Apretado triunfo de Maduro; lo rechaza Capriles

El chavismo sin Chávez pasó su primera prueba. Pasadas las 11 de la no­che, tras una tensa es­pera y una guerra de declaraciones y rumores que adelantaban el triunfo de los dos bandos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) compareció ante Venezuela para cantar los resultados: 50.66 por ciento de los votos para Nicolás Maduro, el “hijo de Chávez”, y 49.07 por ciento para el candidato unitario de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, quien de este modo pierde ganando, al cerrar la brecha que lo separó del chavismo apenas en octubre pasado (la diferencia entre los dos bloques venezolanos pasa de un millón 637 mil sufragios a 235 mil).

 

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, busca no dejar espacio al pataleo de la oposición: “Cuando el CNE da resultados, son irreversibles”, tras informar que las cifras corresponden a 99.12 por ciento de las actas escrutadas y con una participación ligeramente inferior a la de octubre pasado (78.7 por ciento).

 

La expresión “chavismo sin Chávez” alude solamente al hecho de que por vez primera vez en 14 años el difunto presidente no apareció en las boletas electorales. Porque ésta fue una campaña marcada por la figura del presidente y el candidato Maduro era sólo un vehículo para votar por el legado del “líder eterno” de la “revolución bolivariana”.


Guerra de declaraciones

 

Esta es la segunda elección presidencial en menos de siete meses, pero las diferencias respecto de la última comparecencia de Chávez en las urnas son sustanciales.

 

En octubre, el candidato opositor Henrique Capriles salió de inmediato a reconocer su derrota.

 

Ahora, desde la tarde, los dos bloques que disputan la presidencia de Venezuela se trenzan en una guerra de declaraciones en la que ambos insinúan que han triunfado, mientras se dicen dispuestos a esperar los resultados oficiales.

 

Los dos equipos de campaña, además, llaman a sus seguidores a permanecer en la calles. La oposición, en los centros de votación donde se practican las “auditorías” que, por ley, deben ser públicas.

 

Del lado del chavismo, el jefe de campaña Jorge Rodríguez ordena dar “cauce a la energía” del pueblo y convoca a sus seguidores, al filo de las 8 de la noche, a concentrarse en el Palacio de Miraflores.

 

Media hora después, el vocero de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, tilda de “irresponsable” a Rodríguez y demanda a las fuerzas armadas garantizar la paz del país: “Aquí, hoy, no están permitidas manifestaciones públicas, y menos en el Palacio de Miraflores”.

 

En sus declaraciones públicas y en las redes sociales los dos bandos festejan desde temprano y se acusan mutuamente de engañar al pueblo.

 

La guerra en las redes sociales crece. Las cuentas de Twitter de Maduro, del PSUV y de Teresa Maniglia, directora de comunicaciones presidenciales, entre otras, son víctimas de hackers. “Comandante, por ahora los objetivos no fueron alcanzados, la lucha sigue”, escribe el impostor en la cuenta de la funcionaria.

 

“Ningún tipo de táctica sucia desde Bogotá va a torcer la voluntad del pueblo… es una muestra de desesperación”, dice Rodríguez, en referencia a las ligas del publicista de Capriles con el Partido de la U, del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.

 

Los contendientes sólo coinciden en que los comicios contaron con una alta participación, similar a la de octubre pasado, que rondó 81 por ciento.

 

Fuera de eso, se dan con todo, mientras el general Wilmer Barrientos, jefe del Plan República, encargado de la seguridad durante los comicios informa de 43 detenciones en diferentes partes del país, asegura que ha ordenado “intensificar el patrullaje para garantizar el orden” y critica a los medios de comunicación opositores que difunden sin cesar incidentes ocurridos de mañana “que fueron solventados”.

 

“¡Comienzan a llegar las actas y resultados... ¡crece el optimismo!”, suelta un opositor en las redes, en un tuit que resume el tono general de los enviados por los votantes y dirigentes de la oposición.

 


“Quienes ahora están llamando a guarimbear (bloquear calles) son los que ya se sienten perdedores”, escribe el ex ministro chavista Jesse Chacón.

 

“Intervencionismo” estadunidense

 

Tras votar, Maduro anuncia que este lunes presentará “nuevas pruebas directas del intervencionismo de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en la situación interna de Venezuela”.

 

A principios de marzo, poco antes de anunciar la muerte del presidente Chávez, Maduro ordenó la expulsión de dos agregados militares de la embajada de Estados Unidos a quienes acusó de conspiración.

 

Hoy pregunta: “¿Qué pasaría si un militar venezolano, agregado militar de Venezuela en la embajada en Washington, comienza a buscar militares en el Pentágono para que desconozcan la autoridad de (Barack) Obama o para que se alcen en armas contra Obama?”

 

Fiel al eje de su campaña, Maduro se traslada al Cuartel de la Montaña, donde se hallan los restos del presidente Chávez, y con una mano sobre la placa de mármol dice: “Padre, dame la bendición hoy”.

 

Una salva de artillería es disparada en punto de las 4:25 de la tarde, hora de la muerte del presidente.

 

A lo largo de la jornada, Maduro y varios dirigentes expresan una y otra vez su compromiso de respeto al voto.

 

Resume Rodríguez en su comparecencia de las 8 de la noche lo que ahora se lee como un anticipo de una elección cerrada: “En el supuesto de que el comando antichavista gane por un voto, nosotros vamos a reconocerlo, pero en el supuesto de que nosotros ganemos al menos por un voto, vamos a defender esa victoria con nuestro pueblo”.

 

“Si fuera necesario, estaremos en condiciones de defender acta por acta”, sentencia el opositor Aveledo.

 

En una de las sedes del comando opositor, poco antes del anuncio de los resultados, se escuchan comentarios de este tenor: “Te aseguro que si Maduro hubiera ganado ya habrían anunciado el resultado”, dice una mujer, en referencia a la demora del CNE, que había prometido dar el anuncio tres horas después del cierre de las mesas de votación.

 

Otra señal de optimismo para los opositores es que se monta un templete y se cierra la avenida principal de Bello Monte, como a la espera de una celebración.

 

En un barrio clasemediero del municipio de Chacao no hay las tradicionales filas enormes, pero decenas de ciudadanos se mantienen a las afueras del centro de votación en chorcha dominical.

 

Cuatro mujeres maduras ana­lizan las campañas bajo una carpa, en un lugar donde el voto antichavista siempre supera 80 por ciento. “Los oficialistas van mal, están asustados; mi nuera trabaja en el canal de televisión del Estado y me lo dijo”, dice una, que se va pronto.

 

Luego hablan de su candidato. “En esta campaña Henrique estuvo más crecido, más seguro y sabio”, dice Martha Rivera, abogada.

 

Aunque desean con todas sus fuerzas que el candidato opositor triunfe, no están del todo seguras de la victoria.

 

–¿Y qué les parece cuando Capriles ofrece continuar los programas de Chávez?

 

–Está bien, es la única manera de ganar –dice Nélida Albarrán, pintora.

 

En el otro extremo de la ciudad, una pequeña multitud espera que Maduro salga de su centro de votación.

 

Un cuarentón con dos tatuajes en el brazo derecho lanza consignas. Se llama Alejandro Cedeño y trabaja de vigilante en un parque. “Al Che ya lo tenía, la firma del presidente Chávez me la hice apenas la semana pasada”, dice con orgullo.

 

–El candidato Maduro ha dicho que respetará los resultados si pierde. ¿Qué pasaría si gana Capriles?

 

–¡No! Sería la locura, habría explosión social y ellos no aguantarían a este pueblo en la calle.

 

Por Arturo Cano
Enviado

Lunes 15 de abril de 2013, p. 2
Caracas, 14 de abril.

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“¿Qué hora es? ¡La hora es ahora!”, proclamaron este miércoles decenas de miles de personas frente al Capitolio en Washington para apremiar a congresistas a que aprueben de una vez por todas una reforma migratoria que ofrezca una alternativa de legalización para los 11 millones de extranjeros sin papeles que viven en Estados Unidos.

 

Horas antes, inmigrantes procedentes de todo el país, sobre todo latinos, abarrotaron las oficinas de los congresistas estadunidenses para exigir su apoyo a la ley, que deberá ser una solución bipartidista que daría un vuelco sin precedente al sistema migratorio del país y de la que se habla desde hace más de una década.

 

Los manifestantes vestidos de blanco llevaban pancartas con reclamos para una reforma migratoria “ahora” que desplegaron durante horas frente al edificio que alberga el parlamento estadunidense. La movilización fue convocada por organizaciones de migrantes y sindicatos.

 

Con el Capitolio a sus espaldas, activistas, indocumentados afectados por las actuales leyes, políticos y figuras como la cantante puertorriqueña Olga Tañón, subieron a un escenario para recordar al gobierno del presidente demócrata Barack Obama y a los congresistas que el pasado noviembre la demanda de una reforma migratoria sonó fuerte en las urnas.

 

“No hay excusas para resignarnos a un fracaso en la reforma migratoria”, afirmó entre aclamaciones el congresista demócrata Luis Gutierrez, uno de los más férreos impulsores de este asunto en el Congreso.

 

“Sigan presionando (al Congreso) y juntos lograremos una reforma este año, no nos den ningún lugar donde escondernos”, pidió a la multitud.

 

Acompañaron a Gutierrez más de una docena de asambleístas y senadores, en su mayoría latinos, como el legislador de Texas, Joaquin Castro, una de las nuevas estrellas del Partido Demócrata.

 

También habló a la multitud el demócrata Bob Menendez, uno de los integrantes del grupo de los ocho, el equipo de senadores bipartidistas que elabora una propuesta de ley migratoria desde febrero.

 

“Tendremos una reforma este año”, prometió Menendez.

 

Previamente, en declaraciones a periodistas, Menendez había asegurado que el grupo de los ocho tendrá finalmente redactado el texto de una propuesta de ley a principios de la semana próxima.

 

“Esperamos que para el lunes o martes a más tardar tengamos completamente escrita la propuesta legislativa”, dijo.

 

Menendez justificó el retraso en la presentación de la iniciativa –en un principio el grupo bipartidista había prometido tener un texto para finales de marzo– por lo “compleja” que resulta una ley como ésta, pero aseguró que los puntos principales ya están “acordados” y que sólo queda redactarlos en forma de normativa lo cual, dijo, podría darse “el lunes o martes próximos”.

 

“Ya tenemos los acuerdos sobre todos los conceptos principales”, aseguró Menendez.

 


Entre los elementos ya acordados estarían, de acuerdo con el demócrata, “la vía a la legalización y la ciudadanía”, la “seguridad en la frontera”, la “oportunidad” para los jóvenes dreamers (soñadores, los favorecidos por la ley que prorroga la deportación de jóvenes que estudien, estén en el ejército y no tengan antecedentes penales) y los trabajadores en el campo.

 

“Todo eso está acordado, pero tenemos que escribir la ley porque es muy importante para asegurar lo que tenemos que lograr, que esté escrito correctamente y por eso nos tomamos más tiempo”, justificó.

 

El diario The Wall Street Journal aseguró, por otra parte, y citando como fuente a “personas familiarizadas con la propuesta” que ésta podría ser muy dura en los requisitos de seguridad fronteriza. De hecho, según el rotativo, los indocumentados no podrían calificar para la residencia hasta que toda la frontera con México esté bajo vigilancia y se logre detener 90 por ciento de los ingresos ilegales.

 

El director del influyente grupo pro inmigración, America’s Voice Education Fund, Frank Sharry, admitió que la propuesta final no será del gusto de todos y que tendrá concesiones al sector más conservador que exige garantías en materia fronteriza, pero subrayó que la línea roja es la ciudadanía.

 

“Habrá partes que no nos gusten, pero si hay un camino claro para la ciudadanía e incluye a los 11 millones de indocumentados, entonces será realmente significativo, ésa es la cuestión central”.

 

Algo que según Menendez sí está garantizado es que todos los sin papeles del país, incluidas personas con TPS (Estatus de Protección Temporal) van a tener una vía para la legalización”, aseveró. Pero no mencionó una de las cuestiones que más inquietan a los migrantes: cuánto tardará el proceso de legalización, que se teme pueda prolongarse más de una década.

 

La reforma migratoria es una promesa renovada del presidente Obama, quien ha reconocido públicamente en repetidas ocasiones que, en buena parte, debe su relección al decidido voto hispano. Y éste cuenta entre sus prioridades con una reforma migratoria que busque ante todo una salida legal a los más de 11 millones de indocumentados.

 

Así lo recordó Sharry: “hoy la comunidad se ha plantado ante el Congreso a decir: votamos en noviembre y ya es abril. Queremos una propuesta de ley, y la queremos este año”.

 

En este sentido se expresó el director del Center for Community Change, Deepak Barghava.

 

“La comunidad está demandando una acción del Congreso ya mismo”, señaló a Dpa.

 

“Han esperado 15 años por un camino hacia la ciudadanía y el mensaje de esta manifestación es que el momento es ahora”.

 

No sólo en Washington hubo marchas, también en ciudades como Atlanta, en Georgia, miles de inmigrantes se plantaron ante el congreso local para exigir una reforma.

 

Dpa, Afp y Notimex

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La Cámara de Diputados uruguaya refrendó ayer el proyecto de ley aprobado hace una semana en el Senado para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así el país charrúa se convierte en la décimo segunda nación en adoptar esa medida y en la segunda de América latina, acompañando a la Argentina. La Ley de Matrimonio Igualitario, rechazada por la Iglesia Católica uruguaya, fue aprobada con el voto a favor de 71 y 21 votos en contra de los 92 parlamentarios presentes en la sesión, en medio de la euforia que se desató en las gradas del Parlamento por parte de militantes de los derechos del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual y Trans.

 

Fuentes legislativas informaron que el resultado de la votación, que se realizó después de cuatro horas de sesión parlamentaria, no estuvo exenta de polémica. La aprobación se produjo gracias no sólo al voto del bloque oficialista Frente Amplio, impulsor de la iniciativa, sino también de un buen número de parlamentarios opositores. Uno de los aspectos controvertidos de la jornada fueron las observaciones que el diputado opositor Jaime Trobo, del Partido Nacional (Blanco), hizo del procedimiento legal por el cual se llegó a la aprobación. Fuentes legislativas indicaron que durante la discusión los legisladores admitieron que la ley aprobada en el Senado contenía errores, lo que en teoría debería haber forzado a los diputados a realizar cambios y a convocar una nueva votación en una sesión conjunta de las dos Cámaras.

 

Como solución, “el Frente Amplio dijo que una vez que se promulgue, va a redactar una ley modificativa de ésta” para su posterior aprobación, agregaron las fuentes. Al respecto, Trobo afirmó: “No se pueden votar cosas a sabiendas de que vamos a tener que modificar esos errores jurídicos u horrores jurídicos”.

 

La Cámara ya había aprobado la iniciativa en diciembre por 81 votos afirmativos sobre un total de 87, pero como la semana pasada se le realizaron modificaciones durante su tratamiento y aprobación en el Senado (donde fue cosechó 23 de los 31 votos de esa cámara) volvió a Diputados. Por ello fue necesario que la Cámara baja ratificara el nuevo texto antes de que el presidente José Mujica la promulgue.

 

El primer artículo del proyecto aprobado en la Cámara baja señala que la institución del matrimonio “implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de éstos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil”.

 

Uno de sus aspectos más llamativos tiene que ver con la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que será acordado por los dos cónyuges o mediante sorteo en caso de falta de acuerdo y que alcanzará también a los matrimonios heterosexuales.

 

También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación “in vitro”, por la reserva de la identidad de los donantes de esperma. En medio del proceso legislativo, la Iglesia católica pidió a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa que, a su juicio, va “en contra del proyecto de Dios”.

 

Ayer, la Conferencia Episcopal Uruguaya recordó, además, las críticas que efectuó a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina el papa Francisco mientras se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. “Está en juego la identidad y la supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos”, destacó en su momento el actual Papa. En opinión de la Iglesia uruguaya, la ley representa un nuevo retroceso en un ordenamiento jurídico que ha fundado su existencia en el respeto y la defensa de la institución familiar, “base constitucional de nuestra sociedad”.

 

Advirtió también que en el país “se legisla siguiendo modelos provenientes del extranjero” y criticó que ello se hace “sin el debido análisis antropológico y sin profundizar las consecuencias” que las alteraciones legales conllevan para el conjunto de la sociedad uruguaya en el tema de la familia.

 

El matrimonio homosexual es legal en España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y Argentina, así como en seis estados de Estados Unidos, la capital mexicana, el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas.

 

El diputado Sebastián Sabini, del oficialista Frente Amplio, dijo que la aprobación del proyecto significaba “un gran avance en materia de derechos sociales” que “complementan la inclusión que estamos llevando a cabo en lo político y económico”. Además, Sabini reconoció como un antecedente muy importante la sanción en Argentina de un proyecto similar en 2010 porque ayudó mucho a abrir el debate en Uruguay. “Es importante que toda la región avance de forma conjunta”, agregó.

 

En esa misma línea, el vocero del movimiento Ovejas Negras, Federico Graña, resaltó la buena noticia que significa la rápida aprobación de la iniciativa, y la puso en la línea de otros buenos proyectos en la materia, como el argentino. Graña confirmó que la agrupación convocó a una conferencia de prensa al final de la sesión para reflexionar sobre una ley que calificó de histórica y para agradecer a mucha gente que hizo posible esta conquista.

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Miércoles, 10 Abril 2013 07:21

“La economía venezolana es sostenible”

“La economía venezolana es sostenible”

Los vaticinios apocalípticos sobre la economía venezolana abundan tanto en el propio país como en el extranjero. Las dos devaluaciones del presidente en funciones Nicolás Maduro en los últimos dos meses sirvieron para abonar las tesis de los que predicen el colapso de la economía y aseguran que el modelo chavista es insostenible. Si la tasa de pobreza cayó en un 37,6 por ciento y la de pobreza absoluta en un 57,8 por ciento desde 1999, sus críticos aseguran que fue a costa de la salud de la economía misma. El año pasado Venezuela creció más de un 5 por ciento, pero según la proyección del Banco Mundial este año lo hará a sólo un 1,8 por ciento. Página/12 dialogó con el codirector del heterodoxo Center for Economic and Policy Research de Washington, Mark Weisbrot, quien publicó poco antes de las elecciones del año pasado un informe sobre la economía venezolana en el que descartaba la posibilidad de una hecatombe.

 

–Desde aquel informe ha habido dos fuertes devaluaciones. ¿No ha cambiado de opinión?

 

–Venezuela tiene problemas económicos, pero todos son perfectamente solucionables. En otras palabras, la economía venezolana no tiene un problema de sostenibilidad. En 2006 en Estados Unidos hubo una burbuja inmobiliaria que inevitablemente iba a terminar en desastre. Era un desequilibrio insostenible. En Venezuela las devaluaciones se deben a que eran necesarias en un régimen de tipo de cambio fijo porque su inflación era mayor que la de sus socios comerciales. En los ’70 esto no habría importado porque una inflación del 20 por ciento era común. Ahora, como las otras economías tienen una inflación más baja, la moneda venezolana termina apreciándose. Las devaluaciones sirvieron para corregir este desequilibrio.

 

–Sin embargo, el gasto fiscal creció en un 30 por ciento el año pasado y el déficit fiscal es de alrededor de un 12 por ciento. ¿Es esto sostenible o el gobierno tendrá que achicar inevitablemente el gasto?

–No creo que un gasto de esa magnitud se pueda sostener durante 10 años, pero sí por un tiempo considerable si uno tiene una estructura de deuda como la que tiene Venezuela. En un país exportador de petróleo hay que fijarse en dos cosas para analizar la estructura de su deuda. Está la deuda externa y la interna. La interna es en bolívares y a una tasa de interés cero o negativa si se toma en cuenta la inflación, de manera que no afecta al gobierno. En cuando a la deuda externa, cuando uno la analiza en términos de las exportaciones, que es el patrón de medida más estricto, ve que es perfectamente sostenible. Los intereses constituyen entre un 3 y un 4 por ciento de sus exportaciones. Medido en relación al Producto Interno Bruto, la deuda pública venezolana no llega al 50 por ciento. En comparación, la Unión Europea tiene una deuda del 82 por ciento y países en crisis como Grecia o Italia superan generosamente el ciento por ciento.

 

–De manera que hay espacio para que el Estado estimule la economía.

 

–Con estas cifras de fondo tendrían que hacer más e invertir en infraestructura, en lo posible siguiendo el modelo chino en el que no se importa todo lo que se necesita, sino que se activa la propia industria. Lo que está claro es que la solución no es la austeridad. Si uno mira lo que sucedió después de 2002, la economía se duplicó en los siguientes cinco años en términos reales, es decir, una vez tomada en cuenta la inflación. El sector privado respondió a esto y fue un gran creador de empleo.

 

–En su análisis del año pasado usted criticaba al gobierno por no haber invertido de manera contracíclica, es decir, aumentando el gasto en un momento de desaceleración económica.

 

–En el último trimestre de 2008 y en 2009 no lo hicieron y por eso tuvieron una recesión por un año y medio. Lo podrían haber evitado. No creo que vuelvan a cometer el mismo error. Venezuela no tiene el problema del euro. Tiene su propia moneda, de manera que su vulnerabilidad está por el sector externo, es decir, por la posibilidad de una crisis en la balanza de pagos. La mayoría de los comentaristas contrarios al chavismo, es decir, la gran mayoría de lo que se lee en el extranjero, apuntan a esto porque es la única vía por la que podría haber una crisis terminal. Esta crisis no se va a producir por tener una inflación del 20 o el 30 por ciento. Es un problema, sería mejor que estuviera más baja, pero no es una hiperinflación. Corea del Sur tuvo más del 20 por ciento de inflación durante los ’70 cuando eran la economía que más crecía en todo el mundo. De manera que la única esperanza para los que quieren ver el fin del actual gobierno es una crisis de la balanza de pagos. Dada la estructura de la economía venezolana, no creo que esto sea posible.

 

–Usted dijo que convendría que la inversión en infraestructura se hiciera con empresas venezolanas. Este ha sido un problema que Hugo Chávez no pudo resolver, el de la diversificación económica respecto del petróleo.

 

–Los primeros cuatro años Chávez tuvo que concentrarse en la mera supervivencia por los ataques de la oposición que llevaron al golpe militar de 2002. Una vez pasado esto se concentró en los programas de salud y educación. Diversificar una economía es una cosa muy difícil. El gobierno de Ecuador es uno de los mejores que he conocido, pero no pudo diversificar la economía. Es difícil, toma mucho tiempo. El gobierno de Chávez lo intentó, pero podría haber hecho más. Podría haber tenido una política industrial eligiendo un sector para desarrollar con incentivos tal como hicieron Corea del Sur o China o Japón. Este proceso tiene que ser liderado por el Estado en los países en desarrollo. Pero es difícil. Creo que Venezuela no tenía la capacidad administrativa para un programa de esta naturaleza y por eso Chávez no lo hizo.

 

–Con la muerte de Chávez, ¿cómo va a ser el poschavismo a nivel económico?

 

–Es difícil de prever porque dependerá de las medidas que se adopten. El escenario catastrófico ha sido muy exagerado: no va a suceder. Si lanzan un buen programa de inversión en infraestructura, la economía va a crecer nuevamente y el crecimiento tiene su propia dinámica al reducir la pobreza, incrementar el empleo y estimular al sector privado. Es lo que pasó después de 2002 y volvió a suceder en los dos últimos años.

 

–¿Hay posibilidad de que restrinjan lo que se ha llamado la petrodiplomacia, la venta de petróleo a precios preferenciales?

 

–No creo porque es muy importante para ellos. Una cosa de la cual no se escribe en la prensa internacional es que Venezuela es probablemente el principal objetivo de Estados Unidos después de Irán. Han invertido mucho dinero en desestabilizar a Venezuela. Acaba de salir un nuevo memo de Wikileaks sobre los planes del ex embajador en Caracas William Brownfield para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. El plan era muy claro: sacarlo a Chávez. De manera que es posible que hagan algún recorte, pero nada sustancial, porque es muy importante para ellos y tienen una visión de una integración profunda de América latina y el Caribe.

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Miércoles, 10 Abril 2013 07:08

La democracia como verdad y mentira

La democracia como verdad y mentira

En agosto del año pasado celebramos en Centroamérica el 25 aniversario de los acuerdos de Esquipulas, la llave para la solución política de la guerra que envolvió a toda la región a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado. Y este mes se celebra un cuarto de siglo de los acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno sandinista y la Resistencia Nicaragüense, la contra, que abrieron el camino hacia las elecciones pacificadoras de 1990, y que el sandinismo perdió.

El escenario global cambiaba entonces, se deshacía el bloque soviético, se acababa el mundo bipolar, y en esta pequeña esquina del tablero la democracia se convertía por primera vez en décadas en el actor principal, y decisivo. Desde entonces empezamos a elegir gobiernos sin importar más su color ideológico, y los golpes de Estado se volvieron asuntos del oscuro pasado, salvo por el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, que ojalá siga siendo una excepción. Hay dos gobiernos electos provenientes de organizaciones guerrilleras, en El Salvador y Nicaragua. También hay en Guatemala un presidente que procede de los altos rangos militares, pero no a consecuencia de un golpe de Estado, sino de elecciones democráticas. Podemos afirmar que por primera vez estamos viviendo bajo las reglas de la democracia representativa.

 

El promedio de participación electoral en Centroamérica ronda 70 por ciento, contra 40 por ciento o menos en Estados Unidos. ¿Qué hemos ganado, en fin de cuentas, hasta hoy? Que en la gran mayoría de nuestros países podemos votar con confianza, sin temor a los fraudes. Es una cuenta positiva, pero para defenderla hay que ponerla en cuestión. No podemos dar por garantizado que no habrá retrocesos. Que las instituciones no sean manipuladas, ni malversadas, ni sujetas a voluntades autoritarias, ni a la corrupción, ni a las influencias del narcotráfico, o lo que es peor, a una mezcla maligna de todo eso.

 

¿Funciona entonces la democracia en Centroamérica? ¿Son las instituciones suficientemente sólidas? ¿Tenemos garantizada la supervivencia del sistema a largo plazo? ¿Son los jueces independientes del poder político? ¿Existe de verdad la libertad de expresión en todos los países del área? ¿Se puede confiar en la transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Nos hemos librado de la impunidad? ¿Se ha ausentado para siempre el caudillismo? Desgraciadamente no. Las elecciones periódicas no son capaces de responder por sí solas a este conjunto crucial de preguntas. Un sí a todas ellas significa la plena democracia. Pero aún tenemos varios no pendientes.

 

Y entre todas esas preguntas, hay aún otra de trascendental importancia: ¿ha sido capaz en estos años la democracia de generar bienestar? ¿Ha sido capaz de producir cambios estructurales? Reducción en los niveles de extrema pobreza, distribución equitativa de la riqueza, un sistema tributario justo, empleos calificados, la ampliación de la clase media. Cambios profundos en el sistema educativo, para que llegue a ser capaz de producir desarrollo real. Cobertura universal, escolaridad básica de al menos ocho años, tasas efectivas de retención escolar, calidad de la educación. ¿Cuánto más se está invirtiendo en la educación? Las instituciones financieras y la Unesco aseguran que, sin duplicar al menos la inversión en educación, las modestas tasas de crecimiento alcanzadas hasta ahora en Centroamérica seguirán congeladas, y en el futuro seguiremos teniendo, por tanto, un desarrollo mediocre. Marcar el paso no es avanzar. Y para avanzar se necesitan dos bases imprescindibles: educación e institucionalidad democrática.

 


La autocracia sigue siendo una amenaza. Cuando el poder personal debilita a los partidos políticos y debilita a la sociedad civil, la democracia empieza a asfixiarse. Es mala la excesiva fragmentación política, porque perjudica el sistema de partidos y convoca la ingobernabilidad; y es mala la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona porque destruye la participación democrática y a la postre llegará a transformarse también en ingobernabilidad, como la historia nos enseña.

 

Un primer balance razonable nos debería convencer de que, pese a todos sus tropiezos, y a veces retrocesos, la democracia es una obra en marcha, que se sigue por el sistema de prueba y error en el que, al menos eso deseamos, la cantidad de yerros vaya siendo cada vez menor que la de aciertos. Los ciudadanos, mientras más ciudadanos sean, elegirán cada vez mejor. Y mientras más educados sean, elegirán aún mucho mejor. Siempre que no se les impida. Y para que el voto sea confiable y efectivo, los órganos electorales deben ser ejemplarmente transparentes e independientes.

 

La democracia tiene que enfrentar amenazas, y algunas de ellas son mutables. Cambian de rostro y de ropaje. Hoy escuchamos hablar de proyectos políticos de nuevo socialismo, que, precisamente porque en su concepción populista marginan la participación pluralista de la sociedad, se convierten en proyectos antidemocráticos. Éstas son más bien utopías regresivas, porque, por desgracia, la ambición de controlar a la sociedad desde el poder es de vieja data en el continente americano, y no nos dice nada nuevo.

 

Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible. Es lo que ocurre en Nicaragua.

 

Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia, o más bien la destruye. La historia de América Latina puede ser vista también como un museo, donde estos proyectos mesiánicos y mentirosos se apolillan en sus urnas

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Por la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna

En nuestro país, desde el surgimiento como República en el siglo XIX, vivimos ciclos de guerras, armisticios, acuerdos de paz, constituciones. Se podría decir que el Estado–Nación inconcluso ha estado marcado por la guerra en largos y repetidos períodos y la paz efímera. Como hoy se reconoce de manera amplia, el último ciclo de guerra se abre el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio de la élite para bloquear el proyecto de democratización popular, y para viabilizar el desarrollo capitalista en medio del terrorismo de Estado.


Desde aquel 9 de abril de 1948 la guerra no ha cesado. Los asesinados de manera violenta, bajo la complicidad del Estado que debiera protegerlos y de los gobiernos de turno que tendrían que velar por su bienestar se cuentan por miles de miles, los desplazados y los despojados de sus bienes muebles e inmuebles se cuentan por millones. Amparados en esta violencia con marca oficial, en este largo y penoso proceso se potencian, desarrollan y consolidan las estructuras palpables que dinamizan la dialéctica del conflicto colombiano, a saber:


-El modelo agrario: cada día más excluyente, de acaparamiento creciente de la tierra en pocas manos y despojo violento de las comunidades rurales. La brutalidad del despojo sufrido por los campesinos ha sido tal que el índice Gini alrededor de la tenencia de tierra en 1985 era de 0,35 y en 2011 se trepa a un aberrante 0,85, lo que hace de nuestro país una de las naciones más desiguales del mundo en su estructura agraria.
-El modelo urbano: orientado hacia la especulación urbanística, el uso del vehículo y el comercio de mercancías, donde las familias cuentan cada día con menos espacio para el disfrute del descanso, el derecho a la recreación, y la vida digna.


-El capitalismo neocolonial –al servicio de los poderosos de dentro y fuera del país–, donde la economía se planifica al calor de los 8 Tratados de Libre Comercio ya firmados por las clases dominantes de nuestro país, y la garantía de las exenciones tributarias para las transnacionales, las misma que suman más de 9 billones de pesos, dinero más que suficiente para garantizar la gratuidad de la educación superior o la salud para todos aquellos que habitan en Colombia.


-El régimen político antidemocrático y policivo, que le ha impedido a varias generaciones de colombianos/as conocer la felicidad, la vida en justicia, la participación efectiva y la paz digna, potenciando como correlato la opción del ejercicio de la violencia revolucionaria por parte de miles de connacionales (a través de la lucha armada guerrillera) como única opción que han encontrado para proteger su vida, al tiempo que luchar por el poder político.


Una realidad que oprime y excluye. Como lo han padecido millones de connacionales desde la década de los años 40 del siglo XX, el Estado y los gobiernos de turno han estado al servicio de la guerra contra las mayorías nacionales; sin duda, el país político ha tratado de someter al país social, sin lograrlo a plenitud, y hoy estas mayorías reclaman otro tipo de modelo económico y político, reclaman, sin descanso, paz justa.


En esta pugna entre los pocos contra los muchos, entre los ricos contra los pobres, nuestro país padeció, en especial durante los últimos 30 años, una avanzada militar, política y económica del proyecto que ha regido los destinos del país por siglos, cuyas consecuencias las narran los millones de despojados y desplazados que copan sus principales centros urbanos, en los cuales, al mismo tiempo, la lucha por el territorio se encona con el paso de los días. Otra de sus consecuencias es el debilitamiento de las guerrillas revolucionarias, a pesar de lo cual no han podido ser derrotadas

 

Es una lucha enconada. Para que llegue a su fin, el Estado y un sector de la insurgencia (las Farc-ep) intentan en La Habana un acuerdo de paz: las élites para dar garantías a la inversión nacional e internacional de capitales; las Farc-ep, para buscar otras maneras de hacer viable su proyecto social y político.


Desde el movimientos social, diversas experiencias organizativas de lo comunitario, nos afincamos en la necesidad que tiene el país de poner en práctica profundas y urgentes transformaciones económicas y políticas que permitan la justicia, la igualdad, la soberanía, al tiempo que consideramos que hoy la PAZ es una necesidad histórica para facilitar estos propósitos, pero también para recomponer las fuerzas populares alternativas y conquistar condiciones para la disputa del poder político.


Por todo esto, proponemos al pueblo colombiano la siguiente agenda de creación de un momento político para reagrupar las mayorías y construir un nuevo proyecto de país, liderado por las fuerzas más dinámicas que lo integran:

 

Gran dialogo nacional:


La solución política al conflicto social, político, económico y armado no cabe en la estreches del diálogo bilateral de las Farc-ep y el gobierno nacional; es imprescindible un gran diálogo nacional que tenga como resultado la implementación de una Asamblea nacional para la paz donde los pueblos, el resto de la sociedad civil, las insurgencias y el Gobierno nos encontremos cara a cara para discutir el país que necesitamos.

 

Diálogos regionales, que hablen los territorios y se decida en ellos:


La solución al conflicto social, político, económico y armado –tomando el diálogo como su principal herramienta–, debe estar anclada en los territorios, allí donde se vive lo más cruento de la conflagración armada, al tiempo de lo más ruin de la explotación y despojo que instaura este sistema. De esta manera, es definitivo el diálogo regional por la paz que involucre a los pueblos, gobiernos locales, el movimiento guerrillero y el resto de la sociedad.


Acuerdos humanitarios generales y regionales


Apoyar la realización de acuerdos humanitarios generales y regionales, que rebajen la intensidad del conflicto y sus secuelas que padecen los más pobres entre los pobres, ayuden a crear condiciones para la potenciación de los movimientos sociales y para la reconstrucción de las fuerzas revolucionarias y democráticas.


Combate frontal y desarticulación de los grupos paramilitares:


Con el nuevo título de Bacrim, el Estado y los gobiernos desligan su responsabilidad política de la tercera entrega del paramilitarismo en Colombia. Urabeños y Rastrojos son la readaptación del viejo libreto de la burguesía narcotraficante existente que se alía con poderes locales y fuerzas militares para mantener el rentable negocio del despojo, del monoproducto cocalero, de la destrucción de la economía campesina y la perpetuación de las economías ilegales. A través de ellos el Estado ha copado territorios a la vez que permite la perduración de la base social del guerrerismo que disputa con violencia total todo proyecto de solución política, reivindicaciones sociales y país distinto.


Democratización de nuestra sociedad


Desmonte de los elementos del fascismo que estructuran el poder político de las clases dominantes: las estructuras legales y de legislación fascista, que incluyen la desmilitarización de la Policía, la reforma de los códigos de la convivencia y seguridad ciudadana, el desmonte de cámaras de control y vigilancia por doquier, la desestructuración de las redes de apoyo ciudadano a los aparatos armados del Estado, pero también cesar la aplicación del terror en la vida cotidiana de nuestra sociedad, desmontar los grupos paramilitares y del narcotráfico y sus redes territoriales que están utilizando el microtráfico para el control de los territorios urbanos, la persecución a la opinión disidente.


Construcción de acuerdos humanitarios de carácter regional:


Que las fuerzas mismas de los territorios acuerden salidas transicionales tanto con las insurgencias, los gobiernos y las Fuerzas Militares (desminados humanitarios, desmilitarización de escuelas y cascos urbanos, cese de confrontaciones en zonas de clara ubicación de la sociedad civil, etcétera).

 

Reconocimiento de los derechos civiles y políticos a presas y presos políticos


Reconocer los derechos civiles y políticos a los detenidos y detenidas políticas en razón del conflicto que padece el país, hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles sobrellevando una vida indigna –recogiendo las recomendaciones que la Auditoría Internacional ha hecho al Gobierno– abriendo caminos para el más amplio diálogo con ellos, y claro está, para su libertad.


Con las víctimas por la verdad, justicia y reparación


Defender los derechos de las víctimas en cuanto a verdad,  justicia, reparación y garantías de no repetición del terror padecido.

 

La lucha por una nueva sociedad pasa por concretar la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna. Esta es nuestra voz, nuestras caminar diario es por su concreción. No permanezca indiferente, venga y caminemos juntos por y para su efectiva realización.

 

Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo –Modep–

Rebeldía Estudiantil Organizada –REO–

Desde Abajo

Comités de estudio y trabajo sindical –©ets–

Dignidad Educativa

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Los Patrones –entre la barbarie y la impunidad.

En Colombia la figura del patrón asociada a poderosos criminales es asunto cotidiano. Los patrones representan la vigencia del mundo medieval y encarnan los más grandes episodios de terror y humillación a la condición humana. El patrón es el que está por encima de las leyes, de las reglas y de los límites que puedan anunciar los derechos. Los patrones encarnan tres condiciones: son propietarios de la tierra y de las riquezas que estas provean y  quienes habitan en ella, están a su merced como súbditos que deben lealtad al señor a cambio de la cual reciben protección militar, ayuda económica y reconocimiento social; constituyen una especie de monarcas, de reyes, que son protegidos por sectores de la clase política y económica, militares y la iglesia católica. Esta última asiente que el poder del patrón tiene alguna procedencia divina y; son redefinidos y presentados socialmente por sus aliados y socios como líderes, capaces de pacificar y ejercer un poder absoluto e incuestionable en los territorios controlados con su poderío económico y militar.


Los patrones asumen que solo ellos tienen derechos, hacen depender de ellos la vida de cualquier otro, bien sea de entre quienes están a su servicio y son colocados en situación de inferioridad o de quienes califican como adversarios o críticos. Igual hacen depender de ellos los deseos y la satisfacción de necesidades de quienes son cobijados por su manto. Ellos definen los modos de relacionarse, de vestirse, de vivir en los territorios bajo su control, imponen toques de queda e indican las estrategias de guerra. Su servidumbre trata de imitarlos, de seguirlos, de complacerlos, saben que se está más cerca o lejos de ellos según los hechos de lealtad que logren demostrarle.  Se miente, se envilece, se injuria, se calumnia, se traiciona o se mata para complacer al patrón. Un buen súbdito es el que pone su vida al servicio del patrón, el que está siempre dispuesto a matar o morir por él, es capaz de torturar, mutilar, ofender, humillar,  para que el patrón sepa de su valentía.

 

Cuando muere un patrón, sus súbditos, socios y aliados tratan de convertirlo en mito, en leyenda. Por estos días en Colombia ha muerto quizá el más poderoso patrón de los últimos cincuenta años. Un férreo campesino que logró sentar a otros patrones en la misma mesa para imponerles sus propias reglas. Se hizo propietario de un millón de hectáreas e incalculable número de cabezas de ganado, recibió la concesión para la explotación sin reglas de las minas de esmeraldas más importantes del mundo, fue el esmeraldero que obtuvo el mayor reconocimiento en este campo de negocios, comerció con extranjeros (japoneses, australianos, americanos, brasileros), propuso la creación de una bolsa mundial de la esmeralda y pasará a la historia de quienes tuvieron relación con el como el pacificador del occidente de Boyacá. No se ha calculado su fortuna, buena parte de ella sostenida a través de terceros, pero habrá que contarla en miles de millones de dólares sustraídos, arrebatados del vientre de una de las regiones más ricas en recursos pero más empobrecidas y saqueadas del planeta. Allí miles de personas incluidos niños, niñas, jóvenes han sido sistemáticamente ultrajadas, degradas de su condición humana, humilladas trabajaron durante décadas de trabajo elevado al más alto grado de explotación. Niños que para pagar un plato de comida diario y un poco de agua se sumergen en profundidades de 200 y más metros bajo tierra en jornadas de sumaban hasta 15 horas diarias -muchos nunca salieron y otros fueron asesinados al salir-.


El patrón se convierte en una leyenda que sobrevivió a más treinta atentados de sus antiguos socios, evadió todas las formas de justicia incluida la de ejércitos preparados para matarlo, fue amigo y aliado de presidentes, congresistas, magistrados, generales, obispos y gentes comunes que un día recibieron una caridad o sus vidas fueron perdonadas.  


El patrón de los patrones, también es observado por haber sido el más poderoso continuador de las prácticas medievales de terror. En la zona esmeraldera bajo su dominio, que comprendía al occidente de Boyacá (y el oriente en el valle de Tenza), los muertos asociados a su poder se contabilizaron por miles. Se ha afirmado que hasta el proceso de pacificación que adoptó un modelo de Paz Romana de no agresión mutua entre patrones con perdón y olvido sin investigaciones ni castigos, firmado a comienzos de los años noventa, se habían consumado más de tres mil asesinatos que quedaron en total impunidad. Fueron víctimas de las que nadie nunca pudo reclamar e incontables las señales de terror que quedaron en los cuerpos mutilados, destrozados, quemados con el uso de prácticas de máxima barbarie.


De las minas bajo la autoridad de los patrones salían historias que rápidamente se convertían en mitos, que contribuían para que miles de desplazados de otras violencias de una misma guerra llegaran a las minas, para que los jóvenes de los sectores populares sin oportunidades y empobrecidos desertaban de los colegios y fueran en busca del embrujo verde, a enguacarse, a llenarse con el  dinero suficiente para vengarse de la pobreza, para comprar derechos, para portar un arma, para intentar hacerse socio de un patrón ya reconocido y tener autoridad, para no volver a recibir humillaciones.  De todas partes venían gentes pobres a buscar suerte en las minas, los patrones daban o quitaban esa oportunidad. En las minas se vivía un modo de sobrevivencia desprendido de todo compromiso, de toda ética, de toda responsabilidad, la única regla a respetar era mantener lealtad hacia los patrones, quien la traspasara moría.


De los patrones dependía el poder político, económico y militar. Los patrones imponían candidatos ganadores en los procesos electorales,  de ellos dependía llamar a rendir cuentas a funcionarios y fijar compromisos a candidatos para alcaldías, gobernación, congreso e inclusive presidencia. De los patrones dependían las obras públicas y los informes que salían de la región, los funcionarios estaban a merced de la autoridad suprema del patrón, su función principal era servir a los intereses de los patrones, no de la sociedad. Los funcionarios  elaboraban y presentaban informes y justificaban las decisiones ya tomadas por los patrones, lo demás eran excesos. Los altos prelados de la iglesia con presencia en la región, aunque hacían manifiesta su imparcialidad no se inhibían de exaltar a los patrones y exhibir en su pecho los enormes crucifijos de oro macizo y esmeraldas incrustadas obsequiados por los patrones, inclusive la virgen exhibía en su media luna los obsequios de los patrones.


Ninguno de los patrones emblemáticos de la región esmeraldera como Efraín Gonzales y el Ganso Ariza, lograron el poder de Don Víctor. Rodríguez Gacha el Mexicano, socio de Pablo Escobar y los hermanos Castaño, patrones todos, pusieron en evidencia la relación de las esmeraldas con la cocaína y el paramilitarismo fortalecido con la creación de 63 cooperativas de seguridad convivir en la región, cuya paternidad fue de Álvaro Uribe.  


“Don Victor Carranza”, estuvo presente en todas las etapas de la explotación, saqueo y guerra asociada a las esmeraldas y su autoridad recibida con temor para los despojados y agradecimiento por sus beneficiados y benefactores fue reforzada con la concesión privada de más del 60% de las minas de esmeraldas, que recibió del presidente Misael Pastrana y las continuas intervenciones de la jerarquía eclesiástica católica que se encargó de la construcción de un nuevo imaginario social que presenta al patrón como líder y gestor de paz.


P.D. El comercio de esmeraldas lleva al mercado negro un 300%  más de lo que se registra legalmente y sobre lo que se entregan a los municipios exiguos montos por regalías de explotación.
mrestrepouptc.blogspot.com

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Declaración universal del derecho de los pueblos a la rebelión

Considerando que la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de la inmensa mayoría de la familia humana son totalmente desconocidos y atropellados por Estados y empresas multinacionales, quienes supuestamente deberían defenderlos y respetarlos;


Considerando que las leyes del mercado sólo brindan terror y miseria a la inmensa mayoría de la humanidad –miles de millones de seres humanos– que los condena a muerte por cuestionar su orden establecido o les respeta la vida a condición de renunciar a vivir dignamente;
Considerando que el derecho a la vida está siendo permanentemente violado por los detentores del capital, sea por acciones violentas directas o indirectamente obligando a pueblos enteros a fallecer de inanición;


Considerando que el capitalismo está acabando con todas las formas de vida y con ello está aniquilando a comunidades humanas enteras;
Considerando que el estado de derecho dentro de cada Estado Nacional, en muchos casos, ha contribuido eficazmente a reproducir esta situación de hambre, terror y muerte;


Considerando que el sistema de Naciones Unidas es absolutamente incapaz de impedir esta situación;


Nosotros organizaciones y personas participantes del XI Foro Social Mundial declaramos:


Que hace mucho tiempo llegó la hora de acudir al Supremo Derecho de Rebelión;


Que deben ejercerlo pueblos, comunidades o grupos unidos por unos mismos intereses, que no son otros que la vida digna. De la vida, porque es el sustento básico sin el que no puede disfrutarse cualquier otro derecho y de la dignidad,  porque la existencia de la vida exige de unas garantías vitales: políticas y económicas, comunes para todos,  que permita a los seres humanos desplegar el otro gran derecho fundamental, el de la libertad individual;


Que el Derecho a la Rebelión colisionará con los derechos de los dueños  del poder y del Capital;


Que en ésta colisión el derecho de las  mayorías prevalecerá sobre el derecho de las minorías ricas y poderosas;


Que el Derecho a la Rebelión exigirá, al interior de quienes lo realicen, el más riguroso respeto a los Derechos Humanos, entendidos estos como una guía práctica para encontrar la armonía entre los hombres y los pueblos, y no como una religión o secta incapaz  de interactuar con otras concepciones científicas, filosóficas o culturales;


Que a más de reivindicar  y aplicar los derechos civiles y políticos, habremos de enfatizar en la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales a que son merecedores los individuos y los pueblos;


Que dada la magnitud de esta Declaración convocamos a todas las personas  y entidades a organizarse para tan magna y arriesgada tarea. El fuerte no se le rinde al débil, el organizado no cederá al desorganizado;


La atrocidad de los capitalistas contra el resto de  la humanidad, aniquilando su vida y su dignidad, exige ejercer ya el supremo derecho a la Rebelión (consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH de 1948)


Fuerzas rebeldes, Desde Djebel Lahmar, Túnez, 30-3-2013

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Venezuela: ¿La guerra o la paz en las elecciones presidenciales?

ALAI AMLATINA, 08/04/2013.- Los actores políticos, redoblan su marcha electoral en Venezuela, para concluir el jueves 11 de abril la campaña, a la espera de la concurrencia a las urnas; el domingo 14 A. Con 8 candidatos presidenciales, en el ruedo, el debate se centra en dos: Nicolás Maduro y Henrique Capriles. Una reedición cercana del 7 de Octubre de 2012, cuando Hugo Chávez se impuso por una amplia mayoría en 21 de los 23 estados y el Distrito Capital, con una brecha superior al millón y medio de votos sobre Capriles.

 

La sensible pérdida de Chávez, abrió espacio para una matriz de especulación sobre la situación interna del chavismo. Desde algunos talleres – mediáticos, especializados en la táctica del rumor, intentaron ventilar supuestos choques entre Maduro y Diosdado Cabello, echados por tierra en el desarrollo del funeral de Estado y, especialmente en la campaña electoral, donde la izquierda se ha presentado con una unidad monolítica. La maquinaria política del chavismo ha logrado activarse a lo largo del país, en antagonismo, la oposición se encuentra desmovilizada y agotada, por dos sucesivas derrotas, encontrando a un Capriles maltrecho con sus conexiones aliadas y, una imagen sin contrapeso al testamento político de Chávez.

 

Los dos modelos que se enfrentan en Venezuela, son, por un lado, la propuesta de Chávez (en desarrollo hace más de una década) de construir un orden multipolar en lo internacional; la soberanía absoluta en los recursos naturales y, el reparto equitativo de la riqueza a través de la refundación del Estado; un enfoque sobre lo humano al que se ha llamado “socialismo del siglo XXI”. La otra cara de esta contienda representa los sectores empresariales transnacionales, que ven la posibilidad de retornar al control de los fecundos yacimientos petroleros; el empresariado importador nacional, que durante décadas se reprodujo en el usufructo de los recursos de la renta petrolera y; los partidos políticos tradicionales, derrotados luego de 40 años de control hegemónico en el país.

 

Nicolás Maduro parte como claro favorito, para las elecciones en todos los escenarios democráticos posibles, ¿Cuál será la brecha entre ambos candidatos?; es la pregunta clave. En cualquier país Occidental, una diferencias porcentual de un dígito no supone crisis política a lo interno, en vista del modelo de liderazgo basado en tecnócratas o burócratas de la política, donde priva el sostenimiento del establishment de la clase dirigente, la racionalidad consensual no permite la noción de ruptura del orden creado. En Venezuela esto no aplica, puesto la paz política sólo se ha garantizado con la contundencia electoral en los triunfos del chavismo.

 

Para Chávez el problema nunca fue ganar, sino los márgenes que garantizaran la mayoría categórica evitando la ingobernabilidad por la vía del golpismo opositor, que ya en 2002 plantearon escenarios no electorales como salida a su crisis de conexión popular. Esa “agenda oculta”, es una permanente carta bajo la manga de los sectores más radicales de la oposición que recurren al desconocimiento de las instituciones legitimas venezolanas, para avivar el sentimiento del fraude en sus seguidores. Una estrategia ensayada en varios países, bajo la tesis de la espontaneidad de movimientos “ciudadanos” que culmina en la violencia para derrocar los gobiernos legalmente acreditados.

 

Las claves extraídas, en el discurso del candidato de la oposición, encienden las alarmas, al sumarlas con algunos movimientos irregulares, asociados a grupos paramilitares que se estarían moviendo en el orden regional. El escenario electoral de 2012, movilizó el 80% del universo electoral, una cifra importante que permitió garantizar la continuidad del chavismo sin inconvenientes de gobernabilidad, el problema para un sector de la oposición, es que una nueva derrota supone técnicamente su desaparición del mapa político, dando inicio a un ciclo de nueva hegemonía que se completaría con las elecciones municipales. En estas elecciones las cartas han sido echadas y, aún en el escenario más favorable para la oposición se prevé una abstención de su militancia que no cree en la posibilidad real del triunfo electoral, lo que implica no aumentar su caudal electoral.

 

Por José Fortique / @jfortique

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Los hijos de Uribe aparecen en la lista de cuentas en paraísos fiscales

No solo se han revelado escándalos de sobornos a altos funcionarios de Venezuela en el nuevo Offshoreleaks, la investigación de 2,5 millones de archivos sobre fondos ocultos en paraísos fiscales que ha elaborado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). En la lista de inversores en esos escondites para ahorros fuera de control de las agencias tributarias y de las investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero también figuran los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe y empresarios de México y Brasil.


 
Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la actividad. Lombana justificó su creación en esas islas, unos de los más de 80 paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía allí.
 


Los dos hermanos fueron acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos, según publicó la ICIJ a partir la investigación de 15 meses que hicieron 86 periodistas de 46 países. Los hijos de Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras indagaciones sobre compras de tierras.


 
Entre las 13.000 personas implicadas en cuentas descubiertas por el Offshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen a unos de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha. En 2007 crearon Peak Management en las Islas Vírgenes Británicas. “Peak Management existe, está activa, ha sido declarada por sus dueños en los formularios impositivos y ante el Banco Central de Brasil como inversión en el exterior”, respondió Leo Steinbruch al ICIJ.


 
El mexicano Dionisio Garza Medina abrió una cuenta offshore en Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa, con intereses también en alimentos y telecomunicaciones. Garza Medina no respondió a las llamadas del ICIJ, pero un portavoz de Alfa declaró que se trata de un asunto privado de quien fuera consejero delegado de ese grupo y no un asunto corporativo.

 

Alejandro Rebossio Buenos Aires 5 ABR 2013 - 18:25 CET

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