez no hay ninguna certeza. Se suponía que Trọng no volvería a postularse como secretario general. Según las reglas, no se le debería permitir un tercer mandato consecutivo. Además, ya tiene una edad muy avanzada y está bastante enfermo. Se esperaba que el nuevo Secretario General fuera el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc, un habitué del Foro Económico Mundial, descrito por un analista como un «pragmático conocedor de políticas», o Trần Quầc Vượng, que ha sido un actor importante en la reciente campaña anticorrupción del gobierno. Los procedimientos son poco transparentes, pero los últimos rumores sugieren que Trọng podría tener éxito en forzar al congreso –y el reglamento– para permanecer como secretario general [Esto, en efecto, es lo que ocurrió, ante la falta de consenso para encontrar un sucesor, pese a que las normas vigentes no le permitían un tercer mandato, N. del E.]. Si bien el lanzamiento de la vacuna puede dar los toques finales a la respuesta vietnamita ante el covid-19 –un caso de éxito que avergüenza a los países occidentales–, no determinará la manera en que estos cambios entrelazados reformularán la política y la economía del país.

Este artículo fue publicado originalmente en New Left Review, el 22 de enero de 2021, con el título «Vietnam's Pandemic». Puede leer el artículo original aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Miércoles, 10 Febrero 2021 05:32

Más de una sorpresa en elecciones de Ecuador

Más de una sorpresa en elecciones de Ecuador

La correlación de fuerzas entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática, que en resultados presidenciales suman el 68%, podría ser una oportunidad para salir del entuerto negociado con el FMI y realizar acuerdos mínimos en la Asamblea para el próximo plan de desarrollo.

Los resultados de las elecciones generales del 7 de febrero 2021 en Ecuador dejaron más de una sorpresa, producto de altos niveles de indecisión iniciales (30%) y un abanico de opciones. Pese a la pandemia la participación electoral fue del 81.1% y el voto nulo (9.5%) no tuvo la trascendencia anunciada.

Andrés Arauz (UNES) gana la primera vuelta con un 32% con más votación en la Costa y el correísmo sigue presente como la primera fuerza política en la Asamblea (28% de asambleístas nacionales) pero con un escenario muy conflictivo, esperaban ganar en primera vuelta o en su defecto, ir a la segunda vuelta con Guillermo Lasso y ninguna de las dos cosas sucedió.

El banquero Lasso (CREO) en su tercer intento a la presidencia no logró convencer al electorado pese a tener el apoyo del Partido Social Cristiano (una de las fuerzas políticas de la derecha ecuatoriana) y queda rezagado a un tercer puesto (19.5%) con lo cual la derecha se queda huérfana y con sus opciones en la Asamblea en descenso.

Es preciso indicar que Yaku Pérez que tiene como respaldo una organización política vinculada al movimiento indígena (Pachakutik) logra captar un segundo lugar (20%) con importante presencia en las provincias de la Sierra y la Amazonía además de un 20% de los asambleístas nacionales. Como defensor del agua tuvo el respaldo de una consulta sobre el mismo tema en Cuenca, su provincia natal donde hasta hace poco era prefecto.

Estas elecciones muestran varios temas entre los personalismos y las organizaciones. Andrés Arauz no llegó a contar con identidad propia, su campaña se basó en mostrar el retrovisor de lo realizado en los gobiernos de Correa y mostró un techo que no le permitió pasar a segunda vuelta. Mientras que Guillermo Lasso tuvo una pésima campaña y un pasado a cuestas en el feriado bancario, sus participaciones políticas previas y su apoyo al gobierno de Moreno.

Por el otro lado, aunque con diferencias sustanciales Yaku Pérez y Xavier Hervas contaban con estructuras políticas y no sólo se presentaban a título individual. El electorado que no se quiso entrar en la pugna correista – anticorreista optó por alguna de estas dos opciones. Pérez además cosechó los frutos de las movilizaciones de Octubre 2019 que no se identificaban con el correísmo ni con las políticas de ajuste estructural de las cuales Lasso ha sido un aliado del gobierno de Moreno.

La fragmentación electoral se agudizado en estas elecciones con 16 candidatos a la presidencia que resultaron con 7 candidatos con menos de 1% de los votos válidos y cinco con 2% o menos, es decir, 12 candidatos no tuvieron respaldo electoral, algunos de ellos, viejos políticos, un expresidente, un exdirigente deportivo o un pastor evangélico.

Evidentemente, la fragmentación favoreció la aparición de candidatos nuevos como Xavier Hervas considerado de centro izquierda que quedó en cuarto lugar con un 16% de los votos válidos y que podría ser considerado un outsider y de quién se conoce poco. Sin embargo, su candidatura está basada en una estructura partidaria (Izquierda democrática) que fue recuperada en los últimos años y que la posiciona como la tercera fuerza en la Asamblea en asambleístas nacionales con un 12%.

Los resultados de estas elecciones marcan la muerte de organizaciones políticas como el mismo movimiento Alianza País que antes cobijaba a Rafael Correa y partidos como Suma o Avanza que aparecieron en los últimos años, otros como Fuerza Ecuador del expresidente Abdalá Bucaram y movimientos más pequeños que respaldaron a políticos con presencia mediática como Gustavo Larrea o César Montúfar.

La situación económica en el país es lamentable al punto que ni las propias cifras de desempleo se conocen y se aprovecha la coyuntura para seguir un fracasado recetario neoliberal con privatizaciones y políticas de ajuste que empeoran aún más la actual situación social. Los resultados pueden ser vistos como un rechazo al gobierno de Moreno; sin embargo, las expectativas ante la situación social y política que vive el país son enormes.

La correlación de fuerzas entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática, que en resultados presidenciales suman el 68%, podría ser una oportunidad para salir del entuerto negociado con el FMI y realizar acuerdos mínimos en la Asamblea para el próximo plan de desarrollo. Aunque por ahora esto no suene posible por la larga disputa entre el correísmo y sectores que en otro momento fueron desestimados por el propio Correa, esta sería una alternativa para superar regionalismos, racismos y polarizaciones que no nos conducen a ningún lado.

Por Katiuska King | 10/02/2021

*Economista con especialización en Desarrollo Sustentable en la Universidad Católica de Quito; con una maestría en Estadística y Econometría en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fue Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Ministra Coordinadora de la Política Económica, durante el gobierno de Rafael Correa. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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Martes, 09 Febrero 2021 06:44

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

 

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

 

 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

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Líder indígena acusa intento de fraude para que no llegue a segunda vuelta en Ecuador

Quito. El líder indígena de izquierda Yaku Pérez denunció ayer un intento de fraude para sacarlo de la carrera presidencial en Ecuador, cuando libra una dura pelea con el ex banquero de derecha Guillermo Lasso por el segundo lugar en las elecciones celebradas el domingo, lo que le daría su pase en la segunda vuelta.

El economista Andrés Arauz, de 36 años y delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), aparece como ganador de la primera vuelta con 32.14 por ciento de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, con 98 por ciento de las actas procesadas, Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sorprendía con 19.86 por ciento de los sufragios, mientras Lasso, de 65 años, registraba 19.60 por ciento.

El escrutinio se ha visto frenado por la necesidad de revisar 13.69 por ciento de las actas debido a inconsistencias como falta de firmas de los miembros de la mesa electoral.

En ese contexto, Pérez señaló que "se está confabulando un fraude (...) para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta". Sostuvo que se han transferido 15 puntos porcentuales de sus votos a otros candidatos, con lo que superaría a Arauz, y llamó a abrir las urnas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que “cada candidato está en su derecho de agotar todas las instancias legales de impugnación de resultados (…) Si tenemos que abrir urnas lo haremos. Una vez que se resuelva el 100 por ciento de las actas con novedades, promulgaremos los resultados”; subrayó que tienen 10 días para divulgarlos.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos llamó a que se "esperen con calma los resultados" finales.

La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, cuando será designado el sucesor del impopular gobernante Lenín Moreno, que no se presentó a la relección y cuyo periodo de cuatro años terminará el 24 de mayo próximo.

Ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos ni alcanzó 40 por ciento de los mismos más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo para ser elegido de manera directa.

De mantenerse la tendencia del escrutinio parcial, Pérez –con poca carrera política– y Arauz protagonizarán una inédita segunda ronda entre candidatos de izquierda en Ecuador, con 17.1 millones de habitantes, castigado por la pandemia y que arrastra una abultada deuda económica por la caída de los precios del petróleo.

Arauz declaró en entrevista con la Afp que "el pueblo ecuatoriano ha sido contundente al pronunciarse por el antineoliberalismo. Las opciones que han prevalecido han sido el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia".

Arauz añadió que en caso de ganar, la relación con Estados Unidos "va a ser excelente" y las condiciones de un acuerdo de septiembre pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 6 mil 500 millones de dólares "no podrán ser cumplidas por nuestro gobierno porque atentarían directamente contra los bolsillos de las familias ecuatorianas".

El FMI está "abierto" a ajustar el programa con el nuevo presidente "en caso de que el gobierno así lo desee", dijo el director del organismo para las Américas, Alejandro Werner.

Pérez, quien también planea revisar el acuerdo, obtuvo un buen resultado con un discurso ambientalista y de rechazo a la explotación petrolera y minera, y es un fuerte crítico del ex presidente Rafael Correa.

Pérez apunta sus sospechas hacia Lasso y Correa

El líder indígena apuntó sus sospechas de fraude hacia Lasso y sus aliados, y contra Correa. "Tiene un pánico que entremos nosotros a la segunda vuelta", sostuvo en referencia al ex mandatario.

En 2019 fue elegido en las urnas gobernador de la provincia andina de Azuay y es el primer indígena en llegar tan lejos en la disputa por la presidencia de Ecuador, donde los pueblos originarios conforman 7.4 por ciento de la población.

Si se confirman los resultados parciales, los ecuatorianos deberán elegir entre dos alternativas de izquierda: una nacionalista, que representa Arauz, y otra de corte ambientalista que, según Pérez, dará paso a un "estado plurinacional, digno, honesto e incluyente".

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